Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013

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Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de ...
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Índice
Presentación..........................................................................................................
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Presentación
El presente Informe sobre Dere...
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Contexto regional
Centroamérica se caracter...
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Capítulo I
INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
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Para el Equipo Regional, el fenómeno de la...
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Sur América y EEUU, donde los carteles del...
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del narcotráfico, la trata de blancas, el tráf...
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Diputados, la suma de 716 millones 552 mil...
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Aunado a esto, en el país se registran otras i...
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Central Nacional de Trabajadores del Campo...
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CAPÍTULO II
LOS OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO ...
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El acceso a la justicia en Nicaragua aún e...
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pese a que la evasión fiscal es un delito....
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Presentación de octavo informe sobre derechos humanos y conflictividad en centroamérica

  1. 1. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 1 Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  2. 2. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 El documento ha sido elaborado y publicado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, en el marco del proyecto: “Informe centroamericano 2012-2013 sobre derechos humanos y conflictividad social” el cual es auspiciado por la Federación Luterana Mundial. Organizaciones que conforman el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. • • • • • • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH– Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá –CONADEHUPA– Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD– (El Salvador) Fundación Fútbol por la Vida –FPV– (Costa Rica) Grupo de Apoyo Mutuo –GAM– (Guatemala) Iglesia Luterana Costarricense –ILCO– Personas de contacto CENIDH Marlín Sierra cenidh@cenidh.org Georgina Ruíz direccion@cenidh.org CONADEHUPA Eric knudson Cristóbal Santana conadehupap@yahoo.es FESPAD Saúl Baños saulbanos@fespad.org.sv Omar Flores omarmf@fespad.org.sv FPV Valeria Morales redjovenes@futbolporlavida.org GAM Daniel Alvarado esvinag@gmail.com Karla Campos kalocaf@yahoo.com ILCO Rubén Chacón rubchach@hotmail.com Agradecimientos: El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, expresa su agradecimiento a: Eva Ekelund, Representante Regional de la Federación Luterana Mundial Rosa María Estrada, Oficial Regional de Incidencia, Federación Luterana Mundial Giovanni Magaña, Coordinador Regional de Programa. Federación Luterana Mundial La siguiente organización, fue colaboradora en la recopilación de la información relativa a Honduras: Equipo de reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC– Revisión final: Saúl Baños Marlín Sierra Georgina Ruíz Omar Flores Héctor Carrillo 1ª edición, 1,600 ejemplares. Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2013, en San Salvador, El Salvador. Diseño: maurigalvez@gmail.com
  3. 3. Índice Presentación............................................................................................................... 7 Contexto Regional................................................................................................. 8 Capítulo I INSEGURIDAD Y VIOLENCIA 1. La violencia en la Región............................................................................................... 9 2. Feminicidios/femicidios.................................................................................................. 10 3. Crimen organizado......................................................................................................... 11 4. Militarización y políticas de seguridad....................................................................... 13 5. Policía paralela.................................................................................................................. 14 6. Defensores y defensoras de los derechos humanos............................................... 15 Capítulo II LOS OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN CENTROAMÉRICA 1. El acceso a la justicia ..................................................................................................... 17 2. Independencia del sistema de justicia......................................................................... 18 3. Impunidad......................................................................................................................... 19 4. Sistema penitenciario ................................................................................................... 21 5. Justicia transicional.......................................................................................................... 24 Capítulo III CRISIS DEL MODELO DEMOCRÁTICO 1. Participación ciudadana................................................................................................. 26 2. Criminalización de la protesta social.......................................................................... 27 3. Libertad de expresión, prensa y acceso a la información pública........................ 29 4. Sistemas electorales democráticos y participativos............................................... 32 5. Equilibrio de poderes..................................................................................................... 34 Capítulo IV MODELO NEOLIBERAL E INEQUIDAD EN CENTROAMÉRICA 1. Pobreza, desarrollo humano y desigualdad social.................................................... 36 2. Derecho a una alimentación adecuada, seguridad y soberanía alimentaria....... 37 3. Derecho a un trabajo decente.................................................................................... 39 4. Derecho de acceso a la salud....................................................................................... 40 5. Derecho a una educación de calidad.......................................................................... 41 6. Derecho a una vivienda digna...................................................................................... 42 7. Impacto de las industrias extractivas y megaproyectos......................................... 43 Capítulo V DISCRIMINACIÓN SOCIO-POLÍTICA Y CULTURAL 1. Derechos de la población migrante............................................................................ 47 2. Derechos de la población LGTBI................................................................................ 49 3. Derechos de las mujeres.............................................................................................. 50 4. Derechos de las personas discapacitadas.................................................................. 53 5. Derechos de la niñez, adolescentes y juventud........................................................ 54 6. Derechos de las comunidades afrodescendientes................................................... 55 7. Derechos de los adultos mayores............................................................................... 56 Capítulo VI DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1. Tierra y territorio.......................................................................................................... 57 2. Derecho de consulta...................................................................................................... 59 Conclusiones............................................................................................................................ 62 Recomendaciones................................................................................................................... 65 Siglas, abreviaturas y acrónimos.......................................................................................... 68 Notas........................................................................................................................................ 70
  4. 4. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 7 Presentación El presente Informe sobre Derechos Humanos 2012-2013, así como fueron los anteriores es un esfuerzo encomiable de organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y que forman parte del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. En este año, el trabajo lo realizan en circunstancias difíciles especialmente para Guatemala por todo lo que significó el juicio al General Ríos Montt y el gran movimiento social en torno a la situación preelectoral de Honduras, sin embargo, el empeño de todos los miembros del equipo hizo posible su elaboración. Una parte importante del contenido está dedicada a la inseguridad y violencia en la región, se muestra cómo las mujeres son afectadas por distintos tipos de violencia incluyendo los feminicidios/femicidios, cómo crece la influencia en la región del crimen organizado y cómo la militarización es la respuesta por parte de los gobiernos, resultando en el agravamiento de esta situación. Se describe cómo los defensores de Derechos Humanos, son sometidos a una campaña sistemática de desprestigio y descalificación a la labor que realizan. Otra parte importante del informe tiene que ver con la justicia y la impunidad, en la que evidencian los obstáculos para el acceso a una justicia real en la región y de cómo la falta de independencia del sistema judicial desencadena en la impunidad. La criminalización de la protesta social, las limitantes para una real libertad de expresión y a la información pública son algunos de los temas que se mencionan en la Crisis del Modelo Democrático. Es muy poco el espacio para mencionar toda la riqueza en temas de derechos que contiene el informe, sin embargo no podía dejar de mencionar la importancia del tema que desarrollan acerca del derecho que tienen los pueblos indígenas a su territorio en todo el sentido amplio que conlleva este término y por otro lado todo el daño que provocan los megaproyectos en la región. Manifiesto mi reconocimiento al Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos por este excelente trabajo, el informe contiene información muy valiosa que ayudará a todos quienes tenemos el compromiso de continuar trabajando a favor de mujeres, hombres, niños y niñas, para que puedan ser ciudadanos y ciudadanas activos/as capaces de vivir una vida plena, conocedores de sus derechos y con capacidad de influir en las políticas y realizar acciones para modificar las estructuras existentes. Este año el programa el Programa de Centroamérica de Servicio Mundial de La Federación Luterana Mundial cumple 30 años en la región en búsqueda por la Justicia, Paz y Reconciliación en Centroamérica. Todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr esa justicia y esa paz para las poblaciones en Centroamérica. Este informe es una contribución para que su análisis sea más agudo y su incidencia más informada. San Salvador, 08 de noviembre de 2013 Eva Ekelund Representante Regional Federación Luterana Mundial Departamento para Servicio Mundial Programa Centroamérica Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  5. 5. 8 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 Contexto regional Centroamérica se caracteriza por ser una región con violaciones constantes a los Derechos Humanos, atentando gravemente a la seguridad ciudadana, el Estado Constitucional y Social de Derecho, los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales. a buscar justicia, sin embargo, han sido bloqueados por meros legalismos en favor de los victimarios, como el caso del ex-dictador Efraín Ríos Montt, en Guatemala o los militares salvadoreños solicitados por la Audiencia Nacional de España. Para controlar los altos índices de violencia que enfrenta la región, los gobiernos han generado políticas públicas que buscan su eliminación inmediata. Lo anterior, ha ocasionado la creación de modelos de “seguridad” represivos para tratar de paliar el fenómeno de la delincuencia; no obstante, estos no han dado los resultados esperados. De manera directa, las políticas públicas en materia de seguridad han desembocado en la remilitarización de la sociedad. También se han creado los escenarios para la mercantilización de la seguridad pública mediante la una policía paralela. Asimismo, una tendencia constante de criminalización y persecución “legal” o de hecho a defensores y defensoras de derechos humanos, la existencia de sistemas penitenciarios colapsados y condiciones propicias para la transgresión de la soberanía de la región mediante la adherencia a esquemas o agendas foráneas montadas bajo la excusa del combate conjunto al narcotráfico. Por otra parte, los países que conforman el istmo centroamericano cuentan con esquemas democráticos débiles. Desde las acciones de los gobiernos se promueve como único mecanismos de participación ciudadana los procesos electorales, ya sea, eligiendo o postulándose. Con ello se profundiza la delegación de las facultades de decidir temas trascendentales de los países en pequeñas élites, lo que constituye una característica propia de la democracia representativa y no de la participativa. En ese marco, se criminalizan otras formas de participación como la protesta social, la denuncia pública, y se restringe la libertad de expresión en sus distintas manifestaciones, entre otros. Paralelamente, y dado que Centroamérica es, principalmente, una zona de tránsito para las actividades del narcotráfico, existe una estela de violencia en los países de la región producida por las actividades del crimen organizado y las pandillas. Las actividades ilícitas de estos grupos son los factores que más afectan la seguridad del istmo centroamericano. A partir de los años 90 la región experimentó un proceso de reformas normativas e institucionales acompañadas por diversos sectores de la sociedad que permitieron perfilar un nuevo modelo del sistema judicial. Sin embargo, con el devenir del tiempo esa perspectiva se olvidó en detrimento del acceso a la justicia en virtud del deterioro de las instituciones de los Estados. El poder político, económico, las organizaciones del sistema de justicia centroamericano e incluso otros Estados, han propiciado las condiciones para la transgresión de la independencia judicial, la impunidad de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de los conflictos armados internos y actos reiterados de abuso de poder. Los países en los cuales se desarrollaron conflictos armados internos poseen niveles alarmantes de impunidad. Las víctimas de ese periodo aún continúan exigiendo justicia. Se han finalizado procesos tendientes La pobreza, la desigualdad, y el bajo desarrollo humano se profundizan de forma más acelerada con la implementación del modelo neoliberal, el cual, en esencia es el detonante de las violaciones constantes a los derechos humanos en la región centroamericana. En ese marco, la implementación de políticas de seguridad estrictamente represivas como única respuesta al narcotráfico, la presencia del crimen organizado, la proliferación de las pandillas, la expulsión forzada de la ciudadanía -que emigra en búsqueda de mejores condiciones de vida y de sustento o por persecución política-, las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y la mercantilización de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, son el denominador común en Centroamérica. Otros detonantes los encontramos en los conflictos territoriales y sociales por los modelos de inversión y cooperación promovidos desde los gobiernos por medio de los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación, asocio público privados, mega proyectos de inversión, industrias extractivas, entre otros, generan concentración de la riqueza en entidades transnacionales, desplazamientos forzosos, disputa y conflicto del territorio, en todo lo cual se ve afectada la población que ha sido sometida a vivir en pobreza y extrema pobreza, familias campesinas, pueblos indígenas, sectores vulnerables y afrodescendientes. La situación general de derechos humanos en Centroamérica continúa siendo seriamente preocupante pues subsisten los problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los mismos.
  6. 6. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 9 Capítulo I INSEGURIDAD Y VIOLENCIA 1. La violencia en la Región La región centroamericana se ha caracterizado por ser una de las más violentas y conflictivas del mundo, registrando altas tasas de homicidio y niveles de desigualdad social que generan altos índices de inseguridad ciudadana y jurídica, siendo Honduras uno de los países que enfrenta la peor crisis pluridimensional y más compleja de su historia, que se concentra y se expresa en la involución de los derechos humanos. De acuerdo a los datos del Instituto de Economía y la Paz –IEP–1, en el año 2012 y en los primeros seis meses del año 2013, Centroamérica registra una reducción significativa en los índices de violencia, en comparación con el año 2011. Tal es el caso de El Salvador, cuya tasa de homicidio era de 69 por cada 100 mil habitantes y pasó a 24; es decir, 45 puntos menos en 2012. Algunos analistas lo atribuyen a la “Tregua entre pandillas” que inicio desde marzo. Sin embargo, la percepción de la población es otra, quienes viven el desplazamiento forzado producto de la violencia y la falta de protección a sus derechos por parte del Estado. En Guatemala, después de casi dos años del Gobierno de Otto Pérez Molina, no se ha logrado estabilizar el tema de seguridad en el país. En los primeros meses de administración se logró ver un descenso en las muertes violentas; sin embargo, según datos estadísticos del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala –GAM–, actualmente la tasa de muertes por cada cien mil habitantes asciende a 42 víctimas, tomando en cuenta que cada mes se registra un incremento del 1% aproximadamente, acrecentando el número de víctimas en un 5.6% en comparación al 2012. En el Índice Global de Paz analizado a 158 naciones del mundo, los países de Centroamérica ocupan las siguientes posiciones, donde se observa una leve disminución con respecto al año 2012. País Costa Rica Panamá Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Posición año 2012 35 59 80 119 122 125 Posición año 2013 40 56 66 109 112 123 Fuente: cuadro propio, datos del Instituto de Economía y la Paz “Global Peace Index 2012-2013” Según el Observatorio de la violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la violencia se incrementó en un 9% en los meses de agosto y septiembre de 2013, pero a nivel global se ha producido un descenso. En general Honduras reporta una disminución en el primer semestre de 2013 del 1.8%2 al contabilizar 3,457 homicidios3, 67 casos menos que en el primer semestre del año 2012. Costa Rica, Nicaragua y Panamá, registran tasas más bajas que en los años anteriores, pero revelan que existe un problema de seguridad ciudadana alarmante, ya que todas superan los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes4, lo que para la Organización Mundial de la Salud –OMS– es considerado como un problema epidémico al superar la media mundial de 8.8 homicidios por cada 100 mil personas. Todos los países de la región enfrentan desafíos sin precedentes  en cuanto a la seguridad ciudadana ante la creciente presencia de organizaciones criminales sofisticadas, la corrupción y la impunidad gestada desde las más altas esferas del poder político que ha permeado a funcionarios de la policía y representantes de entidades gubernamentales. Nicaragua, se considera como uno de los países menos inseguros de Centroamérica; no obstante, cada día muchas personas son víctimas de robo en todas sus modalidades; hurto, lesiones, asesinatos, etc. Datos oficiales de la Policía Nacional reportan que el 66% de los homicidios que ocurren son causados por agresiones, riñas, rencillas personales, discusiones en estado de ebriedad; es decir, problemas de “Convivencia Social”. Según información proporcionada por la Jefatura de la Policía Nacional de Nicaragua al CENIDH en mayo de 2012, dieron a conocer que de 3,231 policías denunciados en el último año, 530 fueron sancionados administrativamente y solamente 37 casos fueron enviados ante la autoridad judicial, desconociéndose el resultado final. Del total de denuncias atendidas por el CENIDH en el referido año, en el 72.39% de los casos donde se mencionó a la Policía se comprobó violación de derechos humanos, situación que ha venido incrementándose según registros del primer semestre del año 2013. En Guatemala, Pablo Castillo, portavoz de la PNC informó que de enero a mayo del 2013 se había detenido 72 agentes implicados en diferentes delitos como parte del proceso de depuración que impulsa este órgano. Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  7. 7. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 10 Para el Equipo Regional, el fenómeno de la violencia no tiene su explicación solamente a partir de la afirmación “la violencia es generada por la pobreza” ello implicaría criminalizar la pobreza. Es evidente que la violencia ocasionada por sectores de poder económico, político, social, entre otros, genera desigualdad y conlleva a la insatisfacción de necesidades del ser humano. En ese sentido, la pobreza no es generadora de violencia de forma automática; más bien, la violencia es causa de más hambre, menos educación, mayores violaciones a los derechos humanos y por ende deteriora el nivel de vida de la población. En el siguiente cuadro se puede observar cómo los países como Nicaragua que tienen los salarios mínimos más bajos, registran las menores tasas de homicidio. País Tasa de Salario homicidios5 Mínimo en Dólares AÑO 6 Americanos AÑO 2011 2012/20137 Guatemala 293 38,5 219 69,2 24 Honduras 295 91,6 831 Nicaragua 160 12,6 12.0 Costa Rica 538 11,3 8.9 Panamá 390 21,6 188 Región 315 43 41.5 Fuente: cuadro propio, datos recabados por Equipo Regional 2. Feminicidios/femicidios El femicidio es la forma más grave de violencia continuada en una sociedad discriminatoria en la que los hombres y mujeres usan y abusan de las mujeres durante toda su vida. El asesinato de mujeres en Centroamérica tiene “profundas raíces históricas” y está siendo acelerado y profundizado por el incremento de pandillas, maras y mayor incidencia del crimen organizado y el narcotráfico. En el 2013 las mujeres siguen siendo afectadas por la violencia, en todas sus expresiones, abusos sexuales2 violencia intrafamiliar y muertes violentas. Todas estas formas de violencia destruyen la estabilidad de una nación, muchas de estas mujeres son madres, hijas, y estos abusos les impiden desarrollarse en la vida por las secuelas que la violencia deja de forma permanente. Las cifras de la violencia contra las mujeres continúan siendo “dramáticas” pese a “ciertos avances” que han 1 2 El informe de la Organización Mundial de la Salud -OMSque incluye a Costa Rica9 entre los países con violencia sexual no conyugal, determina que al menos, un 7% de las mujeres  de los países analizados  han sido agredidas sexualmente por una persona distinta a su pareja. Los datos señalan que a nivel mundial, el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal, una cifra catalogada por la OMS como alarmante. 32 El Salvador dado los países con el establecimiento de políticas y leyes a favor de las mujeres. Las cifras son cada día más alarmantes, los crímenes contra las mujeres han alcanzado niveles extremos, este flagelo es fortalecido por la falta de investigación y la impunidad. En el 2012 se registran 1813 feminicidios en la región, 674 mujeres más que las asesinadas en el 2011. Las mujeres son asesinadas con excesiva fuerza y crueldad, estrangulaciones, quemaduras, torturas y mutilaciones. La mayoría en manos de sus cónyuges, ex cónyuges. Fuente: Datos recabados por Equipo Regional. El país que reporta mayor número de muertes de mujeres es Guatemala, seguido por Honduras, y El Salvador. Es importante destacar que pese a que Nicaragua tiene la tasa de homicidio más baja, la cantidad de mujeres que mueren en este país es mucho más alta que la de Costa Rica y Panamá. En el caso de Costa Rica, si el análisis de los feminicidios se hace tomando en cuenta la cantidad acaecida en los países vecinos, este país no se sitúa en niveles críticos, así por ejemplo registra en el 2012, una baja significativa en el número de mujeres fallecidas por homicidio doloso, al pasar de 64 a 50; es decir, 14 feminicidios menos. Pero si la situación se analiza en retrospectiva, se puede sostener que este tipo de crímenes ha aumentado críticamente en las últimas décadas. En los años 80, las cifras no excedían de diez femicidios anuales, en los años 90 fue de 30 y en la primera década del 2000, las cifras se duplican respecto a la década anterior. La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres de Costa Rica, en su Art. 21 define el “feminicidio” como la muerte de una mujer a manos de un hombre con el que La tasa de homicidios por 100 mil habitantes se calcula de acuerdo al número de muertes violentas y habitantes en una región. Los datos 2013 provienen de fuentes oficiales como la Dirección Nacional de Investigación Criminal –DNIC-, Policía, el Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. En Guatemala más de 2900 casos de denuncias por delitos sexuales. Según informe de delitos sexuales presentado por GAM en junio 2013.
  8. 8. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 se mantenga una relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no. En El Salvador, si se comparan los primeros semestres de los años 2012 y 2013, resulta que se registra una disminución de 123 asesinatos menos para el segundo año. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz –ORMUSA– en el lapso aludido del año 2012 se reportaron 223 asesinatos10 para ese período y para el mismo tiempo de 2013 se registraron 100 asesinatos11. Por lo que puede decirse que en El Salvador, se han reducido los asesinatos de mujeres significativamente. En Guatemala, según datos de GAM el promedio mensual de muertes de mujeres asesinadas se ha incrementado con respecto al año 2012 en un 15.1%. En 2012 se registraban 57 mujeres asesinadas mensualmente, en el 2013 se registran 66 aproximadamente. 11 violencia contra la mujer. La norma tiene como idea principal garantizar el derecho de las mujeres de cualquier edad a una vida libre de violencia y proteger los derechos de éstas cuando sean víctimas de violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra este grupo de la sociedad. Según las cifras oficiales de enero a julio del 2013, se registran 28 mujeres asesinadas de forma violenta; 16 fueron tipificadas como femicidios. En este mismo período en del 2012 habían fallecido menos de la mitad de mujeres por violencia intrafamiliar (7 casos hasta junio 2012), lo cual es calificado de “alarmante” por la Defensora del Pueblo de Panamá. De continuar esta tendencia, el número de mujeres muertas por violencia intrafamiliar superará los 53 casos registrados durante el 201213. Honduras no se aleja de las cifras reportadas por Guatemala, de 2011 a 2012 reportan un ascenso en las muertes violentas contra mujeres del 18.35%12; según estudios la tendencia de las muertes de mujeres desde hace 8 años se inclina hacia la alza, la mayor cantidad de víctimas se presenta en el área urbana. Unas 225 mujeres perdieron la vida de forma violenta en el primer semestre del 2013, cifra equivalente a 34 casos de feminicidio más en el mismo periodo del 2012.   En Nicaragua, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres aprobada en junio del 2012, tipifica el “femicidio” como el delito que comete el hombre que da muerte, en privado o en público a una mujer, como resultado extremo de la violencia. Los asesinatos de mujeres sigue en incremento. De acuerdo a datos oficiales de la Comisaria de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Policía Nacional, en el año 2012 fueron asesinadas 76 mujeres. Entre tanto el Observatorio de la Red de Mujeres contra la violencia reporta 85. De enero a septiembre del 2013, las Católicas por el Derecho a Decidir registran 66 feminicidios, 20 % más que en el mismo período del 2012, cuando se registraron 47. De las 66 mujeres asesinadas, 21 murieron como resultado de agresiones de sus parejas, 8 por personas conocidas, 4 por sus ex parejas, 3 por sus yernos y otras 5 por hijos, primos o sobrinos. Además, otras 11 fueron víctimas de la violencia masculina por desconocidos y cuatro del crimen organizado. 38 de los feminicidios ocurrieron en el lugar de residencia de las mujeres, 9 en la vía pública (7 en zonas desoladas y 2 en centros de trabajo). Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad. 21 de las 56, tenían entre 21 y 40 años. En lo que respecta a Panamá, el 24 de octubre del 2013, se aprobó la Ley 82, que tipifica el femicidio y sanciona Autor: El Nuevo Diario Un grupo de mujeres se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia y exigen castigo para los agresores de los derechos humanos de las mujeres. 3. Crimen organizado Muchas de las muertes violentas presentadas en la región centroamericana, se derivan del crimen organizado, más del 25% de las muertes se debe a esta razón. La tasa de muertes por cada 100 mil habitantes en la región es de 41 por cada 100 mil habitantes, aun cuando se registran variaciones en cada país, pero en general la tendencia es la misma. Honduras, El Salvador y Guatemala, reportan zonas mayormente infiltradas por el crimen organizado. Otro factor vinculado a los altos niveles de inseguridad e impunidad en Centroamérica son las pandillas o maras. A estas estructuras se les atribuye la comisión de delitos como extorsiones, homicidios, narco menudeo, tráfico de armas, y robo de vehículos. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC-, Centroamérica ha pasado a ser un viaducto para los productores de cocaína en Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  9. 9. 12 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 Sur América y EEUU, donde los carteles del narcotráfico han buscado un espacio para desarrollar sus negocios con mayor impunidad. Siendo la impunidad uno de los factores que contribuye al incremento y mayor presencia de los grupos del crimen organizado en la región, aunado a la facilidad del uso de armas ilegales y a la falta de alternativas para jóvenes de ambos sexos, quienes no encuentran posibilidades de un empleo estable, lo que incrementa el riesgo de que pueblos enteros sean liderados por el crimen organizado. En Guatemala, según informes presentados por el GAM el número de extorsiones, trata de personas y circulación de armas ilegales va en incremento. En el 2013 se han cometido 36 extorsiones por cada 100 mil habitantes14, el 85% de los crímenes son cometidos con arma de fuego. En El Salvador el crimen organizado continúa siendo uno de los problemas principales en materia de seguridad. El país cuenta con la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. Con ella se crearon tribunales especializados para judicializar ese tipo de casos; sin embargo, estos colapsan a menudo por la sobrecarga laboral que poseen. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito -UNODC-, identifica a dos estructuras criminales en el país, el denominado “Cartel de Texis” y “Los Perrones”; ambos considerados como grupos transportistas de droga. La UNOCD señala que el primero constituye un ejemplo muy particular de corrupción de alto nivel patrocinando el tráfico; y el segundo, una mutación de empresarios de transporte. Por otro lado, las pandillas están demostrando mayores niveles de organización, prueba de ello es la influencia de los principales líderes en la denominada “tregua” a la cual se ha atribuido la disminución de los homicidios. En los primeros siete meses del 2012 se registraron 1, 648 homicidios mientras que en el mismo periodo del 2013 se registraron 1,199, es decir 449 homicidios menos. En el mismo período se presentaron 112 denuncias menos por extorciones.15 Honduras ha registrado un promedio de más de diez masacres mensuales en los primeros nueve meses del año; una señal de la permanencia del crimen organizado y la grave situación de seguridad en el país. Según el Observatorio de la Violencia en el país ocurrieron 96 masacres entre enero y septiembre. Si el patrón continúa hasta final del año, Honduras está en camino de superar drásticamente las 115 masacres registradas el año pasado. Esta cifra es una evidencia de la presencia de grupos criminales, que muy a menudo son los autores de estos homicidios múltiples. Además de las pandillas callejeras locales. De acuerdo a Análisis de Insight Crime16 Honduras ha visto la creciente presencia de grupos criminales transnacionales en los últimos años, a medida que los carteles mexicanos se han establecido en el país, tanto para escapar de la presión ejercida por el gobierno de ese país, como para asegurar un territorio clave en el narcotráfico. Tal situación se ha visto agravada por la debilidad institucional y la corrupción que impregna todos los niveles de las instituciones del Estado y la administración pública, desde la policía en el terreno hasta las élites empresariales y políticas. Nicaragua no ha experimentado los mismos niveles de violencia que han experimentado los países del Triángulo Norte. Las pandillas no han penetrado en un número significativo desde los países vecinos. De acuerdo a datos de la Policía Nacional existen 181 grupos juveniles de alto riesgo social con 2,485 integrantes y 150 pandillas callejeras con 898 integrantes17. Las pandillas callejeras se dedican al robo, asalto e intimidación con armas de fuego (hechizas en sus mayoría), además se registran algunos casos aislados de secuestros y sicariato lo que evidencia que organizaciones criminales como los maras, están intentando penetrar, pero la labor que ejerce la ciudadanía en coordinación con la policía no les permite sentar sus bases. En los esfuerzos por detener al crimen organizado en el año 2012, la policía logró desarticular 15 células; incautó entre otras cosas, 8 toneladas de cocaína y 13 millones de dólares. En el trabajo con los expendios de droga locales, evitaron que 4.6 millones de dosis de crack llegaran a manos de los jóvenes. Lograron desarticular 272 grupos delictivos que afectaban la seguridad de pequeños, medianos y grandes productores, y el abigeato, se redujo en un 17%. A pesar de que no existe el delito de sicariato y por ende no hay un registro al respecto, la Policía Nacional identifica ilícitos con características que lo presumen, entre estos: el asesinato de los cuatro policías de Bluefields, cometidos por el crimen organizado en 2004; el asesinato de Wilfredo Barraza Larios junto a otras dos personas por orden de una agrupación hondureña conocida como el “Cartelito del Palacio” (Octubre 2010); el asesinato de Yolanda Jiménez y su hijo Arles Ortega, perpetrado según la versión policial, por la abogada Verónica Cruz y su pareja, Maynor Ponce Urbina, el 18 de agosto del 2013; y el asesinato de William Calderón ocurrido el 28 de septiembre del 2013. En Costa Rica, en este período de análisis, se han identificado dos situaciones que especialmente han incidido en el tema del crimen organizado. Una vinculada al tema del negocio de las drogas y otra al denominado “tráfico de órganos”. Como se dice, la realidad del crimen organizado en Costa Rica está determinada en gran parte por el crimen de la droga. Este flagelo se relaciona en el mundo actual por su ligamen con grandes negocios y estos con los llamados “paraísos fiscales”. Estos mueven al año unos $600 mil millones provenientes
  10. 10. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 del narcotráfico, la trata de blancas, el tráfico de personas y de armas, además  del dinero para sobornos y corruptelas (un total aproximado de $1.500 millones)18. El tráfico de droga está relacionado a muchos delitos. El dato de que los homicidios subieron 8% en la primera mitad del año se relacionan con el crimen organizado y narcotráfico, ya que las autoridades señalan a éste como el responsable de más muertes. El informe del Organismo de Investigación Judicial –OIJ– señaló que entre las provincias, San José encabeza la lista con 79 crímenes, pero al tomarse como referencia la tasa de homicidios, Limón se mantiene como la más afectada con 14,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los homicidios en el país corresponden principalmente a riñas y venganzas derivadas del narcotráfico: “Se nota que hay peleas entre agrupaciones, principalmente producto de la venta y tráfico de drogas; son luchas por territorio, por ajustes de cuentas”, explicó Gustavo Mata, subdirector del OIJ19 Este país se ubica en el área como un “mercado secundario de los carteles mexicanos” y de la droga que viene de Colombia. Esto, a la vez,  ha provocado el desplazamiento a Costa Rica y Panamá de mandos medios y altos jerarcas de carteles como “Sinaloa”, la “Familia Michoacana”, El “Golfo” y “Los Caballeros Templarios”20. Otro caso que involucra a este cartel se relaciona con la captura de seis sospechosos de asesinar al guatemalteco  Sigifredo Fernández Sierra, de 52 años, y a la modelo costarricense Pamela Céspedes, ocurrido en noviembre del 201221. En Panamá los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 64%, mientras que las muertes por móviles sociales disminuyó 26%, lo cual refleja una evidente sociedad enferma, según expresiones brindadas por el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino a medios de comunicación22. Comparativamente, las cifras de muerte por crimen organizado se desprenden del primer semestre de 2012; pasó de 62 casos en 2012 a 102 casos en 2013, mientras que las muertes por móviles sociales fue de 119 casos en 2012 a 87 casos este año. 4. Militarización y políticas de seguridad Con los altos índices de violencia que registra Centroamérica y la efectividad de las políticas represivas de delito, la debilidad de las políticas resocializadoras, el poco presupuesto para seguridad, la efectividad y confianza de la población en la Fuerza Armada, son algunas justificaciones gubernamentales para militarizar la seguridad publica en la región. Un factor externo que ha propiciado la militarización de la seguridad pública en Centroamérica ha sido el alineamiento con la estrategia de “guerra contra las drogas” 3 13 que lidera Estados Unidos, enfoque que presiona por una respuesta militar, mediante sus principales instrumentos en la región: “la Asociación de Seguridad Ciudadana de América Central”, lanzada por el presidente Barack Obama en 2011 durante su visita a El Salvador, y la  Iniciativa Regional de Seguridad para América Central –CARSI23–. El gobierno guatemalteco ha utilizado en los últimos años las figuras contenidas en la Ley de Orden Público3, con el argumento de que es necesario retomar el orden de la ciudadanía, sin embargo, esto se ha traducido en la criminalización de la protesta social e incluso en violaciones a los derechos humanos de muchos de los manifestantes, tal como lo ocurrido en Totonicapán en octubre del 201224. En El Salvador, se registran leves avances en el tema de la desmilitarización de la seguridad pública. Por un lado, se elimina la participación de militares en tareas de seguridad en los centros penales y por el otro lado, la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el nombramiento del general David Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y del general Francisco Salinas, como Director de la Policía Nacional Civil, con lo cual se delimita la participación de militares en cargos públicos que deben ser asumidos por civiles. Luego de la orden que diera la Sala de lo Constitucional en mención, el ex Ministro de Seguridad Munguía Payés, fue nombrado Ministro de Defensa Nacional; y el ex Director de la policía Francisco Salinas, fue nombrado Director del Organismo de Inteligencia del Estado; con lo que continuaron vinculados con el trabajo de seguridad, sólo que esta vez, desde otras instituciones. No obstante, 6,200 efectivos militares continúan brindando tareas de seguridad en el país, contando la institución con un presupuesto anual de $7, 425,225.00. En Nicaragua, en noviembre del 2012,  el Presidente Daniel Ortega envió una propuesta con carácter de urgencia al parlamento que resumía todas las acciones programadas por el ejército de Nicaragua para 2013 en conjunto con fuerzas armadas extranjeras. La disposición es parte de la iniciativa “Decreto Legislativo de Ratificación”, que autoriza el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Venezuela, Rusia, Taiwan y de Cuba, “para realizar ejercicios humanitarios de rescate, salvamento y operaciones de vigilancia contra el narcotráfico en aguas del Mar Caribe  incluyendo aquellas zonas marítimas restablecidas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia -CIJ- el 19 de noviembre del 2012, lo que presenta importantes novedades en diferentes aspectos de la geopolítica de esta región del mundo. En Panamá el Ministro de Seguridad Pública25, solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Estados de prevención, alarma, calamidad pública, sitio y de guerra. Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  11. 11. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 14 Diputados, la suma de 716 millones 552 mil 443 dólares de presupuesto para la vigencia del año fiscal 2014. En el presupuesto para el 2014 se destaca el monto de 484 millones 849 mil 369 dólares (89.0 %), para el programa de seguridad Pública, que incluye las dependencias de Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras -SENAFRONT-, Servicio Nacional Aeronaval -SENAN- y Servicio Nacional de Migración -SNM-. El monto total solicitado representa un incremento de 5.4 % en comparación al presupuesto aprobado para el 2013, que fue de 686 millones 46 mil 249 dólares. 5. Policía paralela Las empresas de seguridad privada han tomado posesión de la región centroamericana, incluso sustituyendo a la seguridad prestada por el Estado, la cual presenta cada vez más falencias en su servicio, además de existir corrupción enquistada en dichas instituciones. Guatemala, El Salvador, y Honduras han optado por la seguridad privada; esta situación se deriva de los altos niveles de violencia que se viven en la región y el poco o nulo trabajo de las autoridades gubernamentales. En tal sentido la seguridad privada se ha extendido a la región en general, incluyendo también a países que son menos violentos como Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En Guatemala una muestra del incremento de este tipo de empresas de seguridad privada es que se encuentran a la cabeza de las profesiones que se ubican como las más violentas en este país. Por regla general, este trabajo es una de las pocas opciones ante la fuerte necesidad de trabajo en el país. La ausencia de control y regulación de esta actividad por parte del Estado, ha provocado que en algunos casos las empresas de seguridad en vez de ser parte de la solución a la inseguridad se convierten en un problema. En Nicaragua las empresas privadas de seguridad ya superan el número de efectivos de la Policía Nacional. Según información de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua -ASEGPRIN- estas cuentan con 13 mil hombres, cifra en la cual no se incluyen los vigilantes de pequeñas empresas que ofrecen servicio de vigilancia en barrios y zonas no residenciales, por lo que la cantidad es aún mayor. A ello se suma la existencia de los “camisas azules” y la recién formada “Unidad Policial de los Dantos”, ambas son estructuras de seguridad de la familia presidencial que controlan cualquier situación donde se desplazan y fungen como fuerzas de represión1 Fuente: El Nuevo Diario, de Nicaragua Miembros de seguridad privada, conocidos como “los camisas azules”, agreden a manifestantes, durante el desfile el 14 de Septiembre de 2011, en Nicaragua. Una de las características de las empresas de seguridad privada, es que a nivel regional están integradas por ex miembros del ejército, de extintos cuerpos de seguridad del Estado (en los países donde han existido) generándoles grandes ganancias y desacreditando cada vez más a las fuerzas policiales. Existe una situación fáctica, donde los policías no ejercen control, las empresas de seguridad privada tienen más hombres, más recursos y mayor tecnología que las fuerzas del orden público, lo que ha sido admitido por las mismas autoridades de los países de Centroamérica. Nº País Policías privados Policía Nacional 1 Guatemala 120.000 24.000 2 El Salvador 21.140 21.000 3 Honduras 60.000 13.500 4 Nicaragua 19.700 11.500 5 Costa Rica 19.550 27.000 6 Panamá 30.000 18.000 270.390 115.000 Total en Centroamérica Fuente: Cuadro nuestro, datos del Informe de armas ligeras 2011 publicado por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, Guatemala 26 En el caso de El Salvador pese al descenso registrado en los niveles de inseguridad, el país continúa arriba de la media mundial, lo que ha justificado cada vez más que instituciones privadas se encarguen de brindar “seguridad”, a tal punto, que los efectivos policiales son menores a las fuerzas de seguridad privada. A junio del 2013 se estiman 377 guardias de seguridad privados por cada 100 mil personas.27 Esto no deja de ser preocupante, en el sentido que no existe un control efectivo de los pocos requisitos que establece la legislación salvadoreña para poder desarrollar dicha actividad.
  12. 12. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 Aunado a esto, en el país se registran otras instituciones que materialmente se encargan de tareas de seguridad, como los militares y agentes metropolitanos de cada una de las 262 municipalidades, de los cuales no se tienen datos de cuántos son, y existe regulación dispersa al respecto ya que la totalidad de alcaldías municipales del país cuentan con disposiciones legales distintas. Lo anterior lleva a definir, en un sentido amplio, a El Salvador como un Estado policial. En Costa Rica, como se demuestra en el cuadro siguiente, en los últimos años se registra un aumento significativo en el número de policías privados y de empresas de vigilancia particular. El último estudio del Ministerio de Seguridad Pública habla del funcionamiento de 1,817 empresas de seguridad privada,  no obstante,  801 no han renovado su autorización de trabajo. En todos los casos se presentan situaciones en las cuales se demuestra el fracaso o la dirección errónea de esas políticas, como el aumento de la policía privada, y el fracaso en el control de armas ya que las registradas son las más usadas es los crímenes. AÑO EMPRESAS (Licencia Vigente) AGENTES (Carné Vigente) 2009 803 20.632 2010 869 24.782 2011 898 25.960 2012 1038 28.541 Fuente: Base de datos de seguridad privada28 6. Defensores y defensoras de los derechos humanos 15 competentes para aclarar los casos en que periodistas y defensores de derechos humanos han sido víctimas. En Guatemala, de enero a octubre 2013, se registran 608 agresiones a defensores de derechos humanos,29 en tanto, el contexto de conflictividad del país continúa en aumento ante la imposición de los mega proyectos por parte del gobierno y las empresas que impulsan estos negocios. En este contexto se han perpetrado 18 asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, 38% más de los registrados en el 2012. También se registran 40 detenciones ilegales, representando un 140% de incremento respecto del año anterior. La criminalización continúa siendo la estrategia privilegiada para frenar las posiciones de comunitarios que disienten con las concesiones aprobadas para la sustracción de las riquezas naturales de sus territorios En Honduras persisten los ataques, amenazas, y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de estos, tal es el caso del asesinato de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección. El 20 de septiembre 2013, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el Departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH-, en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO. En el marco de dicho conflicto, las autoridades fiscales acusan a Berta, así como a los defensores Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, de haber incitado a los pobladores a cometer dichos delitos y causar daños a la empresa. En los últimos años, se han registrado hechos preocupantes que atentan contra la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos. Calificativos como “vende patria, traidores, defensores de delincuentes”, entre otros peyorativos exponen su integridad física en medio de la alta polarización de los países centroamericanos. Han sido diversos los ataques y amenazas contra periodistas, profesionales de medios de comunicación, comunicadores sociales, activistas y defensores de derechos humanos, así como los incidentes que afectan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, movilización y organización, consecuencia de las amenazas, represiones, persecuciones, denegación de acceso a la información y las restricciones de acceso a las instalaciones de instituciones del Estado. A ello se suma la falta de investigación por parte de las autoridades Fuente: COPINH Sistema judicial hondureño emite orden de captura contra Bertha Cáceres por defender derechos humanos. Otros casos recientes en contra de los defensores y las defensoras destaca el de Magdalena Morales, lideresa de la Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  13. 13. 16 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 Central Nacional de Trabajadores del Campo, del Progreso, Yoro, acusada por el delito de usurpación en perjuicio de la compañía Azucarera del Norte, S.A. -AZUNOSA- en el marco de un proceso de recuperación de tierras. Recientemente se ha conocido que existe una denuncia en contra de los abogados Víctor Fernández, Martín Fernández y de los miembros del Patronato de la comunidad de Nueva Esperanza por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”. A estos hechos se suman los asesinatos de tres indígenas tolupanes: María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de agosto en la Tribu de San Francisco Locomapa, Yoro, por su lucha en defensa de bienes naturales y derechos humanos; el asesinato de Tomás García, miembro del COPINH, ocurrido en julio del 2013 y las heridas propinadas a su hijo Allan García de 17 años.Además, persisten las amenazas a muerte realizada a los líderes tolupanes José María Pineda, Consuelo Soto, y Ramón Matute.Todo lo anterior convierte a Honduras en el país más hostil a los defensores y defensoras de derechos humanos. En Nicaragua las agresiones y violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras cada vez son mayores. En una encuesta efectuada por el CENIDH a 413 personas defensoras de derechos humanos, 121 (28,0%) manifestaron haber recibido amenazas por su labor, siendo estas amenazas de muerte o palabras intimidantes por parte de los agresores o sus familiares en los casos de violencia contra las mujeres o en otros casos de violaciones de derechos humanos que han acompañado. Por otra parte, 183 (42,4%) expresaron haber enfrentado algún obstáculo para el desarrollo de su labor. La campaña sistemática de desprestigio y descalificación a la labor que realizan, así como la persecución y la amenaza son constantes, un ejemplo de ello son los artículos publicados en los medios oficialistas en contra de la presidenta del CENIDH, Dra. Vilma Núñez y las descalificaciones realizadas por altos funcionarios, como las ejecutadas por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador de Derechos Humanos. Uno de los casos registrados en el período fueron las agresiones físicas que sufrieron varios miembros del CENIDH, entre ellos, la detención de Juan Carlos Arce, Coordinador de la Filial de Matagalpa, detenido junto con otros líderes del movimiento juvenil, trasladados a las celdas de Dirección de Auxilio Judicial -DAJ-, en el Chipote, cuando acompañaban a los adultos mayores en su protesta por obtener la pensión reducida. Desde el momento del arresto hasta que llegaron a las celdas fueron golpeados en el estómago y en la espalda por los policías, además de amenazarles con torturarlos. También se registran las agresiones al fotoperiodista de Agencia Francesa de Prensa AFP, Sr. Héctor Retamal, de nacionalidad chilena detenido y aislado arbitrariamente por parte de las autoridades policiales de Nicaragua, que le privaron de su libertad por una presunta infracción administrativa de la legislación migratoria de Nicaragua, conduciéndole a la Dirección de Auxilio Judicial, un centro donde se investigan delitos como el narcotráfico y el crimen organizado. Este atropello ilegal y la violación a la libertad de prensa en Nicaragua. En El Salvador, los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica. FESPAD registra en el primer semestre del 2013,29 agresiones hacia este sector, que van desde el asesinato de Geovanny Antonio Aguirre López y Tania Vásquez, quienes promovían los derechos de jóvenes en riesgo y de la comunidad LGBTI, respectivamente, hasta diversas agresiones como amenazas, privación de libertad, difamación, entre otros30. El Estado salvadoreño no tiene normas jurídicas específicas con las cuales se protejan a defensores y defensoras de derechos humanos, la única regulación existente al respecto es la contenida en numeral 21 del Art. 30 del Código Penal, por medio de la cual se agrava el delito cuando ha sido cometido hacia una persona cuando ejerce labores de promoción y protección de los derechos humanos. Por otro lado, las medidas cautelares ordenadas por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos – ­ CIDH– para proteger a los defensores y defensoras, son orientadas por medio del Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Dicho programa está diseñado para brindar protección a las personas que están vinculadas a un proceso penal y no para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos. El Estado no se ha preocupado por crear instituciones especializadas en esta área y los defensores son altamente vulnerables a pesar de que gocen de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En Panamá se registra un incremento en la hostilidad hacia las personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos mediante un discurso público adverso por parte de las autoridades políticas a través de los medios de comunicación, incluyendo campañas de odio, descrédito, descalificación y el uso de motivos discriminatorios, entre otros actos hostiles. Los activistas de derechos humanos no utilizan el sistema judicial para la denuncia y resolución de los conflictos, por diversas causas: el poco acceso a información necesaria, el deficiente acceso a servicios jurídicos, los resultados negativos de las acciones realizadas y la falta de confianza en las instituciones. Por tanto, se prefieren las acciones de movilización social en defensa de los derechos humanos.
  14. 14. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 17 CAPÍTULO II LOS OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN CENTROAMÉRICA La justicia se ha concebido de diversas formas. Haciendo una aproximación al concepto debe entenderse como “el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones”. En ese marco, la intención en este apartado será la de auscultar en términos aproximativos la situación de la aplicación y acceso a la justicia en la región centroamericana. 1. El acceso a la justicia El denominador común en los países de la región es la omisión de acciones orientadas a garantizar un efectivo acceso a la justicia. La respuesta institucional de los gobiernos centroamericanos para solucionar las fisuras existentes no ha sido sostenida y coherente con la necesidad de la población para resolver el problema de la indefensión frente a las violaciones a los derechos humanos. Esta situación se ve agravada por los recortes presupuestarios en las instituciones del sistema de justicia, el tráfico de influencia, el nepotismo y los nexos de interés por parte de quienes ostentan el poder. Se pude afirmar que sólo cuando el Estado asuma con voluntad política su deber de sancionar a los violadores de derechos humanos se podrá fortalecer la institucionalidad democrática, pues una de las consecuencias más graves es la falta de sanción y administración de justicia, enviando a la sociedad un mensaje intimidatorio causando un temor generalizado que promueve el aplacamiento de las denuncias, reclamos y reivindicación de las víctimas, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho31. Para el 2011, Costa Rica se clasificó con el primer lugar en la posición global según el Índice de accesibilidad de la información judicial en Internet: con un 88%. Sin embargo, presenta graves dificultades al no difundir datos actualizados; a tal punto, que tienen un retraso de nueve meses y en relación a información policial existe un periodo mayor. La situación es diferente para las estadísticas trimestrales, pues si bien están disponibles en la página del Poder Judicial en mucho menos tiempo (unos tres o cuatro meses) después de finalizado el trimestre tienen el inconveniente de mostrar información incompleta en la mayoría de las materias de primera instancia. En El Salvador existen instituciones vinculadas directamente con el acceso a la justicia: la Fiscalía General de la República –FGR– y la Procuraduría General de la República –PGR–. La 4 5 primera, cuenta con 23 oficinas32 a nivel nacional, teniendo una cobertura institucional reducida en los 362 municipios del país. El número de fiscales por cada 100,000 habitantes es de 11; sin embargo, el rendimiento de la institución no está acorde a las necesidades del país33, ya que no garantizan el acceso a la justicia4. Por otra parte, la PGR cuenta con 17 oficinas a nivel nacional, registrando 4 defensores públicos por cada 100,000 habitantes y en promedio, cada defensor público tiene asignados aproximadamente 188 casos34, lo que genera una sobre carga laboral que no permite que al ciudadano se le garantice de forma efectiva el acceso a la justicia, además, se debe tener en cuenta que en la práctica, las personas que acuden a esta institución son aquellas que no tienen capacidad económica para pagar un abogado particular. En Guatemala, históricamente la justicia se les ha negado a muchas personas que han sido víctimas de algún delito. En ese marco, las organizaciones de la sociedad civil están jugando un papel importante en la exigibilidad de la misma, por medio de la denuncia activa. El sistema de justicia en Guatemala debe abordarse de manera integral, pasando desde la Policía Nacional Civil –PNC– hasta llegar a las instancias de justicia propiamente dicha, como lo son el Organismo Judicial –OJ– y la Corte de Constitucionalidad –CC–. Desde este punto de vista es necesario destacar que ha sido el Ministerio Público –MP– la instancia que más avances ha presentado. La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, desarrolla una gestión destacada al frente de esa entidad. Durante su gestión el accionar del MP ha podido desarticular bandas de extorsionistas, narcotraficantes, trata de personas, sicariato y funcionarios públicos corruptos. Otro caso que merece atención especial es Nicaragua, ocupa el puesto 134 de 144 en el indicador global que mide la Independencia de la Justicia. La poca transparencia en las instituciones Estatales, la falta de independencia en el Poder Judicial y las deficiencias en el sistema legal y jurídico continúan siendo uno de los principales problemas en Nicaragua, precisa el Informe Global de Competitividad5. Pese a que Nicaragua cuenta con una legislación penal moderna, acorde con su sistema social y democrático de derecho y con modernas instalaciones para los tribunales de Managua, ello no significa que la administración de justicia haya mejorado sustancialmente. La ciudadanía tiene la percepción de que las personas que poseen más recursos económicos son atendidas de forma preferencia por el Poder Judicial, tanto en la valoración del ilícito como en la sanción. Muestra de ellos es que para el año 2011 la FGR recibió 119.797, de las cuales sólo 31,700 fueron presentadas a los tribunales. Informe Global de Competitividad analiza las políticas y factores que determinan la productividad de las economías y que por lo tanto definen el potencial de crecimiento y prosperidad de los países, según explica en un comunicado la escuela de negocios INCAE. Para este informe se consultó a más de 13,500 empresas del mundo. Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  15. 15. 18 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 El acceso a la justicia en Nicaragua aún es precaria; los escasos recursos de la defensa pública no garantizan la asistencia jurídica gratuita, únicamente se cubre –y aun parcialmente–, la defensa penal, violentando derechos tan importantes como el derecho a un intérprete y a la debida defensa. Acceder a la justicia se torna cada vez más difícil para quienes carecen de recursos económicos y quieren lograr una resolución judicial pronta y ajustada a derecho. La justicia no es administrada de forma igualitaria, ni con la celeridad que debe impartirse por diversas razones, entre ellas: inoperancia, negligencia o displicencia de las autoridades y otras causas como son la falta de recursos humanos, técnicos, financieros, la falta de independencia y corrupción. El Fiscal General de Nicaragua, Julio Centeno Gómez, informó que el Ministerio Público cuenta con 704 empleados y requiere de 1.000 fiscales, pero sólo existen 292 fiscales y 116 asistentes. Esa dependencia tiene, además, nueve Unidades especializadas y 66 oficinas para atender a los 153 municipios de un país de casi seis millones de habitantes y más de 130.000 kilómetros cuadrados de territorio. Cada fiscal auxiliar tiene una carga laboral de más de 100 expedientes al mes y muchos de ellos cubren más de tres juzgados, ocasionando retrasos en las audiencias y en los procesos judiciales. Lo anterior se logra mediante un presupuesto anual de 6,6 millones de dólares. En cuanto a los Defensores Públicos actualmente en 14 municipios de los 153 no cuentan con la presencia de uno de ellos. En el caso de los peritajes, la doctora Ernestina Cuadra, forense del Instituto de Medicina Legal, detalló que dan cobertura en los 153 municipios del país, con 26 delegaciones y 100 forenses; sin embargo, necesitan al menos triplicar la cantidad para completar los equipos de trabajo entre sicólogos, forenses y peritos. El informe “Estado de la Región” señala que el acceso a la justicia sigue siendo muy dispar. En el país, por cada juez hay 14 mil habitantes. Los despachos judiciales resuelven un promedio del 52% de los casos al año. El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia asciende a US$76,407.770,00 Ejemplo de la falta de acceso a la justicia en Nicaragua es el caso de Dina Carrión, muerta en circunstancias no muy claras, pero que involucran a su marido, Juan Carlos Siles, vinculado al partido oficial. En el proceso se han presentado muchas irregularidades, a la fecha lleva alrededor de tres años sin que exista una sentencia en el caso, lo que conlleva a una grave retardación de justicia y violación a la garantía del debido proceso. 2. Independencia del sistema de justicia La independencia judicial consiste en garantizar que los jueces y juezas no sean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de sus funciones. La independencia judicial está íntimamente relacionada con la imparcialidad, en tanto que el objetivo de la primera es evitar que el sistema de justicia se vea sometido a restricciones indebidas en el ejercicio de sus funciones.35 En Honduras la independencia judicial está garantizada normativamente, tanto a nivel constitucional y mediante los tratados internacionales, como en leyes secundarias; no obstante, los vacíos y ambigüedades legales, más las prácticas de las autoridades políticas y judiciales, han convertido dicha independencia en algo ilusorio, lo cual ha quedado plenamente demostrado con la actuación del poder judicial, ante los dos eventos políticos contemporáneos más trágicos para la democracia y el estado de derecho: la aplicación de la doctrina de seguridad nacional de los años 80 y el golpe de estado del 2009.36 Golpe técnico contra el poder judicial La difícil situación de la independencia judicial en Honduras, tuvo su punto más álgido en la destitución de 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional; dicha situación, es un ejemplo contundente del manoseo político permanente del que es objeto el poder judicial. El proceso de destitución comenzó la noche del lunes 10 de diciembre de 2012, cuando el congreso nacional conformó una comisión especial para investigar a los magistrados, la cual se reunió durante el transcurso del siguiente día, a la una y treinta de la madrugada del 12 de diciembre, la comisión rindió su informe en el que concluyó que existió un mal proceder de los magistrados al emitir un fallo sobre el decreto de depuración policial que ya no estaba en vigencia. (Información tomada de Convergencia para los Derechos Humanos). En Panamá es recurrente la intervención del Poder Ejecutivo en la designación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, agravando más la situación el hecho de que existen nombramientos de jueces sin carrera judicial. Además, en el sistema judicial existe una estructura unidireccional y vertical que fomenta un control asfixiante sobre los jueces de tribunales inferiores. Por lo tanto, se comprende entonces que sea el superior jerárquico quien interviene directamente
  16. 16. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 en el sistema de selección, nombramiento, evaluación, capacitación judicial, y en los procesos disciplinarios por falta a la ética judicial. En este sentido, el Estado desconoce acuerdos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–; para el caso, la Asamblea Nacional, el 20 de agosto de 2013 decide archivar por falta de recursos el proyecto de ley 23, que crea la carrera judicial. Lo anterior es preocupante, ya que sin dicha normativa se mantiene una situación de inseguridad e inestabilidad para los jueces y magistrados permitiendo la manipulación de la justicia y la inseguridad jurídica para todos los ciudadanos. Es importante destacar que el Órgano Judicial tiene actualmente 3 mil 772 funcionarios y de estos sólo 964 (25.5%) están amparados por la carrera judicial37. De igual forma, para el año 2013 existen cerca de 254 dependencias judiciales, distribuidas de la siguiente manera, una Corte Suprema conformada con nueve magistrados, 14 Tribunales Superiores, 133 Juzgados de Circuitos y 107 Juzgados Municipales, uno por cada distrito del país; y las municipalidades. Todos los anteriores son nombrados de forma directa o indirecta por el Órgano Ejecutivo, vulnerando la independencia de los mismos. Otro retroceso en la administración de justicia lo constituye la suspensión del sistema penal acusatorio que trataba de disminuir la mora judicial. Costa Rica presenta la más alta tasa de jueces por habitantes, 21. 85 por cada 100, 000 habitantes. Sin embargo se registran casos que atentan directa o indirectamente con la independencia judicial, a saber: de acuerdo con lo afirmado por el Diputado Fabio Molina, la no reelección del magistrado   Fernando Cruz Castro no pasó por una valoración o evaluación de sus capacidades profesionales o sus condiciones éticas, sino por un cálculo de mera conveniencia política, pues lo que en realidad se cuestiona es la concepción ideológica del Dr. Cruz Castro y algunas de sus resoluciones en temas políticamente sensibles. De esta manera, el mensaje que se envía a los restantes magistrados y en general a los operadores de justicia, es que deben regir sus actuaciones de conformidad con lo que el partido de gobierno considera prudente y no en forma independiente, ni de conformidad con la normativa que rige el Estado de Derecho.38 En Guatemala, el poder económico continúa interfiriendo en la administración de la justicia. En el proceso penal que se le siguió a José Efraín Ríos Montt, por genocidio, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– que es el ente que agrupa a las familias tradicionales del país –quienes ostentan el poder económico y político– se dedicaron a desacreditar el proceso. A partir de establecer su postura, los medios de 19 comunicación que son propiedad o cuentan con accionistas del CACIF, trasladaron una imagen negativa sobre el caso de genocidio. La postura del sector económico dominante fue que tal cosa no había pasado en el país, y el juicio en sí atentaba contra el Estado de Derecho y contra la justicia a la que toda persona tenía derecho a acceder. Cuando la sentencia condenatoria había sido emitida, fue el mismo CACIF el que solicitó públicamente que se anulara la misma pues carecía de fundamentación según dicho ente.39 Además es oportuno mencionar que el mismo Presidente de la República, Otto Pérez Molina, emitió opinión pública sosteniendo que en el país no había existido genocidio. Este conjunto de situaciones se transformaron en fuertes presiones para los jueces que tuvieron a su cargo conocer, tanto el juicio propiamente, como las diversas impugnaciones que fueron presentadas por parte de la defensa, y que concluyó, en la anulación de la condena y posterior retraso del proceso.40 Por su parte, diferentes asociaciones de juezas y jueces ven con preocupación los ataques que se han dirigido en contra de los administradores de justicia integrantes del tribunal que dictó la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt, luego de la anulación del fallo por parte de la Corte de Constitucional.41 3. Impunidad En un sentido general, cuando se habla de  impunidad  se está dando cuenta de la falta de castigo o sanción por parte de las entidades estatales correspondientes, a las acciones u omisiones que cometen violaciones a los derechos humanos. Costa Rica se caracterizó en un momento dado como un país cuyo sistema de justicia procesaba a personas con poder político y económico. No obstante, se han registrado casos de políticos que impunemente llevan a cabo acciones muy cuestionadas que causan impacto a las finanzas del Estado, y nunca son condenados, o bien se les aplican sanciones poco severas. Un caso reciente lo protagonizó el anterior Ministro de Obras Públicas y Transportes –MOPT–, Francisco Jiménez, quien abandonó ese cargo por eventos de corrupción en la construcción de la trocha fronteriza (que fue el proyecto de construcción de obras en la frontera con Nicaragua, en la parte reclamada por la nación vecina). Francisco Jiménez renunció en mayo de 2012 y no ha habido ningún tipo de condena por ese hecho. De igual forma, el ex Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, renunció el 3 de abril de 2012 al quedar en entredicho el cumplimiento de deberes tributarios de una sociedad mercantil en la que participó, y aparte de su renuncia, no se abrió ninguna causa, Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  17. 17. 20 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 pese a que la evasión fiscal es un delito. Otro caso muy importante es el denominado caso de La Platina, se trata de otra obra de ingeniería que se relaciona con un desperfecto en una de las principales carreteras de la capital detectado desde abril del 2009, y en la actualidad no se ha abierto ningún proceso de investigación criminal por estos hechos. En Panamá, los casos de corrupción siguen siendo uno de los principales problemas a resolver. En el 20122013, se han registrado sobreseimientos en los procesos penales, como el de Anabel Villamonte, ex Directora de la Autoridad Nacional de Tierras y las investigaciones siguen avanzando en los escándalos detectados en la Dirección de Migración, y la Defensoría del Pueblo; mientras, la ciudadanía espera que los responsables de las irregularidades reciban una condena. El 8 de julio de 2010 la represión policial y militar desplegada por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli contra los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y más de 700 heridos, tres años después, esta violencia permanece impune. De igual forma, un caso emblemático fue la muerte violenta de 5 jóvenes panameños de ascendencia China, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados dentro de una vivienda, quienes habían sido secuestrados uno a uno, hecho acaecido, el 11 de septiembre del 2011, en donde se involucró a personal de la policía. A un año del crimen no hay condena para los agentes policiales. Cabe resaltar que en el 2013 se registran el fallecimiento de 9 neonatos, por administrárseles una formula alimenticia llamada heparina con alcohol bencílico, en la Caja del Seguro Social, y a la fecha no hay nadie investigando el caso. Asimismo, el 24 de octubre del 2013, agentes de la policía le dispararon a un vehículo donde se conducía una niña de 14 años y un niño de 2, por supuesta equivocación, teniendo como saldo la muerte de ambos; lo anterior se da bajo el auspicio de la Ley 74 que protege de forma amplia a los agentes policiales y permite el actuar arbitrario de los mismos. En El Salvador muchas son las falencias con las que cuenta el sistema de justicia, entre las cuales se pueden enunciar: la falta de coordinación entre la PNC y la FGR durante las investigaciones criminales, deficiencias en el manejo y la recolección de pruebas; ausencia de denuncias; número limitado de defensores públicos y participación limitada durante el proceso; prolongación de la prisión preventiva y excesiva dependencia de la prueba testimonial42; todo ello genera un estado de impunidad. De igual manera, las esferas de poder formal permiten que funcionarios públicos no sean procesados por diferentes delitos. El fuero del que gozan los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa, permite que estos cometan hechos ilícitos que a la postre se quedan impunes. Para el caso, El diputado Rodrigo Samayoa vapuleó a su ex esposa; enfrentó un proceso en donde un juzgado y una Cámara de lo Penal se declararon incompetentes para conocer del caso; al final, por resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia –CSJ- se definió que se le procesara cuando haya terminado su periodo legislativo. Bajo el razonamiento jurídico aplicado al caso, por los operadores de justicia, se corre el riesgo de que el diputado se reelija en el siguiente período legislativo y no se le pueda procesar judicialmente. A la fecha, está en discusión en el parlamento el hecho de reincorporarlo como diputado, mientras esto ocurre, funge como asesor de la Asamblea Legislativa. En Honduras, desde el rompimiento del orden constitucional, como consecuencia del golpe de Estado, se genera una crisis política, la cual tiene sus manifestaciones más importantes en el resquebrajamiento de la institucionalidad. Si bien es cierto que antes del Golpe de Estado ya el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República eran instituciones controladas por grupos de poder, después de los referidos hechos su credibilidad y escasa institucionalidad se resquebrajan total e inexorablemente, sobre todo porque apoyaron y continúan respaldando la tesis de la “sucesión constitucional”, en su intención de dotar de legitimidad   a los eventos que originaron la crisis institucional. La situación en Honduras es alarmante, la corrupción generalizada que vive actualmente afecta no sólo a los pobres. La vulnerabilidad la viven periodistas, abogados, fiscales, jueces, defensores de derechos humanos, entre otros. En Nicaragua la impunidad sigue siendo un problema generalizado, donde el gobierno muy pocas veces persigue a los funcionarios y a las personas allegadas al partido de gobierno que cometen abusos; a tal punto que la Policía actúa como cómplice en la comisión de delitos. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la falta de investigación en el caso de los jóvenes del movimiento “#OcupaINSS” donde tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público rehúyen sus obligaciones para investigar la denuncia de agresión y robo masivo ocurrido el 22 de junio del 2013, y a pesar de que existe prueba testimonial y documental sobre este caso la policía no ha capturado a ningún sospechoso. Otro hecho que ha quedado en la impunidad fue el caso de mujeres y hombres de Nueva Guinea que fueron víctimas de abusos policiales y torturas en las cárceles del referido municipio por el simple hecho de protestar contra un supuesto fraude electoral en el mismo. Otro caso que demuestra la impunidad ligada al poder, es la masacre de los 3 campesinos de “El Carrizo” del Municipio de Somoto, Madriz, ocurrida en noviembre del 2011. Para el
  18. 18. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 CENIDH esa matanza es el ejemplo más evidente del trato diferenciado en la aplicación de la ley en los últimos años. 4. Sistemas penitenciarios 21 cárceles se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”, y son lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos y sus familias, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad”. La población penitenciaria ha perdido su libertad, pero no pueden ser privados de sus derechos humanos elementales. Los sistemas penitenciarios de la región centroamericana se encuentran en una situación degradante e indigna, con una sobrepoblación superior al 50%, totalmente hacinada lo que pone en riesgo la salud de los privados Sobrepoblación penitenciaria en países de América Central de libertad, produce altos niveles de estrés, dificulta la convivencia y Años 2005-2007 Año 2011 el manejo de prisioneros en casos de amotinamientos, a ello se suma País Densidad Densidad el alto deterioro en la infraestrucCapacidad Población Capacidad Población por cien por cien del sistema existente del sistema existente tura, las condiciones de higiene, falta plazas plazas de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua po- Costa Rica 7931 7862 99 8894 11,339 127 table, además de los niveles de in7770 12561 162 8187 24399 298 seguridad interna ante la ausencia El Salvador de separación de reclusos por ca- Guatemala 6454 8243 128 6492 12303 190 tegorías de delitos. La mora judicial Honduras 8280 11691 141 8190 11985 146 registrando el más alto porcentaje Panamá con el 63% de los 14,990 Nicaragua 5446 5672 104 4399 7868 179 presos aún sin condena, seguido por Panamá 7216 11617 161 7443 13397 180 Honduras (60%), Guatemala (48.8%), Fuente: C. ARRANZA , Elías. ILANUD. 2011. Elaborado con información oficial proporcionada por las autoridades de cada país. El Salvador (24.2%), Costa Rica (23%), y Nicaragua (19% en el 2011). Por otra parte, la existencia de auto-gobiernos en los penales, fomentados desde las propias autoridades al delegar facultades disciplinarias en los propios reclusos, sobre todo la posibilidad de aplicar sanciones. De acuerdo con la CIDH estos autogobiernos derivan toda clase de abusos, extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes. En Centroamérica la población penitenciaria asciende a 92,565 internos, según los registros oficiales, tiene colapsadas las 114 cárceles del istmo donde predominan las condiciones de insalubridad, la deficiente asistencia jurídica, la ineficiente atención médico hospitalaria, psicológica y alimenticia, entre otras falencias43. Fuente: Periódico Digital El Universo Población penitenciaria de El Salvador, hacinada en pequeñas celdas, sin alimentación de calidad ni programas de rehabilitación.  La alimentación para las personas privadas de libertad es deficiente. Costa Rica destina anualmente a las cárceles 197 millones de dólares, Guatemala invierte 66.6 millones de dólares, Panamá 34.5 millones de dólares, El Salvador 32 millones, Honduras 18.5 millones y Nicaragua 10.7 millones, lo que no garantiza adecuadamente el derecho a la alimentación de los internos e internas. La CIDH en su informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras” concluyó que…“Las 6 A septiembre del 2013 El Salvador sigue siendo el país con más población penitenciaria y con mayor nivel de hacinamiento, superando la capacidad instalada de los 22 Centros Penales. El sistema carcelario salvadoreño, tiene capacidad sólo para 8,490 internos y alberga 26,489 reos, registrando una sobrepoblación de 17, 9996. Como ejemplo se puede mencionar al Centro Penal La Esperanza, con capacidad para albergar a 1,200 reclusos pero en realidad alberga a 5,209. Por otra parte, de los 26,489 reos, 20,017 ya recibieron condenas que van desde uno hasta más 51 años de cárcel, mientras el resto aún espera sentencia. La situación de hacinamiento es más grave en el caso del centro Datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  19. 19. 22 Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 penal para mujeres, el cual cuenta con una capacidad para albergar 220 internas, pero a julio del 2013 se registran 2,084. El presupuesto institucional para 2012 era de US$1.96 diarios por privado de libertad para su alimentación, es decir, US$ 0.65 por cada tiempo de comida. En los cuatro centros de inserción social para adolescentes se encuentran albergados 653 adolescentes, 337 (51.6%) ya cumplieron la mayoría de edad y se encuentran a la espera de una orden judicial para ser traslados a centros intermedios. Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador –FESPAD– considera que El hacinamiento impide la resocialización. A pesar de los programas de tratamiento en los centros penales7, el nivel de hacinamiento impide una efectiva resocialización de los internos, la mayoría de la población reclusa se somete a los programas en los Centros Penales; no obstante, no se dan los resultados esperados. Honduras cuenta con un sistema penitenciario colapsado, que presenta graves deficiencias estructurales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población reclusa. “El sistema penitenciario en Honduras es deshumanizado, paupérrimo y corrupto. Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana”, afirmó el Relator Escobar Gil durante la presentación del Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras. La CIDH, a partir de información suministrada por el Estado en enero de 2013 estima que la población penitenciaria de este país es de 12,263 personas (la mitad procesados y la otra mitad condenados) destaca que existe un déficit de 3,600 plazas lo que equivale a una sobrepoblación del 44%. El presupuesto para la alimentación diaria de los casi 13,000 reos ha sido recortado de 53 a 39 centavos de dólar. Desde las cárceles se siguen coordinando muchos crímenes que afectan a la sociedad. Rony López, fiscal contra el crimen organizado del Ministerio Público de Guatemala aseguró que la mayoría de extorsiones que se cometen en el país, se realizan desde adentro de los centros carcelarios. El funcionario agregó que se ha determinado que solamente un reo, ha logrado expandir el negocio de la extorsión hasta cuatro distintos países, logrando abarcar El Salvador, Honduras, Costa Rica y Uruguay.44 La CIDH señaló que “la falta de control efectivo de la seguridad interna en las cárceles facilita las condiciones para la comisión de delitos en las cárceles y desde estas” como “el tráfico de drogas, la venta de armas, el cobro de cuotas extorsivas a los presos o sus familiares y la planificación y dirección, desde el interior de la cárcel de hechos delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones”, todo con la anuencia de las autoridades penitenciarias. 7 En Guatemala se contabilizan 16,179 internos en los 22 centros carcelarios y su capacidad de albergue es para 7,000 personas. Un ejemplo claro del hacinamiento es la cárcel de Jutiaba con capacidad para 75 reos pero que actualmente alberga a aproximadamente 300. Datos del Sistema Penitenciario refieren que actualmente 8,019 personas se encuentran en prisión preventiva, mientras que 8 mil 188 cumplen condenas. A diario el sistema penitenciario eroga un promedio de US$ 6.73 en cada recluso. Dentro de dicha cantidad se incluyen los gastos de tres tiempos de comida que oscila entre los 1.77 y 2.27 dólares45. Actualmente la pena de cárcel no cumple con la finalidad para la que fue creada, es decir, la prevención del delito en la sociedad. Dos casos importantes registrados en el 2013, han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema penitenciario en el país: el caso de las salidas a placer del ex militar Byron Lima, condenado por el asesinato del Obispo Juan Gerardi, quién también realizó una actividad pública en septiembre 2013 dentro de la prisión sin permiso de las autoridades46. El segundo caso es la toma de rehenes de ocho agentes de seguridad de la cárcel de alta seguridad “Fraijanes II”. Ambos casos dejan ver el poco control que tienen las autoridades en los recintos penitenciarios, incluso en los de máxima seguridad. En Nicaragua se contabilizan aproximadamente 13,000 privados de libertad, de estos 9,500 yacen en los centros penales cuya capacidad de albergue es para 3,086 internos en condiciones normales (internacionalmente se reconocen 4 m2 por cada interno), el resto están ubicados en distritos policiales los cuales se encuentran saturados. La Cárcel Modelo de Tipitapa principal penal del país construido en 1958 tiene capacidad para albergar a unos 2,080 reos, y actualmente cuenta con una población de 4,551. El presupuesto diario, por interno, alcanza la cifra de US$0.24 a US$0.50. Una de las causas del hacinamiento en las cárceles nicaragüenses no sólo es la falta de penales y espacios en los que ya existen, sino la ineficiencia de los jueces de Vigilancia Penitenciaria y las autoridades de los penales en el conteo del cumplimiento de las penas de los reos, quienes muchas veces ya cumplieron la pena pero siguen encarcelados. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, a través de Defensoría Pública, está preparando un plan para poner en libertad a unos 1,800 reos condenados por faltas penales, ubicados en los distintos sistemas penitenciarios del país. El propósito es descongestionar las cárceles del país. Los beneficiados deberán cumplir los requisitos de ley como ser reo primario. Es decir, sin antecedentes penales y sobre todo que no represente peligro para la sociedad, según informó el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente del Poder Judicial. Son 12 los programas de tratamiento penitenciario: violencia intrafamiliar, intervención en ansiedad, técnicas para el control del comportamiento agresivo, drogodependientes, control de la agresión sexual, educación formal, laboral formativo, laboral productivo, deportes, religioso, competencia psicosocial, arte y cultura.
  20. 20. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 Los problemas en las cárceles de Nicaragua no son nuevos, pero prevalecen sin que hasta ahora el Gobierno haya demostrado los cambios. Organismos que velan por la tutela de los derechos humanos, como el CENIDH, CPDH, la ANPDH y otros que vigilan por la transparencia, como el IEEPP, tienen prohibido el ingreso a los centros penitenciarios, ni aun cuando lo solicitan los privados de libertad a través de sus familiares; de igual forma, no han permitido la presencia de periodistas de los medios de comunicación independientes o de un defensor de derechos humanos en momentos donde se han registrado amotinamientos tales como el de Estelí donde el vice-ministro de gobernación, Carlos Nájar dio órdenes expresas de no dejar formar parte de la Comisión de negociación al Coordinador de la Filial del CENIDH en Estelí a pesar de ser solicitado por los mismos internos y familiares. En Costa Rica, desde el 2008 se inició un crecimiento sostenido de reos que a mayo del 2013 ha generado un hacinamiento del 37,5%; es decir, 3,700 personas más de las que el sistema penitenciario puede albergar, contabilizando un total de 13,418 reclusos en todo el país47. El 24.2% (3,259) sin condena en firme, entre ellos 282 mujeres 48. En el Informe Anual del 2012 sobre el Sistema Penitenciario presentado en mayo del 2013 por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, considera que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas” que violan la dignidad humana de reos, personal técnico y de seguridad. Afirmó que la condición de hacinamiento del sistema facilita la aparición de brotes de “enfermedades infecciosas y de contagio” y restringe la posibilidad de reinserción de los internos a la sociedad. El documento detalló que los reos están sin posibilidad de acceder a servicios de salud, educación y trabajo. Los centros más críticos son San Carlos y Pérez Zeledón, donde el hacinamiento es del 119% y 123%, respectivamente. La cárcel de San Sebastián, en donde la mayoría de los internos están a la espera de ser juzgados el hacinamiento alcanza un 85%49. Asimismo, el Centro Penitenciario La Reforma (de máxima seguridad) tiene una sobrepoblación del 63% albergando a 3,405 personas en un espacio para 2,084. Las fallas en materia penal juvenil del Estado costarricense apuntan al hacinamiento de los privados de libertad, falta de oportunidades, aumento en los jóvenes con privación de libertad y la combinación de reos mayores con menores de edad, según denuncian organizaciones y los mismos magistrados. Algunas evidencias son que se ha triplicado la población privada de libertad en edad adolescente, se han trasladado mayores de 18 años que no caben en la Reforma al centro de detención de menores, creando hacinamiento y colapsando los programas sociales de atención50. 23 Sin duda alguna uno de los temas que elevan la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es el bajo presupuesto. Para el año 2013, el presupuesto aprobado fue de US$149,927.06, aproximadamente un 15% menos de lo necesario. El costo diario para mantener un reo es de US$ 45.00. Si está dos meses en prisión preventiva, el Estado debe gastar 2,800 dólares americanos por persona. Pero dado el alto costo de mantenimiento, la calidad de vida de los privados de libertad no es respetuosa del derecho humano a la integridad personal. En Panamá, el sistema penitenciario enfrenta un conjunto de graves situaciones que atentan y vulneran los derechos humanos de los internos: el alto grado de hacinamiento, la inadecuada infraestructura carcelaria con falta de ventilación y luz natural, sin camas, ni condiciones mínimas de higiene, el uso excesivo y recurrente de la detención preventiva como medida cautelar y el plazo desproporcionado de ésta, la incidencia de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y la falta de supervisión adecuada por parte del personal de custodia. El costo de alimentación diaria por cada privado de libertad es de US$ 3.15. Según estadísticas del Sistema Nacional Penitenciario51. Al 15 de abril de 2013 la población carcelaria era de 14,626 internos, la cifra representa una sobrepoblación de más del 50%, ya que la capacidad de las cárceles es de 7,100 personas entre hombres y mujeres. La mora judicial agrava la situación en los centros penales, del total de la población penitenciaria 9,036 no han recibido condena. Las cárceles más pobladas son las de Chiriquí y Herrera. En los centros de reclutamiento de la provincia de Panamá hay una población de 10,779 reos en una capacidad de 4,913; es decir, que existe un 54. 42% de hacinamiento, mientras que en la cárcel pública de Chiriquí existen unos 1,115 privados de libertad pese a que la capacidad de las cuatro cárceles es de unos 388 detenidos, lo que tiene como resultado 66. 29% de sobrepoblación. La cárcel de Herrera mantiene una sobrepoblación de 50. 92%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá –CONADEHUPA-, sostiene que el sistema penitenciario tiene características de inequidad y desigualdad, generado por tráfico de influencias, en donde solamente es beneficiada toda persona que tenga algún nivel de poder económico, político y físico. La CIDH señaló recientemente que “ las prisiones y los centros de detención se han convertido en áreas de completa falta de supervisión y control, debido a que la arbitrariedad y la corrupción han prevalecido tradicionalmente. Las cárceles son instituciones particularmente susceptibles a la corrupción. La falta de transparencia, las conexiones con los grupos criminales organizados y la falta de interés Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica
  21. 21. Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2012-2013 24 social son los ingredientes perfectos para hacer que este sea un problema endémico en la mayoría de los sistemas penitenciarios de la región. Las Oficinas de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito -UNODC- es de la opinión que las prácticas de corrupción a todos los niveles dan lugar a una violación directa de los derechos garantizados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial para aquellas personas especialmente vulnerables como lo son las personas privadas de libertad. La corrupción practicada por agentes penitenciarios da lugar a abusos que resultan en la permanencia de ciertos grupos de reclusos en detrimento de poblaciones carcelarias más vulnerables. Muchas veces se justifica por el bajo nivel de los salarios que perciben los funcionarios pero este no es el único factor que causa la corrupción, hay que tomar en cuenta que muchas de las personas privadas de libertad son susceptibles a mantener fuertes relaciones con el crimen organizado y por lo tanto tienen un fácil acceso a la financiación del comercio ilícito de drogas, armas, etc. y de obtener ventajas ilícitas de los custodios/as. Como ejemplo, según informaciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá, en los cinco primeros meses de 2013 se ha sancionado a 82 servidores públicos del sistema penitenciario por actos de corrupción, habiendo sido destituidos de sus puestos 24 funcionarios. La falta de órganos de control garantiza un alto nivel de impunidad y tolerancia a la corrupción en distintos países de la región. 5. Justicia transicional La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas a los derechos humanos.Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de Derecho52. En Guatemala, la aplicación de la justicia todavía es una deuda pendiente, a pesar que durante el 2013 se han producido dos condenas sobre justicia transicional, específicamente por casos de desaparición forzada durante el conflicto armado interno (caso Edgar Paredes Chegüen53 y Edgar Fernando García54) el sistema judicial aún protege a personas poderosas que en algún momento han sido juzgados y éste los ha absuelto. 8 Artículo 8 Ley de Reconciliación Nacional. Tras firmarse los Acuerdos de Paz, el país se encaminaba a erigir una sociedad democrática, progresista y con pleno respeto a los derechos humanos; sin embargo, a más de catorce años desde su firma, la nación se encuentra en momentos críticos, que abarcan problemas que van desde la débil democracia hasta el irrespeto al Estado de Derecho. El poder militar logró suscitar una amnistía para todas aquellas personas que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto armado interno. No obstante, los delitos como el genocidio, la desaparición forzada y los delitos de lesa humanidad no quedaron sujetos a estas disposiciones8. En el 2013, por primera vez en la historia de la humanidad un Estado –Guatemala– juzgó a un ex presidente por el delito de genocidio, haciendo uso del ordenamiento jurídico interno. El General Efraín Ríos Montt, que fungió como Jefe de Estado durante los años 1982 y 1983, período durante el cual se registraron las cifras más grandes de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, sobre todo en la población indígena, fue sometido a un procedimiento penal en su contra; se estima que más de 1,700 miembros de la etnia Ixil, en el Departamento de Quiché, fueron masacrados por el Estado guatemalteco. Dos meses duró el debate, el 10 de mayo del corriente, un Tribunal declaró culpable del delito de genocidio y falta de deberes contra la humanidad al General Efraín Ríos Montt, imponiéndole 80 años de prisión, y absolvieron de esos ilícitos al General José Mauricio Rodríguez Sánchez.55 En el proceso declararon más de 50 personas, quienes narraron los horrores vividos durante la época del conflicto e hicieron mención de hechos de muerte, la práctica de violaciones sexuales utilizando armas de guerra, los trastornos psicológicos sufridos y los efectos de las víctimas en sus proyectos de vida. Sin embargo, el 21 de mayo del mismo año, un fallo de la Corte de Constitucionalidad anuló todo lo actuado por el Tribunal de Sentencia y retrasó el proceso hasta abril de este año56. Pero el trámite del proceso no solamente retrocedió hasta esa fecha, sino que la confirmación de una resolución de abril regresó el proceso hasta el año 2011.57 Lo anterior constituye un retroceso para los derechos de las víctimas y el descrédito para el sistema de justicia guatemalteco, poniendo en evidencia que quienes tuvieron y poseen cuotas de poder, pueden permanecer impunes, esto a pesar de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos.

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