Economia verde j.m._naredo_e._gomez

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  • 1. 347 Apéndice RÍO+20 EN PERSPECTIVA Economía verde: nueva reconciliación virtual entre ecología y economía José Manuel Naredo y Erik Gómez-Baggethun Introducción Según datos oficiales basados en informes científicos recientes, dos ter- ceras partes de los servicios generados por los ecosistemas planetarios están deteriorándose,1 la pérdida de biodiversidad alcanza una tasa que se estima en unas 1.000 veces superior a la de los niveles preindustriales,2 el consumo global de materiales y energía, y por tanto la producción de residuos, ha seguido aumentando en las últimas décadas,3 la con- centración de dióxido de carbono en la atmósfera se acerca a las 400 partes por millón,4 la presión de la actividad humana sobre los límites biofísicos está afectando a la estabilidad de procesos ecológicos funda- mentales para el mantenimiento de las condiciones de vida en la tierra,5 y el deterioro ambiental anticipa costes económicos multimillonarios para la economía global.6,7 Este diagnóstico poco alentador se obtiene pasadas más de cuatro décadas desde que la comunidad internacional comenzara a coordinar sus políticas con el objetivo de impulsar una transición global hacia la sostenibilidad. Este hecho pone de relieve una importante paradoja, a José Manuel Naredo, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Erik Gómez-Baggethun, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratorio de Socio-Ecosistemas, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid.
  • 2. 348 saber, que la acentuación del deterioro ecológico sigue corriendo en paralelo a la proliferación de técnicos ambientales y de tratados inter- nacionales de conservación, al aumento exponencial de las regulaciones y los estándares ambientales, a la expansión continua del número (y la superficie) de áreas protegidas, a un creciente etiquetado verde de los productos de compraventa, y a un importante aumento de la sensibi- lidad social sobre la problemática ecológica. Cabría argumentar que tal paradoja no existe, al considerar que las mencionadas expresiones de «ambientalismo» no son sino reflejo del deterioro ecológico a escala global. Efectivamente, entendemos que este podía ser un argumento válido en los albores de la era conservacionista. No obstante, creemos que sostener dicho argumento en el momento en que el movimiento conservacionista celebra su 50 aniversario8 solo puede interpretarse, en el mejor de los casos, como un triste ejercicio de autoconsuelo. Cuando se constata que pasadas cinco décadas desde el comienzo de la era conservacionista el deterioro ecológico sigue acelerándose, algo está fallando en el núcleo mismo de las políticas de sostenibilidad. Las contradicciones económico-ecológicas de nuestra época invitan a re- flexionar sobre lo que en otras ocasiones hemos denominado «las raíces económicas del deterioro ecológico»9 y sobre si las políticas ambientales o, más recientemente, la denominada gobernanza ambiental, está abor- dando con seriedad las causas de fondo de dicho deterioro. En vísperas de la celebración en junio de 2012 de la nueva Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (más conocida como Río +20), el presente artículo, preparado como anexo para la edición española del informe de Word Watch 2012, indaga en las causas que subyacen la paradoja verde de la que estamos siendo testigos, a saber, el aumento progresivo del deterioro ecológico en un mundo en el que lo ecológico, lo verde y lo sostenible se han hecho omnipresentes en nues- tros hogares, en nuestro consumo, y en nuestros trabajos. El enfoque de nuestro análisis se basa en una revisión cronológica de la evolución de las políticas de sostenibilidad en las últimas décadas, abarcando desde los albores de la conciencia ambientalista en la década de 1960 hasta la actualidad, momento en el que la noción de economía verde aparece en la escena política. Analizamos las principales etapas que pueden identificarse en dicho período y los conceptos clave que han guiado el planteamiento, diseño y articulación de las políticas ambientales en cada una de ellas (ecodesarro- llo, desarrollo sostenible, economía verde…). Asimismo examinamos cómo se ha abordado desde cada uno de estos conceptos la cuestión crucial del conflicto entre crecimiento económico y límites físicos. Analizamos
  • 3. 349 la evolución y los principales cambios registrados en torno a la cuestión del crecimiento e interpretamos dichos cambios en el contexto de las trasformaciones políticas e institucionales que han tenido lugar en el panorama político internacional a lo largo del período analizado. A la luz de nuestro análisis concluimos que pese a la inflación de textos de retórica verde, ninguno de los productos elaborados por la tecnocracia ambiental tras la década de 1970, durante la cual sí se llegó a cuestionar seriamente la ideología del crecimiento, ha tratado de abordar en profundidad las causas (metabólicas) últimas del dete- rioro ecológico. Asimismo, consideramos que los planteamientos de la denominada economía verde aparentemente tampoco serán capaces de abordar la reconversión metabólica requerida para resolver las contra- dicciones económico-ecológicas inherentes al modelo de acumulación que sigue guiando el funcionamiento de economía global. La crítica del crecimiento económico De forma más o menos explícita, la idea de la imposibilidad de crecer indefinidamente en un planeta finito ya se encontraba en la obra de algunos de los pensadores de la «economía clásica». Así lo atestiguan los escritos de Thomas Malthus10 sobre la problemática del sustento alimenticio de una población en crecimiento exponencial, la Ley de los rendimientos decrecientes sobre la tierra planteada por David Ricardo,11 o los augurios más explícitos de John Stuart Mill12 sobre la inevitabi- lidad (y a su juicio la deseabilidad) de que el crecimiento económico acabase apuntando irremisiblemente hacia un horizonte de «estado estacionario» habida cuenta que la tierra disponible no estaba sujeta a crecimiento.13,14,15 No es accidental que la idea de «producción» pasara a ocupar un lugar central en la moderna ciencia económica, justo cuando la civilización industrial alejó por primera vez a la especie humana de las verdaderas producciones de la fotosíntesis, para apoyar su intenden- cia sobre la mera extracción o sobrexplotación de riquezas naturales preexistentes, llevando incluso las producciones de la fotosíntesis hacia el deterioro progresivo de los bienes fondo que las sustentan. Así, el término «producción» se acuñó y popularizó como parte del discurso económico dominante, encubriendo el doble daño ambiental que aca- rrea el comportamiento de la civilización industrial, por extracción de recursos y emisión de residuos. Hubo que esperar a que los «economistas neoclásicos» de finales del siglo XIX y principios del XX, dieran una nueva vuelta de tuerca a la fun-
  • 4. 350 ción mistificadora de la ciencia económica. Estos autores desterraron la idea del «estado estacionario», a base de postular que la Tierra, con todos sus recursos, podía ser sustituida siempre sin problemas por una entidad abstracta llamada capital, presentando a este como el factor limitativo último y cerrando así el discurso económico en el mero campo de los valores pecuniarios, sin necesidad de establecer incómodas conexiones con el mundo físico que dificultaban sus postulados y formalizaciones matemáticas.16 Todavía entre 1910 y 1930, varios autores alertaron sobre los posibles efectos del agotamiento de los recursos naturales no renovables en las generaciones futuras17 y la escuela minoritaria del institucionalismo clásico aportó una notable literatura sobre la proble- mática ambiental.18 No obstante, una vez culminada la revolución neoclásica hacia finales de la década de 1930, la atención prestada por los economis- tas a la escasez física de recursos naturales comenzó a destacar por su ausencia.19 En este período, los economistas neoclásicos comienzan a teorizar sobre la sustituibilidad de los recursos naturales (ahora diríamos capital natural) por medios artificiales gracias al progreso tecnológico, disipando la ya escasa preocupación de la época por el agotamiento de los recursos naturales.20 En las contribuciones del premio Nobel de economía Robert Solow a la teoría del crecimiento económico durante la década de 1950 el factor tierra es completamente eliminado de la función de producción.21 Tras la Segunda Guerra Mundial, el cuestionamiento del crecimiento quedaría limitado a un puñado de pensadores heterodoxos. Por ejemplo, Gandhi, cuando los periodistas le preguntaron después de la indepen- dencia de la India si el nuevo país trataría de lograr el nivel de vida británico, respondió: «si el Reino Unido ha necesitado expoliar medio planeta para conseguirlo ¿cuántos planetas necesitaría la India?». A principios de la década de 1970 se dieron una serie de aconteci- mientos que, además de movilizar el pensamiento en medios académicos en torno a la problemática ecológica, tuvieron honda repercusión sobre la opinión pública, permitiendo retomar el debate sobre el crecimiento económico. La publicación en 1971 del I Informe Meadows, del Club de Roma, sobre «Los límites al crecimiento», puso contra las cuerdas a la meta habitual del «crecimiento económico», que ocupaba un lugar central en el discurso dominante,22 y trascendió a la esfera política me- diante una carta enviada por Sicco Mansholt a la Comisón Europea tan solo un mes antes de convertirse en su presidente.23 Este Informe subrayaba la inviabilidad del crecimiento permanente de la población y sus consumos: el crecimiento acumulativo continuado —y por lo
  • 5. 351 tanto exponencial— solo podía darse de modo transitorio en el mundo físico. En la década de 1970 se puso a su vez de relieve la problemática del crecimiento exponencial de la población. Como señalaba Ehrlich24 «si el crecimiento demográfico continuara [a la tasa actual] durante 900 años, habría alrededor de 120 personas por metro cuadrado en toda la superficie del Planeta, incluidos mares y océanos».25 Si, como viene ocurriendo, esta población se asocia al manejo de cantidades per cápita crecientes de recursos y residuos, el absurdo se alcanzaría en plazos mucho más cortos26 tal y como estimó el I Informe Meadows ya citado. Todo lo cual vino a evidenciar la irracionalidad que supone la mitología del crecimiento económico, que cifra la salvación de la humanidad en el continuo aumento de los «bienes y servicios» obteni- dos y consumidos (acompañado de una creciente extracción de recursos y emisión de residuos). Mitología sin precedentes históricos27 que se construyó, junto con la ciencia económica establecida, sobre la metáfora de la «producción»,28 que subraya solo la parte positiva del proceso económico —las ganancias de dinero y utilidad— pasando por alto la contabilidad de los daños sociales y ambientales que origina (lo que en el último siglo se viene tratando bajo los conceptos de externalidades, pasivos, o impactos ambientales). Con la publicación del ya mencionado I Informe Meadows del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento, y al calor de la crisis de petróleo, la preocupación por el agotamiento de los recursos natu- rales resurgió entre los economistas. La osadía del I Informe Meadows consistió en recordar la olvidada conexión entre el razonamiento físico y monetario. Tras su publicación tuvo que producirse otra nueva y re- forzada campaña de imagen verde para alejar, una vez más, la idea de límite y seguir sosteniendo la fe en la meta universal del crecimiento económico como solución a los problemas del mundo. El mismo Solow contribuyó a disipar el desasosiego sobre la escasez física de recursos señalando que a medida que ciertos recursos naturales se tornan escasos, la subida de precios incentivaría a los consumidores a dirigirse hacia otros sustitutivos.29 Poco después, Solow llegaría a señalar que, «Si es fácil sustituir los recursos naturales por otros factores, en principio no hay problema alguno. El mundo puede continuar, de hecho, en ausencia de recursos naturales, por lo que el agotamiento de estos constituye un acontecimiento y no una catástrofe».30 El problema de la escasez física quedaba así reducido a un problema de escasez de capital.31 Durante la década de 1970, otros acontecimientos que se añadieron a la aparición del informe del Club de Roma, contribuyendo a movi-
  • 6. 352 lizar la opinión pública y la reflexión académica sobre los problemas ecológicos.32 El pensamiento crítico fue más allá de la crítica del creci- miento para pasar a cuestionar las nociones de «desarrollo» y «progreso» como piezas fundamentales del imaginario colectivo de la civilización industrial.33 A la publicación del mencionado informe al Club de Roma, se añadieron otros acontecimientos relevantes en los primeros años setenta. Destacan, entre ellos la puesta en marcha del Programa Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO, que trataba de asociar la conservación a la gestión económica y a la reducción de la pobreza que aquejaba a buena parte de la humanidad; la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en 1972, que subrayó la necesidad de modificar las tendencias al deterio- ro ecológico global y que promovió el lanzamiento del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA); y, sobre todo, la primera «crisis energética» de 1973 que, al penalizar el uso del petróleo, indujo a reconsiderar los patrones de vida de la civilización industrial. En la segunda mitad de los setenta, la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat I), en Vancouver, en 1976, y la «segunda crisis energética» de 1979 mantuvieron el tono de las preocupaciones enunciadas. El informe encargado por el único presidente de los Estados Uni- dos que ha tomado en serio la problemática ecológica, el presidente Carter, y dirigido por Gerald O. Barney, The Global 200034 constituye un buen colofón a las preocupaciones y enfoques de los setenta. Este sesudo informe coteja las previsiones de sus modelos con cinco estudios globales anteriormente realizados (los modelos Mundo 2 y 3, usados en la preparación del Informe Limits to the growth, para el Club de Roma, el Modelo de relaciones Agrícolas Internacionales, el modelo Mundial Latinoamericano y el Modelo Mundial de la Academia Nacional de Ciencias de los EE UU). Las conclusiones de este análisis comparado son claras: «los hallazgos principales del estudio Global 2000 coinciden, en términos generales, con los de los otros cinco estudios mundiales», aunque presenta un horizonte todavía más sombrío en algunos aspec- tos —p.e.: deforestación, deterioro de suelos y posible aumento de la desnutrición, las enfermedades y los conflictos—. Por ello advierte que «se está agotando el tiempo de hacer algo a fin de evitar esta situación. A menos que las naciones adopten medidas audaces e imaginativas, tendentes a mejorar las condiciones sociales y económicas, reducir la fecundidad, asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos y proteger el ambiente, el mundo deberá prepararse para un penoso ad- venimiento del siglo XXI».35
  • 7. 353 Las desoladoras perspectivas con respecto a la crisis ecológica que salieron a la luz tras la publicación en 1971 del ya mencionado Informe Meadows llevaron a las Naciones Unidas a encargar a un grupo expertos coordinados por Ignacy Sachs, la acuñación de un término de referencia que permitiera compatibilizar las nociones de desarrollo y protección del medio ambiente. Dicha comisión propuso el término ecodesarrollo, que cuestionaba el modelo consumista y depredador del sistema indus- trial y comercial de los países ricos, siempre orientado al consumo y al crecimiento económico, con los consecuentes aumentos en los ritmos de dilapidación de recursos naturales y de emisión de residuos. Se apostaba por un modelo más endógeno de desarrollo, adaptado a las particularidades ecológicas y culturales de cada región. Se consideraba que si bien los países del sur todavía tendrían que crecer para aliviar su pobreza, los países industrializados en cambio debían reconfigurar sus modelos económicos anteponiendo la mejora cualitativa de sus economías a los objetivos de crecimiento. Esta sería la filosofía seguida por la Declaración de Estocolmo, síntesis de las conclusiones obtenidas en la cumbre internacional celebrada en dicha ciudad en 1972, y que trataría el problema de la crisis ecológica global. La rehabilitación del crecimiento económico como «desarrollo sostenible» En 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU presentó el llamado Informe Bruntland, Nuestro futuro común, que acuñaría la definición oficial de desarrollo sostenible como «el modelo de desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente preserva la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas».36 Cinco años más tarde, la Cumbre de Río de Janeiro (1992) lanzaría el concepto de desarrollo sostenible a la arena pública, momento a partir del cual el uso del término trascendió de las filas de los círculos ambientalistas y especializados para generalizarse cada vez más en el discurso político y en el marketing empresarial. Si nos preguntásemos dónde radica la clave del éxito político que tuvo este concepto podríamos encontrar parte de la respuesta en su ambigüedad. En efecto, la definición de desarrollo sostenible aportada en el Informe Bruntland se reduce a un llamamiento ético a la equi- dad intergeneracional, cuya vaguedad ha permitido hacer un uso del mismo vacío de contenido e implicaciones prácticas.37 Así la política y los negocios han podido rentabilizar la popularidad del concepto, sin
  • 8. 354 verse comprometidos a acciones concretas más allá de algunos cambios en la retórica utilizada. Sin embargo existen otras razones que explican su éxito respecto a aquel otro de ecodesarrollo, su predecesor, como podremos observar si recapitulamos el contexto en el que uno y otro concepto fueron acuña- dos. Las ideas y propuestas planteadas en la década anterior en torno al concepto de ecodesarrollo no tardaron en generar susceptibilidad entre los países industrializados, que veían en el nuevo término una amenaza a su modelo de crecimiento económico. Según el propio Sachs, este des- contento se haría efectivo cuando el omnipresente y entonces secretario de Estado de los Estados Unidos Henri Kissinger envió un comunicado a la comisión que él coordinaba, vetando la utilización del concepto de ecodesarrollo en los foros internacionales.38 Las Naciones Unidas fueron así «invitadas» a buscar un nuevo término que se adaptara con mayor comodidad al modelo económico de los países industriales. En este contexto es presentado en 1987 el desarrollo sostenible. Pero ahora, dicho concepto se acompañaría de una nueva lectura o reconceptuali- zación de la crisis ecológica. El problema ya no estribaba, como antes se había planteado, en el modelo despilfarrador y consumista de los países desarrollados que estaba dilapidando los recursos naturales, sino en «la pobreza», trasladando la responsabilidad del problema principal- mente a los países pobres. En línea con las tesis «posmaterialistas» de Inglehart, se consideraba ahora que la falta de riqueza imposibilitaba el desarrollo de una conciencia ecologista en dichos países, y que la falta de crecimiento no permitía la obtención de los excedentes económicos necesarios para la inversión en tecnologías limpias ni el desarrollo de las políticas «verdes».39 El crecimiento económico y la sociedad de consu- mo perdían así el estigma adquirido en la década anterior como causa esencial de la crisis ecológica para plantearse ahora como la medicina que nos abría las puertas a su solución. Los planteamientos del Infor- me Bruntland serían ratificados 1992 con la Conferencia de Río, cuya declaración final sentenciaba (principio 12) la necesidad de «un sistema internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países».40 El «crecimiento sostenido» quedaba rebautizado como «desarrollo sostenible» sin que se revisaran los aspectos esenciales del anterior. Las voces que alertaban sobre la inevitable contradicción que surgiría en el largo plazo entre un sistema ecológico sujeto a límites físicos y un sistema económico abocado al crecimiento perpetuo, quedaban apaci- guadas por el aval verde con el que el desarrollo sostenible recubriría la idea del crecimiento. Asimismo, el planteamiento de la década de 1970,
  • 9. 355 que buscaba la adaptación de la estrategia de sostenibilidad a los límites de los sistemas ecológicos planetarios, es sustituido en las décadas de 1980 y 1990 por uno más pragmático consistente en la adaptación de la estrategia de sostenibilidad a los moldes del modelo de crecimiento económico de los países del norte. La Estrategia de Gotemburgo firmada en 2001 que pretendía establecer las directrices del desarrollo sostenible para la Unión Europea acogería el planteamiento indicado, lo que le permitía complementarse sin fricciones con la llamada Estrategia de Lisboa, firmada un año antes y que fijaba el crecimiento económico como objetivo prioritario orientado a conseguir que la Unión Europea fuera «la economía más dinámica y competitiva del mundo para el año 2010». En definitiva, los planteamientos más rupturistas de la década de 1970 quedaban asimilados por el discurso económico dominante que identificaba en el crecimiento del PIB el principio rector de la política económica. Asimismo, el abaratamiento del petróleo y las materias pri- mas en general hicieron que, junto al oportuno lavado verde de imagen, se olvidaran las anteriores advertencias tildadas de «catastrofistas» y se abrazara de nuevo la fe en la salvación por el crecimiento económico, envolviéndolo, eso sí, con el término más ambiguo «desarrollo» y ade- rezándolo con el adjetivo «sostenible».41,42 Entre tanto, el requerimiento total de materiales, de energía y de residuos prosiguió aumentando en los países ricos.43 Se ampliaban así las diferencias de las economía opulentas occi- dentales con el resto del mundo, acentuadas por la crisis del antiguo bloque del Este, con la diferencia de que la proliferación de especialistas, organizaciones y de ceremonias ecológico-ambientales culminadas con sus correspondientes declaraciones, cerraban los ojos hacia tal estado de cosas. Tampoco se promovían ni las estadísticas ni los estudios necesarios para establecer el seguimiento de estos temas. La misma presentación del II Informe Meadows (1991), Beyond the Limits, encargado también por el Club de Roma para enjuiciar los dos decenios transcurridos des- de el primer Informe, testimonia el nuevo contexto ideológico mucho más conformista. Cuando la información recabada en el II Informe atestiguaba que el deterioro planetario y las perspectivas de enderezarlo eran bastante peores que hacía 20 años, los autores, para evitar que se les tildara de catastrofistas, se escudaron en la confusa distinción entre crecimiento y desarrollo para advertir que «pese a haber límites al cre- cimiento, no tiene por qué haberlos para el desarrollo» y, por si fuera poco, a encargar el prólogo a Jan Timbergen, economista galardonado con el premio Nobel por sus trabajos sobre el desarrollo económico,
  • 10. 356 para subrayar que el libro es útil, porque «clarifica las condiciones bajo las cuales el crecimiento sostenido,44 un medio ambiente limpio e ingresos equitativos pueden ser organizados».45 Los propios autores acabaron empañando, en su segundo informe, el mensaje más claro y contundente del primero. El mencionado cambio quedaría reflejado también en las Confe- rencias de Río, Estambul y, sobre todo, en la de Johanesburgo, que evidenció más claramente la falta de apoyo político a cualquier intento serio de reconvertir el metabolismo de la civilización industrial hacia patrones ecológicamente viables. Mientras que en la cumbre de la Tierra de 1972 se ligaba el deterioro ambiental a la extracción de recursos y a las relaciones de explotación vigentes, incluyendo así reivindicaciones políticas, en Río 1992 ya solo se hablaba de preservar la calidad del medio ambiente, mediante legislación e instrumentos de mercado; mien- tras que en 1972 se hacía una enumeración exhaustiva de los recursos bióticos y abióticos a proteger, en 1992, se plantea el objetivo general del desarrollo sostenible; y, sobre todo, mientras que en 1972 se hacía de la necesidad de atajar el «problema ambiental» una razón de Estado y, por ende, se tomaba a los estados como principales responsables y garantes del cambio, mediante el manejo a todos los niveles de la pla- nificación y ordenación del uso de los recursos y el territorio, en 1992 se habla solo de normas, estudios de impacto ambiental e instrumentos económicos, en general, relegando la responsabilidad de los estados a su último escalón administrativo, a los ayuntamientos, a través de las «agendas 21», para ensalzar el papel de la iniciativa privada (empresas y ONG). Con la Cumbre de Johannesburgo (2002) se confirma la evolución descrita, en la que se solapan el menor respaldo político con la mayor ambigüedad y pérdida de vigor de las propuestas. Un cambio de tono similar puede observarse entre las conferencias Habitat I (Van- couver, 1976) y Habitat II (Estambul, 1996): mientras en la primera se enunciaba el objetivo de «mejorar la calidad de vida» de la población, en la segunda ya solo se proponía conseguir «una vivienda digna y unos asentamientos humanos más seguros, salubres, habitables… sostenibles y productivos»; mientras entre los principios de la primera figuraban rei- teradamente la «equidad» y la «igualdad», en los de la segunda brillaban por su ausencia; mientras en la primera se presentaba al Estado como primer sujeto del cambio en cuestiones ambientales y territoriales, en la segunda se rebajaba esa responsabilidad al nivel local de los ayunta- mientos, empresas, ONG, y asociaciones de vecinos; a la vez que entre los instrumentos para el cambio propuestos en 1976 figuraba, en primer lugar, la planificación, en 1996 se hacía caso omiso de ella, para cifrar
  • 11. 357 la esperanza en la función reguladora de los mercados. Todo lo cual sintetiza cómo, a medida que se fue perdiendo la fe en la posibilidad de reconvertir el metabolismo de la sociedad industrial, la «cuestión ambiental» ha pasado a ocupar un lugar cada vez más ceremonial en el discurso y en las instituciones oficiales. La desatención por el estudio del uso integrado de la Tierra y sus recursos se solapó con el auge incentivado de los estudios sobre los verti- dos atmosféricos y el cambio climático (como atestiguan la Conferencia de Kyoto y los sucesivos encuentros sobre el clima, hasta la fracasada Conferencia de Copenhague [2009] y más recinetemente la Conferen- cia de Durban [2011]). Se plantea la paradójica pretensión de incidir sobre los resultados últimos sin modificar sus causas más primarias, coherente con el carácter cada vez más ceremonial de las instituciones y foros oficiales relacionados con el medio ambiente. (Aunque sigamos utilizando los términos neoliberalismo y medio ambiente en el sentido habitual, cabe advertir que estos términos ocupan un lugar importante en la ideología económica y política dominante. Para aclarar este tema se ha incluido al final el Anexo: Precisiones sobre dos términos al servicio de la ideología económica y política dominante: «medio ambiente» y «neoliberalismo»). La mercantilización de la «política ambiental» La coyuntura económica inflacionista de la década de 1970 facilitó al ascenso de la ideología económica denominada neoliberalismo46 o monetarismo,47 poniendo fin al ciclo de políticas keynesianas que ha- bían dominado la escena económica internacional desde la firma de los tratados de Bretton Woods. Tras el colapso de la Unión Soviética, en la década de 1990 se acelera de la globalización del mercado. Esta se ve acompañada de una desregularización financiera y un fuerte aumento de los flujos comerciales. Desde la década de 1980, el renovado protagonismo adquirido por el mercado libre permeó progresivamente en la denominada «gobernanza ambiental», en lo que algunos autores han venido a llamar conservacio- nismo de mercado.48,49 El fomento keynesiano del crecimiento económico y la promoción en boga del «libre mercado» tuvieron un punto de en- cuentro en los nuevos planteamientos de la política ambiental. Tanto el Informe Bruntland como la Conferencia de Río enfatizan el crecimiento económico como condición para avanzar hacia el desarrollo sostenible y ensalzan el libre comercio como forma de promover dicho crecimiento.
  • 12. 358 Desde la Conferencia de Río 1992 la ONU colabora con el Acuerdo General de Tarifas y Aduanas (GATT, desde 1995 Organización Mun- dial del Comercio (OMC)) con el objetivo de armonizar el desarrollo sostenible con la práctica del libre comercio.50 El Principio 12 de la declaración de Río, aboga por «un sistema económico internacional favorable y abierto que lleve al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países». Favorecidos por su compatibilidad con la ideología económica dominante, los instrumentos de gobernanza basados en las fuerzas de mercado se erigieron en herramientas privilegiadas de las nuevas políticas ambientales. El ascenso de la mercadotecnia ambiental se materializaría a través de dos grandes aplicaciones: los mercados de contaminación y, posteriormente, los denominados sistemas de Pagos por Servicios Ambientales. El principio de «quien contamina paga», impulsado por el primero, se complementaría con el principio de «quien conserva cobra», promovido por los segundos, asentando un modelo de «gobernanza am- biental» en el que el mercado pasa a ocupar una posición medular.51 Enraizado en los planteamientos de las «externalidades ambientales negativas», el principio de quien contamina paga está fundamentado en una presunta ética de la responsabilidad, consistente en que cada agente económico se haga cargo de los costes (monetarios) asociados a las externalidades negativas que genere su actividad. Desde la década de 1980, el principio de «quien contamina paga» ha sido incorporado en textos legales de diversos países. Fue incluido en el Acta Única Europea de 1986 (artículo 174), en el Tratado de Maastricht (artículo 130.2), y en el actualmente estancado Tratado Constitucional para Europa (artí- culo III, 233.2). En el ámbito internacional, el principio fue adoptado por la OCDE en 1972 y contemplado en el artículo 16 de la Decla- ración de Río de 1992. Durante una primera etapa, la legislación y la fiscalidad ambiental fueron las principales vías usadas para implementar el principio de quien contamina paga, especialmente en Europa.52 No obstante, ante la presión ejercida por los algunos grupos de presión industriales (en especial la industria petrolera), que denunciaban la fis- calidad ambiental como una amenaza a su competitividad, gobiernos de derecha y de izquierda han redirigido progresivamente sus esfuerzos hacia la creación de «instrumentos de mercado».53,54 En 1983, el servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE UU apoyó la creación de la denominada «banca de humedales» (wetland banking), diseñada como mecanismo para compensar daños causados por el de- sarrollo de infraestructuras en los ecosistemas acuáticos y sus servicios ambientales. Su puesta en práctica en EE UU se generaliza a partir de
  • 13. 359 1995, con la figura legal Clean Water Act, que permite a promotores desarrollistas emitir permisos para deteriorar humedales a cambio de su compromiso para restaurarlos, crearlos o conservarlos en otros lugares.55 A principios de la década de 1990, y mediante la reforma del Clear Air Act el Congreso de los EE UU impulsó mecanismos para el comercio de derechos de emisiones de dióxido de sulfuro. En el Reino Unido, el Esquema de Comercio de Emisiones estableció límites de emisiones de invernadero permitiendo a las empresas contrayentes comprar dere- chos de emisión para mantenerse por debajo de dichos límites. Otras experiencias similares son el Chicago Climate Exchange nacido en 2003 en los EE UU y el Greenhouse Gas Abatement Scheme establecido en el mismo año en la región de New South Wales, en Australia.56 Con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, en 2005 entra en funciona- miento el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea, estableciéndose mecanismos de compraventa para los seis principales gases de efecto invernadero, generando un mercado cuyo volumen alcanzaba 80 millones de dólares anuales en el año 2008.57,68 Si las «externalidades ambientales negativas» se han abordado por el principio de «quien contamina paga», las «externalidades ambientales positivas», se han abordado mediante el principio de «quien conserva co- bra» que subyace a la lógica de los subsidios a conductas pro-ambientales y a los ya mencionados Pagos por Servicios Ambientales (PSA).59 Los PSA han sido definidos como transacciones voluntarias y condicionadas de servicios ambientales entre al menos un proveedor y un usuario de dichos servicios.60 Los beneficiarios de los servicios ambientales pagan a quienes velan por su protección (o se abstienen de deteriorarlos), siendo el secuestro de carbono, la protección de la biodiversidad, y la regulación hídrica los principales servicios ambientales incorporados en dichos mecanismos. Bajo formas rudimentarias, los sistemas de PSA vienen practi- cándose desde hace décadas. Por ejemplo, en la década de 1930 el gobierno de los EE UU ya promovió sistemas de pagos a granjeros y terratenientes que tomaran medidas contra la erosión del suelo, y en la década de 1950 estableció mecanismos análogos para proteger tierras agrícolas frente a la expansión urbanística.61 Otras experiencias tempranas son los pagos por medidas agroambientales en La Unión Europea y en EE UU. No obstante, la promoción a gran escala de estos esquemas en la política ambiental solo empieza en la década de 1990. En la actualidad se multiplican las variantes de sistemas de PSA a escala local, nacional e internacional. Por ejemplo, a escala local, los usuarios de recursos hídricos aguas abajo (generalmente poblaciones
  • 14. 360 urbanas) realizan un pago a los usuarios aguas arriba (generalmente agricultores) para compensar los «costes de oportunidad» en los que incurren por no roturar sus tierras con fines agrícolas. Costa Rica fue el primer país en implementar esquemas de PSA a escala nacional en 1997, seguido por el Sistema de Pagos por Servicios Hidrológicos de Méjico que entró en vigor en 2003,62 y el programa Sociobosque en Ecuador.63 Las Conferencias de las Partes (COP) 6 y 7 del Protocolo de Kioto impulsaron los denominados mecanismos de flexibilización. Estos incluyen Mecanismos de Desarrollo Limpio, orientados a la inversión de empresas privadas en proyectos de reducción de emisio- nes o fijación de carbono, y Mecanismos de Acción Conjunta, con los que se pretende promover dichas inversiones entre países. En la actualidad, el marco denominado Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD y REDD+) pretende movilizar los fondos para crear un mercado de captura de carbono a escala global. La economía verde: síntesis del «desarrollo sostenible» y la mercadotecnia del «medio ambiente» En junio de 2012, tendrá lugar en Río de Janeiro la próxima Conferen- cia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, más conocida como Río+20. Aparentemente la noción de economía verde ocupará un lugar central como nuevo marco para las negociaciones multilaterales que tendrán lugar en dicha cumbre. Con tal objeto, el PNUMA ha preparado un documento de más de 600 páginas titulado «Hacia una economía verde: vías para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza»64 acompañado de un documento más sintético para «toma- dores de decisiones», donde la economía verde se presenta como una propuesta supuestamente apolítica («una economía verde no favorece una perspectiva política sobre otra»).65 El PNUMA define la economía verde como aquella economía «que conduce a una mejora del bienestar humano y la equidad social a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica». El documento citado sostiene que una economía verde «no reemplaza el concepto de desarrollo sostenible»; señala que «alcanzar la sostenibilidad depende casi por completo de corregir la economía» y que por tanto, aunque «la sostenibilidad es un objetivo vital de largo plazo […] necesitamos trabajar en el reverdecimiento de la economía para alcanzarlo». En consonancia con los planteamientos macroeconómicos del desarrollo sostenible arriba descritos, resalta las «oportunidades de
  • 15. 361 aumentar la infraestructura de mercado y mejorar los flujos comerciales y de ayuda». Aparentemente la lógica del crecimiento (rebautizado como «progre- so») y la producción siguen indemnes bajos sus planteamientos: «En una economía verde el crecimiento de la renta y del empleo debería estar dirigida por inversiones públicas y privadas que reduzcan las emisiones de carbono y la contaminación, aumenten la eficiencia energética y en el uso de recursos y eviten la pérdida de biodiversidad y de servicios ambientales». El «capital natural» es conceptuado como «un activo económico crítico» y el documento ofrece «información práctica para los tomadores de decisiones sobre las reformas requeridas para liberar el potencial productivo y generador de empleo de la economía verde». En consonancia con los planteamientos pro-crecentistas del desarrollo sostenible, el informe señala que hay un «mito generalizado» en torno al pretendido «conflicto inevitable entre la sostenibilidad ambiental y el progreso económico».66 La economía verde entiende que las problemáticas ecológicas derivan en gran medida de la incapacidad de manejar correctamente la informa- ción concerniente a las externalidades ambientales, y de una asignación errónea de capitales, enfatizando la importancia de los mecanismos de mercado como solución al problema: «el uso de instrumentos de merca- do, la creación de mercados y, cuando proceda, las medidas regulatorias, deben jugar un papel en la internalización de esta información»67 y enfatiza el papel que deben jugar los gobiernos en el diseño e imple- mentación de sistemas de incentivos tales como los PSA. En definitiva, de lo que se puede sacar en claro del voluminoso documento citado, la economía verde parece sintetizar, en un evidente ejercicio de continuidad, los principales elementos macroeconómicos del desarrollo sostenible y el instrumental desarrollado por la mercadotecnia ambiental a lo largo de las últimas décadas. Perspectivas No podemos precisar el contexto en el que se sitúan los cambios en la política ambiental identificados en este estudio —de la década de 1970 a la actualidad— sin hacer referencia al colapso de los llamados regí- menes socialistas del Este europeo, y el fin de la «guerra fría» en 1989, que eliminaron el antiguo bipolarismo político, haciéndose hegemónico el poder del único polo superviviente. Con ello el «Tercer Mundo» perdió su existencia como tal, para integrarse mayoritariamente entre
  • 16. 362 los pobres y dominados que se anteponían a los ricos y poderosos en un mundo cada vez más escindido, aunque cada vez más colonizado por un «pensamiento único».68 La en otro tiempo vigorosa voz de los «países no alineados» del Tercer Mundo, perdió la relativa libertad que le otorgaba el antiguo bipolarismo y se fue apagando paulatinamente. La Conferencia de Bandung, celebrada en 1955 por estos países, con la asistencia de personalidades tan relevantes como Chu En Lai, Ho Chi Minh, Nasser, Neheru (todavía impregnado del espíritu de Gan- dhi), o Sukarno dan buena cuenta de ello. A estos se añadieron otros líderes de los «movimientos de liberación nacional» como Fidel Castro, Lumumba y Ben Bella, correspondiendo a este último hacer las veces de anfitrión, en Argelia, de un nuevo encuentro similar al de Bandung que no tuvo lugar, al ser oportunamente derrocado. La «liberación de los pueblos», que parecía entonces imparable, se fue atemperando, a la vez que las reglas del juego económico impuestas en el mundo devol- vieron las aguas a su cauce, llevando de nuevo a estos países al redil de la dependencia, con la colaboración (y cuando no, el derrocamiento) de sus propios líderes. Presenciamos así un único mundo cada vez más polarizado económica y socialmente, en el que el mantenimiento del orden exige la doble presión militar y humanitaria de los países ricos. Doble presión que ha culminado con la aparición incluso de «guerras humanitarias», como las que arrasaron la antigua Yugoslavia, Afganistán, Iraq y recientemente Libia, haciéndolos candidatos a nuevas «ayudas». La escisión del mundo no solo se traduce en la brecha Norte-Sur, sino que se reproduce con fuerza en los propios países del Norte, con cre- cientes bolsas de marginación y de pobreza: no en vano la esperanza de vida en los barrios marginados de Nueva York se sitúa por debajo de la de Bangla Desh.69 La principal diferencia que separa la situación actual de la de hace 40 años estriba en que en Bandung los países del «Tercer Mundo» tenían, o más bien creían tener, proyectos de futuro, mientras que en Río, Estambul, o Johanesburgo, y de nuevo en Río, las cuatro quintas partes de la humanidad se han convertido en simples náufragos de la competitividad que, castigados sin apelación por el mercado, no tienen —salvo raras excepciones— más proyecto que el de solicitar inversiones, ayuda y comisiones de las empresas y estados que los explotan y de la nueva beneficencia de las ONG que ayuda a paliar los problemas sin impugnar las reglas del juego que los originan, todo ello con la aquies- cencia y el provecho de políticos y empresarios autóctonos. Esta pérdida de proyectos para construir su propio futuro resulta de su incapacidad para desengancharse del pensamiento económico dominante, al acep-
  • 17. 363 tar acríticamente las mismas metas e instrumentos que aparentemente había seguido el Norte, cerrando los ojos a la evidencia que subraya la imposibilidad de repetir de forma generalizada las experiencias del Norte. Resulta cada vez más deshonesto mantener esta ilusión cuando la industrialización ha colocado a los países ricos en una situación privile- giada generalmente irrepetible, haciendo de ella un bien «posicional»70, 71 que les permite mantener sus patrones de vida, en franca expansión, con cargo al resto del mundo. Como se analiza en detalle en la obra ya citada Las raíces del deterioro ecológico y social,72 la atracción de capitales y recursos ejercida por el Norte se sostiene cada vez más con cargo a las áreas de apropiación y vertido del Sur y, en suma, el actual modelo de bienestar del Norte se apoya (en) y agrava (el) malestar del Sur.73,74 Lo que no quita para encontrar también en el Sur responsabilidades e intereses que explican el mantenimiento de esta situación. El fracaso de las «teorías del desarrollo» para erradicar la pobreza en el mundo debería abrir los ojos al hecho de que ese «desarrollo» no ha intervenido mejorando de entrada las condiciones de vida de las sociedades «periféricas» al capitalismo, sino provocando su crisis, sin garantizar alternativas solventes para la mayoría de la población implicada y originando, en ocasiones, situaciones de penuria y desa- rraigo mayores de las que se pretendían corregir ab initio.75 Desde esta perspectiva «podemos imaginar —con Ivan Illich— al «desarrollo» como una ráfaga de viento que arranca a los pueblos de sus pies, lejos de sus espacios familiares, para situarlos sobre una elevada plataforma artificial, con una nueva estructura de vida. Para sobrevivir en este expuesto y arriesgado lugar, la gente se ve obligada a alcanzar nuevos niveles mínimos de consumo, por ejemplo, en educación formal, sani- dad hospitalaria, transporte rodado, alquiler de vivienda».76 Y para ello es necesario disponer de unos ingresos que el «desarrollo» escatima a la mayoría de los individuos, desatando un proceso de miserabilización sin precedentes: «el homo miserabilis apareció recientemente, casi de la noche a la mañana, a partir de una mutación del homo economicus, el protagonista de la escasez.77 La generación que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue testigo de este cambio de estado en la naturaleza humana desde el hombre común al hombre necesitado (needy man). Más de la mitad de los individuos humanos nacieron en esta época y pertenecen a esta nueva clase...».78 La misma idea del progreso, que había contribuido tanto a mag- nificar los logros del capitalismo frente a las sociedades anteriores, fue una herencia envenenada que abrazaron ingenuamente, con renovado ahínco, los críticos de este sistema con la vana pretensión de impugnarlo
  • 18. 364 desde ella. Se cerraron así los ojos a los factores regresivos del sistema y a la posibilidad de preservar la diversidad biológica y cultural que tanto la monarquía absoluta, como el advenimiento del Estado moder- no y el capitalismo se habían encargado ya de simplificar, pero no tan drásticamente. El obsoleto planteamiento dicotómico que enfrenta a «conservadores» y «progresistas», derivado de los pasados conflictos entre capitalismo y Antiguo Régimen, se arrastra todavía para confusión de los críticos. La aceptación igualmente acrítica del desarrollo económico industrialista como instrumento de modernidad y de progreso, constitu- ye otro paso ideológico en falso por parte de los críticos, al que siguen aferrados por inercia los representantes del antiguo «Tercer Mundo» (y, por manifiesto interés, los del «Primer Mundo»). La crisis de la antigua Unión Soviética y de los otros países vincu- lados a ella, evidencia hasta qué punto el desarrollo industrialista es un fenómeno obsoleto que no cabe identificar ya con la modernidad y el progreso, como también se revela obsoleto identificar el crecimiento del PIB —y de la destrucción que este conlleva— tanto con el progreso en general, como con el aumento de renta y la riqueza pecuniaria, en particular.79 Ningún proyecto, por muy maquiavélico que fuera, de de- fensa del capitalismo como sistema, habría podido igualar los beneficios que trajo el proyecto «socialista» desarrollado y liquidado en la Unión Soviética. Tras haber presentado al «socialismo soviético» como proyecto de sociedad alternativa, el nuevo proyecto se empeñó en perseguir, con graves daños sociales y ambientales, las mismas metas desarrollistas que el capitalismo había propuesto. El modelo soviético se reveló menos eficaz que el capitalismo en el logro de estos fines y acabó colapsando con lo que el fracaso del proyecto soviético se presentó como prueba de la inexistencia de alternativas viables al capitalismo, cuando lo que de verdad demostró es que no cabe construir sociedades que se preten- dan alternativas al capitalismo siguiendo las mismas metas y la misma senda del desarrollo económico que este sistema había propuesto. O también, que mientras se mantenga la fe en las promesas del discurso económico dominante como llave de progreso —con toda la mitología del crecimiento y la competitividad, ahora tildadas de «sostenibles» y «solidarias»— se estará cortando de raíz cualquier posibilidad alternativa: el «pensamiento único» señala así, lógicamente, el «fin de la historia» y de «las (otras) ideologías». Desde hace ya más de 30 años el «problema ambiental» ha venido suscitando la necesidad de establecer circuitos de información sobre la dimensión física y territorial de las actividades económicas ordinarias que el análisis monetario dominante ignora, para hacer que la sociedad
  • 19. 365 pueda rediseñar, a la luz de esta nueva información, las reglas del juego económico que condicionan valores y precios.80 Sin embargo, esta ne- cesidad de información no ha sido satisfecha: la información monetaria sigue siendo la única que se utiliza de forma sistemática para orientar la gestión.81 En vez de promover estadísticas de base y enfoques que registren de modo sistemático los aspectos físicos y territoriales ligados a la gestión, se ha promovido la valoración ocasional de «externalidades» y «servicios ambientales» para incluirlos en el universo unidimensional de los valores monetarios en el que se desenvuelve el análisis económico ordinario. Así, en vez de relativizar este análisis abriendo la reflexión económica hacia los aspectos físicos, territoriales y sociales, se incen- tivó el movimiento contrario: se trataron de reducir estos aspectos al lenguaje unidimensional de los valores monetarios para ensanchar así el campo de aplicaciones del enfoque económico usual, cuyo reduccio- nismo monetario estaba en el origen del «problema ambiental». Todo ello ignorando el profundo divorcio que existe entre la idea usual de sistema económico y la de sistema ecológico. En resumidas cuentas, tras varias décadas de reflexión sobre este «problema» se corre el riesgo de olvidar el hecho que lo había originado y que en principio se trataba de corregir: el reduccionismo monetario propio del enfoque económico estándar.82 Todo ello unido a una «deriva instrumental» que da trabajo a nuevos especialistas, a costa de distanciar sus elaboraciones de los problemas de fondo que plantea la presente crisis ecológica. Hay que tener presente que el actual predominio del razonamiento económico unidimensional, regido por el análisis coste-beneficio, no solo es fuente de «daños ambientales»,83 sino que tampoco ayuda a corregirlos en su raíz. En efecto, como nos recuerda Antonio Estevan «desde la lógica capitalista de la competencia generalizada por la bús- queda de beneficio inmediato [...] es mucho más económico ocultar un problema o alterar su aspecto que abordarlo en toda su profundidad: el bloqueo de los mecanismos sociales y políticos de reacción al dete- rioro ecológico que así se logra [...] es mucho más conveniente que la amortización precipitada de gigantescas inversiones para reconstruir los sistemas productivos en términos ecológicamente más compatibles. [...] Las clases políticas también se benefician de este enfoque del tratamiento de la crisis ecológica. Reelaborando los conceptos, la terminología y las políticas sectoriales (residuos, agua, transporte, energía, etc.) para expor- tar u ocultar el proceso de deterioro ambiental, consiguen credibilidad institucional y rentabilidad ecológico-electoral a corto plazo, aunque a largo plazo los procesos globales de deterioro no solo no se frenan, sino que se aceleran. Pero serán otros equipos y personajes políticos los que
  • 20. 366 tendrán que responder por ello en su día. El sistema de selección de la clase política ya promocionará en su momento a los que sean capaces de inventar las mejores justificaciones mediáticas para las situaciones que se vayan presentando».84 A medida que fue ganando terreno la «sensibilidad ambiental» de la población, se observó que resultaba más fácil y ventajoso para po- líticos y empresarios contentarla a base de invertir en «imagen verde», que en tratar de reconvertir el metabolismo de la sociedad industrial y las reglas del juego económico que lo mueven. Lo mismo que reducir seriamente las situaciones de desigualdad o polarización social tendría un coste redistributivo muy superior al de sufragar algunas campañas y ONG mediante políticas de «paz social subvencionada». De ahí que el grueso de la literatura económica-ambiental se ocupe sobre todo, ya sea de extender la vara de medir del dinero al tratamiento de la nueva problemática o bien de idear formulaciones de compromiso es- casamente operativas para reconvertir el modus operandi de la sociedad industrial. Se observa, por una parte, la eclosión de una amplísima literatura, ya revisada en este trabajo y sobre la que, por tanto, no incidiremos, sobre procedimientos para imputar valores monetarios85 a las «externa- lidades» o sobre «instrumentos» económicos como impuestos, tasas o derechos ligados al uso de «servicios ambientales».86 Por otra, la reflexión a escala agregada se esteriliza en la búsqueda de nuevas cuadraturas del círculo que compatibilicen el «crecimiento» o «desarrollo» o «progreso» (económico) con la «conservación» (del medio ambiente). Se trata así de salvar a toda costa la meta del «desarrollo económico», medido por el simple crecimiento de la renta o producto nacional, ya sea buscando cómo hacerlo «sostenible»87 o confirmando pura y simplemente, como trata de hacer la «curva de Kuznets»,88 que los problemas ambientales tienden a resolverse en los países a medida que aumenta su renta per cápita: se invierten así los términos del planteamiento originario hacien- do que el desarrollo económico deje de verse como causa del problema ecológico para convertirse en su solución. Así las cosas, las ideas ambiguas de «desarrollo sostenible» y «eco- nomía verde» se invocan a modo de mantra o jaculatoria repetida en diversos informes y declaraciones. Pero esta repetición no está sirviendo para modificar, ni siquiera en los países ricos, las tendencias al aumen- to en el requerimiento total de recursos y residuos per cápita. Para lo que sí ha servido esta invocación es para sostener el mito puro y duro del crecimiento económico, que se había tambaleado con las críticas de la década de 1970, y para dar a entender que las reivindicaciones
  • 21. 367 ecológico-ambientales de la población están siendo atendidas. Mientras tanto el crecimiento económico se sigue midiendo, exactamente igual que antes de que fuera impugnado a principios de los setenta: por el simple aumento del agregado de Producto o Renta Nacional. Ante la mayor sensibilidad de la población hacia los temas ambien- tales, el discurso de gobiernos y empresas ha incorporado a su retórica la referencia formal a estos problemas: hoy la mayoría de los programas políticos y las actividades económicas incorporan en sus discursos el vocabulario ecológico, apoyándose para ello en las formulaciones de compromiso arriba mencionadas. Se trata de tranquilizar a la población con políticas de imagen verde89 en las que todo tiende a calificarse de «ecológico» y «sostenible», ocultando o banalizando los daños ocasio- nados, sin necesidad de cambiar a fondo los criterios de gestión, ni los patrones de comportamiento, que los originan. El racionalismo parcela- rio del discurso económico dominante está contribuyendo así a desviar la atención de los principales conflictos ecológicos (y sociales) de nuestra época y a divulgar implícitamente una ideología conservadora del statu quo que los genera. Se alimenta, de esta forma, un nuevo irracionalismo global que se mantiene a base de distraer la reflexión en los laberintos de la racionalidad científica parcelaria. Ya vimos que las propias agendas de las «cumbres de la Tierra» de Río 92 y la más desesperanzada de Johannesburgo 2002, han sido víctimas de ese razonamiento parcelario: mucha preocupación por la contamina- ción, los trastornos climáticos, las pérdidas de diversidad o de calidad ambiental, y mucha desatención por la creciente extracción y el bajo precio de las materias primas que las originan, soslayando la evidencia termodinámica de que los residuos y deterioros salen del manejo de los recursos. Lo cual da también lugar a un doble lenguaje entre un mundo industrial que constituye el principal consumidor y beneficiario de los bajos precios de las materias primas de las que es un importador neto y un «Tercer Mundo» sometido a los bajos precios de sus exportaciones y a la huida de capitales, al que se aconseja ahora el «desarrollo sosteni- ble», la «economía verde» y, sobre todo, la frugalidad para mantener el equilibrio financiero de sus maltrechas economías. Cuando, de hecho, al forzar el abaratamiento y la extracción de productos primarios se ha originado una sensación de abundancia de recursos que va en detrimen- to de la conservación y el reciclaje. A la vez que el funcionamiento del sistema monetario internacional, al succionar el ahorro de los países pobres, contribuye a acentuar su escasez crónica de capital. Dice la conocida frase del banquero Antonio Botín que «lo que cuenta son las cuentas y lo demás son cuentos». Pese a lo equívoca que
  • 22. 368 ha resultado ser esta frase en el contexto financiero donde fue acuñada, donde a la luz de la presente crisis parece que las cuentas resultaron ser cuentos, su afirmación adquiere una importante dosis de verdad aplicada a las cuentas de la naturaleza. Para esta lo que cuenta son los flujos físicos del metabolismo económico y estos, como ya hemos explicado y documentado, no han dejado de crecer durante las cinco décadas trascurridas del surgimiento del conservacionismo moderno (a excepción de los períodos de crisis económica en los que el PIB ha disminuido). Lo demás, como dice Botín, son cuentos. ¿Hasta qué punto los vientos que soplan a favor de la reconciliación virtual entre economía y naturaleza conseguirán eclipsar a aquellos otros que buscan su reconciliación real? ¿Hasta cuándo las políticas de imagen verde po- drán seguir contentando a la población, ocultando los daños sociales y ambientales y demorando, así, una posible reconciliación real? Ello dependerá, en parte, del vigor que alcancen las denuncias de la función mistificadora que ejerce el discurso económico dominante... o de que se cubra el vacío actual de conocimiento sobre los rasgos esenciales del metabolismo de la civilización industrial, que son fuente simultánea de desarrollo económico y deterioro ecológico. * * * Anexo Precisiones sobre dos términos al servicio de la ideología eco- nómica y política dominantes: «medio ambiente» y «neoliberalismo» La ideología dominante plasmada en los enfoques económicos y políticos ordinarios, ejerce su imperialismo utilizando términos que todo el mundo asume, al suponerlos neutros. Pero estos términos, lejos de ser neutros, son serviles a esa ideología y, una vez asumidos, domestican las críticas y eclipsan posibles visiones alternativas. Precisiones sobre el término «medio ambiente» Hay que recordar que el razonamiento económico ordinario se fue consolidan- do a base de encerrarse en el universo autosuficiente de los valores monetarios y de cortar amarras con el mundo físico y territorial al que en principio es- tuvo vinculado. Al separarse del mundo físico y territorial, el reduccionismo monetario imperante generó un «medio ambiente» físico inestudiado que aparece plagado de recursos naturales, antes de que hayan sido valorados, y de
  • 23. 369 residuos artificiales, que por definición carecen de valor monetario. Y cuando la red analítica de un enfoque deja escapar un «medio ambiente» inestudiado, caben dos posibilidades de abordarlo. Una, tratando de extender y arrojar de nuevo esa misma red analítica para atrapar determinados elementos de ese «medio ambiente». Y dos, recurriendo a otras redes analíticas que se estiman más adecuadas para ello. Lo primero es lo que trata de hacer la llamada «economía ambiental», cuando estira la vara de medir del dinero para valorar elementos de ese «medio ambiente» a fin de llevarlos al redil de la economía ordinaria y poder aplicar sobre ellos el cálculo habitual coste-beneficio. Lo segundo es lo que hace la llamada «economía ecológica» cuando adopta un enfoque trandisciplinar que, sin descartar el razonamiento monetario, recurre a las elaboraciones de otras disciplinas como son esa economía de la naturaleza, que es la ecología, o esa economía de la física, que es la termodinámica. Hay que darse cuenta que para estas disciplinas no existe dicho «medio ambiente» inestudiado, ya que los elementos y sistemas que lo componen forman parte de su objeto de estudio habitual. Pero el imperialismo del enfoque económico ordinario es tan poderoso que ha conseguido naturalizar sus orientaciones y su lenguaje en el mundo académico y político sin que se tenga plena conciencia de ello. Cuando lo que se conoce como «el medio ambiente» es en realidad el medio ambiente inestudiado por el enfoque económico ordinario, este enfoque ha conseguido imponer la palabra medio ambiente (environment, en inglés) como un término general pretendidamente neutro. Puesto que un medio ambiente ha de definir- se siempre respecto a algo, respecto a algún sistema que lo define en negativo al no formar parte de él o escapar a su red analítica, se confunde ese medio ambiente que viene marcado por la cortedad de miras de la economía ordi- naria, con el medio ambiente que rodea a las personas, cuando este está cada vez más artificialmente ambientado, producido y consumido y no corresponde con la acepción habitual de medio ambiente. Se habla así impunemente de departamentos de «medio ambiente» y de carreras de «ciencias ambientales» (en las que se imparte el conocimiento de «ciencias de la Tierra» para las que no existe ese «medio ambiente» inestudiado, ya que desde siempre vienen estudiando los elementos y sistemas que lo componen). Se habla, incluso, de «economía ambiental», es decir, de una disciplina que trata de estudiar el medio ambiente inestudiado que ella misma había generado, a base de im- putar nuevos valores monetarios a los elementos de la naturaleza que carecían de precio, para seguir practicando el reduccionismo monetario y el cálculo coste-beneficio habituales. Este proceder no tiene por qué hacer daño a nadie si se limita, por ejemplo, a recabar información sobre la disposición a pagar de la gente, como quien hace una encuesta de intención de voto. Lo malo es cuando este proceder se aplica para extender el reduccionismo monetario en detrimento de otros enfoques, allanando el terreno para la mercantilización de las externalidades positivas (servicios ambientales) o negativas (contami-
  • 24. 370 nación). Cuando se piensa que la mera imputación de precios a los servicios ambientales va a resolver por sí sola los problemas de deterioro ecológico. O cuando se ignora que estos problemas se alimentan de la grave asimetría que se observa entre los sistemas de razonamiento de esa economía ordinaria y los aplicados en la ecología o en la termodinámica. Así, la monetarización de la naturaleza prolonga el diálogo de sordos entre sistemas de representación diferentes, pero no asegura su buena gestión. Lo grave es que el imperialismo de la ideología económica dominante es tan fuerte que incapacita a la gente para percibir que el afán de hacer una economía de ese medio ambiente que escapa a su propio objeto de estudio, es algo tan surrealista como lo sería el empeño de hacer una física de la metafísica. Precisiones sobre el término «neoliberalismo» La idea de mercado soslaya la intervención del poder en el proceso económico. El desplazamiento y la concentración del poder hacia el campo económico- empresarial, hace que existan empresas capaces de crear dinero, de conseguir privatizaciones, recalificaciones, concesiones, contratas… y de manipular la opinión, polarizándose así el propio mundo empresarial. Si antes el Estado controlaba a las empresas ahora hay empresas y empresarios que controlan y utilizan el Estado y los media en beneficio propio. Como también es verdad que la realidad de los megaproyectos se sitúa en las antípodas de la entelequia del «mercado libre». Pues el capitalismo de los poderosos es solo liberal y an- tiestatal a medias. Es liberal solo para solicitar plena libertad de explotación, pero no para promover concesiones y monopolios en beneficio propio. Y es antiestatal para despojar al Estado de sus riquezas, pero no para conseguir que las ayudas e intervenciones estatales alimenten sus negocios y asegure los medios para reprimir las revueltas populares surgidas del descontento con la globalización. De ahí que calificar de «neoliberal» al capitalismo de los pode- rosos es hacerle un inmenso favor, al encubrir el intervencionismo discrecional tan potente en el que normalmente se apoya, permitiendo que los nuevos caciques vayan impunemente de «neoliberales» por la vida. Intervencionismo que ha culminado con los paquetes de medidas de ayuda y salvación de las empresas en crisis, evidenciando que la ley del embudo del liberalismo antes mencionada apunta a privatizar beneficios y a socializar pérdidas. Es, por lo tanto, un contrasentido que los críticos califiquen de «neoliberales» a los oligarcas de hoy día. Pero, además, esa calificación perpetúa el enfrentamien- to entre mercado y planificación, que se derivaba del arcaico conflicto entre marxismo y liberalismo, anteponiendo hoy al supuesto polo (neo)liberal un intervencionismo que resulta bien poco atractivo e impidiendo, de paso, que las posiciones libertarias salgan en la foto.
  • 25. 415 Sustainable Development, vol. 16, núm. 1 (2008), pp. 117–34; Paul Selman, «Local Agenda 21: Substance or Spin?», Journal of Environmental Planning and Manage- ment, vol. 41, núm. 5 (1998), pp. 533–53. 9. Cuadro 17–2 basado en la página web de The Access Initiative, www.accessinitiative.org/about. 10. Tabla 17–1 de los socios colaboradores de The Access Initiative, incluyen- do Asociación Prodefensa de la Naturaleza (PRODENA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), CoopeSolidar (Costa Rica), Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), Environmental Management and Law Center (Hungría), la Foundation for Development and Environment (Camerún), el Cen- tro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Participa (Chile), y el Thailand Environment Institute. OMB Watch (Estados Unidos), que no forma parte de The Access Initiative, también contribuyó a la investigación. 11. Proyecto Equity and Government Accountability, en www.ombwatch.org/ EGAP. 12. Investigación proporcionada por Sofia Plagakis, OMB Watch. 13. Estudios de caso enviados a The Access Initiative. Apéndice: RÍO+20 EN PERSPECTIVA 1. Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment, Island Press, 2003. 2. S.H.M. Butchard, M. Walpole, B. Collen, A. Van Strien, R.E.A. Almond, et al., «Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines», Science, núm. 328 (2010), pp. 1164-1168. 3. F. Krausmann, S. Gingrich, N. Eisenmenger, K.-H. Erb, H. Haberl, M. Fischer-Kowalski, «Growth in Global Materials Use, GDP, and Population during the 20th Century», Ecological Economics, núm 68 (2009), pp. 2696-2705. 4. US Government’s Earth Systems Research Laboratory, en www.esrl.noaa.gov/. 5. J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, A. Persson , F.S. III Chapin, et al., «A safe Operating Space for Humanity», Nature, núm. 461 (2009), pp. 472-475. 6. P. Kumar (ed.), TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, Earthscan, Londres, 2010. 7. N. Stern, Stern Review of the Economics of Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2006. 8. La publicación en 1962 de la obra Primavera silenciosa, en la que Rachel Carlson advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, es a menudo citada como el hito que marca el punto de partida del conservacio- nismo moderno. 9. J.M. Naredo, Raíces económicas del deterioro ecológico y social, Siglo XXI, Madrid, 2010. 10. T. R. Malthus, Definitions in Political Economy, Simpkin and Marshall, Londres, 1853. 11. D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Batoche Books, Ontario, 1817/2001.
  • 26. 416 12. J. S. Mill, Principles of Political Economy: With Some of Their Applications to Social Philosophy, Longmans, Green and Co., Londres, 1848/1909. 13. J .M. Naredo, La economía en evolución: Historia y perspectivas de las ca- racterísticas básicas del pensamiento económico, Siglo XXI, Madrid, 2003. 14. K. Mayumi, «Temporary Emancipation from Land: from the Industrial Revolution to Present Time», Ecological Economics, núm. 4 (1991), pp. 35-56. 15. E. Gómez-Baggethun E, R. de Groot, P. Lomas, C. Montes, «The History of Ecosystem Services in Economic Theory and Practice: From early Notions to Markets and Payment Schemes», Ecological Economics, núm. 6 (2010 ), pp. 1209-1218. 16. J.M. Naredo, op. cit., 2003. 17. Revisado en J. Martínez Alier y K. Schlüpmann, La ecología y la economía, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1992. 18. A. Vatn, Institutions and the Environment, Edgar Elgar, Chentelham, 2005. 19. T. D. Crocker, «A Short History of Environmental and Resource Econo- mics», en J. van der Bergh (ed.), Handbook of Environmental and Resource Econo- mics, Edward Elgar, Northampton, Massachusetts, 1999, pp. 32-45. 20. N. Georgescu-Roegen, «Energy and Economic Myths», Southern Economic Journal, núm. 41, pp. 347-381. Véase también Naredo op. cit., 2003, p. 133. 21. R. M. Solow, «A Contribution to the Theory of Economic Growth», Quarterly Journal of Economics, núm. 70 (1956), pp. 65-94. 22. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers y W.W. Beherns III, The Limits to Growth, Universe Books, Nueva York, 1972. 23. Sicco Mansholt se pronunció críticamente frente al crecimeinto económico junto con André Gorz en un debate organizado por «Le Nouvel Observateur (núm. 397, 1972). Sicco Mansholt llegó a pronunciarse en los siguientes términos: «para mí, la cuestión más importante es cómo podemos alcanzar un crecimiento cero en esta sociedad. [...] Me preocupa si conseguiremos mantener bajo control estos poderes que luchan por el crecimiento permanente. Todo nuestro sistema social insiste en el crecimiento». Citado en «Decrecimiento sostenible», Ecología Política, núm. 35, junio de 2008. 24. P.R. Ehrlich y A. Ehrlich, The Population Bomb, 1968 [edición francesa Fayard, París, 1972]. 25. P.R. Ehrlich, op. cit., 1968, p. 20. Véanse también las aportaciones al respecto de I. Asimov, Las amenazas de nuestro tiempo, Plaza&Janés, Barcelona, 1980, pp. 314-315 y P.C. Putnam, The Future of the Land based on Nuclear Fuels, 1950 (Ref. C. Cipolla, The Economic History of World Population, Penguin Books, Londres, 1962, p.18). 26. M. K. Hubbert, «Exponential Growth as a Transient Phenomenon in Human History», en M. A. Strom (ed.), Societal Issues, Scientific Viewpoints, Institute of Physics, Nueva York, 1974. Reed. En H. E. Daly y N. K. Taw- send (eds.), Valuing the Earth: Economics, Ecology, The MIT Press, Cambridge, 1993. 27. La utopía de Platón, Aristóteles y cualesquiera otras formuladas hasta el Siglo de las Luces proponían sociedades ideales estables en población e in- tendencia. Hasta el advenimiento de la idea de producción y de la moderna
  • 27. 417 ciencia económica a nadie que estuviera en su sano juicio se le ocurría apoyar un modelo de sociedad ideal en el crecimiento permanente de algo relacionado con el mundo físico. 28. En J. M. Naredo, op. cit., 2003, se expone cómo la noción de producción fue fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia allá por el siglo XVIII, levantándose sobre ella la construcción de la ciencia económica, con su idea de «crecimiento», pese a que la concepción que le dio origen carezca hoy de respaldo científico, tal y como hemos indicado anteriormente. 29. R. Solow, «Is the End of the World at Hand?» Challenge, núm. 2 (1973), pp. 39-50. 30. R. Solow, «The Economics of Resources or the Resources of Economics», American Economic Review, núm. 64 (1974), p. 11. 31. J.M. Naredo, op. cit., 2003, p. 250. 32. Véanse los escritos aparecidos en la misma década de manos de autores como Nicholas Georgescu-Roegen, Herman Daly, André Gorz, Cornelius Casto- riadis, Ivan Ilich, o Wolfgang Harich. 33. Véase la ponencia de Cornelius Castoriadis en el coloquio «La crisis del desarrollo», (13-17 de septiembre de 1974), reeditado en castallano en C. Castoriadis, «Reflexiones sobre el ‘desarrollo’ y la ‘racionalidad’», en Xavier Pedrol (ed.), Cornelius Castoriadis: escritos políticos, Libros de la Catarata, Madrid, pp. 73-87. El cuestionamiento de las nociones de progreso y desa- rrollo ha revivido recientemente de la mano de la literatura «decrecentista». Véase por ejemplo S. Latouche en Sobrevivir al desarrollo: de la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa, Icaria, Barcelona, 2007. 34. G. E. Barney (dir.), The Global 2000, Report to the President, 1981. 35. Ibídem. pp. 90-91. 36. World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987. 37. E. Gómez-Baggethun, «Desarrollo sostenible: retórica y práctica», en página web de Rebelión (2006), www.rebelion.org/noticia.php?id=36619. 38. Entrevista con I. Sachs, citada en J.M. Naredo, «Sobre el origen, el uso y el contenido del término ‘sostenible’», Documentación Social, núm. 102 (1996), pp. 129-147. 39. Véase R. Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University Press, Princeton, 1990; y la solvente crítica a las tesis potsmaterialistas de Inglehart en J. Martínez Alier, De la economía ecológica al ecologismo popular, Icaria, Barcelona, 1992, pp. 87-90. 40. Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CNUMAD), Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992. 41. J. M. Naredo, op. cit., 2010. 42. S. Latouche, La apuesta por el decrecimiento, Icaria, Barcelona, 2009. 43. J. M. Naredo y A. Valero (coords.), Desarrollo económico y deterioro ecológico, Avis-Fundación Argentaria, Madrid, p. 58. 44. Se emplea la expresión crecimiento sostenido (en vez de sostenible), en el sentido en el que tradicionalmente se venía utilizando en la teoría del desarrollo económico de la economía estándar.
  • 28. 418 45. A. Meadows, Beyond the Limits, 1991. Traducción al castellano, El País Aguilar, Madrid, 1992. 46. D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York, 2005. 47. J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, WW Norton, Nueva York, 2002. 48. F. L. Smith, «Markets and the Environment: a critical re-appraisal», Con- temporary Economic Policy, núm. 13 (1995), pp. 62-73. 49. K. Bakker, «Neoliberalizing Nature? Market Environmentalism in Water Supply in England and Wales», Annals of the Association of American Geographers, núm 95 (2005), pp. 542-565. 50. D. Michel, La promotion du développement durable par le commerce. Pour une discussion de la thèse conférence de Río-GATT-OMC, Institut D’Économie et de Politique de L’Énergie, Universidad de Grenoble, 1996. 51. E. Gómez-Baggethun, To Ecologise Economics or to Economise Ecology: Theoretical Issues and Operational Challenges in Ecosystem Services Valuation. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2010. 52. T. Barker, T. Kream, S. Obertür, M. Voogt, «The Role of EU Internal Policies in Implementing Greenhouse Gas Mitigation Options to Achieve Kyoto Targets», International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, núm. 1 (2001), pp. 243-265. 53. L. Lohman, «Made in the USA: A Short History of Carbon Trading», Development Dialogue, núm. 48 (2006), pp. 31-70. 54. C. Spash, «The Brave New World of Carbon Trading», New Political Economy, núm. 15 (2010), pp.169-195. 55. M. M. Robertson, «The Neoliberalisation of Ecosystem Services: Wetland Mitigation Banking and Problems in Environmental Governance», Geoforum, núm. 35 (2004), pp. 361-373. 56. E. Gómez-Baggethun, «Análisis crítico de los Pagos por Servicios Ambien- tales: de la gestación teórica a la implementación», Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, núm. 228 (2011), pp. 11-47. 57. J. Kantner, «Clean Carbon Copy not Enough for US», Australian Financial Review, 12 de diciembre de 2008. 58. K. Capoor, P. Ambrosi, State and Trends of the Carbon Market, World Bank, Washington D.C., 2009. 59. E. Gómez-Baggethun, M. Ruiz-Pérez, «Economic Valuation and the Commodification of Ecosystem Services», Progress in Physical Geography, núm. 35 (2011), pp. 613-628. 60. S. Wunder, «Payments for Environmental Services: Some nuts and bolts», Occasional Paper, 42, CIFOR, Bogor, 2005. 61. H.M. Jacobs, «Designing pro-poor Rewards for Ecosystem Services: Les- sons from the United States?». United States Agency-International Development, 8 de marzo de 2008. 62. C. Muñoz-Piña, A. Guevara, J.M. Torres, J. Braña, «Paying for the Hydro- logical Services of Mexico’s Forests: Analysis, Negotiations and Results», Ecological Economics, núm. 65 (2008), pp. 725-736. 63. F. de Koning, M. Aguiñaga, M. Bravo, M. Chiu, M. Lascano, T. Lozada,
  • 29. 419 L. Suarez, «Bridging the Gap between Forest Conservation and Poverty Alleviation: the Ecuadorian Socio Bosque Program», Environmental Science & Policy, núm. 14 (2011), pp. 531-542. 64. United Nations Development Programme (UNEP), Towards a Green Eco- nomy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Erradication, 2011. 65. Prefacio de Achim Sneider, Director Ejecutivo del PNUMA y Secretario General de las Naciones Unidas al documento de síntesis de economía verde para tomadores de decisiones, en www.unep.org/greeneconomy. 66. United Nations Development Programme (UNEP), op. cit., 2011, p. 16 67. Ibídem, p. 18. 68. Término acuñado por I. Ramonet: «en las democracias actuales, cada vez son más los ciudadanos que se sienten atrapados, empapados en una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Esa doctrina es el pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omnipresente policía de opinión». I Ramonet, «Atrapados», Le Monde Diplomatique, Editorial, (edición española), enero de 1995. Véase también S. Latouche, L’Occidentalisation du monde: Essai sur la signification, la portée et les limites de l’uniformisation planétaire, La Découverte, París, 1999. 69. Por ejemplo, en Harlem solo el 40% de la población alcanza los 65 años, mientras que en Bangladesh este porcentaje es del 55% (J. Petras, «New York fait éclater le mythe de la société post-industrielle», Le Monde Diplomatique, abril de 1992, pp. 24-25). 70. F. Hirsch, The Social Limits to Growth, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1976. 71. E. Gómez-Baggethun, L. Rico García-Amado, «Sostenibilidad: cultura de los límites», en V. Ladrero (Coord.), Claves del ecologismo social, Libros en acción, Madrid, 2009, pp. 119-124. 72. J. M. Naredo, op. cit., 2010. 73. A. Valero y J. M. Naredo, op cit., 2001. 74. E. Gómez-Baggethun, R. de Groot, «Natural Capital and Ecosystem Ser- vices: The Ecological Foundation of Human Society», en R. E. Hester y R. M. Harrison (eds.), Ecosystem Services: Issues in Environmental Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2010, pp. 118-145. 75. J. M. Naredo, op. cit., 2010. 76. I. Illich, 1992, «Needs», en W. Sachs (ed.), The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power, New Jersey, Zed Books Ltd, Londres, 1992, p. 96. (traducción al castellano: Diccionario del desarrollo. Cochabamba, Bolivia, Centro de Aprendizaje Intercultural CAI,1997). 77. Para una crítica del postulado de escasez del que parte el razonamiento económico dominante consúltense K. Polanyi, «El lugar de la economía en la sociedad», en H. W. Pearson (ed.), El sustento del hombre, Mondadori, Barcelona, 1997, pp. 73-118; y M. Sahlins «The Original Affluent Society», en Stone Age Economics, Tavistock Publications, Londres, 1974, pp. 1-39. 78. I. Illich, op. cit., 1992. 79. E. Gómez-Baggethun, B. Martín-López, «Costes socio-económicos asocia- dos a la pérdida de Biodiversidad», Lychnos, núm. 3 (2010), pp. 68-73.
  • 30. 420 80. Véase D. W. Pearce y R. K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, John Hopkins University Press, Baltimore, M. D., 1990. D.W. Pearce, Economic Values and the Natural World. Earthscan, Londres, 1993. D. Pearce, «Valuing the Developing World Environment», en D. Pearce, C. Pearce y C. Palmer (eds.), Valuing the Environment in Developing Countries, Edward Elgar, Cheltenham, 2002, pp. 1-7. E. B. Barbier, S. Baumgärtner, K. Chopra, C. Cos- tello, A. Duraiappah, et al., «The Valuation of Ecosystem Services», en S. Naeem, D. Bunker, A. Hector, M, Loreau y C. Perrings (eds.), Biodiversity, Ecosystem Functionin, and Human Wellbeing: An Ecological and Economic Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 248-262. 81. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), op. cit., 2010. 82. J. M. Naredo op. cit., 2003. Véase también E. Gómez-Baggethun, op cit., 2010. 83. Una manera fácil de aumentar los beneficios consiste en cargar los costes y deterioros sobre esa tierra de nadie que es el «medio ambiente», que queda fuera del registro contable, o trasladarlos sobre territorios alejados. Por lo que el afán de mejorar la cuenta de resultados de las empresas ha sido una potente máquina de generar daños ambientales. 84. A. Estevan, «El nuevo desarrollismo ecológico», Archipiélago, núm. 33 (1998), pp. 58-59. 85. Para una síntesis del estado de la cuestión véase U. Pascual, R. Muradian, L. Brander, E. Gómez-Baggethun, B. Martín-López, M. Verma, et al., «The Economics of Valuing Ecosystem Services and Biodiversity», en P. Kumar (ed.), The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, Earthscan, Londres, 2010, pp. 183-256. 86. Véase una revisión al respecto en E. Gómez-Baggethun, op cit., 2011. 87. Cabe insistir en que el enfrentamiento entre «desarrollistas» y «conservacio- nistas» planteado a principios de los setenta puso de manifiesto la imposibilidad del crecimiento continuado de cualquier variable física o poblacional. Veinte años más tarde, la contradicción observada entre la meta del crecimiento (económico) y la viabilidad o estabilidad (ecológica) se saldó en el terreno virtual enarbolando la meta del «desarrollo sostenible»: el gran éxito de este término residió en su capacidad de contentar a todo el mundo, tendiendo un puente ficticio entre «conservacio- nistas» y «desarrollistas». Esta capacidad supuso un buen regalo para políticos y empresarios, que lo enarbolaron profusamente como término de consenso a costa de vaciarlo de contenido y de ocasionar así su inoperancia práctica. (Véase, J. M. Naredo, op. cit., 1996, y J. M. Naredo, «Sobre la ‘sostenibilidad’ de los sistemas», en J. M. Naredo y A. Valero (dirs.), op. cit., 1999, pp. 57-70. 88. Esta curva establece una relación en forma de «U invertida» entre ingreso per capita y degradación ambiental. Es decir, que si representamos la renta per capita en el eje de abscisas y la degradación ambiental en el de ordenadas, esta curva señala que el deterioro ambiental empieza a disminuir con el aumento de la renta a partir de un cierto nivel de esta. La extrapolación al tema ambiental de esta curva, formulada por Kuznets en los años cincuenta para relacionar la distribución y el nivel la renta de los países, arroja un mensaje altamente tranqui- lizador: el problema ambiental tiende a resolverse por sí solo con el crecimiento económico. De ahí el empeño de respaldar empíricamente este comportamiento
  • 31. 421 presentándolo como un logro esperanzador y no como un simple resultado de la deslocalización industrial que aleja de las viejas metrópolis las primeras fases de extracción y elaboración, muy exigentes en energía y contaminación, y con ello la huella de deterioro ecológico originada. 89. El libro de J. Greer y K. Bruno, Greenwash. The Reality behind Corporate Environmentalism, Pehang, Third World Network y Nueva York, The Apex Press, 1996, pone al descubierto el cambio de actitud y de políticas en veinte importantes grupos de empresas transnacionales («una corporación leader en destrucción del ozono se acredita como leader en la protección del ozono; un gigante transnacional del petróleo se presenta como pionero de los programas de ‘prevención’ frente al calentamiento global...»). Se revela, asimismo, la influencia de estas corporaciones en la orientación de la «cumbre» de Río de 1992, la desactivación del ecologismo y la opinión pública en general, mediante políticas de imagen y «lavado verde» que se han prolongado hasta nuestros días.