Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta Argentina, artículo de Dario Aranda

1. Los desmontes de la soja
Por Darío Aranda. Página 12
CUATRO PROVINCIAS CONCENTRAN EL 80 POR CIENTO DE BOSQUES
ARRASADOS
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por
ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís
reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no
obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se
arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales
provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte
nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”,
reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al
gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la
Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de
los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien
podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según
sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo
el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la
deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la
Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe

2. “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa
que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de
Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas.
Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro
provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago
del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de
Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y
frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento
salteño de San Martín), para defender el único monte que les
quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una
carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da
comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra
fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le
solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron
y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el
monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena
relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne
a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura
declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda
preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una
violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos
originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a
los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”,
alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que
el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las
consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la
contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no
respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución
nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de
lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no
repara en los costos ambientales y humanos”.

3. La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la
violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca
que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse
como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El
principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en
la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña
aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil
hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el
corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja)
de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas,
indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil
cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible)
llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013
que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance
sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”,
alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la
Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de
puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación
como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la
supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes,
desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad,
enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave
riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación
que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y
científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la
Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan
frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno
salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar
la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según
Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000
hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones
sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el

4. 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la
comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el
monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre
empresarios y pueblos originarios.