Perú cerca del 20 por ciento concesionado a mineria

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Perú cerca del 20 por ciento concesionado a mineria

  1. 1. Perú: Cerca del 20 por ciento del territorio nacional estáconcesionado a la mineríaLa región Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversiónminera, con el 57.7% de su territorio concesionado. Según el XIInforme del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elterritorio concesionado a la minería representa el 19,15%, una cifraque asciende a una inversión de US$ 53,423 millones de dólares.Según décimo primer informe del Observatorio de Conflictos Minerosen el Perú.El informe se centra en el análisis de los conflictos mineros queafectan al país con énfasis en la situación de cinco regiones: Piura,Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se evidencian fuertestensiones por el impacto en los recursos hídricos, el riesgo que existesobre ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesionesmineras.José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros,señaló que los avances en políticas públicas como la implementaciónde la consulta previa y la aprobación de la Ley del Sistema Nacionalde Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE),es un avance lento frente a la cantidad de inversión que se proyectaen el país.A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8),Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Congaocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas.Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policíaen el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 dehectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas yJunín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones
  2. 2. del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreasconcesionadas.Apurímac, centro de la inversión mineraMientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a laactividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevosproyectos mineros de inversión. La inversión minera representa el22.2% del total, es decir, US$ 11,860 millones de dólares.PiuraAna Leyva, en su exposición enfocada en la región Piura, señaló quela empresa Zijin ha intentado nuevamente retomar su proyectominero en las alturas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.También hizo referencia a las recientes resoluciones judiciales a favorde los 107 campesinos que fueron injustamente procesados en elCaso Río Blanco y de la condena del ex Fiscal Toledo Leyva quien apesar de haber atestiguado la tortura de 28 personas ocultó tal delito.Asimismo, se refirió al crecimiento de la minería informal en Piura ylas salidas integrales a dicha problemática. También subrayó loslogros que esta región está obteniendo en términos de desarrollosostenible (agrícola, ganadero y pescadero) evidenciando que síexisten alternativas exitosas para la población.ComunidadesCasi la mita, el 49.63%, del territorio de comunidades campesinastienen concesiones mineras. En menor proporción, sólo el 1.39% delterritorio de comunidades nativas están destinados a la minería.Pasivos ambientalesSegún el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivosambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el14.25 % presenta responsable identificado.En departamentos donde coinciden grandes números de pasivosambientales con la fuerte ocupación de concesiones mineras sonCajamarca, Ancash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Apurímac, Punoy Cusco.Los departamentos con mayor número de pasivos mineros sonCajamarca y Ancash. Los tipos de pasivos más frecuentes en el paísson aquellos dejados por las labores subterráneas (chimeneas,piques, bocaminas, etc.) que ascienden a 2528, seguidos por losbotaderos de desmonte (1682) y diversos tipos de infraestructura deoperación (1496) como caminos, campamentos, plantas deprocesamiento, etc.A nivel nacional podemos observar que existen 811 tajos abiertos,317 depósitos de relaves, los depósitos de escorias y las pilas de
  3. 3. lixiviación son 14 y 7 respectivamente. Es importante indicar queestas cifras son aproximadas, pues no existe información másdetallada sobre los pasivos mineros.Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie deconcesiones mineras a noviembre de 2012: BHP Billiton WorldExploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, querepresenta el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país.Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. yBuenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 %respectivamente).El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú está conformado porlas organizaciones Fedepaz, Cooperacción y Grufides.A continuación el resumen ejecutivo del informe: Resumen Ejecutivo XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el PerúEl 2012 ha sido uno de los años de mayor conflictividad social en elpaís. Casos como el de Conga, Espinar, Madre de Dios, entre otros,así lo demuestran. El primer semestre se vio marcado por hechoscomo el peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional por elagua, las movilizaciones en la propia región Cajamarca, las accionesde los guardianes de las lagunas. También ha sido un año marcado elanuncio del presidente Ollanta Humala quien dijo que se iba aelaborar una propuesta para definir “una nueva relación con laactividad minera”. En el segundo semestre los estallidos socialesdisminuyeron, sin embargo los conflictos siguen latentes y encualquier momento se pueden producir nuevos estallidosespecialmente en los departamentos de Piura, Junín, Apurímac, Cuscoy Cajamarca como veremos en este resumen.Las reformas anunciadas no solo se han hecho esperar sino quetodavía aparecen como esfuerzos parciales. La ley que crea el nuevoSistema Nacional de Certificación Ambiental para la InversionesSostenibles (SENACE), aprobada el pasado 22 de noviembre en elCongreso de la República todavía deja algunos vacíos pues algunosproyectos pueden ser excluidos. Adscrito al Ministerio del Ambiente ycuya función será revisar y aprobar los EIA, así el SENACE dejaabierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo seaconsiderado como “estratégico” sea debatido y aprobado en elMinisterio de Energía y Minas. No hay que olvidar, además, que losEIA son hoy en día insuficientes y se necesita instrumentoscomplementarios como los EAE para medir los impactos acumulativosde varios proyectos en una determinada zona.Por otro lado, los conflictos sociales vinculados a la minería se hanconvertido además en conflictos políticos de envergadura. Un informe
  4. 4. de la agencia internacional de calificación de grados de inversiónMoody’s, señalaba: “Los recientes cambios ministeriales sonnegativos para la calificación de crédito del Perú pues son unreconocimiento implícito de que su estrategia para abordar elconflicto de Conga no ha sido eficaz”.Según el mapa de concesiones mineras, tenemos el 19,15% delterritorio nacional concesionado. A noviembre de 2012, Arequipaencabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorioconcesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado elconflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con1’496,983.0 hectáreas concesionadas. Mientras Apurímac tiene1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfilacomo el principal destino de los nuevos proyectos mineros deinversión. Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamientocon la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por elreinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya,tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.El Informe señala además que el 47.11% del área total de la regiónhidrográfica del Pacífico tiene presencia de concesiones mineras. Laregión hidrográfica del Amazonas se encuentra ocupada en un11.40%, ésta es más de 3 veces el tamaño de la del Pacífico ypresenta casi la misma extensión de concesiones mineras.El 49.63% del territorio de comunidades campesinas tienenconcesiones mineras, en menor proporción, sólo el 1.39% delterritorio de comunidades nativas están destinados a la minería.Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivosambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el14.25 % presenta responsable identificado.Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie deconcesiones mineras a noviembre de 2012, la BHP Billiton WorldExploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, querepresenta el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país.Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. yBuenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 %respectivamente).El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictosdesde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que semaneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos, es la delcomplot es decir que todos los conflictos responderían a las mismascausas y desarrollan idénticas estrategias “antimineras”.Caso Cusco:
  5. 5. El 15.3% de Cusco está concesionado, el primer semestre del 2012registró la cifra más alta de concesiones. El informe concluye que hayuna clara preocupación por los impactos del mineroducto del megaproyecto Las Bambas que va a llegar a Espinar, así mismo una granexpectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental realizado enel marco del proceso de diálogo. El proceso de reformulación delconvenio marco sigue vigente y genera expectativas en la población.El desarrollo del proyecto Majes Siguas II también mantiene en vilo alas Autoridades de Arequipa y Cusco. El escenario sigue siendocomplejo y los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se siguendistanciando. Al parecer los cambios técnicos anunciados por elpresidente regional de Arequipa, que ha señalado cambios en lasfuentes de agua para que le den sostenibilidad al proyecto, no hanmarcado una solución definitiva el caso.Los retos que plantea el espacio de la Mesa de Diálogo Colegiada deEspinar son grandes. Recordemos que a raíz del grave conflictosuscitado en mayo de este año, se formó esta mesa que reúne a losprincipales actores de la provincia con representantes del gobiernonacional. A la fecha, se siguen dando los procesos de negociaciónentre el gobierno nacional, la autoridad local y las organizacionessociales de la provincia.Sobre los temas ambientales ha habido algunos avances como laidentificación de algunos puntos de monitoreo de manseraconsensuada. Sin embargo, aún hay sectores de la población que semuestran escéptico como el FUDIE que ha señalado que losmonitoreos no han contado con una participación adecuada de lapoblación, porque no se han incluido algunos puntos de monitoreoconsiderados críticos.La publicación de los resultados del monitoreo va a ser un momentoclave: es muy poco probable que los resultados puedan colmar lasexpectativas de todos los actores, el gobierno nacional debe teneruna estrategia muy ordenada y clara sobre el proceso de difusión delos resultados y sobre las medidas a implementar en caso losresultados evidencien contaminación en la provincia. La situaciónsigue estando bastante polarizada en la provincia. Una clara muestrade ello son las pintas que han aparecido contra miembros de algunasorganizaciones y miembros del equipo técnico del municipio.Caso Junín:En La Oroya, Junín, aún hay incertidumbre respecto al reinicio de lasoperaciones del circuito plomo del Complejo Metalúrgico (antes enadministración de Doe Run Perú) y los impactos que pueda generaren el ambiente. Existe la necesidad de establecer mecanismosexhaustivos de control ambiental al nuevo administrador del complejometalúrgico y las condiciones para que cuando el nuevo operadorasuma el control del complejo se cumplan elevados estándares
  6. 6. ambientales. No hay claridad sobre monitoreo de las emisionesfugitivas hasta la fecha.Se desaprobó nuevamente el plan de reestructuración presentado porDoe Run Perú (DRP) ante la junta de acreedores, Right Business,actual administrador del complejo metalúrgico de La Oroya, quienesvienen asumiendo el reto técnico de poner en marcha los circuitos dezinc y plomo. Durante este semestre, han continuado los intentos deDRP por retomar el control del complejo metalúrgico.DRP planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado TransitorioContencioso Administrativo buscando invalidar la resolución delInstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección dela Propiedad Intelectual (INDECOPI), que reconoce al Estado comoacreedor. Si se resuelve a favor de DRP, el MINEM perdería lacondición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe RunCayman.Actualmente, es la empresa Right Business la encargada de operar elcomplejo, y la puesta en marcha del circuito de zinc ha generadoalgunos impactos ambientales que han sido reportados por la DIGESAque indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 decuidado desde que se reanudaron las operaciones.Asimismo, aún hay un clima de tensión entre los pobladores deMorococha y el proceso de reasentamiento por el proyecto Chinalco.Hasta la fecha no queda claro cómo se van a resolver algunas de lasobservaciones técnicas planteadas por el Ministerio de Vivienda sobreel caso. Resultan además preocupantes las informaciones que indicanque los 800 mil pobladores de la región beben agua no apta para elconsumo humano, pues hay presencia de metales pesados.Caso Cajamarca:Las aguas aún no se han calmado en Cajamarca, luego del punto másálgido del conflicto por el agua en la región Cajamarca, durante elsegundo semestre del 2012, el 78% de los cajamarquinos se oponenal proyecto minero Conga (Ipsos Apoyo, setiembre 2012). Lapoblación espera una solución definitiva, siguen preocupaciones porconstrucción de reservorios, pues para la población evidencia que elproyecto no está suspendido.Las manifestaciones sociales de protesta contra el proyecto minerocontinúan, con menor intensidad, en distintas partes de la región. Deesta manera a mediados del mes de noviembre, delegaciones deronderos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, seapostaron en los alrededores de las lagunas a ser impactadas por elproyecto minero. Asimismo una delegación de ronderos viajó a laciudad de Lima para realizar un plantón frente a las instalaciones dela empresa minera Newmont en el distrito de Miraflores.
  7. 7. La población exige al gobierno de la paralización “oficial” del proyectoy el retiro definitivo de la maquinaria de Yanacocha de la zona de laslagunas. Si bien, hasta la fecha, se ha hablado de una postergacióndel proyecto Conga, no se ha dado la suspensión oficial del proyecto.Yanacocha, por un lado, ha optado por dar “cambios significativospara crear un entorno que permita la viabilidad del proyecto mineroConga”, optando por esperar para la construcción de la mina hastafinales del 2014. No obstante, nunca se emitió algún comunicadooficial al respecto. La empresa, por el contrario, continuaría en laconstrucción de los reservorios adicionales, del campamento, laingeniería, y la adquisición de los equipos principales. Esta situaciónha contribuido a mantener el clima de desconfianza y rechazo alproyecto en la región.De otro lado, Yanacocha podría hacer uso de los mecanismos deprotección al inversionista que establece el capítulo de inversiones delTLC y entablar una millonaria demanda contra el Estado Peruano enun arbitraje internacional. El Tribunal Latinoamericano del Aguarecomendó la suspensión del proyecto Conga. Otro conflicto socialentorno al agua en suspenso en la región podría generarse en torno ala explotación de la empresa minera canadiense Shell en la cuencadel Río Grande.Caso Piura:En Piura, la empresa china Zijin pretende retomar el proyecto RíoBlanco y buscar la aprobación del EIA, lo que ha generadopreocupación en las comunidades de Huancabamba y Ayabaca. Trasreuniones con varios representantes del Estado, entre ellos la VicePresidenta de la República y Congresista por Piura, Marisol Espinoza,los dirigentes y líderes de organizaciones sociales expresaron supreocupación por la reactivación del proyecto minero y plantearon lanecesidad de brindar protección a los bosques de neblina y páramos.Se reiteró también la voluntad de establecer canales de diálogo.Es necesario tener presente que, desde los casos Tambogrande y RioBlanco se ha planteado la necesidad de ordenar el territorio conobjetivos que respondan a las aspiraciones de las poblaciones localesy regionales. Hoy dicha necesidad se ha convertido en una prioridad yello exige, previamente, que se apruebe una Ley de OrdenamientoTerritorial (OT). Deben establecerse previamente la creación de ÁreasNaturales Protegidas (ANP) y la formulación de sus planes maestros,las tierras agrícolas de importancia para la seguridad alimentaria y lastierras de comunidades campesinas y nativas, en cuyo caso debeexigirse la consulta previa, por ser consideradas pueblos indígenassegún lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la propia Ley deConsulta Previa.Por otro lado, el programa de formalización de la actividad minerainformal del gobierno regional ha tenido mucha acogida, pero ahora
  8. 8. ha llegado el momento en que debe definir en qué lugares permitirádicha actividad, bajo qué condiciones y qué mecanismos llevaráadelante para una adecuada fiscalización. Recordemos que el 98% dela minería informal está concentrada en Piura y Ayabaca.Caso ApurímacApurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera.Tiene el 57.7% de su territorio concesionado. La problemática de laminería informal sigue creciendo en la región. Esta vez lascomunidades protestan por priorizar solo a algunas comunidades desu zona de influencia directa. Las Comunidades de Tambulla,Choccoyo, Patario, Huaraccoy, Lahuani y Chuntahuillque, handesarrollado un paro por 48 horas en reclamo de la empresa Antares,por un trato desigual a las comunidades, pues consideran que laempresa está dando preferencias a algunas comunidades y relegandoa otras.En caso de empresas como Xstrata, las comunidades de la zona deinfluencia se han sentido excluidas en los procesos deimplementación de proyectos de desarrollo. Pese a que la empresaXstrata ya ha conseguido acuerdos respecto a la compra de terrenoscomunales, principalmente para lo que será el mineroducto, lacomunidad Ccocha ha reclamado a la empresa un fondo económicoque pueda servir ante los posibles impactos. En el territorio de estacomunidad (distrito de Haquira) se construirá la tercera estación debombeo para el mineroducto. Al respecto, la empresa ha respondidoque va evaluar la posibilidad de generar un fondo ante emergencias.Los procesos de formalización vienen generando muchas expectativasen los mineros artesanales, pero la realidad muestra que son muypocas las asociaciones que a la fecha cumplen con los requisitos parafinalizar el proceso. La provincia de Cotabambas registró la mayorcantidad de declaraciones de compromiso de los mineros artesanales(Decreto Legislativo N° 1105) sumando un total de 1422. Laspreocupaciones por el nivel de otorgamiento de concesiones semantienen, sobre todo por la protección de las cabeceras de cuenca.Fuente: Servindi

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