Declaración final desmantalar poder corporativo

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  • 1. DECLARACIÓN FINAL De la Campaña Global para Desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a su impunidad En el marco de la Campaña de Movilización para detener los crímenes y la impunidad corporativa (abajo versión en inglés) Los movimientos sociales exigen que aquello/as afectado/as por las violaciones de Derechos Humanos y por crímenes ecológicos cometidos por las transnacionales tengan acceso a la justicia! Julio 2014 - Las violaciones pasadas y presentes de los Derechos Humanos, cometidas por las empresas transnacionales (ETNs), demandan una acción radical y urgente. Tragedias tales como el desastre del Rana Plaza que mató en 2013 en Bangladesh a 1,132 trabajadores de la industria textil (mayoritariamente mujeres); o la masacre de 34 mineros en Marikana en 2012 (Sudáfrica); la destrucción ocasionada durante décadas por Shell en el Territorio Ogoni (Nigeria) y por Chevron en la Amazonía ecuatoriana; se encuentran entre innumerables ejemplos que evidencian la necesidad urgente de acceso a justicia y compensación a las víctimas. El 26 de junio de 2014, el Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución estableciendo un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en elaborar el borrador de un instrumento legalmente vinculante para obligar a las Empresas Transnacionales a respetar los Derechos Humanos. Tras un intenso debate, veinte Estados-Miembro del Consejo, representando a una población de 3,800 millones de personas, votaron a favor de esta resolución histórica. Lo/as defensore/as de los Derechos Humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, conjuntamente con diferentes movimientos sociales y redes y campañas, tuvieron un papel clave en esta victoria histórica.
  • 2. A la luz de intentos anteriores de establecer un régimen vinculante en términos de los Derechos Humanos para las transnacionales, el proceso intergubernamental necesario para la elaboración de un tratado de gran alcance, sobre empresas y Derechos Humanos, será sin lugar a dudas intenso y conllevará de forma inevitable confrontaciones con el poder corporativo. Se trata de una batalla que los movimientos sociales, lo/as defensore/as de los Derechos Humanos y las comunidades afectadas se han comprometido a ganar. La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo – una red de movimientos sociales y organizaciones, campañas y comunidades afectadas – tiene la determinación de fortalecer la movilización en aras de un amplio y continuo contra-poder, que podrá influir en el alcance, el contenido y la aplicabilidad del Tratado Intergubernamental. Los movimientos sociales, redes y organizaciones de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a su Impunidad, están construyendo de forma colectiva un Tratado Internacional de los Pueblos[1], que contenga una visión alternativa de la ley y la justicia, construida desde abajo, desde el Pueblo. El Tratado Internacional de los Pueblos sitúa a las personas en tanto que protagonistas y actores políticos que deben encontrarse al origen de las leyes y normas de un sistema político, económico y legal, destinado a desafiar al marco actual que asegura extraordinarios privilegios e impunidad a las empresas transnacionales. El Tratado Internacional de los Pueblos constituye, ante todo, un documento político y un proceso que surge de la necesidad de enfrentar a la arquitectura de la impunidad, cuya existencia implica con urgencia normas legales vinculantes que puedan poner fin a los abusos y a la impunidad de las transnacionales. A pesar de que el término “Tratado”, de acuerdo con la definición legal estricta, se refiere a un documento firmado por Estados, de acuerdo con nuestra perspectiva, más allá de los Estados, los Pueblos pueden hacer leyes: defendemos la noción de una ley internacional “desde abajo”. Desde este marco radical y subversivo, tenemos la determinación de superar la falta de imaginación y de voluntad política de aquellos que afirman que un Tratado vinculante para las transnacionales es imposible. El Tratado de los Pueblos, que representa una visión política desde abajo, complementa el instrumento vinculante intergubernamental que se negociará en el proceso dentro del CDH. La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo celebra las posibilidades que se abren a partir de la aprobación de la resolución, que permite avanzar de un modelo dominante de códigos voluntarios y no-vinculantes para las transnacionales, hacia un régimen legal y genuino que permita acceder a la justicia, a las
  • 3. víctimas de las violaciones de Derechos Humanos por parte de las transnacionales. Es desde esta perspectiva de resistencias y luchas contra el poder corporativo, que se organizó la Semana de Movilización para detener los crímenes y la impunidad corporativa (Ginebra, 23 al 27 de junio), conjuntamente con movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza del Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la semana de la Sesión 26 del CDH, justo cuando el Consejo había programado la discusión y el voto para decidir si se lanzaba el proceso para crear un instrumento vinculante aplicable a las transnacionales, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y profundo que permita defender a los Derechos Humanos ante las violaciones por parte de las transnacionales, particularmente en lo que atañe a los derechos de aquello/as afectado/as por crímenes ambientales u otras violaciones de los Derechos Humanos cometidas por empresas transnacionales. El objetivo de la Semana de Movilización no consistía únicamente en presionar al CDH en torno a una regulación vinculante para las transnacionales, sino también en exponer la “Arquitectura política y económica global de la impunidad”, que ha protegido las operaciones de las transnacionales, a expensas de los Derechos Humanos durante décadas. La vigencia de dicho régimen político, económico y legal ha sido posible mediante los siguientes mecanismos: Acuerdos de Protección de las Inversiones; el arbitraje mediante Mecanismos de Resolución de Controversias entre Estados e Inversores (ISDS) en espacios como el CIADI (Banco Mundial); la Organización Mundial del Comercio, que también dispone de un mecanismo de resolución de este tipo de controversias; los planes de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional, que han sido replicados en Europa por la Troika y las Políticas del Pacto de Competitividad; los Tratados multilaterales y bilaterales de libre comercio, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio UE – Colombia, el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA), entre otros. La Semana de Movilización combinó de forma efectiva estrategias internas y externas, en Ginebra y en diferentes capitales estatales, mediante un sostenido trabajo de cabildeo. Entre las actividades se destacó la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos; el lanzamiento por parte de la Campaña, del documento base del
  • 4. Tratado de los Pueblos, así como del Proceso Global de Consulta; algunos “Eventos Paralelos” dentro de las Naciones Unidas; frecuentes reuniones de cabildeo con las delegaciones de los Estados miembro; una Conferencia de Prensa, una Conferencia sobre Derechos Humanos, Sistemas alimentarios sostenibles y Obligaciones Extraterritoriales (ETOs); así como una movilización al exterior de las Naciones Unidas, que incluyó una visita guiada de los lugares clave de las corporaciones en Ginebra o de entidades afines, tales como la OMC. La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo co- organizó en Ginebra una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) el lunes 23 de junio. Allí, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de décadas de contaminación petrolera por parte de Chevron en la Amazonía Ecuatoriana[2], y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos han sido sistemáticamente violados por Coca-Cola Company en Colombia; por la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina[3]; y por la española Hidralia en Guatemala. Se sentó en el banquillo también a la industria minera, mediante casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en África del Sur. El caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue juzgado como emblemático, de por la extensión de los daños, mediante los testimonios de comunidades afectadas por la empresa en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas. Así, se demostró cómo opera esta empresa, en todo el planeta, en total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal la falta sistemática de acceso a la justicia por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental. La Audiencia del TPP se situó en continuidad con tres sesiones previas organizadas por la Red Bi-regional Enlazando Alternativas, que ha ido juzgando 46 casos de violación de Derechos Humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen dominante global legal, económico y político que asegura la impunidad de las transnacionales. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en África del Sur, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia, además de un Tribunal sobre los Derechos de la Naturaleza, que se organiza en paralelo a la COP 20 en Perú (diciembre de 2014).
  • 5. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula con un instrumento mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como el rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos. Pongamos fin a la arquitectura de la impunidad de las transnacionales! Desmantelemos el poder y el régimen corporativo! [1] El documento base del Tratado Internacional de los Pueblos, así como una Consulta Global asociada a éste, fueron lanzados durante la Semana de Movilización [2] El caso de Chevron en Ecuador es emblemático de la necesidad de un tratado vinculante. Después de 20 años de litigio marcado por las disputas sobre jurisdicción, las 30.000 personas afectadas por la empresa ganaron un caso contra Chevron en la Corte Suprema de Ecuador. Sin embargo, la empresa se niega a pagar la indemnización ordenada por la corte en una demostración absoluta de falta de respeto por el sistema jurídico ecuatoriano. [3] En el contexto de los bombardeos del territorio palestino, el "apartheid del agua" impuesto sobre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel y su empresa transnacional de servicios de agua Mekorot es otra evidencia de los crímenes contra la humanidad por el Estado de Israel. La Campaña Mundial expresa su solidaridad con el pueblo palestino y su lucha contra la ocupación militar, la escalada de la violencia contra civiles inocentes y las empresas transnacionales que se benefician de estos procesos.
  • 6. FINAL STATEMENT From the Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop Impunity Regarding the WEEK OF MOBILIZATION TO STOP CORPORATE CRIMES AND IMPUNITY Social movements demand access to justice for those affected by human rights violations and ecological crimes committed by corporations! July 2014 - The ongoing and past violations of human rights by Transnational Corporations (TNCs) urgently demand radical action. Tragedies like the 2013 Rana Plaza disaster in Bangladesh that killed 1,132 factory (mostly women) workers, the 2012 Marikana massacre of 34 miners in South Africa, the destruction caused by Shell in Nigeria’s Ogoniland and the decades-long devastation caused by Chevron in the Ecuadorean Amazon – along with countless others – are evidence of the immediate necessity for access to justice and remedy for victims. On June 26th , 2014, the United Nations Human Rights Council (UNHRC) adopted a resolution establishing an intergovernmental working group with the mandate of drafting a legally binding instrument to enforce human rights obligations on Transnational Corporations. After intense debate, a majority of twenty member states of the UNHRC, representing a population of 3.8 billion people, voted in favour of this historic resolution. Human rights defenders and communities affected by TNCs along with social movements and campaign networks played a key role in achieving this important historic victory. Considering previous attempts to establish a legally binding human rights regime for TNCs, the intergovernmental process to develop a
  • 7. broad-ranging treaty on business and human rights will be intense and inevitably lead to confrontations with corporate power. Despite these considerable hurdles, social movements, human rights defenders and affected communities are engaged to win this battle. The Global Campaign to Dismantle Corporate Power – a network of social movements, organizations, campaigns and affected communities – is determined to strengthen the mobilization of a broad and sustained counter-power that will ensure that the scope, content and applicability of such an intergovernmental Treaty responds to the needs of victims. The social movements, networks and organizations from the Global Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity are collectively building an International Peoples’ Treaty that affirms an alternative vision of law and justice coming from the PEOPLE.[1] The International Peoples’ Treaty places the people as the paramount subjects, political actors and source of the laws and norms of a political, economic and legal system that challenges the current framework of extraordinary privileges and impunity enjoyed by TNCs. The International Peoples’ Treaty is above all a political document and process that emerges from the need to fight against the existing architecture of impunity and the urgent demands for a binding legal norm in order to stop corporate abuses. Even though the term “Treaty,” legally refers to a document signed by states, our vision is that the people, beyond states, can make law: we defend the notion of international law “from below.” It is from within this radical and subversive framework that the will and determination emerges to overcome the lack of imagination and political will of those saying that a binding Treaty on TNCs is impossible. While The Peoples Treaty represents a political vision from below, it is complimentary to the intergovernmental binding instrument set to be negotiated by the UNHRC inter-governmental process. The Global Campaign to Dismantle Corporate Power welcomes the possibilities opened by the resolution to move away from the dominant model of voluntary and non-binding rules for TNCs towards a genuine legal regime that will provide access to justice for victims of corporate violations of human rights. Building on this context of resistances and struggles against corporate power, The Week of Mobilization to Stop Corporate Crimes and Impunity (Geneva, June 23-27) was organized by a coalition of social movements, networks and civil society organizations known as the Treaty Alliance. Events took place during the last week of the 26th session of the UNHRC, when the Council was scheduled to discuss and vote on whether or not to launch a process to create a binding human rights instrument for TNCs. The Week of Mobilization represented an important moment for social
  • 8. movements and civil society organizations to converge and work collectively for a stronger and more effective system to defend human rights from corporate violations, and the rights of those affected by environmental crimes. The goal of this Week of Mobilization was not only to pressure the UNHRC on the issue of binding regulations for TNCs but also to expose the global political and economic ‘Architecture of Impunity’ that for decades has been protecting the operations of TNCs at the expense of human rights. This political, economic and legal regime is made possible through the following mechanisms: Investment Agreements; Investor to State Dispute Settlement (ISDS) provisions and arbitration tribunals such as World Bank’s ICSID; the World Trade Organization dispute settlement mechanism; the International Monetary Fund’s imposed structural adjustment programs which are now being replicated in Europe by the Troika & Competitiveness Pact policies; multi-lateral and bi-lateral Free Trade Agreements (FTAs) such as the North America Free Trade Agreement (NAFTA), FTA EU- Colombia, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Transpacific Partnership (TPP) and the Trade in Services Agreement (TISA), among others. The Week of Mobilization combined effective strategies in Geneva outside and inside the UN, with sustained advocacy work in national capitals. The activities included a hearing of the Permanent People’s Tribunal; the launch of the Campaign’s Peoples Treaty base document and a Global Consultation process; a number of Side Events within the UN; frequent advocacy meetings with member state delegations; a Press Conference; a Conference on Human rights compliant and sustainable food systems & Extraterritorial Obligations (ETOs); and a mobilization outside of the UN followed by a tour of corporate hotspots in Geneva, including the WTO. The Global Campaign to Dismantle Corporate Power co-organized the Geneva Hearing of the Permanent Peoples’ Tribunal on Monday June 23rd where representatives from affected communities testified on the disastrous impacts of corporate activities, such as the decades-long oil pollution by Chevron in the Ecuadorean Amazon[2] and by Royal Dutch Shell in Nigeria. Other cases exposed how human rights have been systematically violated also by the Coca-Cola Company in Colombia; by Israel’s water services company Mekorot in Palestine;[3] and by the Spanish Hydro dam company Hidralia in Guatemala. The mining industry was also on trial through the cases involving the Canadian company Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, in El Salvador, and the United Kingdom based Lonmin Corporation in South Africa. The case of Anglo-Swiss Glencore was emblematic of the global reach of a single mining company, and testimony from communities affected by Glencore in Peru, Colombia,
  • 9. Zambia, the Democratic Republic of Congo and the Philippines provided a clear example of how TNCs can violate human rights worldwide with complete impunity. Cutting across all of the cases presented during the hearing was a systematic lack of access to justice for the victims of intimidation, persecution, murder and environmental destruction. This PPT hearing was a continuation of the three previous sessions organized by the bi-regional network Enlazando Alternativas to judge 46 cases of human rights violations committed by European TNCs in Latin America. Like its predecessors, the Geneva hearing put a spotlight on the actions of TNCs, the complicity of governments in ongoing violations and how the dominant global legal, economic and political regime allows TNCs to act with impunity. The hearing in Geneva is also linked to other processes, such as the PPTs in Mexico and Canada, the preparation for a Session on TNCs violations in Southern Africa, another regarding the retail industry in Asia, as well as the one about the Rights of Nature organized to run parallel to COP20 in Peru in December 2014. These political processes, led by social movements, affirm that the battle for an alternative juridical framework is a much broader and fundamental struggle to abolish the hegemonic corporate regime of domination, and to establish peoples’ sovereignty over the commons and reclaim public interest from corporate capture. Stop the architecture of corporate impunity! Dismantle the regime of corporate power! [1] The International Peoples’ Treaty base document and a Global Consultation process was launched during the Week of Mobilization. [2] The case of Chevron in Ecuador is emblematic of the need for a binding treaty. After 20 years of litigation marked by disputes over jurisdiction, the 30,000 people affected by the company won a case against Chevron in Ecuador’s Supreme Court. However, the company refuses to pay the court ordered compensation in absolute disrespect of the Ecuadorean juridical system. [3] In the context of the bombing of Palestine territory, the “water apartheid” imposed upon the Palestinian people by the State of Israel
  • 10. and its water services transnational corporation Mekorot is yet another evidence of Israeli state’s crimes against humanity. The Global Campaign expresses its solidarity with the people of Palestine and their struggle against the military occupation, the escalation of violence against innocent civilians and the transnational corporations that profit from these.