Guatemala y la vigencia de la represión contra los pueblos indígenas

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Guatemala y la vigencia de la represión contra los pueblos indígenas

  1. 1. Guatemala y la vigencia de la represión contra los pueblos indígenasMarcha de las comunidades de San Juan Sacatepéquez a la Ciudad deGuatemala, contra la construcción de la cementera en sus territoriosGUATEMALA.- Los pueblos mayas de Guatemala son los protagonistas de unaresistencia histórica que les ha permitido pervivir hasta nuestros días. Durantelos años 80, fueron capaces incluso de enfrentar el intento sostenido ysistemático de exterminio que desató contra ellos el Estado del que suponíaneran parte.Hoy -cuando gobierna uno de los militares responsables de aquel baño desangre-, siguen vigentes los mismos mecanismos de represión de ladictadura, utilizados para garantizar los intereses económicos de las élites,transfiguradas en grandes empresas interesadas en explotar las riquezasnaturales presentes en los territorios. Estos mecanismos, incluyen desde actosde violencia física -atentados y asesinatos- e intimidaciones, hasta unapolítica de criminalización respaldada por los poderes públicos. Y tienen entresus objetivos prioritarios a los movimientos, las comunidades, las autoridadesy las organizaciones mayas, que están al frente de las luchas por la defensa delos territorios y los recursos naturales. Tan es así, que un reciente informe dela Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos deGuatemala (UDEFEGUA) denuncia que el 59% de las agresiones perpetradasen 2012 se han dirigido contra los pueblos indígenas y las organizacionesde defensa del medio ambiente.El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de losPueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras sumisión en el país en 2011,de que la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generadouna situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en lascomunidades. Señala también el uso indiscriminado que se hace de losestados de prevención por parte de los poderes públicos, la presenciacreciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el usoexcesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de
  2. 2. impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física,incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contextomarcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia.Durante los últimos meses, se han dado una serie de situaciones que dibujanun escenario extremadamente complejo, y que han colocado a los y lasdirigentes indígenas, así como a los activistas que les acompañan, en unasituación de grave vulnerabilidad.Estado de sitio y criminalización, al servicio de una transnacionalespañola.El pasado 1 de mayo, el presidente Otto Pérez-Molina declaró un estado desitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango) durante 17días, tomando como excusa las movilizaciones de protesta que se produjerona raíz del asesinato -presuntamente a manos de la seguridad privada de laempresa- del líder comunitario Andrés Francisco Miguel. Estos hechos seprodujeron en el marco de un conflicto que enfrenta a los pueblos de laregión con la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacionalespañola Hidralia Energía, que pretende construir una central hidroeléctricasobre el río Qambalam, sin consentimiento comunitario.Puedes obtener aquí más información sobre el caso.Allanamiento de una vivienda familiar en una comunidad de Barillas, duranteel estado de sitio declarado en mayo de 2012Tal y como denuncian diversos colectivos sociales, en una carta abierta, desdela instalación del estado de sitio en Barillas, “se emitieron 33 órdenes decaptura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas einstigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno”. Además, seestá usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de maneratotalmente tergiversada, aplicándolas a los grupos de población y a loscolectivos sociales que se oponen al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.
  3. 3. “Con estas órdenes de captura -añade la carta- el Estado guatemalteco estátratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar, apersonas que se organizan y que ejercen sus derechos. Se está usando laley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo paracriminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que seoponen a la construcción de la hidroeléctrica”.A día de hoy, continúan detenidos 11 activistas comunitarios, en el marcode un proceso judicial irregular que tiene como finalidad la criminalización dela protesta contra el megaproyecto.El cemento contra la comunidad, en San Juan SacatepéquezDesde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa elProyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento yuna cantera en el territorio de varias comunidades mayas kakchikeles, delmunicipio de San Juan Sacatepéquez. Dicho proyecto se ha puesto en marchasin haber consultado previamente a los pueblos, y se viene desarrollando enun marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impactosobre sus derechos humanos.Las comunidades, en consulta popular, se declararon en contra de lacementeraEntre los hechos de violencia registrados, según ha podidodocumentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataquesarmados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, …),amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales ydirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales queacompañan a las comunidades. Habitantes del municipio identificaron a losagresores como personal contratado de la empresa cementera.Paralelamente, desde el año 2008 se inició el juicio en contra de trescomunitarios opuestos al proyecto, que a día de hoy siguen en prisiónpreventiva, a la espera de culminar un proceso que está siendoextremadamente largo y confuso.A pesar de todo ello, las comunidades sanjuaneras continúan haciendo valer elresultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946habitantes expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a
  4. 4. 4, que votaron a favor-. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar lasinstalaciones.Intimidación y amenazas para acallar a la dirigencia indígena y social.Una de las estrategias de control social que se están ejecutando en el país, esla intimidación permanente de los dirigentes indígenas y de otros líderespopulares que acompañan a las comunidades en la defensa de sus territorios yde sus bienes naturales. Durante los últimos meses hemos asistido a unaumento exponencial de estos hechos, que están impidiendo el desempeñodel importante papel que estas personas juegan en la reivindicación de losderechos de sus pueblos.Lolita Chávez, del CPKA finales de 2011 se presentaron en la Fiscalía General dos querellas penalescontra un total de 53 activistas sociales y personalidades políticas,acusándoles de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Entrelos denunciados se encuentran personas con un amplísimo bagaje en elacompañamiento a las comunidades indígenas que luchan por reconstruir susmemorias colectivas, acceder a la justicia y defender sus territorios de losnuevas agresiones. Si bien el proceso tiene escasos visos de prosperar, elobjetivo de estigmatizar al movimiento, e intimidar a los activistas sociales ypopulares guatemaltecos se ha conseguido.Domingo Hernández, de UkuuxbeA principios del presente año, la UniónVerapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)denunció el ambiente deamenazas en que desarrolla su trabajo. Las amenazas se dirigen tanto contrasus integrantes, como contra varias comunidades que la organizaciónacompaña en Alta y Baja Verapaz. Al respecto, PBI alertó de las
  5. 5. intimidaciones y el clima de violencia que sufren las comunidades qeqchiesen el ejercicio de sus derechos territoriales.En julio de 2012, la dirigente maya Lolita Chávez, del Consejo de losPueblos Kiche (CPK)sufrió una violenta agresión en la que resultaron heridasvarias de sus compañeras, en lo que ha sido denunciado como un acto deintimidación en contra de su labor de acompañamiento a las comunidades dela región en la lucha contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.Y más recientemente, en el mes de septiembre, se han conocido lasreiteradas amenazas y atentados perpetrados contra el líder maya DomingoHernández Ixcoy, integrante de la Asociación Maya Ukuxbe y miembro dela Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, incluyendo el allanamiento de suvivienda. Domingo cuenta con una larga trayectoria de trabajo dirigido afortalecer la lucha en defensa de la Madre Tierra, el territorio, y los derechospolíticos, económicos, sociales y culturales.¿Un nuevo ciclo de resistencias y de confrontación?En el espacio-tiempo que es la Guatemala actual, cuando ya han pasado másde 15 años desde que se firmó formalmente la paz, se está asistiendo a unaconfrontación brutal entre dos dinámicas opuestas.Por un lado se encuentran las comunidades mayas de todo el país, que estántomando de nuevo las riendas de su historia, y ejercen una cerrada defensade sus territorios y de sus bienes naturales. En este camino de articulación delas luchas sociales, no sólo se está revitalizando el movimiento indígena ypopular, sino que se está construyendo, desde abajo, un modelo de vidaque pasa necesariamente por el respeto a la Madre Tierra y por el ejercicioirrenunciable de los derechos territoriales y de la autonomía comunitariaen la toma de decisiones.Desalojo de Los Encuentros (Sololá) en 2005Así, y a pesar de haber padecido recientemente un intento de genocidio, lospueblos indígenas guatemaltecos iniciaron un nuevo ciclo de resistencias,que tuvo un punto de inflexión en 2005, cuando comunidades kakchikeles ykiches de Sololá se organizaron para impedir el paso de la maquinaria pesadaque se utilizaría en la construcción de una mina en Huehuetenango (la Mina
  6. 6. Marlin, en territorio mam). Ya entonces quedó patente la toma de concienciay el aumento de las reivindicaciones que se estaba produciendo a nivelcomunitario, y que se ha venido concretando en la celebración de decenas deconsultas sobre megaproyectos, en un crecimiento exponencial de los actospúblicos de reivindicación y, sobre todo, en un proceso de reestructuraciónsocial que recupera a las comunidades como sujeto político protagonista.Por otro lado, la oligarquía de Guatemala -hoy, como ayer, aliada con elpoder político y con el capital transnacional- recurre de nuevo a losmecanismos de terror que empleó durante los años de la guerra para tratarde enfrentar estos procesos comunitarios, capitalizar en sus manos lasriquezas naturales del territorio, y mantener unos privilegios que haceninviable al país, y que condenan a la miseria a la mayoría de la población.

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