Onu. informe relato pueblos indigenas argentina

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Onu. informe relato pueblos indigenas argentina

  1. 1. ONU: “Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos”jul 12th, 2012 | By odhpiRelator en lof Mapuce Wenx Xawvn Leufu – Kona ProduccionesBuenas leyes que no se respetan, industrias extractivas quevulneran derechos, pérdida de territorios y falta de acceso a laJusticia. Radiografía de la situación indígena en Argentina,según Naciones Unidas.*Por Darío ArandaArgentina cuenta con adecuada legislación en materia de derechoindígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan losderechos de los pueblos originarios.La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas delpaís, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializadaen materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator EspecialJames Anaya, quien –siempre en tono diplomático– responsabilizó alEstado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además,afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería,agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas,llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que “sedeben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas delas comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente deser desalojadas”.Equilibrio diplomáticoEl relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos ylibertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, visitó laArgentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011.
  2. 2. Se entrevistó con comunidades de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy,Tucumán y Formosa. El miércoles 11 de julio en la sede porteña de laONU, Anaya brindó una videoconferencia desde Suiza en la quedetalló la “versión avanzada no editada” del informe que elaboróluego de su visita y que tituló “La situación de los pueblos indígenasen Argentina”.En un lenguaje diplomático, Anaya leyó los aspectos principales delinforme. En busca de equilibrio, comenzaba cada oración con unaspecto positivo para luego complementar con la situación negativa.“Argentina ha dado pasos importantes”, remarcó al inicio de suexposición, y precisó: la reforma de la Constitución Nacional de 1994(que introdujo el artículo 75, inciso 17, donde se explicitan losderechos de los Pueblos Indígenas), la ratificación del Convenio 169de la OIT (de rango supralegal), la sanción de la Ley 26.160 (quesuspende los desalojos y ordena un relevamiento territorial) y el votopositivo en Naciones Unidas respecto a la Declaración de las NacionesUnidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.“Pero persiste una brecha significativa entre las leyes y su aplicaciónreal. El Estado debe priorizar y garantizar los derechos de los pueblosindígenas, implementar políticas públicas claras”, pidió.El informe escrito (que será presentado en la Asamblea de la ONU enseptiembre pero su versión avanzada está disponible enhttp://unsr.jamesanaya.org/esp/country-reports/the-situation-of-indigenous-peoples-in-argentina) es máscontundente que la exposición por videoconferencia.En la página 7, amplía: “Existe un número significativo de leyes yprogramas nacionales y provinciales en materia indígena. Sinembargo, se presentan una serie de problemas en relación con laimplementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas,especialmente en relación con sus tierras y recursos naturales, elacceso a la justicia, la educación, la salud, y otros servicios básicos”.Ante un auditorio de abogados, ONG, funcionarios de Cancillería,periodistas y pocos indígenas, Anaya destacó el “importante trabajodel INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, pero deinmediato compensó: “Pero requiere de mayor apoyo financiero ycapacidad institucional para cumplir su trabajo con eficacia”. Y señalósu “preocupación” por la escasa participación indígenas en el INAI.
  3. 3. Celebró como un “avance importante” la sanción de la Ley 26160 (ysu prórroga 26554). Pero de inmediato llamó al “gobierno nacional ylas provincias a finalizar los relevamientos” catastrales y hacerefectivas las personerías jurídicas que deben entregarse a lascomunidades. “Hay una alta incidencia de desalojos a indígenas, apesar de la Ley 26160. Llamamos al gobierno nacional, a losprovinciales y a los tribunales a que apliquen la ley y se tomenmedidas inmediatas para evitar desalojos”, solicitó.En la página 9 del escrito advierte un punto débil de la Ley 26160: elrelevamiento “no incluye un procedimiento para la titulación detierras indígenas”.Más extractivas, menos derechosUn apartado especial se lo lleva “industrias extractivas yagropecuarias”. Durante la conferencia, subrayó la necesidad decontar con la participación de las comunidades indígenas y aplicar la“consulta libre, previa e informada” que rige en la legislación respectoa cualquier acción o actividad que pudiera afectar a los pueblosindígenas. En los casos que ya se ha afectado a las comunidades (porejemplo la actividad petrolera en Neuquén), llamó a abordar lamitigación y remediación.El escrito, en este punto, vuelve a ser más contundente que lavideoconferencia: “Relacionado con la inseguridad jurídica de lospueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede mencionarsela existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas yagropecuarias dentro o cerca de estas tierras”. Recuerda que el paístiene una “larga historia” de extracción de recursos naturales, peroseñala la década del 90 como un punto de inflexión debido a la“liberalización de leyes que regulan estas industrias”. Y precisa: “Elotorgamiento de concesiones por parte de las provincias haaumentado considerablemente en la última década”.Toma como referencia la situación de las Salinas Grandes, de Salta yJujuy, donde los gobiernos provinciales impulsan la explotación delitio, a pesar del rechazo de numerosas comunidades kollas yatacama. Y señala los pasivos ambientales de extractivas: lacomunidad mapuche Kaxipayiñ (región de Loma de Lata, Neuquén).“El Relator Especial pudo constatar indicios de contaminación poractividades petroleras (…) En noviembre de 2011, la empresa RepsolYPF anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas ypetróleo en la región de Loma de Lata, fomentando nuevaspreocupaciones sobre la explotación de petróleo en la zona,especialmente por el método de extracción particularmente riesgoso
  4. 4. que supuestamente utilizará: la fractura hidráulica (gas noconvencional)”, advierte la ONU.Y destaca dos casos donde la contaminación, y sus consecuencias enlas personas, no han sido tratados. “La comunidad de Pan de Azúcar,provincia de Jujuy, sigue sufriendo los impactos de los efectos de lacontaminación dejada por una mina de plomo, plata y zinc que dejóde operar en el año 1989”, precisa. Y también describe el caso de lalocalidad de Abra Pampa (Jujuy), epicentro de la contaminación conplomo por la planta Metal Huasi.Quizá el segmento más contundente, no leído durante lavideoconferencia, se encuentra en la página 10 del informe, párrafo38: “Los proyectos agropecuarios y de industrias extractivasexistentes en Argentina han afectado a un conjunto de derechos delos pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus tierras yrecursos naturales, así como sus derechos a la alimentación, la salud,y el desarrollo”.Anaya llamó a “concientizar” a las empresas, pero sobre todo a que“el Estado debe controlar al sector privado, a las empresas queextraen recursos (naturales). Si eso no sucede, no hay respeto plenopara con los pueblos indígenas”.Modelo agropecuario“El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandesextensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas”, afirmael escrito de la ONU. Explica que numerosas familias indígenas fuerondesalojadas de las zonas rurales y fueron obligadas a migrar aciudades cercanas “viviendo a menudo en condiciones de extremamarginación y miseria”.Recuerda que los desmontes, consecuencia del avance agropecuario,provocaron que “se vea severamente limitados” el acceso y ladisponibilidad de los animales de caza y pesca, las plantas, la miel derecolección e incluso los materiales para la construcción de viviendas.“Existen también efectos nocivos en la salud de las personasindígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la fumigación decultivos”, denuncia.Cita como caso emblemático, aunque no el único, el chaco salteño.“Aunque el Gobierno ha dado algunos pasos importantes parareconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sustierras y recursos naturales tradicionales, existe todavía en Argentinauna falta de seguridad jurídica generalizada respecto de estosderechos”.
  5. 5. El rol de los parques nacionales, áreas protegidas y declaraciones dela Unesco de Patrimonio de Humanidad (respecto a la Quebrada deHumahuaca) también fueron señalados por Anaya. “Los pueblosindígenas deben ser partícipes del manejo y beneficiarioseconómicos”, señaló.Justicia vedadaEl informe marca como una gran falencia la falta de acceso a laJusticia. “Los pueblos indígenas enfrentan varias barreras paraacceder a la justicia, incluyendo barreras lingüísticas, culturales,económicas y de distancia. En particular, se ha reportado que lamayoría de los tribunales provinciales desconocen o no considerandebidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblosindígenas, principalmente respecto de los derechos a las tierras y losrecursos naturales”, denuncia Anaya en la página 13.Reconoce que los tribunales de Argentina tienden a favorecer losderechos de propiedad privada de individuos o empresas por encimade las formas colectivas de propiedad indígena. ”La grave inseguridadjurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número dedesalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojoshan sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales endonde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación”,señala. “Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurridodespués de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006”, advierteel escrito del Relator y lamenta que una “respuesta estatal” haya sidola criminalización de la protesta indígena. Incluso precisa que lasrepresiones de la Policía permanecen impunes, pero los indígenassiguen procesados por “actos de protesta”.Recuerda que los desalojos son una “especial preocupación para lospueblos indígenas a lo largo del país” y, por escrito, el Relator de laONU hace un “llamado al Gobierno nacional, y especialmente a losgobiernos provinciales y a los tribunales, para que apliquen la letra yel espíritu de las leyes 26160 y 26554 y suspendan todos los actosprocesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenashasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de lastierras ocupadas por pueblos indígenas”.Casi al finalizar la videoconferencia, Anaya puntualizó un llamado deatención respecto al proyecto de reforma del Código Civil. “Es depreocupación la información respecto a la reforma del Código Civil”,alertó, fuera del lenguaje neutro de la diplomacia, pero de inmediatolo relativizó: “No lo he podido analizar en profundidad, debiera tenermás información para opinar”.
  6. 6. El proyecto de ley, que no contó con participación indígena, fueduramente cuestionado por comunidades indígenas(http://odhpi.org/2012/05/reforma-del-codigo-civil-dura-critica-de-pueblos-indigenas/) y por organizaciones sociales(http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/) por vulnerar la legislación vigente.SilenciosCuando finalizó la exposición de Anaya, Felix Díaz, referente de lacomunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa) ypresente en el auditorio, tomó la palabra: “Estamos preocupadosporque estamos siendo avasallados por políticas estatales. Hay faltade voluntad de aplicar las leyes. Hay falta de avances concretos, hayfalta de interés de las autoridades nacionales y provinciales”,denunció Díaz, mientras Anaya lo seguía por video-conferencia.El 23 de noviembre de 2010, la comunidad fue reprimida por lapolicía provincial y asesinado el qom Roberto López. Le siguió unproceso de hostigamiento y continuas amenazas. La comunidad trajoel reclamo a Capital Federal. Acampó en 9 de Julio y Avenida deMayo. Logró una mesa de diálogo con el gobierno nacional, que –amás de un año de iniciada– no ha dado resultados concretos respectoa la demanda territorial ni de acabar con el hostigamiento (el 28 dejunio último fue atacado, por una patota, el hijo de Díaz).“¿Cuáles son los mecanismos para profundizar estas reclamos con laparticipación directa de los pueblos indígenas?”, preguntó Felix Díaz.Anaya señaló que había hecho recomendaciones al Estado argentinopara que dé respuestas a la situación y que esperaba hechosconcretos. Los funcionarios del INAI, presentes en el auditorio, noesbozaron respuesta.Elena Duro, de Unicef Argentina, afirmó que en los últimos meseshubo en Argentina “más violencia” frente a los reclamos de lospueblos indígenas, recordó el avance de la minería y preguntó si lasinstancias regionales como Unasur y Mercosur podrían ser ámbitosdonde debatir la situación indígena.Anaya se mostró de acuerdo, aunque no esbozó propuestas de cómohacerlo. En el auditorio había autoridades de Cancillería, pero optaronpor el silencio.Saludos de rigor, fin de videoconferencia y despedidaleer informe

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