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Debate abierto sobre el estado, los conflictos y las tareas pendientes de la construcción de ciudadania en Bolivia. ...

Debate abierto sobre el estado, los conflictos y las tareas pendientes de la construcción de ciudadania en Bolivia.
Este libro se imprimió con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
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Esta publicación es propiedad de PADEM, se autoriza su reproducción, total o parcial, a condición de
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    Y NOS LLAMAN CIUDADANOS… Y NOS LLAMAN CIUDADANOS… Document Transcript

    • Y NOS LLAMAN CIUDADANOS… DEBATE ABIERTO SOBRE EL ESTADO, LOS CONFLICTOS Y LAS TAREAS PENDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN BOLIVIA Autores: Fernando Molina Andrés Gómez Vela Waldo Albarracín Sánchez Fernando Mayorga U. Isabel Mercado Edición: Isabel Mercado Heredia Diseño: Arturo Rosales Fotografias: Harold Wolff Este libro se imprimió con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE Esta publicación es propiedad de PADEM, se autoriza su reproducción, total o parcial, a condición de citar la fuente y la propiedad. Impreso en Bolivia 2012
    • Presentación Fernando Molina Capítulo I El proyecto de ciudadanización 5 7 Andrés Gómez Vela Capítulo II Mestizo, ¿concepto que une a Bolivia? 19 Waldo Albarracín Sánchez Capítulo III La ciudadanía en el nuevo proceso socio político 49 Fernando Mayorga U. Capítulo IV Ciudadanía en tiempos de transición estatal 79 Isabel Mercado Capítulo V ¿Y nos llaman ciudadanos? 101
    • PB
    • Presentación Desde hace 30 años se está construyendo en Bolivia un sistema democrático. Un primer balance es en general positivo, si consideramos que este periodo permitió la convivencia pacífica y civilizada de la sociedad, aún en los momentos de mayor discordia política, y posibilitó una amplia participación ciudadana en los asuntos públicos. Como todo proceso político, la democracia boliviana es un proceso inacabado, cuyo destino está íntimamente ligado al curso de las reformas estatales y a la construcción de la institucionalidad del Estado. No obstante, la solidez de la democracia involucra, también, la participación de la sociedad civil. A diferencia de otros países donde esta participación de los ciudadanos casi se circunscribe al ejercicio del voto, en Bolivia es la fuerza vital y energía del sistema democrático. La participación ciudadanía es también un proceso en construcción. Implicó, por una parte, una serie de conquistas producto de las luchas sociales a lo largo de la historia republicana que se fueron incorporando en el ámbito público, y por otra, un conjunto de normas jurídicas, de derechos y obligaciones, que vienen delineando la relación entre el Estado y la sociedad. Desde el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), nos parece necesario alentar un debate plural para aportar, desde distintas visiones, a identificar y analizar aquellos factores que permiten que la ciudadanía deje de ser un ideal y se constituya en una condición real y una práctica cotidiana. Analistas y periodistas como Isabel Mercado, Fernando Mayorga, Waldo Albarracín, Andrés Gómez y Fernando Molina, entregan en esta obra sus puntos de vista y reflexiones, que convergen en una idea central: la calidad de la democracia resulta del ejercicio de una ciudadanía plena. Nuestro agradecimiento a estos aportes y a la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo – COSUDE, que hace posible esta publicación. Martín Pérez Coordinador AOS PADEM
    • PB
    • Fernando Molina Periodista y escritor. Autor de numerosos ensayos, entre ellos tres folletos de la serie Pensadores bolivianos: Guillermo Francovich, René Zavaleta y Vicente Pazos Kanki (Gente Común, 2011), y El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (dos ediciones: 2009 y 2011). Ha publicado numerosos artículos en obras colectivas, revistas, periódicos y sitios web de La Paz, Santiago de Chile, México y Madrid. Capítulo I El proyecto de ciudadanización Dos siglos de construcción de la democracia boliviana
    • 8
    • Fernando Molina Una ciudadanía irresuelta, permanentemente en ciernes, es la que advierte Fernando Molina en este ensayo que recorre la historia republicana del país para fundamentar su hipótesis. Una ciudadanía integral, “real”, que trascienda la visión minimalista de un ejercicio de la misma en tanto poseedora de derechos exclusivamente políticos, es lo que plantea para alcanzar una participación plena en todos los aspectos de la vida pública y del cumplimiento de derechos civiles y socioeconómicos, de los ciudadanos. “Ciudadanos” son, ya desde Grecia, al menos quienes poseen derechos políticos, quienes pueden elegir y ser elegidos. La cursiva se debe a que los griegos pensaban que las personas formaban parte orgánica de la polis y, por tanto, los ciudadanos, además de tener derechos y obligaciones políticas, también tenían que cumplir un determinado papel económico y social (que era el dominante, como se sabe). Esta concepción antigua se ha replanteado una y otra vez hasta el presente, en enconada lucha contra la visión “minimalista” de la ciudadanía, que la considera una categoría exclusivamente política. Como veremos, la historia política de Bolivia no ha sido ajena a este debate. 9
    • Una implicación de la concepción organicista de los griegos era la siguiente: los derechos y las obligaciones políticas estaban relacionados con determinadas cualidades de riqueza, proveniencia, etc. Sólo podían ejercer este privilegio los griegos ricos, si se trataba de una oligarquía, y los griegos de cierta prosperidad, si se trataba de una democracia. La ciudadanía, entonces, era una condición rara. La sociedad moderna ofrece ciudadanía política a todos los adultos de un país y esto tiene serios efectos sobre la naturaleza del poder: lo descentra, lo limita, lo torna plural. El resultado es un sistema de iguales –en la base– e instituciones poliárquicas –en la cúpula–: la democracia. Llamamos aquí, entonces, “proyecto de ciudadanización” al proceso que va desde una situación de extraordinaria restricción de la ciudadanía política, reservada para castas que, por tradición o por fuerza, estaban destinadas al mando, y llega al punto de su extensión a todos los miembros de una sociedad. También refiere la construcción institucional que sustenta y asegura esta expansión de la ciudadanía, este salto del “poder como tutela” al poder como “res publica”. En este ensayo veremos cómo este proyecto se despliega a lo largo de la historia de Bolivia. Seguiremos su trayectoria, que es la de la democracia (si entendemos ésta, de forma restringida, como equivalente a ciudadanía política). Veremos en acción, también, la crítica “interna” a este proyecto, que es la que denuncia la diferencia entre las promesas y las realidades de la democracia, y observaremos su asedio por parte de una crítica “externa”, que considera la “ciudadanía política”, la igualdad ante la ley, no como un fin sino como un medio para avanzar más allá de la democracia (profundizarla o intensificarla), hasta llegar a la ciudadanía “real” (socioeconómicamente igualitaria). La crítica externa a la democracia apunta a la llamada “ciudadanía real” y, por tanto, a la “post-democracia”, o democracia orientada a objetivos socioeconómicos, que lleva diversos “apellidos”, como “democracia como redistribución” y “democracia de alta intensidad”. El punto de partida La posibilidad de pasar de la condición de “súbditos” a “ciudadanos” se abrió en Charcas con la llegada los ejércitos extranjeros que ayudaron 10
    • al país a independizarse de la Corona española. Los “argentinos”, primero, y los “colombianos”, después, predicaron la liberación de España para seguir el camino de otras metrópolis europeas, a fin de obtener también, en estas tierras, la modernidad capitalista y un gobierno de tipo republicano. Estas ideas se expresaron en la primera Constitución boliviana, redactada por Simón Bolívar y aplicada por el presidente José Antonio de Sucre. Dicha Constitución separa al Estado de la Iglesia e intenta incorporar a los indígenas a la sociedad mediante la eliminación de las medidas de protección y sometimiento que se les aplicaba durante la Colonia, tales como la preservación de los aborígenes en comunidades agrarias y, simultáneamente, en guetos políticos organizados de acuerdo a sus propios usos y costumbres. El símbolo de tal propósito fue la suspensión del tributo indígena. La sociedad boliviana temprana no estaba preparada para este tipo de reformas. Sucre fue resistido y echado del país, con el apoyo de otras élites sudamericanas igualmente preocupadas por su liberalismo; pero también para alivio de los indígenas, que de buen grado volvieron a pagar el tributo indígena que les garantizaba la seguridad de su vida tradicional. En las leyes quedaron el gobierno republicano, la democracia y la ciudadanía política, pero en gran parte como una hipocresía, como dice Octavio Paz, es decir, un arreglo de conveniencia que, dada la imposibilidad de adoptar otras formas de gobierno como la monárquica o la aristocrática, permitía cierta movilidad de las élites y, además, desarmaba la contestación de los incipientes grupos liberales. Pero en los hechos no había posibilidad para la democracia política, la separación de poderes, etc., puesto que durante el siglo XIX: a) faltaba el espíritu republicano: la elite no creía más que en el tutelaje de una oligarquía ilustrada (que cada facción creía encarnar), y consideraba que los demás ciudadanos no estaban capacitados para gobernar; b) el único actor político era el Estado, conformado por los empleados públicos y un abultado ejército que se desarrolló a partir de las tropas nacionales empleadas en la guerra de Independencia; c) la mayoría de la población se hallaba fuera del circuito económico, anclada en la agricultura de supervivencia, y perduraban los privilegios de nacimiento, con lo que una parte de la población debía servir al grupo dominante. (El caso boliviano prueba que un requisito necesario para el funcionamiento de un régimen 11
    • republicano, basado en ciudadanos, es una mínima difusión de la propiedad privada y por tanto de la idea de igualdad). Como resultado de todo esto, hasta fines del siglo XIX, lo predominante fue el cesarismo militar, por medio del cual cada uno de los grupos dominantes imponía su tutelaje sobre la sociedad. Nacimiento del proyecto de ciudadanización En este contexto, el proyecto de ciudadanización (a partir de la superación del caudillismo militar, de la crítica del concepto del tutelaje – es decir, del gobierno de “los mejores” que anula la participación de los demás ciudadanos–, del respeto del voto, de la representación y división de poderes), se convirtió, desde 1880 hasta la tercera década del siglo XX, en el gran objetivo de la modernización boliviana. Tanto el Partido Conservador, clerical, y el Partido Liberal, positivista, que buscaban una ciudadanización aristocratizante, como, después, el Partido Republicano, que la quería más popular; cada uno a su manera, intentaron sentar las bases políticas e institucionales de la democracia nacional. Estas parcialidades compartían un mismo núcleo de creencias: que la sociedad blanca y mestiza (pero no los indígenas) tenía derechos iguales para gobernar al país y que, por tanto, debía establecerse una competencia periódica entre las visiones y los líderes existentes. Que, puesto que había que prescindir de los indígenas, la democracia debía ser censitaria y la ciudadanía política limitada. Que la participación política tenía que realizarse a través de representantes. Que el triunfo de una determinada corriente no debía implicar la aniquilación de las otras, y que por tanto debía garantizarse su libertad de pensamiento y acción. Además, en economía eran librecambistas. La democracia que construyeron, sin embargo, fue una imperfecta realización de estos ideales. Aunque arrebataron a los césares del siglo XIX la exclusividad del derecho de gobernar que, aprovechando su dominio sobre el ejército, se habían atribuido, no lograron erradicar del todo las revoluciones (las hubo en 1899 y 1920, para permitir el ascenso de los liberales, primero, y de los republicanos, después); ni tampoco garantizar 12
    • el sufragio libre de los pocos –o los algo más numerosos– que consideraban ciudadanos. No sólo porque siempre hay una distancia entre los deseos y los hechos. También porque, debido al escaso desarrollo del país, la élite dependía en exceso del Estado en la obtención de sus rentas como para aceptar fácilmente la pérdida de su control. Y porque la exclusión indígena ralentizaba la aparición de una clase media urbana y rural que presionara sobre los límites dentro de los que se había encerrado a la ciudanía política (reservada para los blancos) y, como suele decirse, se pusiera la democracia (el debate ideológico, el funcionamiento de las instituciones) sobre los hombros. El proyecto de ciudadanización se desplegó, entonces, impulsado y atascado por una incesante crítica interna: cada partido y aun cada facción acusaba a sus predecesores y adversarios de tergiversarlo o, lo que era más frecuente, de aprovecharse de él con propósitos subalternos. La gran consigna de esta época fue “voto limpio”. La crítica externa a la ciudadanización oligárquica La crítica externa al proyecto oligárquico de ciudadanización comenzó en los años 20 del siglo XX y se agudizó durante las dos décadas siguientes a causa de eventos como el triunfo del comunismo y el fascismo en Europa, la Gran Depresión, el keynesianismo y, en Bolivia, por la organización de los primeros partidos marxistas y el desarrollo del nacionalismo, que adquirió cuerpo dentro o cerca del Partido Republicano. Nacionalistas y marxistas portaron esta crítica, que pese a su carácter “externo”, también se hizo en nombre de valores liberales (el carácter limitado de la ciudadanización, que no reconocía la igualdad política de los indígenas), así como en nombre de valores no liberales (la necesidad de una ciudadanización socioeconómica de los bolivianos). En el primer ámbito, el liberal, la crítica externa combatió las restricciones del régimen electoral, cerrado para los indígenas y, parcialmente, para las mujeres; así como la corrupción de este régimen. La consigna que articuló esta lucha fue la de “voto universal”. En el segundo ámbito, que podríamos llamar “estructural”, la crítica externa dictaminó que el proyecto de ciudadanización había fracasado, 13
    • pues sus resultados económicos y sociales habían sido magros: el país vivía de la minería, pero las ganancias de esta industria salían al extranjero o enriquecían a la clase propietaria, sin favorecer al Estado ni impulsar un proceso de diversificación económica. Al mismo tiempo, el erario carecía de casi todo y sus servicios educativos, de salubridad e infraestructura se hallaban en condiciones paupérrimas; el escaso dinero disponible se destinaba por íntegro a pagar salarios al ejército y a la burocracia de La Paz. La causa de este fracaso, decía el nacionalismo, se debía a la traición por parte de la oligarquía gobernante a la causa nacional. El empresariado minero, la incipiente intelectualidad que surgía en torno a las actividades mineras, los políticos del orden, todos ellos servían a los intereses extranjeros y defendían los suyos propios, por encima y en contra de los intereses del país. Esta crítica “mixta” concluía en que la democracia construida por el proyecto oligárquico de ciudadanización había sido hasta entonces una “democracia imperialista”, “yanqui” e incluso, se decía, “judía”. Como puede verse, la crítica “externa” (Robert Dahl la llamaría “adversaria”) a la democracia, desde los años 30 y 40, se caracteriza por tres elementos que siguen vigentes hasta nuestros días: a) exige una ampliación del “demos”, es decir, de los ciudadanos con derechos políticos; b) demanda una ciudadanización socioeconómica; y c) por esto se articula, aunque con diferencias y contradicciones, con la crítica antiliberal o anticapitalista.1 La crítica del MNR El partido que encarnó exitosamente este tipo de crítica combinada al proyecto de ciudadanización precedente fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que triunfó en la Revolución Nacional de 1952 y dio origen a un régimen igualmente combinado, a la vez liberal (eliminó los restos de servidumbre, incluyó a los indígenas en el voto, difundió una educación igualitaria, estableció una nueva y más extensa institucionalidad democrática) y antiliberal (estatizó la minería, acabó con las haciendas, incorporó a los sindicatos al poder). 1 Por eso puede darse coincidencias y “alianzas” entre la crítica a la democracia de un Guillermo O’Donell, que postula la ciudadanización socioeconómica pero no es anticapitalista, y la de un Luis Tapia, que sí lo es. 14
    • Nótese que, pese a las oportunidades que tuvo para ello, no hizo una obra puramente antiliberal, es decir, fascista o socialista; no quiso eliminar la democracia ni achicar la ciudadanía política. Sin embargo, en los hechos entorpeció la evolución de ésta al subordinarla a un proceso de ciudadanización socio-económica. En efecto, garantizar un orden democrático nunca fue lo más importante para la Revolución Nacional, y frecuentemente se vio esta tarea como un obstáculo para avanzar en lo que de verdad importaba, esto es, la emancipación socioeconómica del país. Después de la Revolución En los años 60, la debacle del poder del MNR dio lugar a dos corrientes opuestas, cada una de las cuales se basaba en determinados aspectos de la Revolución Nacional. Por un lado, el nacionalismo de derecha, desarrollista, que encarnaron los gobiernos militares de los 60 y 70, se apoyó en los aspectos antiliberales del proceso de 1952 (inclusive en la utilización de los sindicatos), mientras rechazaba disimuladamente su aspecto liberal. Así, aunque organizando algunas elecciones y manteniendo una retórica supuestamente democrática, en los hechos quiso “eliminar” la ciudadanía política y resucitar el cesarismo del siglo anterior. Con el apoyo de los Estados Unidos, estableció un poder fuerte que, siguiendo las recetas industrialistas intentó desarrollar al país. La expresión más cruda de esta tendencia la constituyó el gobierno dictatorial del General Hugo Banzer (1971-1978). La segunda línea fue el nacionalismo de izquierda, llamado también “izquierda nacional”, que contó con el apoyo de las diferentes alas (menos la cubana) del Partido Comunista. Su deseo era rescatar las banderas antiimperialistas (en concreto, antiestadounidenses) que había arriado el nacionalismo de los 40. Para esta corriente, que se basaba en la “teoría de la dependencia”, el subdesarrollo de Bolivia no era la suma de las carencias que diferenciaban al país de las metrópolis, sino el resultado directo de la existencia y el éxito económico de las metrópolis, las cuales explotaban al país. Las formas que adquiría esta explotación eran: a) el comercio injusto, b) una división del trabajo dentro de la cual las metrópolis se reservaban el papel más sostenible y rentable, y c) la succión de capitales por medio de la deuda y de la repatriación de las utilidades de las empresas extranjeras. La burguesía era funcional en este mecanismo de explotación, 15
    • pues tendía a globalizarse y por tanto a subordinarse al capital trasnacional. Su contribución específica a mantener el estado de las cosas era política: empleaba el nacionalismo militar para evitar el control social sobre sus privilegios y capitulaciones. Ergo, una parte de la lucha antiimperialista exigía apartar a la oligarquía local, apoyar a los sectores burgueses auténticamente nacionales (algo en lo que había fallado la Revolución, que en lugar de constituir una burguesía capitalista autónoma había restituido la oligarquía dependiente del extranjero de antes de 1952) y restaurar la democracia. Sólo esto aseguraría un desarrollo endógeno, libre de la interferencia imperialista y, en esa medida, exitoso. Puesto que el causante del subdesarrollo era el imperialismo, sacando al imperialismo de en medio (realizando la “liberación nacional”) se podía superar el subdesarrollo. Puesto que el imperialismo prohijaba al nacionalismo militar (o “gorilismo”), que era cesarista como el del siglo XIX, entonces la lucha revolucionaria y antiimperialista, en Latinoamérica, revestía simultáneamente un carácter democrático. En una palabra, la izquierda nacional intentaba devolverle un carácter democrático y endógeno al capitalismo de Estado heredado de la Revolución Nacional: laboraba por la reaparición de una sociedad “mixta”, en la que existiera una mayor ciudadanía política, aunque subordinada en última instancia a la ciudadanización socioeconómica. Sus sectores más marxistas suponían que así se acercaba de forma progresiva, y por tanto realista, a una futura sociedad socialista. A fines de los 60, sin embargo, una facción de la izquierda procuró zafarse de la ideología nacionalista, de la visión de la revolución como una sucesión de dos etapas y romper, entonces, con la ya mencionada “sociedad mixta”. Esta facción, constituida por el comunismo guevarista (fuerte luego de que el Che Guevara muriera en 1967 en un bosque del sur del país, en lucha contra el nacionalismo de derecha), se sumó al trotskismo en la formulación de la línea abiertamente revolucionaria y antidemocrática del pensamiento boliviano, con un apoyo político mayor, aunque igualmente circunscrito a los sectores medios radicalizados. Paradójicamente, el guevarismo y el trotskismo combatieron a la “moderada” izquierda nacional, que en esa época había logrado colocar en 16
    • el gobierno a dos militares que le eran favorables: los generales Alfredo Ovando y Juan José Torres, que gobernaron, sucesivamente, de 1969 a 1971. Con ello la extrema izquierda contribuyó al triunfo de Hugo Banzer, la expresión más conspicua del nacionalismo de derecha. Este yerro anuló a la izquierda radical hasta hoy. En 1982, en cambio, la izquierda moderada o “nacional”, organizada en la Unión Democrática Popular (UDP), reconquistó la democracia y cortó 11 años de nacionalismo militar. Al mismo tiempo, intentó continuar con el capitalismo de Estado, pero éste ya hacía aguas desde hacía mucho (los motivos son múltiples; aquí no los mencionaremos). Se produjo entonces una crisis económica sin precedentes, en la que tampoco abundaremos, pero que hundió a la izquierda nacional y, con ella, al nacionalismo en general. En 1985, una nueva opción apareció en el escenario. Desde la Revolución Nacional, el proyecto de ciudadanización política sólo había perdurado, y de forma conflictiva, en el nacionalismo de izquierda. A lo largo de los años había adquirido un sentido acusadamente popular. En 1985 cambia de signo y, después de medio siglo, vuelve a aparecer en su versión aristocratizante. Su nombre ahora es “gonismo” (por “Goni” Sánchez de Lozada, su impulsor, que curiosamente se había convertido en el candidato del MNR). En correspondencia con ello, los siguientes 15 años se usaron para echar abajo el capitalismo de Estado y establecer reglas liberales para la economía. Todos los aspectos antiliberales de la “sociedad mixta” que postulaba el nacionalismo de izquierda fueron combatidos y cuidadosamente erradicados. Por primera vez se decidió que la ciudadanización política “completa”, es decir, sin exclusiones censitarias, tendría la primacía, es decir, ya no debería subordinarse al propósito de ciudadanización socioeconómica. ¿Era el “fin de la historia” (es decir, de esta historia)? No, no lo era. El proyecto neoliberal, por razones que tampoco corresponde señalar aquí, no alcanzó su propósito de extender el capitalismo y desarrollar al país. Así, junto con este siglo, comenzó una etapa de confrontación entre las clases trabajadoras y los gobiernos democráticos, alimentada por el descubrimiento de grandes reservas de gas natural. Esto avivó la tendencia a reconstruir un Estado concentrado predominantemente en la redistribución de las rentas de los recursos naturales. Junto con el levantamiento popular antiliberal surgió la “nueva 17
    • izquierda” boliviana, que, en esencia, hizo una reformulación de las principales ideas del nacionalismo revolucionario. Nuevamente estamos ante un intento de apropiación de los excedentes modernos del país para su uso, desde el Estado, en un sentido desarrollista, y, simultáneamente, ante un proceso de sustitución del proyecto de ciudadanización aristocratizante por un proceso más radical de participación popular y de ampliación del demos (a favor de los indígenas). Es decir, nuevamente se trata de construir una sociedad “mixta”, en la que la ciudadanización política esté subordinada y, aún más, a expensas de las necesidades de la ciudadanización socioeconómica (“vivir bien”), que para algunos sólo llega hasta la construcción de un capitalismo de Estado firmemente controlado por el partido oficial, pero para otros debería proyectarse hacia el “socialismo comunitario”. Una vez más, gracias a ello, la ciudadanización política ha quedado truncada y sometida a diversos riesgos. Entre 2006 y el presente, la nueva izquierda desmanteló la mayor parte de los controles y frenos que se había construido en el pasado para evitar el retorno al “trono” de un personaje frecuente de la historia nacional, el caudillo autoritario. En contra de su propia promesa de conceder una mayor participación política a los sectores populares, y a su autodefinición como un “gobierno de los movimientos sociales”, lo que ocurrió en verdad fue un incremento enorme y peligroso del poder del Presidente y sus colaboradores más directos, y un intento de disciplinar en torno a ese poder a los disidentes (a muchos de los cuales se enjuicia o amenaza con enjuiciar), a las organizaciones sociales (que son combatidas con energía cuando se movilizan en contra del Gobierno) y a la prensa (presionada y, en consecuencia, autocensurada). Con ello, la lucha por la ciudadanización política continúa siendo una tarea pendiente para los demócratas. Al mismo tiempo, las relaciones entre ésta y la ciudadanización socioeconómica siguen siendo una cuestión abierta, que es necesario dilucidar por medio del debate teórico. 18
    • Andrés Gómez Vela Periodista y abogado. Director Ejecutivo Nacional de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), docente de Periodismo de Opinión de la Carrera de Comunicación de la UMSA. Autor de MedioPoder, Derecho a la Información; No levantarás falsos testimonios; Los periodistas y su ley. Capítulo II Mestizo, ¿concepto que une a Bolivia?
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    • Andrés Gómez Vela Lo mestizo define el ser boliviano. Como con la cultura humana a lo largo de la historia, los procesos de mestizaje –político, social, religioso, cultural, migrante y hasta tecnológico- han ido configurando al ciudadano boliviano y con él a un Estado que, también con sus transformaciones, está pariendo “un nuevo ser boliviano”. Este es el trayecto – que encarna a la vez un desafío y una hipótesis- que esboza el autor de este texto. Cuando Dios echó al mundo a Caín, en realidad lo condenó al mestizaje, a mezclarse con sus semejantes de su misma especie, pero de otra cultura. Y cuando los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se repartieron por la tierra, tras el diluvio, en realidad tomaron el destino del mestizaje, que terminó de materializarse en la Torre de Babel, cimentada sobre la base de la soberbia del hombre, destruida a su vez por el soberbio poder de Dios, quien para mestizarlos aún más hizo que hablaran lenguas diferentes, sin dejar de ser iguales, hijos de un solo Creador, pero con idiomas distintos para interpretar el mundo, crear cultura, pelearse y volverse a mezclar. Y si fuera insuficiente el origen bíblico del mestizaje, la ciencia estableció que la cuna de la humanidad es África y la madre de todos los seres humanos, una mujer negra, cuyos hijos se lanzaron a conquistar el mundo, a producir culturas, lenguas, a diferenciarse. Aquellos que se asentaron en el extremo norte de Europa, debido a su poca exposición al 21
    • sol, evolucionaron de un cutis negro a un cutis blanco, debido a la escasez melanina en su piel, mientras que los que se quedaron en América y África evolucionaron con bastante melanina para defenderse de los intensos rayos del sol. Siglos después, los descendientes de estos seres que habían salido de una misma casa inventaron medios de comunicación, transporte y se volvieron a encontrar, ya sea en el comercio o la guerra, dos espacios esenciales del mestizaje. A través del comercio viajaron la moda -en las telas de vestir (la seda china) como sigue sucediendo hoy- las armas, los utensilios de trabajo y de hogar (las alfombras persas); y mediante la guerra se sustanció la violencia destinada a imponer por la fuerza un sistema de gobierno, una lengua, unas costumbres, una cultura sobre la otra derrotada. Cásese con la teoría que usted quiera, el ser humano que habita estas tierras (Abya Yala, América, Amérrika, llámelo también como quiera) es resultado de ese origen mestizo, ya sea divino o científico. Es producto de ese movimiento permanente de oriente a occidente, de occidente a oriente, de sur a norte, de norte a sur. En tal sentido, el primer imperio de la humanidad, erigido por Alejandro El Magno, conquistó a casi todos los pueblos del mundo conocido de entonces, por tanto, los sometió al mestizaje político, económico, social y cultural. La historia, que narra las guerras y las transacciones comerciales entre persas, lidios, egipcios, sumerios, griegos, aztecas, mayas, aymaras, quechuas, cuenta, en realidad, la mezcla que hubo en las formas de entender el mundo, el principio del tiempo, la filosofía de vida, las producciones intelectuales y materiales. Roma sucedió al imperio alejandrino y conquistó casi toda la Europa continental, donde está Iberia, hoy España, a donde premió a sus soldados destacados con tierras fértiles. Ahí está Mérida, una ciudad con amplia herencia romana, de donde partieron los conquistadores, entre ellos Francisco Pizarro, quien nació en Trujillo, Extremadura, donde además de musulmanes y romanos se asentaron muchos años antes los visigodos. Los musulmanes se quedaron en esas tierras casi 800 años (711-1492), hasta que los expulsaron los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes luego financiaron el viaje del italiano Cristóbal Colón hacia el nuevo continente. El latín, lengua romana, dio origen al castellano y el árabe legó muchos vocablos que comienzan con “al” (albañil, alcantarillado, 22
    • albahaca) y denominó Al-Ándaluz a la península y llamó Isbiliya a Sevilla y, Garnata a Granada y la exclamación ¡Oh Alá! derivó en ojalá. Por lo visto, Pizarro y sus amigos ya vinieron a América mestizos y se encontraron con los incas, quienes por entonces habían sometido a casi todos los pueblos de esta parte del mundo, entre ellos a los aymaras y a otras culturas. Por ello, los indígenas ecuatorianos hablan una lengua impuesta, el quichua, y no sienten ninguna simpatía por sus conquistadores, los incas. La similitud de creencias entre las hoy llamadas naciones andinas revela esta mezcla. Lo propio pasó con Hernán Cortez, otro extremeño que sometió a los aztecas, quienes a su vez habían sometido a los toltecas, chichimecas y otros pueblos de la zona. Los imperios, sean incas, aztecas, romanos, españoles o británicos, han tenido el mismo espíritu: expandirse, imponer su forma de deletrear el mundo, imponer una cultura sobre otra y generar una tercera cultura; en resumen, generar procesos de mestizaje. Los mestizos españoles llegaron a mezclarse con los mestizos americanos o abya yaleños, quienes además, según la ciencia, tienen herencia asiática, basta ver los rasgos, no por nada mi apodo es “Chino”, mi lengua madre es el quechua y mis apellidos son ibéricos. ¿Dónde está lo originario original (valga la tautología)? ¿En las polleras sevillanas de las paceñas o en las trompetas que alegran a los morenos o en los abrigos de vaquero estadounidense del grupo paceño Los Intocables? ¿O en alguna de las tres caras del Señor del Gran Poder? ¿Dónde? ¿En los hijos de los aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños que engendraron hijos en Argentina o España y quienes muy pronto volverán como hijos de otra cultura? El sujeto indígena originario campesino no fue ni es un concepto acuñado para nominar una raza o cultura pura, sino una categoría sociopolítica formulada por la filosofía y el pensamiento políticos a fin de incluir a las mayorías nacionales en la construcción de la bolivianidad y superar así su marginamiento de la administración del Estado, aunque no de la historia de la humanidad, en la cual tuvieron una presencia imborrable. Y en este tiempo de la opulencia comunicacional, de la sociedad punto com, con Internet de por medio, estamos destinados, como Caín, a mezclarnos más. ¿Una pruebita? “Feisbuqueamuay” (en quechua, 23
    • “háblame por facebook”), le dice la madre a su hija que vive en España. Y ella responde: “Ya mamay, chateamusqayqui, qjaya” (“está bien madre, te chateó mañana”). Mestizaje político Bolivia no está al margen del devenir de la humanidad. Este hecho se refleja en la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por una Asamblea Constituyente con amplia presencia indígena y respaldada por un gobierno comandado por un indígena, Evo Morales Ayma. Cualquier repaso del texto constitucional refleja que está nutrido de instituciones europeas de la democracia liberal, partiendo del mismo concepto demos (pueblo) cracia (gobierno), que en lengua griega significa el gobierno del pueblo. Obviamente que a este sustantivo se han agregado algunos adjetivos, entre ellos comunitario, que por cierto deriva del término francés comuna, y que hoy designa a una organización que une diferentes intereses nacionales en un histórico proyecto político: la Comunidad Económica Europea. De hecho que las instituciones de la democracia directa, plebiscito y referéndum también tienen origen foráneo. El primero se acuñó en Roma a partir de una acción política de consulta a la plebe (clase social que carecía de los privilegios de los patricios) respecto a un tema de interés de ese grupo. El segundo también nació en Roma, del latín referre, referir, a partir de una decisión del poder de consultar al pueblo romano respecto a una norma específica. Obviamente que en la nueva Constitución figuran nuevos términos, por ejemplo, el bien vivir o el vivir bien, que coincide mucho con la Teoría de la Suficiencia propuesta por Hans Kung1, comprendida como la forma de vivir con bienes espirituales y materiales básicamente necesarios para desarrollarse como ser humano sin restar al otro ni acaparar bienes en desmedro de la humanidad. Bajo la lógica de rescatar lo mejor de cada sistema o etapa histórica de la humanidad y fusionarlo en el documento más importante de un país, la Constitución registra la trilogía inca: ama sua (no seas ladrón), ama llulla 1 Kung, Hans; Proyecto de una ética mundial, Editorial Trotta, Sevilla, España, 1991. 24
    • (no seas mentiroso) y ama kjella (no seas flojo); además del imperativo filosófico indígena de conservar la armonía entre el ser humano, los otros seres vivos y la Madre Tierra. Sin embargo, gran parte de la estructura organizativa del Estado Plurinacional tiene origen europeo comenzando del mismo Estado, que termina de gestarse en Roma como la máxima expresión jurídica de una sociedad sobre la base primigenia de concertación de un grupo de personas llamado “patricios”. Desde aquel momento, la estructura organizativa del Estado evolucionó hasta el ente actual cimentado sobre la separación institucional de poderes, inspirada, en un principio, por el historiador griego Polibio, cristalizada en Inglaterra desde antes de 1600 y teorizada ampliamente por Montesquieu2 en la antesala de la Revolución Francesa, que luego acabó con el gobierno de los hombres y engendró el gobierno de las leyes. Fue tal la expansión de ese pensamiento político que las sociedades democráticas de esta parte del mundo institucionalizaron los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y algunos estados como el boliviano, incluyeron el Electoral, al que encargaron la administración del sistema un ciudadano un voto para la elección libre de autoridades y para la constitución de aquellos poderes. En pocas palabras, la filosofía política propuesta por el liberalismo, en su lucha contra la casta dominante de la edad medieval europea, se materializó en el hecho y el derecho también en Bolivia. El mismo liberalismo reprodujo en la teoría del pensamiento y la práctica política los valores esenciales de la humanidad que figuran en el constitucionalismo boliviano desde 1825 hasta la fecha: libertad, igualdad, justicia, fraternidad, tolerancia, defendidos hoy a ultranza por los llamados movimientos sociales. Los derechos universalmente defendidos son resultado de ese proceso de mestizaje de la humanidad, como el caso de la libertad de expresión, que germinó en Inglaterra con la Areopagítica de Miltón3; se 2 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu en el libro XI del “Espíritu de las leyes”, atribuye la libertad de que gozaba Inglaterra a la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y a la existencia de frenos y contrapresos entre esos poderes sobre los que estableció esas doctrinas como dogmas del constitucionalismo liberal. 3 Areopagítica: Discurso de John Milton al Parlamento de Inglaterra sobre la libertad de impresión sin censura; es un tratado polémico en prosa de 1644, se encuentra entre las defensas filosóficas más influyentes del derecho a la libertad de expresión, el cual fue escrito para oponerse a la censura y a la necesidad de licencia de impresión y está considerado una de las defensas más elocuentes de la libertad de prensa. 25
    • constitucionalizó luego en Estados Unidos con el famoso artículo redactado en 1776 por George Mason4 y hoy figura en casi todas las constituciones de los países democráticos. Este largo proceso se expandió aún más tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del 10 de diciembre de 1948, con la declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por los estados aglutinados en Naciones Unidas y por la que se autoimponen la obligación de garantizar una treintena de derechos esenciales del ser humano para que pueda desarrollarse como persona. La evidencia de este mestizaje político está en el constitucionalismo boliviano, que si bien en la Constitución de 2009 rescata algunos principios de los pueblos precolombinos que habitaban esta parte de América, sustenta su arquitectura jurídica en principios mundiales como la elección libre de las autoridades por voto popular, la división de poderes, la máxima de que todos somos iguales ante la ley, el amparo constitucional y la acción de libertad. El pensamiento político se construyó en siglos, desde los presocráticos, pasando por los clásicos, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Marsilio de Padua, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau hasta los contemporáneos Popper y Bordieu. Y las ideologías se fueron enganchando y mezclando a tal punto que el liberalismo dio nacimiento al socialismo y al comunismo y éste hizo que volviera el liberalismo, esta vez vestido de globalización. Obviamente que cada sociedad, cada nación, cada Estado, cada pueblo puso su sello al sistema político que adoptó. Impuso su particularidad a los principios e instituciones establecidos por la democracia, lo que significa que las democracias no fueron ni son iguales en todas partes: unas son presidencialistas, otras parlamentaristas, pero tienen una matriz común que data de hace siglos y ha ido experimentando una evolución colectiva. En el caso boliviano, apenas desde hace 30 años que experimenta avances sorprendentes. Es probable que hasta el momento la historia de la teoría política haya bebido muy poco de la fuente del pensamiento de los pueblos 4 Primera enmienda: El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. 26
    • indígenas de América, pero también es probable que beba más en el proceso de cambio y en esta etapa descolonizadora que recién comienza. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, la institucionalidad democrática de Bolivia, no dejará de ser la máxima expresión del mestizaje jurídico-político, lo más seguro es que se acentúe la mezcla por la propia naturaleza de la evolución de la filosofía política, que se reproduce a partir de otras fuentes universales de conocimientos y sirve, a su vez, como cantera para que otras culturas sigan produciendo saberes. Mestizaje religioso - cultural Los pueblos precolombinos eran panteístas y politeístas, tenían dioses como los griegos o los romanos para cada fenómeno o circunstancia, por ejemplo, Tunupa era el dios andino del rayo, Zeus el Griego y Thor representaba lo mismo en la mitología nórdica y germánica. Además, cada familia tiene hasta ahora una deidad a la que “tributa ofrendas” para recibir su protección (la llaman Esquina en el Norte de Potosí) al igual que la tenían las familias romanas5. Otros pueblos americanos creían y creen todavía que las montañas, los ríos, los árboles, la selva tienen vida propia y a todo lo inexplicable lo representan con una deidad, al igual que otras culturas de África y de Asia. Cuando llegaron los españoles a esta parte del mundo, trajeron consigo, como ya es sabido, la espada de acero de la conquista, la cruz, y con ella, un dios y una religión. El carácter monoteísta de su religión intentó desbaratar en un primer momento la cosmovisión de los pueblos indígenas, cuyos componentes no comprendían la dualidad o el maniqueísmo del mundo cristiano entre el bien y el mal, dios y el diablo, sino como un proceso de complementariedad dialéctica del mundo donde el bien y el mal podían convivir. 5 De las “numinas” primitivas surgieron las primeras diosas o dioses, casi todos ellos relacionados con la vida agraria (ejemplo: Saturno). Los romanos invocaban y daban culto a estas divinidades, no para honrarlas, sino para que no les perjudicasen y protegiesen sus cosechas. Como conviene a la vida sencilla de entonces, las deidades se reparten en dos grupos generales, las agrícolas y las domésticas. Las agrícolas se relacionaban en con un lugar dado o con una determinada actividad de labranza, y el jefe de la familia tiene la obligación de cumplir las ceremonias que estimulan los favores de los “menemes” o dioses de la casa, representada por el jefe militar, son las “ penates”, guardianes de la despensa; los “lares”, dioses del hogar, velaban por la buena suerte de la familia (http://www.deguate.com/infocentros/educacion/recursos/historia/religionromana.htm) 27
    • Como en toda conquista comandada por la fuerza, en este caso la espada española impuso la cruz a toda esta parte del mundo. Sin embargo, si bien los indígenas aparentemente aceptaron en silencio la religión foránea, pintaron con lo suyo la nueva creencia, de ese modo, quechuizaron, aymarizaron, guaranizaron o chiquitanizaron el catolicismo y dieron nacimiento a una nueva religión sobre la base del sincretismo. Entonces el dios Tunupa se fundió con el Tata Santiago y la Pachamama con la Virgen María y Dios con Viracocha; y en el curso de siglos se fue construyendo toda la nomenclatura religiosa que se tradujo, en parte, en el calendario de fiestas que hoy marca el tiempo de los bolivianos. De esta manera, hay decenas de poblaciones altiplánicas con el nombre del Apóstol Santiago, entre las más conocidas están: Santiago de Guaqui, Santiago de Huari, Santiago de Machaca, Santiago de Bombori, Santiago de Huata. En ese mismo sentido, decenas poblaciones del oriente boliviano fueron bautizadas por los conquistadores con nombres de santos de la religión invasora: San José de Chiquitos, San Miguel de Chiquitos, San Javier de Chiquitos, San Rafael de Chiquitos, San Joaquín, San Ramón, Santa Ana del Yacuma, San Ignacio de Moxos, Magdalena, San Lorenzo. Y para redondear la mezcla, la Virgen María se reprodujo, según las características y cultura de cada región del país: Virgen de Copacabana (La Paz), Virgen de Urkupiña (Cochabamba), Virgen de Chaguaya (Tarija), Virgen de Cotoca (Santa Cruz). Posiblemente por cálculo político de los primeros españoles, el calendario santoral cristiano coincide con las fiestas y ritos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la fiesta de la Cruz, que se celebra cada 3 de mayo, choca con el Tinku que se realiza en las poblaciones del Norte de Potosí, Pocoata, Macha, donde se sostienen feroces peleas a puño limpio en honor a la Pachamama. Se trata de una ancestral administración anual de la violencia que da como resultado una catarsis colectiva que desinfla la violencia acumulada en los ayllus durante 12 meses. En este proceso de indigenización de la religión católica, las fiestas más expresivas como el Señor del Gran Poder en La Paz, que representa la Santísima Trinidad, Dios, Padre e Hijo, se constituye en una de las más ricas fuentes de expresión artística y folklórica de la cultura aymara españolizada, donde se exponen bailes emblemáticos del altiplano con la fe de recibir una merecida retribución del Dios de los invasores. 28
    • Lo propio sucede con el Carnaval, una celebración importada de Europa, que coincide con la Anata Andina, fiesta ancestral para celebrar la primera cosecha brindada generosamente por la Pachamama. En esta fecha se realiza una las entradas más famosas a nivel mundial, el Carnaval de Oruro, para venerar a la madre de Jesús, María, representada en esta ocasión por la Mamita del Socavón. En estas y otras suntuosas festividades se exponen los bailes más representativos del país, entre ellos la Morenada, que representa el sufrimiento de los negros que llegaron desde África a las minas de Potosí, donde no pudieron aguantar el frío que se produce a más de 4.000 metros. La crudeza del clima los obligó a recluirse en regiones calidas como los Yungas, donde algunos de ellos se dedicaron, desde hace siglos, a la siembra de la hoja de coca y muchas de ellas hoy visten de cholas con diminutas trenzas encrespadas debido a su cabello ensortijado. Según estudiosos, el traje de la Morenada simboliza los toneles de vino donde los antepasados de los afrobolivianos se escondían de los explotadores españoles y la matraca grafica el sonido de las cadenas de los esclavos que arrastraban al caminar lentamente por el peso de los grilletes. Los hijos y las hijas de la comunidad afroboliviana son hoy producto de la mezcla de tres culturas que se generaron en tres continentes: África, América y Europa. Al igual que la anterior, la danza de los Waqatokjoris tiene un origen y una explicación. Es una parodia de la carrera de toros que habían traído los españoles como una forma de diversión; los nativos incluyeron en la coreografía a las lecheras, quienes mueven frenéticamente sus caderas que sostienen una decena o más polleras abultadas. Y ¿qué se puede decir de la danza de los caporales? Es la representación de los capataces que controlaban el trabajo de los esclavos negros, cuya coreografía y vestimenta han sido hábilmente estilizadas en los últimos años, a tal punto que se ha convertido en el baile favorito de jóvenes de todas las clases sociales. En cambio la Diablada, la danza emblemática del Carnaval de Oruro, refleja la rendición y pleitesía de la deidad del mal a la Virgen del Socavón. En tanto, la diabólica figura que representa al diablo encarnó en el llamado Tío de la mina, adorado hasta hoy por los trabajadores mineros, pese a que sus antepasados incas no tenían ni la más remota idea del supay 29
    • español (diablo en idioma quechua). El Tío de la mina, ubicado generalmente a la entrada al socavón, es una estatua de yeso con largos cuernos de toro, quijada afilada de conquistador, ojos vidriosos, mirada satánica y un inmenso falo que sobresale entre sus piernas y llega hasta sus rodillas. Los mineros consumen en su honor, alcohol y coca para recibir su protección. Los instrumentos utilizados para bailar las danzas sincréticas, antes descritas, tienen su origen en otros países. Las trompetas, sacabuches, trombones y tubas fueron inventados en otras naciones, no en Bolivia, mas son los que mejor sintonizan con la alegría del alma quechua o aymara. Ejemplo palpable del mestizaje musical. La fusión de la música es mayor en las ciudades bolivianas de los valles. Por ejemplo, en Cochabamba y el Norte de Potosí, el instrumento que prima en las fiestas del calendario señalado es el charango, que no es más que el resultado del achicamiento de la guitarra española, que derivó a su vez de la baglama egipcia popularizada por los árabes. A éste se suman el saxofón y el acordeón, que en Carnaval desgranan sus armónicos sonidos hasta activar el espíritu creativo de los famosos taquipayanacus (coplas picantes), que tienen sus raíces en el contrapunteo de las tunas españolas. De hecho que la cueca, baile preferido y practicado con elegancia en los valles tarijeños y el Chaco tiene su origen en las danzas sevillanas. Lo mismo se puede decir de la chacarera, desarrollada con matices criollos en la geografía de la cultura guaraní y bailada al son de melódicos violines y guitarras. Tal es el mestizaje cultural que la fiesta europea de Todos Santos ha sido dotada de elementos andino-amazónicos, particularmente en lo que toca a la resurrección de los muertos y su retorno a la vida convertidos en espíritus por algunas horas, como un preludio de la resurrección definitiva de los cristianos, tal y como proclama la Biblia. Redondean este largo camino de la mezcla a todo nivel las religiones occidentales adoptadas por la población boliviana: católica, cristiana, mormona, evangélica, Testigos de Jehová, etc. Se apropiaron del Dios de los invasores y lo dotaron de sus particularidades como la challa y lo feminizaron al sobreponérsele la Madre Tierra. Muy pocas personas practican en el siglo XXI una religión estrictamente nativa, la mayoría practica el sincretismo religioso. 30
    • Mestizaje social Es cierto que muchas comunidades indígenas mantienen sus trajes típicos, pero la mayoría de la población boliviana ha adoptado la vestimenta occidental o la ha adaptado a su cultura; verbigracia, la chola ha tomado como base el vestido de las sevillanas, al que ha convertido en una falda larga acampanada llamada pollera. Del mismo modo, desaparecieron las ropas típicas que vestían los hombres en la era precolombina, entre ellas los uncus, y fueron reemplazadas por las ropas universalizadas por Europa y Asia, entre ellas los pantalones. Hoy, la mayoría de la población boliviana viste al ritmo de la moda universal, creada en los centros comerciales estadounidenses y europeos. En esta inevitable globalización se copian peinados, colores y símbolos usados en otras latitudes del mundo. Esta mezcla se reproduce en los nombres y apellidos de las personas, la mayoría de origen ibérico, Gonzáles, Pérez, Sánchez, López, Santander, y nombres de la misma cuna, Gonzalo, Jesús, Pedro, María, Martha, Susana, aunque en el último tiempo han sido copiados nombres anglosajones, Jonatan, Windsor, Steve, Wilson, debido a la influencia de la cultura de masas difundida a través de la televisión y el cine. Otro considerable porcentaje tiene apellidos nativos y españoles: Chávez Aruquipa, Pérez Mamani; Morales Ayma, Noza Villarroel y recientemente, en buena hora, ha resurgido el aprecio por los nombres de las culturas originarias: Inti, Wáskar, Iyambae, Túpac, Tuma, Kory Sonkjo, Tika. La cocina de los bolivianos está llena de platos ibérico-americanos: Sajta, Chicharrón, Pique, Charkekan, Majadito, Saice. Se preparan con ingredientes nativos y traídos de otros países como la salchicha o la hamburguesa. Los muebles y su disposición en los hogares han sido pensados entre artesanos del país y extranjeros, desde el living, la mesa con diseños tiwanakotas o europeos, hasta las sillas con características orientales y las camas elaboradas con madera de las selvas bolivianas, pero diseñadas en otras latitudes del mundo. No se salva el tiempo de ocio, donde se destaca la práctica del deporte, entre ellos, el fútbol, que es la actividad favorita, ya sea en tierras 31
    • bajas o altas; y, como todos sabemos, el juego de la pelota es un deporte que tiene sus orígenes en tierras mayas y asiáticas, pero las reglas del football han sido otorgadas por Inglaterra, desde donde se expandió al resto del mundo. Con el fútbol sufren collas, cambas, chapacos, vallunos, y se genera una especie de cohesión nacional cuando juega la Selección Boliviana, sea en un torneo sudamericano o en las eliminatorias a la Copa Mundial. Tal ha sido la influencia, que los equipos bolivianos tienen nombres extranjeros, The Strongest, que en lengua inglesa quiere decir, el más fuerte; Blooming, que se traduce como floreciendo; o Wilstermann, un apellido extranjero convertido en símbolo del fútbol de tierras quechuas (”La Wilster”). A estos se suman los emblemáticos Oruro Royal (Oruro), Stormers (Sucre), Destroyers (Santa Cruz), Always Ready (La Paz) o el Achacachi Football Club, equipo que representa a una emblemática ciudad aymara, ubicada en el altiplano paceño. A esta realidad se suman las transmisiones televisivas en vivo de partidos de las ligas más famosas del mundo, española, italiana, inglesa, además de la argentina o la brasileña, lo que crea una cultura deportiva mestiza e incide mucho entre niños, adolescentes y jóvenes, quienes lucen en sus encuentros camisetas de los equipos de esos países con los nombres de Leonel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. Otros deportes como el básquetbol o el voleibol, también de origen extranjero, en ambos casos, estadounidense, son muy practicados en las escuelas y colegios del área rural, donde se organizan pequeñas olimpiadas, como solían hacerlo los griegos, salvando las distancias, 500 años antes de Cristo, para poner en vitrina a sus mejores atletas en carreras de fondo, velocidad, lanzamiento de disco. Y por si faltara algún deporte se cultiva el ajedrez, cuya cuna está en Asia. A este proceso de aculturación, si usted quiere ponerle un nombre más diplomático, se debe la reproducción de modismos que viajan entre los países a través de los medios de comunicación. Por ello, es muy común escuchar reproducir en Bolivia términos muy mexicanos como cuate, chavo, chapulineada, cantinflada o dar nacimiento a una especie de dialecto como el quechuañol (quechua español), similar al spanglish que nació en algunas regiones de Estados Unidos donde vive un gran número de migrantes latinoamericanos. 32
    • Mestizaje migrante Según una encuesta de la Fundación Unir, realizada en 2006, más del 42% de la población boliviana6 ya no vive en el lugar donde nació, de ese total, más del 66% está constituido por jóvenes que oscilan entre los 18 y 24 años. De acuerdo con el estudio, las urbes que reciben mayor migración de otras ciudades o de localidades del mismo departamento son Santa Cruz, Tarija, El Alto, Oruro y Cobija. Miles de los migrantes dejaron las poblaciones donde nacieron por razones de estudio, de trabajo, familiares o en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Algunos de ellos volvieron a sus terruños llevando consigo nuevas costumbres o formas de ver la vida, mientras que otras, definitivamente han echado raíces en su nuevo destino. Las personas que han decidido cambiar de ciudad o salir de una provincia a una urbe han llevado consigo, además de su bolsa o mochila de viaje, su cultura, la que practican en la región donde se encuentren, ya sea mediante la comida, el baile, la música, el arte, las costumbres, pero también han ido adquiriendo rasgos culturales de los habitantes de su nueva residencia. Por eso bailan con soltura envidiable una morenada o un taquirari, cantan con insuperable “originalidad” una cueca, un huayño o un huayño-cumbia. Y contagian la challa (tributo a la Pachamama) en Cobija, el Chaco o Tarija. Aquellas personas que han marchado solas, por razones de estudio o trabajo, han tejido nuevas relaciones sociales con jóvenes de la ciudad donde ahora viven, y muchas de ellas y ellos se han casado o han constituido pareja con una mujer u hombre del lugar, conformando una especie de matrimonios interculturales, en los cuales la vida está llena de diversidades culinarias, musicales, lingüísticas, en definitiva, culturales, que terminan por materializarse en carne y hueso en los hijos y las hijas, quienes casi de forma automática crean una tercera cultura. Dicho de otro modo, los niños y las niñas de padres y madres de diferentes ciudades y culturas que nacieron en poblaciones distintas a la de sus progenitores interactúan en las instituciones de su ciudad natal y crecen como progenitores de una nueva cultura. 6 Fundación Unir. Encuesta nacional: Diversidad cultura, hoy 206 (http://www.unirbolivia.org/nueva3/index.php?option=com_content&view=category&l ayout=blog&id=7&Itemid=16) 33
    • A la migración interna se agrega la externa. De acuerdo con datos de 2008 del Servicio Nacional de Migración (Senamig)7, los connacionales residen en 44 países del mundo. Se calculó aquella vez que 1.797.495 millones de bolivianos son inmigrantes regulares legales y 400.000, irregulares. También se estableció, a través de las legaciones diplomáticas, que la cifra real de connacionales en el exterior ronda las 2.274.925 personas, si se toma en cuenta a los bolivianos no radicados de forma regular. De ese total, se concentra en Sudamérica el mayor número de emigrantes: 1.269.183; le sigue Europa, donde hay 366.566; en Norteamérica viven 148.094; entre África, Asia y Oceanía, 6.932; y en Centroamérica, 6.720. Gran parte de los migrantes prefieren destinos como Argentina, Brasil, España, Italia y Estados Unidos. Los migrantes al exterior, casi en su totalidad, no llevan consigo bienes materiales, por el contrario, van en busca de ellos; sin embargo, cargan, como ya dijimos líneas arriba, las narraciones culturales que heredaron para interactuar en su nuevo mundo. En ese sentido, los compatriotas que ahora viven en Estados Unidos aprendieron una lengua que, en términos sociolingüísticos, significa conocer un nuevo código de interpretación de la realidad para desarrollarse como persona. En términos psicosociales, significa ser parte de un proceso de aculturación. Imagine por un momento a una pareja de bolivianos que ha tenido hijos en España, de donde hace 520 años llegó una parte de sus ascendientes, a cuya cuna volvieron ellos y ellas como quechuas, aymaras, mojeños o simplemente cruceños, potosinos y cochabambinos y se reprodujeron biológica y culturalmente. La mezcla es más interesante todavía si la pareja es binacional, padre español y madre boliviana o viceversa. Se repite la mezcla de la conquista, cinco siglos después, pero en otras condiciones, aunque en todo caso sería un re-mestizaje. Es probable que muchos de ellos y ellas retornen y se reestablezcan en alguna ciudad boliviana; es muy probable que sólo traigan unos euros y en algunos casos ni un solo dólar; pero de seguro que habrán traído una o dos mochilas cargadas de nuevas costumbres, usos y formas de ver del mundo. Y si retornan sus hijos e hijas, por supuesto, llegarán con una valija repleta de elementos culturales diferentes dispuestos a impregnarse de la 7 Informe del Servicio Nacional de Migración (Senamig) de 2008, (http://cedla.org/obess/node/1306) 34
    • bolivianidad. Y si volvieran con esposo europeo o esposa americana o asiática, la interculturalidad será aún más marcada. Mestizaje tecnológico En medio del mestizaje social, político, económico, llegaron las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que dinamizaron más este proceso porque son vehículos de la cultura de masas y espacios de aculturación. En un primer momento, la radio puso en circulación rápida entre los países del orbe nuevas realidades e ideologías, encapsuladas en información. Luego el cine no sólo mostró imágenes de otras latitudes, sino se convirtió en un exportador de modelos de vida y de entender un mundo que ya había comenzado a achicarse. Con más poder llegó la televisión, que expandió como reguero de pólvora la cultura de los países dominantes por lo que fue acusada de pretender homogeneizar el mundo en desmedro de las denominadas civilizaciones débiles, debido a que había saltado de vehículo a productor de la cultura de masas. Esta realidad quería decir que la nueva tecnología no sólo había sumado la imagen al lenguaje de la información, sino que se convertía en la generadora de nuevas escalas axiológicas, patrones sociales, filosofías de vida a través del código de la distracción, traducido en telenovelas, series o programas de humor como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Bolivia se metió de lleno en ese mundo imaginario, pero sin compartir casi nada, sino dejándose subsumir por los productores de la cultura universal. Con la televisión por cable las posibilidades se multiplicaron y los débiles diques nacionales se rindieron. La cultura avasallante llegó en exclusiva desde todas las esquinas del mundo a cada hogar que así lo solicitó. Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación constituyen, en este mismo momento, la máquina infinita de la globalización, que a decir de Zygmunt Bauman8, pone en serio 8 Bauman, Zygmunt, La Globalización, consecuencias humanas, Editorial Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1999. 35
    • cuestionamiento el Estado Nacional porque se comprime el espacio/tiempo en el viaje de la economía a tal punto que mantiene un paso de ventaja sobre cualquier gobierno que intente limitar los movimientos de las transnacionales. La red Internet es la dinamizadora de la globalización. “En la actualidad, todos vivimos en movimiento. Muchos cambiamos de lugar: nos mudamos de casa o viajamos entre lugares que no son nuestro hogar. Algunos no necesitamos viajar: podemos disparar, correr o revolotear por la Web, recibir y mezclar en la pantalla los mensajes que vienen de rincones opuestos del globo”, dice Bauman y agrega, “pero la mayoría estamos en movimiento aunque físicamente permanezcamos en reposo. Es el caso del que permanece sentado y recorre los canales de televisión satelital o por cable, entra y sale de espacios extranjeros con una velocidad muy superior a la de los jets supersónicos y los cohetes cósmicos, pero jamás permanece en un lugar el tiempo suficiente para ser algo más que un transeúnte, para sentirse chez soi”. Ante la inevitabilidad de este fenómeno, el premio Nóbel Joseph Stiglitz se preocupa de hacer funcionar la globalización9 y el sociólogo español Javier Castell asegura que vivimos en una sociedad red que está cambiando toda nuestra liturgia de vida, desde el trabajo, pasando por la economía, hasta el tiempo de ocio. Por las redes sociales, Facebook, Twitter, circula la vida, la economía, la cultura, la revolución, como en el caso de la llamada Primavera Árabe. Bolivia ingresa cada vez más a este mundo, y los bolivianos van asumiendo el reto de comprender Internet como el nuevo canal de integración al mundo en todos los ámbitos. Prueba de ello es que en algo más de seis años el acceso de la población nacional a Internet creció casi en un mil por ciento. En 2004, se calculaba que apenas 100 mil personas tenían acceso a la red; en 2011, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que 800.000 bolivianos están conectados a Internet, al margen de las personas que esporádicamente usan el servicio. Una de las repercusiones de este proceso de crecimiento se constata en el lenguaje que creativamente va inventando nuevos verbos: feisbuquear, tuitear, chatear. Y si tomamos en cuenta que la base del 9 Joseph E. Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización, editorial Taurus, Argentina, 2006. 36
    • mestizaje cultural es la lengua, pues, inequívocamente ingresamos en un terreno de simbiosis permanente entre cosmovisiones distintas. La cereza sobre la torta tecnológica la representa el teléfono móvil, conocido en Bolivia como celular, que facilitó en tiempo real el viaje de la mezcla cultural a través de los servicios que presta desde un simple teléfono hasta un reproductor de música, video o soporte de Internet. Según informes de la ATT, más del 80% de los habitantes del país usa el celular. Naciones Unidas recientemente reportó que de los siete mil millones de personas que viven en la tierra, seis mil millones cuentan con acceso a telefonía. Estos datos demuestran que, como nunca antes en la historia de la humanidad, estamos interconectados entre los seres humanos, lo que significa que vivimos una etapa de irreversible conexión de realidades, historias de vida, pensamientos, sentimientos y recorremos un camino sin retorno a la constitución de un ser global con rasgos muy particulares de cada país o continente, pero con muchos elementos universales. Y Bolivia no está aislada de este proceso. Del Estado criollo al proyecto de Estado mestizo El historiador Charles Arnade plantea en su libro “La dramática insurgencia de Bolivia” que el país es el resultado de la voluntad de un grupo de criollos que, tras ver cómo eran derrotadas las tropas realistas, se pasó al bando de los independentistas y decidió quebrar el sueño de la Patria Latinoamericana, pero más que todo la posibilidad de unidad con el Bajo Perú, y constituir un nuevo Estado con un único objetivo: preservar sus privilegios en desmedro de la mayoría indígena del país. Ese grupo oportunista, según otros historiadores, estuvo constituido también por mestizos, definido en aquel momento a partir de la genética como hijo o hija de un padre o una madre española con una madre o un padre indígena. En otras palabras, determinado a partir de la “sangre” y no tanto de la cultura. En este marco, la historia cuenta que los llamados “doctorcitos”, entre ellos Casimiro Olañeta y José María Serrano, tramaron de manera truculenta el nacimiento de Bolivia excluyendo a la mayoría indígena. Bolivia nació como feudo de un pequeño grupo de hijos de españoles que no pelearon por la libertad ni por la justicia, sino que usaron 37
    • su formación académica y política para preservar sus privilegios de sangre, de casta, en el nuevo Estado. El sujeto indio había sufrido tal derrota en 333 años que no tenía capacidad ni siquiera para cuestionar la constitución del nuevo país, pese a que había combatido obligado en ambas filas, tanto entre los independentistas como entre los realistas, aunque algunos historiadores dicen que, en realidad, los indios permanecieron alejados de esta contienda que se definió entre españoles, criollos y mestizos. Recién en la Guerra del Pacífico el indio asoma como sujeto con existencia republicana en las filas del Ejército Boliviano, pero sin comprender claramente el valor mismo de la Patria, sino como un sujeto impelido a defender algo que no consideraba suyo por la traición que había sufrido en su nacimiento por parte de los parteros de la República. Desde entonces y hasta la Guerra Federal el indio estuvo ausente en la construcción del destino de Bolivia. Recién a finales de siglo XIX, el indígena emerge como aliado de las filas federalistas, con Zarate Willca, para derrotar a los republicanos. La traición de los federalistas terminó con la vida de Willca y se ratificó la predominancia criollo-mestiza en la conducción de los destinos de la República. El episodio de la Guerra del Chaco (1932-1935) demostró que la columna vertebral del Ejército Boliviano eran los indígenas, pues, fueron ellos, quienes al final defendieron a la Patria que no fundaron, pero por la que pelearon desde sus mismos inicios, con héroes como el “Tambor Vargas” y los guerrilleros de Ayopaya o los quechuas como Alejo Calatayud, entre otros. La contienda del Chaco no sólo desnudó el uso instrumental de los indígenas sino que incubó una conciencia política en el sujeto nativo, pero particularmente, en los mestizos, quienes comprendieron, en este episodio, que Bolivia no era un Estado, sino un simple conglomerado de seres humanos que vivían sin un sentido de Patria, sin un ideal de hombre, como unos desheredados que el destino había puesto en unos límites territoriales a los que no consideraban como propios ni comprendían la razón de vida de una república llamada Bolivia. Es decir, no sabían el significado de Bolivia, ni por qué ellos y ellas tenían que ser bolivianos. 38
    • Este estado de la conciencia social fue leído con acierto por intelectuales de la talla de Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, Hernán Siles Suazo, Víctor Paz, Wálter Guevara Arce, Juan Lechín Oquendo, entre otros, quienes, luego, como resultado de esa interpretación propusieron la inclusión de los indígenas con el objetivo de preparar el nacimiento del nuevo ser boliviano a través de medidas ineludibles y muy necesarias en ese momento: 1. Nacionalización de las minas, para producir riqueza desde el Estado y redistribuirla con el fin de acondicionar un país con igualdad. 2. Devolución de la tierra a los hijos legítimos de Bolivia, los indios, para restar poder económico a la rosca minero feudal y erigir una burguesía nacional. 3. Educación para todos y todas con el fin de crear, en las aulas, al nuevo ser boliviano libre. 4. Participación política de los indígenas a través del voto universal para incluirlos en la responsabilidad de la conducción del Estado, pero sólo con el deber de elegir y no con el derecho de ser elegidos. El 9 de abril de 1952 comenzó a nacer el nuevo Estado y el nuevo ideal del hombre boliviano: el mestizo. La historia dice que la Revolución fracasó en el fin, pero no en el medio: la inclusión de los indígenas en la vida política nacional. Los críticos señalan el proceso de mestizaje propuesto desde el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como algo inducido y homogeneizante, por tanto impuesto, entonces destinado al fracaso. Sin embargo, es innegable el ascenso que experimenta el movimiento indígena y popular desde el momento en que sus componentes comenzaron a cumplir su deber de elegir al gobierno de la República con el objetivo histórico de ejercer el derecho de ser elegidos ellos dentro de un tiempo. En ese devenir, el indio se convirtió en proletario, ingresando como trabajador a las minas, a las fábricas, y sus hijos comenzaron a formarse en las escuelas y colegios bajo el espíritu del nuevo código de educación, 39
    • desde donde repensó la historia y empezó a cuestionar en tono dialéctico al Estado que le había dado alas políticas, pero paradójicamente seguía preservando estructuras coloniales y de exclusión. Se constituyó en sujeto económico en su condición de propietario de una parcela de tierra y productor de sembradíos para el mercado interno, pero ante todo se convirtió en un sujeto político, en un primer momento, con capacidad de elegir, y, en un segundo momento, con capacidad de ser elegido para administrar el Estado. Pero no sólo para elegir y ser elegido, sino también producir o elegir ideología política y no solamente praxis. Resultado de este proceso “cada 2 y 6 de agosto, Fausto Reinaga marchaba solo cargado de una pancarta que decía “la tierra no es de quien la trabaja, sino del indio”10. De este modo, el intelectual indianista cuestionó uno de los principios de la Revolución Nacional (“la tierra es de quien la trabaja”) y por lo cual propuso una revolución india en lugar de la revolución nacional, que había reducido las posibilidades de reproducción de sus formas de organización ancestral a cambio de la sindicalización. “A mi regreso de Europa, rompo con toda mi tradición intelectual y con toda mi producción cholista. Hubiese querido que no existiese…Es otra etapa, otro camino que he encontrado; y tengo otra meta en el horizonte. En mis obras de 1940 a 1960 yo buscaba la asimilación del indio por el cholaje blanco-mestizo. Y en las que he públicado de 1964 a 1970 yo busco la liberación del indio, previa destrucción del cholaje blancomestizo… y yo planteo la Revolución India”, escribe Reinaga en su obra cumbre “La Revolución India”. Hágase todas las críticas posibles, pero es ineludible reconocer que la Revolución del 52 dio nacimiento al indio proletario, intelectual, liberal, sindicalista, que recién en la primera década del siglo XXI saltó de ser un simple elector a ejercer su derecho de ser elegido por las reglas de la democracia burguesa. Aunque el movimiento indígena sufrió un retroceso en sus propósitos durante las dictaduras, no implica que haya dejado de ser sujeto histórico. Prueba de ello es el pacto militar campesino y el nacimiento de 10 Esta historia fue contada por el periodista Carlos Salazar, exiliado por la dictadura de Hugo Bánzer en 1971, y corresponsal de la agencia de noticias alemana, DPA, durante más de tres décadas. 40
    • la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La construcción de estos espacios políticos demuestra que el sector indígena campesino comenzó en ese tiempo a organizarse, en una primera etapa, para seguir resistiendo, pero haciendo política; y, en una segunda etapa, para aspirar a la toma del poder. Con el advenimiento de la democracia y ya a finales del siglo XX se fortaleció el sujeto político indígena y se extendió al oriente boliviano con el nacimiento de organizaciones como la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), que ha tenido mucho que ver con la construcción del Estado Plurinacional, las autonomías y la defensa del medio ambiente, para la cual ha utilizado como instrumento de lucha las marchas11. Hasta esta parte, queda probado el proceso de mestizaje que sufrió el indígena, campesino, obrero y popular y que sus gestas son resultado de métodos políticos originarios y occidentales, tales como la marcha y el ejercicio de la democracia comunitaria y la democracia representativa, cuya máxima forma de participación es, precisamente, la ecuación un ciudadano un voto. El Estado Plurinacional En los últimos 20 años del siglo pasado, el movimiento indígena originario campesino reivindica su historia, su cultura, su cosmovisión con más intensidad que en la segunda mitad del siglo XX, pero en un escenario más mestizo porque mide sus fuerzas en un sistema político occidental, cuyas armas, como el voto y la organización de instrumentos políticos llamados partidos, le son útiles en el logro de sus objetivos. Sin embargo, si bien se desarrolla en el ámbito descrito, se encarrila en un propósito de desmestización, de descriollización y se radicaliza en un proceso de indigenización de la sociedad boliviana como respuesta a los 520 años de colonización. En este contexto surgen movimientos con el propósito de impregnar con el alma originario indígena toda la actividad humana, desde la política, 11 Hasta esa fecha, la Cidob realizó ocho marchas, la última fue en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que puso en jaque al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario. 41
    • pasando por la economía hasta llegar a la cotidianidad cultural, pero sin desprenderse de los instrumentos que le otorgó el sistema político occidental, asentados, tal y como señalamos en la primera parte, sobre un Estado democrático con tres poderes separados y con instituciones europeas como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Así se explica el nacimiento de la categoría sociopolítica indígena originario campesino, como un intento por indigenizar a la Bolivia que se propuso mestizar el MNR, pero sucedió todo lo contrario. Se produjo el doble mestizaje del sistema político boliviano. Justicia occidental, justicia originaria; elección de autoridades por voto ciudadano, pero también por usos y costumbres; democracia representativa y participativa, pero también democracia comunitaria; veneración a Dios, pero también a la Pachamama, igual Estado laico. Finalmente, la historia da nacimiento entre 2006 y 2009 a la nueva Bolivia, a través de una Asamblea Constituyente, pero esta vez con la presencia de los excluidos de la Asamblea Constituyente de 1825, cuando se redactó una Constitución que no fue nada revolucionaria, sino una simple certificación del cambio de dueño de Bolivia, que no cambió en nada la vida del indígena originario. Han tenido que pasar 185 años para que aquel sujeto histórico construido en el ámbito político y no en el terreno genético (sino sería fascismo) defina el destino de la tierra que siempre fue suya, constituyendo lo que hoy se conoce como Estado Plurinacional de Bolivia. La definición sociopolítica de lo indígena originario campesino no se sustenta en la pureza de sangre, ni tiene mucho que ver con la biopolítica; es más bien un concepto construido para superar la exclusión y hacer justicia con la toma del poder. No refleja pureza de raza ni una cultura inmaculada, sino la virginidad política de un sector social en la administración de un Estado que comenzó a sentir casi suyo tras la Guerra Federal; suyo a medias después de la Revolución del 52; y enteramente suyo con el Proceso de Cambio. El resultado más esperado del Estado Plurinacional radicaba en el epitafio que iba a poner fin a ellos/nosotros; los kjaras/los taras; los blancos/los indios, quechuas/aymaras y comenzar a construir un NOSOTROS sobre el ideal de hombre que quiere parir el Proceso de Cambio. 42
    • El concepto indígena originario campesino maduró en luchas sociales como la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, y en las instituciones democráticas como las elecciones nacionales que condujeron a sus representantes hasta la administración del Estado. Y se podría decir que ya cumplió su cometido de incluir al excluido de los designios del país, lo que significa que agotó su función política. Ahora está obligado a recorrer hacia su nuevo destino si desea la realización total del Estado Plurinacional, en el marco de la revolución cultural. Por ahora, se comprende el concepto Plurinacional como la coexistencia de culturas, sobre la base de la tolerancia; pero no como la convivencia de culturas, sobre la base del respeto, destinadas a seguir creando más culturas con un ideal de hombre, que supere el monismo moral y asuma mínimos acuerdos sobre los criterios de justicia y sea flexible sobre los criterios de felicidad (el bien vivir o el vivir bien), pero sin perder de vista que los seres humanos son fines en sí mismos, antes que simples medios, sin importar su cuna cultural. El nuevo ser boliviano La persona que vive en Bolivia, un Estado que tiene menos de 200 años, a diferencia de otros países europeos, es producto de los antecedentes señalados, vale decir, de la simbiosis producida en el ámbito de la religión, la política, el lenguaje, la tecnología. Es un ser que cuando nació la República ya era resultado de una mezcla marcada por la Colonia, donde se produjo el proceso de mestizaje inevitable (así se lo denomine colonialismo cultural) por la preeminencia o el avasallamiento de una cultura sobre otra. Aquella, sin embargo, en 500 años no pudo borrar las profundas huellas de la cultura que pretendió anular; por ello, coexistieron y, sin proponérselo, constituyeron una tercera cultura. Durante gran parte de la Colonia, el mestizaje fue una mala palabra y los mestizos unas malas personas. Así lo confirma el sociólogo ecuatoriano Hernán Ibarra, que lo define “como el proceso biológico de miscigenación que ocurre donde hay el contacto entre distintos grupos raciales y étnicos”. 43
    • En criterio de este estudioso, “el mestizaje, como producto colonial, fue un proceso de mezcla de razas, que se tradujo en las castas racialmente mestizas. Esto se refiere a que quienes no eran blancos, indios o negros tenían una condición social de castas con denominaciones que abarcaban los diversos tipos de mestizos resultantes de la situación colonial”. Ese tufo despectivo sobre el cholo, el mestizo, también lo refleja magistralmente Ximena Soruco Sologuren, en su libro “La ciudad de los Cholos”12. Para Ibarra, en un sentido cultural, el mestizaje es el proceso de aculturación que se desarrolla en diversos momentos y circunstancias históricas. El sentido ideal de los procesos de mestizaje, su “deber ser”, es el del intercambio cultural con el enriquecimiento de las partes, pero el mayor obstáculo para que esto ocurra, según ha demostrado Róger Bastide, es que las barreras de los prejuicios raciales y la discriminación son tan poderosas que impiden los contactos entre vertientes culturales13. Con el fin de superar este prejuicio y la concepción homogeneizante de la Revolución Nacional sobre el término mestizo, el Estado boliviano optó por comprenderse como un espacio de naciones, pero donde, paradójicamente, no cabe la nación mestiza. Para entender mejor, concertemos el concepto de nación que, formalmente, aparece en 1789 en la declaración de los Derechos del Hombre en los siguientes términos: “el principio de soberanía reside esencialmente en la nación”. Los revolucionarios franceses habían presupuesto este término antes de desarrollarlo y lo identificaban con el pueblo. En otros lados las “naciones” eran entidades dudosas. En tal sentido, para Hegel la lucha entre naciones era el motor de la historia, lo que para Marx era la lucha de clases; y para Nietzsche, la lucha de razas. En ese devenir coincidieron cuatro criterios para definir la nación14: 1) Una entidad política definida por los límites del Estado. Bajo esta definición las naciones se reúnen en las Naciones Unidas. En la otra vereda está el Estado Plurinacional, que traducido sería un Estado con muchas naciones. 2) Una unidad geográfica definida por las fronteras naturales o por alguna identidad territorial histórica. Podría ser la nación inglesa, que es una entidad definida por la geografía. 3) Un pueblo autoconsciente de 12 Soruco, Ximena; La ciudad de los cholos, mestizaje y colonialidad en Bolivia siglos XIX y XX, Editorial Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima, Perú, 2011. 13 Ibarra, Hernán; La otra cultura, imaginarios, mestizaje y modernización, Editorial Marka, Quito, Ecuador, 1998. 14 Jay, Richard; Ideologías Políticas, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2004 44
    • su identidad y unidad comunes, que se manifiesta en una acción política colectiva o una cultura nacional distinta. 4) Un pueblo definido por alguna característica “objetiva” de su vida social; por ejemplo, el lenguaje común, los orígenes étnicos o raciales, la religión o una existencia económica compartida. Este criterio engloba a las naciones del Estado Plurinacional. Según Richard Jay, “juntando estos cuatro elementos obtenemos una nacionalidad ideal: un pueblo con su propio Estado y con su propia patria, con una cultura y una conciencia nacional desarrolladas, y socialmente homogéneo”. El cuarto criterio da nacimiento a la nación mestiza, pues al igual que la aymara, chiquitana o mojeña tiene un lenguaje común, un origen que data de hace más de 500 años, una existencia económica, un alma colectiva. Ahora retornemos al concepto mestizo, que nace en la Colonia, y que según el Diccionario de Relaciones Interculturales es una construcción que sólo adquiere sentido cuando se considera en su relación con su par. Este constructor encuentra su mayor expresión en el sentido ideológico y se presenta en dimensiones culturales, biológicas, lingüísticas e incluso epistemológicas. El mestizaje ha pasado desde la imagen racial a la metáfora cultural. Otros autores, entre ellos el investigador boliviano Rafael Archondo, plantean que los mestizos son quienes se sitúan en los espacios próximos a culturas sin pertenecer plenamente a ellas; mientras que la socióloga e historiadora boliviana Rossana Barragán, indica que es una variante urbana de la cultura indígena, una especie de vanguardia citadina que, sin dejar de ser lo que fue, adquiere nuevos recursos y una nueva lógica para preservar sus valores. Es decir, el mestizo o la mestiza dejó de ser producto genético de la mezcla de razas, a tono con la ciencia, que ya demostró que no hay razas. Mantener aquella definición sería reproducir un pensamiento colonial en plena era descolonizadora. Por tanto, podemos y debemos definir el mestizaje como la mezcla de dos o más culturas que da nacimiento a una tercera cultura; es decir, a una nueva nación con un lenguaje común, un origen común, una historia común, pero sin subsumir particularidades o rasgos específicos de sus subcomponentes. En esa onda, Ibarra subraya: “el mestizaje ha variado históricamente, al pasar de la estigmatización y la definición negativa hacia 45
    • una identidad positiva con la formación de la conciencia nacional en el siglo XX. En esto fue esencial la revolución mexicana de 1910 y la revolución boliviana de 1952 que consolidaron los fundamentos de una conciencia nacional mestiza”. Sobre esta historia se reproduce la ideología del nacionalismo, doctrina universal inventada en Europa en el siglo XIX, que “sostiene que la humanidad se divide naturalmente en naciones, que las naciones poseen ciertas características que pueden determinarse, y que el único tipo de gobierno legítimo es el autogobierno nacional”. Entonces, es incoherente discriminar un concepto, como sucedía durante la Colonia, cuando ha construido una identidad en más de medio milenio y tiene las características señaladas en la primera parte de este trabajo. No se puede negar 520 años, tiempo en el cual la palabra mestizo cambió su base epistemológica. El origen negativo del mestizaje asume, en este nuevo tiempo, un destino positivo e inevitable gracias al proceso vivido y a la presencia física de las tecnologías de información y comunicación que han vehiculizado la globalización. El término que nació para despreciar a un segmento de la población y que por ello mismo era despreciado, hoy se ha convertido en un término muy apreciado, al menos en Bolivia, porque tiende a convertirse en la palabra bisagra que puede unir al país y cohesionar lo boliviano con lo quechua, lo boliviano con lo aymara, lo boliviano con lo camba, lo boliviano con lo guaraní. Así lo demostró, la encuesta de la Fundación Unir, realizada en 200815, que revela que el 73.3% de la población encuestada se identificó como mestiza, pero a la vez el 67% se declaró perteneciente a un pueblo indígena. El estudio señalado demuestra que el concepto mestizo no mata a otras identidades (tsiman, surcaré, chiquitano), sino que fusiona identidades mestizo/quechua; mestizo/aymara; mestizo/mojeño; por tanto, proyecta la estructuración de una nación con un ideal de hombre en los términos planteados por Adela Cortina16. El concepto indígena originario campesino se ha convertido en una categoría política que ha logrado su propósito: derribar al Estado 15 Fundación Unir; Segunda Encuesta Nacional, diversidad cultural 2008; (http://www.unirbolivia.org/nueva3/index.php?option=com_content&view=category&l ayout=blog&id=7&Itemid=16) 16 Cortina, Adela; Ética mínima, introducción a la filosofía práctica; editorial Tecnos, Madrid, España, 2010. 46
    • colonizador y excluyente y erigir un Estado Plurinacional, cuyo propósito debe ser el de redistribuir en términos equitativos el poder, la riqueza y la palabra. Por tanto, ya es un concepto superado por el propio Estado Plurinacional, que debe ser comprendido como el espacio de convivencia entre naciones que tienen muchos elementos en común, entre ellos el mestizaje, pero a la vez sus identidades particulares. Dicho de otro modo, el Estado Plurinacional es el resultado de un largo proceso de mestizaje en los campos señalados siendo que aceptarlo como tal será caminar hacia la descolonización, y rechazarlo significará que muchos bolivianos todavía no han superado la colonización mental que abatió al país durante centurias. Es antihistórico reciclar el concepto indígena originario campesino sólo para reproducirse en el poder en nombre de pueblos que, evidentemente, preservan sus particularidades, pero a la vez reconocen sus mezclas. Sobre este cimiento se debe erigir al nuevo ideal de hombre boliviano, al nuevo ser boliviano, que en lo biológico, así no nos guste, es resultado de las mezcla de europeos e indígenas originarios campesinos (es muy probable que haya excepciones, pero ya hemos demostrado abundantemente la mezcla) y en lo cultural es el producto de una inmensa mezcla de pensamientos, prácticas y realidades. Ese nuevo ser boliviano conserva sus raíces indoeuropeas en todos los ámbitos y tiene su esqueleto y genes culturales en el mestizo, que no es un término apabullante o excluyente de lo indígena originario, si no, el reconocimiento de que cada uno de nosotros es un ser que ha producido una tercera cultura, lo que no quiere decir, necesariamente, que se haya homogeneizado. El ser boliviano es resultado de dos o más culturas y su tránsito es un devenir infinito de ir creando terceras culturas. El ser boliviano tiene una identidad de origen o procedencia, quechua, guaraní o chiquitano, y un destino único: Bolivia. Vale decir que es un ser con identidad originaria, pero sin ser arrancado de sus contextos mestizos evidentes. Un ser que no se aferre a sus intereses empíricos, diría Adela Cortina, sino a sus intereses morales que conduzcan a construir una comunidad de intereses, un sistema de cooperación, en el que puede negociar las concepciones del vivir bien (felicidad), pero no los mínimos criterios de 47
    • justicia social17 que hacen a su dignidad humana, así proceda de diferentes culturas. Un ser sin complejos frente a su historia ni resentimientos frente a sus iguales mestizos, aunque diferentes identitariamente; un ser boliviano con alta reflexión moral para no quedarse estacionado en su pasado, con capacidad dialogante y consensual para sentar el presente de un futuro exento de la tentación de imponerse sobre el otro igual; un ser con espíritu autónomo, con sensatez rebelde para auto legislarse y para acordar una legislación y comprometerse moralmente a cumplirla sacrificando incluso sus intereses sectarios con la convicción de que el bienestar de cada uno se asegura sobre el bienestar de todos. Un ser libre y capaz de autogobernarse y construir desde el hogar un sistema de cooperación y proyectarlo a una comunidad de sólida institucionalidad democrática alejada del liderazgo que cree que encarna por designio divino las aspiraciones de la sociedad. Un ser que entiende que el poder se negocia en función del bien común y que la autoridad rota entre los componentes de una sociedad para crear el espíritu de la corresponsabilidad del nosotros en la administración de la cosa pública. 17 “Modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinen las ventajas provenientes de la cooperación social”, Adela Cortina, Ética mínima, introducción a la filosofía práctica. 48
    • Waldo Albarracín Sánchez Waldo Albarracín es abogado, con maestría en Derecho Constitucional. Fue Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (1992-2003), miembro del Consejo Ciudadano para la Reforma a la Constitución Política del Estado y Defensor del Pueblo entre 2003 y 2008. Es columnista de La Prensa, docente universitario y autor de varios textos sobre leyes y Derechos Humanos. Capítulo III La ciudadanía en el nuevo proceso socio político
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    • Waldo Albarracín Sánchez Reinventar la política para construir una nueva ciudadanía; ejercer derechos y obligaciones en base a una revolución de conducta que implique responsabilidad con el bien común, es la oportunidad que advierte y alienta el autor de este ensayo. Un repaso histórico de la forma en que se han ido manejado los conceptos de ciudadanía desde el poder y desde el pueblo, es el marco sobre el que sustenta la necesidad de adoptar medidas inmediatas para recomponer la relación entre la política y la sociedad civil, y aportar a la re construcción de un legítimo ejercicio ciudadano. Supuestamente, al haberse extinguido la última dictadura militar en Bolivia, en octubre de 1982, las experiencias de los regímenes de facto ya no deberían ser parte del análisis político: ahora imperan otras coyunturas y diferentes formas de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil, de manera que el antecedente dictatorial no sirve para un análisis y evaluación exacta de la realidad nacional y del ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, resulta muy riesgoso prescindir de este antecedente en un país donde los protagonistas políticos se convirtieron en fieles herederos de las lógicas autoritarias que nos legaron los dictadores, extendiéndose esta forma de relacionamiento social hacia importantes estamentos de la sociedad civil. Las experiencias políticas del pasado han sido recicladas en el tiempo y en el espacio y tienen una marcada influencia en la subsistencia, hasta nuestros días, de diferentes prácticas “humanas” autoritarias que 51
    • permiten, por ejemplo, la discriminación por diversas razones (género, generacional, racial, religioso, sexual, opción sexual, etc.), la violencia (en muchos casos política), la intolerancia y otras formas de atropellar los derechos de los demás. Los diferentes dictadores militares dejaron toda una escuela de comportamiento político que aún no fue extinguida, a pesar de las tres décadas de regímenes democráticos liberales que estamos prontos a cumplir. La Doctrina de la Seguridad Nacional mutiló el ejercicio de los derechos ciudadanos Los regímenes de René Barrientos, Hugo Bánzer, Luis García Meza, entre otros, ideológicamente identificados como gobiernos enemigos de cualquier tendencia izquierdista, encontraron el instrumento perfecto para combatir a sus opositores y destruir cualquier acción contestataria de parte de la sociedad civil. Bajo la influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional, diseñada en el Pentágono para ser aplicada en Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur, los gobiernos afines de estos países la instalaron y reprodujeron entusiastamente. Miles de efectivos militares recibieron formación en la “Escuela de Las Américas”, para terminar convencidos de la necesidad de destruir a los dos enemigos, el externo y el interno. El primero identificado con el Comunismo Internacional y, el segundo estereotipado en los sectores más contestatarios de la sociedad (dirigentes sindicales, maestros, artistas, curas, partidos de izquierda, intelectuales, periodistas, etc.). La dureza de estos regímenes impidió obviamente la libertad de expresión, el derecho a disentir, a reclamar. Los saldos de perseguidos, exiliados, encarcelados, confinados, torturados y desaparecidos cuyos paraderos hasta hoy se desconoce, mostraban un profundo desprecio por la vida e integridad de la persona, y constituyen fieles testimonios de los niveles de degradación al que puede llegar el ser humano en su afán de aniquilar al adversario político. Treinta y más años después, y no obstante la consolidación de la democracia, estas víctimas y desaparecidos siguen siendo una deuda pendiente del Estado con la sociedad que aún no fue allanada por la 52
    • democracia debido a los preocupantes niveles de impunidad que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad. Es, también, parte de la herencia recibida por los gobernantes constitucionales de ese oscuro periodo de nuestra historia. En ese contexto, la institución de la “ciudadanía” como forma de existencia y convivencia humana y ejercicio de derechos fue absolutamente mutilada sin posibilidades reales de ser ejercida. Por el contrario, los dictadores encontraron formas “inteligentes” de camuflar jurídicamente sus actos de represión política, creando normas que les permita criminalizar la protesta social, como es el caso del Código Penal aprobado durante la dictadura del Gral. Bánzer, a través del cual se crearon figuras delictivas que penalizaban las acciones contestatarias de la sociedad (los tipos penales de “instigación pública a delinquir”, “apología pública de un delito” y el “desacato”, esta última daba lugar al enjuiciamiento penal de toda persona que emitiera criterios negativos o se refiera en forma irrespetuosa hacia las autoridades públicas). Lo irónico del caso es que en democracia, los diferentes gobiernos, incluido el actual, continúan usando estos recursos legales para reprimir políticamente a sus adversarios. La dictadura, por consiguiente, es un ausente bien presente en la política boliviana, a partir de la continuidad de ciertas mentalidades heredadas del pasado, de la subsistencia de lógicas autoritarias y de la impunidad de varios de sus protagonistas, generando una sistemática violación de los derechos humanos y por ende mutilando el ejercicio de la ciudadanía. La Doctrina de la Seguridad Nacional no se fue con los dictadores, persistió en las posteriores coyunturas y marcó profundas huellas que aún se advirtieron en las reacciones y formas de administrar el Estado de los subsecuentes conductores del país. Forma, por tanto, parte de la realidad actual; es por ello que no se puede prescindir de este antecedente en el análisis. Las democracias de orientación neoliberal El 10 de octubre de 1982 fue posesionado como Presidente Constitucional de la República el Dr. Hernán Siles Zuazo, líder del Frente Unidad Democrática Popular (UDP). Fue el momento en que llega al poder el primer gobierno constitucional después del alejamiento de los militares. 53
    • El pueblo tenía la esperanza de que al ingresar en un nuevo escenario político, el Estado mostraría un rostro diferente: la relación con la sociedad civil se materializaría en base a nuevos parámetros, se allanarían muchas asignaturas pendientes y los derechos humanos -muy conculcados en la dictadura- serían esta vez respetados. Si bien se caracterizó por respetar las garantías constitucionales, el régimen de la UDP tuvo que acortar un año su mandato ante el clima de desestabilización política que vivía el país, la inflación galopante y la crisis económica. A partir del 6 de agosto de 1985, y por más de dos décadas, se instalaron consecutivos gobiernos de inspiración neoliberal en la aplicación de políticas económicas y de marcada tendencia autoritaria en su relacionamiento con el conjunto social. La explicación es lógica y coherente: quienes usufructuaron del poder durante los gobiernos de facto, se mantuvieron vigentes en los regímenes constitucionales. No olvidemos que la mayoría de los gobiernos militares fueron respaldados por organizaciones políticas de tendencia conservadora o derechista, que configuraron diversas alianzas para permitir el surgimiento de gobiernos cívico militares. En democracia, los ex dictadores también fueron protagonistas, continuaron en el poder y esa es la razón fundamental para que subsistan los comportamientos autoritarios, mecanismos de exclusión, procedimientos violatorios de derechos básicos y por consiguiente una ciudadanía que, como institución, se vio reiteradamente restringida. A pesar que durante este prolongado período se suscitaron dos modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado, ello resultó insuficiente para generar procesos de transformación profunda en las instituciones más emblemáticas de la estructura estatal. Es el caso de los órganos coercitivos del Estado como las Fuerzas Armadas y la Policía, instituciones que tanto en su relación interna como en el contacto con la sociedad civil, exponen preocupantes formas de comportamiento autoritario y violatorios de derechos, como la persistencia de la tortura en los cuarteles militares y en las celdas policiales en casos de interrogatorios investigativos, o la utilización con fines políticos de ambas entidades por los diferentes gobiernos. Esta herencia del pasado también se extiende a otras entidades como el Ministerio Público (Fiscalía) o los tribunales de justicia, ambas, en pleno siglo XXI, deberían militantemente constituirse en espacios de garantía de derechos ciudadanos; sin embargo, los niveles de subordinación política y elevado grado de corrupción minimizan sus potencialidades democráticas 54
    • y las convierte en simples entidades paragubernamentales, dando lugar a una peligrosa situación de indefensión ciudadana. La ciudadanía como legítima aspiración democrática ¿Quién es el ciudadano? Existe una diferencia cualitativa entre los conceptos de persona y ciudadano. La primera se refiere a todo sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en su relación con el Estado y la sociedad. El ciudadano es el individuo que goza del estatus de ciudadanía, titular pleno de los derechos públicos subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, otorgados por el sistema jurídico político. En este caso, es la democracia la que permite el ejercicio de la ciudadanía plena a las personas. En Bolivia, el estatus de ciudadanía lo poseen todos los bolivianos y bolivianas mayores de 18 años, cualquiera sea su nivel de instrucción, ocupación o renta. Pero, el ejercicio de la ciudadanía puede materializarse de diversas formas, dependiendo de las circunstancias y la situación de la persona en su relación con el Estado. Tenemos a la ciudadanía pasiva, caracterizada por el reconocimiento de una serie de derechos (pueden ser de orden civil, político, social…) desde el Estado hacia el ciudadano o ciudadana. Este reconocimiento no incluye pautas de acción, quiere decir que el Estado los otorga sin pedir nada a cambio, sin exigir reciprocidad ni el cumplimiento de obligaciones previas. Los reconoce en favor de las personas por propia convicción. Generalmente, estos derechos están consagrados de oficio en el texto constitucional, sin ningún condicionamiento para su realización. Los artículos 21 y 26 de la Constitución en vigencia, referidos a los derechos civiles y políticos respectivamente, consagrados por la norma supra legal, son prueba fehaciente de lo que significa la ciudadanía pasiva. Por otro lado, encontramos a la ciudadanía activa, que expone un conjunto de deberes u obligaciones de la persona hacia la comunidad política de la cual forma parte. La participación activa y efectiva de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos se ha identificado como una de las obligaciones 55
    • centrales de la persona. Esas obligaciones, como el sufragio, forman parte de un abanico de acciones que se materializan en la gente, contribuyendo al logro de los objetivos trazados por el Estado. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado, describe claramente los deberes de las personas y es a través del cumplimiento de éstos que se consolida la ciudadanía activa. Asimismo, todo Estado mediante su ordenamiento jurídico interno y especialmente a través de su norma principal (Constitución Política), enuncia en forma clara y concreta los derechos y deberes ciudadanos. A esta enunciación se denomina ciudadanía formal, que no supone necesariamente el ejercicio pleno de los derechos o el cumplimiento de una obligación determinada, es decir, el establecimiento formal de un conjunto de derechos puede llegar a marcar distancia de la realidad fáctica; sin embargo, independientemente de que se cumpla o no lo que está previsto en la norma como derechos y/o deberes ciudadanos, la arquitectura jurídica garantista continúa vigente. Finalmente, la ciudadanía sustancial se materializa a través de la participación efectiva de la persona a partir de una aprehensión de la ciudadanía y de la implementación de políticas estatales para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan de manera real y efectiva sus derechos. Este tipo de ciudadanía, que requiere de ciertas motivaciones incluso afectivas, está integrada fundamentalmente por tres elementos constitutivos: la conciencia ciudadana, la práctica ciudadana y el sentimiento ciudadano. La primera implica que los miembros de una sociedad sepan que tienen derechos y obligaciones, de índole política, social, económica, civil y cultural y que actúen en función a ello; o sea, que ejerzan esos derechos y también cumplan efectivamente esas obligaciones formales. La práctica ciudadana hace referencia a un derecho y una obligación altamente relevante en un escenario democrático. Nos referimos al empoderamiento de los derechos formales de manera conciencial, asumiendo la responsabilidad ciudadana a través de lo que se conoce como el res ponsos (del latín res o cosa y ponsos o peso). En ese sentido, nos estamos refiriendo a la participación activa en la vida política de un país. Con referencia al sentimiento ciudadano, los teóricos que debaten sobre el concepto de ciudadanía, coinciden en afirmar que se trata de un elemento de suprema importancia. Según Kymlicka (Kymlica, Wayne, 56
    • 1996: 15), “la ciudadanía no es simplemente un estatus legal, definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política”. Todo ello implica que para asegurar un efectivo involucramiento de los miembros de una sociedad con la comunidad política a la que pertenecen, es decir al Estado, es necesario que los mismos se sientan parte de él. Es trascendental que se sientan ciudadanos. Habermas decía que “una norma es legítima cuando los destinatarios de ella se sienten (o son) los hacedores de la misma”. La ciudadanía en el marco de la Constitución Política del Estado El Título V de la Constitución Política del Estado, incursiona en los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, específicamente el Capítulo II, artículo 144 establece que “ I. Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. II. La ciudadanía consiste: 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley. III. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el artículo 28 de esta Constitución”. Al respecto, conviene enfatizar que dicho artículo al referirse a los derechos políticos, establece las causales de suspensión de los mismos, señalando tres: 1. Tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, 2. Defraudación de recursos públicos, y 3. Traición a la Patria. Analizando rigurosamente el referido artículo, concluiremos que la principal norma jurídica boliviana parte del principio de que todas las personas son ciudadanas, y en el caso específico de Bolivia, todos los bolivianos y bolivianas tienen esa condición que les es innata. Sin embargo, hay una etapa de la persona que tiene que ver expresamente con el ejercicio de sus derechos políticos, la misma comienza con la mayoría de edad, pues a partir de ella se cuenta con la aptitud legal para votar o sufragar y también para ser elegido o elegida, además para ejercer cargos públicos sin otro requisito que la idoneidad. En ese sentido y en la práctica, se puede colegir 57
    • que la ciudadanía como concepto y práctica, tiene una profunda connotación política, porque tiene que ver con la cosa pública, con el interés colectivo, con el bienestar de una comunidad, con el destino de todo un colectivo humano. Por este motivo, el ejercicio ciudadano ha dado un salto cualitativo desde el punto de vista de ser considerado inicialmente como un derecho liberal e individual en aras de la construcción de la democracia representativa, para terminar vinculándose con el derecho comunitario a través de la acción mancomunada de las personas, consolidando con el tiempo lo que hoy conocemos como democracia participativa, pues más allá de lo que jurídicamente esté establecido, lo evidente es que, con el paso de los años, la sociedad boliviana, con fuertes tendencias a agruparse, organizarse entre afines, ha construido formas de participación y/o actuación conjunta a través de una serie de mecanismos como la asamblea, el cabildo y las iniciativas ciudadanas sobre diversos temas. Algunas son de índole legislativa como el referéndum, la fiscalización a la autoridad pública o la revocatoria del mandato; incluso las movilizaciones acompañadas por ciertas medidas de presión al Estado. Todos estos procedimientos, unos legales otros fácticos, forman parte de un nuevo protagonismo ciudadano del cual el Estado ya no se podrá desentender. Por el contrario, precisamente en la idea de cualificar el sistema democrático, a estas alturas resulta necesario establecer puentes de coordinación con la sociedad civil. La democracia como escenario ideal de la acción y práctica ciudadana Atrás quedó el concepto estrictamente liberal de lo que significa un sistema democrático, pero para ello tuvieron que transcurrir muchos años. Es así que, en 1982, luego del alejamiento de los gobiernos de facto y la llegada de los regímenes constitucionales, durante casi dos décadas se continuó negando a la democracia su propio desarrollo, restringiendo su beneficio hacia las minorías. La sociedad política boliviana permaneció siendo un espacio en cuyas instancias de poder (el Parlamento, por ejemplo), las mayorías nacionales terminaban siendo minorías políticas y las minorías sociales se constituyeron en mayorías políticas. Este poder tuvo la perspicacia de establecer los límites necesarios que circunscribían la democracia al mero acto electoral, de cuyos resultados salían elegidas autoridades con una mayoría relativa o simple, un déficit ostensible de legitimidad frente al pueblo y un objetivo claro de preservar el interés de sectores privilegiados bajo el falaz argumento de la alianza de clases aliados, pero unos arriba con derechos y otros por debajo y excluidos-. 58
    • Los partidos denominados tradicionales enarbolaron un estereotipo de ciudadanía, focalizada en el ejercicio del voto, interpretado en sus resultados como una especie de firma de cheque en blanco a favor de los candidatos con mayor votación. En el marco de una mayoría simple y relativa, de un sufragio disperso entre las diferentes opciones partidarias escenario en el cual el pueblo votaba pero no elegía-, este privilegio lo tenía el Congreso Nacional, respaldado en la previsión constitucional que establecía la alternativa de que el Parlamento elija al Presidente y Vicepresidente de la República, ante la eventualidad de que ninguna fórmula obtenga la mayoría absoluta en las elecciones generales. Su opción original contemplaba a las tres fórmulas más votadas, habiendo sido restringida esta posibilidad congresal a las dos primeras, a partir de la penúltima modificación parcial al texto constitucional en 1994 (Art. 90). Era tan mezquina la democracia bajo los fundamentos del sistema meramente representativo que el artículo cuarto de la norma supra legal definía que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, los mismos que en el ejercicio del poder nunca tuvieron la capacidad o sensibilidad humana de restituirle, por lo menos en parte, al pueblo su condición de verdadero soberano. A tal extremo llegó este usufructo del poder, que después del proceso electoral, conocidos los resultados, la ciudadanía en su conjunto terminaba viendo por televisión cómo sus “representantes” elegían a quienes iban a ser Presidente y Vicepresidente de todo un país, sobre la base de la distribución de cuotas u espacios de poder, emergente de los pactos o acuerdos suscitados entre las organizaciones políticas con presencia parlamentaria. Pero, el tiempo no transcurrió en vano: el distanciamiento entre Estado y sociedad civil se tornó cada vez más elocuente, los partidos políticos fueron perdiendo legitimidad, dejando de ser los interlocutores válidos entre ambas partes. Los diferentes sectores, al verse huérfanos de representación y sentirse excluidos por el Estado, empezaron a tomar mayor conciencia de sus derechos democráticos y expusieron su legítima aspiración de obtener mayor participación y protagonismo en la toma de decisiones sobre los destinos del país. Fue evidente la insuficiencia de la democracia representativa y es así que empezó a emerger de manera contundente la consigna de la democracia participativa. El pueblo no sólo quería que lo convoquen a votar cada cuatro o cinco años, como si fuera ese acto democrático la única manera de ejercer ciudadanía; exigió, cada vez con mayor énfasis, intervenir en las decisiones más importantes del Estado. Veremos cómo esta exigencia, que al mismo tiempo constituye un 59
    • derecho, fue materializándose gracias a la interpelación permanente de la ciudadanía hacia el Estado. Esa marcada distancia entre los diferentes estamentos que conforman el pueblo boliviano con las instancias de poder estatal, afectó ostensiblemente al avance democrático y al ejercicio de los derechos ciudadanos. La visión que tenía y aún tiene la ciudadanía en relación al conjunto de instituciones que integran la estructura del Estado, es preocupantemente negativa. Un simple sondeo de opinión acerca de lo que se piensa en relación a los parlamentarios, actualmente denominados asambleístas, arroja un resultado esperado: nadie cree en los políticos. Esta visión negativa no es el caso exclusivo de esta parte del Estado, se extiende hacia jueces, magistrados, fiscales, gobernantes nacionales y departamentales, policías, militares, autoridades municipales y administrativas, los que en la función que les corresponde desempeñar ignoraron su condición de servidores públicos y asumieron sólo el rol de autoridades, soslayando los derechos de la ciudadanía, para subordinar su actuación al interés personal o político partidario, pero en ningún momento en función del verdadero soberano, el pueblo. Fue tan contundente la demanda de la ciudadanía, que la incorporación en el texto constitucional del sistema de la democracia participativa, no sólo es una realidad, sino que viabilizar su materialización constituye en un imperativo categórico para el Estado. Lograr que el ejercicio de la soberanía se amplíe de manera efectiva al pueblo a través de este nuevo sistema, superando los límites naturales de la democracia representativa, constituye un avance cualitativo dentro de esta consigna de “democratizar la democracia”, máxime si la norma supra legal también habla de la democracia comunitaria, como un justo reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es justo reconocer que dentro el escenario del clivaje tradicional pueblo-Estado, en determinado momento, esa separación fue atenuada con la experiencia política vivida en el país a partir de las elecciones generales realizadas en el año 2005, cuyo resultado expuso la victoria por mayoría absoluta en las urnas de Evo Morales y Alvaro García Linera (hecho inédito en Bolivia desde que se reinstaló la democracia), apoyo popular que se incrementó posteriormente de manera contundente, como se demostró a través de los resultados obtenidos en el referéndum revocatorio realizado para Presidente, Vicepresidente y Gobernadores Departamentales y mediante las elecciones de 2009. En ambos casos, el 60
    • respaldo ciudadano superó el 60’%. Sin embargo, este idilio entre Gobierno e importantes sectores de la población boliviana empezó a deteriorarse muy pronto, más allá de los cálculos cronológicos previstos. El desgaste gubernamental que se traduce en la pérdida paulatina de apoyo popular empieza a evidenciarse en las elecciones municipales y departamentales de abril de 2010 (a pocos meses de la importante victoria obtenida por el MAS en las elecciones nacionales), cuando el voto a los candidatos oficialistas se vio reducido, dando lugar a una derrota electoral en varias regiones del país. Hacia adelante advertiremos que, de manera irreversible, lo que en un momento constituyó un franco y contundente apoyo, se fue reduciendo prácticamente a la mitad del punto máximo alcanzado, con serias posibilidades de continuar bajo esa tendencia. A pesar de las experiencias políticas vividas, las efímeras relaciones románticas entre sectores populares y una determinada opción política, los apoyos contundentes al partido de gobierno y el posterior desencanto, subsiste la legítima aspiración ciudadana en sentido de que el sistema democrático supere sus limitaciones y contradicciones internas. Queda demostrado que en este siglo XXI no existe otra forma más idónea de convivencia política, social y humana, que no sea la democracia, ésta por tanto sigue siendo la opción exclusiva a la que apunta la gente no sólo para consolidar sus derechos individuales, libertades y garantías constitucionales, sino también para materializar la vigencia plena de derechos colectivos, comunitarios y extinguir un conjunto de mecanismos que generan desigualdades y discriminación por diversas causas. En ese sentido, la democracia deberá dejar de ser un instrumento meramente político para convertirse en un sistema de convivencia fraterna, pacífica, solidaria, que permita emerger una visión más ética de la vida o, si se quiere, la bioética colectiva, consigna a la cual deberán subordinarse las diferentes opciones políticas. A estas alturas, ya no es posible o ya no debe pensarse, en alternativas de búsqueda del poder sobre la base de la confrontación y la destrucción del otro. Asimismo, la democracia deberá salir de los parámetros meramente electorales o el sistema representativo como se la vio en el pasado, para permitir la materialización de un conjunto de derechos, sean éstos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarias, en el contexto de una visión de país diferente, de un Estado integrador e inclusivo que no aliente desde sus propias esferas de poder la eliminación del supuesto enemigo interno. 61
    • Recuérdese que fueron las dictaduras militares las que aplicaron diligentemente la tan mentada Doctrina de la Seguridad Nacional, que precisamente apuntalaba a la eliminación del enemigo interno, estereotipado éste en los sectores más contestatarios de la sociedad. Hoy, ante la emergencia de la democracia participativa, resulta natural y hasta necesario que diversos sectores de la ciudadanía se pronuncien ante el Estado, reclamándole por sus derechos y por mayor participación en las decisiones que se asumen en temas de interés nacional. Ese protagonismo no puede ser criminalizado por el Estado a través del Gobierno, por el contrario deberá merecer el respeto correspondiente, en el entendido de que el verdadero soberano es el pueblo y no los gobernantes. Ahí radica el mérito y la virtud de un sistema democrático moderno. Sistemas democráticos y participación ciudadana en la Constitución Política del Estado La implementación del proceso de cambio promovido por el actual Gobierno encontró en la Asamblea Constituyente uno de los escenarios más emblemáticos. A partir del debate suscitado al interior de dicha instancia de poder sobre la visión de Estado, se identificaron claramente las tendencias y posiciones confrontadas entre los que querían mantener las estructuras casi intactas (en coherencia con las tendencias políticas que habían sido desplazadas o reducidas a su mínima expresión) y los que apuntaban hacia la desaparición del viejo Estado. El texto constitucional, si bien es el resultado del debate acalorado suscitado en la Asamblea Constituyente, fue modificado irregularmente con posterioridad, a la conclusión de las sesiones de dicha instancia de poder, a través de una comisión que negoció la vigencia y/o anulación de determinados artículos, en la idea de eliminar toda acción política que cuestione el texto constitucional y viabilizar la subsecuente aprobación de parte de la ciudadanía en el referéndum convocado para el efecto. El Capítulo Tercero de la Constitución en vigencia, al definir el sistema de gobierno que rige en Bolivia, señala que ésta adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. En ese sentido, el artículo 11 de la mencionada norma, en su segundo parágrafo, especifica las formas de ejercicio de dicho sistema y se la concentra en tres expresiones: 1.- Democracia directa y participativa.- Este sistema emergió como una postura contestataria de la población boliviana ante el 62
    • viejo Estado liberal, cuyos representantes políticos asumían que el sólo resultado de un proceso electoral y la victoria por mayoría relativa obtenida, les otorgaba la legitimidad suficiente para actuar discrecionalmente en el manejo de la cosa pública, impidiendo la participación protagónica del verdadero soberano en las decisiones trascendentales de interés nacional que se asumían. Ante esa circunstancia y ante la creciente demanda de mayor protagonismo, se fue consolidando esta aspiración legítima del pueblo para plasmarse en el texto constitucional. Se puede afirmar, sin temor a equívocos, que si en octubre de 2003 el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anunciaba y viabilizaba la realización de un Referéndum Nacional para que el país decida sobre los destinos del gas boliviano, se hubiesen evitado los hechos de violencia y muertes inútiles en la ciudad de El Alto, que acarrearon su posterior renuncia a la Presidencia de la República. Una decisión de esta naturaleza hubiese otorgado a la ciudadanía la posibilidad legal de decidir sobre el tema. El referido artículo 11 de la CPE señala que la democracia (participativa), se la ejerce a través de varias formas como el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mandato, la consulta previa, la asamblea y el cabildo. Se aclara que las dos últimas figuras tienen carácter deliberativo. Ello implica que las demás, en cuanto a sus resultados, son de efecto vinculante. El mecanismo que más se aplicó en el país hasta el momento fue el referéndum, incluso antes de la vigencia de la actual Constitución. Un ejemplo es la convocatoria a referéndum sobre los destinos del gas durante el Gobierno de Carlos Mesa. La puesta en vigor del actual texto constitucional también permitió al pueblo decidir a través de este mecanismo, además de la realización del referéndum revocatorio, convocado para decidir la vigencia o no de autoridades nacionales y departamentales, cuyo resultado al tiempo de ratificar a la mayoría, cesó el ejercicio del mandato de José Luís Paredes en el departamento de La Paz y Manfred Reyes Villa en Cochabamba. Pero no todas las figuras previstas para la práctica efectiva de la democracia participativa están materializándose con rigurosidad y voluntad política necesaria, es el caso de la 63
    • Iniciativa Legislativa Ciudadana que, si bien traduce la posibilidad concreta de que sectores de la sociedad civil en forma colectiva o individual puedan elaborar proyectos de ley y proponerlos ante el Órgano Legislativo para su obligatorio tratamiento, en la práctica continúa ejerciéndose una especie de monopolio de las organizaciones políticas con presencia parlamentaria, para viabilizar el tratamiento estricto y exclusivo de los proyectos promovidos por éstas, especialmente las que provienen de la tendencia progubernamental, soslayando el derecho de la ciudadanía. Una figura ante la cual el Estado se muestra renuente en su estricta aplicación (conforme a lo que prevé tanto la normativa internacional, como la propia Constitución), es la consulta previa. Este mecanismo democrático está muy relacionado con los derechos de los Pueblos Indígenas, a quienes se les debe consultar en la eventualidad de que el Estado pretenda adoptar medidas legales, administrativas o emprender obras que afecten o tiendan a afectar el territorio donde tradicionalmente habitan. Al respecto, tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (instrumentos de efecto vinculante en Bolivia), así como la propia Constitución Política del Estado (Art. 30. numeral 15), establecen el carácter previo y obligatorio de dicha consulta. Ello significa que antes de adoptar cualquier decisión y realizar gestión gubernamental alguna, se debe proceder a consultar su posición y opinión. La experiencia vivida demuestra que el Estado boliviano, a través del Gobierno, actuó precisamente en sentido contrario, ocasionando que los Pueblos Indígenas afectados realicen una marcha entre agosto y septiembre de 2011 que, no obstante la represión inhumana aplicada contra de ellos, llegó hasta la sede de gobierno para lograr un acuerdo escrito con el Presidente del Estado Plurinacional. Este acuerdo subsanó el problema y fue respaldado por una ley dictada por la Asamblea Legislativa Plurinacional; a pesar de ello, el Gobierno procedió a revertir los efectos de este acuerdo, en una clara muestra de falta de voluntad política para respetar lo que en el texto constitucional está consagrado como un derecho insoslayable. 64
    • No obstante, los avatares que tiene que experimentar la democracia participativa debido a la mezquindad de la sociedad política, que demostró que no quiere competencia en el ejercicio del poder y pretende mantener en los hechos el anterior sistema, subyace la aspiración y el legítimo derecho de un pueblo de ser protagonista activo, con potestad de decisión, en lo que se refiere a las atribuciones que la propia Constitución le otorga. Cabe recordar que ante la insuficiencia de los alcances del sistema meramente representativo, emergió la demanda de actuar y decidir por parte del pueblo, de dejar de ser un simple espectador que tenga que enterarse por los medios de difusión sobre lo que la clase política hace, decide y dispone en su nombre. Es ante esta especie de impotencia de ver a quienes en las urnas recibieron un mandato del pueblo y luego actúan discrecional e inconsultamente, que fue emergiendo con fuerza la noción de la democracia participativa, hasta lograr su consolidación jurídica. No fue una concesión de la sociedad política, sino una conquista lograda en base a una lucha permanente. 2.- Democracia representativa.- Se manifiesta a través de la elección de autoridades, las mismas que reciben un mandato del pueblo para realizar una gestión gubernamental. A través del voto, que tiene carácter universal, directo, secreto, libre y obligatorio, la ciudadanía deposita su confianza en determinadas personas para que éstas administren la cosa pública. Es importante interpretar en su verdadera dimensión, lo que significa este mandato que el pueblo otorga a uno de sus iguales para que lo gobierne. Para ello, vale la pena remitirnos al concepto genérico de democracia, cuyo origen etimológico proviene de las voces griegas demos que significa pueblo; y kratos, que quiere decir gobierno; en otras palabras “gobierno del pueblo”. Empero, el conjunto de personas que son dueñas de la soberanía no podrán realizar por sí mismas las diversas gestiones inherentes a la administración de la cosa pública, por lo que tienen la necesidad de otorgar un mandato para gobernar; es así que quien recibe o se beneficia con el respaldo ciudadano a través del voto, se denomina mandatario, no porque debe ejercer el mando, sino por el poder que le otorga el pueblo para gobernar. En la práctica política, este concepto suele ser distorsionado por el gobernante que, voluntaria o involuntariamente, confunde el concepto y 65
    • asume el rol de mandón, presumiendo que la soberanía reside en él y no en el pueblo. Sobre este punto, corresponde enfatizar que el reconocimiento de la soberanía a favor del pueblo no es reciente, viene de la escuela liberal. Como antecedente es pertinente recordar que, ya en 1776, cuando se proclamó la “Declaración de Virginia”, en la ciudad de Williamsburg, dicho texto establecía que el gobernante es un simple mandatario ya que la soberanía corresponde al pueblo, el cual incluso puede revocarlo cuando éste gobierna en contra de los intereses de su mandante. Este concepto tiene en la actualidad absoluta validez, aunque a lo largo de nuestra historia republicana, en dictadura y en democracia, se pretendió y se pretende soslayar. Recuperando su sentido altruista, el sistema de la democracia representativa constituye una necesidad y un instrumento imprescindible para la práctica democrática; no es posible desarrollar un conjunto de actividades gubernamentales a través del accionar directo del pueblo, por consiguiente se necesita delegar, conferir el mandato para que alguien gobierne en nombre del colectivo de ciudadanos, ya sea en el ámbito municipal, departamental o nacional. También se requiere delegar representación para que se ejerza la labor fiscalizadora del gobierno desde la instancia parlamentaria y, por tanto, se debe acudir a las urnas para que alguien cumpla ese trabajo y legisle a nombre del pueblo. Es importante hacer notar que el sistema de administración de justicia, que constituye un servicio del Estado hacia la ciudadanía, también funciona bajo la inspiración principista de que los jueces emiten sus fallos precisamente a nombre del pueblo, así lo especifican literalmente en la parte resolutiva de sus sentencias judiciales. En la actualidad, este precepto adquiere mayor fuerza y respaldo, con el antecedente de que en octubre de 2011 el pueblo acudió a las urnas para elegir magistrados del Órgano Judicial. Queda claro entonces que la democracia representativa es una institución valiosa y necesaria para la convivencia fraterna y el ejercicio eficaz del derecho ciudadano al sufragio. Esta figura está prevista en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, el cual señala que: “I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 66
    • formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres…”. El parágrafo II del citado artículo explica que el derecho a la participación comprende la organización con fines de participación política; el sufragio mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. Es pertinente hacer notar que esta potestad ciudadana de elegir autoridades públicas a través de las urnas como práctica de la democracia representativa, a la luz del texto constitucional vigente, permite a los compatriotas bolivianos residentes en el exterior del país ejercer el voto en las elecciones nacionales a través del registro y empadronamiento respectivos. Asimismo, los ciudadanos extranjeros residentes en Bolivia, tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales, ejerciendo de esta manera su derecho político. Todo ello demuestra la importancia y necesidad de este sistema que, en rigor de verdad, el pueblo no cuestiona, no obstante advierte sus insuficiencias a partir de la distorsión en que incurren las organizaciones políticas y sus militantes, especialmente cuando ejercen el Gobierno. Se trata por consiguiente, de readecuar la práctica política a las necesidades e inquietudes del pueblo y no de someterla a los requerimientos arbitrarios de los protagonistas políticos. Dicho de otra manera, lo que se busca es reinventar la política para restituirle su carácter altruista, que permita cumplir una adecuada labor de intermediaria entre Estado y sociedad civil. En ese sentido, la democracia representativa seguirá siendo necesaria para todos los Estados. 3. Democracia comunitaria.- De acuerdo al punto 3 del parágrafo II del Art. 11 de la Constitución Política del Estado, este tipo de democracia se ejercita por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, por normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Si bien este sistema es antiguo en cuanto a su práctica consuetudinaria, como derecho constitucional es reciente y se encuadra dentro el concepto de ciudadanía diferenciada, al permitir por mandato 67
    • que dichos pueblos puedan o continúen eligiendo a sus representantes a través de sus usos, costumbres y prácticas ancestrales. En un Estado que pretende consolidarse como pluricultural, no se puede dejar de reconocer la importante riqueza cultural con la que los Pueblos Indígenas contribuyen al conjunto de la sociedad. La elección de representantes a través de sus procedimientos propios, ha demostrado mayor transparencia que el procedimiento estatal, en atención a la relación directa de la persona elegida con el colectivo humano. Sobre el tema se abrió un interesante debate entre la intelectualidad del país. La producción teórica principal que acompañó la evolución del proceso constituyente identificó a indígenas y campesinos como el agente revolucionario propio y particular del proceso boliviano en este momento histórico. A partir de esa noción, lo indígena-originario-campesino (IOC) se consagra como un trípode inseparable, sujeto y esencia de la revolución democrática cultural, según la definición que se tiene en la CPE sobre el carácter plurinacional del Estado. Si bien es cierto que en términos demográficos los indígenas representan una minoría neta del total de la población “campesina” (incluyendo a la totalidad de comunidades de tierras altas y bajas) y su peso económico es indetectable en la actual composición del PIB, no es menos evidente que en los territorios ocupados ancestralmente por éstos se encuentra la totalidad de reservas hidrocarburíferas nacionales, probadas y probables. El estándar mínimo de los derechos específicos de los Pueblos Indígenas se encuentra sintetizado en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, aprobado en 1989, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en su primer período de sesiones de junio de 2006. La citada Declaración establece, en su artículo tercero: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. A partir de este principio de iuscogens de derechos humanos, 68
    • se reconoce un conjunto de derechos colectivos específicos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el artículo 5 de la Declaración de marras, consagra que, “los Pueblos Indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. La democracia comunitaria, como sistema político específico, permite a los Pueblos Indígenas elegir a sus representantes, manteniendo o preservando sus procedimientos propios. En este contexto, se está dando lugar a la convivencia simultánea de diversos sistemas electorales: uno sostenido por el Estado a través del ordenamiento jurídico de alcance nacional, y el otro que se manifiesta en el abanico de mecanismos propios que caracterizan a los diversos pueblos. A estas alturas, constituye un avance importante la vigencia de los tres sistemas democráticos (democracia directa y participativa, representativa y comunitaria), toda vez que en cada uno de ellos el ejercicio de la ciudadanía se manifiesta con sus propias peculiaridades. En el primero, interviniendo el pueblo y decidiendo protagónicamente en las resoluciones de mayor trascendencia nacional; en el segundo, eligiendo autoridades y otorgando el mandato respectivo sin perder la soberanía; y en el tercero, permitiendo que las comunidades construyan su estructura política a través de sus métodos tradicionales. Construcción de una nueva visión y práctica ciudadana La experiencia de práctica ciudadana acumulada desde octubre de 1982 hasta nuestros días, dio lugar a un aprendizaje imposible de ignorar: el pueblo boliviano -que supo lidiar con las arbitrariedades de los regímenes de facto y confrontó los resabios dejados por éstos que se mantuvieron en los gobiernos constitucionales de inspiración neoliberaladvirtió que la democracia representativa era insuficiente para la consolidación de sus legítimas aspiraciones en un escenario de preocupante distanciamiento entre Estado y sociedad. Ante ello, apostó 69
    • por la democracia participativa, exigió a través de diversas luchas su incorporación en la CPE y la practicó a través de determinados mecanismos en el marco de un interesante proceso de empoderamiento. Sin embargo, no obstante los avances logrados, subsisten asignaturas pendientes. Se advierte a estas alturas, que la práctica ciudadana no sólo implica el ejercicio de derechos frente a un Estado que si bien formalmente los reconoce y traduce en la normativa vigente, también los vulnera dependiendo de las circunstancias y de las decisiones que asuman los gobiernos. La contraparte de los derechos ciudadanos se llama deberes ciudadanos, y surge la interrogante: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas? Esta pregunta puede ser complementada con otras: ¿estamos en condiciones de hacer una autocrítica individual y colectiva respecto a nuestra participación en la construcción del edificio democrático?, ¿garantizamos un equilibrio en la concurrencia de derechos y deberes ciudadanos?, ¿abusamos de nuestros derechos?, ¿existe la posibilidad de renunciar a nuestras ambiciones personales a cambio del interés colectivo?, ¿asumimos un comportamiento ético y altruista durante el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos?, ¿respetamos el derecho del otro? El ejercicio de derechos ciudadanos y los comportamientos autoritarios Entre las grandes omisiones incurridas, tanto a nivel de las entidades educativas estatales como de las organizaciones encargadas de la defensa y difusión de los derechos humanos, está la ausencia de tareas y políticas de concienciación ciudadana respecto al cumplimiento de deberes y obligaciones. La llegada de la democracia incentivó el discurso de los derechos, relativizando el equilibrio que debe existir con los deberes. A ello obedece la consuetudinaria actitud de las personas y las organizaciones que las aglutinan -sindicales, cívicas o de otra naturaleza, concentrada en velar por lo que creen que les corresponde como beneficio, no con lo que les toca como obligación. A lo largo de estos años, hemos presenciado una sociedad organizada, gregaria, que analiza el país tratando de ubicar a su sector u organización en el centro de la atención, pretendiendo que los demás actúen en torno a los intereses o circunstanciales demandas planteadas por ellos. Este egocentrismo causó y está ocasionando un tremendo daño a la democracia, toda vez que a nombre de derechos o reivindicaciones propias, se incurre en diversas inconductas que terminan atropellando a los demás. 70
    • Son variados los ejemplos de este proceder autoritario, materializado en acciones de presión que, sin importar las consecuencias funestas para el conjunto del colectivo humano, se llevan adelante. El caso de los bloqueos de carreteras que afectan la libertad de tránsito, la implementación de acciones violentas y agresivas durante las movilizaciones contra la propiedad privada, la toma de instituciones públicas para exigir el cambio de autoridades, la toma de aeropuertos para impedir la llegada de determinada autoridad, el cierre de válvulas para evitar el transporte de recursos energéticos, la invasión de campamentos mineros a nombre de supuestos derechos originarios, la presión y amedrentamiento de sindicatos cocaleros contra ciudadanos que optan por actividades económicas diferentes a la producción de coca, la invasión masiva a tierras ajenas sin ningún respaldo legal ni documental, son claras muestras de ello. Hemos ingresado en un peligroso escenario de comportamientos autoritarios que irónicamente se practican a nombre de la defensa de derechos. Muchas organizaciones sociales, especialmente las de naturaleza sindical, han incursionados en procesos de empoderamiento irreflexivo, al extremo de ejercer cierta soberanía fáctica similar a la de la autoridad pública o la de la parte empleadora, llevando a los hechos una especie de cogobierno no para los defender derechos sociales de sus afiliados, sino para preservar intereses personales o políticos de los dirigentes sindicales. En otro escenario, los Comités Cívicos ejercen el poder fáctico con similar efectividad que la autoridad regional. Entre los años 2004 y 2010, se advirtió con contundencia el poder de convocatoria de dichos comités, los que a nombre de la defensa de la autonomía departamental, generaron un conjunto de acciones de violencia y atropello de derechos constitucionales de los sectores más vulnerables del país. Fue el momento en que los discursos racistas, pensamientos e ideas autoritarias, además de intolerantes, sustituyeron a las posiciones democráticas. Los grupos de choque financiados por dichos comités e integrados por jóvenes, se sumaron a esta cadena de inconductas, tal es el caso de la Unión Juvenil Cruceñista, que tuvo réplicas en Sucre, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija. Los hechos suscitados en mayo de 2008 en Sucre, donde se perpetraron actos de vejación y humillación de compatriotas indígenas; o los sucesos del 11 de septiembre del mismo año en Pando, con un saldo de varias personas asesinadas y un grupo de 15 ciudadanos de rasgos indígenas llevados por la fuerza a las oficinas del Comité Cívico para ser torturados ante la actitud pasiva de la Policía y el entonces Prefecto departamental, son muestras de ello. 71
    • Si en la región denominada “media luna” emergió con tanta fuerza esta tendencia destructiva, la parte occidental no quedó rezagada. Los grupos identificados como movimientos sociales, afines al Gobierno de Evo Morales, cumplieron su parte de amedrentando a los medios de difusión que no se subordinaban a la línea gubernamental, destruyendo sus instalaciones, atropellando a cuanto ciudadano o grupo de personas se manifestaban contra el régimen. Similar conducta podemos identificar en grupos de campesinos denominados “Ponchos Rojos”, quienes con mensajes autoritarios e intolerantes, llevaron a cabo más de un atropello de los derechos de las personas. Todo ello en el contexto de una equivocada concepción de lo que significa el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin posibilidad de autocrítica y reflexión serena sobre los exabruptos en que incurrieron. El problema es y sigue siendo, la ausencia de un concepto claro de lo que es la ciudadanía. Independientemente de lo que está consagrado en la norma jurídica, la cultura de la intolerancia y el autoritarismo son predominantes, y deconstruir estos conceptos no es tarea fácil; los protagonistas (especialmente la clase política) asumen que están en lo correcto, y se respaldan en un discurso sólido sobre los derechos humanos que soslaya la importancia del cumplimiento de deberes. Necesidad de distinguir el concepto de ciudadanía y de empoderamiento No se trata de escoger cuál de los dos conceptos es más o menos válido. Ambos existen y forman parte del proceso de consolidación democrática. Con todo, cabe enfatizar que la ciudadanía es el estatus que define la relación política entre un individuo y una comunidad política. Esta condición permite a las personas tomar parte en la vida política de su comunidad, mediante todo un abanico de derechos, sean éstos públicos, subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que les son otorgados por el sistema jurídico imperante en esa comunidad política. El ejercicio de los derechos ciudadanos implica esencialmente la posibilidad de la participación política de las personas, ya sea como elector o sujeto elegible, o participando en el funcionamiento de las entidades públicas, sin otro requisito que la idoneidad. 72 En ese entendido, la ciudadanía es fundamentalmente participación política sobre la base de una condición y respaldo jurídico, siendo el escenario ideal para la práctica ciudadana el sistema democrático.
    • Por su parte, el empoderamiento constituye un proceso progresivo de aproximación hacia las instancias de poder. Partiendo de los escenarios naturales que brinda el quehacer de lo público, la sociedad civil va recorriendo una ruta ascendente, caracterizada por el alcance de mayor protagonismo de sectores de la población o las organizaciones sociales en los espacios públicos, en base a determinados procedimientos de fiscalización ciudadana para controlar el comportamiento de las autoridades, hasta llegar a un determinado estatus que permite establecer una relación con los sectores de poder en igualdad de condiciones. Las potestades fácticas de decisión que adquieren determinadas entidades de la sociedad civil evidencian un real empoderamiento. Es el caso de aquellas organizaciones sindicales afines al Gobierno que tienen la posibilidad real de definir la continuidad o cesación de funciones de autoridades en la administración pública, especialmente en aquellas entidades estatales que forman parte de la estructura del Órgano Ejecutivo, como ministros y viceministros. Al margen de la diferencia establecida entre lo que significa el ejercicio de la ciudadanía y los procesos de empoderamiento, cabe aclarar que el problema no radica en la materialización de estos dos fenómenos que, al final de cuentas, se tornan necesarios para una efectiva experiencia democrática; la preocupación está en las distorsiones, en los excesos, en el abuso del derecho o mala aplicación de éste. Tanto la ciudadanía mal ejercida como el empoderamiento dolosamente aplicado, se tornan antidemocráticos y terminan vulnerando los derechos de los demás. Cuando ambos pierden los referentes altruistas y se alejan de la bioética (Ética de la Vida), se convierten en simples actitudes que tienden a preservar intereses mezquinos, lindando muchas veces con la delincuencia y el autoritarismo. Estos extremos son los que se deben evitar. ¿Derechos individuales versus derechos comunitarios? Corresponde preguntarse si los derechos individuales, como la libertad de las personas, terminan donde comienzan los derechos de la Madre Tierra. En el marco de quienes sostienen y enarbolan la supremacía del derecho comunitario sobre el individual, incluso sobre los de carácter colectivo, podríamos asimilar que en un país conformado por mayorías indígenas y bajo una visión andinocéntrica, este postulado tiene razón de ser. 73
    • Sin embargo, no podemos olvidar que la democracia y los principios que ésta sustenta, constituyen valores universales. Estos valores no pueden ser negados a la mayoría de bolivianos y bolivianas porque así lo planteen quienes eventualmente ejerzan el poder, máxime si sobre esta concepción crítica de la intelectualidad moderna, no existe una posición homogénea en el mismo régimen gubernamental y se corre el riesgo de convertirse en una postura coyuntural sujeta a omisiones deliberadas por conveniencia política. El caso de la negativa al efecto vinculante del derecho de consulta de los pueblos indígenas y la propia omisión del Gobierno a cumplir con su obligación con carácter previo, antes de suscribir contratos otras empresas, constituye un ejemplo elocuente de lo deleznable que son las posturas de esta naturaleza. Es decir que en el fondo, es más un discurso político que una genuina convicción. No es posible aceptar que quienes defendieron una idea en un momento dado, la ignoren en otro, al calor de las circunstancias. Es falsa la supuesta confrontación entre derechos comunitarios y derechos individuales. Tanto los derechos individuales como los colectivos y los comunitarios, son complementarios, no antagónicos, y forman parte de la integralidad que determina y valida los derechos humanos, que son interdependientes. En ese entendido, la Constitución Política del Estado, erróneamente interpretada por los defensores de derechos comunitarios, al consagrar derechos fundamentales, precisamente lo que hace es demostrar la integralidad de los mismos. La comunidad no es una entelequia y por tanto los derechos comunitarios tampoco; éstos se materializan a través del concurso individual de cada miembro de la misma. Por ello no se puede hablar de subordinación de derechos sino de complementariedad. Cada individuo asume por voluntad propia su condición de miembro de una comunidad, se identifica culturalmente con la misma, cree en la Madre Tierra y está consciente de sus obligaciones con los demás, sin que ello importe la renuncia a sus derechos individuales, como el derecho a la vida, la libertad o su seguridad. La supervaloración de los derechos comunitarios afecta la representación del ciudadano y puede derivar en decisiones que si bien se asumen en conjunto dentro de la comunidad, no siempre son de beneficio para ese colectivo humano. Se debe entender que la vulneración de derechos de un miembro de la comunidad, incluso muchas veces a través de la comisión de delitos de lesa humanidad, termina afectando no sólo los derechos de la persona individual, sino distorsiona los fines altruistas y valores que consagra el colectivo humano. 74
    • Hacia una nueva cultura ciudadana En este siglo XXI, a casi treinta años de la instalación de los regímenes democráticos, estamos frente a un Estado viejo que no termina de extinguirse y uno nuevo que encuentra dificultades para su real surgimiento y vigencia. El pueblo se encuentra en una especie de limbo entre ambas indefiniciones y resulta trascendental reconducir el accionar ciudadano. Estas tres décadas no se vivieron en vano, proporcionaron grandes lecciones y contribuyeron, con todos sus defectos y virtudes, a un importante aprendizaje, tanto individual como colectivo. En ese contexto, el país requiere de nuevos modelos y formas de comportamientos, así como de nuevos referentes. Tanto en el Estado como en la sociedad civil se advierte un imperativo categórico e ineludible: el cambio de comportamientos, partiendo de una posición autocrítica y de una firme decisión de cambiar los parámetros y motivaciones de actuación. 1.- Reinventar la política.-En el ámbito estatal es necesario recuperar los fines altruistas que impulsaron la creación de diversas instituciones. Estas no pueden seguir siendo meros espacios de hegemonía política, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Es importante entender que cada entidad estatal fue creada con fines de servicio a la sociedad, no como instrumento de poder político, de modo que las personas que ocupan cargos en ellas, antes de considerarse autoridades deberían asumir el rol de servidores públicos, porque están al servicio de la sociedad, es ésta la que les paga, la que les otorgó un mandato a través de las urnas y la que les puede revocar dicho mandato en el marco de la democracia participativa. Por consiguiente, se trata de extinguir el viejo modelo del funcionario o autoridad que con su accionar sólo acentúa el distanciamiento entre Estado y la sociedad civil, incluso causando la confrontación entre ambos. Aquel intermediario o interlocutor válido que en algún momento cumplía ese rol de conexión entre ambas partes, el partido político, y que durante estas tres décadas perdió toda legitimidad y respeto frente a la ciudadanía, debe ser recuperado. Así como se requiere un cambio en el sentido de existencia y funcionamiento de las instituciones del Estado, también se torna necesario inventarnos una nueva forma de hacer política, para que su práctica deje de ser considerada como una actividad u oficio negativo. Debemos dar surgimiento al nuevo modelo de 75
    • activistas políticos. Hoy todavía muchos de ellos disfrutan del poder en instancias gubernamentales, parlamentarias, edilicias, sin percatarse de la trascendencia e importancia del rol que el pueblo les encomendó, no están a la altura de los desafíos históricos y se están quedando estancados, consciente o inconscientemente, en la mediocridad de sus actos y disputas. Se conforman con vegetar donde están, simplemente están para levantar la mano, obedecer los instructivos emanados desde la cúpula partidaria sin posibilidad de cuestionamiento alguno, desmerecen el orgullo de representar a un pueblo y prefieren optar por decisiones pragmáticas, preservando lo suyo (su cargo, su curul, su pequeño espacio o cuota de poder), esperando la oportunidad de enriquecerse ilícitamente bajo el supuesto que si no lo hace es probable que en el futuro ya no tenga esa oportunidad. Ese personaje típico de la política boliviana aún está vigente, independientemente de la ideología que sustente su organización; la corrupción no distingue opciones ideológicas. Hay que deconstruir el viejo modelo de activista político para un nuevo escenario democrático. No es tarea fácil, pero su inmediato emprendimiento es esencial. En algún momento surgió la esperanza de que con los nuevos gobernantes podía consolidarse este objetivo, sin embargo sus protagonistas se adecuaron más temprano que tarde al sistema antiguo y hoy pretenden servirnos el pasado en copa nueva. No obstante, queda firme la aspiración legítima de impulsar esta iniciativa necesaria de reinventarnos la política bajo parámetros distintos, en función de contribuir al surgimiento de verdaderos apóstoles de la democracia. 2.- Nueva ciudadanía.- Si es necesario impulsar un cambio en la práctica política, también se torna trascendental promover una nueva visión de la participación ciudadana. Los políticos no son marcianos, forman parte de nuestro colectivo humano y, por tanto, llevan al escenario de poder todas las miserias que los caracterizaron cuando no eran autoridad pública y formaban parte de la sociedad civil. Si ello es así, el problema es más grande: hay una cuestión cultural que atañe a la sociedad en su conjunto, cada individuo, al margen de dónde se encuentre, en cuanto tenga la oportunidad de actuar con intolerancia, autoritarismo o discriminación, lo hará. Por ello, es que en la vida cotidiana se continúan advirtiendo bolsones importantes de vulneración de 76
    • derechos que no siempre tienen como protagonistas a las autoridades públicas. Es justo reconocer en forma autocrítica que cada uno de nosotros desarrolla sus actividades ante la permanente opción de respetar o atropellar: tenemos, en nuestro interior, a dos personajes, un dictador y un demócrata, ambos con las mismas posibilidades de manifestarse en diversas circunstancias de la vida. Partiendo del reconocimiento de esta realidad, se impone la tarea de impulsar el surgimiento de un nuevo ciudadano o ciudadana, capaz de asumir sus responsabilidades democráticas, de ejercer sus derechos compatibilizando los mismos con sus deberes. Con todo, la inquietud va más allá de la simple relación entre derechos y obligaciones. No es una relación dialéctica, no tiene por qué entenderse a los derechos como antagonistas de los deberes, ambos forman parte de una concepción integral del ejercicio ciudadano. Podríamos decir que tanto derechos como deberes son interdependientes en función de garantizar el bienestar colectivo. Ese es el objetivo altruista que debe materializarse a través de una nueva práctica ciudadana. Requerimos reconducir el proceso, establecer nuevos parámetros de comportamiento y comprometer a la persona con la aspiración legítima de construir una sociedad de iguales. Esta tarea se torna muy difícil para un país tan asimétrico como el nuestro, con tremendas desigualdades y formas directas e indirectas de discriminación aún muy vigentes. Además, lo que es más grave, con un Estado integrado por viejas mentalidades, que no están dispuestas a perder privilegios ni espacios de poder. La participación ciudadana en este escenario aún no existente, debe superar la visión mezquina de exigir solamente respeto a sus derechos, soslayando los deberes. Asimismo, el nuevo ciudadano, debe estar comprometido con las aspiraciones de todo el pueblo. Resultaría mediocre el actuar de una persona si solamente se ocupa de preservar lo suyo, ignorando la necesidad de construir un nuevo Estado donde las inaceptables diferencias deben ser extinguidas. Una nueva persona, miembro de esta colectividad, debe tener la suficiente motivación y el valor necesario para interpelar cuanta injusticia se materialice, sea por acción del Estado, por omisión de éste o por alguna inconducta de personas particulares. 77
    • La nueva ciudadanía y su ejercicio pleno tiene necesariamente que partir de una autocrítica individual y colectiva sobre los errores del pasado: las responsabilidades humanas no se suspenden en ninguna circunstancia. Esta nueva ciudadanía tiene que estar vinculada a principios éticos, si es posible bioéticos; debe ser capaz de insertarse en cada individuo y reproducirse en el conjunto de la sociedad. A mayor abundamiento, vale la pena enfatizar que una sociedad sin compromisos éticos, jamás podrá impulsar el surgimiento de una ciudadanía comprometida, donde las actitudes pilatunas están por demás. ¡Basta con echarle la culpa al otro de los males que nos incumben! En algún momento tenemos que asumirlos para enmendarlos, ignorarlos o soslayarlos sólo ayuda a que se sigan reproduciendo. Queda hacia adelante la oportunidad de hacer lo que hasta el momento no se hizo: ejercer una nueva ciudadanía constructiva y progresista; humana y tierna; audaz frente a los retos del presente en aras de un futuro diferente. Esta oportunidad no puede ser desperdiciada, hacerlo significaría postergar injustamente las aspiraciones de un pueblo que espera mucho de cada uno de nosotros. En eso estamos. “Los inventores de fábulas creemos que no es tarde para emprender la construcción de una utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decir por nosotros hasta la forma de vivir y de morir, donde de veras sean ciertos el amor y la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad, tengan por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra” (Gabriel García Márquez.) 78
    • Fernando Mayorga U. Sociólogo y doctor en Ciencia Política (FLACSO). Director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón y coordinador del programa de investigación Acción de gobernar. Autor de El movimiento antiglobalización en Bolivia. Campañas internacionales y dinámica local en tiempos de crisis y cambio (2008), Antinomias. El azaroso camino de la reforma política (2009), Grita la hinchada, grita la hinchada (2010) y Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional (2011). Capítulo IV Ciudadanía en tiempos de transición estatal
    • Fernando Mayorga U. Como un proceso de dos caras: un estatus legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades y la expresión de la pertenencia a una comunidad política. Así concibe Fernando Mayorga la complejidad de la concepción y evaluación del estado de la ciudadanía en una democracia como la nuestra. En este proceso advierte tareas pendientes: la concentración del proceso decisional en un solo actor político favorece la eficacia en el cumplimiento de medidas y en el logro de objetivos, pero debilita la calidad representativa de las instituciones y, a la larga, la calidad del ejercicio de ciudadanía, señala. La ciudadanía tiene múltiples sentidos y es un campo de disputa discursiva y normativa en, por lo menos, dos aspectos: como conjunto de derechos y como sentido de pertenencia. Estas dos facetas son constitutivas de la ciudadanía en la sociedad moderna y se cristalizaron en el Estado y en la nación. Desde la añeja revolución francesa hasta la actual “primavera árabe” mucha agua –y sangre– ha pasado por debajo de los puentes de la historia, y también las concepciones se han matizado, complejizado y adecuado a los tiempos, a las geografías y a las sociedades, a los territorios y a las culturas. La ciudadanía ya no se limita a la declaración de un conjunto de derechos naturales, universales e inalienables, afincados en los individuos que deben ser reconocidos y resueltos por el Estado, no obstante la hipótesis 81
    • lógica del contractualismo sigue vigente puesto que no se concibe a la sociedad sin el Estado, porque sin contrato social sólo quedaría el imperio del estado de naturaleza, la ley del más fuerte. Pero es una hipótesis lógica, no un dato histórico. Tampoco es pertinente insistir en una idea de ciudadanía que la imagina como un sistema integral de derechos –civiles, políticos, económico, sociales y culturales–, que se articulan de manera equilibrada por su mero reconocimiento formal en un corpus legal puesto que, fácticamente, no es posible un ejercicio integral de los derechos. Pero esto es una constatación empírica que no impide que la igualdad ciudadana siga siendo el ideal de la sociedad democrática. Asimismo, la ciudadanía como pertenencia a una comunidad política –que desde fines del siglo XVII empieza a adoptar la figura y el nombre de nación, ligada al pueblo y bajo criterios de racionalidad jurídica– siempre estuvo y está sometida a contradicciones y re significaciones debido a las transformaciones en las relaciones intersubjetivas en el seno de cada sociedad, en el ámbito de las relaciones internacionales y en el papel del Estado como bisagra frente al mundo, empero, la nación sigue siendo el referente ineludible de identidad compartida en las sociedades a pesar de la globalización financiera y cultural, pese al estallido de los particularismos identitarios, a la búsqueda de nuevos formatos institucionales y a la proclamación de una ciudadanía cosmopolita (David Held 2001). Adicionalmente, con el “retorno del Estado” al centro de la escena política y situado, también, en el ojo de la tormenta de la crisis financiera global, se replantean los debates en torno a la soberanía nacional y la capacidad representativa del Estado y su aptitud para resolver las demandas de ciudadanía. Las respuestas son variadas. En algunos lares de Europa, por ejemplo, la apelación al Estado viene con los fantasmas del chauvinismo y se traduce en una negación de derechos ciudadanos de los “otros”, los extranjeros, los migrantes. En el caso de América Latina, el “retorno del Estado” se nutre con interpelaciones de soberanía nacional y ausculta otra manera de insertarse en la globalización; también se sostiene en otro modo de comprender la comunidad política partiendo del reconocimiento de la diversidad social y cultural y reconociendo que la cohesión social (un efecto, entre otros, de la igualdad ciudadana) es viable solamente si se asienta en el reconocimiento de la heterogeneidad cultural de nuestras sociedades. Estos elementos forman parte del debate contemporáneo acerca de la noción de ciudadanía (PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Buenos Aires, PNUD- 82
    • TAURUS, 2004. Caetano Gerardo, “Pobreza y derechos humanos, cambios en la ciudadanía y nuevas democracias en América Latina”, documento IIDH, 2010). En nuestro país adquirieron relativa importancia durante la realización de la Asamblea Constituyente (2006-2008) porque varios elementos polémicos de la noción de ciudadanía se cristalizaron en la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2009 mediante referéndum constitucional, con la instauración del Estado Plurinacional y, posteriormente, con la definición de modelo boliviano de democracia como una democracia intercultural, esbozada en esos términos recién en la Ley del Régimen Electoral, Ley 026 del 30 de junio de 2010. Estas innovaciones institucionales tienen una evidente incidencia en la concepción y la comprensión de la ciudadanía puesto que las nociones de Estado Plurinacional y democracia intercultural no se pueden cristalizar institucionalmente de manera adecuada sino en lazo con una ciudadanía pensada con criterios multiculturales o, como dice la Constitución, basada en el pluralismo –político, lingüístico, económico, jurídico y cultural–. En este ensayo realizamos un balance de las reflexiones sobre la noción de ciudadanía para establecer ciertos parámetros que permitan discutir los cambios acontecidos en Bolivia respecto a la visión y ejercicio de ciudadanía en los últimos años. Un ejercicio vinculado, obviamente, a una nueva fase en el ciclo democrático inaugurado en 1982 y a las vicisitudes del proceso de cambio conducido por el MAS desde el año 2006. Construcción social y geometría variable Para realizar esta reflexión partimos del criterio de que la ciudadanía es una “construcción social”, en la medida en que “en cada sociedad, los sujetos políticos se constituyen y se enfrentan, elaboran estrategias y hacen elecciones, y así construyen diferentes formatos para la ciudadanía” (Sonia Fleury, “Ciudadanía y desarrollo humano en Brasil”, en Ciudadanía y desarrollo humano, Cuadernos de Gobernabilidad Democrática, PNUD, Siglo XXI, Argentina, 2007). Obviamente, los diversas hechuras de ciudadanía comportan elementos formales comunes que se distinguen, convencionalmente, como derechos civiles, políticos y sociales; por razones didácticas incluimos en los derechos sociales a los DESC, los derechos económicos sociales y culturales que, adicionalmente, se derivan de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que data de 1966, así como algunas normas de la 83
    • Organización Internacional del Trabajo OIT, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En el debate contemporáneo, siguiendo las ideas de Marshall Berman, se utiliza como punto de partida una distinción entre derechos de primera, segunda y tercera generación (civiles, políticos y sociales), empero, ya no se concibe la construcción de la ciudadanía como resultado de una secuencia progresiva y lineal de adquisición de derechos de generaciones sucesivas; tampoco es dable adoptar como herramienta de análisis un criterio normativo sobre el carácter integral de la vigencia de la ciudadanía porque presupone un ejercicio armónico y completo de los derechos civiles, políticos y sociales por parte de todas las personas. Estos recaudos metodológicos permiten evitar el uso de la falacia de la idea de “déficit” de ciudadanía para dar cuenta del estado de la democracia en una sociedad, una visión normativa de ciudadanización que se refuerza con los criterios igualmente normativos de “debilidad” institucional y “ausencia” de Estado de derecho. Con estos recaudos se evita el riesgo de evaluar la condición y calidad ciudadana por carencia o por defecto y no como un resultado de procesos políticos sometidos a vaivenes políticos internos e influencias del contexto internacional. En el caso de América Latina resulta pertinente adoptar una visión que permita observar las diversas combinaciones de los tipos de derechos a partir del concepto de “geometría variable” porque, como señala Benjamín Arditi, “hay distintas maneras de acceder a la ciudadanía, una mediante la política, otra a través del mercado, y que por lo mismo, en un mismo espacio comunitario coexisten distintas combinaciones ciudadanas” (“Ciudadanía de geometría variable y empoderamiento social” en Ciudadanía y desarrollo humano, Cuadernos de Gobernabilidad Democrática, PNUD, Siglo XXI, Argentina, 2007:139). Así, el concepto de geometría variable “revela distintas combinatorias de la ciudadanía, incluso para un mismo grupo” puesto que “está compuesta por tres posibles competencias (civil, política y social) y dos posibles ámbitos de resolución (el político-estatal y el mercado)”. En general, no existe coincidencia entre ámbitos y competencias, por lo tanto, el ejercicio de ciudadanía implica diversas combinaciones de acceso a derechos y variadas posibilidades de realización; por ejemplo, la vigencia plena de derechos políticos fortalece la ciudadanía electoral pero no resuelve las demandas de ciudadanía social porque su atención (en acceso a salud, educación, empleo, vivienda, por ejemplo) no depende solamente de la eficacia representativa o de la legitimidad de las instituciones democráticas, implica otras acciones 84
    • referidas a la acción gubernamental y/o a las relaciones en el mercado. Con mayor razón, si existen pautas culturales que afirman y reproducen simbólicamente la desigualdad social a partir de diferencias por identidad étnica, pertenencia clasista, relaciones entre géneros, adscripción religiosa o condición generacional, entre otras. Esta perspectiva de geometría variable es sugerente porque permite reforzar la idea de ciudadanía como “construcción social” puesto que “la comunidad deja de ser percibida como cuerpo objetivo al cual se ingresa o se sale y pasa a ser algo disputado y por consiguiente siempre en proceso de formación” (:140). Estos criterios son útiles para reflexionar sobre las transformaciones que vive la sociedad boliviana en los últimos años. Por ejemplo, para dar cuenta de la ampliación de la democracia con el reconocimiento de nuevas instituciones de representación y participación política como –por citar algunas– las asambleas legislativas departamentales, las circunscripciones especiales indígenas, la consulta previa y la iniciativa legislativa ciudadana. También para dar cuenta de la correlativa ampliación de la ciudadanía como sistema de derechos con el reconocimiento de derechos colectivos y derechos a minorías con la finalidad de impulsar la igualdad ciudadana. Asimismo, son útiles para evaluar otros cambios ligados a la dinámica política más que al diseño normativo constitucional y que tienen que ver con el incremento de la participación de mujeres, campesinos e indígenas en los asuntos del poder que buscan similar objetivo pero desde rutas distintas; en el caso de las mujeres a través de disposiciones normativas o decisiones legislativas, en una suerte de acción reformista “desde arriba”, y en el caso de los campesinos e indígenas mediante su irrupción en la arena electoral mediante sus propias entidades políticas o sus organizaciones sindicales o comunitarias, es decir, “desde abajo”. Finalmente, esos criterios resultan válidos para analizar la ejecución de políticas públicas y programas sociales de carácter distributivo orientados a mejorar el acceso a servicios de salud y educación de grupos vulnerables, puesto que los beneficiarios se distinguen a partir de sus carencias en disponibilidad de condiciones para su ejercicio ciudadano. Dos caras de la ciudadanía La ciudadanía es un sistema de derechos y, también, implica un sentido de pertenencia a una comunidad política. Es una noción básica de ciudadanía que se forjó al influjo de la revolución francesa y se enriqueció 85
    • desde mediados del siglo XX con la descolonización y la formación de la Organización de Naciones Unidas. Posteriormente, en las últimas décadas, se fortaleció con la transición y consolidación de la democracia en varias regiones del planeta, asimismo por los efectos culturales y políticos de la migración transnacional y por el reconocimiento creciente de diversas identidades en las sociedades como parte de la complejización de la concepción de los derechos humanos. A pesar de las mutaciones provocadas por las transformaciones políticas, económicas y socioculturales, la ciudadanía mantiene su núcleo básico como sistema de derechos que, además, está enlazado a la pertenencia a una comunidad política nacional. Como señalan Kymllicka y Wayne: “La ciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política” (1997:5), una comunidad imaginaria puesto que la sociedad está sometida a múltiples tensiones internas debido a que se dan casos de exclusión de personas y grupos por motivos socioeconómicos y, también, por razones culturales. Esta realidad pone manifiesto el carácter (de geometría) variable y contingente del ejercicio de ciudadanía. De todas maneras, como manifiesta David Miller, la ciudadanía proporciona certidumbre y racionalidad puesto que los “individuos y grupos con identidades fragmentadas necesitan convivir políticamente, y esto significa hallar alguna base o punto de referencia común a partir de cual juzgar sus pretensiones frente al Estado. Se supone que la ciudadanía provee este punto de referencia” (Miller David 1997:69). Existan varias concepciones de ciudadanía para dar cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado, entre lo público y lo privado, entre las normas jurídicas y los valores cívicos. Por una parte, el liberalismo concibe la ciudadanía como un conjunto de derechos cuyo pleno desarrollo involucra una noción de justicia porque todos los individuos se beneficiarían de igual manera; sin embargo, se trata de una visión de carácter normativo porque no incorpora pautas de acción para el ejercicio pleno e igualitario de los derechos y supone la neutralidad del Estado. La concepción republicana, por su parte, se sustenta en el reconocimiento de los derechos individuales, pero hace énfasis en la identificación de las personas con la comunidad a partir de su compromiso con “la promoción del bien común por medio de la participación activa en su vida política” (Miller 1997:84). Finalmente, la concepción comunitarista enfatiza en la idea de bien común en contradicción con el liberalismo, que supone que el bien común es un resultado de la combinación de las preferencias individuales, en cambio para 86
    • el comunitarismo, el bien común es definido por la comunidad y las preferencias individuales deben adecuarse a él (Kymlicka Will 1995:228). Ahora bien, aparte del reconocimiento formal de los derechos por parte del Estado, la ciudadanía se forja también mediante la politización de las personas a través de su participación en la esfera pública y su capacidad de acción y demanda, puesto que la esfera pública es “un espacio social en el que los ciudadanos procesan opiniones, emiten juicios, plantean demandas al Estado, y reciben e interpretan información a través de los medios masivos de comunicación” (Olvera 1999:33). En esa medida, la ciudadanía comporta aspectos jurídicos y políticos, y también elementos vinculados a la cultura política, empero estos no son motivo de análisis por razones metodológicas. Con estos recaudos abordamos el estado del tema en nuestra realidad enmarcado la problemática en el proceso político. Cambios políticos y transformaciones normativas Bolivia vive profundas transformaciones desde el arribo de Evo Morales al poder en enero de 2006, con el voto mayoritario de la ciudadanía por el Movimiento al Socialismo (MAS) en dos elecciones consecutivas, y el respaldo de organizaciones populares, en particular campesinos e indígenas. Estos cambios se resumen en la adopción de un modelo de Estado Plurinacional después de la aprobación de una nueva Constitución Política, mediante referéndum realizado en enero de 2009. Este modelo estatal se sustenta en tres pilares: recuperación del papel del Estado en la generación y control del excedente económico y su distribución mediante políticas sociales de apoyo a sectores populares; el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas y otras normas que promueven el pluralismo político, económico, lingüístico, jurídico y cultural; y, finalmente, el establecimiento de un modelo de descentralización política que reconoce autonomías departamentales, municipales e indígenas para ampliar la participación ciudadana y mejorar la gestión pública. Estos elementos constituyen la base institucional de un modelo de desarrollo en ciernes que busca un punto de equilibrio entre una concepción extractivista e industrialista en la explotación de materias primas, y una visión ecologista bajo los criterios del Vivir Bien, como principio que reconoce la importancia de las cosmovisiones indígenas para un desarrollo 87
    • que implica vivir en “armonía con la naturaleza” (ONU, Resolución 63/278, de 22 de abril 2009). Después del fracaso de las políticas de ajuste estructural de los años 90 y de las políticas estatistas de las décadas anteriores, Bolivia está en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Es un requisito para superar los rezagos históricos de un país que se caracteriza por la existencia de profundas brechas de desigualdad económica y social, débil integración territorial, déficit de institucionalidad y economía extractivista con escaso desarrollo productivo. Como respuesta a estas rémoras, la sociedad boliviana ha optado por fortalecer la democracia y encarar transformaciones políticas que se traducen en mayor equidad e inclusión social, que son el sustrato de la igualdad ciudadana. Otro sustrato es de tipo institucional y tiene que ver con los contornos de la democracia. Características de la democracia en tiempos de transición Para evaluar las transformaciones en la ciudadanía como sistema de derechos para acceder a la justicia y como elemento de pertenencia comunitaria, el punto de partida es considerar que, en los últimos años, se ha producido una ampliación de la democracia, aunque persisten rezagos históricos de pobreza, desigualdad y exclusión que impiden un ejercicio pleno de ciudadanía en vastos sectores de la sociedad denotando el carácter variable y heterogéneo de la ciudadanía. La democracia se ha ampliado porque se incorporaron nuevas reglas e instituciones políticas, y se incluyeron nuevos sujetos y demandas sociales en respuesta a los límites de la democracia electoral. La democracia electoral se ha consolidado como única fuente de legitimidad del poder político con reglas mínimas que garantizan la eficacia del voto ciudadano para elegir autoridades y con procedimientos que garantizan su libre ejercicio. La elección directa de autoridades políticas nacionales y subnacionales, la posibilidad de revocatoria de su mandato mediante voto popular y la elección de magistrados del flamante Órgano Judicial por voto universal, dan cuenta de la mayor incidencia de voto ciudadano. Adicionalmente, el derecho a voto se ha extendido a los residentes en el extranjero, una respuesta a los dilemas que plantea la migración transnacional para el ejercicio de ciudadanía. La democracia representativa se ha consolidado porque se mantiene el sistema de representación mediante organizaciones políticas, con claro 88
    • predominio de los partidos políticos al margen de que su formato organizativo difiere de los parámetros convencionales e incluye, en el caso del MAS, un peculiar lazo con las organizaciones sociales que lo conforman y respaldan. Además, la democracia representativa se ha fortalecido con la incorporación de instituciones de democracia participativa y directa, la mayoría de las cuales reposan en el voto ciudadano o en la iniciativa legislativa sin mediación partidista. La democracia participativa se manifiesta en instituciones vinculadas a la gestión pública definidas como mecanismos de control social, democracia participativa y directa. La democracia directa tiene una variedad de nuevas reglas entre las que sobresale la revocatoria o revocación de mandatos. La revocatoria o ratificación de leyes también puede darse por referéndum, y en el caso boliviano incluye la reforma parcial o total de la carta constitucional. La iniciativa legislativa ciudadana es otro mecanismo de participación que, en algunos casos, incluye la convocatoria a asamblea constituyente. Es decir, muchas decisiones políticas que antes estaban circunscritas a las relaciones convencionales entre los poderes ejecutivo y legislativo, con el poder judicial dirimente en muchos casos, han sido transferidas a la sociedad en tanto cuerpo electoral. Adicionalmente, se incluye a la democracia comunitaria como un conjunto de normas y procedimientos de los pueblos indígenas que expresan nuevas pautas de participación política, provocando una ampliación de ciudadanía sin que ese reconocimiento implique un dualismo en el sistema de representación ni una ciudadanía diferenciada, porque no existe una subordinación de unos derechos respecto a otros, sino una combinación. La democracia comunitaria implica la elección de autoridades y representantes de pueblos indígenas mediante usos y costumbres, aunque en el caso de diputados se refrenda con voto universal y se limita al 5% de representantes de los pueblos indígenas minoritarios. En suma, la democracia no se limita a la democracia representativa como acontecía en el pasado, cuando los partidos eran los agentes exclusivos de participación política. Si bien los nuevos arreglos institucionales evidencian una ampliación de la democracia con la incorporación de participación ciudadana en la gestión pública y el voto ciudadano para remover autoridades y aprobar reformas, la eficacia del funcionamiento de las instituciones para el cumplimiento de metas de igualdad depende de su ejercicio, en particular, del ejercicio del poder político. 89
    • Ampliación democrática y expansión de la ciudadanía Los cambios políticos, el renovado rol económico y social del Estado y también la descentralización -generando más espacios de participacióntuvieron consecuencias en la concepción y ejercicio de ciudadanía. La ciudadanía está vinculada “a exigencias de justicia y de pertenencia, de posesión y ejercicio de derechos y de dimensión personal-comunitaria” (Caetano 2010, pág. 4). En el primer caso, los sectores más beneficiados han sido los indígenas y las mujeres, sectores que son víctimas de la pobreza. En el segundo caso, la pautas de pertenencia comunitaria se han complejizado con el reconocimiento de la diversidad étnica que cuestiona el modelo de nación homogénea como modelo de integración social. El ejercicio de ciudadanía se ha ampliado a aquellos sectores excluidos de la política institucional. Respecto a las mujeres, en el pasado se establecieron cuotas de participación política como resultado de decisiones normativas aprobadas merced a acciones de cabildeo de grupos feministas, campañas de Organizaciones No Gubernamentales y presiones de organismos internacionales, en esa medida se trata de de reformas “desde arriba”, impulsadas por criterios de justicia para remediar situaciones de exclusión provocadas por la vigencia de pautas patriarcales en las sociedades. De las cuotas se transitó a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una ruta distinta tuvo el reconocimiento de derechos indígenas y sus avances presentan un carácter más amplio en términos de ciudadanía. El movimiento indígena se movilizó con mayor fuerza desde los años 90, motivado por la conmemoración de los “500 años”, con marchas y protestas e incursiones electorales. Sus efectos fueron importantes porque las demandas indígenas incidieron en los procesos constituyentes y sus derechos fueron reconocidos en los cinco países. En todos los casos se superaron las visiones homogenizantes acerca de la sociedad y se reconoció constitucionalmente su carácter pluriétnico y multicultural y, a partir de la aceptación de la diversidad social, se incorporaron derechos colectivos de los pueblos indígenas en diversos tópicos. El reconocimiento de la diversidad social y su formalización constitucional implica plantear nuevas pautas de pertenencia a la comunidad nacional a partir de la “diferencia” identitaria. El reconocimiento de derechos a estas colectividades trasciende la noción de “democracia de ciudadanos y ciudadanas” planteada por el PNUD (2004), que enfatiza el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales resaltando la diferencia de género, empero presta escasa atención a los derechos culturales o colectivos que incumben a los pueblos indígenas. 90
    • Esta no es una peculiaridad boliviana porque, desde los años 90, las cinco constituciones andinas reconocen la diversidad étnico cultural, y eso se traduce en la inclusión del derecho consuetudinario en los sistemas de justicia; el reconocimiento del carácter oficial de las lenguas indígenas; el reconocimiento de propiedad colectiva o territorios, jurisdicción y autonomías indígenas. Otro importante avance es el reconocimiento de derechos de la población afrodescendiente con derechos similares a los indígenas. Sin embargo, el caso boliviano es el más sugerente porque el MAS es un partido concebido como “instrumento político” de las organizaciones campesinas e indígenas, y la presencia de Evo Morales en la presidencia desde 2006 tiene una importancia simbólica y política que trasciende las fronteras. Este protagonismo político tuvo consecuencias en el ámbito internacional porque impulsó la aprobación de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es una ampliación de los derechos promovidos bajo el cobijo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a los “Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes”, aprobado en 1989. El liderazgo de Evo Morales también provocó la adopción del modelo de Estado Plurinacional como propuesta política del movimiento indígena latinoamericano. Es importante evaluar el modelo de Estado Plurinacional porque es una respuesta a las dos facetas de la ciudadanía: como sistema de derechos y como pertenencia comunitaria. El nuevo texto constitucional define al Estado como Estado Plurinacional que se sustenta en el reconocimiento de derechos colectivos para las “naciones y pueblos indígena originario y campesinos”, una respuesta a las demandas de ampliación de la ciudadanía como sistema de derechos que, también, modifica la noción de comunidad política al cuestionar la figura de Estado-nación y reconocer el pluralismo en múltiples dimensiones: político, cultural, jurídico, lingüístico y económico. Por una parte, se reconoce derechos a un nuevo sujeto colectivo definido por criterios de identidad étnico cultural, que coexisten con los derechos individuales de tipo liberal y carácter universal, en esa medida amplía la noción de “democracia de ciudadanos y ciudadanas” que se circunscribe a los derechos individuales. El sujeto colectivo reconocido por el Estado Plurinacional son “las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, que tienen derechos a participación política, a presencia en los órganos de Estado, territorios, autogobierno, autonomía territorial, a consulta previa para inversiones productivas, también se reconocen sus lenguas como idiomas oficiales y sus normas de justicia consuetudinarias 91
    • con el mismo rango que el derecho positivo. En el diseño del sistema de gobierno, se incorpora la democracia comunitaria, junto con la democracia representativa, participativa y directa. A diferencia de otros casos nacionales, en Bolivia se ha producido una profunda renovación de elites en la política por lo tanto se ha modificado el acceso a recursos de poder materiales y simbólicos por parte de sectores sociales excluidos secularmente y que han adquirido protagonismo político. Por otra parte, la idea de nación, vinculada a procesos de modernización y modernidad bajo criterios de igualdad ciudadana y homogeneización cultural, está en crisis debido a los cuestionamientos que provienen del reconocimiento de la diversidad social, la “diferencia”, tanto como de los efectos de la globalización. Una respuesta a la crisis del paradigma del Estado Nación es el reconocimiento del pluralismo en sus diversas facetas, entre ellos la diversidad cultural, a través del reconocimiento de derechos colectivos que promueven la integración social de los grupos beneficiados y la ampliación de la capacidad representativa del Estado. La nación ya no es solamente una comunidad de ciudadanos individuales, también reconoce colectividades, formadas por grupos marginados y excluidos con derechos colectivos que pueden impulsar condiciones de igualdad ciudadana. Sin embargo, existe el riesgo de exacerbar los particularismos étnicos y subordinar los derechos individuales a los colectivos, en menoscabo de la justicia y los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el asesinato mediante linchamientos justificados con el argumento de justicia comunitaria, un tema que muestra la complejidad de la articulación de valores culturales y normas de justicia de rasgos diversos. El sujeto plurinacional: tensiones discursivas en el proyecto del MAS En el pasado, el populismo del 52 convocaba al “pueblo”, un sujeto interpelado por el discurso del nacionalismo revolucionario que congregaba a obreros, campesinos y clases medias. El pueblo sublevado representaba a la nación en combate contra la antinación (el colonialismo, el imperialismo y sus agentes internos) cuyo destino se materializaba en el Estado como ente soberano y estructura de poder ajena a la dominación foránea. Este sujeto revolucionario, el “pueblo” del 52, fue deconstruido por el discurso indigenista desde la década de los 70 con la crítica al reduccionismo clasista del marxismo y del nacionalismo revolucionario, 92
    • que privilegiaban lo campesino y concebían la realidad indígena como un resabio histórico. El proyecto del 52 postulaba la construcción de la “bolivianidad”, un “ser nacional” que se forjaría en el proceso de modernización y homogenización. El centralismo fue su manifestación institucional y el mestizaje su expresión cultural, así como la construcción del mercado interno y una base productiva industrial constituían el proyecto de modernización económica para lograr la soberanía estatal. El “pueblo” del nacionalismo revolucionario ha sido desplazado por una noción que no rechaza la vertiente clasista campesina, pero privilegia las identidades étnicas. Si el sujeto “pueblo” era una construcción ideológica, este nuevo sujeto político es una ficción jurídica definida en la CPE como: “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, un sujeto portador de derechos colectivos y que constituye el rasgo distintivo del nuevo Estado, el Estado Plurinacional. Entre los elementos que definen al Estado Plurinacional, sobresale el reconocimiento del pluralismo en diversas facetas: “pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”, lo que supone, sin duda, una ampliación de la capacidad representativa del Estado. Sin embargo, pese a que no es mencionado en el Art. 1, el rasgo que define el carácter “plurinacional” del Estado y se constituye en el eje del diseño del sistema político es el pluralismo nacional que implica el reconocimiento de varios pueblos y naciones, precisamente las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, un conglomerado que definimos en este texto como “sujeto plurinacional”. El reconocimiento de este sujeto se define en el Art. 2 del texto constitucional: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales…”. Otro artículo describe sus rasgos: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española” (Art. 30). Algunas interpretaciones se apoyan en el Art. 5, que reconoce 36 lenguas nativas como idiomas oficiales aparte del castellano, para mencionar la existencia de similar cantidad de “naciones y pueblos indígena originario campesinos”. 93
    • Esa original denominación del “sujeto plurinacional” es resultado de la combinación de tres códigos: naciones originarias, que es utilizado por las organizaciones de los grupos étnicos de tierras altas; pueblos indígenas, nombre que utilizan los grupos étnicos de tierras bajas; y campesinos, que es la denominación de los trabajadores del campo –hombres y mujeresorganizados en sindicatos desde los años 50 del siglo pasado, como parte del proceso de la revolución nacionalista. Es decir, es una construcción jurídica y una realidad sociológica porque no existe actor social alguno que integre esos cinco ingredientes, por lo tanto, el “sujeto plurinacional” existe solamente en términos jurídicos y solamente puede ser representado por el Estado… Plurinacional. Un pueblo indígena en particular no puede reclamar sus derechos colectivos si están en contra de los intereses generales representados por el Estado. De esta manera, el Estado Plurinacional condensa, sintetiza y unifica esa diversidad étnica y la somete a sus designios porque, a la usanza del nacionalismo revolucionario: el pueblo y la nación –aunque sea en plural– se condensan en el Estado. El Estado Plurinacional: innovaciones y recurrencias Existen varios elementos que refuerzan la idea de persistencia del nacionalismo revolucionario pese a que en el Preámbulo de la nueva Constitución Política de Estado no se menciona a la Revolución Nacional del siglo pasado. La centralidad estatal en el proyecto revolucionario de 1952 fue definida por Carlos Montenegro, el ideólogo de esta corriente de pensamiento, de la siguiente manera: “el pueblo se subleva en tanto nación y la nación se materializa en el Estado soberano e independiente frente al colonialismo y la antinación”. En la actualidad se reedita ese orden discursivo a pesar de la renovación de las élites políticas y las transformaciones en curso. Por ejemplo, la dicotomía nación/antinación se manifesta bajo otros códigos, pero reproduce su lógica. Si antes la antinación se manifestaba en el imperialismo y la rosca minero-feudal que se contraponían al “pueblo”, ahora la retórica gubernamental contrapone “nación e Imperio” para designar la relación con Estados Unidos, y “pueblo vs. oligarquía” para cuestionar las demandas autonomistas departamentales definidas como “separatistas”, antinacionales, respecto al Estado. Las tareas del Estado Plurinacional son convencionales y no se diferencian del Estado Nacional cuestionado por el discurso oficialista. Se refieren a soberanía y gestación de mercado interno, a inclusión y cohesión social, a integración territorial, aunque con nuevas modalidades. 94
    • La soberanía estatal sobre los recursos naturales se completa con la nacionalización de las empresas capitalizadas para generar excedentes destinados a la inversión pública en el sector productivo con énfasis en la industrialización de hierro, litio e hidrocarburos. Una orientación que contradice la perspectiva indigenista que evoca a la Pachamama como visión ecologista y que se subordina a la expansión de una lógica productiva basada en pequeños productores. Otra motivación para expandir el rol del Estado en la economía es la aplicación de políticas distributivas mediante la transferencia de excedente económico a sectores populares marginados y excluidos, cuya sostenibilidad exige un incremento de las ganancias del Estado a través del impulso a la inversión extranjera. Estas políticas distributivas benefician a millones de personas pobres y constituyen mecanismos de inclusión social que fortalecen la ciudadanía como sentido de pertenencia a la comunidad política en vastos sectores populares. La integración social es concebida como interculturalidad a partir del reconocimiento de la diversidad étnico-cultural del “sujeto plurinacional”, sin embargo, las políticas estatales en algunos temas, como la ley contra el racismo, promueve más el multiculturalismo centrífugo que la convivencia intercultural. La necesidad de integración territorial es respondida con la ratificación del carácter unitario del Estado y la introducción de un régimen de descentralización mediante autonomía en el nivel subnacional. En síntesis, analizando el liderazgo carismático de Evo Morales y su lazo con su base popular de apoyo político se perciben más rupturas que continuidades respecto al populismo del siglo pasado vinculado a la revolución de 1952. No obstante, el discurso masista y el modelo estatal en ciernes muestran la persistencia de elementos convencionales del nacionalismo revolucionario, a pesar de la apelación a un sujeto y a un Estado “plurinacionales”, porque predomina un proyecto político matizado por una concepción que se sustenta en una matriz estado-céntrica. Los retos de la democracia en la construcción de ciudadanía En términos formales existen tres aspectos que caracterizan el modelo boliviano de democracia y que se encuentran imbricados: Estado plurinacional, democracia intercultural y ciudadanía con rasgos 95
    • multiculturales. Es preciso esbozar las características de este nuevo marco institucional y normativo para evaluar los avances y retrocesos en la consecución de los fines de la democracia, a partir de evaluar las contradicciones existentes entre las normas constitucionales y su concreción institucional, entre las metas que plantean las reglas jurídicas y los resultados de las políticas públicas, entre la dimensión simbólica de la inclusión política y social, y la capacidad de agencia ciudadana, entre la imagen pluralista del nuevo Estado y las prácticas concretas de la burocracia estatal en el ejercicio del poder. El Estado Plurinacional se sostiene en el reconocimiento de los derechos colectivos de las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, que expresan el carácter pluralista del Estado en diversos ámbitos: pluralismo económico, político, cultural, lingüístico y jurídico. Este reconocimiento de derechos se combina con el derecho a la autonomía indígena que forma parte del régimen de autonomías territoriales (departamentales, regionales, municipales e indígenas) que caracterizan el modelo de descentralización política del Estado; también con el reconocimiento de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena en la justicia y la participación de representantes indígenas en diversas instancias estatales. En la concepción de Estado Plurinacional se manifiesta una brecha o contradicción entre el ejercicio de la soberanía estatal y la vigencia de los derechos colectivos, un hecho que se puso de manifiesto en el conflicto por el TIPNIS y tiende a ser un factor de conflictividad permanente en la relación entre los pueblos indígenas y el gobierno, mientras no se defina los alcances del derecho a la consulta previa. La democracia intercultural implica el reconocimiento de tres modalidades de democracia: representativa, participativa y directa, y comunitaria, que implica la incorporación de nuevas instituciones políticas. La democracia representativa mantiene la centralidad de las organizaciones políticas (partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos) para la postulación a cargos de representación y de gobierno, e incluye representación de pueblos indígenas mediante (7) circunscripciones especiales uninominales en la cámara de Diputados. También establece la igualdad de oportunidades de participación política de hombres y mujeres. Se reconoce similar capacidad legislativa a las asambleas departamentales y concejos municipales en el régimen de autonomías, fortaleciendo el papel de las instancias legislativas en los niveles subnacionales, sobre todo en los gobiernos departamentales. 96
    • La democracia participativa y directa reconoce el referéndum para la aprobación de “normas, políticas y asuntos de interés público”, también para reformas constitucionales y para la conformación de autonomías indígenas y regionales; asimismo la revocatoria de mandato por votación para las autoridades electas en todos los niveles de gobierno. También reconoce al cabildo, la asamblea y la consulta previa; no obstante, sus decisiones no tienen carácter vinculante para el Estado. La democracia comunitaria es definida de manera ambigua en la Ley de Régimen Electoral porque “se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 10). Por ahora, se expresa en la elección del 5% de escaños en la cámara de Diputados, la elección de representantes indígenas en las asambleas departamentales de acuerdo a cuotas, y la conversión de 11 municipios en autonomías indígenas, alrededor del 3%. Es decir, la construcción institucional de la democracia intercultural enfrenta desafíos de equilibro y armonía entre las tres modalidades de democracia para evitar dualismo en el sistema de representación política y en el proceso decisional. Al margen de estas tensiones conceptuales, disyunciones normativas y desafíos institucionales, existen brechas y contradicciones entre el pluralismo político reconocido por la CPE y la concentración de poder en el partido de gobierno como resultado de la distribución de preferencias electorales. También existe una brecha entre el incremento de la presencia de indígenas y mujeres en los espacios de poder y la debilidad de las políticas públicas con enfoque de equidad de género y de empoderamiento indígena. Otra contradicción y/o brecha se manifiesta en la débil implementación de las autonomías departamentales porque hasta la fecha no se han aprobado estatutos autonómicos y las asambleas departamentales tienen tareas pendientes de institucionalización para funcionar como instancias de legislación y fiscalización. Como mencionamos, la relación armónica y complementaria entre democracia representativa, democracia directa y participativa, y democracia comunitaria es una tarea pendiente porque surgen contradicciones en su ejercicio en situaciones específicas, provocando conflictos en torno a las decisiones de gobierno. Con el tema del TIPNIS como ejemplo, se percibe esta situación puesto que el derecho a la consulta previa como mecanismo de democracia directa y participativa no es vinculante (según la Ley de 97
    • Régimen Electoral), pero forma parte de los derechos colectivos en tanto “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan” (CPE, Art. 30, inciso 15). Este derecho se combina con el derecho “a la libre determinación y territorialidad” (Art. 30, inciso 4). Ese conjunto de derechos es reconocido, además, por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. A esta contradicción entre democracia participativa y comunitaria se suma la tensión con la democracia representativa, porque la Asamblea Legislativa debe definir las reglas al respecto con una ley sobre consulta previa. La ciudadanía como sistema de derechos es más compleja y tiene rasgos multiculturales porque, aparte de ampliar los derechos individuales, la CPE reconoce derechos colectivos a las “naciones y pueblos indígena originario campesinos” que se constituyen en un nuevo sujeto portador de derechos que constituyen el sustrato del Estado Plurinacional. Existe una brecha entre el reconocimiento de derechos colectivos y su pleno ejercicio. Por ejemplo, el uso y explotación de recursos naturales pone en tensión los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las prerrogativas estatales para planificar el desarrollo en representación del “interés general”. Estos son algunos ejemplos de los problemas y desafíos derivados de un proceso de transición estatal. La idea de transición es central porque implica que la construcción de la democracia es un proceso en el cual se combinan innovaciones institucionales, transformaciones políticas y socioculturales con elementos atávicos de cultura política autoritaria y débil institucionalidad. Estos aspectos se relacionan con la calidad de la democracia para que la inclusión social sea efectiva como construcción de ciudadanía. La integración social es un desafío pendiente y requiere de instituciones democráticas sólidas y legítimas. La transición estatal en Bolivia sigue en curso y el perfil de las instituciones estatales está definido de manera preliminar por las leyes orgánicas, sin embargo, la eficacia de su rol integrador depende de su aplicación práctica y de la legitimidad de su funcionamiento. La tensión entre centralismo y autonomías debe ser resuelta en términos colaborativos porque las políticas redistributivas dependen del gobierno central y su aplicación en el futuro debe contemplar el principio de subsidiariedad entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, la 98
    • inclusión social debe potenciarse en la escala local para proporcionar mayor eficacia a las iniciativas de carácter nacional. La elaboración de los estatutos autonómicos departamentales y de las cartas orgánicas municipales debe contemplar las necesidades de inclusión social desde una perspectiva integradora, adicionalmente, este armazón institucional debe resolver el problema de disponibilidad de recursos bajo criterios de equidad regional mediante un pacto fiscal que permita una distribución racional de recursos. Otro aspecto crucial para que las políticas de inclusión social sean eficaces y sostenibles tiene que ver con la justicia. La respuesta normativa a los rezagos y debilidades en la impartición de justicia con el reconocimiento de dos jurisdicciones, es un paso importante porque acerca el Estado a la sociedad e integra a vastos sectores sociales, sobre todo de las áreas rurales, a la racionalidad estatal. Sin embargo, existe el riesgo de que la dualidad jurídica se convierta en dualismo competitivo, debilitando más bien las tareas del Órgano Judicial, en esa medida, el reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina es una oportunidad pero también un riesgo. La reproducción de una lógica centralista en el poder judicial es una realidad negativa que debe superarse para mejorar el derecho administrativo y enfrentar la creciente cantidad de casos que vinculan y enfrentan a los ciudadanos con el Estado. Un aspecto pendiente que puede tener mucha importancia en el funcionamiento de las instituciones democráticas es el control social, una modalidad participativa reconocida constitucionalmente, pero pendiente de reglamentación mediante una ley. De manera similar al ámbito judicial, el control social puede ser un factor de fortalecimiento de la gestión pública como también un elemento promotor de inestabilidad en los distintos niveles de gobierno. Tanto la implementación de las autonomías como la aplicación de las leyes con sentido de justicia dependen relativamente del proceso político decisional y, en función de su diseño, de las pautas que definan la participación ciudadana mediante el control social. Por ahora, las novedades no son positivas porque el gobierno ha manifestado su interés en otorgar esta tarea a una supraorganización que tiene lazos directos con el partido de gobierno. Este tema implica considerar el funcionamiento de las instituciones democráticas, que se caracteriza por la debilidad del pluralismo político y el control gubernamental del proceso legislativo y la toma de decisiones en la mayoría de las instancias de poder político. La concentración del proceso decisional en un solo actor político favorece la eficacia en el cumplimiento de medidas y en el logro de objetivos, pero debilita la calidad representativa 99
    • de las instituciones y, a la larga, la calidad del ejercicio de ciudadanía. La ampliación de la democracia es un buen síntoma del estado de sus instituciones, no obstante, su representatividad depende de su capacidad para representar la diversidad de intereses y demandas de la sociedad, en suma, del pluralismo que consagra la Constitución Política del Estado, un principio intangible que debe materializarse en todas las esferas para que la integración social produzca una comunidad de ciudadanos y ciudadanas. BIBLIOGRAFIA Caetano Gerardo, “Pobreza y derechos humanos, cambios en la ciudadanía y nuevas democracias en América Latina”, documento IIDH, 2010. Fleury Sonia, “Ciudadanía y desarrollo humano en Brasil”, en Ciudadanía y desarrollo humano, Cuadernos de Gobernabilidad Democrática, PNUD, Siglo XXI, Argentina, 2007 Habermas Jurgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático en términos de teoría del discurso, Editorial Trotta, Barcelona, 1998. Held David, La democracia y el orden global, Paidós: Buenos Aires, 1997. Kymllicka Will y Norman Wayne, “El retorno del ciudadano”, en La Política, Núm. 3, Paidós, Buenos Aires, 1997. Kymlicka Will, Filosofía política contemporánea, Ariel, Barcelona, 1995. Lechner Norbert, “El Estado en el contexto de la modernidad”, Reforma del Estado y coordinación social, Plaza y Valdés, México, 1999. Linz Juan y Valenzuela Arturo (eds.): The Failure of Presidential Democracy, Jhon Hopkins Press, Baltimore, 1994. Mainwaring Scott y Scully Timothy (eds.), Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Stanford University Press, Stanford, 1995. March James y Olsen Johan, El redescubrimiento de las instituciones, FCE, México, 1998. Miller David, “Ciudadanía y pluralismo”, en La Política, Núm. 3, Paidós, Buenos Aires, 1997:84 North Douglas, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, 1990. O’ Donnell Guillermo, ponencia presentada en el Seminario ¿Hacia dónde va América Latina? Bariloche, 16/19 de mayo, CIEDAL, Escuela de Política y Gobierno, UNSAM, Argentina, 2007. Olvera Alberto, “Esfera pública, movimientos sociales y democracia”, en Revista Metapolítica, Vol. 3, Núm. 9, Universidad de Puebla, 1999. Peters Guy, El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política, Gedisa, Barcelona, 2003. PNUD, El estado del Estado, Informe de Desarrollo Humano 2006, La Paz, 2006. PNUD, “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas.” Buenos Aires, PNUD-TAURUS, 2004. Rabotnikof Nora, “Hegelianos, a sabiendas”, en Reforma del Estado y coordinación social, Plaza y Valdés, México, 1999. 100
    • Isabel Mercado Periodista y columnista. Comunicadora del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM). Autora de “Comunicadores con arte y oficio”, “25 años de democracia en Bolivia: ni tan diablos ni tan santos”, “Sala de Redacción; manual de periodismo y derechos humanos”. Capítulo V ¿Y nos llaman ciudadanos?
    • Isabel Mercado H. La ciudadanía es un proceso evolutivo, siempre en ciernes, siempre inconcluso. No obstante, la historia y las coyunturas políticas y sociales imponen el norte del camino. En Bolivia, la construcción de ciudadanía ha estado siempre a la sombra de los procesos políticos: desde el momento en que la Revolución del 52 incluyó a mujeres e indígenas en el escenario de la participación en democracia, hasta 1994, cuando la Participación Popular trasladó la democracia a todos los rincones del país. Ahora es el momento de la inclusión y la integración, de lograr que el ejercicio de la ciudadanía sea posible junto al ejercicio de derechos y la igualdad de oportunidades; para, en verdad, ser llamados "ciudadanos". El día de su boda, Daniel Valdés Choquetarqui acababa de cumplir 19 años. A esa temprana edad tenía la seguridad de sentirse ciudadano. Había cumplido con el primer requisito indispensable para ello: el servicio militar; había ejercido, prematuramente incluso para su comunidad, como autoridad originaria; había votado en dos elecciones democráticas y finalmente, el vientre de su esposa rebelaba su incipiente condición de padre. A contramano, había culminado por milagro la escuela, sumando a cuentagotas los días de largo viaje para llegar a la escuela secundaria que nunca se instaló en su pueblo; las secuelas de la tuberculosis que aquejó su pubertad y la mala nutrición consuetudinaria se adivinaban en su piel curtida. Nacido en el altiplano paceño, lo que conocía de la vida podía 103
    • resumirse, geográficamente, en las tres horas de viaje que separaban su comunidad de El Alto. En otro lado del mundo, Lucas Sporss, ciudadano norteamericano de 50 años, discute con su hijo. Acaba de terminar el debate electoral entre Romney y Obama, los candidatos que pugnan por la Presidencia del que sigue siendo el país más poderoso del mundo. Obama busca la reelección y se esfuerza por demostrar que sus logros -después de haber superado lo que denomina la peor crisis de su país desde la Recesión de los años 30empezarán a cosecharse a partir de su segundo mandato. Su contrincante, republicano conservador, ofrece a los norteamericanos el bálsamo de la solución a sus grandes problemas: volver a contar con dinero en el bolsillo. Doce millones de empleos es la base de su apuesta electoralista. En Texas padre hijo no consiguen ponerse de acuerdo. “Hay que proteger al país de los migrantes y de la musulmanización”, enfatiza el padre. El hijo esboza una sonrisa irónica: “Qué clase de ciudadanos somos si creemos en la demagogia barata”, sentencia, finalizando la charla familiar. Doscientos años antes de Cristo, el historiador Polibio había esgrimido el concepto de oclocracia, para aludir la supuesta ignorancia de la ciudadanía acerca de los aspectos políticos, económicos y sociales fundamentales en una sociedad, que según este griego conocido como el padre de la historia, la inhabilitaría para elegir entre las diversas propuestas que presenta la historia y el sistema social. A más de una década del siglo XXI, con la democracia reconocida como la única forma aceptable de gobierno, “el único ideal político universal, sin competencia explicita”1, la sola mención de este postulado puede considerarse como autócrata y discriminatoria, sin embargo, son también estos los tiempos en que la validez de un concepto depende más de sus evidencias empíricas que de su capacidad discursiva, y el debate sobre la construcción de ciudadanía ha superado ya la dimensión de la teoría política, incluso de los postulados jurídicos, para demandar respuestas que contrasten lo que se dice con cómo se la vive y, aún más, con las tareas pendientes para alcanzar su pleno ejercicio. Si los fundamentos que encontró Polibo en la sociedad griega de su época para mantener la tesis de una ciudadanía “ignorante” (y por tanto no apta para ejercer sus derechos fundamentales) resultan inaceptables hoy en día, es más por una cuestión de corrección política que por la 1 Molina, Fernando “Conversión sin fe: el MAS y la democracia”. Edición Molina y Asociados. La Paz, Bolivia, 2007. Pag. 21. 104
    • constatación empírica de que los ciudadanos -especialmente en países con una democracia en construcción como Bolivia- gozan y ejercen sus derechos y obligaciones ciudadanas con plenitud. Desde el altiplano boliviano hasta las llanuras texanas podemos apreciar las brechas que subsisten entre la “condición” de ciudadano y el pleno ejercicio de los derechos de tal condición, entendidos éstos en su acepción más amplia: el acceso a buenos servicios y oportunidades, la corresponsabilidad con el cuidado del bien común (lo público), el respeto por el otro, el cumplimiento de deberes, la exigibilidad de los derechos propios y una participación ciudadana que trascienda lo episódico y los particularismos. Ergo, no es necesario discriminar entre ignorantes y letrados, entre ciudadanos de primera y de segunda… más allá de las posiciones ideológicas nos enfrentamos a una ciudadanía incompleta, incipiente, que no alcanza a definirse, a cristalizarse en todo el conjunto social tanto en estas tierras como en el primer mundo. Ciudadanía, democracia y derechos: una trilogía necesaria Por encima de las coyunturas políticas e históricas, la ciudadanía es, más que un concepto abstracto, una condición para la vida democrática. Su ejercicio – intrínseco al desarrollo del individuo- no sólo implica el goce de derechos civiles y políticos (igualdad ante la ley), sino una serie de condiciones que guardan relación con la calidad de vida y la convivencia entre pares (igualdad de oportunidades). En otras palabras se trata de un derecho que se ejerce de forma espontánea a partir de la pertenencia a una sociedad normada por leyes e instituciones, donde rige un estado de derecho asentado en el principio de la igualdad de todos sus integrantes ante la ley, al mismo tiempo que en la necesidad del cumplimiento de ciertos requisitos que habilitan a cada uno de ellos -de acuerdo a su desempeño- para pertenecer a ella. Esta concepción que se sustenta en el derecho positivista, no sólo alimenta una corriente democrática liberal, sino que ha sido y es el insumo prioritario de la visión universalista que se expresa en el conjunto de tratados y declaraciones aceptados por la humanidad en su conjunto como 105
    • una suerte de contrato social; especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), columna vertebral de la legislación e incluso la constitucionalidad de buena parte de las naciones. Pero, este precepto de igualdad ante la ley ha venido a ser cuestionado como insuficiente en muchos contextos; especialmente en aquellos en los que el conjunto de ciudadanos no goza de forma igualitaria de todos los servicios y beneficios que precisa para su desarrollo. Para este segmento del planeta, la “condición de ciudadano con los mismos derechos y obligaciones” que sus pares, es absolutamente discursiva y precisa de otro tipo de acciones y garantías de parte del Estado para vivir, en la práctica, la condición de ciudadano. Es aquí que el concepto de “igualdad de oportunidades” –que viene a ser más complementario que sustitutivo-, adquiere relevancia. Los ciudadanos, incluso en los países más desarrollados, no se conforman únicamente con el respeto de sus derechos y la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, demandan acceso a buenos servicios (educación y salud de calidad, servicios básicos, vivienda, ingresos dignos y otros) y una participación ciudadana que se exprese en representatividad para la toma de decisiones y competitividad para insertarse al mercado. Esta lectura, que es casi una postura ideológica en los tiempos actuales, no solamente ha venido a cuestionar la insuficiencia de la primera, sino a dejar constancia de que la ciudadanía es un proceso evolutivo, que acompaña a las transformaciones sociales y políticas y que requiere, permanentemente, de nuevos ingredientes para ceñirse a las exigencias de los individuos y las colectividades. Según Martín Hopenhayn2, en la actualidad, la relación ciudadaníademocracia mantiene, por un lado, aspectos históricos que definen al sujeto-ciudadano, a la vez que se cuestionan aspectos sustanciales del ejercicio de la ciudadanía, vinculados a la reformulación del rol del Estado y a la calidad del régimen democrático en el marco del proceso de globalización. En su opinión, en los nuevos escenarios de democratización latinoamericana, el concepto de ciudadanía recupera contenidos tradicionales vinculados a tres enfoques: 1. Liberal-democrático, asociado a los derechos de primera 1. Liberal-democrático, asociado a los derechos de primera y segunda generación: civiles y políticos. 106 2 Hopenhayn, Martin. “Viejas y nuevas formas de la ciudadanía”. Revista de la CEPAL. Santiago de Chile. 2001. Pag. 117.
    • 2. Social democrático, que se extiende a los derechos de tercera generación: económicos, sociales y culturales. 3. Republicano, vinculado a mecanismos de pertenencia del individuo a una comunidad o nación, a la participación y en la definición del proyecto de sociedad. De acuerdo a Hopenhayn, esta noción de ciudadanía se reformula en un contexto de debilitamiento del rol del Estado, que precisamente fue el que le dio origen y razón de ser en su configuración clásica. Aún cuando para la visión republicana el requisito formal para ser ciudadano se sustenta en la pertenencia a un Estado – nación, ésta no es actualmente la vía exclusiva para definir la condición de ciudadanía en términos sustantivos: ser titular de derechos y gozar de la capacidad para ejercerlos. Las dos dimensiones que incluye el concepto de ciudadanía titularidad de los derechos y capacidad real para ejercerlos- muchas veces se contraponen: al mismo tiempo que se afirma la titularidad de derechos para grupos que antes estaban excluidos de la misma, otros sectores de la población se ven impedidos de ejercer sus derechos ciudadanos. La experiencia ha demostrado que el ejercicio de los derechos no es una práctica acumulativa, sino que existen situaciones donde, por ejemplo, el ejercicio de los derechos políticos no implica necesariamente lo mismo en relación con derechos civiles o sociales. El argentino Guillermo O´Donnell3 caracteriza este tipo de situaciones como una ciudadanía de baja intensidad: “en muchas de las democracias que están surgiendo, la efectividad de un orden nacional encarnado en la ley y en la autoridad del Estado se desvanece...”. Respecto a la agudización de la conflictividad social en las ciudades, agrega que esto “...no sólo refleja un grave proceso de decadencia urbana, sino también la creciente incapacidad del Estado para hacer efectivas sus propias normas”. 3 El politólogo Guillermo O’Donnell ha desarrollado el concepto de democracia delegativa para distinguirla de la democracia representativa. Según O’Donnell (1997) los procesos democráticos que se produjeron en América Latina resultan en democracias institucionalmente débiles, con poderes ejecutivos muy centralizados que presentan una combinación de elementos democráticos y autoritarios. La crisis del Estado, en tanto representación de legalidad y la consecuente incapacidad para hacerla cumplir en forma efectiva, lleva a la construcción de una democracia con una “ciudadanía de baja intensidad”: donde se respetan los derechos participativos y democráticos de la poliarquía, pero se viola el componente liberal de la democracia. Una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el recuento de votos, pero en la que no existe un trato correcto de la policía o la justicia, sería un caso en el cual se pone en tela de juicio el componente liberal de esa democracia y se cercena severamente la ciudadanía. 107
    • Como se advierte en la crisis del modelo democrático que enfrentan los países europeos por el desbalance de su economía, la ciudadanía puede fácilmente pasar de un estado aparente de consolidación a un proceso de transformación, incluso de revolución, cuando aquello del acceso integral a oportunidades se diluye. Lo propio -puede decirse- sucede en contextos como el nuestro, donde a la concreción del goce elemental de los derechos civiles y políticos corresponde la satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales. Visto de esta forma, se advierte que el sistema democrático requiere en iguales proporciones el respeto y cumplimiento de los derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y otros), un conjunto de instituciones que los garanticen y una cultura ciudadana que los aplique. Es decir: democracia, ciudadanía y derechos son una trilogía necesaria para la vida en democracia. Del empoderamiento a la ciudadanía En todas las sociedades del mundo, la evolución del concepto de ciudadanía ha ido a la par de las transformaciones políticas. Nuestro país no ha sido la excepción. A partir de 19524 (cuando se hacen universales algunos derechos antes restringidos a minorías), el ejercicio ciudadano ha ido evolucionando, adaptándose a los momentos políticos. En un proceso dinámico, los derechos ciudadanos han sido restringidos en dictadura y alentados en democracia, pero sin lograr un avance trascendental en el objetivo de asegurar la igualdad de todos ante la ley ni consolidar una institucionalidad que los refuerce y/o garantice. La reforma constitucional de 1994 representó, en este marco, un paso importante, pues como resultado de las movilizaciones indígenas reclamando “dignidad, tierra y territorio” (1990), se reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de la nación; disminuyó la edad de “ciudadanización” de 21 a 18 años; se modificó el sistema electoral exclusivamente de diputados, introduciendo a los uninominales; se crearon tres instituciones democráticas claves para el ejercicio ciudadano: 4 El perfil de ciudadano del boliviano tiene a la Revolución de 1952 como punto de partida. No es casual, pues no fue sino a partir de este momento que se amplió el ejercicio de muchos derechos democráticos como el voto universal a un conjunto amplio de la población que hasta entonces había permanecido ignorado: todos los hombres y mujeres mayores de 21 años sin importar su condición social o grado de instrucción, lo que por primera vez en la historia republicana, daba lugar a la participación de todas las mujeres e indígenas en la vida institucional del país. 108
    • el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo; se añadió el Art. 171 que señala “la defensa y protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas” y se amplió el periodo municipal de dos a cinco años. Ese mismo año se inicia el proceso de municipalización en el país, a partir de la implementación de la Ley 1551 de Participación Popular, con la cual se logró dar un salto cualitativo en la participación efectiva en la vida política y en la relación con el Estado para un conjunto de poblaciones –municipios- y ciudadanos. Este último hecho marca un punto de inflexión en la construcción de ciudadanía en Bolivia. Si se analiza la ciudadanía más allá de la condición de ciudadano que cuenta de manera “natural” con una serie de derechos y obligaciones, conferidos constitucionalmente, gran parte de los bolivianos –a pesar de haber nacido a la vida democrática a partir del derecho al voto en 1952- no contaban para la administración y las decisiones del país. Paridos con la condición de ciudadanos como con “la marraqueta bajo el brazo” -que metafóricamente acompaña la llegada de todos los niños al mundo-, las y los bolivianos no conocían el ejercicio de ciudadanía en la toma de decisiones, en la participación de la vida pública, la práctica de los derechos en su amplitud y complejidad, y la obligatoriedad de un conjunto de deberes que los haga corresponsables con sus propios destinos. Por ello, si 1952 fue un momento fundacional para el ejercicio de los derechos ciudadanos en Bolivia –aunque pronto fueron eclipsados por las dictaduras y la inestabilidad política-, 42 años después, otro proceso, el de municipalización encarna un avance significativo en la construcción de ciudadanía en el país: genera una suerte de escuela de ciudadanización. Con la democracia local, no sólo el derecho a elegir –a votarconvierte a candidatos anónimos en representantes de carne y hueso (logrando una relación nunca antes vista entre autoridades y ciudadanos, más allá de la sede de gobierno), sino que el propio ciudadano empieza a advertir y luego a ejercer un nuevo conjunto de derechos que se sintetizan en su participación en la planificación de la gestión y a partir de ello, la priorización de sus necesidades y anhelos en acciones y obras. Con luces y sombras, la municipalización incluyó y “empoderó” a cientos de miles de hombres y mujeres de todo el territorio nacional para 109
    • su inclusión real a la vida democrática; hombres y mujeres que tuvieron que aprender el manejo de recursos, la respuesta a conflictos, la solución a demandas largamente postergadas, etc. De la entelequia que significó históricamente ser “ciudadano” en Bolivia, con la democracia local se dio el paso a la construcción de procesos concretos y ascendentes de transformación de una cultura política discriminatoria y autoritaria a una mejor convivencia en democracia. El nuevo milenio se inaugura en Bolivia, junto a la crisis del Estado democrático liberal que, esencialmente hizo aguas por la crisis de representatividad de sus actores políticos y de las decisiones que éstos adoptaban. Dicho de otro modo, ese conjunto emergente de nuevos actores, empoderados como ciudadanos desde lo político algunos años antes con la Participación Popular, se expresa de forma creciente en el conjunto de movimientos y organizaciones surgidas de la sociedad que empujaron más temprano que tarde el cambio del modelo, del Estado y de la historia. No obstante, y a pesar de ello, a partir de la instauración del “proceso de cambio” (2005), surgen otros rasgos y, en definitiva, otros retos para el pleno ejercicio ciudadano. De un “florecimiento” positivo de la participación ciudadana en diferentes procesos –como el que culminó con la instalación de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado- a la “burocratización” de estos mecanismos y espacios de participación. En otras palabras, esa tradición movilizadora y participativa del ciudadano que se gestó incluso en épocas dictatoriales y se consolidó en la planificación participativa –recuperando las estructuras tradicionales del ayllu y el sindicato agrario en el mundo occidental, y de las capitanías o comunidades en tierras bajas, para traducirse en Organizaciones Territoriales de Base y/o juntas vecinales-, vivió su momento de gloria antes y durante la instauración del “proceso de cambio”, pero luego de las grandes movilizaciones que impulsaron las reformas de este periodo, fue evidente que quedaron rezagadas: la gente, especialmente la que no es parte de estos movimientos sociales formales, empezó a sentirse marginada. Después del clímax de la inclusión y del ejercicio de la democracia participativa, se empezaron a sentir las brechas entre los que detentan el poder fáctico de la calle y los que sólo transitan por ella. 110
    • Institucionalidad en permanente fragilidad A este momento de crisis de la participación ciudadana y por tanto de la evolución ciudadana en nuestro país, se añade un momento también crítico en el proceso de institucionalidad democrática. Volviendo al génesis del concepto de ciudadanía, la fortaleza de la institucionalidad democrática5 es imprescindible para su edificación. En la práctica, ello implica un Estado con capacidad para mantener a las instituciones democráticas esenciales en el plano de la plena vigencia y la independencia, al mismo tiempo que respeta el cumplimiento de las leyes y normas y exige responsabilidad de los ciudadanos con las mismas. En su texto “Diálogo en torno a la República”, el politólogo italiano Norberto Bobbio6 defiende el marco legal que acompaña a un sistema democrático, que en su opinión permite neutralizar la discrecionalidad de los caudillismos carismáticos, los autoritarismos, o cualquier forma que se presente como novedosa pero que coarte libertades. La función principal de la democracia es asegurar la libertad de los individuos frente a los eventuales excesos del Estado, sostiene. Definida así, la democracia se distinguiría de la dictadura, por la existencia de un conjunto de instituciones y procedimientos que garantizarían la libertad de los individuos. El problema de esta concepción es que puede llevarnos a imaginar que una vez establecida la democracia, la sociedad resolverá por sí sola todos sus problemas. Pero ciudadanía no es solamente la relación con el Estado, es también la relación entre pares: no es sólo participar, es participación con institucionalidad; y no es cualquier institucionalidad, es una institucionalidad sustentada en valores democráticos, por el bien común, a partir de la práctica individual. Al respecto, el mismo Bobbio ha expresado a lo largo de su obra su preocupación por el poder invisible del Estado, que gobierna más allá de la voluntad popular; la opacidad de la información que circula referida a las compras y contrataciones del Estado; las decisiones que se toman; las prebendas, presiones y mecanismos clientelares; la fuerza de las 5 Se refiere al conjunto de instituciones políticas que organizan al Estado y a la sociedad, además de las reglas y normas que definen un determinado orden social. 6 Llamado “el socialista liberal”, Norberto Bobbioha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y el socialismo, tratando de mostrar que quienes defienden ambas ideologías basan sus actividades en el respeto al orden constitucional y en el rechazo a los métodos antidemocráticos, incluyendo, como es obvio, el análisis y la crítica a la corrupción que ha caracterizado la vida política italiana de los últimos años, y el terrorismo al que se opuso con energía durante las décadas de los años 1960 y 1970. 111
    • corporaciones y los lobbistas, y afirma que este conjunto de expresiones, al igual que una participación corporativa y funcional de la ciudadanía en los asuntos públicos, pueden debilitar un gobierno democrático hasta tornarlo poco representativo del interés general. Es decir, por un lado, tenemos un conjunto de instituciones que no ofrecen tradición de invulnerabilidad y solidez ante el ciudadano porque en la historia democrática del país han sido permanentemente erosionadas y no han llegado aún a mostrarse independientes de los poderes gubernamentales; tenemos también un conjunto cada vez más sólido y atractivo de normas y leyes que no se cumplen ni se exigen a plenitud y, finalmente, tenemos una participación ciudadana poco representativa del conjunto global de la sociedad… En otras palabras, el estado de derecho no tiene la fuerza y el peso que precisa para sostener el andamiaje de la construcción colectiva de la ciudadanía. De otro lado, la relación entre el ciudadano y el Estado es asimismo frágil: se exige mucho del Estado, pero no se valora en la misma proporción la corresponsabilidad con éste –el mentado “bien común”, o lo público-; el ciudadano establece una relación “funcional” con el Estado, esperando recibir el beneficio de su rol asistencial, sin comprometer su aporte a tal logro –cumplimiento de obligaciones, corresponsabilidad con la gestión y/o participación ciudadana con solidaridad-. Este esquema describe el tránsito vivido en los últimos años por los ciudadanos bolivianos: ante una crisis de institucionalidad permanente, las virtudes de la participación social se redujeron a los vicios de la participación corporativa. Los derechos indígenas En un marco de debilidad institucional y de una participación ciudadana de dudosa calidad, la construcción/evolución ciudadana agregó nuevos ingredientes a su proceso: el deseo de superar la desigualdad que impide la vigencia de una cultura y una ciudadanía democrática. La respuesta fue la apuesta por la legitimación y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Desde 1994, cuando se incorpora el concepto de multiculturalidad y diversidad en la Constitución Política del Estado, el país ha ido en un 112
    • franco avance en una de sus más grandes deudas históricas: el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque el debate sobre estos derechos no ha estado exento de posiciones e intereses políticos, el Estado boliviano ha sido firme en su meta de garantizar que todos los bolivianos y bolivianas –especialmente las mayorías indígenasaccedan a todos los derechos y servicios que los habilitan como ciudadanos. A partir de 2006 y con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2008), Bolivia ha priorizado la incorporación de las mayorías indígenas no sólo en la conducción del país, sino en el goce de derechos y beneficios democráticos de los que también habían estado marginadas, en el marco del respeto a sus usos, costumbres, tradiciones y cosmovisiones. Sin embargo, rápidamente se empezó a evidenciar una distancia entre la base discursiva y la práctica o, dicho de manera, en la supeditación del fin a los medios. Al objetivo –que todos y cada uno de los bolivianos goce de la plenitud de sus derechos sociales, económicos y culturales-, se sobrepuso el camino de la profundización de los particularismos que, si bien reforzó un sentido de pertenencia identitaria de los pueblos indígenas, alejó el sentido de pertenencia democrática, de la visión de lo común por encima de lo particular, que es otra condición para la consolidación de la cultura ciudadana. El reconocimiento de nuestra diversidad étnica y cultural es un paso escencial en el largo camino de transformaciones en procura de una real igualdad de oportunidades para todos; sin embargo, el intento de llegar a una ciudadanía democrática efectiva debe superar el conflicto de las múltiples identidades étnicas. Una ciudadanía democrática demanda un estado de derecho sólido. Y el estado de derecho trasciende la particularidades de las identidades para acoger al conjunto de los actores sociales, independientemente de sus diferencias, buscando hacer de la coincidencia su mayor fortaleza. Una forma de concretar este Estado en el estado de derecho, es reorientando el énfasis de su accionar; no únicamente hacia la atención de derechos de unos grupos sobre otros, sino a la reducción de las desigualdades. Es evidente que, en el caso boliviano, se han dado grandes pasos a través de la distribución de recursos a diferentes segmentos de la 113
    • población, pero además de ello, se necesitan políticas sociales que mejoren la educación, la salud, el empleo, etc., y logren que la ciudadanía no precise de salvaguardas-las identidades diferenciadas de cada grupo o segmentopara paliar las desigualdades. Ciudadanía activa: cuando los conceptos se aplican Hasta acá, podemos concluir que, junto a los procesos históricos – sociales y políticos-, la construcción de ciudadanía en Bolivia ha encontrado fortalezas en sus mecanismos de participación y en la exigibilidad/inclusión de los derechos de los pueblos indígenas del país, pero ha tenido puntos de tensión –e incluso involución- en la forma cómo se ha deteriorado la participación ciudadana (corporativismo) y en el énfasis (también particularista) que se ha dado a los derechos indígenas como un espacio de fragmentación del tejido social y no de creación de una conciencia/práctica de bien común. La democracia boliviana ha avanzado –especialmente en los últimos años- en la incorporación de normas que buscan no sólo garantizar el respeto de los derechos de las personas, sino en transformar las prácticas sociales en pos de una sociedad más equitativa; no obstante, el desafío pendiente está en cómo los mismos ciudadanos hacen carne estos logros y procuran que el resultado de los procesos políticos no sea solamente producto de su participación en elecciones –democracia representativa- sino de una participación ciudadana corresponsable. ¿Cuáles son las transformaciones que necesitamos en la cultura de participación ciudadana que tenemos? Los bolivianos no tenemos una cultura ciudadana consolidada: nuestro rezago educativo se expresa también en educación ciudadana, en tolerancia y respeto por el otro; en respeto por lo público y en solidaridad/compromiso con el bien común. Por otra parte, nuestra cultura política es débil, propensa a tolerar el autoritarismo, la demagogia, el prebendalismo y la ausencia de fiscalización (rendición de cuentas); poco tolerante con el disenso y vulnerable a los vicios de la corrupción. Estos rasgos, además de impedir logros de gestión pública, nos alejan de la evolución de nuestra ciudadanía hacia ese ideal de pleno ejercicio de derechos e igualdad de oportunidades. De ahí que para pasar del postulado a la realidad, es importante profundizar el análisis de la ciudadanía activa; es decir ese espacio donde 114
    • el ciudadano, empoderado por el conjunto de derechos y obligaciones frente al Estado, asume un rol corresponsable en el contexto social que le permitan superar las desigualdades que persisten y avanzar hacia una igualdad de oportunidades. No obstante, no es posible hablar de una ciudadanía activa sino no se aborda las deficiencias de nuestra cultura ciudadana. Los bolivianos, en general, oscilamos entre el exitismo y el auto menosprecio (o la autocompasión); un relativismo ético que nos lleva a no incomodarnos ni ruborizarnos ante manifestaciones de incoherencia (discursos de autoridades, propaganda abiertamente demagógica, prácticas culturales y personales autoritarias y poco compasivas con el bienestar común), ni cuestionarnos la distancia entre lo que ansiamos como sociedad y lo que hacemos para lograrlo. En otras palabras, por un lado, las condiciones de pobreza y de exclusión aún impiden que hablemos de un real ejercicio de ciudadanía en este país, pero en vez de encarar estas cuentas pendientes como un desafío, nos ensalzamos en una sobre estimación del partipacionismo, de la supremacía de los derechos colectivos y otras conquistas que no guardan relación unas con otras y que, especialmente, obnubilan el verdadero debate sobre lo que es preciso hacer para construir una ciudadanía democrática. Ciudadanía integradora: la nueva utopía En este escenario, surge la idea de ciudadanía como “vínculo de integración social”, es decir, la construcción de un espacio político que brinde a la democracia un sentido concreto. La CEPAL (2000) hablar de reformular la idea de “lo público” en tanto espacio de intereses colectivos que excede lo meramente estatal, facilitando una mayor participación de los distintos sectores sociales en las instituciones políticas democráticas y en el desarrollo de mecanismos propios de la sociedad civil que faciliten una cultura de convivencia y desarrollo colectivo. El gran desafío, dice la CEPAL, consiste en armonizar la democracia política con el crecimiento económico y la equidad social. Asimismo, propone una perspectiva integral que reoriente los patrones de desarrollo en torno al eje central de la equidad, como estrategia para la integración social. Se trata de colocar en primer plano la vigencia de los derechos 115
    • humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, los que junto a los derechos civiles y políticos, dan el marco ético al proceso de desarrollo. Pero no es todo, Martín Hopenhayn plantea que la revolución tecnológica tiene efectos sobre el concepto de ciudadanía en la medida en que su ejercicio se expande a prácticas cotidianas políticas y culturales mediante el uso del espacio mediático, produciendo mayor dispersión de actos y mayor diferenciación de las demandas. Estos patrones de integración responden a un escenario global, donde el mercado da sentido de pertenencia y conforma una comunidad social a partir de la lógica del consumo. Ya no es el Estado – nación el que estructura una identidad vinculada territorialmente a referentes jurídicopolíticos; es el mercado el que lo hace, por medio de la industria cultural, la comunicación tecnológica y el consumo segmentado de bienes materiales y simbólicos atravesado por tradiciones nacionales y flujos transnacionales.”Junto con la descomposición de la política y el descreimiento en sus instituciones, otros modos de participación ganan fuerza. Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos: a dónde pertenezco y qué derechos me da, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses… se contestan más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos”, sostiene. La ciudadanía se vincula así a la afirmación de la diferencia y la promoción de la diversidad, en tanto autoafirmación cultural que trasciende su ámbito de pertenencia territorial. Pensar en términos de ciudadanía, ahora, significa entonces replantear los mecanismos tradicionales, exigiendo los derechos del conjunto de todos los ciudadanos. Por lo tanto, la construcción de ciudadanía se asocia a la responsabilidad estatal de consolidar las instituciones democráticas y gestar, desde la sociedad, nuevas prácticas acordes a los ideales democráticos. Sin embargo, la concreción de estos principios se ve obstaculizada por la gran proporción de población que queda fuera del sistema productivo, y por ende, del sistema social: a medida que aumenta el grado de exclusión disminuye la capacidad de hacer valer los derechos ciudadanos. En síntesis, la construcción de ciudadanía exigiría un proceso de integración social y económica tanto en el plano nacional como 116
    • transnacional, partiendo del reconocimiento de la heterogeneidad. Se trata de recobrar la igualdad en términos de inclusión de los excluidos sin que esto lleve a la homogeneización cultural. ¿Cómo se unen los procesos con los desafíos?, ¿dónde colocamos el énfasis en nuestras acciones como Estado y como ciudadanos? Sin duda no hay una única respuesta, pero también sabemos que cualquier propuesta debe partir de las coincidencias y puntos comunes antes que de las diferencias para alcanzar una práctica ciudadana que no sólo apuntale un desarrollo equitativo y sostenible, sino permita una convivencia digna entre bolivianos. El Estado no sólo tiene la obligación de buscar el bienestar común sino de integrar. Los requisitos en este orden, son fortalecer la institucionalidad y cualificar la participación, especialmente en un momento como el que atravesamos, en el cual se tiende a una creciente urbanización del país que exige otro tipo de códigos sociales que no parte únicamente del respeto a usos y costumbres, sino, sobre todo de contratos de convivencia entre muchos, entre diversos. Dicho de otro manera, ya no se puede apostar por la fragmentación sino por la integración; por un ejercicio ciudadano cohesionador al amparo de un Estado integrador, que garantice condiciones y valores democráticos para propiciar un escenario de oportunidades equitativas en las que el ciudadano no sólo es beneficiario sino edificador. Cultura democrática, cultura ciudadana y una nueva cultura política son, ahora, la punta de lanza de esta nueva fase de construcción ciudadana. Una trilogía y una condición necesarias para que este periodo de transformaciones estructurales que atraviesa el país aterrice en la consolidación de un ejercicio ciudadano más pleno y adecuado a los desafíos de estos tiempos. Para que, sin reparos, podamos llamarnos ciudadanos… 117