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El ministro García-Margallo coloca a las transnacionales por encima de los derechos humanos

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Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Más de 530 …

Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Más de 530 organizaciones de todo el mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales.

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  • 1. El ministro García-Margallo coloca a las transnacionales por encima de los derechos humanos Amigos de la Tierra, RETS, Ecologistas en Acción, OMAL–Paz con Dignidad, ODG y Hegoa Comunicado de prensa – 25 de junio de 2014 Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Más de 530 organizaciones de todo el mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales. En la jornada “El Valor de las Multinacionales Extranjeras en España” el ministro de Asuntos Exteriores, José García-Margallo, declaró: “Las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse”. Situando los intereses de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos humanos y ambientales. Las declaraciones del ministro son un reflejo de la posición de los países de la Unión Europea intentando bloquear la resolución, que se deberá aprobar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el jueves o el viernes de esta semana en Ginebra. Donde se pretende aprobar la resolución favor de la creación de un grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional vinculante que haga frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y los inversores internacionales. En este mismo sentido, durante esta semana en Ginebra, movimientos y organizaciones sociales así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales han presentado en
  • 2. una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza- inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Cocacola en Colombia. Al mismo tiempo ha sido presentado el caso de la empresa española Hidralia en Guatemala. En el caso de la empresa española Hidralia Energía, sus inversiones han producido conflictos en la comunidad de Santa Cruz Barillas, y están vinculadas al asesinato de un líder comunitario por parte de miembros de seguridad de la empresa y la detención arbitraria de 12 miembros de la comunidad. Además la multinacional se aprovecha de la declaración del estado de sitio por parte del presidente de Guatemala en el lugar de las inversiones. Y ante todos estos abusos, el Gobierno español no solo ha hecho oídos sordos, sino que apoya a la empresa en su proyecto inversor de estas características que violan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por todo ello, el viernes 27 de junio, miembros de la resistencia a la empresa en S.C.Barillas (Guatemala) presentarán en Madrid una queja ante la defensora del pueblo del Estado Español. Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra durante la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo” exigen a la Unión Europea que se abstenga a bloquear la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica y cerca de 80 países, especialmente del Grupo ALBA y G77, que propone la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar urgentemente normas internacionales vinculantes para acabar con los abusos de los derechos humanos a manos de las empresas transnacionales y otros inversores. La audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Ginebra muestra como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el marco político de Naciones Unidas como el Global Compact y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos no sirven sino para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos por empresas transnacionales en el mundo. Por ello exigimos que la Unión Europea apoye un tratado vinculante que ponga fin a la arquitectura de la impunidad que encubre las actividades y los intereses del poder corporativo. Organizaciones firmantes de este comunicado: Amigos de la Tierra, Col•lectiu RETS, Ecologistas en Acción, Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Más información: http://www.treatymovement.com En twitter: #BindingStandards #StopTNCimpunity
  • 3. En la misma sección  El ministro García-Margallo coloca a las transnacionales por encima de los derechos humanos  Las grandes transnacionales van a juicio en Ginebra por violaciones a los derechos humanos  Desmantelando la impunidad de las empresas transnacionales  Los intereses empresariales se adueñan de la política de cooperación para el desarrollo  Manifiesto por una cooperación internacional vinculada a los movimientos sociales emancipadores  Valoración del segundo borrador del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos  Tratado Internacional de los Pueblos: “La defensa de los derechos de los pueblos ante el poder corporativo”  Un cheque en blanco del gobierno a las multinacionales españolas a costa de los contribuyentes  Declaración en apoyo a los Estados que piden una normativa vinculante en la ONU para las empresas transnacionales  Histórico llamado de Ecuador y otros países a la creación en la ONU de reglas vinculantes para las corporaciones transnacionales Palabras clave Propuesta de Ecuador para crear un grupo de estudio que elabore normas vinculantes La ONU pone a prueba la impunidad de las transnacionales Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que puede aprobar la creación de un grupo que proponga un código vinculante para las empresas transnacionales. Entrevistamos a Juan Hernández Zubizarreta, profesor de Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se desarrolla en la ciudad suiza para presionar a la ONU. Pablo Elorduy Redacción web 25/06/14 · 17:30 El 26 y 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido esta semana en Ginebra, tiene que votar la propuesta de Ecuador y Sudáfrica, que ha sido respaldada por 85 países, de crear un grupo de estudio que valore la posibilidad de introducir obligaciones y normas vinculantes a las empresas transnacionales de cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades. Actualmente, la ONU funciona bajo "la lógica de la voluntariedad", indica el profesor
  • 4. de Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta, que está presente en Ginebra en el paralelo Tribunal Permanente de los Pueblos, que busca influir en la decisión de Naciones Unidas para combatir "la arquitectura de la impunidad" en la que funcionan las empresas transnacionales. De aprobarse la propuesta de Ecuador y Sudáfrica esta semana, comenzaría una fase de consulta en la que no escasearían los obstáculos, "en el mejor de los casos puede ser un instrumento", explica Hernández. Sin embargo, el valor simbólico de ese paso puede dar un espaldarazo a los movimientos que trabajan para controlar a las transnacionales. Para Hernández Zubizarreta, la clave es terminar con la asimetría entre corporaciones y pueblos, lo que debe favorecer el fin del uso de la violencia por parte de las transnacionales para obtener su tasa de beneficio. Encabezado del documento presentado por Ecuador y Sudáfrica.Mientras más de 500 organizaciones de la sociedad civil apoyan la iniciativa de la diplomacia ecuatoriana, el ministro de Exteriores José García Margallo se ha alineado con las tesis de las principales empresas del mercado global. Margallo, según han denunciado las organizaciones presentes en el Tribunal Permanente de los Pueblos, declaró ayer que "las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse". Esto, a juicio de Hernández Zubizarreta, muestra la "connivencia, no solo sumisión, del poder político con los intereses de esas empresas". De este modo, Margallo se sitúa "por encima del derecho internacional" en su afán por proteger los intereses del gran capital. Pero, recuerda Hernández Zubizarreta, el de Margallo no es un apoyo en abstracto a estas empresas, sino que guardan relación con la actividad comercial de transnacionales españolas, acusadas por víctimas y ONG de pisar los derechos, la dignidad y el respeto a la naturaleza de los territorios en los que operan. Es el caso de la empresa gallega Hidralia, uno de los doce que se juzgan en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Como denunció en noviembre de 2013 Diagonal, la puesta en marcha la Hidroeléctrica Canbalam I ha conllevado la violación de derechos, las detenciones arbitrarias y el despojo de tierras de las comunidades indígenas, y, en 2012, el asesinato del dirigente indígena Andrés Francisco Miguel. Lo que se discute en Ginebra La propuesta de Ecuador, que cuenta, según los mentideros de Naciones Unidos, con el apoyo de la mitad de países miembros, pretende incluir un código vinculante que ya fue propuesto por el
  • 5. presidente chileno Salvador Allende en los 70. "A la hora de hablar de transnacionales la ONU está muy colonizada por las ideas de la responsabilidad social corporativa; se refieren a normas blandas, que se encuadran dentro de la ética empresarial", explica Hernández Zubizarreta. El blindaje funciona en dos direcciones: por un lado las transnacionales buscan mantener la desrregulación en cuanto a sus responsabilidades y sobre los derechos de las poblaciones en las que opera. Al mismo tiempo, denuncia Hernández Zubizarreta, buscan un "aumento de la regulación" a la hora de proteger sus intereses mediante mecanismos de protección. Uno de estos mecanismos son los tirubnales de arbitraje inversores-estados (ISDS por sus siglas en inglés), que incluyen disposiciones como restricciones sobre la expropiación o la libre transferencia de fondos. Precisamente, unos de los puntos sobre los que pivota el acuerdo de libre comercio EE UU- UE es la adopción de este mecanismo ISDS, un código que protege los derechos de las empresas aun a costa de la soberanía de los Estados. Frente a esa "arquitectura de la impunidad", estos días en Ginebra se exploran las formas de poner en marcha "una arquitectura jurídica de los derechos" para controlar a las empresas transnacionales. En este sentido, Hernández Zubizarreta valora como necesarios tres pasos: un código o tratado de control, una corte internacional con capacidad de juzgar los abusos y un "centro público de empresas transnacionales" cuyo objetivo sea recibir las denuncias de las víctimas e investigar las prácticas de las empresas para terminar con la invisibilización de muchas de estas denuncias. Pero junto a estos mecanismos, los movimientos que forman el Tribunal Permanente consideran que las personas jurídicas deben asumir responsabilidades civiles y penales, también en la cadena de subcontratación como responsables solidarios. Junto a esto, se debe imponer el establecimiento de precios justos y razonables, medidas destinadas a evitar condiciones como las que provocaron el incendio de Rana Plaza, en Dacca (Bangladesh), en el que murieron 120 personas que elaboraban ropa que luego comercializaron marcas como El Corte Inglés o Mango. https://www.diagonalperiodico.net/global/23308-la-onu-vota-esta- semana-primer-paso-para-terminar-con-la-impunidad- transnacionales.html

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