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Organizaciones sociales debaten y cuestionan el tratamiento de la Ley Minera
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Organizaciones sociales debaten y cuestionan el tratamiento de la Ley Minera

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Con la presencia de alrededor de 500 representantes de organizaciones nacionales del país entre las que están regantes, juntas vecinales, mujeres, círculos académicos y organizaciones como CNAMIB …

Con la presencia de alrededor de 500 representantes de organizaciones nacionales del país entre las que están regantes, juntas vecinales, mujeres, círculos académicos y organizaciones como CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, CONALPROMA (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria y por la Protección del Medio Ambiente), APDH Bolivia, CONAMAQ, CPMB, OICH, CODEPANAL, entre otras junto a numerosas representaciones de comunidades rurales, se inauguró la Cumbre Social sobre el Proyecto de Ley Minera recordando a los presentes que el problema de la minería en el país no solo afecta a las comunidades indígenas y campesinas sino también a todos y todas las bolivianas y bolivianos, por lo que la ciudadanía tiene el derecho a ser consultada y a pronunciarse.

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  • 1. Organizaciones sociales debaten y cuestionan el tratamiento de la Ley Minera (Nota Fundación Solón, 8 de mayo de 2014).- Con la presencia de alrededor de 500 representantes de organizaciones nacionales del país entre las que están regantes, juntas vecinales, mujeres, círculos académicos y organizaciones como CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, CONALPROMA (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria y por la Protección del Medio Ambiente), APDH Bolivia, CONAMAQ, CPMB, OICH, CODEPANAL, entre otras junto a numerosas representaciones de comunidades rurales, se inauguró la Cumbre Social sobre el Proyecto de Ley Minera recordando a los presentes que el problema de la minería en el país no solo afecta a las comunidades indígenas y campesinas sino también a todos y todas las bolivianas y bolivianos, por lo que la ciudadanía tiene el derecho a ser consultada y a pronunciarse. Ingrid Palomeque de CNAMIB señaló que están presentes en la Cumbre porque las generaciones presentes debemos defender nuestros territorios de la explotación minera para el futuro de sus hijos. Félix Laime de CONALPROMA, a su turno señaló que no solo hay que resaltar la importancia económica de la minería sino también sus impactos negativos como es la contaminación de los territorios. Laime denunció que en el país hay ciudadanos “de primera” como los mineros, quienes tienen privilegios sobre la explotación del agua para
  • 2. la minería, y que en cambio las comunidades afectadas por esta actividad no son escuchadas ni involucradas en la discusión de esta ley “parece que somos entenados”, afirmó. Por su parte, Yolanda Herrera de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señaló que la propuesta de ley de minería incluye artículos que criminalizan y judicializan a las personas que defienden el agua y el medio ambiente. Marco Gandarillas del CEDIB en su presentación, indicó que actualmente se está exportando más minerales que en la época de los “Barones de estaño”, la mayoría en materia prima - roca (97%), y el resto en metálico (3%). Afirmó que el proyecto de ley minera abrirá la explotación a zonas no tradicionales ya que los actuales yacimientos, después de 600 años, tienen capacidad para 8 años más; además de dar en concesión las áreas nacionalizadas y reservas fiscales de COMIBOL (Ej. Tantari y Precámbrico en Santa Cruz) en 3 años, así como áreas protegidas (el 15% ya es objeto de concesión minera), glaciares, cementerios, y todo el territorio nacional. El Estado está promoviendo la conformación de cooperativas mineras por lo que se están expandiendo de forma insostenible (ej. 900 nuevos títulos y 200 solicitudes en trámite). Gandarillas denunció que el proyecto de ley de minería busca la instauración de un nuevo Estado de derecho en beneficio de los mineros, un ejemplo de ello es el desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conminándole a aprobar estos contratos en tres meses. Carlos Arce del CEDLA por su parte indicó que el Estado nunca ha invertido en COMIBOL (Huanuni y Colquiri) y ha brindado todo tipo de facilidades para la minería privada, por ejemplo, los arrendamientos actuales serán legalizados a partir de los contratos. En la parte final de su intervención, Arce señaló que el modelo de economía plural, en el que se ampara la figura del cooperativismo, indica que pueden convivir las empresas transnacionales con pequeñas y elimina la posibilidad de que se realice la minería comunitaria a pequeña escala por lo que obliga a las comunidades a convertirse en empresas conduciéndonos a un capitalismo salvaje. Edwin Armatas del Programa Nina, en su exposición afirmó que el Proyecto de Ley Minera crea la figura del “actor productivo minero” y le otorga el derecho del uso de los recursos del área de concesión en todo el territorio nacional, con el peligro de cambiar los usos del agua y alterando los cursos de agua. Cambia los principios y el espíritu del Derecho a la Consulta establecido a nivel internacional porque la reduce a 3 reuniones entre las autoridades de una comunidad y la empresa minera en la ciudad de La Paz y no en la misma comunidad, intermediada por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (ARJAM) en donde el actor minero presentará sus planes de trabajo y de inversión, así como los mecanismos de compensación.
  • 3. Criticó que la consulta se haga solo en fase de exploración y no así en las fases de explotación. Otra limitación es que esta consulta dependería de la Certificación de Pueblo Indígena Originario Campesino que en gran medida se respaldará en los datos del Censo Nacional en donde ya se evidenció que los pueblos indígenas están siendo diezmados. La sesión de la mañana de ayer finalizó con la lectura de las numerosas declaraciones y pronunciamientos de las organizaciones que se manifestaron en contra del proyecto de ley minera, entre ellas varias comunidades, federaciones como la Red Nacional de Mujeres en defensa de la Madre Tierra. También se hicieron conocer las observaciones de las organizaciones de la Campaña Octubre Azul en Bolivia en la que participaron más de 100 organizaciones e instituciones en octubre de 2013 pidiendo el cuidado del agua en toda norma y política que se apruebe en el país, así como abrir espacios para la discusión de esta ley y para encarar el debate sobre el tipo de desarrollo que se debería impulsar en el país en tiempos de crisis global del agua y severa crisis climática. En la tarde sesionaron 5 grupos de trabajo: Agua y Minería; Política Económica; Derechos Colectivos; Tierra, Territorio y Recursos Naturales; Madre Tierra e Impactos Socioambientales.