Guatemala: ¿Vuelve el Ejército a los territorios indígenas?

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Mientras el juicio contra el dictador Ríos Montt por actos de genocidio toca a su fin, el Gobierno de Guatemala, presidido por Otto Pérez Molina -otro general retirado-, ha ordenado de nuevo al Ejército ingresar en los territorios indígenas para proteger las inversiones de las empresas transnacionales.

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Guatemala: ¿Vuelve el Ejército a los territorios indígenas?

  1. 1. ¿Vuelve el Ejército a los territorios indígenas?Observatorio de Derechos de los Pueblos IndígenasGUATEMALA.- Mientras el juicio contra el dictador Ríos Montt por actos degenocidio toca a su fin, el Gobierno de Guatemala, presidido por Otto PérezMolina -otro general retirado-, ha ordenado de nuevo al Ejército ingresaren los territorios indígenas para proteger las inversiones de las empresastransnacionales.Desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2012, Pérez Molina hadecretado dos estados de sitio. El primero de ellos, en el municipio deBarillas (territorio qanjobal, departamento de Huetenango) y el segundo enlos departamentos de Jalapa y Santa Rosa, afectando al territorio del puebloxinka de Xalapán, entre otros. Estas decisiones desembocan en la ocupaciónmilitar de decenas de comunidades, ocasionando numerosas violaciones a susderechos humanos.Con fecha 4 y 5 de mayo de 2013, una delegación conformada por AutoridadesAncestrales, representantes de diferentes pueblos y organizaciones indígenas,campesinas, sindicales, medios de comunicación y de organizaciones nogubernamentales, visitaron los municipios en los que se declaró el últimoestado de sitio el pasado 1 de mayo (municipios de Jalapa y Mataquescuintladel Departamento de Jalapa y los Municipios de Casillas y San Rafael las Floresdel Departamento de Santa Rosa). Tras la visita, emitieron un InformePreliminar de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos queanaliza la naturaleza de este instrumento legal y recoge los impactos queproyecta sobre la población.Es de reseñar que, tras las protestas y las dudas sobre su legalidad, el día 9de mayo el Gobierno dejó sin efecto la declaratoria del estado de sitio,para pasar a imponer en estos mismos municipios el estado de prevención,manteniendo el mismo número de efectivos militares en los territorios, asícomo el recorte de las garantías constitucionales.
  2. 2. Estados de sitio, o la “legalización de los peores abusos y las másperniciosas arbitrariedades”El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado deguerra, otorgando a las fuerzas armadas facultades para el mantenimientodel orden interno. Durante el mismo quedan suspendidos temporalmente losderechos constitucionales de la población afectada.El Relator Especial de las Naciones Unidas Leandro Despouy sobre los derechoshumanos y los estados de excepción, en su informe de 23 de junio de 1997,indicó que, “en muchos casos, los estados de excepción se habíantransformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía"legalizar" los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”. Enefecto, casi ninguno de los regímenes de la época resistió a la tentación dejustificar su irrupción o mantenimiento en el poder a través de este accionarrepresivoSegún señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitioforma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto PérezMolina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectosextractivos"En la Guatemala actual, esta nueva declaración de estado de sitio evidenciala arbitrariedad con la que se trata de imponer el orden en territorios enlos que pueblos indígenas están protagonizando movilizaciones yresistencias para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales.Derechos que, por otra parte, están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, elcual forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.Según señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitioforma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto PérezMolina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectosextractivos enmarcados en un modelo de desarrollo inconsulto y destructivo.Es importante mencionar, que desde su llegada a la primera magistratura, seha registrado un progresivo incremento a la represión, y se evidencia que los
  3. 3. destacamentos militares creados se ubican cercanos a las instalaciones delos megaproyectos”.El antecedente: el estado de sitio en BarillasDurante el estado de sitio de Barillas, las comunidades denunciaron elhostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del EstadoEn mayo de2012, y a raíz de la movilización comunitaria contra la empresa Hidro SantaCruz (subsidiaria de la española Hidralia Energía), se declaró un estado desitio en el municipio, que duró 17 días. Durante el mismo, las comunidadesdenunciaron el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad delEstado, que allanaron más de 30 viviendas, y que contaban con 50 órdenes decaptura contra líderes comunitarios. Durante los allanamientos se produjeronagresiones sexuales y continuas faltas de respeto contra los y las pobladoras,así como acciones contrarias a la cosmovisión maya, en una reedición de lasprácticas contrainsurgentes de los años 80.Como resultado de esta ocupación militar fueron detenidos 14 dirigentesindígenas, de los cuales 8 pasaron más de 8 meses en prisiónpreventiva (siendo liberados finalmente en enero de 2013), sin que llegarafinalmente a celebrarse juicio alguno.Puedes acceder a mayor información sobre este caso en el mapa "La Tierra sedefiende".Un estado de sitio para defender los intereses de las minerasCon fecha 1 de mayo de 2013 el Gobierno declara un nuevo estado de sitio enlos municipios de Jalapa y Mataquescuintla (territorio xinka) delDepartamento de Jalapa; y los municipios de Casillas y San Rafael las Floresdel Departamento de Santa Rosa, durante treinta días.La llegada de la mina San Rafael, propiedad de la empresa canadienseTahoe Resources al territorio xinka suscitó desde el inicio una decididaresistencia por parte de las comunidades -muy especialmente, de lasmujeres- para defender sus territorios y sus bienes naturales, en ejercicio de
  4. 4. sus derechos colectivos. Frente a ello, la respuesta gubernamental se centróen la persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes yautoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán. En este contexto, seprodujo un aumento de la represión contra los dirigentes, que desembocó enel secuestro de cuatro miembros del Parlamento Xinka, y en el asesinato deExactación Marcos Ucelo, el pasado 17 de marzo de 2013.Frente a la resistencia comunitaria, la respuesta gubernamental se centró enla persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes yautoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán.En el departamento de Santa Rosa, el ingreso de la empresa GoldCorp,subsidiaria de Tahoe Resources, para la exploración de la mina El Oasis,marcó el inicio en 2010 de la conocida como revolución de las flores:“marchas silenciosas realizadas por la población desde el pueblo [San Rafaellas Flores] hasta la entrada de la mina, depositando flores para pedirles quese retiren, a la vez que se realizan plantones frente a la embajada de Canadáy las oficinas de la Minera San Rafael, para que respondan por los atropellosde las empresas mineras de ese país”. Ante la nula respuesta por parte de laempresa y de las administraciones, y de manera legal y pacifica, la poblacióndecidió instalar un plantón (campamento) en un predio cercano a la mina paraimpedir la continuidad de las obras.Son estos hechos de resistencia los que han servido de excusa al Gobierno dePérez Molina para declarar un estado de sitio de dudosa legalidad -tanto, quefinalmente tuvo que desistir de él para convertirlo en un estado de excepción-, que hasta el momento ha causado las siguientes violaciones de derechoshumanos, según el Informe de Verificación: Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza (allanamientos de viviendas,registros violentos, destrozos). Amenazas e intimidaciones a autoridades ancestrales y dirigentes sociales. Robos. Humillaciones contra las mujeres. Efectos psicosociales.Estas prácticas causan un impacto enorme en las comunidades afectadas, queobservan cómo los mismos actores armados que desplegaron una cruenta
  5. 5. represión durante el conflicto armado vuelven a ocupar violentamente susterritorios.Y lo hacen, de nuevo, para defender unos intereses ajenos a los de lospueblos de Guatemala.Puedes descargar el informe completo aquí.

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