El  estado social de derecho
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El estado social de derecho Document Transcript

  • 1. “ESTADO SOCIAL DE DERECHO: CRISIS Y ALTERNATIVAS EN NUESTROTIEMPO”. Autor del texto: Edwin Godofredo Valladares Portillo. Resumen.En el siguiente texto, su autor opina que la crisis del Estado social de Derecho constituye una crisis de lademocracia representativa en su pretensión de eficacia y validez. Sistema político que desde sus iniciosconceptualizó el Estado Social de Derecho como: orientador de una política social garante de la justicia socialy la igualdad de todos los sectores sociales. Sin embargo, en la actualidad ha entrado en una crisis que debesuperar.En consecuencia, resulta impostergable someter el concepto de Estado Social de Derecho a un examenconciente que nos permita indicar el déficit actual de legitimación. Este examen iluminará la teoría ypotenciará la recreación del Estado Social de Derecho en el nuevo tiempo, poniendo con ello de manifiesto lanecesidad de recuperar el espacio de decisión política que le ha sido expropiado por el capital privadogenerador de un Darwinismo Social, que aniquila y anula a los sectores más débiles de nuestro planeta.En esta óptica, es imperativo darle prioridad teórica y practica a los Derechos Fundamentales de la personahumana, por ende, a la hora de absolutizar las libertades económicas, hay que salir en su defensa con justeza yfirmeza de que hoy por hoy, la prioridad la tienen los Derechos Económicos Sociales y Culturales. “Deberíamos obtener, si fuésemos sensatos, la certidumbre De una existencia mejor y la esperanza de alcanzarla Por el ejercicio cotidiano de nuestra voluntad.” CHARLES BAUDELAIRE.l. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO: DEFINICIÓN, CONTEXTO YCONTRADICCIONES.Serrano Caldera define el Estado Social de Derecho del modo siguiente: “El Estado Socialde Derecho es aquel que reconoce la titularidad jurídica de los grupos sociales,entendidos estos como sujetos de Derecho, y la conveniencia sociológica de laparticipación de la sociedad civil en la construcción de la democracia, económica ysocial”.1 Sin embargo, a pesar de la importancia que representa la democracia participativaen la construcción económica y social de los pueblos, el Estado liberal de Derecho no lopercibió así. En efecto, desde Hobbes trazó la idea que la sociedad no necesitaba serconstituida porque era algo natural, es decir, una organización de la convivencia queresponde a la naturaleza humana. En este orden de ideas Pérez Royo comentando el puntode partida intelectual de Hobbes, expresa que para este: “La sociedad no es más que laexpresión espontánea de las relaciones entre los individuos definida por los principios deigualdad y libertad. Son las relaciones entre individuos iguales y libres las que hacen laconstitución de la sociedad. De ahí que la Sociedad tenga una Constitución y no necesiteser constituida”2. Esto explica, la razón por la cual durante la vigencia del Estado LiberalBurgués la participación de la sociedad en su conjunto brillara por su ausencia no solo en1 Alejandro Serrano Caldera. Estado de Derecho y Derechos Humanos. Editorial Hispamer. Managua,Nicaragua. Pág. 22. 1
  • 2. los textos constitucionales, sino también en la planificación económica de la fábrica y en elproceso político.En este sentido, el reconocimiento jurídico de los grupos sociales como sujetos de Derechono fue algo que cayó del cielo, sino el fruto de la lucha de los trabajadores impulsada por elpensamiento crítico de Carlos Marx y Fernando Lassalle entre otros, quienes aprovechandolas transformaciones socioeconómicas que se producen a partir de la segunda mitad delsiglo XIX y que por cierto tuvieron una influencia decisiva sobre el sistema político de lasociedad burguesa, lograron que la clase trabajadores tomara conciencia que la antiguaseparación entre Estado y Sociedad constituía una garantía para la consecución de losintereses de la burguesía y una situación de total dependencia de los trabajadores. Esteseñalamiento, ponía al descubierto la cuestión social que partiendo del proceso deproducción y reproducción del sistema de dominación capitalista ponía también en tela dejuicio su legitimidad.Ahora bien, la propuesta de algunos sectores moderados a la crisis del modelo deproducción liberal y su correspondiente sistema de dominación política, supuso en primerainstancia la supresión del capital como propiedad privada, y su consecuente sujeción a laspolíticas económicas del Estado o, lo que es lo mismo, un proceso gradualmente crecientede intervención del sector público en los procesos económicos privados.De manera simultánea a esta propuesta se produce una polarización de la estructura declases y una diversificación del conflicto. Ciertamente, el modelo clásico que enfrentaba aburgueses y proletarios, se hace más complejo por cuanto introduce otras variables, entreellas: por una parte, los distintos sectores de clase burguesa, enfrentados entre sí por laconsecución del poder político; y por otra, la capacidad de respuesta organizada, sindical ypolítica del proletariado.En este contexto, la falta de libertad y la desigualdad en las condiciones socioeconómicassufrida por los trabajadores aceleraron la crisis del liberalismo económico, la cual terminópese a la resistencia de los burgueses, con el nacimiento de un nuevo modelo dedominación política –el Estado Social– que en teoría modificó las estructuras económicas ypolíticas de la sociedad industrial. Este cambio involuntario provocó resistencias, enpalabras de Álvarez Conde: “En este nuevo marco social, las tendencias del movimientoobrero europeo se orientan hacia la constitución de un orden social, lo que provocóviolentas reacciones por parte de las clases dominantes y de las presiones obreras y porlas actividades de las organizaciones socialistas, que manifestaban una concepción másradical del concepto y de la practica de los principios de justicia social; la burguesíaindustrial y financiera, apoyándose en las clases sociales que asociaron a ella, contestósuspendiendo la ficción puramente ideológica, de una justicia social automática yprevisora. El Estado benefactor desvelo su esencia de Estado policía, y la burguesía alobjeto de mantener su hegemonía como clase, cambio su estrategia tendiendo a latransformación forzada y abierta de su poder social y económico en poder político”3 .2 Javier Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid. España.Pág. 2263 Enrique Álvarez Conde. Curso de Derecho Constitucional. Volumen l. Editorial Tecnos, S.A. MadridEspaña. Pág. 101. 2
  • 3. Esta tensión dialéctica capital/trabajo, pone en evidencia que la solución dada a la situaciónde crisis cíclica del capitalismo no fue radical, sino más bien la construcción de un modeloreformista que sin atacar frontalmente el principio de la propiedad privada le asigna alEstado el papel de mediador entre las clases sociales; en otras palabras, se hizo que elEstado interviniera controlando y limitando de cierta manera la actividad económica, bajoel entendido que tales medidas iban a procurar una mayor justicia social; asimismo quedesarrollara estrategias inherentes a la esencia misma del Estado benefactor y a lamodalidad particular que reviste (satisfacer las necesidades vitales de las desposeídos ybuscar la igualdad material de la humanidad). Sin embargo, este desafío a pesar de losesfuerzos del Estado Social aun es una tarea pendiente. Ahora bien, la gran pregunta es lasiguiente: ¿Es posible lograr este objetivo mientras el sistema capitalista no abandone losesquemas fundamentales de su propia concepción?A mi juicio, la pretensión del Estado social de derecho en legitimar su existencia no es tantransparente como parece, pues nació con propósitos bien marcados: contrarrestar laamenaza socialista, y mejorar las condiciones mínimas de los obreros; debido a ello nopresentó modalidad única, sino diversa. En este sentido, tenemos: en primer lugar, laburguesía en algunos Estados intenta mantener básicamente la separación entre el ámbitopolítico y el económico, conservando los principios de la democracia política y de laeconomía privada; en segundo lugar, los principios de la democracia burguesa pueden, pormétodos y razones diversas, extenderse a todas las clase sociales (modelo reformista omodelo revolucionario); En tercer lugar, ante la no-factibilidad de desarrollar un modeloestable de Estado social, se adopta como recurso extremo suprimir la democracia misma,esencialmente en aquellas áreas directamente relacionadas con los procesos de formaciónde la voluntad política (relaciones de mando y obediencia, esta solución conocida comomodelo autoritario fascista se aplica cuando las clases privilegiadas temen perder suhegemonía política y sus privilegios sociales.En suma, la falta de legitimidad fue la que llevó al Estado liberal de Derecho aexperimentar una serie de reacciones teóricas y prácticas que fueron protagonizadas pordistintas clases sociales. La primera reacción es llevada a cabo por el movimiento marxista,que triunfará con la Revolución rusa de 1917. La segunda reacción se da a partir dedeterminados estratos de la propia burguesía, y que se producirá en el período entre guerras,dando nacimiento a los sistemas autoritarios. La tercera la llevará a cabo la propiaburguesía que por temor al avance de los movimientos subalternos pero sin abandonar losplanteamientos teóricos fundamentales del sistema liberal, realizará una transformación deéste, alterando su contenido y significado, con la aceptación incluso de algunos de losprincipios formulados por el marxismo. Esta evolución del sistema capitalista es la que dionacimiento al Estado social. En esta línea, se pone en evidencia nuestra hipótesis de trabajo–el Estado Social de Derecho no es algo que cae del cielo, sino una posición defensiva de laburguesía frente al triunfo de los planteamientos marxistas y también frente a la impotenciadel Estado liberal clásico para dar respuesta a las crecientes demandas de los grupossociales emergentes–.Al llegar a este punto del análisis, aclaramos al lector que a finales del siglo XIX tambiénen un contexto de luchas en gobierno prusiano emite las primeras leyes ordinarias a favor 3
  • 4. de los trabajadores (Ley reglamentaria de las relaciones obreras, Ley de seguros etc.) Sinembargo, el Estado social tendrá existencia de facto, dado que las Constituciones de esemomento no lo configuran como tal. De ahí que el momento histórico de realización formalhabrá que situarlo en la Constitución de Weimar de 1919 como producto del pacto socialentre partidos políticos y sindicatos, en donde se incluyó un amplio catálogo, del derechocolectivo, del derecho individual del trabajo y la seguridad social, que terminó por crear enEuropa el principio formal de la igualdad jurídica del trabajo y el capital. Peroespecialmente es a raíz de la Ley Fundamental de Alemana Federal de 1949, dondecomienza a resurgir la concepción material de Estado de Derecho en la expresión Estadosocial de Derecho, expresión acuñada por Heller en 1929.Finalmente, podemos decir que a pesar de las contradicciones que envuelve suconfiguración ideológica y desarrollo, el Estado Social vino a significar una nueva relaciónentre Estado y Sociedad con unas consecuencias que trascienden todo el ámbito jurídico.En efecto, la configuración del Estado social de Derecho vino a culminar una evolución enla que la consecución de los fines de interés general no es absorbida en teoríaunidimensional por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-sociedad,que difumina la categoría de Derecho público-privado y agudiza la dificultad tanto decalificar determinados entes, cuando no existe una calificación legal, como de valorar laincidencia de una nueva regulación sobre su naturaleza jurídica, convirtiéndola según losentendidos esta naturaleza en el Derecho social del porvenir.II. CRISIS. UNA CUESTION ENTRE EL PATERNALISMO Y LA FILOSOFIADEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.Si el Estado Social nace como un instrumento principal para conciliar la libertad-igualdad-justicia-democracia-dignidad humana, y accesoriamente para detener la amenaza delsocialismo, con la caída del socialismo real, debió ampliarse para humanizar nuestrosistema-mundo a través de una “gestión económica socialista democrática”. Sin embargo,la crisis de identidad en su contructo racional lo lleva finalmente a cambiar de horizonte.Ahora bien, es probable que esto tenga sentido debido a la ausencia de modalidad única delEstado social de Derecho. Ciertamente, la expresión Estado Social de Derecho ha sidoreivindicada por diversas corrientes ideológicas y doctrinales, pero lo cierto es que sucontenido y significado deben ser encuadrados dentro de las coordenadas del sistemaneocapitalista que tiende a garantizar formalmente sin llegar a significar una ruptura de lasestructuras del mismo, un mayor grado posible de satisfacción social expresada en la meraprestación de servicios públicos.En teoría, si el Estado Social de Derecho fue diseñado para superar las irracionalidades delEstado liberal de Derecho debía llevar hasta las últimas consecuencias el Proyecto de laIlustración, y en esa medida eliminar la desigualdad parasitaria entre los seres humanos. Eneste sentido, si el Estado Liberal se había preocupado por consagrar la igualdad de loshombres ante la ley, el Estado Social de Derecho debía crear las condiciones para que susinstituciones aseguren la libertad e igualdad de los individuos. Además, de estos valoresjurídico-político la filosofía del Estado social de Derecho tenía que hundir sus raíces en lademocracia participativa, la justicia social, la dignidad humana etc. 4
  • 5. Fijados los postulados filosóficos del Estado social de Derecho, es necesario inquirir síconstituye una utopía o realidad la pretensión de dar respuesta a las demanda de todos y noexclusivamente a una parte de la población, sin crear riesgos tras mantener sus principiosesenciales el sistema capitalista. Y es que esta tarea reflexiva se torna insoslayable, en vistaque los Derechos sociales por su característica peculiar de Derechos de prestación, suexistencia depende no sólo de la voluntad normativa, sino sobre todo de la disponibilidadde efectivos recursos económicos para materializar esas prestaciones, y precisamente porello no pueden establecerse de forma fija e incondicionada, sino en función de lasposibilidades económicas del momento. De ahí que los textos constitucionales, comonorma directiva de la nueva relación económica, política y social entre gobernantes ygobernados, van a regular como atribuciones de los poderes públicos: promover lascondiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos sea real yefectiva; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitar laparticipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.De modo que el Estado social de Derecho para cumplir con sus postulados filosóficos y porende para conseguir la paz social que le permita superar la crisis del Estado de Derecho,debe apuntar el contenido de las políticas económicas y sociales a garantizar el ámbitoexistencial de todos los ciudadanos y especialmente de los sectores sociales menosfavorecidos, otorgando al mismo tiempo especial protección a determinados bienes (salud,vivienda, cultura, trabajo, participación de los grupos etc.). Junto a ello es importantedestacar que la cláusula del Estado Social de Derecho supone –una profundatrasformación– en la propia conceptualización de los derechos y libertades que dejan de serderechos de autonomía y se impone una consideración como “auténticos derechos departicipación y de prestación”.En este contexto, lógica de la política social y económica del Estado social de derecho enuna estructura neocapitalista, tiene dos características: 1) La aceptación de la planificaciónde la actividad económica. Esta planificación debe ser considerada como una consecuenciade que la riqueza nacional de un país está subordinada al interés general y alreconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica, teniendo un caráctermeramente indicativo y. 2) La participación de los trabajadores en las utilidades de laempresa, llegándose a afirmar que se establecerán los medios que faciliten el acceso de lostrabajadores a la propiedad privada de los medios de producción. Debemos aclarar, que estacaracterística en los regimenes democráticos y constitucionales donde ha tenido vigencia,no debemos confundirla con la autogestión, pues en realidad se ha tratado de un modelo decogestión.Siguiendo la línea del párrafo anterior, apreciamos que la legitimidad democrática comodirectiva de la acción estatal y empresarial se pretende apoyar y construir sobre el valor dela libertad individual y sobre el principio de la soberanía popular. Si se respetan estosprincipios como exigencia ética de los derechos fundamentales, podemos decir que existedemocracia y que existe una eficiente legitimidad de un Estado concreto. Sin embargo,bueno es aclarar que para una definición mínima de democracia no bastan las atribuciones aparticipar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas o un número muyelevado de ciudadanos, ni la existencia de reglas de procedimiento como la de las mayorías, 5
  • 6. sino que se precisa o es necesario que los llamados a decidir, o a elegir a aquellos quedeberán decidir, sean colocados frente a alternativas reales y puestos en condiciones deelegir entre una y otra.La inclusión de la sociedad al proceso político (partidos obreros y sindicatos), va provocarque el Estado experimente un cambio notable que conduzca a transformarlo de Estadorepresivo a Estado básicamente proveedor de servicios sociales. Para cumplir con estafunción el Estado social procederá a intervenir controlando y limitando en cierta manera laactividad económica; asimismo, procederá a instalarse en la lógica de la acumulacióncapitalista bajo la creencia que los beneficios obtenidos le permitirán satisfacer los serviciospúblicos que demanda la población, y como era de esperarse la obtención de una mayorjusticia social. En esta tarea el Estado Social crea condiciones de paternalismo para que losgrupos sociales excluidos se apropien de las posibilidades materiales que les permitansatisfacer sus derechos sociales; sin embargo, como la satisfacción de los derechos socialeses costosa, y por tanto exige la obtención y distribución de recursos el Estadointervensionista agiganta la burocracia corriente aumentando los costes económicos de laintervención y las necesidades de consumo.Ahora bien, el incumplimiento del Estado social de las demandas sociales hace a las masasperder la confianza en este, al mismo tiempo a poner en duda su eficiencia comoadministrador. Agregado a ello, se dan ciertas contradicciones que son propias de la lógicade acumulación de capital a la cual no escapa la empresa privada ni el Estado comocompetidor en el mercado y entre ellas podemos mencionar: la socialización de los costos yla privatización de las ganancia. Esto nos lleva a reflexionar: ¿Si los derechos sociales soncompatibles o no con la lógica capitalista básica de la sociedad en que surgen, y por tanto sicumplirán con su propósito de neutralizar y desactivar el conflicto social? ¿Si la capacidadde los sindicatos para llegar a acuerdos de amplio alcance con el empresario y el poderejecutivo, fueron falsas ilusiones, pues se comenzó a concebir a la empresa comocomunidad de intereses, perdiéndose de vista la inevitable contraposición básica deintereses de los empresariados y de los trabajadores y la diferencia de peso político socialde cada parte cuando la contraposición prevalece sobre los objetivos comunes? ¿Hasta quépunto el sindicalismo institucionalizado, gestionario, fue exaltado por encima delmovimiento de masas que lo había construido? ¿Hasta qué punto la actividad política tiendea dejar de ser vista como una vocación para convertirse en una profesión muy especial yprivilegiada como trampolín para la promoción social individual, pues tal colonizaciónparasitaria de los partidos políticos contribuye a erosionar la democratización alcanzadapor el sistema? ¿Si los enormes aparatos sociales administran los servicios sociales conactitudes rapaces, incurriendo en corruptelas y utilizando criterios potestativos, clientelaresy de hecho discriminatorios?Llegado a este punto del análisis, podemos decir que las contradicciones que encierra lafilosofía del Estado Social y que lo llevaron a la crisis son las siguientes: a) la crisis ecológica, que tiene su origen en la expansión de la producción de manera ilimitada en medio de recursos limitados. b) la crisis económica, obedece a que el Estado intervensionista, sigue siendo un capitalista genérico, puesto que no cancela la espontaneidad del proceso anárquico 6
  • 7. de la producción mercantil, pone limites a la producción mercantil pero no la domina como una instancia de planificación del capitalismo en su conjunto, vale decir que el Estado intervensionista se incorpora al proceso de la reproducción, pero no se limita a asegurar las condiciones generales de la producción, sino que el mismo se convierte en una suerte de órgano ejecutor de la ley del valor, es decir, que la actividad del Estado no cancela entonces la acción espontánea de la ley del valor, más bien la obedece, y por eso la acción administrativa, a largo plazo tiene que agravar la crisis económica al entrar en contradicción con los intereses de los capitalistas particulares.c) crisis de racionalidad, se basa en la convicción de que la socialización creciente de una producción que sigue rigiéndose por objetivos privados plantea al aparato del estado exigencias que este no puede cumplir por ser contradictorias; En efecto, por una parte el estado debe tomar sobre sí las funciones de un capitalista genérico, por otro, los capitalistas particulares empeñados en la competencia no pueden formar ni imponer una voluntad colectiva, mientras no se abandone la libertad de inversión, así nacen imperativos contradictorios entre sí, es preciso ampliar la capacidad de planificación del Estado en beneficio del capitalismo en su conjunto, pero al mismo tiempo deben imponerse limites a esa ampliación que amenazaría al propio capitalismo, por eso oscila entre la intervención esperada y la renuncia a ella, que le es impuesta; entre una independización respecto de sus súbditos, que pone en peligro al sistema, y una subordinación a los intereses particulares de estos, tales actividades contradictorias tienen que hundirlo cada vez más.d) crisis de legitimación, en cuanto la crisis económica es amortiguada y transportada en déficit sistemático de las finanzas públicas, desaparece el velo que hacía aparecer como destino natural a las relaciones sociales. Cuando fracasa el manejo de la crisis por parte del Estado, este no alcanza a cumplir las exigencias programáticas auto- impuestas; es castigado entonces con un déficit de legitimación, de manera que el campo de acción se restringe justamente cuando debería ser ampliado. Esto al provocar una pérdida de confianza aflora nuevamente el conflicto social que también desencadena en una crisis política porque el Estado de bienestar democrático es remplazado por la variante de un Estado de bienestar autoritario y conservador que reduce la participación política a niveles inocuos, o por la variante de un Estado fascista y autoritario que promoviese un nivel elevado de movilización permanente en la población sin verse expuesto a déficit presupuestarios a causa de la política de bienestar. En definitiva, una crisis de legitimación surge cuando las demandas de recompensas conforme al sistema aumentan con mayor rapidez que la masa disponible de valores, o cuando surgen expectativas que no pueden satisfacerse con recompensas conformes al sistema.e) Problema de ingobernabilidad, es el resultado de la desproporción entre demandas cada vez mayores de la sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema político para responder a las mismas. La privatización de lo público, es la derrota del Estado como mediador en la solución de los conflictos sociales, porque favorece a una parte. 7
  • 8. f) Poder invisible, es un problema que choca frontalmente con las exigencias de publicidad propia de todo régimen democrático. Por ello, se debían poner todos los medios para hacer que las acciones de quien detenta el poder sean controladas por el público, es decir, sean visibles. En este sentido, si bien es cierto la producción era social, pero el hecho que sus medios siguieran perteneciendo al ámbito de la propiedad privada, ocasionó un desfase estructural entre los gastos y los ingresos estatales, que obedecía a la situación de socialización de los costes mientras los beneficios se aprovechan por el sector privado. Esta socialización de costos remite a la burocratización progresiva de los ámbitos sociopolíticos, que engendran una crisis estructural.En la actualidad, el Estado social de derecho vive una etapa de pérdida de legitimación quese manifiesta en la frustración de expectativas y en la falta de credibilidad. Es decir, sufreuna verdadera crisis de identidad, cuya fuente aunque no es la única, es la crisis económicapor la que atravesó el capitalismo tardío y más tarde por la crisis financiera del modeloglobalizador neoliberal. Junto a este emerge otro de más difícil solución. Se trata delcreciente consumismo y demandas sociales, cuya complejidad cultural provoca elplanteamiento de nuevas necesidades no sólo socioeconómicas, sino de demandas yexigencias socioculturales que tienen sus raíces tanto en la esfera cultural, como en laesfera política.En suma, el Estado social debe analizarse teniendo en cuenta el impacto global del cambiotecnológico a que estamos asistiendo, la interdependencia de los sistemas socioeconómicospolíticos. En efecto las cuestiones como toma de decisiones, el papel de las nuevas políticaspúblicas, las nuevas formulas de concertación social conducen a poner de relieve lacomplejidad de las sociedades democráticas, cada vez más interdependientes entre sí,debido al proceso de globalización económica.III. LA AUSENCIA MATERIAL DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO ANTELOS NUEVOS PARADIGMAS.La cuestión crucial a que se enfrenta la realización material del Estado social de derechoestá en crisis. Dicha crisis a nuestro juicio no es novedosa, pues hunde sus raíces en laestrategia de su creación. En efecto, al verificar la historia encontramos que el primerEstado Social obra de Bismark primer ministro de Guillermo l, tuvo como objetivosprincipal detener el avance socialista que en Alemania eran de enorme significación; yaccesoriamente mejorar las condiciones de vida de los obreros. Este objetivo antisocialistalo encontraremos presente también en los Estados Sociales de los periodos de post guerrasconocidas como mundiales.Ante la inquietud de los movimientos obreros, la evolución formal que fue experimentandoel Estado social es significativa, dado que de un Estado social de facto sin baseconstitucional, pero apoyado en leyes secundarias pasó aun Estado que reconoce en sustextos constitucionales los principios que orientan su política social. Es importante decir,que la revolución Rusa de 1917 influyó en la obra del constituyente democrático para laConstitucionalización de los Derechos sociales, por lo tanto, su contenido estaráencaminado a garantizar el ámbito existencial de todos los ciudadanos y especialmente de 8
  • 9. determinados sectores sociales, otorgando especial protección a determinados bienes Salud,cultura, vivienda, seguridad y previsión social (Derechos económicos sociales culturales).Cabe señalar, que el reconocimiento Constitucional de grupos se hizo bajo la creencia deque la efectividad plena de los Derechos Fundamentales exige reconocer que la titularidadde los mismos no solamente corresponde a los individuos aisladamente considerados, sinotambién en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones cuya finalidad seaespecíficamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses ylos valores que formen el sustrato último de los Derechos Fundamentales.El Estado social de Derecho, conciente que la clave para disfrutar de los DerechosConstitucionalmente reconocidos radica en el desarrollo económico, implementará unapolítica intervensionista que le permita planificar la economía con la participación de todoslos afectados; asimismo, que le permita facilitar a los trabajadores acceso a la propiedadprivada de los medios de producción. Bajo esa lógica, legalizará la participación política detodos los miembros de la sociedad, y ante los problemas que históricamente ha venidorepresentando la libertad contractual para los trabajadores establecerá cláusulas obligatoriasque les permitan tener aseguradas las condiciones de justicia mínima, dado que como partedébil de la relación de trabajo únicamente se venían adhiriendo a las pésimas condicionesde trabajo impuestas por el empleador. Como podemos apreciar, la intervención del Estadoen la esfera de la sociedad civil, se da a través de normas jurídicas en donde la propiedad yla libertad de contrato fueron las primeras en resultar afectadas por la intervención pública.La libre disposición de los bienes tiene como limite “el interés público”.Sin duda la intención del Estado social es buena, pero no podemos ignorar la realidadacerca de que los derechos sociales al no realizarse por si solos tropiezan con unadificultad, consistente que como –derechos de prestación– su efectividad depende demedios materiales, pues de lo contrario se anulan o suprimen los mandatos normativos;también depende de la solidaridad social y del cambio cultural. Como señala LuigiFerrajoli: “ Los problemas suscitados por los derechos sociales son sobre todo decarácter económico y político: tanto porque estos derechos, a diferencia de otros, tienenun coste elevado, aunque no seguramente mayor que el de su tutela en las formaspaternalistas, y clientelares de prestación, como porque, de hecho, a falta de adecuadosmecanismos de garantía, su satisfacción a quedado confiado en los sistemas de Welfarea una onerosa y compleja mediación política y burocrática que por sus enormes espaciosde discrecionalidad constituye la fuente principal de despilfarros, costes y, sobre todo,ineficacia4.”Sin embargo, al enfrentarse el Estado a un movimiento obrero articulado y poderoso parareivindicar la satisfacción de las necesidades básicas de las gentes; asimismo a las clasesposeedoras que exigían el reconocimiento de la intangibilidad de los fundamentos de laproducción capitalista, tendrá que tutelar los derechos de ambos para neutralizar ydesactivar el conflicto social. Un conflicto que puede reaparecer por desfallecimiento de lacapacidad de la defensa estatal de alguno de los derechos sociales o de todos cuando se hadesvanecido, a su vez, el poder generado para imponer su reconocimiento. En esta tareaasistencial, el Estado intervencionista se ve obligado a agigantar la burocracia corriente, y a4 Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías. La Ley del Más débil. Editorial Trotta. España. Pág. 110. 9
  • 10. aumentar los costes económicos de la intervención que en un futuro ante el aumento de lasdemandas sociales de consumo creadas por el mismo, y falta de recursos económicospolíticos para solventarlos lo llevarán a colapsar. Ciertamente, la incapacidad del Estadopara entender que por muy costosos que puedan ser los derechos sociales, es posiblegarantizar a todos un mínimo vital y, en particular, una renta mínima garantizada, siempre ycuando haya una reducción en los costes burocráticos y que en todos casos parecen serpreferibles a los que comportarían –tanto el plano jurídico como en el económico ypolítico-administrativo– o los derroches generados por los enormes aparatos parasitariosque hoy administran la asistencia social, con actitudes rapaces incurriendo en corruptelas ydiscriminaciones.Los problemas económicos, políticos-administrativos, sociales y jurídicos que se fueronformando al interior del Estado social de Derecho, junto a los nuevos paradigmas en susdiversos planos: técnico-productivo y organizativo, en relación con la mundialización y latercera revolución industrial, lo van a dar por concluido hacia la primera mitad de la décadade los setenta del siglo XX. Ciertamente, el Estado que resulta de la quiebra del modeloKeynesiano es un poder mutado, de soberanía limitada –se le puede llamar Estado abierto yreprivatizador–, pues aunque realmente socializa, socializa fundamentalmente los costosprivados. De ahí que el Estado no es ya el poder supremo, pues debe inclinarse ante undifuso soberano privado supra-estatal, “el mercado total”.La limitación del Estado intervencionista, que se manifestaba con claridad cada vez mayorplanteaba un dilema. Una alternativa buscar soluciones a los problemas colectivos almargen del lucro, esto habría exigido desprivatizar las grandes corporacionesmultinacionales que había alumbrado el keysianismo y mantener y ensanchar la orientaciónpública de la economía y la distribución del producto nacional (esto implicaba superar elasistencialismo en sentido socialista, pero sobre supuestos diferentes al socialismo real). Laotra alternativa resolver la crisis del Estado social a favor de las clases empresariales. Anteestas alternativas las posibilidades tecnológicas y organizativas socialmente existentesjugaron a favor de los sujetos más fuertes, ya que el Estado acudió a las políticas dereprivatización: privatizarlo todo, debilitar a la clase trabajadora y a sus sindicatos ydesmontar las instituciones de la política de rentas.Según se observa la crisis del Estado social de Derecho es una crisis de la democracia,porque se resuelve a favor de la ruptura Estado-sociedad, y crea una unión Estado-mercadoen donde el centro de las decisiones políticas y económicas no los controla el Estado, sinoel gran capital. De modo que la despolitización de grandes grupos sociales que confiabanen una “seguridad de empleo” y que creían conquistadas para siempre convirtió a lasinstituciones de la clase trabajadora en organismos burocráticos. Los poderes públicos noestán ya a disposición de las clases trabajadoras en sus núcleos resolutivos afectivos.La gran transformación del Estado del Estado social, producto de la mundialización y latercera revolución industrial, impone una nueva estructura en el campo del poder. La formade Estado pierde su primacía al subordinarse a un soberano privado supra estatal de carácterdifuso, con una asignación de funciones nuevas en ese campo interrelacionado. El sistemade legitimación tiende a cambiar también, y “el Derecho se adapta y adquiere” rasgosapropiados a la nueva situación. 10
  • 11. Sobre el punto anterior cabe la pregunta: ¿Qué ha pasado con los Derechos socialesreconocidos por el Estado intervensionista, y que aun aparecen en los textosconstitucionales? Bueno, los Derechos sociales aun están ahí, pero aparecen deprimidosante el azote de las políticas de flexibilización y desregularización, en otras palabras hanperdido vigencia y regresado de la realidad. En esta línea, Juan Ramón Capella sostiene:“El derecho laboral y asistencial se ha vuelto selvático. Ha sufrido los efectos de ladesregularización, que ha volatilizado elementos sustanciales de la protección laboral yha vaciado notablemente de contenido los derechos sociales. Una parte del trabajo se havuelto “coreano”, esto es se presta aun régimen “mercantil” o “de derecho privado”...Elderecho laboral y asistencial ha experimentado una minoración paralela a la del trabajomismo. Sin embargo no parece duraderamente tolerable la situación de indefensión yfragmentación de los trabajadores. La reflexión sobre el derecho laboral es un campoabierto a una exploración que incluso puede adelantarse a la recomposición de lasfuerzas sociales5”. Esta distancia abismal entre norma/realidad e idealidad moral/políticade la sociedad en franca regresión, exige como tarea de la justicia constitucional realizaruna praxis no funcional, sino beligerante que utilice positivamente esa contradicción yresuelva ese conflicto a favor de los herederos del Poder Constituyente.La crisis del Estado social de derecho que se viene puntualizando no solo afecta al sur delmundo, sino a los países del norte de democracia más avanzada. Tal crisis se manifiesta enla inflación legislativa provocada por la presión de los intereses sectoriales y corporativos,y sobre todo la falta de elaboración de un sistema de garantías de los derechos socialesequiparables por su capacidad de regulación y control, al sistema de las garantíastradicionalmente predispuestas para la propiedad y la libertad, representan, en efecto, nosólo un factor de ineficacia de los derechos, sino el terreno más fecundo para lacontradicción y el arbitrio. Esta crisis también esta ligada a la crisis del Estado nacional quese manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema defuentes y, por consiguiente, en un debilitamiento del Constitucionalismo social, dado que laimplementación o elaboración de las políticas sociales están fuera de los confines de losEstados nacionales.Tal parece que la pretensión de universalidad, validez y eficacia de las normasconstitucionales reguladoras de los Derechos sociales, constituyen un déficit material y aunformal en nuestro tiempo. Déficit al que América Latina entro desde hace rato, es decir,desde el momento del reconocimiento formal de los mismos, pues si revisamos la historiade la realización material de los derechos sociales podemos darnos cuenta que estos serealizan y amplían en un ambiente de democracia, y no en un ambiente de caudillismo ydictaduras por las que atravesamos desde la independencia hasta no hace poco tiempo. Demodo que vamos a reaccionar ante el sistema liberal de manera arbitraria, en donde seimpone la voluntad del líder carismático y no del poder constituyente, y por lo tanto anula ydestruye la libertad-igualdad-democracia como tarea del Estado social de Derecho porreconciliar. En esta línea, Alejando Serrano Caldera, al escribir sobre el problemaestructural de América Latina nos dice: “En el texto jurídico está expresadadeliberadamente una intención contraria a lo que realmente quiere hacerse. Hay una5 Juan Ramón Capella. La Fruta Prohibida. Editorial Trotta. Valladolid. España. Pág. 178. 11
  • 12. intención del legislador, y de los poderes reales que lo manejan, de establecer en el textojurídico, la Constitución, declaraciones de principios sobre los cuales no hay ningunaintención de cumplir. Esta ambigüedad ha constituido la clave del ejercicio políticolatinoamericano6”. Como podemos apreciar, no hemos entrado en la historia de realizaciónmaterial de los Derechos sociales, pero los mismos constituyen una herencia de las luchassociales del mundo occidental, y precisamente por ello es inaplazable en nuestro tiempo laarticulación de un nuevo sujeto social que exija en el ámbito mundial, no sólo sucumplimiento, sino superar los Derechos sociales hasta ahora consitucionalizados, ya queestos constituyen una garantía para nuestra realización como seres humanos.IV.- RECREAR EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN EL NUEVO TIEMPO.Los problemas de la globalización pobreza, desigualdad, crisis ecológica, falta dedemocracia, de índole laboral, pérdida de la soberanía nacional, ideología universal (queproclama en todo el mundo las bondades del crecimiento capitalista, abogando por laliberalización de los mercados, la privatización de los bienes públicos y la reducción delgasto social). Parecen indicar que la humanidad se haya en otra de sus encrucijadasdecisivas.Las alternativas generales parecen reducirse a la barbarie (empeoramiento general de lascondiciones de vida), o bien a la democratización real, intensiva y extensiva, que impusieracontra-tendencias desconfiando al mismo tiempo de cualquier mecanismo de ajuste. De ahíque el actual mundo de injusticia que nos muestra la realidad histórica, clama por larecreación del estado Social de Derecho, como paradigma necesario en la realización de lalibertad-justicia-democracia-igualdad-dignidad humana-y fraternidad; Obviamente que estatarea exige un cambio cultural en las dimensiones del Estado, economía, sociedad, políticay derecho.En este contexto, un nuevo Estado Social de Derecho debe satisfacer criterios de justiciasocial, pero también tiene que reconocer e incorporar una elección activa de estilo de vida,integrarse en estrategias ecológicas, generar confianza en su capacidad de respuesta anuevos escenarios de riesgo. Como podemos observar, el Estado juega un papel en larealización de la justicia social, y precisamente por ello en lugar de debilitar su soberaníanacional, debería implementarse un movimiento de democratización como condición parareafirmarse como centro de decisión política.No cabe duda, que para recrear y ampliar las bases del Estado social de Derecho, este debeampliar su papel en la esfera pública. Pero esto requiere de una reforma Constitucionalencaminada a una mayor transparencia e imparcialidad, junto a la introducción de nuevassalvaguardas contra la corrupción, que por cierto es una de las acusaciones que se handirigido para anularlo como tal. Ciertamente, para que el Estado social de Derecho puedarecobrar su legitimidad, debe elevar su eficiencia administrativa, teniendo para ello muchoque aprender de la rapidez y agilidad de la empresa privada, y utilizar por ejemplo:controles de objetivos, auditorias eficaces, estructuras de decisión flexibles y mayor6 Alejandro Serrano Caldera. Razón, Derecho Y Poder. Editorial Hispamer. Managua. Nicaragua. Pág. 80. 12
  • 13. participación de los empleados y usuarios, siendo el último de estos un factor dedemocratización.Por otra parte, la recreación del Estado social de Derecho requiere un restablecimiento de larelación Estado-Sociedad, a partir de la democracia local directa expresada en referendoselectrónicos, jurados ciudadanos y otras posibilidades. Sin embargo, esto no sustituye a losmecanismos de votos normales en el poder local y central, pero podrían convertirse en uncomplemento perdurable de ellos. También requiere del Estado, promover una sociedadcivil participativa que restaure el sentimiento de solidaridad en todos los niveles, para queno se anule en la practica el reconocimiento del otro como persona y no como cosa; noolvidemos que no existen fronteras permanentes entre Estado y sociedad, y por lo tantodebe jugar un papel principal en renovar la cultura cívica.El acercamiento del Estado a la sociedad lo sensibilizará al palpar los altos índices depobreza. De aquí para cumplir con su papel de nivelar la igualdad social, perfectamentepuede crear empresas sociales como mecanismo de desarrollo de las comunidades pobres, yse carece de recursos para ello estimular otros formas de adopción consensuada con lacomunidad, que podrían traducirse en programas de micro créditos con recursos del estado,o bien crear incentivos para que la sociedades privadas hagan inversiones incentivándolos arenunciar al impuesto sobre las ganancias del capital si los beneficios se reinvierten ennuevas empresas sociales. Esta inclusión de los sectores marginales de la sociedad lespermitirá gozar de educación, seguridad, empleo medidas sanitarias etc. sin ignorar porsupuesto que una sociedad inclusiva debe proveer lo suficiente para las necesidades básicasde los que no pueden trabajar, y debe reconocer la mayor diversidad que la vida ofrece.Debemos aclarar que esta tarea no implica de ninguna manera, que el Estado ahogue a lasociedad civil, pues los programas convencionales contra la pobreza deben serreemplazados por enfoque basados en la comunidad, que permitan mayor participacióndemocrática y a la vez que sean más eficaces.La alternativa planteada para la recreación del Estado social de Derecho en el párrafoanterior, permitiría no tropezar de nuevo con la crisis de racionalidad que se le señaló en elpasado, dado que el gasto social no será generado totalmente a través del Estado, sino por elEstado actuando en combinación con la sociedad, incluyendo por supuesto el mundofinanciero, a quienes se les recordará la función social que el capital debe desempeñar en elConstitucionalismo social aun formalmente vigente.El lienzo que hemos presentado en este apartado, no es posible, sino se dan reformasnecesarias siguientes: El Estado, no debe renunciar a su papel de moderador y moderadorde las relaciones económicas, políticas sociales; además, es de recordarle el principio deDerecho Público “a lo que todos atañe por todos debe ser discutido”, pues si llega a faltarpierde su identidad. En lo social, reconocer que la lucha contra la pobreza no constituye unasimple retórica, sino un compromiso serio y responsable en la inclusión a la justicia-igualdad-libertad de las víctimas oprimidas de la historia, pues no se puede ignorar laverdad del lema que orientó la Declaración de Filadelfia de 1944 organizada por laOrganización Internacional de Trabajo: “no puede haber una paz duradera, sino sobre labase de la justicia social”. En lo económico, el Estado social de Derecho debe exigir a losagentes económicos el cumplimiento de la función social en la producción y distribución de 13
  • 14. la riqueza generada; de hecho esto implica un cambio de la civilización económica, dadoque la supremacía del capital sobre el trabajo debe sustituirse por la supremacía del trabajosobre el capital, pues a final de cuentas es el trabajo que lo produce y por tanto deberepartirse equitativamente entre los factores de la producción. En cuanto a la reforma delDerecho, debe reformarse la Constitución, dado que los Derechos sociales se constituyen enuna obligación de hacer para el Estado, y que por cierto la falta de elaboración de unsistema de garantías sobre estos los puso en crisis ante el incumplimiento reiterado; en otraspalabras, los Derechos sociales al tratarse por su misma naturaleza de Derechos deprestación no pueden quedar reducidos a la discrecionalidad del Estado ni al desarrolloprogramático de normas legislativas que nunca llegan a concretarse, sino que su contenidoConstitucional debe ser operativo y garante de ser reparado inmediatamente ante laviolación estatal.Finalmente, es necesario que tomemos conciencia que el Estado social de Derecho, es aquélque interna y externamente no es una concentración de poder en manos de partidos, desindicatos o grupos económicos, sino el pueblo mismo organizado en orden institucionalque, a fin de ser verdaderamente democrático, exige la autogestión responsable desde subase popular; pues cuando el Estado se desarraiga del pueblo constituyéndose en unaentidad independiente del mismo, automáticamente se transforma en un poder autoritarioque anula y destruye a la persona como origen y fin de su actividad. Por otra parte, dejamospor sentado que la tesis central que proponemos para la recreación del Estado social deDerecho en nuestro tiempo implica superar el déficit de legitimación del Estado actual ensentido socialista, pero sobre supuestos diferentes al socialismo real ensayado comoproyecto histórico.V.- ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES.Recapitulando sobre las líneas generales de este texto se hacen las consideracionessiguientes: 1- El Estado social de Derecho como creación del Neo-capitalismo, no constituye un anhelo de justicia social, sino una intencionalidad bien definida, consistente en detener el avance del socialismo que a finales del siglo XIX y XX amenazaba con cambiar radicalmente el concepto de propiedad y Estado. Tal afirmación se encarga de sacarla a luz la realidad histórica, pues desaparecida la amenaza del socialismo real, y en una sociedad sin enemigos, en lugar de humanizar la relación economía- sociedad nos encontramos ante un sistema capitalista en regresión a las bases Manchesterianas, que en el siglo XIX se encargo de anular a la persona como fin en si misma, convirtiéndola en un objeto más de la producción, que al igual que la maquina sólo requiere manutención en tanto y en cuanto sea útil a la producción. De modo, que el Estado social de Derecho nace como concepto de combate ante los designios socialista, y no como pretensión de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. 2- El estado Social de Derecho, como proceso histórico de reestablecimiento de la relación Estado sociedad, terminó ahogando a la sociedad. Ciertamente, la burocratización de la esfera pública cada vez mayor por el número de demandas 14
  • 15. sociales insatisfechas; así como, la aceptación generalizada a partir de 1945 del sistema representativo expresada en los partidos políticos, impide que las instituciones de la democracia directa se constituyan en auténtica alternativa. Y es que la racionalización burocrática de los partidos políticos al alejarlos de la sociedad impide un protagonismo real a las instituciones de la democracia, cuya pretensión queda reducida o convertida en un componente no funcional del sistema. 3- Debemos reconocer que la lucha por la recreación del Estado social de Derecho pasa, por la articulación de un nuevo sujeto social. Por un sujeto social solidario con las víctimas oprimidas de la historia. Por un sujeto capaz de concertar un nuevo pacto social planetario, que encauce al Estado hacía los vasos comunicantes: Sociedad-Estado, Economía-Sociedad, Derecho-sociedad, política-sociedad. Y es que esto resulta necesario, en vista que el sujeto actual en su estado de somnolencia y miopía arrastra los vicios que él mismo denuncia. 4- Los escenarios de la globalización han provocado una minoración paralela al derecho del trabajo y al trabajo mismo reiterándolo como mercancía. En este sentido, el derecho del trabajo futuro como expresión de naturaleza social debe atender a las siguientes exigencias fundamentales: establecer un nuevo estatuto laboral social que distribuya socialmente el tiempo de trabajo necesario; contribuir al control de la sensibilidad ecológica de la producción; garantizar socialmente la subsistencia de las personas cuando quedan fuera del sistema salarial, e introducir principios de democratización en la esfera privada. 5- El nuevo Estado Social de Derecho, como ente capaz de responder ante los riegos, debe superar en sentido socialista el modelo intervensionista ensayado en el siglo XX, pero naturalmente sobre supuestos diferentes al socialismo real. Es decir, que nuestra propuesta se orienta en que la voluntad popular se exprese mediante la socialización, la participación y la autogestión. Por supuesto, que esta tarea requiere de una estructura social compuesta por comunidades organizadas en las que cuantos las compongan participen activa y responsablemente en la dirección y en la realización de la tarea común. 6- El derecho del nuevo Estado social, debe superar las lagunas generadas ante el incumplimiento de las obligaciones constitucionalmente impuestas al Estado, y que en el pasado eran imposibles de reparar debido a la ausencia de técnicas apropiadas de garantías. De ahí que el nuevo derecho social no puede quedar a la discrecionalidad de los poderes públicos, pues como derechos de prestación imponen al Estado una obligación de hacer, y su incumplimiento o violación una obligación ineludible de resarcir el daño causado. BIBLIOGRAFIA.Álvarez Conde, Enrique. (1999). “Curso de Derecho Constitucional”. Volumen l. EditorialTecnos. Madrid, España.Capella, Juan Ramón. (1997). “Fruta Prohibida”. Editorial Trotta. Valladolid. España. 15
  • 16. Ferrajoli, Luigi. (1999). “Derechos y Garantías. La Ley del Más Débil”. Editorial Trotta.España.Giddens, Anthony. (2000). “La Tercera Vía. La Renovación de la Socialdemocracia”.Edición Taurus. México.Habernas, Jürgen. (1999). “Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío”.Ediciones Cátedra. S.A. Madrid. España.Habermas, Jürgen. (2001). “Más allá del Estado Nacional”. Editorial Trotta. España.López Guerra, Luis. (1994). “Introducción al Derecho Constitucional”. Edición Tirant LoBlanch. Valencia. España.Pérez Royo, Javier. (2003). “Curso de Derecho Constitucional”. Ediciones Jurídicas ySociales. S.A. Madrid. España.Serrano Caldera, Alejandro. (2004). “Estado de Derecho y Derechos Humanos”. EditorialHispamer. Managua. Nicaragua.Serrano Caldera. Alejandro. (2004). “Razón, Derecho y Poder”. Editorial Hispamer.Managua. Nicaragua. 16