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Reflexiones iniciales en torno a las conversaciones de paz
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Reflexiones iniciales en torno a las conversaciones de paz

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  • 1. Reflexiones iniciales en torno a las conversaciones de pazAportes preliminares para promover la paz sin impunidadColectivo de Abogados José Alvear Restrepo / Lunes 1ro de octubre de 2012El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR- hareivindicado desde su nacimiento hace 34 años una salida políticanegociada al conflicto armado interno, entendiendo que la superacióndel mismo implica no solamente el pacto del silencio de las armas,sino la consolidación de la democracia y la realización de un Estadosocial de derecho donde se distribuya de forma equitativa la riquezanacional, defendiendo los bienes estratégicos de nuestro pueblo parasu desarrollo, reafirmando la soberanía y autodeterminación sobrenuestros recursos y nuestras políticas, como se reconoce en la Cartade las Naciones Unidas y en los pactos que promueven y garantizanlos derechos civiles y políticos, como los derechos sociales,económicos y culturalesEn esta perspectiva el CAJAR ha ejercido la defensa de prisionerospolíticos y por solicitud de las partes y el aval del gobierno haacompañado la asesoría jurídica de los procesos de reinserción de lasorganizaciones que pactaron su desmovilización a través de losacuerdos de paz –M-19, EPL, Quintín Lame, PRT y Corriente deRenovación Socialista-, conscientes de que contribuyendo a la paz yla democracia nadie debe morir, ni matar por razón de sus ideaspolíticas.De otra parte el CAJAR ha reivindicado el derecho de nuestro puebloy en particular de las víctimas a participar de las decisiones que leafectan o le conciernen [1], por tanto insiste en que este proceso depaz que se inicia sea lo más participativo posible para los distintossectores sociales de modo que acompañen, defiendan y doten delegitimidad al proceso, porque ni las guerrillas, ni el Estado puedenarrogarse la representación popular y menos cuando un tema de
  • 2. trascendencia histórica, como lo es la justicia, derecho irrenunciablede las víctimas y de la sociedad, debe hacer parte ineludible delpunto quinto de la agenda de negociación.Si bien en todo proceso de terminación de una dictadura o deconflicto armado a través del diálogo y la negociación, suelenpactarse distintas formas de impunidad a través de lo que ha dado enllamarse justicia transicional, donde se aceptan ciertas formas deverdad, de justicia y de reparación, lo cierto es que no hay modelosóptimos y las víctimas terminan siendo limitadas en sus derechos,cuando no la sociedad en su conjunto que termina asimilando que enaras de la paz, los actores de la guerra gocen de distintos privilegios,que serán más o menos amplios según la correlación de fuerzas lodetermine [2] .Que los actores armados pretendan la impunidad total frente a suscrímenes y quieran imponerlo en una mesa de negociación escomprensible, porque es muy difícil que quien no ha sido vencido encombate ni sometido por el adversario, acepte como culminación delproceso irse a prisión. Lo que resulta cuestionable es que la sociedado las comunidades que han sido afectadas en la vulneración de susderechos más fundamentales, terminen aceptando que en aras derendir el poder de las armas, sus verdugos escapen a la justicia, notengan que redimir sus crímenes, ni pedir perdón, ni reparar a lasvíctimas.Frente a los procesos de la llamada justicia transicional, los retos deuna sociedad consciente de sus derechos, para no hipotecar su futuroa la fuerza de las armas, ni dejarse arrinconar por los crímenes y elterror, debe lograr la mayor suma de verdad, de justicia y dereparación integral como garantía de no repetición del pasadoviolento. Frente a las negociaciones, la sociedad y en particular lasvíctimas tienen derecho a participar frente a las decisiones quepueden limitar, negar o reconocer sus derechos.En Colombia, los conflictos armados se han saldado en su mayoría através de pactos que han concluido con amnistías o indultos -63indultos y 25 amnistías desde 1820 hasta 2011 [3]-Podría afirmarseque ha sido la ausencia de una movilización adecuada de la sociedaden defensa de sus derechos y en construcción de la democracia, loque ha permitido que los escenarios de la violencia se reproduzcancíclicamente.La violencia política que hoy padece Colombia, tiene su origen en elgenocidio del movimiento gaitanista que comenzó en 1946. Laimpunidad de dicho genocidio y los reclamos de justicia del líderinmolado, configuran un capítulo no resuelto de nuestra historia,como lo sigue siendo la impunidad frente al genocidio de la Unión
  • 3. Patriótica. El ex presidente Belisario Betancur, frente a este último,hoy culpa al establecimiento, reconociendo implícitamente en el poderde las Fuerzas Armadas un poder supraconstitucional que puedehacer fracasar cualquier proceso de paz [4].El Estado que se pretende legítimo con un orden constitucional y legalque tiene como presupuesto de la convivencia pacífica el respeto delos derechos humanos y el deber de garante a través de susautoridades, en particular con el poder depositado en la FuerzaPública no puede pretender ser tratado frente a los crímenes de lesahumanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechoshumanos, que han cometido agentes estatales, como se trataría acualquier actor armado de carácter irregular.Si bien es cierto en Colombia todos los actores armados han cometidocrímenes de carácter internacional, a la hora de establecer lasresponsabilidades históricas frente a los mismos, con lasconsecuentes cargas de responsabilidad política y penal, no se puedeadmitir tratamientos simétricos. Frente a estos crímenes, la verdaddebe ser fuente de la memoria histórica que permita edificar unaética de la convivencia social que no se resigna al olvido, ni alsilencio, ni a la impunidad.El acto legislativo que aprobó el Congreso como “Marco Jurídico parala Paz”, so pretexto de una negociación con las guerrillas paragarantizar su reinserción a la vida civil no era necesario porque laConstitución Política en su art. 150, numeral 17 otorga la faculta alCongreso de dictar amnistías e indultos generales por delitos políticosy el art. 201 faculta al Presidente a conceder indultos por delitospolíticos conforme a la ley. En estas facultades constitucionales no seconcede la potestad de favorecer a quienes hayan cometido delitoscomunes, exclusivamente delitos políticos que tanto en la historia delconflicto armado, como en la doctrina y la jurisprudencia sólo sereconoce a los grupos guerrilleros. Por tanto dicho Marco fueaprobado para asegurar la impunidad de los crímenes perpetradospor agentes estatales.Esto, además impone reconocer la diferencia clara que existe entre eldelito político y el delito común. Los delitos comunes a diferencia delos políticos no se dirigen contra el Estado, no pretenden subvertir elorden político, ni tienen fines altruistas sino como lo reconoció laCorte Suprema de Justicia en una de sus jurisprudencias sobre loscrímenes cometidos por el paramilitarismo que su finalidad a travésde la delincuencia organizada y mediante “la violencia narcoterrorista,es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo laamenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditoriosdesignios” [5]. El tratamiento punitivo es diferente porque los delitoscomunes no pueden ser objeto de amnistía ni indulto y en
  • 4. consecuencia el “perdón de la pena, así sea parcial, por parte deautoridades distintas al Congreso o al Gobierno, autorizado por la ley,implica un indulto disfrazado” [6].. Por su parte, el delito político“tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional ylegal vigente en búsqueda de un nuevo orden, resultando unimposible jurídico predicar de tales conductas su adecuación al delitode concierto para delinquir” [7].De los casos documentados de violencia sociopolítica en Colombia, lamayor responsabilidad es del Estado, que a menudo ha actuado comoun estado infractor como ha sido señalado en los múltiples informesde los órganos especializados de las Naciones Unidas y en lassentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Las cifras de responsabilidad criminal frente al conflicto armadointerno y la violencia sociopolítica comprometen en primer lugar a lasFuerzas Armadas y los grupos paramilitares que las primeras hanpromovido como estrategia de “guerra sucia”. El paramilitarismo esun producto espurio del establecimiento y del Estado que ha minadosu legitimidad, convirtiéndose en uno de los principales factores dereproducción de la violencia política y social en Colombia [8]. Laimpunidad con que se sigue cubriendo a los determinadores decientos de miles de crímenes de lesa humanidad, no puede resolverseen una mesa de negociación con las guerrillas con un “borrón ycuenta nueva”.De acuerdo con las cifras de investigaciones sobre violaciones a losderechos humanos, la Fiscalía ha reportado que bajo el marco jurídicode Justicia y Paz adelanta procesos contra 4634 integrantes degrupos armados ilegales de los cuales 4131 eran paramilitares y 503de la guerrilla [9] .Entre los hechos investigados se encuentran 1.007 masacres, 25.083homicidios, 3.459 desapariciones forzadas, 10.925 desplazamientosforzados, 89 casos de violencia sexual y 754 de torturas, además, sehan compulsado copias para abrir en justicia ordinaria investigacionescontra 1.124 políticos, 1023 miembros de la fuerza pública, 393servidores públicos, 10329 contra terceras personas sin identificar sucalidad y desmovilizados [10]. Sin embargo poco se ha avanzado enla sanción de estas responsabilidades penales.A la par de las cifras sobre investigaciones oficialmente reconocidas,las relacionadas con hechos que constituyen violaciones de derechoshumanos recogidas por las organizaciones y centros de investigacióndan cuenta de un panorama más claro en relación con el tipo dehechos perpetrados y la calidad de los responsables. Desde julio de1996 hasta junio de 2010, se conocen 30665 víctimas de ejecucionesextrajudiciales, desapariciones forzadas y homicidios socio políticos,
  • 5. bajo la responsabilidad en un 43.9% de los paramilitares, el 7.4% deagentes estatales y el 14.2% de la guerrilla, aunque solo el 65% delos casos tiene presunto autor identificado . El porcentaje de losautores identificados [11] frente a la responsabilidad del Estado y loscrímenes de los paramilitares constituye un 78.3% y de las guerrillasun 21.6%.De su parte las guerrillas en Colombia que también son el resultadode las decisiones criminales y excluyentes del establecimiento,surgieron y se desarrollaron con un discurso revolucionario que ennombre de las causas populares de reivindicación de democracia y dejusticia social convocaron y siguen reclutando sin dificultad a miles dejóvenes que no encuentran otras oportunidades para enfrentar sufuturo. Las guerrillas en la medida que crecieron y consolidaron unpoder territorial, militar y social, han acompañado los delitos políticoscon infracciones graves del derecho internacional humanitario -DIH-.El derecho internacional de los derechos humanos y la evolución delderecho penal internacional, no permiten hoy amnistías e indultosfrente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves infraccionesal DIH. Si bien en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra,aplicable a conflictos como el nuestro, se establece la recomendaciónde que al finalizar el conflicto armado interno se debe procurar “laamnistía más amplia posible” [12], dicha posibilidad está mediada porgarantizarle a la humanidad y a la sociedad concernida que los gravescrímenes que ha padecido no se van a volver a cometer.Todo ser humano tiene derechos y obligaciones frente al Estado ypara con la sociedad, pero quienes ejercen cualquier función pública,son responsables tanto por acción como por omisión en elcumplimiento de sus funciones, máxime si se trata de quienes utilizanlas armas en defensa de un orden constitucional y legal. Unasociedad no puede permitirse que se rebaje la responsabilidad delEstado al nivel de cualquier organización armada irregular. Unasociedad que acepta esto, o bien es una sociedad con gran debilidadpolítica y poca conciencia de sus derechos o es una sociedadmoralmente enferma o bien es una sociedad sometida por el terror.El Estado y las máximas autoridades civiles y militares que faltan a sudeber de garante, no solamente comprometen la responsabilidadinternacional del Estado en materia de derechos humanos, sinotambién comprometen su responsabilidad penal cuando hanpromovido, tolerado o aceptado que en aras de “combatir al enemigoarmado interno” se perpetren crímenes de carácter internacional oincluso cuando tienen el deber de prevenir y sancionar dichoscrímenes, terminan promoviendo políticas o leyes que empoderanmás a los verdugos. La reforma constitucional en curso de la justiciapenal militar, presionada por los artífices de la guerra sucia como
  • 6. “compensación” por tolerar los diálogos por la paz constituye ungrave retroceso para garantizar la seguridad pública, lagobernabilidad democrática, prevenir nuevos crímenes de lesahumanidad y constituye un riesgo frente al mismo proceso de paz.Dicho lo anterior, debemos preguntarnos ¿qué tanta verdad y quétanta justicia podrían sacrificarse en aras de la paz? Aceptando enrigor democrático y de conciencia civil que no son equiparables loscrímenes de Estado a los crímenes que han cometidos la guerrillas, elprimer deber de la sociedad es exigir la verdad plena frente a loscrímenes que ha promovido el establecimiento, que frente a laopinión pública no sólo han sabido esconder la magnitud de susdelitos, sino que incluso en la mejor dosis de cinismo del poderreclaman mano dura y sanción ejemplar frente a los crímenes quehan cometido las guerrillas. Develar las características y formas deactuar del establecimiento que ha utilizado el Estado en su propiobeneficio, que ha sembrado la guerra y la miseria en muchasregiones del país, es un imperativo para cualquier proceso de pazsolido.La verdad es el primer paso hacia la justicia y la reparación integral,por tanto cualquier comisión de verdad que se pacte debe sergarantía de imparcialidad y objetividad frente a los crímenescometidos.La justicia no puede ser sacrificada en aras de la paz, frente a lamagnitud y gravedad de los crímenes cometidos, sólo podrían seramnistiables e indultables los delitos políticos y conexos con estosque son los considerados en el código penal como rebelión, sedición yasonada. Para efectos del perdón público debe comprenderse lacomplejidad del delito político frente a los hechos de guerra ysostenimiento de la misma, pero debe excluirse del mismo las gravesinfracciones al derecho internacional humanitario o graves crímenesde guerra.La paz para que sea creíble, firme y duradera no puede ni debe sersinónimo de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad o gravesinfracciones al derecho internacional humanitario. Es obligación de laFiscalía perseguir la responsabilidad penal de todos los crímenes ydebe promover una política para perseguir con rigor a los principalesperpetradores o determinadores de crímenes internacionales. UnaFiscalía que de antemano anuncia renunciar a la persecución penal delos crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado interno yque se pliega a estrategias de justicia transicional en medio de laguerra, al tiempo que acompaña una reforma constitucional paraampliar la impunidad de la que gozan los militares reformando elfuero penal militar, compromete su responsabilidad política,
  • 7. institucional y disciplinaria al no cumplir con la labor preventiva queel mandato constitucional le impone.Antes de anunciarse fórmulas de justicia transicional y la aplicaciónde penas alternativas debe quedar claro que debe confesarse todoslos crímenes, denunciar los promotores o coautores y beneficiarios delos mismos, sincero arrepentimiento y demanda de perdón por losdelitos, reparación de las víctimas y el someterse a formas de controlsocial e institucional para garantizar la no repetición de los crímenes.De no cumplirse con estas garantías de verdad y no repetición, lasanción penal plena debe ejercerse para proteger a la sociedad.Insistimos en que la sanción penal no puede ser simétrica y laimpunidad relativa que se anuncia debe ser más drástica ensancionar a los promotores de los crímenes de Estado, lasinhabilidades políticas que se acuerden deben extenderse en primerlugar a estos. Las condiciones en que se realice la sanción penal nopueden convertirse en una nueva ofensa a la humanidad.Por otra parte debemos recordar frente al proceso de negociación quese inicia y frente a la “mano negra” que suele incrementar suscrímenes para sabotear las posibilidades de paz, que no solamente esviable sino necesario que con carácter preventivo la Corte PenalInternacional –CPI-, abra una investigación sobre los principalesdeterminadores de crímenes de su competencia que no han sidosancionados o no quieren ser sancionados en Colombia.La acción de la CPI puede contribuir a la consolidación de un procesode paz serio en Colombia ya que los actores de la negociación y enparticular el presidente de la República como Jefe de Estado podríasolicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones que utilice lasfacultades que le otorga el art. 16 del Estatuto de Roma parasuspender por un año y desde allí indefinidamente la acción de la CPI,si el proceso de paz es genuino. Lo que no puede admitirse es que lasociedad quede inerme frente al recrudecimiento de las accionesmilitares de una y otra parte como pulso de guerra para lasnegociaciones y que de otro lado incumplidos los compromisosasumidos en el proceso de paz, la sociedad no tenga la fuerza paraimpedir la reactivación de las acciones criminales de sus verdugos.Señores Presidente Santos y Sr. Londoño, por último es necesarioexigir de ustedes y en las negociaciones: Que así como la guerrilla de las FARC se ha comprometidopúblicamente a no cometer más secuestros, el gobierno secomprometa a depurar en profundidad la Fuerza Pública, de aquellosque tanto por acción como por omisión serían responsables de
  • 8. crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, así como depromover grupos paramilitares. Las FARC a su vez deben decir claramente la verdad frente a laspersonas que han sido víctimas de secuestro y que perdieron la vidaen sus manos, ya porque les asesinaron o por otra razón, las familiasy la sociedad tienen el derecho irrenunciable a saber qué pasó conellas, lo mismo frente a cualquier homicidio fuera de combate quehayan cometido. El gobierno a su vez debe asegurar el fin de la “Doctrina de laSeguridad Nacional” así como de cualquier otra ideología o doctrinaque al interior de las Fuerzas Armadas les impida comprender que ladefensa de la democracia conlleva la necesidad del pluralismo y elpleno respeto de los derechos humanos. El gobierno debe oponerse ala reforma constitucional al fuero penal militar, un tribunal especial degarantías lo necesitan las víctimas, no quienes faltando a sus deberesconstitucionales y legales han atentado contra la seguridad pública ylos derechos humanos. El gobierno debe eliminar conceptos al interior de la fuerza públicay de las agencias de inteligencia tales como “guerra política,” “guerrajurídica” y “guerra judicial” porque son contrarios a los principiosdemocráticos y de respeto a los derechos humanos y porque losmismos convierten en objetivos a los defensores de derechoshumanos e incluso a operadores judiciales que cumplen con su deberde investigar y sancionar a agentes estatales comprometidos enviolaciones de derechos humanos. El gobierno debe derogar o abstenerse de crear cualquier norma odecreto que haya posibilitado o posibilite involucrar de distintasformas a la población civil en el conflicto armado interno. El gobiernodebe abstenerse de utilizar reinsertados para labores de inteligencia,de policía o de contrainsurgencia. Que se pacte lo antes posible una tregua bilateral observada por lacomunidad internacional para darle más fuerza a las posibilidades dela paz, ahorrándole a la población colombiana la extensión del dramahumanitario que conlleva la guerra. Mientras se logra se debe recordar que el invocar el DIH no puederepresentar de ninguna manera una justificación para extender laestela de muertes y de destrucción o para pretender impunidad. Elprincipio esencial del DIH de capturar en lugar de herir o herir enlugar de matar, no sólo le pone límite a los hechos de la guerra y eltratamiento de los combatientes sino que acerca las posibilidades dereconciliación.
  • 9. Se debe llegar lo antes posible a un preacuerdo humanitario confundamente el Protocolo II de los convenios de Ginebra, que conlleveel respeto de las zonas humanitarias declaradas por las comunidadesindígenas, afrodescendientes y comunidades de paz, ampliando lasmismas a otras regiones del país. Se debe en el mismo acordar eldesminado de zonas que afectan a la población civil y el cese de losbombardeos. Los derechos de las víctimas y su participación en el proceso debeestar asegurada desde un comienzo y durante todo el proceso denegociación. La solución política del conflicto armado debe conducir nosolamente a reducir desde ya el gasto militar y el tamaño de lasFFAA, sino a garantizar que el presupuesto invertido para la guerra sedestine a mayor inversión social.Sr. Presidente Santos y Sr. Londoño, los gestos hacia la paz tienenque ser de carácter bilateral, para que con hechos de civilización lasociedad tenga la certeza de que la paz no solamente esimprescindible sino viable para bien de Colombia y de la región. Losenemigos de la paz tienen que ser vencidos.Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”Notas:[1] Este derecho se reconoce en el preámbulo, arts. 1,2 y 95 de laConstitución Política y se afianza en el art. 22 cuando reconoce que lapaz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento[2] Esto sucedió en los proceso de paz o fin de las dictaduras de Chile11 de marzo de 1990, Sudáfrica 90-94, El Salvador 16 enero de 1992en Chapultepec, México, Guatemala 29 de diciembre de 1996, TimorOriental 20 de mayo de 2002, Angola 94-2002[3] Mario Aguilera, Amnistías e Indultos Siglos XIX y XX, RevistaArcanos, noviembre de 2011, pág. 14.[4] Entrevista de Belisario Betancur con Canal Capital, 21 deseptiembre de 2012.[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P YesidRamírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca. Aprobado acta117, Bogotá. 11 de julio de 2007, segunda instancia 26945 contraOrlando Cesar Caballero Montaño título V.1.1 punto 4[6] Ibíd
  • 10. [7] Ibíd. título V.1.1 punto 5[8] Ver las declaraciones de “El Alemán”, de “Pedro Bonito”, de “DonBerna”, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares recogidasenhttp://www.verdadabierta.com/compon...[9] http://www.elcolombiano.com/BancoCo...[10] http://www.fiscalia.gov.co:8080/jus... GESTION UNIDADNACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ A 19 DESEPTIEMBRE DE 2012[11] Comisión Colombina de Juristas, VIOLACIONES DE DERECHOSHUMANOS Y VIOLENCIA SOCIOPOLITICA EN COLOMBIA Ejecucionesextrajudiciales, homicidios sociopolíticos y desapariciones forzadasTotal de víctimas muertas y porcentaje de autoría por presuntosautores, según periodos, Julio de 1996 a junio de2010.http://www.coljuristas.org/document...[12] Art. 6 No. 5. “A la cesación de las hostilidades, las autoridadesen el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a laspersonas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que seencuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivosrelacionados con el conflicto armado”.

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