Aumenta desvalorización y violencia contra los pueblos indígenas en brasil

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  • 1. Aumenta desvalorización y violencia contra los pueblos indígenas en Brasil Marcela Belchior Periodista de Adital 17.07.2014 Un contexto profundamente desfavorable a los derechos de los pueblos indígenas, con el Poder Público caminando en sentido contrario a las necesidades de esa gran parte de la población y parte de la sociedad civil organizada diseminando iniciativas en contra de los indios, a través de varios moldes de violencia, amenaza y falta de respeto a sus culturas. Es éste el escenario que, en la actualidad, presenta Brasil, según el informe "Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil - Datos de 2013”, lanzado este jueves 17 de julio, por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), en Brasilia, capital del país. La sistematización de los datos fue realizada a partir de relatos y denuncias de los pueblos, de los líderes y organizaciones indígenas; de informaciones de misioneras y misioneros del CIMI, y de noticias difundidas por los medios convencionales de comunicación, sitios de Internet y por las agencias de noticias de las más diversas ciudades y regiones del país. También fue posible obtener informaciones ante los órganos públicos que prestan asistencia a los pueblos indígenas y ante el Ministerio Público, además de informaciones que constan en informes y boletines policiales. De acuerdo con el documento, el panorama político brasilero indica que las embestidas y ataques en contra de los derechos de esas poblaciones tienen un reflejo directo en las aldeas de todo el país. Acciones como la paralización de las demarcaciones de tierras, intento de retiro de los derechos garantizados a través de Proyectos de Enmienda a la Constitución Federal, decretos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, propuesta de modificar el procedimiento administrativo de demarcación de tierras y manifestaciones ruralistas realizadas en varios estados, entre otros actos anti-indígenas, han traído como consecuencia el endurecimiento de los conflictos que involucran la disputa por las tierras.
  • 2. Según el CIMI, a través del informe, todo este contexto está íntimamente relacionado con la postura de una "sumisión” del gobierno federal a intereses de grandes empresas del sector energético, de minería y del agronegocio que, de manera predatoria, explotan los recursos existentes en las tierras indígenas, especialmente en la Amazonia, Centro-Oeste, Nordeste y Sur de Brasil. Paralelamente al diálogo con el gobierno, la bancada ruralista en el Congreso Nacional habría intensificado su articulación de asuntos legislativos que permitan ese avance. Reconocimiento y valorización En entrevista con Adital, la antropóloga Lucia Helena Rangel, coordinadora de la investigación, resalta que los ruralistas son una parte significativa de la sociedad civil organizada, que actúa en contra de los indígenas en Brasil, estando la situación de los pueblos cada vez más complicada. "La sociedad brasilera, el ciudadano, que cree en los derechos humanos, más que nunca tiene que defender los derechos indígenas. Con esto, defiende la ciudadanía”, hace un llamamiento. Con el período electoral de 2014, que ya comenzó su campaña en todo Brasil para la elección de Presidente de la República, gobernadores, diputados federales y senadores, Lucia Helena resalta que cabe al movimiento indígena llevar su pauta de reivindicación a los candidatos. "Es siempre un momento oportuno para poner las cuestiones en debate”, comenta. Ella critica que los poderes hegemónicos no reconocen el valor del pueblo indígena en la sociedad brasilera. "Nuestra configuración cultural es híbrida. La parte indígena es muy fuerte, pero intentan esconder esto. Tienen que respetarlos y valorizarlos y no colocarlos en la posición de dejar de lado su condición indígena para tener un lugar bajo el sol”, afirma la antropóloga. En términos específicos de violencia contra el patrimonio indígena, el CIMI señala un contexto de omisión y morosidad en la regularización de las tierras. Según el Consejo, la actual gestión del gobierno federal ha cedido a las presiones del agronegocio, especialmente de la
  • 3. bancada ruralista en el Congreso Nacional, y poco ha hecho en lo que se refiere a la regularización de las tierras indígenas. En todo el año 2013, sólo una tierra fue homologada, la Tierra Indígena Kayabi, en el Estado de Pará. Sin embargo, ésta no pudo tener su registro efectivizado a causa de una medida cautelar prohibitiva del Supremo Tribunal Federal (STF). La omisión en esta cuestión se refleja en innumerables campamentos indígenas esparcidos por varias regiones del país, siendo el Estado de Río Grande do Sul el que concentra el mayor número de casos de omisión y morosidad en la regularización de tierras, con el registro de 20 casos. Repercusión en comunidades En esas circunstancias, el CIMI destaca el contexto de la ciudad de Humaitá, en el Estado del Amazonas, donde vive el pueblo indígena Tenharim. Recientemente, incitada por madereros, la población del municipio se levantó en contra de los indios, quemando un barco, varios vehículos y los edificios de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), además de amenazar y discriminar a los indígenas, que también se les violaron sus derechos por parte de las propias fuerzas policiales en sus aldeas. En un caso emblemático de violencia, ocurrido el año pasado, los Tenharim fueron condenados por sectores de los medios de comunicación sin que hubieran sido escuchados. Y, a pesar de la falta de pruebas, cinco indígenas están hoy presos en Porto Velho (capital del Estado de Rondonia), como resultado de los conflictos. El indígena Ivanildo Tenharim, líder de la comunidad, cuenta que desde que fue iniciada la construcción de la Carretera Transamazónica, proyectada durante el gobierno del presidente Emilio Garrastazu Médidi (1969-1974), la comunidad sufrió fuertes pérdidas. "Esto hizo aumentar la inmigración, la población y la explotación de los recursos de la región, principalmente de madera, de manera ilegal, y la pecuaria”, relata a Adital. De 10 mil miembros, hoy, cuenta con sólo cerca de 900, llegando a contabilizar sólo 250 integrantes, en cierto período.
  • 4. Por las mismas causas, la población de la comunidad étnica vecina, del pueblo Jiahui, según Ivanildo, disminuyó de 3 mil miembros a menos de 30, durante ese período. "Hubo masacre, esclavitud, explotación”, afirma el líder indígena. Aún así, la población indígena de la región permanece organizada, contando con diversas asociaciones de barrios en la defensa de los derechos indígenas ante las instituciones públicas. REGISTROS DE CASOS CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS - Violencia contra el patrimonio: 97 casos - Conflictos relativos a derechos territoriales: 10 casos - Invasiones de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio: 36 casos - Asesinato: 46 casos (53 víctimas) - Intento de asesinato: 29 casos (328 víctimas indígenas, estudiantes y 4 comunidades) - Homicidio culposo: 10 casos (13 víctimas) - Amenaza de muerte: 10 casos (14 víctimas indígenas y varias comunidades) - Amenazas variadas: 10 casos (35 víctimas indígenas y varias comunidades) - Lesiones corporales dolosas: 7 registros (8 víctimas y 1 comunidad) - Abuso de poder: 2 casos (6 víctimas y 1 comunidad) - Racismo y discriminación étnica cultural: 23 casos (3.618 víctimas indígenas, varias comunidades y pueblos de Brasil) - Violencia sexual: 11 casos (10 víctimas y 1 comunidad) - Suicidio: 54 casos (56 víctimas) - Desasistencia en el área de salud: 44 casos (437 víctimas) - Muerte por desasistencia de salud: 6 casos (7 víctimas) - Mortalidad infantil: 5 casos (6 víctimas)
  • 5. - Diseminación de bebidas alcohólicas y otras drogas: 4 casos (3.215 víctimas) - Desasistencia en el área de educación escolar indígena: 22 casos (467 víctimas) - Desasistencia general: 39 casos (3.826 víctimas) Fuente: CIMI. Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com Marcela Belchior Periodista de Adital