Colombia de quien pretenden blindarse con el fuero

  • 146 views
Uploaded on

 

More in: News & Politics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
146
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Colombia: ¿De quién pretenden blindarse con el fuero?Enviado por ewituri el Sáb, 12/22/2012(Por Carlos Rodríguez Mejía2)*Caja de Herramientas, 21 de diciembre.- ¡De las víctimas!1Finalmente se aprobó la reforma constitucional sobre el fuero penalpara los integrantes de la Fuerza Pública –militares y policías- enColombia.Desafortunadamente para las víctimas de delitos cometidos por losbeneficiarios del fuero y para la vigencia del Estado de Derecho ennuestro país, la reforma adoptada por el Congreso significa el mayorretroceso en materia de justicia e igualdad de lo que va corrido deeste siglo y, de consolidarse, se transformará en una herramienta deimpunidad.Queda abierto, en el orden interno, el camino de la CorteConstitucional que debe examinar, a instancias de quienes demandensu intervención, si el Congreso tenía competencia para expedir unActo Legislativo que sustituye la Constitución.Igualmente, los sistemas internacionales de protección podránpronunciarse acerca de si Colombia incurrió en una violación de susobligaciones internacionales, en especial de la que le prohíbe dictar“disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigensus obligaciones dentro de la Convención”3.«»La justicia en el Estado de Derecho.- En el derecho internacional lacuestión del estado de Derecho ha sido abordada tanto en el ámbitode las Naciones Unidas como en el sistema interamericano.
  • 2. La Carta Democrática Interamericana, adoptada por unanimidad delos Estados en la Asamblea Extraordinaria de la OEA celebrada enLima (Perú) el 11 de septiembre de 2001, estableció que “El ejercicioefectivo de la democracia es la base del estado de derecho y losregímenes constitucionales de los Estados Miembros de laOrganización de Estados Americanos” y como uno de los elementosesenciales de la democracia representativa “la separación eindependencia de los poderes públicos”4.Por su parte, el Secretario General de la ONU5, en un informeelaborado para el Consejo de Seguridad, expresó: Para las NacionesUnidas, el concepto de «Estado de derecho» ocupa un lugar centralen el cometido de la Organización.Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas laspersonas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido elpropio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulganpúblicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican conindependencia, además de ser compatibles con las normas y losprincipios internacionales de derechos humanos.Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respetode los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendiciónde cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separaciónde poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, noarbitrariedad, y transparencia procesal y legal. (Pár. 6) (Subrayasfuera del original).Agregó el informe: “La justicia implica tener en cuenta los derechosdel acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de lasociedad en su conjunto” (Pár. 7).Reconoce que el fundamento normativo del Estado de Derecho seencuentra en la propia Carta de las Naciones Unidas, en la normativainternacional de los derechos humanos, en el derecho internacionalhumanitario (DIH), en el derecho penal internacional y en el derechointernacional de los refugiados (Pár. 9), es decir, con un sólidofundamento en el ordenamiento internacional, obligatorio para todoslos Estados.Luego enumera las características principales de un sistema dejusticia interna, a la luz del acervo normativo mencionado: Cualquierestrategia eficaz para establecer un sistema de justicia interno tieneque prestar la debida atención a las leyes, los procesos (tantooficiales como oficiosos) y las instituciones (oficiales o de otrocarácter).
  • 3. Es fundamental que la legislación esté en consonancia con las normasinternacionales de derechos humanos y obedezca a las necesidades yrealidades presentes del país. El núcleo institucional de los sistemasbasados en el Estado de derecho consiste en un poder judicial sólidoe independiente que tenga las atribuciones necesarias y estédebidamente financiado, equipado y capacitado para promover losderechos humanos en la administración de la justicia.Entre otras instituciones igualmente importantes del sector de lajusticia cabe mencionar servicios policiales que se atengan a la ley,un trato humano en los servicios penitenciarios, imparcialidad en losprocesos y asociaciones de abogados criminalistas capaces(instituciones vitales y a menudo olvidadas) (…). (Pár. 35).Cabe preguntarse si la reforma aprobada ¿cumple a cabalidad conestas características? La respuesta es negativa.Una reforma constitucional que concibe los órganos de justiciabasados en el criterio de la paridad entre miembros de la fuerzapública y civiles, no responde a los criterios de independencia eimparcialidad propios del Estado de Derechos, consagrados en laConstitución y en el derecho internacional vigente para Colombia ycon rango constitucional por hacer parte del bloque deconstitucionalidad (Art. 93 superior).El comité de Derechos Humanos conceptuó de manera tajante: Elrequisito de la competencia, independencia e imparcialidad de untribunal (…) es un derecho absoluto que no puede ser objeto deexcepción alguna (…)6(Subrayas por fuera del original).Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)7, después de transcribir el Art. 8.18 de la Convención,establece:27. (…) el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamentedicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en lasinstancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas ypropias garantías judiciales según la Convención.28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", queabarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar laadecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones estánbajo consideración judicial.Y para remarcar el carácter inderogable de las garantías judiciales,que incluyen el juez o tribunal competente, independiente eimparcial, advierte:
  • 4. 29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 dela Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, atodas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana,aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de lamisma.30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de laConvención, se concluye que los principios del debido proceso legalno pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepciónen cuanto constituyen condiciones necesarias para que losinstrumentos procesales, regulados por la Convención, puedanconsiderarse como garantías judiciales.El propio texto de la Constitución colombiana contempla estascaracterísticas de los jueces y tribunales, como un aspecto sustancialdel debido proceso:ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase deactuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sinoconforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez otribunal competente y con observancia de la plenitud de las formaspropias de cada juicio (…).ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Susdecisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas ypermanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellasprevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales seobservarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Sufuncionamiento será desconcentrado y autónomo.ARTÍCULO 250. (…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía Generalde la Nación, deberá:(…)4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con elfin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de laspruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.(Subrayas por fuera del original).Y, ¿por qué la reforma no establece un tribunal competente,independiente e imparcial?El texto del Art. 1 de la reforma, que modifica el Art. 116 de laConstitución, establece: Créase un Tribunal de Garantías Penales quetendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquierjurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:
  • 5. 1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías encualquier investigación o proceso penal que se adelante contramiembros de la Fuerza Pública.2. De manera preferente, controlar la acusación penal contramiembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que secumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juiciooral.3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia queocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.4. Las demás funciones que le asigne la ley.El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados,cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro(…).Como se observa, la composición del Tribunal especial para lajurisdicción penal militar se concibe dentro del criterio mínimo deparidad entre miembros retirados de la fuerza pública y otros, quetambién podría ser retirados –y en ese caso habría mayoría ocomposición única- de la policía o de las fuerzas militares.No se establece un tribunal cuya composición responda a laespecialidad, bien sea en el derecho militar o el derecho internacionalhumanitario, o en ambas ramas, sino que lo importante es que susintegrantes hayan pertenecido a la fuerza pública. Se afecta,gravemente la característica de imparcialidad del tribunal.La norma, además, no ofrece ninguna explicación de porqué serequiere un tribunal de garantía diferente al previsto en la propiaConstitución, que estableció el Juez de control de garantías9diferenciado del juez de conocimiento, con el fin de asegurar laimparcialidad de este en el juzgamiento y de tener un mecanismojudicial para prevenir violaciones a los derechos fundamentales de laspartes y los intervinientes en el proceso penal.En general les corresponde, a los jueces de garantía “dar curso ydecidir en audiencia preliminar los asuntos que no deban ordenarse,resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación,preparatoria o del juicio oral10”.La función de garantía corresponde a los Jueces penales municipalesy, cuando se trata de asuntos de los que conoce la Sala Penal de laCorte Suprema de Justicia, la función la ejerce un Magistrado de laSala Penal del tribunal Superior de Bogotá.
  • 6. Establecer este Tribunal de Garantías penales para los miembros dela fuerza pública constituye un privilegio discriminatorio, que afectatambién el derecho a la igualdad, previsto en el Art. 13 superior y enel 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.La Corte Interamericana de Derechos Humanos11 ha señalado:[l]a noción de igualdad se desprende directamente de la unidad denaturaleza del género humano y es inseparable de la dignidadesencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situaciónque, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca atratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lotrate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce dederechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos ental situación de inferioridad.No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanosque no se correspondan con su única e idéntica naturaleza (Subrayasfuera del original).Y este alto Tribunal Interamericano12, como consecuencia de loexpuesto, ha concluido:Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir ensu ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar dedicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y decombatir las prácticas discriminatorias (Subrayas fuera del original).De manera que los privilegios que implican trato desfavorable deotros, también constituyen una discriminación prohibida por lasnormas internacionales que tienen rango constitucional en Colombia.En conclusión, la reforma vulnera gravemente la obligación delEstado de no adoptar medidas contrarias a los derechos reconocidosen la Constitución y excede las competencias reformatorias delCongreso, pues sustituye y cambia elementos definitorios del derechoal debido proceso, en cuanto somete los casos de la jurisdicción penalmilitar aun Tribunal que no es competente, independiente eimparcial.Y lo sustituye por un tribunal parcializado y dependiente de la RamaEjecutiva, sin autonomía. Constitución. Así mismo, porque en materiade igualdad ocurre otro tanto, pues sustituye el Art. 13 del textoconstitucional y el 24 de la Convención Americana, en tanto introduceun trato diferente de favor, lo que constituye una discriminaciónvedada por el derecho internacional, que hace parte de los elementosdefinitorios de la Constitución.
  • 7. Dejamos para otro ensayo las consecuencias de establecer lapresunción de que toda conducta que pueda constituir un hechopunible cometido en desarrollo de un operación militar escompetencia natural de la jurisdicción penal militar y está sometidaúnicamente al derecho internacional humanitario.En estos preceptos también se vulneran normas internacionalesobligatorias para Colombia y se sustituye la Constitución colombianapor parte del Congreso, el cual solo está autorizado a reformarla.Edición N° 00334 – Semana del 21 al 27 de Diciembre de 2012.1 Texto de la caricatura Cándida, de Jarare, publicada en ElEspectador de Bogotá del 20 de diciembre de 2012, edición impresa,pág. 32.2 Las opiniones expuestas en este artículo solo comprometen al autory de ninguna manera expresan el punto de vista institucional de laUniversidad.3 Corte IDH, Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párr. 26 y Corte IDH,Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de LeyesViolatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobreDerechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembrede 1994, Serie A No. 14, párr. 37.4 Carta Democrática Interamericana, Arts. 2 y 3.5 Informe del Secretario General, “El Estado de derecho y la justiciade transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”,Consejo de Seguridad, Distribución general, S/2004/616, 3 de agostode 2004, Español.6 ONU, Comité de Derechos Humanos, 90º período de sesiones,2007, Observación general Nº 32, “El derecho a un juicio imparcial ya la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia” párr. 197 Corte IDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts.27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos),Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9.8 Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a seroída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, porun juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidocon anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
  • 8. penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechosy obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otrocarácter.9 Art. 250 de la Constitución.10 Exposición de motivos de la Ley 906 de 2004, en Mario ArboledaVallejo, Código Penal y de Procedimiento Penal, comentario al Art. 39del C. de P. P., Editorial Leyer, 28 edición, Bogotá, 2011.11 Corte IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño, párr.45; y Propuesta de modificación a la Constitución Política de CostaRica relacionada con la naturalización, párr. 5512 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos “Condición jurídicay derechos de los migrantes indocumentados”.*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomásde Bogotá, Defensor de Derechos Humanos.http://viva.org.co/cajavirtual/svc0334/articulo05.html•