Derecho de obligaciones

8,641 views
8,538 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,104
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Derecho de obligaciones

  1. 1. Derecho de ObligacionesAcción RedhibitoriaNo obstante que los bienes adolecen de vicio oculto, la acción redhibitoria por tratarsede muebles caduca a los tres meses de recepcionados los mismos.Existe vicio oculto en los muebles por ser diferente el material de fabricación alpactado, situación que repercute en la disminución del valor de la venta, al existirdiferencias cuantitativas entre uno y otro.Exp: 1293-99Sala de Procesos Abreviados y de ConocimientoLima, ocho de setiembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Zalvidea Queirolo; con losacompañados; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, sóloha apelado de la sentencia de fojas doscientos dieciséis, la parte demandante; por lo quela misma en el extremo que declara infundada la reconvención interpuesta por losdemandados en el otrosí en su escrito de fojas ochentidós ha quedado consentida.Segundo.- Que, si bien en autos ha quedado debidamente probado con los informespericiales de fojas veintidós, y de fojas ciento veintinueve a ciento treinta, que losmuebles que adquiera la empresa demandante no habían sido elaborados de material demimbre, sino de ratan, material éste diferente al cual se consigna en las guías deremisión de fojas tres a seis y que como tal refiriere la empresa demandada a lademandante en la carta notarial de fojas dieciocho, también no es menos cierto que poradolecer dichos bienes de vicio oculto esto es por ser diferente el material de fabricacióndel mismo, el valor de la venta por los mismos debe disminuir al existir diferenciascuantitativas entre uno y otro, también no es menos cierto que a tenor del artículo 1514del Código Civil aplicable al caso de autos la acción redhibitoria por tratarse de bienesmuebles caduca a los tres meses de recepcionados los mismos; por lo que siendo ello asíy apareciendo de las guías de remisión antes referida; que dichos muebles fueronrecepcionados con fecha nueve y diez de febrero de mil novecientos noventicinco yhabiéndose interpuesto la demanda con fecha veinticinco de setiembre de milnovecientos noventiséis, resulta evidente que ha operado el plazo de caducidad previstaen el referido dispositivo legal; por lo que la demanda acumulada de fojas treintisiete,no puede ampararse. Por cuyas razones: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojasdoscientos dieciséis, su fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventiocho,en el extremo que declara IMPROCEDENTE la demanda de fojas treintisiete,subsanada a fojas sesenticuatro; con lo demás que contiene y los devolvieron, en losseguidos por Materiales Generales Sociedad Anónima - Magensa con Eastern GroupSociedad Anónima sobre resolución de contrato.SS. BARREDA MAZUELOS / ZALVIDEA QUEIROLO / CHAHUD SIERRALTAArrendamientoSi se pactó la prórroga del arrendamiento, cuando el propietario no diera aviso alarrendatario dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento; y si no se advierte
  2. 2. que dicha prórroga fuera acordada en los mismos términos, debe estarse a la declaraciónexpresa vertida en el contrato, esto es, a la continuación del plazo. Al no haberse fijadosu término se reputa indeterminado.Exp. N° 1328-98Sala de Procesos SumarísimosLima, cinco de octubre de mil novecientos noventiocho.VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la doctora Aranda Rodríguez, yCONSIDERANDO; Primero.- que la pretensión contenida en la demanda de fojas ochoes obtener la restitución del uso del predio ubicado en el Jirón Juan Acevedo setecientosveintidós y setecientos veinticuatro - Pueblo Libre, alegándose como fundamento dehecho el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento celebrado entre las partescon fecha primero de mayo de mil novecientos noventicuatro; Segundo.- que lasentencia apelada desestima la pretensión demandada sustentando su decisión en laapreciación del contrato antes mencionado, señalando que el mismo ha sido renovadobajo los mismos presupuestos acordados por no haberse dado el aviso a la arrendataria,es decir que el a-quo entiende que la relación obligacional se encuentra vigente por unperíodo igual al pactado y por la misma renta; Tercero.- que de acuerdo a la posiciónasumida por el ordenamiento civil vigente, la interpretación del contrato tiene lugarcuando los contratantes discrepan en los términos y alcances del acuerdo debido a que ladeclaración de voluntad no se aprecia con claridad, por existir dudas, contradicciones odeficiencias, en cuyo caso corresponde al intérprete descifrar la voluntad real, la mismaque se basa en la común intención de las partes; Cuarto.- que de la lectura de la cláusulaquinta del documento de fojas dieciséis que contiene el contrato materia de análisis, seaprecia que los contratantes establecieron la prórroga del mismo si el propietario nodaba aviso al arrendatario dentro los treinta días anteriores a su vencimiento; Quinto.-que no se advierte de la cláusula aludida ni de las demás, que la mencionada prórrogafuera acordada "en los mismos términos" esto es por el mismo plazo señalado en lacláusula segunda (tres años más), de modo que debe estarse la declaración expresavertida en el contrato conforme a lo dispuesto por el artículo 168 del Código Civil, eneste caso únicamente a la continuación del plazo que al no haberse fijado su término sereputa indeterminado; Sexto.- que consecuentemente al haberse dado el aviso que prevéel artículo 1703 del Código Civil según se aprecia de la carta de fojas cinco, se hapuesto fin al contrato de arrendamiento, siendo atendible la demanda incoada;REVOCARON la sentencia apelada de fojas setenticuatro su fecha catorce de julio demil novecientos noventiocho, que declara infundada en todos sus extremos la demandade fojas ocho a once subsanada a fojas veintidós; REFORMANDOLA laDECLARARON FUNDADA en consecuencia que la demandada Augusta VelezmoroCarazas cumpla con desocupar el inmueble sito en el Jirón Juan Acevedo númerossetecientos veintidós y setecientos veinticuatro del Distrito de Pueblo Libre, dentro deltérmino de seis días; con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por BiaggioCésar De la Torre Márquez con Augusta Velezmoro Carazas, sobre desalojo porvencimiento de contrato.Arrendamiento
  3. 3. Se debe entender que el arrendatario ocupa el bien arrendado cuando dicho bien seencuentra a su disposición, esto es, puede acceder a él en cualquier momento, auncuando se encuentre totalmente vacío.Mientras el arrendatario no formalice la devolución al arrendador, se considera, quecontinúa ocupando el bien arrendado.Exp: 470-99Sala de Procesos EjecutivosLima, veintidós de diciembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS: interviniendo como ponente el señor Ramos Lorenzo; y CONSIDERANDO:Primero.- Que, la tacha formulada por la ejecutada en el otrosí de su escrito de fojasveinticinco a veintiséis de autos, contra el contrato de arrendamiento de fojas doce,repetida en original a fojas ciento treintinueve, carece de fundamento fáctico y legal; enrazón de que, conforme se aprecia de la pericia grafotécnica actuada por el Juzgado defojas doscientos treintiuno a doscientos cuarentidós de autos, la firma atribuida a laejecutada, proviene del puño gráfico de su titular, esto es, es una firma auténtica; estapericia fue notificada a la referida ejecutada, conforme al cargo de fojas doscientoscincuentiuno, sin embargo no consta en autos observación alguna formulada contra lareferida pericia. Segundo.- Que, siendo así, dicho contrato tiene en este proceso eficaciaprobatoria, y con él se acredita que a la fecha de interposición de la demanda la rentamensual ascendía a mil trescientos dólares americanos y el arrendamiento se encuentravigente, pues vencía el ocho de mayo de mil novecientos noventitrés. Tercero.- Que, nose encuentra acreditado en autos, con prueba idónea, que la ejecutada haya devuelto elinmueble antes del vencimiento del contrato, pues su obligación es efectuar taldevolución al vencimiento del mismo, conforme lo prevé el inciso décimo del artículomil seiscientos ochentiuno del Código Civil; en consecuencia, la arrendataria, al doce defebrero de mil novecientos noventitrés, fecha de interposición de la demanda, veníaocupando el bien arrendado. Cuarto.- Que, debemos entender que el arrendatario ocupael bien arrendado cuando dicho bien se encuentra a su disposición, esto es, puedaacceder a él en cualquier momento, aun cuando se encuentre totalmente vacío; enconsecuencia, mientras el arrendatario no formalice la devolución al arrendador, seconsidera que continúa ocupando el bien arrendado. Quinto.- Que, no desvirtúa dichaconclusión la carta de fojas veinte, pues ella está dirigida y ha sido recepcionada, poruna persona totalmente ajena al vínculo contractual, no pudiendo por tal razón surtirefecto alguno respecto de la actora; tampoco forma convicción la constancia policial defojas diecisiete, pues la constatación allí consignada se ha efectuado el diez de setiembrede mil novecientos noventitrés, esto es, cuando este proceso se encontraba ya en trámite,y en la misma fecha que la demandada presentó su primer escrito en autos (fojas seis asiete de autos); asimismo, el sentido de las respuestas contenidas en las testimoniales defojas cuarentinueve, sesentitrés, sesenticuatro y sesenticinco prestadas con arreglo alpliego de fojas cuarentiocho, no constituyen prueba suficiente que acredite que el bienfue devuelto a la arrendadora antes del vencimiento del arrendamiento. Sexto.- Que, laconstancia policial de fojas diecisiete, las testimoniales precisadas anteriormente y lafotocopia simple del contrato de fojas cincuenticuatro, corresponden ser merituadosbajo las reglas de la sana crítica máxime, si compulsados todos ellos, no desvirtúan laconclusión arribada en el segundo y tercer considerando de esta resolución, por lo que laimpugnación de fojas catorce y de fojas setenticuatro, así como la tacha de fojas
  4. 4. noventisiete, todas ellas formuladas por la actora, deben desestimarse. Sétimo.- Que,respecto a la oposición formulada por la actora a fojas treintiocho, respecto de laexhibición solicitada por la ejecutada en el punto duodécimo de sus pruebas, respecto dela declaración jurada de inquilinos, ésta debe ampararse, en razón de que elapercibimiento de detención solicitado no resulta aplicable a la ejecutada; en todo caso,no ha consignado como alternativa el apercibimiento previsto en el artículocuatrocientos cuarentisiete del Código de Procedimientos Civiles. Octavo.- Que,respecto de los pagos que constan en los recibos no tachados, de fojas dieciocho ysesentiséis, estos deben deducirse en ejecución de sentencia, con arreglo a ley. Noveno.-Que, estando a lo expuesto, a las normas leales glosadas, y de conformidad con loprevisto en el artículo undécimo del Decreto Ley veinte mil doscientos treintiséis, y losartículos mil doscientos diecinueve inciso primero y mil trescientos sesentiuno delCódigo Civil: REVOCARON la sentencia apelada, de fojas doscientos cincuentisiete,su fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventinueve, que declara fundada enparte la oposición a la ejecución formulada en el escrito de fojas nueve e improcedentela demanda de fojas dos, careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás extremosde la plus petition, tachas y demás medios de defensa formuladas por las partes;REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la tacha formulada por la ejecutada enel otrosí de su escrito de fojas veinticinco, contra el contrato de arrendamiento de fojasdoce, repetido en original a fojas ciento treintinueve; INFUNDADAS lasimpugnaciones y tacha formulada por la actora mediante escrito de fojas catorce, fojassetenticuatro y fojas noventisiete de autos; fundada la oposición formulada por la actoraen su escrito de fojas treintiocho, al mandato de exhibición solicitado por la ejecutadaen el punto duodécimo de su escrito de ofrecimiento de pruebas; INFUNDADA laoposición y plus petition formulada por la ejecutada en su escrito de fojas nueve;FUNDADA la demanda de fojas dos, ampliada a fojas cuatro; y, en consecuencia,ORDENARON que la ejecutada Rosa María Beteta Ramírez cumpla con pagar a laejecutante la suma de veinticuatro mil setecientos dólares americanos o su equivalenteen moneda nacional vigente a la fecha de pago; más intereses legales, con costas; condeducción de las sumas que se indican en el sétimo considerando de la presenteresolución; y los devolvieron.SS. FERREIRA VILDOZOLA / LAMA MORE / AGUIRRE SALINASEL VOTO DEL VOCAL PONENTE SEÑOR RAMOS LORENZO ES ELSIGUIENTE:Por sus fundamentos pertinentes, y CONSIDERANDO: Primero.- Que si bien,conforme al artículo 1361 del Código Civil, concordante con el numeral 1681 inciso 10del mismo cuerpo legal, la ejecutada habría estado obligada a continuar en el uso delinmueble arrendado hasta el vencimiento del plazo pactado, el artículo 11 del DecretoLey Nº 20236, vigente al interponerse la demanda, exigía, como ahora también elartículo 693 inciso 6 del Código Procesal Civil, para la procedencia del cobro ejecutivode la renta, que el arrendatario estuviese ocupando el predio al momento de serdemandado. Segundo.- Que, resultando de lo actuado que dicha ejecutada no seencontraba ocupando el referido bien al interponérsele la presente demanda, la acciónejercitada no resulta procedente; sin perjuicio de que pueda hacer valer sus derechos conarreglo a ley: MI VOTO es por que se CONFIRME la sentencia apelada de fojasdoscientos cincuentisiete, su fecha veintisiete de enero último, en el extremo recurridoque declara IMPROCEDENTE la demanda de pago de arriendos interpuesta por doñaMaría Martínez Núñez contra Rosa María Beteta Ramírez, con lo demás que al respectocontiene.
  5. 5. SS. RAMOS LORENZOArrendamientoSi el contrato suscrito por las partes tenía un año como plazo establecido, el mismo quea la interposición de la presente acción ha vencido, resulta de aplicación el artículo 1699del CC, el cual estipula que el arrendamiento de duración determinada concluye alvencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo deninguna de ellas.Exp: 1662-99Sala de Procesos SumarísimosLima, veintitrés de agosto de mil novecientos noventinueve.VISTOS: interviniendo como Vocal ponente la señora Sánchez Castillo; por susfundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, el actor al plantear sudemanda, como causal de desalojo, invoca la de vencimiento de contrato, señalando queel emplazado le viene adeudando nueve meses de merced conductiva y, adicionalmente,la penalidad convenida en el contrato de arrendamiento vencido, obrante de fojasdieciséis a veinte. Segundo.- Que, es materia de grado la resolución número tres,contenida en el acta de audiencia única de fecha diez de mayo de mil novecientosnoventinueve, que declara improcedentes las excepciones de oscuridad o ambigüedaden el modo de proponer la demanda, así como la de falta de legitimidad para obrar deldemandante y la sentencia, también de fecha diez de mayo último, que declara fundadala demanda. Tercero.- Que, con respecto a la excepción de oscuridad o ambigüedad enel modo de proponer la demanda, el demandante ha señalado con claridad su petitorio,en el cual ha especificado la pretensión de desalojo respecto del inmueble sito en Jr.Prolongación Barranca número mil trescientos cuarentiocho distrito de La Victoria,asimismo, ha dirigido la demanda contra los sujetos que conforman esta relaciónjurídica procesal. Cuarto.- Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimidad paraobrar lo que se procura es que exista identificación entre la persona del actor con lapersona a cuyo favor está la ley sustantiva (legitimación activa) y entre la persona deldemandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley sustantiva; esdecir, la relación jurídica material debe trasladarse a la relación jurídico-procesal, lo queen el caso de autos se encuentra plenamente esclarecido; razones por las cuales, laresolución número tres, contenida en el acta de audiencia única, debe ser confirmada.Quinto.- Que, conforme aparece de autos, el contrato suscrito por las partes, que obra defojas dieciséis a veinte, tenía como plazo establecido el de un año, esto es, desde el seisde noviembre de mil novecientos noventisiete al cinco de noviembre de mil novecientosnoventiocho, el mismo que a la interposición de la presente acción ha vencido. Sexto.-Que, siendo ello así, es de aplicación el artículo mil seiscientos noventinueve delCódigo Civil, el cual estipula que “el arrendamiento de duración determinada concluyeal vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo deninguna de ellas”. Sétimo.- Que, por otro lado, con respecto a lo expuesto por eldemandado en el sentido que existe discrepancia en cuanto a la identificación del prediosub-litis y que ello le ha ocasionado perjuicio “al no permitirle operar tranquilamentepara el fin que inicialmente se señaló como objeto del contrato”; queda totalmente
  6. 6. resuelta la controversia, dado que el predio sub-litis se encuentra debidamenteindividualizado; por estas consideraciones: CONFIRMARON la resolución númerotres, de fecha diez de mayo de mil novecientos noventinueve, contenida en la audienciaúnica obrante de fojas sesenticuatro a sesentiocho, que declara IMPROCEDENTES lasexcepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, así comola de falta de legitimidad para obrar del demandante formuladas por el emplazado en lacontestación de la demanda; y CONFIRMARON la sentencia de fecha diez de mayo demil novecientos noventinueve, obrante de fojas sesentinueve a setentiuno, que declaraFUNDADA la demanda; y en consecuencia, que el demandado restituya al actor el localcomercial ubicado en el Jirón Prolongación Sebastián Barranca número mil trescientoscuarentiocho del distrito de La Victoria, en el plazo de ley; con costas y costos; hágasesaber y devuélvase; en los seguidos por Alberto Guglielmino Eskenazi con WilliamsGómez Rivas sobre desalojo por vencimiento de contrato.SS. SÁNCHEZ CASTILLO / BARRERA UTANO / ENCINAS LLANOSArrendamiento : Sociedad conyugalSi el predio arrendado es un bien de la sociedad conyugal conformada por la actora,debe tenerse en cuenta, que el contrato de arrendamiento es un acto de administración,por tanto, la sociedad conyugal puede ser representada en dicho contrato,indistintamente por cualquiera de los cónyuges.Exp: 28379-143-98Sala de Procesos EjecutivosLima, siete de mayo de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la doctora Córdova Rivera; por susfundamentos; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, estando a la información queaparece de la ficha registral de fojas setentitrés, siendo el predio arrendado un bien de lasociedad conyugal conformada entre la actora y don Alberto Prieto Gómez, es deaplicación lo establecido en los artículos doscientos noventidós y trescientos trece delCódigo Civil; Segundo.- Que, siendo así, y teniendo en cuenta que el contrato dearrendamiento es un acto de administración, la sociedad conyugal es representada endicho contrato, indistintamente por cualquiera de los cónyuges, como lo precisa lanorma glosada; Tercero.- Que, en consecuencia, el contrato de arrendamiento celebradoentre la ejecutada y don Alberto Prieto Gómez, de fecha primero de enero de milnovecientos noventisiete, cuya copia corre a fojas ciento cinco, presentado al juzgadopor éste, mediante escrito de fojas ciento doce y siguientes, surte sus efectos, en tantono se declare judicialmente su invalidez, y prevalece frente al de fojas sesenticuatro asesentiséis, de fecha diez de diciembre de mil novecientos ochentisiete y su prórroga defecha primero de febrero de mil novecientos ochentiocho corriente a fojas sesentisiete,por encontrarse éstos con plazo vencido y por ser aquél de fecha reciente; Cuarto.- Que,en consecuencia, el recibo de fojas ochenticuatro, ha sido expedido por personalegalmente autorizada, conforme a las normas legales glosadas, y como tal surte susefectos, en tanto no se declare judicialmente su validez; CONFIRMARON la resoluciónnúmero siete, expedida en audiencia única de fecha seis de octubre de mil novecientosnoventiocho, corriente de fojas ciento treintiséis a ciento treintinueve de autos, quedeclara infundada la tacha formulada por la demandante mediante su escrito de fojas
  7. 7. ciento veintinueve a ciento treinta; CONFIRMARON la sentencia apelada, signada conel número doce, su fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventiocho, defojas ciento ochentinueve a ciento noventitrés, que declara FUNDADA la contradicciónformulada por la demandada mediante su escrito de fojas noventicinco a noventisiete,INFUNDADA la demanda interpuesta por doña Piedad Gutiérrez Gonzáles contraEmilia Linares Saldaña sobre pago de renta; con costas y costos; hágase saber y losdevolvieron.SS. FERREIRA VILDOZOLA / CORDOVA RIVERA / HUERTA HERRERAArrendamiento : Plazo indeterminadoSi el arrendador quiere dar término a un contrato de duración indeterminada, debe haceruso del art. 1703 del Código Civil, a través de la demanda judicial.Exp: 29950-98Sala de Procesos SumarísimosLima, veintiuno de abril de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la señora Encinas Llanos; yCONSIDERANDO: Primero.- que, el artículo mil seiscientos noventinueve del CódigoCivil establece que el arrendamiento de duración determinada concluye al vencimientodel plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna deellas; Segundo.- que, del contrato obrante de fojas cinco a ocho de fecha dieciséis dejunio de mil novecientos noventisiete, el demandante cedió en arrendamiento a favor deTelefónica del Perú una extensión de doscientos cuatro metros cuadrados del terrenoubicado en el cerro Macavilca, distrito de Chorrillos, para el funcionamiento de laplanta transmisora de radiodifusión y cualquier otra instalación necesaria para eldesarrollo de sus actividades.- Tercero.- que, conforme a la cláusula tercera delmencionado contrato, las partes acordaron en fijar un plazo forzoso de un año, contadoa partir del primero de febrero de mil novecientos noventisiete venciendo el treintiunode enero de mil novecientos noventiocho; Cuarto.- que, asimismo del punto cuatropunto tres de la cláusula cuarta, los contratantes estipularon que “de continuar ocupandoel terreno el arrendatario al vencimiento del plazo forzoso pactado sin suscribir unnuevo contrato, el arrendamiento se convierte en indeterminado a partir del primero defebrero de mil novecientos noventiocho, en tal eventualidad, el arrendatario se obliga apagar mensualmente la suma de mil veinte dólares americanos, hasta la fecha en quecumpla con la devolución efectiva del inmueble, sin perjuicio del derecho de laMunicipalidad a iniciar la acción judicial de desalojo”; Quinto.- que, siendo esto así, yteniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda, el día doce de agosto de milnovecientos noventiocho, es de colegirse que el contrato de arrendamiento se haconvertido en uno de duración indeterminada; Sexto.- que, si el arrendador quiere dartérmino a un contrato de este tipo, debe hacer uso del artículo mil setecientos tres delCódigo Civil; Sétimo.- que, una de las formas de poner término al contrato dearrendamiento de duración indeterminada es a través de la demanda judicial; que siendoeste el caso de autos CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en el acta deaudiencia única de fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventiocho obrantede fojas cincuentinueve a sesentiuno, que declara FUNDADA la demanda y ordena quela demandada cumpla con desocupar el inmueble sub-litis en el plazo de seis días, con
  8. 8. costas y costos; en los seguidos por Municipalidad Distrital de Chorrillos conTelefónica del Perú sobre desalojo por vencimiento de contrato.SS. ARANDA RODRIGUEZ / ENCINAS LLANOS / QUINTANA-GURTCHAMORROEL VOTO SINGULAR DE LA DOCTORA ARANDA RODRIGUEZ ES COMOSIGUE:CONSIDERANDO:Primero.- que, con arreglo a la norma contenida en el artículo mil setecientos delCódigo Civil, vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso delbien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación delarrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite sudevolución, la cual puede pedir en cualquier momento; Segundo.- que, se advierte delcontrato de arrendamiento que celebraran las partes, con fecha dieciséis de junio de milnovecientos noventisiete a que se refiere el instrumento de fojas cinco a ocho, que elplazo de duración establecido en la cláusula tercera tres punto uno, fue de un añoforzoso, el mismo que se iniciará a partir del primero de febrero de mil novecientosnoventisiete y terminaba el treintiuno de enero de mil novecientos noventiocho;Tercero.- que, concordante con el artículo mil setecientos del Código Civil antes citado,los contratantes acordaron establecer la continuación del plazo del arrendamiento alseñalar en la cláusula cuarta cuatro punto tres del contrato aludido, que “al vencimientodel plazo forzoso pactado sin suscribir un nuevo contrato, el arrendamiento se convierteen indeterminado”, de manera que no obstante que la parte demandante ha invocadoerróneamente la norma jurídica que sustenta su pretensión, ésta resulta amparable envirtud del artículo mil setecientos tres del Código sustantivo antes mencionado, toda vezque el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil faculta a aplicarla norma jurídica pertinente: MI VOTO es porque se CONFIRME la sentencia apeladaexpedida en la audiencia única del dieciséis de diciembre de mil novecientos noven-tiocho, cuya acta corre de fojas cincuentinueve a sesentiuno, que declara fundada lademanda de fojas diez a catorce, interpuesta por la Municipalidad Distrital de Chorrillosen consecuencia ordena que la demandada Telefónica del Perú Sociedad Anónimacumpla con desocupar el terreno de doscientos cuatro metros cuadrados, ubicado en elcerro Macavilca del distrito de Chorrillos, en el plazo de seis días; con costas y costos; ylos devolvieron.SS. ARANDA RODRÍGUEZArrendamiento : Enajenación del bien arrendadoSi el arrendamiento no ha concluido por enajenación del bien arrendado, habiendo laadquirente decidido respetar el contrato hasta su vencimiento, la misma ha quedadosustituida desde el momento de su adquisición, en todos los derechos y obligaciones dela arrendadora, debido a que se ha configurado la situación prevista en el inc.1 art. 1708del Código Civil.Habiéndose celebrado un contrato de compraventa entre la arrendadora y la adquiriente,ahora demandante, no se produce la cesión de posición contractual prevista en el art.1435 del Código Civil, pues se requiere que la otra parte preste su conformidad.Exp: 1859-99
  9. 9. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento:Lima, veinte de setiembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Chahud Sierralta; por susfundamentos y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, cuando se encontrabavigente el contrato de arrendamiento celebrado por la arrendadora María Luisa delRosario de la Torre Peña con el arrendatario Antonio Cabanas Larrea, la arrendadoravendió el inmueble arrendado, mediante contrato de compraventa inscrito en losRegistros de la Propiedad Inmueble con fecha veintisiete de agosto de mil novecientosnoventiséis como se aprecia de fojas cinco de autos, celebrado con la demandante MaríaCecilia Matínez del Solar viuda de Franco; Segundo.- Que, es en calidad de nuevapropietaria del inmueble arrendado, que la demandante María Cecilia Martínez del Solarviuda de Franco pretende el pago de las obligaciones que contrajo el arrendatarioAntonio Cabanas Larrea en virtud al contrato de arrendamiento celebrado; Tercero.-Que, siendo esto así, no se puede considerar que se haya producido una cesión deposición contractual, prevista en el artículo 1435 del Código Civil, debido a que, comomanifiesta el propio demandado en su escrito de apelación, para que se produzca lamisma, era requisito que la otra parte preste su conformidad lo cual no ha sucedido en elpresente caso habiéndose por el contrario celebrado un contrato de compraventa entre laarrendadora y la adquiriente ahora demandante; Cuarto.- Que, al caso de autos, teniendoen cuenta que el arrendamiento no estuvo inscrito, es aplicable el inciso 2 del artículo1708 del Código Civil, referido a enajenación del bien arrendado, que establece que siel arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido, yexcepcionalmente, el adquirente está obligado a respetar el arrendamiento, si asumiódicha obligación; Quinto.- Que, a la fecha de enajenación del bien arrendado(enajenación inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha veintisiete deagosto de mil novecientos noventiséis), la nueva adquirente no optó por dar porconcluido el contrato, por el contrario, respetó el arrendamiento hasta que venció elplazo de duración determinada, conforme a la cláusula tercera tres punto uno (3.1) delcontrato de arrendamiento que obra de fojas dos a cuatro repetido de fojas treinta atreintidós, Sexto.- Que, el arrendamiento no concluyó por enajenación del bienarrendado; Sétimo.- Que, siendo esto así y habiendo la adquirente decidido respetar elcontrato hasta su vencimiento, la misma ha quedado sustituida desde el momento de suadquisición, en todos los derechos y obligaciones de la arrendadora, debido a que se haconfigurado la misma situación de hecho prevista en el inciso 1 del artículo 1708 delCódigo Civil, en cuanto refiere que cuando el adquirente respeta el contrato, quedasustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones delarrendador; Octavo.- Que, el artículo 1704 del Código Civil establece que: “Vencido elplazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, si el arrendatariono restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar lapenalidad convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del períodoprecedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de cualquiera de ellas no importará lacontinuación del arrendamiento”; consideraciones por las cuales: CONFIRMARON lasentencia de fojas ciento diecisiete a ciento veinte, de fecha dieciséis de marzo de milnovecientos noventinueve, que declara fundada en parte la demanda de fojas dos acuatro, y ordena que el demandado don Antonio Cabanas Larrea pague la suma desesentiocho mil dólares americanos a favor de la demandante doña María CeciliaMartínez del Solar viuda de Franco por concepto de renta del inmueble sito en CarlosGraña Elizalde doscientos noventitrés San Isidro, contados a partir del mes de octubrede mil novecientos noventiséis a mayo de mil novecientos noventiocho, más intereseslegales; con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por María Cecilia
  10. 10. Martínez del Solar viuda de Franco con Antonio Cabanas Larrea sobre obligación dedar suma de dinero.SS. BARREDA MAZUELOS / ZALVIDEA QUEIROLO / CHAHUD SIERRALTAArrendamiento : Improcedencia de la resoluciónSi bien las partes pactaron que en caso de incumplimiento en el pago de la renta por masde cuatro meses se incurriría en causal de resolución de contrato, también es cierto, quepreviamente debía cursársele el requerimiento a la demandada para la resolución delcontrato. Habiéndose pactado expresamente ello y no apareciendo de autos que se hayaprocedido al requerimiento previo, resulta prematura la demanda incoada, para procedera la resolución del contrato contemplado en art. 1697 del Código Civil.Exp: 47790-98Sala de Procesos SumarísimosLima, treinta de noviembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la señorita Lucas Solís; yCONSIDERANDO: además: Primero.- que, la pretensión de la demandante incide en elde-salojo por falta de pago al existir una renta devengada por parte de la demandadadesde febrero de mil novecientos noventitrés hasta la fecha de la interposición de lademanda, lo que hace sesentinueve meses, existiendo un saldo de seiscientos noventadólares americanos, a razón de diez mil dólares la merced conductiva, reconociendo sinembargo la demandante la entrega de cuatrocientos cuarentiocho mil quinientos dólaresamericanos, existiendo por lo tanto el saldo de doscientos cuarentiun mil quinientosdólares americanos a los que debe agregarse veintiún meses insolutos desde marzo demil novecientos noventisiete a noviembre de mil novecientos noventiocho, lo que haceun saldo total de cuatrocientos cincuentiun mil dólares americanos; Segundo.- que, de laprueba aportada y no tachada por el demandante de fojas ciento treintisiete a doscientosveinte se acredita que la demandada canceló a Constantin Sturmer Popescu losarrendamientos de los años noventitrés, noventicuatro, noventicinco, noventiséis afebrero de mil novecientos noventisiete, que, asimismo, doña Blanca Dávila de Sturmerrecibió los arrendamientos del año mil novecientos noventisete y noventiocho en laproporción que le correspondía conforme se acredita de los recibos de fojas cientodiecinueve a fojas ciento treinticinco; Tercero.- que, del punto precedente se colige queexiste una deuda desde marzo de mil novecientos noventisiete a noviembre de milnovecientos noventiocho a favor de la sucesión del causante, que respecto de dichadeuda la demandada cursó carta notarial cuya copia obra a fojas doscientos veintiunodonde propone la compensación ya que señala que existe una deuda de ConstantinSturmer Popescu que asciende a ciento veinticinco mil trescientos cuarentiuno puntosesenta dólares americanos y reconoce una acreencia por concepto de alquileres deciento veinticinco mil dólares americanos; que dicha propuesta no fue aceptada por lademandante conforme se acredita de la copia de la carta notarial de fojas trescientosnoventa por lo tanto la misma no puede surtir efecto entre las partes; que además latacha a la carta notarial primeramente citada no deviene amparable ya que éstaconstituye el intercambio de una propuesta que podía ser aceptada o no, por lo tanto lamisma no adolece de vicio formal que la invalide; Cuarto.- que, con respecto a la tachadel contrato de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa obrante a fojas
  11. 11. ciento dos por considerar que la misma es fraguada por el hecho que no fue otorgadopor escritura pública por tanto la misma carece de fecha cierta, y habría sidoconfeccionado con posterioridad a la muerte del causante, dicha aseveración linda conlo ilícito y no encuentra sustentada cayendo en lo subjetivo, tanto mas si en la fecha decelebración del contrato doña Blanca Dávila Sturmer ostentaba la representación de sucónyuge conservando en consecuencia el contrato aludido su validez no deviniendoamparable la tacha; Quinto.- que, del contrato referido en el punto precedente apareceque las partes plasmaron su voluntad determinando libremente el contenido del mismolos que se expresan en sus dieciocho cláusulas, que si bien es cierto, se ha acreditado unreconocimiento por alquiler insolutos de ciento veinticinco mil dólares a favor de lasucesión también lo es que en la cláusula octava del contrato aludido las partes pactaronque en caso de incumplimiento en el pago de la merced conductiva por más de cuatromeses se incurriría en causal de resolución del contrato, sin embargo, previamente debíacursársele el requerimiento a la demandada para la procedencia definitiva de laresolución del contrato, por consiguiente estando a lo expresamente pactado no aparecede autos que se haya procedido al requerimiento previo, siendo prematura la demandaincoada, no procediendo la resolución del contrato contemplado por el artículo milseiscientos noventisiete del Código Civil concordante con los artículos milcuatrocientos veintiocho y mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil; por estosfundamentos; CONFIRMARON la sentencia de fecha veintiuno de setiembre de milnovecientos noventinueve, obrante de fojas cuatrocientos treintiocho a cuatrocientoscuarenta, que declara infundadas las tachas interpuesta por la demandante Dalila EstherSturmer Ortega que corren a fojas trescientos noventidós a trescientos noventitrés y quese refieren al contrato de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y lacarta notarial de fecha veinticuatro de abril del presente año; improcedente la demandaque corre de fojas treinta a treintiséis, sin costas ni costos; hágase saber y devuélvase; enlos seguidos por Dalila Esther Sturmer Ortega con Colegio Hans Chistian Andersensobre desalojo.SS. SANCHEZ CASTILLO / LUCAS SOLIS / QUINTANA-GURT CHAMORROArrendamiento : Renta adeudadaSi la consignación de llaves efectuada en el proceso de desalojo no fue materia deimpugnación, los arriendos devengados deberán ser pagados sólo hasta la fecha en quese admitió la misma. El pago de penalidad debe fijarse de manera equitativa.Exp: 4760-98Sala de Procesos Abreviados y de ConocimientoLima, cuatro de junio de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Aguado Sotomayor; con losexpedientes acompañados; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO: Primero.- Quela consignación de llaves efectuada en el proceso sobre obligación de dar suma dedinero (pago de arriendos) no surtió efecto alguno tal como se advierte de la resolucióncuya copia corre a fojas sesentiséis, su fecha ocho de noviembre de mil novecientosnoventiséis, consecuentemente los argumentos esgrimidos por los apelantes carecen deasidero legal; Segundo.- Que en cambio, la consignación efectuada en el proceso dedesalojo no fue materia de impugnación alguna, consecuentemente los arriendos
  12. 12. devengados sólo deberán ser pagados sólo hasta la fecha en que se admitió la misma(diez de diciembre de mil novecientos noventiséis) en estricta observancia de lodispuesto por el artículo 1707 del Código Civil; Tercero.- Que asimismo, la obligaciónque emerge del contrato y que se traduce en la permanencia del bien hasta que seefectuó la consignación, le resultan exigibles a la empresa demandada, máxime que talobligación se reconoció implícitamente en el proceso sobre pago de arriendos al habersepagado la renta hasta el mes de mayo de mil novecientos noventiséis, esto es conposterioridad al vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento siendo deaplicación para este caso lo dispuesto por el artículo 1868 del Código sustantivo;Cuarto.- Que por último, la pretensión sobre el pago de penalidad proviene del acuerdoentre las partes, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1342 delCódigo Civil, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la penalidad, elcumplimiento de la obligación, por la mora incurrida por los demandados; sin embargo,dicho concepto debe fijarse de manera equitativa, procediéndose a su rebaja a la sumaascendente a dos dólares diarios, la misma que en cuatrocientos sesenticinco días arrojala suma de novecientos treinta dólares; REVOCARON la sentencia apelada que corre defojas quinientos cinco a quinientos catorce, su fecha veintitrés de octubre de milnovecientos noventiocho que declara fundada en parte la demanda de fojas doscientostreintitrés a doscientos treinticinco, y en consecuencia se ordena que los demandadospaguen en forma solidaria a don Wilfredo Ponce de León Rosas la suma de seis milcuatrocientos dólares por el pago de arriendos, así como la suma de cuatro milseiscientos cincuenta dólares americanos por penalidad; REFORMANDOLAdispusieron que los demandados paguen la suma de cinco mil trescientos cuarentiundólares con noventa centavos de dólar, por concepto de arrendamientos devengados; yla suma de novecientos treinta dólares americanos o su equivalente a moneda nacionalal tipo de cambio a la fecha y lugar de pago por concepto de penalidad, más susintereses legales; CONFIRMARON la misma resolución en cuanto ordena el pago de lasuma ascendente a ochocientos nuevos soles con setentinueve céntimos, por conceptode servicios; con lo demás que contiene; y los devolvieron; en los autos seguidos pordon Wilfredo Ponce de León Rosas contra doña Mayela Teresa Pacora Gómez deColom, don Santiago Colom Sole y la empresa “Augusto Bedoya Sociedad Anónima”,Agentes de Aduana Sociedad Anónima, sobre obligación de dar suma de dinero y otro.SS. SIFUENTES STRATTI / AGUADO SOTOMAYOR / BARREDA MAZUELOSArrendatarioAnte la existencia de una sentencia condenatoria definitiva por el delito de tráfico ilícitode drogas, el decomiso de los bienes importa la transferencia del bien a favor delEstado.Cuando el proceso está en trámite, no se desconoce la calidad de arrendatarios quepuedan tener los ocupantes de los bienes incautados, situación que no es extensivacuando el proceso ha concluido, motivo por el cual no es oponible el arrendamientocelebrado con la anterior dueña del bien.Exp: 1369-98Sala de Procesos Sumarísimos
  13. 13. Lima, veintidós de marzo de mil novecientos noventinueve.VISTOS: con el dictamen fiscal de fojas doscientos veinticinco y doscientos veintiséis,e interviniendo como ponente la señora Vocal Aranda Rodríguez; yCONSIDERANDO: Primero.- Que la pretensión contenida en la demanda de fojasveinticuatro está dirigida a obtener la restitución de uso del inmueble ubicado en elJirón Belisario Flores quinientos sesenticinco, departamento número trece, distrito deLince de esta ciudad, invocando el demandante que las demandadas lo ocupan de modoprecario, por lo que corresponde a estas últimas acreditar que la posesión que ostentanse ampara en un título justificativo, en tanto que el demandante debe demostrar que leasiste el derecho a solicitar la devolución del bien. Segundo.- Que en el presente caso, elMinisterio del Interior a través del Procurador Público encargado de los asuntosjudiciales del sector, acredita con las copias de fojas cuatro a seis, acápite segundo delacta, que el inmueble sub-materia fue incautado por disposición del VeinticincoJuzgado de Instrucción de Lima, Secretaria María Baca Rissco. Tercero.- Que de lascopias de fojas nueve a veintidós, se aprecia que con fecha tres de marzo de milnovecientos noventidós, la Corte Suprema de la República declaró no haber nulidad enla sentencia de vista en cuanto condenó a Reynaldo Rodríguez López por el delito detráfico ilícito de drogas y otros delitos, ordenándose además el decomiso de los bienesmuebles e inmuebles incautados y los que posteriormente se descubran provenientes dedicho acto ilícito. Cuarto.- Que como se advierte del considerando precedente lasentencia condenatoria mencionada tiene la calidad de cosa juzgada, de modo que eldecomiso de los bienes ordenados importa la transferencia del bien a favor del Estado.Quinto.- Que si bien es cierto el artículo sétimo del Decreto Supremo númerotreintinueve – noventicuatro – JUS no desconoce la calidad de arrendatarios que puedantener ciertos ocupantes de bienes incautados, sin embargo dicho dispositivo es deaplicación cuando el proceso sobre tráfico ilícito de drogas se encuentra en trámite y nocuando éste ha concluido, como sucede en el presente caso. Sexto.- Queconsecuentemente el demandante tiene derecho a la restitución del bien, no siendooponible a su derecho el contrato de arrendamiento que las demandadas han celebradocon la anterior dueña del bien, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo delartículo mil setecientos ocho del Código Civil: CONFIRMARON la sentencia apeladade fojas ciento noventa a ciento noventidós, su fecha veintitrés de junio de milnovecientos noventiocho, que declara FUNDADA la demanda de fojas veinticuatro atreinta, subsanada a fojas treinticinco, en consecuencia se ORDENA que lasdemandadas Felícita Chacón Gonzales y Guillermina Sandoval Gonzales, desocupen elinmueble sub-litis en el plazo de seis días, con costas y costos; y los devolvieron en losseguidos por el Ministerio del Interior con Felícita Chacón Gonzales y otra, sobredesalojo por ocupación precaria.SS. ARANDA RODRÍGUEZ / ENCINAS LLANOS / QUINTANA-GURTCHAMORROArrendamientoHabiendo fallecido el arrendador, el contrato no se extingue sino que sigue surtiendoefectos entre los herederos del arrendador con la arrendataria, pues la muerte de aquélno está prevista como causal de resolución ni conclusión del arrendamiento.La demandante, en calidad de copropietaria del inmueble cuya renta reclama, estálegitimada para obrar, en aplicación extensiva del artículo 65 del CPC, que autoriza a
  14. 14. cualquiera de los partícipes copropietarios a representar al patrimonio autónomo, estoes, al bien en copropiedad, si son demandantes.Exp: 98-45782Sala de Procesos EjecutivosLima, trece de octubre de mil novecientos noventinueve.VISTOS: son materia de grado el auto que desestima la excepción de caducidad asícomo la sentencia que desestima la contradicción y ampara la demanda; yCONSIDERANDO además: Primero.- Que, respecto a la primera apelación procedeconfirmar por cuanto la caducidad, esto es, la extinción del derecho y de la acción,opera en razón del tiempo transcurrido durante un plazo establecido por la propia leyconforme lo dispone el artículo 2004 del Código Civil, siendo que el derecho materia decontroversia no está sujeto a ningún plazo de caducidad. Segundo.- Que, en relación a larevisión de la sentencia, en el recurso de apelación de fojas ciento cuarentiséis ysiguientes se indican como errores de la misma, los siguientes: a) No haber valorado eldocumento de pago de los meses de febrero a mayo de mil novecientos noventiséis,efectuado al copropietario ya fallecido don Óscar Privat Caballero; b) No haber tenidoen cuenta que doña Erika Mayuri viuda de Privat es copropietaria del bien; c) No haberevaluado que el arrendamiento se celebró con don Óscar Privat Caballero casado condoña Erika Mercedes Mayuri Maguiña y al fallecimiento del primero la relacióncontinuó con la segunda quien le dio el bien en comodato; y, d) Concluir que don ÓscarPrivat Caballero estuvo casado con doña Hermelinda Cochachi Ramón cuando en lapartida de matrimonio figura doña Hilda Cochachi Ramón. Tercero.- Que, en relación alagravio indicado en el literal a), se aprecia que el recibo de pago aludido por la apelanteque en fotocopia corre a fojas setentidós y setentitrés donde se hace referencia que confecha veintiocho de enero de mil novecientos noventiséis, la ejecutada entregó la sumade un mil dólares americanos al arrendador quien en vida fue don Óscar PrivatCaballero por concepto de garantía y un mes de adelanto, guarda relación con lopactado en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento celebrado entre dichapersona con la ejecutada (fojas tres), estipulando que el monto equivalente a tres mesespor concepto de garantía “(...) de ninguna manera podrán ser pago de las mensualidades(...), son completamente independientes; (...)”, conforme lo puntualizan las partescontratantes; por tanto, no cabe imputarse como pago de los arrendamientos de tresmeses. Cuarto.- Que, los agravios indicados en los literales b) y c), están relacionadoscon la contradicción donde se alega la inexistencia de la obligación demandada por estarla ejecutada ocupando el inmueble en mérito a un contrato de comodato celebrado condoña Erika Mayuri viuda de Privat con posterioridad al fallecimiento del arrendador donÓscar Privat Caballero, con el que dejó sin efecto el contrato de arrendamientocelebrado con el apoderado del mencionado arrendador. Quinto.- Que, el referidocontrato de comodato que corre en fotocopia legalizada a fojas cincuenticinco, de fechaveintiocho de mayo de mil novecientos noventiséis, en ninguna de sus cláusulas hacereferencia al contrato de arrendamiento, menos expresa dejarlo sin efecto como nopodía ser en razón de que el contrato de arrendamiento, celebrado el veinte de enero demil novecientos noventiséis por el plazo de un año renovable (fojas tres) se encontrabavigente, y aun cuando hubiese fallecido el arrendador (fojas cincuentisiete), dichocontrato continuaba y continúa surtiendo sus efectos entre las partes que lo otorgaron ysus herederos conforme lo dispone el artículo 1363 del Código Civil; de modo tal, quehabiendo fallecido el arrendador, el contrato no se extingue sino sigue surtiendo sus
  15. 15. efectos entre los herederos del arrendador con la arrendataria, pues la muerte delarrendador no está prevista como causal de resolución ni conclusión del arrendamientoa que aluden los artículos 1697 y 1705 del Código citado. Sexto.- Que, adicionalmente,cabe puntualizar que el contrato de comodato en referencia aparece celebrado cuandoaún doña Erika Mercedes Mayuri no había sido declarada heredera del arrendadoratribuyéndosele la calidad de cónyuge supérstite, lo que se produjo con posterioridad(cuatro de noviembre de mil novecientos noventisiete) según la Ficha (partida)electrónica número 24393410 del Registro de Sucesión Intestada de Lima que enfotocopia legalizada corre a fojas cincuentinueve; además, la calidad de cónyuge dedicha persona resulta cuestionable desde que el arrendador habría contraído matrimoniocivil con doña Hilda Cochachi Román el veintinueve de abril de mil novecientosochenticuatro (con autoridad al matrimonio con doña Erika Mayuri), según fotocopialegalizada de la partida de matrimonio que corre a fojas ciento veintiocho, aunque ellono corresponde dilucidar en esta litis, pero resulta pertinente tenerlo en cuenta;quedando así aclarado el extremo del agravio indicado en el literal d) del primerconsiderando de la presente decisión. Sétimo.- Que, asimismo cabe destacar, que laexcepción de falta de legitimidad para obrar del demandante fue desestimada mediantedecisión emitida en la audiencia única, la misma que quedó firme pues la ejecutadamanifestó su conformidad con dicha decisión como consta del acta respectiva (fojasciento dieciséis), agregándose a ello, que la actora en calidad de copropietaria delinmueble cuya renta se reclama está legitimada para incoar reclamando el pago de larenta del arrendamiento en aplicación extensiva del artículo 65 del Código ProcesalCivil que autoriza a cualquiera de los partícipes (entiéndase; copropietario) representaral patrimonio autónomo (entiéndase: bien en copropiedad) si son demandantes. Octavo.-Que, por lo demás, se advierte que la ejecutada no ha acreditado el pago de la rentareclamada a razón de doscientos cincuenta dólares americanos cada mes y quecorresponden a treintitrés meses que corren del mes de marzo de mil novecientosnoventiséis al mes de noviembre de mil novecientos noventiocho, no obstanteencontrarse en uso del inmueble arrendado y que están representados en los recibosimpagos que corren de fojas seis a treintiocho, los mismos que por disposición delinciso 6 del artículo 693 del Código Procesal Civil tienen mérito ejecutivo; por losfundamentos expuestos, los señores Vocales integrantes de la Segunda Sala CivilCorporativa para Procesos Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Justicia deLima que suscriben, CONFIRMAN la resolución número seis, emitida durante laaudiencia única de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventinueve, cuyaacta corre de fojas ciento quince a ciento dieciocho, en el extremo apelado, que resuelvedeclarar INFUNDADA la excepción de caducidad; asimismo, CONFIRMAN lasentencia apelada, resolución número diez, de fecha veintinueve de abril de milnovecientos noventinueve, que corre a fojas ciento treintiocho-ciento treintinueve, quedeclara INFUNDADA la contradicción de fojas setenticuatro así como declaraFUNDADA la demanda de fojas treintinueve a cuarentidós y ordena llevar adelante laejecución hasta que doña Juana Elizabeth Chávez Huamán pague a la ejecutante la sumade ocho mil doscientos cincuenta dólares americanos; con lo demás que contiene; yDISPONEN devolver oportunamente los autos al Juzgado remitente; interviniendocomo Vocal ponente la doctora Irene Sofía Huerta Herrera.SS. MARTÍNEZ MARAVÍ / PALOMINO GARCÍA / HUERTA HERRERAEL VOTO DEL SEÑOR LAMA MORE ES COMO SIGUE:CONSIDERANDO: Primero.- Que, suscribo los fundamentos expuestos por el A-quo,así como los que se precisan en el primer considerando del voto de la doctora Huerta
  16. 16. Herrera, respecto de la resolución que desestima la excepción de caducidad, la cual debereafirmarse. Segundo.- Que, respecto de la sentencia materia de grado, debe tenerse encuenta lo siguiente: a) Que en la relación sustantiva que da origen a este proceso,aparece como arrendador don Óscar Privat Caballero, representado por don LucianoPrivat Gonzales y como arrendataria doña Juana Elizabeth Chévez Huamán conforme seaprecia del contrato de arrendamiento de fojas tres; b) Que, conforme se aprecia delcontrato de compraventa del predio arrendado corriente de fojas sesenticinco asetentiuno, el predio fue adquirido por el referido arrendador y su conviviente doñaHermelinda Cochachi Ramón, apareciendo de dicho documento que el referido bien esuna copropiedad; c) Que, habiendo fallecido don Óscar André Privat Caballero, elcatorce de febrero de mil novecientos noventiséis, han sido declarados judicialmente susherederos doña Erika Mercedes Mayuri Maguiña y sus padres Luciano Privat Gonzalesy Elena Caballero Delgado, conforme se verifica de las copias certificadas de fojascincuentiséis a sesenticuatro. Tercero.- Que, conforme lo verifica el artículo seiscientossesenta del Código Civil, desde la muerte de una persona los bienes, derechos yobligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus herederos; en el presentecaso, las obligaciones y derechos que tenía don Óscar Privat Caballero, respecto delarrendamiento del predio sub-materia se han pasado a sus herederos, entre ellos a doñaErika Mayuri Maguiña. Cuarto.- Que, sin embargo, conforme se aprecia del contrato defojas cincuenticinco dicha heredera ha entregado el predio en comodato a la ejecutada, apartir del mes de mayo de mil novecientos noventiséis, liberándole de esa forma, de suobligación de pagar renta. Quinto.- Que, si bien la actora ha acreditado ser copropietariadel predio en referencia, sin embargo esta condición sólo le otorga las acciones queemanan de su derecho real sobre el inmueble, previstos en el artículo novecientossetentinueve del Código Civil, mas no así las que emanan de las relacionesobligacionales asumidas por el condómino. Sexto.- Que, además en la partida dematrimonio de fojas ciento veintiocho, aparece como contrayente de don Óscar PrivatCaballero doña Hilda Cochachi Ramón, y no la actora cuyo nombre completo apareceen su documento de identidad de fojas dos. Sétimo.- Que, estando a lo expuesto, a lasnormas legales glosadas y a lo expuesto en el artículo mil trescientos sesentitrés delCódigo Civil y artículo doscientos del Código Procesal Civil. MI VOTO es por que seREVOQUE la sentencia apelada, signada con el número diez, su fecha veintinueve deabril de mil novecientos noventinueve de fojas ciento treintiocho a ciento treintinueve,que declara infundada la contradicción de fojas setenticuatro, fundada la demanda defojas treintinueve a cuarentidós y ordena llevar adelante la ejecución;REFORMÁNDOLA, se declare FUNDADA la referida contradicción e INFUNDADAla demanda, con costas y costos; asimismo, MI VOTO es porque se CONFIRME laresolución número seis, cuya acta corre de fojas ciento quince a ciento dieciocho, en elextremo apelado, que declara infundada la excepción de caducidad.SS. LAMA MOREArrendamiento : Sociedad conyugalSi el predio arrendado es un bien de la sociedad conyugal conformada por la actora,debe tenerse en cuenta, que el contrato de arrendamiento es un acto de administración,por tanto, la sociedad conyugal puede ser representada en dicho contrato,indistintamente por cualquiera de los cónyuges.
  17. 17. Exp: 28379-143-98Sala de Procesos EjecutivosLima, siete de mayo de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la doctora Córdova Rivera; por susfundamentos; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, estando a la información queaparece de la ficha registral de fojas setentitrés, siendo el predio arrendado un bien de lasociedad conyugal conformada entre la actora y don Alberto Prieto Gómez, es deaplicación lo establecido en los artículos doscientos noventidós y trescientos trece delCódigo Civil; Segundo.- Que, siendo así, y teniendo en cuenta que el contrato dearrendamiento es un acto de administración, la sociedad conyugal es representada endicho contrato, indistintamente por cualquiera de los cónyuges, como lo precisa lanorma glosada; Tercero.- Que, en consecuencia, el contrato de arrendamiento celebradoentre la ejecutada y don Alberto Prieto Gómez, de fecha primero de enero de milnovecientos noventisiete, cuya copia corre a fojas ciento cinco, presentado al juzgadopor éste, mediante escrito de fojas ciento doce y siguientes, surte sus efectos, en tantono se declare judicialmente su invalidez, y prevalece frente al de fojas sesenticuatro asesentiséis, de fecha diez de diciembre de mil novecientos ochentisiete y su prórroga defecha primero de febrero de mil novecientos ochentiocho corriente a fojas sesentisiete,por encontrarse éstos con plazo vencido y por ser aquél de fecha reciente; Cuarto.- Que,en consecuencia, el recibo de fojas ochenticuatro, ha sido expedido por personalegalmente autorizada, conforme a las normas legales glosadas, y como tal surte susefectos, en tanto no se declare judicialmente su validez; CONFIRMARON la resoluciónnúmero siete, expedida en audiencia única de fecha seis de octubre de mil novecientosnoventiocho, corriente de fojas ciento treintiséis a ciento treintinueve de autos, quedeclara infundada la tacha formulada por la demandante mediante su escrito de fojasciento veintinueve a ciento treinta; CONFIRMARON la sentencia apelada, signada conel número doce, su fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventiocho, defojas ciento ochentinueve a ciento noventitrés, que declara FUNDADA la contradicciónformulada por la demandada mediante su escrito de fojas noventicinco a noventisiete,INFUNDADA la demanda interpuesta por doña Piedad Gutiérrez Gonzáles contraEmilia Linares Saldaña sobre pago de renta; con costas y costos; hágase saber y losdevolvieron.SS. FERREIRA VILDOZOLA / CORDOVA RIVERA / HUERTA HERRERAArrendamiento : Plazo indeterminadoSi el arrendador quiere dar término a un contrato de duración indeterminada, debe haceruso del art. 1703 del Código Civil, a través de la demanda judicial.Exp: 29950-98Sala de Procesos SumarísimosLima, veintiuno de abril de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la señora Encinas Llanos; yCONSIDERANDO: Primero.- que, el artículo mil seiscientos noventinueve del CódigoCivil establece que el arrendamiento de duración determinada concluye al vencimientodel plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de
  18. 18. ellas; Segundo.- que, del contrato obrante de fojas cinco a ocho de fecha dieciséis dejunio de mil novecientos noventisiete, el demandante cedió en arrendamiento a favor deTelefónica del Perú una extensión de doscientos cuatro metros cuadrados del terrenoubicado en el cerro Macavilca, distrito de Chorrillos, para el funcionamiento de laplanta transmisora de radiodifusión y cualquier otra instalación necesaria para eldesarrollo de sus actividades.- Tercero.- que, conforme a la cláusula tercera delmencionado contrato, las partes acordaron en fijar un plazo forzoso de un año, contadoa partir del primero de febrero de mil novecientos noventisiete venciendo el treintiunode enero de mil novecientos noventiocho; Cuarto.- que, asimismo del punto cuatropunto tres de la cláusula cuarta, los contratantes estipularon que “de continuar ocupandoel terreno el arrendatario al vencimiento del plazo forzoso pactado sin suscribir unnuevo contrato, el arrendamiento se convierte en indeterminado a partir del primero defebrero de mil novecientos noventiocho, en tal eventualidad, el arrendatario se obliga apagar mensualmente la suma de mil veinte dólares americanos, hasta la fecha en quecumpla con la devolución efectiva del inmueble, sin perjuicio del derecho de laMunicipalidad a iniciar la acción judicial de desalojo”; Quinto.- que, siendo esto así, yteniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda, el día doce de agosto de milnovecientos noventiocho, es de colegirse que el contrato de arrendamiento se haconvertido en uno de duración indeterminada; Sexto.- que, si el arrendador quiere dartérmino a un contrato de este tipo, debe hacer uso del artículo mil setecientos tres delCódigo Civil; Sétimo.- que, una de las formas de poner término al contrato dearrendamiento de duración indeterminada es a través de la demanda judicial; que siendoeste el caso de autos CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en el acta deaudiencia única de fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventiocho obrantede fojas cincuentinueve a sesentiuno, que declara FUNDADA la demanda y ordena quela demandada cumpla con desocupar el inmueble sub-litis en el plazo de seis días, concostas y costos; en los seguidos por Municipalidad Distrital de Chorrillos conTelefónica del Perú sobre desalojo por vencimiento de contrato.SS. ARANDA RODRIGUEZ / ENCINAS LLANOS / QUINTANA-GURTCHAMORROEL VOTO SINGULAR DE LA DOCTORA ARANDA RODRIGUEZ ES COMOSIGUE:CONSIDERANDO:Primero.- que, con arreglo a la norma contenida en el artículo mil setecientos delCódigo Civil, vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso delbien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación delarrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite sudevolución, la cual puede pedir en cualquier momento; Segundo.- que, se advierte delcontrato de arrendamiento que celebraran las partes, con fecha dieciséis de junio de milnovecientos noventisiete a que se refiere el instrumento de fojas cinco a ocho, que elplazo de duración establecido en la cláusula tercera tres punto uno, fue de un añoforzoso, el mismo que se iniciará a partir del primero de febrero de mil novecientosnoventisiete y terminaba el treintiuno de enero de mil novecientos noventiocho;Tercero.- que, concordante con el artículo mil setecientos del Código Civil antes citado,los contratantes acordaron establecer la continuación del plazo del arrendamiento alseñalar en la cláusula cuarta cuatro punto tres del contrato aludido, que “al vencimientodel plazo forzoso pactado sin suscribir un nuevo contrato, el arrendamiento se convierteen indeterminado”, de manera que no obstante que la parte demandante ha invocadoerróneamente la norma jurídica que sustenta su pretensión, ésta resulta amparable envirtud del artículo mil setecientos tres del Código sustantivo antes mencionado, toda vez
  19. 19. que el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil faculta a aplicarla norma jurídica pertinente: MI VOTO es porque se CONFIRME la sentencia apeladaexpedida en la audiencia única del dieciséis de diciembre de mil novecientos noven-tiocho, cuya acta corre de fojas cincuentinueve a sesentiuno, que declara fundada lademanda de fojas diez a catorce, interpuesta por la Municipalidad Distrital de Chorrillosen consecuencia ordena que la demandada Telefónica del Perú Sociedad Anónimacumpla con desocupar el terreno de doscientos cuatro metros cuadrados, ubicado en elcerro Macavilca del distrito de Chorrillos, en el plazo de seis días; con costas y costos; ylos devolvieron.SS. ARANDA RODRÍGUEZArrendamiento : Enajenación del bien arrendadoSi el arrendamiento no ha concluido por enajenación del bien arrendado, habiendo laadquirente decidido respetar el contrato hasta su vencimiento, la misma ha quedadosustituida desde el momento de su adquisición, en todos los derechos y obligaciones dela arrendadora, debido a que se ha configurado la situación prevista en el inc.1 art. 1708del Código Civil.Habiéndose celebrado un contrato de compraventa entre la arrendadora y la adquiriente,ahora demandante, no se produce la cesión de posición contractual prevista en el art.1435 del Código Civil, pues se requiere que la otra parte preste su conformidad.Exp: 1859-99Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento:Lima, veinte de setiembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Chahud Sierralta; por susfundamentos y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, cuando se encontrabavigente el contrato de arrendamiento celebrado por la arrendadora María Luisa delRosario de la Torre Peña con el arrendatario Antonio Cabanas Larrea, la arrendadoravendió el inmueble arrendado, mediante contrato de compraventa inscrito en losRegistros de la Propiedad Inmueble con fecha veintisiete de agosto de mil novecientosnoventiséis como se aprecia de fojas cinco de autos, celebrado con la demandante MaríaCecilia Matínez del Solar viuda de Franco; Segundo.- Que, es en calidad de nuevapropietaria del inmueble arrendado, que la demandante María Cecilia Martínez del Solarviuda de Franco pretende el pago de las obligaciones que contrajo el arrendatarioAntonio Cabanas Larrea en virtud al contrato de arrendamiento celebrado; Tercero.-Que, siendo esto así, no se puede considerar que se haya producido una cesión deposición contractual, prevista en el artículo 1435 del Código Civil, debido a que, comomanifiesta el propio demandado en su escrito de apelación, para que se produzca lamisma, era requisito que la otra parte preste su conformidad lo cual no ha sucedido en elpresente caso habiéndose por el contrario celebrado un contrato de compraventa entre laarrendadora y la adquiriente ahora demandante; Cuarto.- Que, al caso de autos, teniendoen cuenta que el arrendamiento no estuvo inscrito, es aplicable el inciso 2 del artículo1708 del Código Civil, referido a enajenación del bien arrendado, que establece que siel arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido, yexcepcionalmente, el adquirente está obligado a respetar el arrendamiento, si asumiódicha obligación; Quinto.- Que, a la fecha de enajenación del bien arrendado
  20. 20. (enajenación inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha veintisiete deagosto de mil novecientos noventiséis), la nueva adquirente no optó por dar porconcluido el contrato, por el contrario, respetó el arrendamiento hasta que venció elplazo de duración determinada, conforme a la cláusula tercera tres punto uno (3.1) delcontrato de arrendamiento que obra de fojas dos a cuatro repetido de fojas treinta atreintidós, Sexto.- Que, el arrendamiento no concluyó por enajenación del bienarrendado; Sétimo.- Que, siendo esto así y habiendo la adquirente decidido respetar elcontrato hasta su vencimiento, la misma ha quedado sustituida desde el momento de suadquisición, en todos los derechos y obligaciones de la arrendadora, debido a que se haconfigurado la misma situación de hecho prevista en el inciso 1 del artículo 1708 delCódigo Civil, en cuanto refiere que cuando el adquirente respeta el contrato, quedasustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones delarrendador; Octavo.- Que, el artículo 1704 del Código Civil establece que: “Vencido elplazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, si el arrendatariono restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar lapenalidad convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del períodoprecedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de cualquiera de ellas no importará lacontinuación del arrendamiento”; consideraciones por las cuales: CONFIRMARON lasentencia de fojas ciento diecisiete a ciento veinte, de fecha dieciséis de marzo de milnovecientos noventinueve, que declara fundada en parte la demanda de fojas dos acuatro, y ordena que el demandado don Antonio Cabanas Larrea pague la suma desesentiocho mil dólares americanos a favor de la demandante doña María CeciliaMartínez del Solar viuda de Franco por concepto de renta del inmueble sito en CarlosGraña Elizalde doscientos noventitrés San Isidro, contados a partir del mes de octubrede mil novecientos noventiséis a mayo de mil novecientos noventiocho, más intereseslegales; con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por María CeciliaMartínez del Solar viuda de Franco con Antonio Cabanas Larrea sobre obligación dedar suma de dinero.SS. BARREDA MAZUELOS / ZALVIDEA QUEIROLO / CHAHUD SIERRALTAArrendamiento : Improcedencia de la resoluciónSi bien las partes pactaron que en caso de incumplimiento en el pago de la renta por masde cuatro meses se incurriría en causal de resolución de contrato, también es cierto, quepreviamente debía cursársele el requerimiento a la demandada para la resolución delcontrato. Habiéndose pactado expresamente ello y no apareciendo de autos que se hayaprocedido al requerimiento previo, resulta prematura la demanda incoada, para procedera la resolución del contrato contemplado en art. 1697 del Código Civil.Exp: 47790-98Sala de Procesos SumarísimosLima, treinta de noviembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente la señorita Lucas Solís; yCONSIDERANDO: además: Primero.- que, la pretensión de la demandante incide en elde-salojo por falta de pago al existir una renta devengada por parte de la demandadadesde febrero de mil novecientos noventitrés hasta la fecha de la interposición de lademanda, lo que hace sesentinueve meses, existiendo un saldo de seiscientos noventa
  21. 21. dólares americanos, a razón de diez mil dólares la merced conductiva, reconociendo sinembargo la demandante la entrega de cuatrocientos cuarentiocho mil quinientos dólaresamericanos, existiendo por lo tanto el saldo de doscientos cuarentiun mil quinientosdólares americanos a los que debe agregarse veintiún meses insolutos desde marzo demil novecientos noventisiete a noviembre de mil novecientos noventiocho, lo que haceun saldo total de cuatrocientos cincuentiun mil dólares americanos; Segundo.- que, de laprueba aportada y no tachada por el demandante de fojas ciento treintisiete a doscientosveinte se acredita que la demandada canceló a Constantin Sturmer Popescu losarrendamientos de los años noventitrés, noventicuatro, noventicinco, noventiséis afebrero de mil novecientos noventisiete, que, asimismo, doña Blanca Dávila de Sturmerrecibió los arrendamientos del año mil novecientos noventisete y noventiocho en laproporción que le correspondía conforme se acredita de los recibos de fojas cientodiecinueve a fojas ciento treinticinco; Tercero.- que, del punto precedente se colige queexiste una deuda desde marzo de mil novecientos noventisiete a noviembre de milnovecientos noventiocho a favor de la sucesión del causante, que respecto de dichadeuda la demandada cursó carta notarial cuya copia obra a fojas doscientos veintiunodonde propone la compensación ya que señala que existe una deuda de ConstantinSturmer Popescu que asciende a ciento veinticinco mil trescientos cuarentiuno puntosesenta dólares americanos y reconoce una acreencia por concepto de alquileres deciento veinticinco mil dólares americanos; que dicha propuesta no fue aceptada por lademandante conforme se acredita de la copia de la carta notarial de fojas trescientosnoventa por lo tanto la misma no puede surtir efecto entre las partes; que además latacha a la carta notarial primeramente citada no deviene amparable ya que éstaconstituye el intercambio de una propuesta que podía ser aceptada o no, por lo tanto lamisma no adolece de vicio formal que la invalide; Cuarto.- que, con respecto a la tachadel contrato de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa obrante a fojasciento dos por considerar que la misma es fraguada por el hecho que no fue otorgadopor escritura pública por tanto la misma carece de fecha cierta, y habría sidoconfeccionado con posterioridad a la muerte del causante, dicha aseveración linda conlo ilícito y no encuentra sustentada cayendo en lo subjetivo, tanto mas si en la fecha decelebración del contrato doña Blanca Dávila Sturmer ostentaba la representación de sucónyuge conservando en consecuencia el contrato aludido su validez no deviniendoamparable la tacha; Quinto.- que, del contrato referido en el punto precedente apareceque las partes plasmaron su voluntad determinando libremente el contenido del mismolos que se expresan en sus dieciocho cláusulas, que si bien es cierto, se ha acreditado unreconocimiento por alquiler insolutos de ciento veinticinco mil dólares a favor de lasucesión también lo es que en la cláusula octava del contrato aludido las partes pactaronque en caso de incumplimiento en el pago de la merced conductiva por más de cuatromeses se incurriría en causal de resolución del contrato, sin embargo, previamente debíacursársele el requerimiento a la demandada para la procedencia definitiva de laresolución del contrato, por consiguiente estando a lo expresamente pactado no aparecede autos que se haya procedido al requerimiento previo, siendo prematura la demandaincoada, no procediendo la resolución del contrato contemplado por el artículo milseiscientos noventisiete del Código Civil concordante con los artículos milcuatrocientos veintiocho y mil cuatrocientos veintinueve del Código Civil; por estosfundamentos; CONFIRMARON la sentencia de fecha veintiuno de setiembre de milnovecientos noventinueve, obrante de fojas cuatrocientos treintiocho a cuatrocientoscuarenta, que declara infundadas las tachas interpuesta por la demandante Dalila EstherSturmer Ortega que corren a fojas trescientos noventidós a trescientos noventitrés y quese refieren al contrato de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y la
  22. 22. carta notarial de fecha veinticuatro de abril del presente año; improcedente la demandaque corre de fojas treinta a treintiséis, sin costas ni costos; hágase saber y devuélvase; enlos seguidos por Dalila Esther Sturmer Ortega con Colegio Hans Chistian Andersensobre desalojo.SS. SANCHEZ CASTILLO / LUCAS SOLIS / QUINTANA-GURT CHAMORROArrendamiento : Renta adeudadaSi la consignación de llaves efectuada en el proceso de desalojo no fue materia deimpugnación, los arriendos devengados deberán ser pagados sólo hasta la fecha en quese admitió la misma. El pago de penalidad debe fijarse de manera equitativa.Exp: 4760-98Sala de Procesos Abreviados y de ConocimientoLima, cuatro de junio de mil novecientos noventinueve.VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Aguado Sotomayor; con losexpedientes acompañados; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO: Primero.- Quela consignación de llaves efectuada en el proceso sobre obligación de dar suma dedinero (pago de arriendos) no surtió efecto alguno tal como se advierte de la resolucióncuya copia corre a fojas sesentiséis, su fecha ocho de noviembre de mil novecientosnoventiséis, consecuentemente los argumentos esgrimidos por los apelantes carecen deasidero legal; Segundo.- Que en cambio, la consignación efectuada en el proceso dedesalojo no fue materia de impugnación alguna, consecuentemente los arriendosdevengados sólo deberán ser pagados sólo hasta la fecha en que se admitió la misma(diez de diciembre de mil novecientos noventiséis) en estricta observancia de lodispuesto por el artículo 1707 del Código Civil; Tercero.- Que asimismo, la obligaciónque emerge del contrato y que se traduce en la permanencia del bien hasta que seefectuó la consignación, le resultan exigibles a la empresa demandada, máxime que talobligación se reconoció implícitamente en el proceso sobre pago de arriendos al habersepagado la renta hasta el mes de mayo de mil novecientos noventiséis, esto es conposterioridad al vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento siendo deaplicación para este caso lo dispuesto por el artículo 1868 del Código sustantivo;Cuarto.- Que por último, la pretensión sobre el pago de penalidad proviene del acuerdoentre las partes, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1342 delCódigo Civil, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la penalidad, elcumplimiento de la obligación, por la mora incurrida por los demandados; sin embargo,dicho concepto debe fijarse de manera equitativa, procediéndose a su rebaja a la sumaascendente a dos dólares diarios, la misma que en cuatrocientos sesenticinco días arrojala suma de novecientos treinta dólares; REVOCARON la sentencia apelada que corre defojas quinientos cinco a quinientos catorce, su fecha veintitrés de octubre de milnovecientos noventiocho que declara fundada en parte la demanda de fojas doscientostreintitrés a doscientos treinticinco, y en consecuencia se ordena que los demandadospaguen en forma solidaria a don Wilfredo Ponce de León Rosas la suma de seis milcuatrocientos dólares por el pago de arriendos, así como la suma de cuatro milseiscientos cincuenta dólares americanos por penalidad; REFORMANDOLAdispusieron que los demandados paguen la suma de cinco mil trescientos cuarentiundólares con noventa centavos de dólar, por concepto de arrendamientos devengados; y
  23. 23. la suma de novecientos treinta dólares americanos o su equivalente a moneda nacionalal tipo de cambio a la fecha y lugar de pago por concepto de penalidad, más susintereses legales; CONFIRMARON la misma resolución en cuanto ordena el pago de lasuma ascendente a ochocientos nuevos soles con setentinueve céntimos, por conceptode servicios; con lo demás que contiene; y los devolvieron; en los autos seguidos pordon Wilfredo Ponce de León Rosas contra doña Mayela Teresa Pacora Gómez deColom, don Santiago Colom Sole y la empresa “Augusto Bedoya Sociedad Anónima”,Agentes de Aduana Sociedad Anónima, sobre obligación de dar suma de dinero y otro.SS. SIFUENTES STRATTI / AGUADO SOTOMAYOR / BARREDA MAZUELOSCesión de derechosNo debe confundirse la constitución de la cesión de derechos con sus efectos. El art.1206 del C.C. señala de manera expresa que la cesión puede conformarse aun sin elasentimiento del deudor, en tanto que el art. 1215 del C.C. dispone que la cesiónproduce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es comunicadafehacientemente.Exp. N° 97-65906Sala de Procesos EjecutivosLima, catorce de enero de mil novecientos noventinueve.AUTOS y VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la señora Hidalgo Morán; porsus fundamentos y CONSIDERANDO además: Primero.- Que al haberse consentido elextremo de la resolución que resuelve declarar fundada en parte la contradiccióndenegando el remate respecto del inmueble inscrito en la ficha registral número cincomil setecientos noventidós de la Oficina de Registros Públicos de la Región de SanMartín, en este proceso, ha concluido el debate a tal respecto. Segundo.- Que además,del auto antes mencionado, es objeto de apelación la resolución de fojas doscientosquince por la que se declara improcedente la nulidad propuesta por el codemandado enrazón de la cesión de derechos afectados a favor de la demandante. Tercero.- Que conargumentos similares también la empresa codemandada Empresa de TransportesParedes Estrella ha propuesto la nulidad del mandato de ejecución. Cuarto.- Que alrespecto, cabe señalar que no debe confundirse la constitución de la cesión de derechoscon sus efectos. Quinto.- Que en virtud a ello, el artículo mil doscientos seis del CódigoCivil señala de manera expresa que la cesión puede hacerse (conformarse) aun sin elasentimiento del deudor, en tanto que el artículo mil doscientos quince dispone que lacesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o les escomunicada fehacientemente. Sexto.- Que el cumplimiento de tal formalidad, requisitoindispensable para la procedencia de la presente ejecución, se halla probada con lainstrumental de fojas doscientos cuarenta presentada como consecuencia de laabsolución de la nulidad propuesta. Séptimo.- Que las garantías hipotecarias yprendarias ordenadas ejecutar cumplen con los requisitos previstos en los artículos milnoventinueve y mil cincuentiocho del Código Civil. Octavo.- Que a efectos de suejecución deben tomarse en cuenta el monto de los gravámenes de cada una de ellas aefectos de cubrir el adeudo pendiente hasta por las sumas que sobre tales bienes se hacomprometido y figuran de manera expresa en el instrumento constitutivo de dichasgarantías. Noveno.- Que las apelaciones formuladas a fojas ciento treintidós y ciento
  24. 24. treintiocho, no proveídas oportunamente, no acarrean la nulidad de actuados en virtuddel principio de convalidación previsto en el artículo ciento setentidós del CódigoProcesal Civil, dado que la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de laresolución o en las consecuencias del acto procesal puesto que la resolución apelada defojas ochentiuno fue declarada nula por resolución de fojas ciento ochentiuno,impugnada y resuelta por esta resolución superior; de fojas ciento ochentiuno fuedeclarada nula por resolución de fojas ciento ochentiuno, impugnada y resuelta por estaresolución superior; y la apelada de fojas ciento veintitrés también ha corrido la mismasuerte; por tales fundamentos: CONFIRMARON la resolución de fojas doscientoscuarentitrés a doscientos cuarenticuatro, su fecha quince de setiembre de milnovecientos noventiocho, que declara Fundada en parte la contradicción deducida, y enconsecuencia Ordena el remate del Camión de placa de rodaje WO-8825; Remolque deplaca de rodaje ZG-6640; Omnibus de placa de rodaje UO-6706 y del inmueble inscritoen la ficha registral 1633831 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; con lodemás que contiene; y los devolvieron.SS. HIDALGO MORAN / EYZAGUIRRE GARATE / LAMA MORECesión de DerechosLa cesión es el acto de disposición, en virtud del cual el cedente transmite al cesionarioel derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, comprometiéndose en dicho actojurídico los privilegios, las garantías personales, así como los accesorios del derechotrasmitido.Se satisface la exigencia del artículo 1215 del CC, si el cesionario comunicó al deudorla adquisición de la obligación puesta a cobro, a través de la carta notarial.Exp: 99-29681-3394Sala de Procesos EjecutivosLima, catorce de diciembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Palomino García; por susfundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, conforme aparece delreverso del pagaré de fojas tres, éste ha sido cedido al ejecutante con fecha veintinuevede junio de mil novecientos noventiséis, a título personal, habiendo sido reconocido ensu contenido y firma en la prueba anticipada de fojas veinticuatro a veinticinco.Segundo.- Que, de acuerdo a los artículos mil doscientos seis y mil doscientos once delCódigo Civil la cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite alcesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, comprendiéndose endicho acto jurídico los privilegios, las garantías personales, así como los accesorios delderecho transmitido. Tercero.- Que, como es de verse de la carta notarial de fojassesenta el cesionario comunicó al deudor la adquisición de la obligación puesta a cobro,dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo mil doscientos quince del CódigoSustantivo acotado. Cuarto.- Que, la apelación de fojas noventicuatro a noventiséis sesustenta en la improcedencia de las acciones en vía de regreso planteadas sobre la basede un título valor cuya acción cambiaria ha prescrito, lo que, por los fundamentosexpuestos en los considerandos precedentes, no es el caso de autos. Quinto.- Que, porsus propios fundamentos, debe confirmarse la resolución número cuatro, contenida en laaudiencia única de fojas setenticinco, y cuya apelación ha sido concedida sin efectosuspensivo y con la calidad de diferida; CONFIRMARON la sentencia apelada
  25. 25. expedida en la audiencia única de fojas setenticinco, su fecha veintinueve de setiembredel presente año, signada con el número cinco, que declara INFUNDADA lacontradicción y FUNDADA la demanda y, en consecuencia, ordena se lleve adelante laejecución hasta que los ejecutados Rómulo Polastri Da Silva y Leonor Navarro dePolastri, cumplan con pagar al ejecutante José García Bustamante, la suma dequinientos veintinueve mil setecientos ochentisiete nuevos soles con treintiochocéntimos de nuevo sol, más intereses legales, con costas y costos; CONFIRMARON,asimismo, el auto apelado contenido en la audiencia única de fojas setenticinco, sufecha veintinueve de setiembre del presente año, signado con el número cuatro, quedeclara INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar deldemandado y de prescripción extintiva, y saneado el presente proceso; notifíquese ydevuélvase.SS. PALOMINO GARCíA / LAMA MORE / AGUIRRE SALINASCesión de DerechosNo debe confundirse la constitución de cesión de derechos con sus efectos. El artículo1206 del CC señala, de manera expresa, que la cesión puede conformarse aun sin elasentimiento del deudor, en tanto, que el artículo 1215 del CC dispone que la cesiónproduce efecto contra el deudor cedido, desde que éste la acepta o le es comunicadafehacientemente.Exp: 97-65906Sala de Procesos EjecutivosLima, catorce de enero de mil novecientos noventinueve.AUTOS Y VISTOS: interviniendo como Vocal ponente la señora Hidalgo Morán porsus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que al haberse consentido elextremo de la resolución que resuelve declarar fundada en parte la contradiccióndenegando el remate respecto del inmueble inscrito en la ficha registral número cincomil setecientos noventidós de la Oficina de Registros Públicos de la Región de SanMartín, en este proceso, ha concluido el debate a tal respecto. Segundo.- Que además,del auto antes mencionado, es objeto de apelación la resolución de fojas doscientosquince por la que se declara improcedente la nulidad propuesta por el codemandado enrazón de la cesión de derechos afectados a favor de la demandante. Tercero.- Que conargumentos similares también la empresa codemandada Empresa de TransportesParedes Estrella ha propuesto la nulidad del mandato de ejecución. Cuarto.- Que alrespecto, cabe señalar que no debe confundirse la constitución de la cesión de derechoscon sus efectos. Quinto.- Que en virtud a ello, el artículo mil doscientos seis del CódigoCivil señala de manera expresa que la cesión puede hacerse (conformarse) aun sin elasentimiento del deudor, en tanto que el artículo mil doscientos quince dispone que lacesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le escomunicada fehacientemente. Sexto.- Que el cumplimiento de tal formalidad, requisitoindispensable para la procedencia de la presente ejecución, se haya probado con lainstrumental de fojas doscientos cuarenta presentada como consecuencia de laabsolución de la nulidad propuesta. Sétimo.- Que las garantías hipotecarias y prendariasordenadas ejecutar cumplen con los requisitos previstos en los artículos milnoventinueve y mil cincuentiocho del Código Civil. Octavo.- Que a efectos de su
  26. 26. ejecución deben tomarse en cuenta el monto de los gravámenes de cada una de ellas aefectos de cubrir el adeudo pendiente hasta por la sumas que sobre tales bienes se hacomprometido y figuran de manera expresa en el instrumento constitutivo de dichasgarantías. Noveno.- Que las apelaciones formuladas a fojas ciento treintidós y cientotreintiocho, no proveídas oportunamente, no acarrean la nulidad de actuados en virtuddel principio de convalidación previsto en el artículo ciento setentidós del CódigoProcesal Civil, dado que la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de laresolución o en las consecuencias del acto procesal puesto que la resolución apelada defojas ochentiuno fue declarada nula por resolución de fojas ciento ochentiuno,impugnada y resuelta por esta resolución superior; y la apelada de fojas ciento veintitréstambién ha corrido la misma suerte; por tales fundamentos: CONFIRMARON laresolución de fojas doscientos cuarentitrés a doscientos cuarenticuatro, su fecha quincede setiembre de mil novecientos noventiocho, que declara FUNDADA en parte lacontradicción deducida, y en consecuencia ORDENA el remate del camión de placa derodaje WO-8825; remolque de placa de rodaje ZG-6640; ómnibus de placa de rodajeUO-6706 y el inmueble inscrito en la ficha registral 1633831 del Registro de PropiedadInmueble de Lima; con lo demás que contiene; y los devolvieron.SS. HIDALGO MORÁN / EYZAGUIRRE GÁRATE / LAMA MORECesión de Derechos : EficaciaSi bien no aparece documento alguno que acredite que se haya comunicado la cesión dederechos, ello no obsta para que el cesionario con derecho inscrito con anterioridadinclusive a la supuesta cancelación, ejercite los derechos que la ley le franquea, puescedió también sus derechos a los ejecutantes, si los ejecutados no han cancelado ladeuda.Exp: 898-99Sala de Procesos EjecutivosLima, veintiséis de octubre de mil novecientos noventinueve.AUTOS Y VISTOS; interviniendo como vocal ponente el señor Ferreira Vildozola; porsus fundamentos; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que, la supuesta cancelaciónde la deuda que alegan los ejecutados no ha sido probada, máxime si sus demandas denulidad de acto jurídico donde cuestionan la cesión de derechos no ya sido amparada;Segundo.- Que, asimismo, el contrato de cancelación ha sido celebrado con unrepresentante del Banco Cooperativo mediante escritura pública de fecha cierta, por loque la supuesta cancelación con documento privado no puede surtir efectos legalescontra el cesionario, si como aparece del propio Registro de Personas Jurídicas, cuyacopia corre a fojas cuatrocientos diecisiete, la persona que otorga la supuestacancelación de la deuda no tenía facultades para otorgarla sino, en todo caso, debió serel Señor José Luis Arias Sánchez con poderes para representar a las oficinas de Lima,Callao, Junín, Huaral y Huacho; Tercero.- Que, si bien no aparece documento algunoque acredite que se haya comunicado la cesión de derechos, ello no obsta para que elcesionario con derecho inscrito con anterioridad inclusive a la supuesta cancelación –pues la legalización de la firma del representante legal del banco coo-perativo es defecha posterior– ejercite los derechos que la ley le franquea –pues cedió también susderechos a los ejecutantes– si los ejecutados no han cancelado la deuda; Cuarto.- Que,en todo caso, si los ejecutados hubiesen cancelado la deuda, lo hubiesen así afirmado en
  27. 27. su demanda de nulidad de cesión en donde no lograron su cometido, por lo que supretendida cancelación de la deuda no resulta convincente: CONFIRMARON laresolución apelada de fojas quinientos cincuentinueve, corregida a fojas quinientossesentinueve de veinticinco de junio y doce de julio del año en curso, que declarainfundada la contradicción y, en consecuencia manda se saque a remate el inmuebledado en garantía; con lo demás que contiene y los devolvieron.SS. FERREIRA VILDOZOLA / RAMOS LORENZO / PALOMINO GARCIACláusula penal (A)La cláusula penal es exigible en tanto haya mora del deudor demandado. En el contratode prestaciones recíprocas existe mora sólo desde que una de las partes cumple suobligación u otorga garantías de que la cumplirá.Expediente 1679-94TERCERA SALA -95Lima, treinta de mayo demil novecientos noventicinco.-VISTOS; interviniendo como Vocal ponente el señor Ramírez Jiménez; conlosacompañados; y, CONSIDERANDO: que si bien la excepción de pleito pendienteera congruente con la existencia del proceso en el que se discutía la eficacia del contratodel que forma parte el pacto de cláusula penal cuyo pago se demanda en éste, debeapreciarse sin embargo, que dicho proceso seguido ante el Décimo Sexto Juzgado Civilse encuentra ya terminado, habiendo recaído en él la Ejecutoria Suprema de fojas cientosiete, su fecha veinte de Abril de mil novecientos noventa que declaró infundada lademanda de resolución de contrato y por tanto a la fecha no existe litigio pendiente queimpida el pronunciamiento final en esta causa; que, por otro lado, la Ejecutoria Supremaha declarado con calidad de cosa juzgada que don Pío Delgado Arguedas incumplióparcialmente su obligación de arrendador, condenándolo por dicho motivo a devolverparte de la renta mensual cobrada por concepto de alquileres; que esta situación tieneefectos jurídicos en la solución del presente proceso, atendiendo a que: a) queda claroque el demandante estaba incurso en mora al incumplir parcialmente su prestación; b)que tratándose de una cláusula penal ésta es exigible en tanto haya mora del deudordemandado, mora que ha pretendido ser interpelada con la carta notarial de fojas dos; c)que sin embargo, siendo que el vínculo entre las partes deriva de un contrato conprestaciones recíprocas, no existe mora mientras no se dé uno de los supuestos delartículo mil trescientos treinticinco del Código Civil(1), d) que por consiguiente, nohabiéndose producido la mora del deudor no le es exigible la cláusula penal; que en esteorden de ideas, debe apreciarse que la cláusula penal pactada en la cláusula quinta delcontrato de arrendamiento de fojas tres es de naturaleza moratoria, desde que subsumeen dicho pago tanto el monto de la renta como el de los daños y perjuicios ocasionadospor la no entrega del bien, por lo que debe considerarse que ha sido parcialmente pagadacon las consignaciones verificadas en el expediente acompañado que versa sobredesahucio, lo cual supone que el daño por el incumplimiento ha sido resarcido en el
  28. 28. extremo del daño emergente y por tanto, los derechos del demandante se encuentranequitativamente reconocidos; que, finalmente, en lo procesal se aprecia que elexpediente acumulado no se ha terminado de tramitar, pues no existe el decreto queotorga plazo para la formulación de alegatos, omisión que sin embargo no es del casosancionar con nulidad por no causar agravio alguno al derecho de las partes;CONFIRMARON la sentencia de fojas trescientos dieciocho, su fecha quince de Juliode mil novecientos noventicuatro, que declara infundada la demanda acumulada de fojasdiez, debiendo entenderse que es IMPROCEDENTE ; sin costas; y los devolvieron.-Señores: SAEZ PALOMINO / RAMIREZ JIMENEZ / CASTILLO VASQUEZ .Cláusula PenalEl juez no puede reducir el monto a pagar por compensación e indemnización, fijado enel contrato, sin que haya sido solicitado por el deudor. La cláusula penal solo puede serreducida a solicitud de parte.Exp: 8023-98Sala de Procesos Abreviados y de ConocimientoLima, uno de setiembre de mil novecientos noventinueve.VISTOS: interviniendo como Vocal ponente el señor Sifuentes Stratti; yCONSIDERANDO: Primero.- Que, viene en grado de apelación la sentencia de fechatreinta de octubre de mil novecientos noventiocho corriente de fojas noventicuatro anoventisiete, que declara fundada en parte la demanda y por resuelto el contrato decompraventa. Segundo.- Que, del escrito de demanda y modificatoria de fojas dieciochoa veinticuatro y veintisiete a treinta respectivamente, se aprecia que las pretensiones dela demandante son: 1) que se aclare resuelto el contrato de compraventa; 2) se ordene larestitución del inmueble materia de la compraventa; 3) se considere los pagos hechospor el demandado como compensación por el uso del bien e indemnización por daños yperjuicios; y, 4) el pago de costas y costos del proceso. Tercero.- Que, del análisis de lasentencia apelada, se aprecia que el A-quo en el sétimo considerando de la misma,reduce el monto a pagar por compensación e indemnización referido en la cláusulacuarta del contrato suscrito, sin que haya sido solicitado por el demandado (deudor),contraviniendo lo dispuesto por el artículo 1346 del Código Civil, que señala que lacláusula penal sólo puede ser reducida a solicitud de parte, y al no haberse pedido ello,el Juez ha incurrido en error. Cuarto.- Que, del mismo modo, en la parte del fallo de lasentencia materia del grado, se advierte que el Juez fija un solo monto por concepto porcompensación por el uso del bien e indemnización, lo que evidentemente no resultaprocedente por cuanto su tratativa debe ser en forma independiente; por estosfundamentos, DECLARARON NULA la sentencia apelada su fecha treinta de octubrede mil novecientos noventiocho corriente de fojas noventicuatro a noventisiete, quedeclara fundada en parte la demanda, resuelto el contrato de compraventa, restitución elinmueble materia del contrato de compraventa, estableciendo como indemnización pordaños y perjuicios en favor del demandante el pago de tres armadas de cuatrocientostreinticuatro dólares americanos cada una por un total de un mil trescientos dólaresamericanos; y que reembolse el valor de las demás armadas o cuotas recibidas;ORDENARON que la Juez de Primera Instancia emita nuevo pronunciamiento conarreglo a ley; DISPUSIERON que estos actuados seguidos por Belka S.A. con Gonzalo

×