1. El extractivismo minero ha ido conformando territorialidades en América
del Sur sobre la Amazonía"
PIEB - Bolivia, 21-09-2012
El extrativismo minero ha ido conformando nuevas territorialidades en regiones
que antes no se dedicaban a esta actividad. En América del Sur, el mapa
minero se fue reconfigurando sobre la Amazonía, que se convirtió en la nueva
zona de explotación irracional de los minerales, con afectaciones cada vez más
severas sobre la vida de las comunidades indígenas, afirma el sociólogo e
investigador Marco Gandarillas.
“Con el extractivismo se va conformando territorialidades; territorios donde no
había actividad extractivista que se insertan en este circuito económico, y las
regiones donde no habían actividades tradicionales se insertan como efecto de
las presiones que se van dando”, señala Gandarillas, director del Centro de
Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
El análisis de la situación actual de las actividades extractivistas fue compartido
por el CEDIB en el Foro Internacional “Modelos de Desarrollo: Recursos
naturales y derechos humanos en Bolivia”, que se desarrolló en la ciudad de
Cochabamba, bajo su coordinación.
En el caso de Bolivia, dice Gandarillas, la expansión de la minería a las tierras
bajas ha ido reconfigurando el mapa minero en el país, donde antes se
centraba la actividad en el altiplano.
“Fenómeno similar está sucediendo en Perú donde la minería ha llegado a la
Puna y a la Amazonia, y en Colombia hay una territorialidad que está
generando una nueva conflictividad en la región que tiene características
particulares, propias de la dinámica de la violencia, narcotráfico, guerrillas”,
señala.
Alicia Tejada, en su libro “Minería en Tierras Bajas de Bolivia”, advierte que el
boom de la minería a nivel internacional ha provocado en el país una expansión
no planificada de esta actividad en regiones donde antes las comunidades
indígenas se dedicaban a la pesca, la caza o a la recolección de frutos. La

2. modalidad empleada es de explotación a cielo abierto, con una falta de
regulación ambiental desde el Estado.
Gandarillas señala que en los países de la región, la Amazonía se ha
constituido en el área más codiciado para expandir las actividades
extractivistas y generar proyectos de envergadura para concretar la
comercialización de las materias primas.
Profundización de los conflictos
El director Ejecutivo del CEDIB afirma que una preocupación fundamental del
foro, fue la profundización de los conflictos sociales debido a la expansión de
las actividades extractivistas de recursos no renovables en territorios ocupados
por campesinos e indígenas. Expositores nacionales e internacionales que se
dieron cita al encuentro, coincidieron en que existen grandes similitudes en las
problemáticas que atraviesan los países de la región.
“Una preocupación fundamental del foro es que hay similitudes por la
profundización del extractivismo de recursos naturales para le exportaciones;
en Bolivia, alrededor del 80% de las exportaciones proviene de los
hidrocarburos, minerales y agroindustria; fenómeno similar ocurre en Perú,
donde más del 80% de sus recursos proviene de los minerales; en Ecuador, el
70% de sus exportaciones es de hidrocarburos y minerales, e incluso en Brasil,
donde tienen actividades alternativas como la manufactura, el extractivismo
está en expansión”, señala.
Junto a la expansión del extractivismo, el investigador afirma que los niveles de
conflictividad también aumentaron. De acuerdo al informe brindado por el
Defensor del Pueblo de Perú, más del 50% de los conflictos -que llegó el año
2011 a 280 casos-, se debe a actividades extractivistas y de medioambioente, y
que de estos, una gran cantidad está relacionado con la minería.
“Se puede ver en Bolivia, los principales conflictos están vinculados al
extractivismo, al medioambiente, como el caso de Colquiri, recientemente el
caso de Mallku Khota, e incluso el conflicto del Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que busca la exportación de materias primas
a través de una carretera bioceánica; es un fenómeno que se comprueba que
está generando nuevo tipo de conflictividad”, afirma.
En el foro Recursos Naturales y Derechos Humanos en Bolivia, participaron
expositores de talla internacional y nacional como Luis Nieto, Lara Parera,
Andrés Barreda, Graciela Rodríguez, Magalí Thill, Celeyta Alayon, Ana García
Saggioro, Gustavo Rodríguez, Hosé de Echave, Pablo Villegas, Rafael Puente
y Georgina Jiménez.
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3. La minería selectiva con uso intensivo de mano de obra llegó a su fin"
PIEB, Bolivia - 26-09-2012
El modelo selectivo de explotación minera con uso intensivo de mano de obra
llegó a su fin en Bolivia, porque genera señales perversas hacia el futuro; es
insostenible, provoca inseguridad jurídica para las inversiones estatales y
privadas, está expuesto a la toma de minas por parte del sector
cooperativizado, depreda el medioambiente, genera condiciones
socioculturales deplorables y anula los excedentes para el Estado, afirma el
economista e investigador, Rolando Jordán.
“Llegó a su fin este modelo, no da más, genera señales perversas hacia el
futuro, no hay ninguna seguridad para invertir ni para el sector estatal ni para
el privado, está expuesto a que cualquier hijo de buen vecino a título de
cooperativista se apropie de emprendimientos, de vetas ya exploradas,
trabajadas y desarrolladas para ser explotadas”, señala al Periódico Digital
PIEB.
Según el economista, el actual conflicto entre cooperativistas y mineros
asalariados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por el control y
propiedad de la veta Rosario de la mina Colquiri, es el resultado de un
conjunto de desaciertos en la política sectorial minera cometido no solo por el
actual Gobierno, sino también por los anteriores, pero agravada en la actual
coyuntura política.
La explotación minera selectiva e irracional de la reserva junto al uso intensivo
de mano de obra, según el investigador, ha provocado “la explotación del
hombre sobre el hombre, contaminación ambiental, depredación de territorios,
y condiciones sociales y culturales deplorables porque no hay Ley General del
Trabajo ni seguridad social que se cumpla en manos de las cooperativas”.
Jordán fue coordinador del estudio “Excedente y Renta en la Minería Mediana.
Determinantes del crecimiento minero 2000-2009”, promovido por el Programa
de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) con el apoyo de la Embajada del
Reino de los Países Bajos.
Empleo y excedentes
La minería es una actividad que debe ser realizada con mucha racionalidad y
gran eficiencia, para lo cual se requiere que sea intensiva en uso de capital

4. asegura el investigador, cuando recomienda que la explotación de las minas
debe ejecutarse con niveles altos de productividad, porque solo así se podrá
encarar y resolver los problemas y daños que genera la explotación minera.
En este marco señala que la minería no puede ser un instrumento para
generar empleo, sino al contrario, ésta actividad debiera permitir contar con
excedentes y rentas para que el Estado genere empleos directos en sectores
productivos, como en manufactura, industria y otros.
El año 2011, el país batió récords de exportaciones de minerales que llegaron
a 3.448 millones de dólares, de los cuales el Estado sólo percibió el 12% por
concepto de regalías, patentes y el Impuesto Sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE), debido entre otros aspectos, a que las cooperativas están
exentas de varios tributos.
“Lo que han hecho todos los gobiernos, y principalmente el último Gobierno, es
haber generado empleos de bajo nivel de productividad, de baja calidad en
esquemas de depredación del recurso natural, depredación del hombre y de
todas las condiciones de trabajo, que se desarrollan en condiciones muy
lamentables”, asegura.
El caso Colquiri por la veta minera más importante del país -dice Jordán- es un
enfrentamiento de gran envergadura que no se soluciona con decisiones
“salomónicas”; es decir, dando a ambos sectores áreas de explotación al
interior del mismo yacimiento. "La respuesta del Gobierno a este conflicto fue
lo más nefasto que hizo porque en lugar de proteger y mantener la vigencia de
la ley, proteger la propiedad, ratificó las ocupaciones, cooperativizó las
empresas o nacionalizó las minas. Por tanto, las señales han sido pésimas, ha
alentado estas acciones en el marco jurídico vigente, esto también ha ido
ocurriendo en el sector estatal, que está sujeto a un acoso permanente por
estos grupos irregulares denominados cooperativistas, y por supuesto, ha
pasado en Colquiri, con el agravante que también ha sido alentado por el
Gobierno”, sostiene.
La pregunta ahora, en criterio de Jordán es “¿con qué garantías se va invertir;
sí cuando se invierte en el desarrollo de una reserva que está cuantificada,
preparada y desarrollada para empezar a ser explotada, va venir cualquier hijo
de buen vecino y a título de cooperativista va explotar la mina?”.
Con la actual política minera, el control sobre los recursos mineros está
centrado en manos privadas en un 98,7% entre la minería mediana y la
cooperativizada, frente a solo el 1,93% a cargo del Estado.