Informe A.I 2013: El estado de los derechos humanos en el mundo. Colombia

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Informe A.I 2013: El estado de los derechos humanos en el mundo. Colombia

  1. 1. Informe anual 2013El estado de los derechos humanos en el mundo. AmnistíaInternacionalAmnistía InternacionalColombiaEn octubre se iniciaron en Noruega conversaciones formales de pazentre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC); eran las primeras de esta índole en un decenio. Persistía lapreocupación de que una paz estable no fuera posible sin elcompromiso verificable por ambas partes de poner fin a los abusoscontra los derechos humanos, y sin el compromiso de las autoridadesde llevar ante la justicia a los autores de abusos. El Congreso aprobóen diciembre una ley que otorgaba al sistema de justicia militar unmayor control de las investigaciones sobre violaciones de derechoshumanos, lo cual amenazaba con menoscabar el derecho de lasvíctimas a la verdad, la justicia y la reparación.Todas las partes en el dilatado conflicto –las fuerzas de seguridad,actuando solas o en connivencia con paramilitares, y los gruposguerrilleros– continuaron siendo responsables de abusos gravescontra los derechos humanos y de violaciones del derechointernacional humanitario, como homicidios ilegítimos,desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desaparicionesforzadas y violencia sexual. Las víctimas fueron sobre todo miembrosde comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas;defensores y defensoras de los derechos humanos, y sindicalistas.El 1de enero entró en vigorla Ley de Víctimas y Restitución deTierras, cuyo objetivo era devolver a sus legítimos propietarios parte
  2. 2. de los millones de hectáreas de tierras que habían sido objeto deapropiación indebida, en muchos casos mediante la violencia, duranteel conflicto. Sin embargo, la reacción violenta de quienes sebeneficiaban de la apropiación indebida de tierras hizo que quieneshacían campaña porla restitución y quienes intentaban regresar a sustierras fueran víctimas de amenazas y homicidios.Conflicto armado internoLa población civil siguió siendo la más afectada por los abusos contralos derechos humanos y las violaciones del derecho internacionalhumanitario relacionados con el conflicto. Aunque no se disponía decifras concretas, se sabía que decenas de miles de personas sehabían visto obligadas a abandonar sus hogares en 2012, comoconsecuencia directa del conflicto. La mayoría de ellas eran miembrosde pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes ycampesinas de zonas rurales. En junio, más de 130 personas de El Tarra, departamento deNorte de Santander, y unas 400 de Leiva, departamento deNariño, se vieron obligadas a huir de sus hogares.Las comunidades civiles que, como la Comunidad de Paz de San Joséde Apartadó, en el departamento de Antioquia, hacían campaña paraconseguir que las partes beligerantes no las arrastraran al conflictoseguían siendo objeto de graves abusos contra los derechoshumanos. El 28 de junio, 50 paramilitares armados de las AutodefensasGaitanistas de Colombia siguieron a dos miembros de laComunidad de Paz de San José de Apartadó y amenazaron conmatar al líder campesino Fabio Graciano. El 4 de febrero, dos paramilitares que viajaban en unamotocicleta dispararon contra Jesús Emilio Tuberquia,representante legal de la Comunidad de Paz de San José deApartadó. El atentado, llevado a cabo en esta localidad, tuvolugar a tan sólo unos 100 metros de un puesto de control de lapolicía.Se perpetraron atentados con explosivos en zonas urbanas, quecausaron víctimas mortales entre la población civil. El 15 de mayo, una bomba colocada en un vehículo causóheridas a más de 50 personas, entre ellas el ex ministro delInterior Fernando Londoño, en la capital, Bogotá. Su chófer ysu guardaespaldas murieron. Ningún grupo reivindicó laautoría, aunque las autoridades culparon a las FARC.
  3. 3. En julio, Colombia ratificó la Convención Internacional para laProtección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.Sin embargo, no reconoció la competencia del Comité de la ONUcontra la Desaparición Forzada, negando de ese modo a las víctimasy sus familias un importante recurso para obtener justicia. Aunqueresultaba difícil establecer la cifra exacta, se creía que al menos30.000 personas habían sido víctimas de desaparición forzadadurante el conflicto. Hernán Henry Díaz, portavoz de la Mesa Departamental deOrganizaciones Sociales en el departamento del Putumayo ymiembro de la Federación Nacional Sindical UnitariaAgropecuaria (FENSUAGRO), fue visto por última vez el 18 deabril. En el momento de su desaparición forzada coordinaba laparticipación de las delegaciones del Putumayo en unamanifestación política nacional prevista para ese mismo mes enBogotá.Derechos de los pueblos indígenasEl impacto del conflicto en los pueblos indígenas se intensificó amedida que las hostilidades se extendían a sus territorios,especialmente en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca.Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos 84indígenas, entre ellos 21 líderes, perdieron la vida en 2012. El 12 de agosto, Lisandro Tenorio, líder espiritual del puebloindígena nasa, murió a la puerta de su casa, en Caloto,departamento del Cauca, por disparos de guerrilleros de lasFARC, según informes.Miles de indígenas se vieron obligados a abandonar sus hogaresdebido a las hostilidades. En julio, más de 1.500 indígenas fuerondesplazados por la fuerza de sus tierras en Bagadó, departamento delChocó.Algunos altos cargos hicieron declaraciones en las que se vinculaba alíderes y comunidades indígenas con grupos guerrilleros. Por ejemplo,en agosto, el ministro de Defensa acusó a las FARC de infiltrarse en elmovimiento indígena. Estas declaraciones promovieron un clima en elque se toleraban, alentaban o facilitaban los abusos contra indígenas.Restitución de tierrasLa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras provocó una violentareacción de algunos beneficiarios de tierras que habían sido objeto deapropiación indebida. Se mataba o amenazaba a quienes luchabanpor la restitución de tierras, y continuaba la preocupación por la
  4. 4. capacidad de las autoridades para brindarles protección. Se tuvonoticia de acciones de paramilitares autodenominados “ejércitos anti-restitución” en varias zonas de Colombia. Durante el año, estosgrupos lanzaron amenazas de muerte contra varias organizaciones dederechos humanos y activistas por el derecho a la tierra.La Ley excluía a muchas víctimas de abusos cometidos por gruposparamilitares, a los que el gobierno no reconocía ya como parte en elconflicto. Además, incluía disposiciones que menoscababan lasiniciativas de restitución de tierras y el derecho de las víctimas a laverdad, la justicia y la reparación. El 12 de septiembre, la CorteConstitucional declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley,entre ellas las medidas que eximían de enjuiciamiento a los“testaferros” que entregaban tierras objeto de apropiación indebida.La Corte también declaró inconstitucional la disposición que negaba larestitución de tierras a las víctimas que supuestamente hubieranemprendido acciones “ilegales” para luchar por la devolución detierras ocupadas de las que habían sido expropiadas indebidamente.Fuerzas de seguridadLas fuerzas de seguridad fueron responsables de graves abusoscontra los derechos humanos y de violaciones del derechointernacional humanitario, a veces en connivencia con gruposparamilitares. Se siguieron denunciando ejecuciones extrajudicialesdirectamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, aunque no enla escala de años anteriores. El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad entregaron a lasautoridades civiles en la ciudad de Cali el cuerpo de NorbeyMartínez Bonilla, de 15 años de edad, de quien afirmaron queera un guerrillero muerto en combate. El muchacho habíadesaparecido de su domicilio en Caloto, departamento delCauca, el 28 de septiembre durante los combates entre fuerzasde seguridad y grupos guerrilleros. Norbey Martínez Bonillavivía en El Pedregal, pequeña localidad en cuyo favor laComisión Interamericana de Derechos Humanos había dictadomedidas cautelares en 2010.Apenas hubo progresos en lo relativo a poner a disposición de lajusticia a los autores de abusos. Por lo general, el sistema de justiciamilitar cerraba las investigaciones sobre violaciones de derechoshumanos en las que estaban implicados miembros de las fuerzas deseguridad. Un informe del relator especial de la ONU sobreejecuciones extrajudiciales publicado en mayo señaló: “[p]reocupansobremanera los continuos intentos de la justicia militar de asumir lacompetencia sobre ciertos casos”.
  5. 5. Grupos paramilitaresA pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares,calificados de “bandas criminales” (“bacrim”) por el gobierno, fueronresponsables de violaciones graves de derechos humanos, comohomicidios y desapariciones forzadas, y de operaciones de “limpiezasocial” en barrios urbanos pobres. Algunos de estos actos secometieron con la connivencia o la aquiescencia de las fuerzas deseguridad. Las víctimas fueron principalmente sindicalistas ydefensores y defensoras de los derechos humanos, así comorepresentantes de comunidades indígenas, afrodescendientes ycampesinas. El 23 de marzo, unos paramilitares sometieron a desapariciónforzada a Manuel Ruíz y a su hijo de 15 años, Samir de JesúsRuíz, miembros de la comunidad afrodescendiente yafromestiza de Apartadocito, en la cuenca del río Curvaradó,departamento del Chocó. El 24 de marzo, un paramilitarinformó a su familia de que ambos habían muerto. El 27 demarzo se encontró el cuerpo de Manuel Ruíz; el de su hijo, quehabía sido torturado, apareció al día siguiente. Los homicidiosse cometieron poco antes de una inspección que el gobierno ibaa llevar a cabo para determinar la propiedad de la tierra de LosPiscingos, lugar de donde la familia de Manuel Ruíz y otrasfamilias habían sido desplazadas por paramilitares y fuerzas deseguridad en 1996.El proceso de Justicia y Paz, iniciado en 2005, siguió negando a lasvíctimas de abusos cometidos por los paramilitares su derecho a laverdad, la justicia y la reparación. Según la Fiscalía General de laNación, a fecha de 1 de diciembre sólo 14 paramilitares habían sidodeclarados culpables de violaciones de derechos humanos en virtudde dicho proceso.En diciembre, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Justicia yPaz que permitía a los combatientes ilegales que no se habíandesmovilizado cuando la ley entró en vigor beneficiarse de susdisposiciones.Grupos guerrillerosLas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometieronabusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derechointernacional humanitario, tales como homicidios ilegítimos, toma derehenes, desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores deedad y uso indiscriminado de armas. En los primeros siete meses de2012, murieron 25 civiles y 22 miembros de las fuerzas de seguridad
  6. 6. a causa de minas terrestres, colocadas en su mayoría por gruposguerrilleros.En febrero, las FARC anunciaron que pondrían fin al secuestro deciviles a cambio de rescate, pero no se comprometieron a acabar contodos los abusos. Más de 305 personas fueron secuestradas en 2012,la mayoría por grupos delictivos, pero también por gruposguerrilleros. El 24 de julio, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingenieraGina Paola Uribe Villamizar fueron secuestradas por el ELN enSaravena, departamento de Arauca. Las dos fueron liberadasunas semanas después. En abril, las FARC liberaron a seis agentes de policía y cuatrosoldados que el grupo mantenía cautivos desde la década de1990.Las FARC fueron responsables de ataques indiscriminados quepusieron en situación de riesgo a civiles. En julio, las FARC atacaron la infraestructura petrolera deldepartamento del Putumayo; cinco civiles murieron comoconsecuencia del ataque.ImpunidadHubo algunos éxitos en lo relativo a hacer rendir cuentas a losautores de abusos contra los derechos humanos. En agosto, un tribunal civil condenó al general retirado RitoAlejo del Río a 26 años de prisión por el asesinato de uncampesino a manos de paramilitares. El tribunal falló que RitoAlejo del Río no había participado directamente en estehomicidio ni en los muchos que se cometieron en la zona bajosu mando, pero mantenía estrechos vínculos con paramilitares,a quienes permitía cometer abusos con impunidad.La gran mayoría de los responsables de abusos contra los derechoshumanos siguieron eludiendo la acción de la justicia. Hubo amenazasy homicidios contra personas que intervenían en causas penalesrelacionadas con los derechos humanos, como abogados y testigos. El 10 de octubre, un hombre apuntó con un arma a AlfamirCastillo, cuyo hijo había muerto a manos de soldados en 2009en el departamento del Valle del Cauca, y amenazó conmatarlos a ella y a sus abogados, Jorge Molano y GermánRomero. El ataque tuvo lugar días antes de una audienciajudicial sobre la participación de cuatro oficiales del ejército en
  7. 7. el caso; siete soldados cumplían ya largas penas de prisión porel homicidio.Dos leyes amenazaban con exacerbar la impunidad. En junio, elCongreso aprobó el “marco legal para la paz”, que podría permitirque los autores de abusos contra los derechos humanos eludieran laacción de la justicia. En diciembre, el Congreso aprobó una reformade la Constitución que concedía a los militares un mayor control sobrelas investigaciones criminales que afectaran a miembros de lasfuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanosy podría tener como consecuencia la transferencia de muchos casosde violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, encontra de lo establecido por las normas internacionales de derechoshumanos. En octubre, 11 relatores especiales y expertosindependientes de la ONU criticaron la reforma.Defensores y defensoras de los derechos humanosA pesar de la condena pública del gobierno a los ataques contra ellos,los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieronsufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo deinformación confidencial sobre casos. En 2012, al menos 40defensores y defensoras de los derechos humanos y líderescomunitarios y 20 sindicalistas perdieron la vida. El 28 de febrero, el grupo paramilitar Águilas Negras-BloqueCapital envió amenazas de muerte a varias ONG de derechoshumanos, entre ellas organizaciones de mujeres yorganizaciones que trabajaban sobre cuestiones relacionadascon la restitución de tierras, a las que acusaba de hacer “lavadode cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderesdefensores de derechos humanos”; en los mensajes, el grupoconminaba a las organizaciones a que “dejen de joder con eltema de la recuperación de tierras”.Las defensoras de los derechos humanos eran objeto de ataques,sobre todo por parte de grupos paramilitares. Algunas fueron violadascomo castigo y para silenciarlas. El 29 de enero, Cleiner María Almanza Blanco, dirigentecomunitaria que trabajaba con mujeres desplazadas, fueobligada a entrar en un taxi por un grupo de desconocidos. Lallevaron a un lugar no especificado, donde la interrogaron sobrepersonas a las que conocía y con las que trabajaba. Le dieronpatadas y la golpearon contra el taxi. Uno de los hombres lavioló después. En 2010, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos había ordenado a las autoridades que
  8. 8. proporcionasen medidas de protección a Cleiner María Almanzay otras 13 dirigentes en situación de riesgo; 4 de las14 mujereshabían sido violadas.Violencia contra mujeres y niñasTodas las partes en el conflicto sometían a las mujeres a violenciasexual, incluida la violación, y a otras formas de violencia de género. El 18 de mayo, una mujer indígena fue violada por un soldadodel ejército al borde de una carretera en el Departamento delPutumayo. Según los informes, la unidad del ejército a la quepertenecía el soldado estaba a sólo 100 metros de distancia enese momento. El 16 de marzo, ocho hombres enmascarados, fuertementearmados y vestidos de civil, a los que se creía paramilitares,entraron en una comunidad de afrodescendientes en Tumaco,departamento de Nariño. Amenazaron y golpearon a losresidentes, violaron a dos mujeres y sometieron a abusossexuales a una joven de 16 años.Muy pocos autores de este tipo de abusos fueron puestos adisposición de la justicia. Sin embargo, en un caso pocofrecuente de éxito, el subteniente Raúl Muñoz Linares fuecondenado a 60 años de prisión el 27 de agosto por la violacióny el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, y por el asesinatode sus hermanos, de 9 y 6 años, y la violación de otra niña enTame, departamento de Arauca, en octubre de 2010.Al terminar el año estaba pendiente de tramitación en elCongreso un proyecto de ley “para garantizar el acceso a lajusticia de las víctimas de violencia sexual, en especial laviolencia sexual en ocasión al conflicto armado”. En caso de seraprobado, este proyecto de ley, entre otras cosas, reformaría elCódigo Penal para tipificar como delitos específicos ciertasformas de violencia sexual relacionada con el conflicto, como ladesnudez forzada o el aborto y el embarazo forzados.La representante especial de la ONU sobre la violencia sexualen los conflictos visitó Colombia en mayo. Durante su visitadeclaró que era preciso hacer más esfuerzos para garantizar elacceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia sexualrelacionada con el conflicto.Ayuda estadounidense
  9. 9. En 2012, Estados Unidos destinó unos 482 millones de dólares aasistencia militar y no militar a Colombia, de los que 281 millonesfueron para las fuerzas de seguridad. En septiembre se liberaron unos12 millones de dólares en fondos de asistencia en materia deseguridad correspondientes a 2011, tras determinar el Departamentode Estado estadounidense que en Colombia se habían registradoavances significativos en la mejora de la situación de los derechoshumanos.Escrutinio internacionalEl informe sobre Colombia de la alta comisionada de las NacionesUnidas para los derechos humanos, publicado en enero, reconocíaque el gobierno había emprendido “importantes iniciativas legislativasy de política pública [y condenado] una serie de violaciones dederechos humanos”, pero que estos esfuerzos no habían logrado “elimpacto deseado a nivel local”. El informe señalaba también quehabían continuado cometiéndose “un número significativo deviolaciones a los derechos humanos y al derecho internacionalhumanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero tambiénpresuntamente por agentes estatales” y que esto tenía “gravesconsecuencias humanitarias para la población civil”. Según la altacomisionada, la impunidad seguía siendo “un problema estructural”.

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