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Justicia ambiental red de fiscales ambientales costa rica
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Justicia ambiental red de fiscales ambientales costa rica

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Dr. Rafael González Ballar

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  • 1. Justicia Ambiental
  • 2.
    • DARLE CONTENIDO Y SENTIDO POLÍTICO Y
    • LEGAL
    • P + P + - P = DS
  • 3.
    • EFICIENCIA INTEGRIDAD EQUIDAD
    • ECONÓMICA ECOLÓGICA INTRA E INTERGEN
    • PLANIFICACIÓN CALIDAD DE VIDA PARTICIPACIÓN REAL
    • COORDINACIÓN CALIDAD Y CANTIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA
    • REDISTRIBUCIÓN ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA RESPONS. SOCIAL CORP.
    • TEC. AMIGABLE CON
    • EL AMBIENTE
    • P + P + - P = DS
    • PRODUCCIÓN PROTECCIÓN POBREZA
  • 4. Principio 10 de la Declaración de Río Acceso a la información ambiental Acceso a la Participación ciudadana en materia ambiental Acceso a la Justicia ambiental
  • 5. Según la teoría
  • 6. Realidad Actual
  • 7. Equilibrio Necesario
  • 8. LEYES GARANTIZAN
  • 9.
    • Respecto de la acción penal ambiental:
    • Consideramos que, al legislar en materia de delitos contra el ambiente, se debe definir en el tipo penal el núcleo de lo prohibido, como también incriminar su comisión imprudente, previa determinación de la técnica legislativa adecuada y compatible con el respeto de los principios constitucionales vigentes en cada uno de los países.
    • Exhortamos al acabado cumplimiento y fortalecimiento de las normas sancionatorias previstas por el derecho administrativo.
    • c) Con respecto a la legitimación, consideramos positivo que
    • la capacidad para denunciar delitos ambientales sea
    • amplia, como también que se garantice el derecho a ser
    • querellante al ofendido, a las organizaciones de la
    • sociedad civil y al defensor del pueblo.
    Simposio de Jueces y FiscalesDeclaración de Buenos Aires
  • 10.
    • d) Es necesario reconocer al Ministerio Público un rol más activo
    • en materia de delitos ambientales, en aquellos países que no
    • lo contemplen, y la legitimación para que sus funcionarios
    • puedan simultáneamente ejercitar acciones públicas
    • ambientales no penales.
    • e) Es menester garantizar legislativamente la fuerza probatoria
    • de los dictámenes e informes, que en el marco de las acciones
    • penales ambientales puedan solicitarse a organismos públicos,
    • universidades, Organizaciones No Gubernamentales.
    • d) Resulta de importancia permitir que jueces y fiscales adopten
    • medidas de urgencia como medidas de prevención para
    • suspender o paralizar un hecho que daña al ambiente y
    • generar mecanismos de coordinación con el Poder Judicial en
    • los países en los que el fiscal no posee esta facultad.
    • Es indispensable propender a que la sociedad civil se involucre en la investigación criminal de los hechos que han dañado al ambiente.
    • Se observa como apropiada la utilización de medidas alternativas, tanto como base para la investigación de los delitos ambientales cuanto para solucionar los conflictos de esa índole evitando las consecuencias perjudiciales y antagonismos derivados de la aplicación de sanciones penales.
  • 11.
    • Convencidos de la necesidad de fortalecer el rol de los fiscales de América Latina abocados a la temática ambiental y dada la relevancia de su intervención en los procesos judiciales, promovemos:
    • La creación de nuevas Asociaciones de Fiscales y Abogados del Ministerio Público Fiscal en defensa del Medio Ambiente y el fortalecimiento de las existentes.
    • La ampliación de esa iniciativa, en la conformación de una Federación Latinoamericana de Fiscales Ambientalistas.
    • La organización de un Sitio Web con el objeto de acumular información y documentación dirigida a la investigación de los delitos en la materia.
    • Emprender, en el marco de la Federación de Fiscales propuesta, la realización de cursos de formación y adiestramiento en la tarea de establecer el valor económico del daño o la degradación ambiental.

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