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La Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública constituye
un esfuerzo para instaurar mecanismos homogéneos que permitan el ejercicio
pleno de la democracia participativa, de tal manera que la administración
cumpla satisfactoriamente con parámetros de integridad, efciencia, efcacia,
efectividad, igualdad y equidad; contribuyendo así al desarrollo del país, por
medio de la inclusión y la cohesión social.

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Política de participación ciudadana Política de participación ciudadana Document Transcript

  • Secretaría para Asuntos Estratégicos Secretaría Técnica de la Presidencia Política de PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la Gestión Pública Septiembre 2013
  • Todos los derechos reservados. Está permitida la reproducción parcial o total de este documento, siempre que se cite la fuente y que no sea para la venta u otro fin de carácter comercial. El contenido de este documento es responsabilidad de la Secretaría para Asuntos Estratégicos y la Secretaría Técnica de la Presidencia.
  • Presentación El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, establece el compromiso del actual Gobierno de impulsar la participación social, inspirada en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual asegura la participación de los distintos sectores de la población, y en particular, la equidad en la participación de las mujeres y hombres. En el informe de cuatro años de gestión, El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión, se reafirma que uno de los principales cambios que se espera alcanzar al final de la presente administración es avanzar de forma significativa en la democratización del ejercicio del poder, mediante la creación y fortalecimiento de una institucionalidad que garantice la participación activa de la sociedad civil en la definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas. Como parte de este compromiso, se hace necesario homologar las disposiciones normativas en cuanto a la participación ciudadana en la gestión pública, establecer los lineamientos y mecanismos necesarios y definir las responsabilidades de las y los servidores públicos. La Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública constituye un esfuerzo para instaurar mecanismos homogéneos que permitan el ejercicio pleno de la democracia participativa, de tal manera que la administración cumpla satisfactoriamente con parámetros de integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, igualdad y equidad; contribuyendo así al desarrollo del país, por medio de la inclusión y la cohesión social. Lic. Franzi Hato Hasbún Secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia Dr. Alexander Segovia Secretario Técnico de la Presidencia 5
  • Introducción La presente Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, forma parte de un conjunto de iniciativas que el Gobierno de la República de El Salvador promueve para consolidar la democracia con proyección social, en el marco del respeto y la profundización del Estado de Derecho, el cual se viene construyendo en El Salvador a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, y cuya prioridad es garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas. Es por ello, que la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia y la Secretaría Técnica de la Presidencia, impulsan esta iniciativa para fortalecer la gestión pública y garantizar la construcción social de las políticas públicas. Tal como lo anunció el Presidente de la República Mauricio Funes, en la inauguración del mes cívico, la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública “es una política basada en el firme compromiso de este gobierno con la consolidación de mecanismos concretos para el ejercicio de la democracia”, con la cual se garantiza que la democracia sea ejercida por todas y todos, sin excluir a nadie en la toma de las decisiones importantes del país, haciendo del diálogo y la concertación el eje central de la forma de gobernar. La Política de Participación Ciudadana constituye un pilar fundamental de la gestión pública y un complemento esencial a la forma representativa de gobierno y al ejercicio de la soberanía por el pueblo, según lo establecido en la Constitución de la República y en los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado de El Salvador, que lo comprometen con el fortalecimiento de la democracia, propiciando y auspiciando la participación ciudadana. La Política de Participación Ciudadana busca fortalecer el Estado Social Democrático de Derecho, profundizando el ejercicio de la ciudadanía, como un acto continuo y permanente basado en la corresponsabilidad, el derecho 7
  • a participar y la efectiva incidencia en la gestión de las políticas públicas, además de fortalecer el tejido social, el asociacionismo y la autonomía de las organizaciones sociales, ampliando el espacio público de deliberación, diálogo social y construcción de consensos. Fundamentalmente, se propone asegurar la inclusión social en la gestión pública, particularmente de los sectores tradicionalmente excluidos. 8
  • PARTE I: Aspectos Generales
  • 1. Definición Se asume la definición plasmada en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana (Estoril, Portugal, 2009), aprobada por El Salvador, donde “se entiende por participación ciudadana en la gestión gubernamental el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”. 2. Objetivo La Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, tiene por objetivo impulsar la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión gubernamental, para crear las condiciones que permitan que las personas, especialmente los grupos de población en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión, accedan a los mecanismos para la defensa y exigencia de sus derechos, estableciéndose como un medio para la transformación social. En particular, este instrumento asume el mandato legal e institucional de promover activamente la participación ciudadana de las mujeres a través de, entre otros, el desarrollo de acciones afirmativas, de la promoción de la paridad de género en la conformación de los espacios de participación ciudadana y de la incorporación del enfoque de género en los distintos procesos e instrumentos relacionados. Así mismo, se compromete a garantizar la participación de los pueblos originarios, mediante procesos y formas de organización que les sean propias a su pluralidad y diversidad cultural. 3. Ámbito de Aplicación Se adopta esta Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, para cumplimiento de las servidoras y los servidores públicos (funcionarios, 11
  • funcionarias, empleadas y empleados) de todas las instituciones del Ejecutivo. La participación ciudadana, como elemento transversal y continuo de las políticas públicas, tiene que desarrollarse en los procesos de planificación para el desarrollo, tanto en su fase de formulación como en las de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, mediante mecanismos apropiados. 4. Marco Legal La presente Política tiene su base legal en la Constitución, en leyes nacionales y en instrumentos internacionales ratificados por El Salvador, que buscan garantizar la participación ciudadana en la gestión pública, obligando al Estado a la institucionalización y la práctica de este derecho, que debe traducirse en un ejercicio de ciudadanía. Entre las normas más destacadas, están: • Constitución de la República • Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública • Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro • Ley General de Juventud • Ley de Ética Gubernamental • Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (LODT) • Código Municipal 5. Representación Social Para asegurar la debida representatividad social en los procesos de participación ciudadana, es necesario respetar el tejido social existente a través de convocatorias públicas y abiertas a las organizaciones sociales. Asimismo, se deben propiciar formas participativas abiertas e inclusivas, que permitan la incorporación en la gestión pública de los intereses difusos y de los no organizados de la sociedad. 12
  • PARTE II: Sobre los procesos de participación ciudadana en la gestión pública
  • 6. Lineamientos Todas las instituciones del Ejecutivo deben impulsar el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión gubernamental, destinando recursos, así como creando y potenciando las condiciones favorables para el ejercicio efectivo de este derecho, en especial de aquellos sectores en condición de exclusión y vulnerabilidad social. En ese sentido, las instituciones de la Administración Pública deben tener en cuenta los lineamientos de acción siguientes: a) Promover la participación ciudadana en todas las fases del proceso de formación de las políticas públicas, desde la planificación, diseño, formulación, elaboración presupuestaria, ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social, adoptando las medidas, instrumentos y tecnologías necesarias, para asegurar que los procesos de participación ciudadana incidan en las políticas y la gestión pública de manera real y efectiva. b) Fortalecer sus capacidades internas para una apertura efectiva, mediante actividades de capacitación y educación que modifiquen su funcionamiento y cultura institucional, a fin de valorizar la participación ciudadana. c) Estimular y aprovechar todos los espacios de participación generados por la población. d) Promover activamente la participación de las mujeres y de sus organizaciones, a través tanto de acciones afirmativas, como del fomento a la paridad de género en la representación ciudadana, “como un valor y un fin para la garantía de la democracia” según indica el Art. 5 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, asegurando que se tomen en cuenta de forma equitativa los intereses, visiones y necesidades de mujeres y hombres, y se erradique progresivamente la discriminación de género. e) Implementar acciones afirmativas hacia los pueblos originarios y los sectores más excluidos y con menos capacidad organizativa de la 15
  • f ) g) h) i) población, que favorezcan su organización y el ejercicio de su derecho a participar en los asuntos públicos y en su propio desarrollo. Proveer la información suficiente, veraz y oportuna, para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo económico, político y social, a través del efectivo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Garantizar la transparencia en la gestión pública. Desarrollar la rendición de cuentas a la ciudadanía como un proceso permanente que promueva, en lenguajes comprensibles, la interlocución y evaluación de la gestión pública de acuerdo con los intereses ciudadanos. La rendición de cuentas debe de incluir información relativa a los procesos de participación ciudadana desarrollados, explicitando acciones y resultados en relación a la participación de las mujeres, de la juventud y de otros grupos en condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Vincularse en redes interinstitucionales y a éstas con la ciudadanía, para fortalecer la comunicación y el intercambio de experiencias. 7. Ámbitos de participación Todas las instituciones del Ejecutivo deben garantizar la participación ciudadana en la gestión gubernamental en los ámbitos supranacional, nacional, sectorial y territorial. 8. Formas y mecanismos de participación Todas las instituciones del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de desarrollar medios y mecanismos que hagan efectiva la participación ciudadana equitativa e inclusiva en la gestión pública. Entre otras, se promueven las siguientes formas y mecanismos: a) Consejos consultivos y foros: Consiste en un grupo permanente de 16
  • b) c) d) e) representantes de grupos y entidades de todos los sectores implicados, los cuales se reúnen de manera periódica para identificar y evaluar problemas, elaborar y valorar propuestas y realizar el seguimiento de las acciones llevadas a cabo. Audiencias públicas y conferencias: Consiste en la realización de una actividad de puertas abiertas, en la que se informa sobre los detalles de un proyecto en concreto para debatir con los responsables técnicos y políticos sobre la cuestión de manera informal, permitiendo un acercamiento real entre la ciudadanía y la Administración Pública. Planificación institucional: Aplicación de metodologías participativas para diseñar estrategias para la toma de decisiones de las instituciones públicas. Contraloría social: El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o individualmente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas participativa a sus gobernantes. Atención de conflictos: espacios y procesos participativos necesarios para abordar problemáticas y demandas sociales que requieran esfuerzos, eventuales o sostenidos, de diálogo y concertación con sectores de la población, para prevenir y atender situaciones proclives a crisis y conflictividad social. 9. Evaluación Todas las instituciones del Ejecutivo, en función de sus marcos normativos, de sus competencias y de su presencia territorial, están obligados a generar mecanismos de evaluación de la participación ciudadana, con enfoque de género e inclusión, para lo cual es imprescindible la intervención y toma en consideración de los puntos de vista de la sociedad. Todas las instituciones del Ejecutivo deben tomar en cuenta las evaluaciones que efectúen, de manera autónoma, las organizaciones sociales. 17
  • 10. La participación ciudadana como principio de prevención y transformación pacífica de conflictos Las políticas públicas y programas de desarrollo económico y social, deben considerar mecanismos permanentes para la inclusión de actoras y actores interesados y afectados, para procurar la armonía social y la construcción de paz. 18
  • PARTE III: Institucionalidad Participativa
  • 11. Instituciones encargadas Todas las instituciones del Ejecutivo deben promover la creación, mantenimiento y correcto funcionamiento de las instituciones y mecanismos que hacen posible el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, respetando la existencia de espacios y mecanismos de participación informal y espontánea. Para ello, la Secretaría Técnica de la Presidencia establecerá un conjunto de medios que propicien la participación ciudadana en el ciclo de formulación e implementación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. Esta Secretaría coordinará con las instituciones del Ejecutivo, los procesos de diálogo, concertación, negociación y estructuración de los acuerdos necesarios De igual manera, la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, será la responsable de impulsar y gestionar la Política de Participación Ciudadana, así como de vigilar su correcta aplicación, y mantener un inventario actualizado de todos los mecanismos de participación ciudadana que se estén aplicando, incluyendo una valoración del nivel cualitativo de cada iniciativa. Para ello coordinará con las instituciones rectoras en materia de igualdad entre mujeres y hombres, juventud e inclusión social. En el ámbito departamental, las gobernadoras y gobernadores serán quienes impulsen esta política en su calidad de coordinadores de los Gabinetes de Gestión Departamental, de acuerdo con su atribución de “institucionalizar el diálogo con la sociedad civil y las comunidades para la búsqueda de soluciones a los problemas de la población”, contenida en el Decreto Ejecutivo N° 54 del 3 de mayo de 2010. 21
  • 12. Colaboración entre el Órgano Ejecutivo y gobiernos locales Para la eficaz implementación de esta política, las instituciones del Ejecutivo deben establecer relaciones de colaboración con los gobiernos municipales, en los ámbitos de sus competencias contenidas en el Código Municipal, en lo relativo a la participación ciudadana y la transparencia, respetando en todo momento la autonomía municipal. 22
  • Este documento ha sido realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Secretaría para Asuntos Estratégicos y la Secretaría Técnica de la Presidencia.