Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Más de 530 organizaciones de todo el mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales.

1. El ministro García-Margallo coloca a las transnacionales por
encima de los derechos humanos
Amigos de la Tierra, RETS, Ecologistas en Acción, OMAL–Paz con
Dignidad, ODG y Hegoa
Comunicado de prensa – 25 de junio de 2014
Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al
gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los
derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Más
de 530 organizaciones de todo el mundo exigen en Ginebra acciones
vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos
por parte de empresas transnacionales.
En la jornada “El Valor de las Multinacionales Extranjeras en España”
el ministro de Asuntos Exteriores, José García-Margallo, declaró: “Las
corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones
para instalarse”. Situando los intereses de las corporaciones
transnacionales por encima de los derechos humanos y ambientales.
Las declaraciones del ministro son un reflejo de la posición de los
países de la Unión Europea intentando bloquear la resolución, que se
deberá aprobar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas durante el jueves o el viernes de esta semana en Ginebra.
Donde se pretende aprobar la resolución favor de la creación de un
grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional
vinculante que haga frente a las violaciones de derechos humanos
cometidas por las empresas transnacionales y los inversores
internacionales.
En este mismo sentido, durante esta semana en Ginebra,
movimientos y organizaciones sociales así como comunidades
afectadas por crímenes sociales y ambientales han presentado en

2. una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos 12
casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por
multinacionales. Como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y
Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-
inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o
Cocacola en Colombia. Al mismo tiempo ha sido presentado el caso
de la empresa española Hidralia en Guatemala.
En el caso de la empresa española Hidralia Energía, sus inversiones
han producido conflictos en la comunidad de Santa Cruz Barillas, y
están vinculadas al asesinato de un líder comunitario por parte de
miembros de seguridad de la empresa y la detención arbitraria de 12
miembros de la comunidad. Además la multinacional se aprovecha de
la declaración del estado de sitio por parte del presidente de
Guatemala en el lugar de las inversiones. Y ante todos estos abusos,
el Gobierno español no solo ha hecho oídos sordos, sino que apoya a
la empresa en su proyecto inversor de estas características que violan
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por todo ello, el
viernes 27 de junio, miembros de la resistencia a la empresa en
S.C.Barillas (Guatemala) presentarán en Madrid una queja ante la
defensora del pueblo del Estado Español.
Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra
durante la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder
corporativo” exigen a la Unión Europea que se abstenga a bloquear la
resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica y cerca de 80 países,
especialmente del Grupo ALBA y G77, que propone la creación de un
grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar
urgentemente normas internacionales vinculantes para acabar con los
abusos de los derechos humanos a manos de las empresas
transnacionales y otros inversores.
La audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en
Ginebra muestra como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
el marco político de Naciones Unidas como el Global Compact y los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos no sirven sino para encubrir las graves
violaciones a los derechos humanos por empresas transnacionales en
el mundo. Por ello exigimos que la Unión Europea apoye un tratado
vinculante que ponga fin a la arquitectura de la impunidad que
encubre las actividades y los intereses del poder corporativo.
Organizaciones firmantes de este comunicado: Amigos de la
Tierra, Col•lectiu RETS, Ecologistas en Acción, Observatorio de las
Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad,
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), HEGOA-Instituto
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.
Más información: http://www.treatymovement.com
En twitter: #BindingStandards #StopTNCimpunity

3. En la misma sección
 El ministro García-Margallo coloca a las transnacionales por
encima de los derechos humanos
 Las grandes transnacionales van a juicio en Ginebra por violaciones a
los derechos humanos
 Desmantelando la impunidad de las empresas transnacionales
 Los intereses empresariales se adueñan de la política de cooperación
para el desarrollo
 Manifiesto por una cooperación internacional vinculada a los
movimientos sociales emancipadores
 Valoración del segundo borrador del Plan Nacional sobre Empresas y
Derechos Humanos
 Tratado Internacional de los Pueblos: “La defensa de los derechos de
los pueblos ante el poder corporativo”
 Un cheque en blanco del gobierno a las multinacionales españolas a
costa de los contribuyentes
 Declaración en apoyo a los Estados que piden una normativa
vinculante en la ONU para las empresas transnacionales
 Histórico llamado de Ecuador y otros países a la creación en la ONU
de reglas vinculantes para las corporaciones transnacionales
Palabras clave
Propuesta de Ecuador para crear un grupo de estudio que
elabore normas vinculantes
La ONU pone a prueba la impunidad de las transnacionales
Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que
puede aprobar la creación de un grupo que proponga un
código vinculante para las empresas transnacionales.
Entrevistamos a Juan Hernández Zubizarreta, profesor de
Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal
Permanente de los Pueblos, que se desarrolla en la ciudad
suiza para presionar a la ONU.
Pablo Elorduy
Redacción web
25/06/14 · 17:30
El 26 y 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
reunido esta semana en Ginebra, tiene que votar la propuesta de
Ecuador y Sudáfrica, que ha sido respaldada por 85 países, de crear
un grupo de estudio que valore la posibilidad de introducir
obligaciones y normas vinculantes a las empresas transnacionales de
cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades. Actualmente, la
ONU funciona bajo "la lógica de la voluntariedad", indica el profesor

4. de Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta, que está
presente en Ginebra en el paralelo Tribunal Permanente de los
Pueblos, que busca influir en la decisión de Naciones Unidas para
combatir "la arquitectura de la impunidad" en la que funcionan las
empresas transnacionales.
De aprobarse la propuesta de Ecuador y Sudáfrica esta semana,
comenzaría una fase de consulta en la que no escasearían los
obstáculos, "en el mejor de los casos puede ser un instrumento",
explica Hernández. Sin embargo, el valor simbólico de ese paso
puede dar un espaldarazo a los movimientos que trabajan para
controlar a las transnacionales. Para Hernández Zubizarreta, la clave
es terminar con la asimetría entre corporaciones y pueblos, lo
que debe favorecer el fin del uso de la violencia por parte de
las transnacionales para obtener su tasa de beneficio.
Encabezado del documento presentado por Ecuador y
Sudáfrica.Mientras más de 500 organizaciones de la sociedad civil
apoyan la iniciativa de la diplomacia ecuatoriana, el ministro de
Exteriores José García Margallo se ha alineado con las tesis de las
principales empresas del mercado global. Margallo, según han
denunciado las organizaciones presentes en el Tribunal Permanente
de los Pueblos, declaró ayer que "las corporaciones tienen derecho a
imponer determinadas decisiones para instalarse". Esto, a juicio de
Hernández Zubizarreta, muestra la "connivencia, no solo sumisión,
del poder político con los intereses de esas empresas". De este
modo, Margallo se sitúa "por encima del derecho
internacional" en su afán por proteger los intereses del gran
capital.
Pero, recuerda Hernández Zubizarreta, el de Margallo no es un apoyo
en abstracto a estas empresas, sino que guardan relación con la
actividad comercial de transnacionales españolas, acusadas por
víctimas y ONG de pisar los derechos, la dignidad y el respeto a la
naturaleza de los territorios en los que operan. Es el caso de la
empresa gallega Hidralia, uno de los doce que se juzgan en el
Tribunal Permanente de los Pueblos. Como denunció en noviembre de
2013 Diagonal, la puesta en marcha la Hidroeléctrica Canbalam I ha
conllevado la violación de derechos, las detenciones arbitrarias y el
despojo de tierras de las comunidades indígenas, y, en 2012, el
asesinato del dirigente indígena Andrés Francisco Miguel.
Lo que se discute en Ginebra
La propuesta de Ecuador, que cuenta, según los mentideros de
Naciones Unidos, con el apoyo de la mitad de países miembros,
pretende incluir un código vinculante que ya fue propuesto por el

5. presidente chileno Salvador Allende en los 70. "A la hora de hablar
de transnacionales la ONU está muy colonizada por las ideas
de la responsabilidad social corporativa; se refieren a normas
blandas, que se encuadran dentro de la ética empresarial",
explica Hernández Zubizarreta. El blindaje funciona en dos
direcciones: por un lado las transnacionales buscan mantener la
desrregulación en cuanto a sus responsabilidades y sobre los
derechos de las poblaciones en las que opera. Al mismo tiempo,
denuncia Hernández Zubizarreta, buscan un "aumento de la
regulación" a la hora de proteger sus intereses mediante
mecanismos de protección. Uno de estos mecanismos son los
tirubnales de arbitraje inversores-estados (ISDS por sus siglas en
inglés), que incluyen disposiciones como restricciones sobre la
expropiación o la libre transferencia de fondos. Precisamente, unos de
los puntos sobre los que pivota el acuerdo de libre comercio EE UU-
UE es la adopción de este mecanismo ISDS, un código que protege
los derechos de las empresas aun a costa de la soberanía de los
Estados.
Frente a esa "arquitectura de la impunidad", estos días en Ginebra se
exploran las formas de poner en marcha "una arquitectura jurídica de
los derechos" para controlar a las empresas transnacionales. En este
sentido, Hernández Zubizarreta valora como necesarios tres
pasos: un código o tratado de control, una corte internacional
con capacidad de juzgar los abusos y un "centro público de
empresas transnacionales" cuyo objetivo sea recibir las denuncias
de las víctimas e investigar las prácticas de las empresas para
terminar con la invisibilización de muchas de estas denuncias. Pero
junto a estos mecanismos, los movimientos que forman el Tribunal
Permanente consideran que las personas jurídicas deben asumir
responsabilidades civiles y penales, también en la cadena de
subcontratación como responsables solidarios. Junto a esto, se debe
imponer el establecimiento de precios justos y razonables, medidas
destinadas a evitar condiciones como las que provocaron el incendio
de Rana Plaza, en Dacca (Bangladesh), en el que murieron 120
personas que elaboraban ropa que luego comercializaron marcas
como El Corte Inglés o Mango.
https://www.diagonalperiodico.net/global/23308-la-onu-vota-esta-
semana-primer-paso-para-terminar-con-la-impunidad-
transnacionales.html