1. Aumenta desvalorización y violencia contra los pueblos
indígenas en Brasil
Marcela Belchior
Periodista de Adital 17.07.2014
Un contexto profundamente
desfavorable a los derechos
de los pueblos indígenas,
con el Poder Público
caminando en sentido
contrario a las necesidades
de esa gran parte de la
población y parte de la
sociedad civil organizada
diseminando iniciativas en contra de los indios, a través de varios
moldes de violencia, amenaza y falta de respeto a sus culturas. Es
éste el escenario que, en la actualidad, presenta Brasil, según el
informe "Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil - Datos de
2013”, lanzado este jueves 17 de julio, por el Consejo Indigenista
Misionero (CIMI), organismo vinculado a la Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil (CNBB), en Brasilia, capital del país.
La sistematización de los datos fue realizada a partir de relatos y
denuncias de los pueblos, de los líderes y organizaciones indígenas;
de informaciones de misioneras y misioneros del CIMI, y de noticias
difundidas por los medios convencionales de comunicación, sitios de
Internet y por las agencias de noticias de las más diversas ciudades y
regiones del país. También fue posible obtener informaciones ante los
órganos públicos que prestan asistencia a los pueblos indígenas y
ante el Ministerio Público, además de informaciones que constan en
informes y boletines policiales.
De acuerdo con el documento, el panorama político brasilero indica
que las embestidas y ataques en contra de los derechos de esas
poblaciones tienen un reflejo directo en las aldeas de todo el país.
Acciones como la paralización de las demarcaciones de tierras,
intento de retiro de los derechos garantizados a través de Proyectos
de Enmienda a la Constitución Federal, decretos tanto del Poder
Ejecutivo como del Legislativo, propuesta de modificar el
procedimiento administrativo de demarcación de tierras y
manifestaciones ruralistas realizadas en varios estados, entre otros
actos anti-indígenas, han traído como consecuencia el endurecimiento
de los conflictos que involucran la disputa por las tierras.

2. Según el CIMI, a través del informe, todo este contexto está
íntimamente relacionado con la postura de una "sumisión” del
gobierno federal a intereses de grandes empresas del sector
energético, de minería y del agronegocio que, de manera predatoria,
explotan los recursos existentes en las tierras indígenas,
especialmente en la Amazonia, Centro-Oeste, Nordeste y Sur de
Brasil. Paralelamente al diálogo con el gobierno, la bancada ruralista
en el Congreso Nacional habría intensificado su articulación de
asuntos legislativos que permitan ese avance.
Reconocimiento y valorización
En entrevista con Adital, la antropóloga Lucia Helena Rangel,
coordinadora de la investigación, resalta que los ruralistas son una
parte significativa de la sociedad civil organizada, que actúa en contra
de los indígenas en Brasil, estando la situación de los pueblos cada
vez más complicada. "La sociedad brasilera, el ciudadano, que cree
en los derechos humanos, más que nunca tiene que defender los
derechos indígenas. Con esto, defiende la ciudadanía”, hace un
llamamiento.
Con el período
electoral de 2014,
que ya comenzó su
campaña en todo
Brasil para la elección
de Presidente de la
República,
gobernadores,
diputados federales y
senadores, Lucia
Helena resalta que cabe al movimiento indígena llevar su pauta de
reivindicación a los candidatos. "Es siempre un momento oportuno
para poner las cuestiones en debate”, comenta. Ella critica que los
poderes hegemónicos no reconocen el valor del pueblo indígena en la
sociedad brasilera. "Nuestra configuración cultural es híbrida. La
parte indígena es muy fuerte, pero intentan esconder esto. Tienen
que respetarlos y valorizarlos y no colocarlos en la posición de dejar
de lado su condición indígena para tener un lugar bajo el sol”, afirma
la antropóloga.
En términos específicos de violencia contra el patrimonio indígena, el
CIMI señala un contexto de omisión y morosidad en la regularización
de las tierras. Según el Consejo, la actual gestión del gobierno federal
ha cedido a las presiones del agronegocio, especialmente de la

3. bancada ruralista en el Congreso Nacional, y poco ha hecho en lo que
se refiere a la regularización de las tierras indígenas.
En todo el año 2013, sólo una tierra fue homologada, la Tierra
Indígena Kayabi, en el Estado de Pará. Sin embargo, ésta no pudo
tener su registro efectivizado a causa de una medida cautelar
prohibitiva del Supremo Tribunal Federal (STF). La omisión en esta
cuestión se refleja en innumerables campamentos indígenas
esparcidos por varias regiones del país, siendo el Estado de Río
Grande do Sul el que concentra el mayor número de casos de omisión
y morosidad en la regularización de tierras, con el registro de 20
casos.
Repercusión en comunidades
En esas circunstancias, el
CIMI destaca el contexto
de la ciudad de Humaitá,
en el Estado del
Amazonas, donde vive el
pueblo indígena
Tenharim.
Recientemente, incitada
por madereros, la
población del municipio se levantó en contra de los indios, quemando
un barco, varios vehículos y los edificios de la Fundación Nacional del
Indio (Funai) y de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai),
además de amenazar y discriminar a los indígenas, que también se
les violaron sus derechos por parte de las propias fuerzas policiales
en sus aldeas.
En un caso emblemático de violencia, ocurrido el año pasado, los
Tenharim fueron condenados por sectores de los medios de
comunicación sin que hubieran sido escuchados. Y, a pesar de la falta
de pruebas, cinco indígenas están hoy presos en Porto Velho (capital
del Estado de Rondonia), como resultado de los conflictos.
El indígena Ivanildo Tenharim, líder de la comunidad, cuenta que
desde que fue iniciada la construcción de la Carretera
Transamazónica, proyectada durante el gobierno del presidente
Emilio Garrastazu Médidi (1969-1974), la comunidad sufrió fuertes
pérdidas. "Esto hizo aumentar la inmigración, la población y la
explotación de los recursos de la región, principalmente de madera,
de manera ilegal, y la pecuaria”, relata a Adital. De 10 mil
miembros, hoy, cuenta con sólo cerca de 900, llegando a contabilizar
sólo 250 integrantes, en cierto período.

4. Por las mismas causas, la población de la comunidad étnica vecina,
del pueblo Jiahui, según Ivanildo, disminuyó de 3 mil miembros a
menos de 30, durante ese período. "Hubo masacre, esclavitud,
explotación”, afirma el líder indígena. Aún así, la población indígena
de la región permanece organizada, contando con diversas
asociaciones de barrios en la defensa de los derechos indígenas ante
las instituciones públicas.
REGISTROS DE CASOS CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS
- Violencia contra el patrimonio: 97 casos
- Conflictos relativos a derechos territoriales: 10 casos
- Invasiones de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y
daños diversos al patrimonio: 36 casos
- Asesinato: 46 casos (53 víctimas)
- Intento de asesinato: 29 casos (328 víctimas indígenas, estudiantes
y 4 comunidades)
- Homicidio culposo: 10 casos (13 víctimas)
- Amenaza de muerte: 10 casos (14 víctimas indígenas y varias
comunidades)
- Amenazas variadas: 10 casos (35 víctimas indígenas y varias
comunidades)
- Lesiones corporales dolosas: 7 registros (8 víctimas y 1 comunidad)
- Abuso de poder: 2 casos (6 víctimas y 1 comunidad)
- Racismo y discriminación étnica cultural: 23 casos (3.618 víctimas
indígenas, varias comunidades y pueblos de Brasil)
- Violencia sexual: 11 casos (10 víctimas y 1 comunidad)
- Suicidio: 54 casos (56 víctimas)
- Desasistencia en el área de salud: 44 casos (437 víctimas)
- Muerte por desasistencia de salud: 6 casos (7 víctimas)
- Mortalidad infantil: 5 casos (6 víctimas)

5. - Diseminación de bebidas alcohólicas y otras drogas: 4 casos (3.215
víctimas)
- Desasistencia en el área de educación escolar indígena: 22 casos
(467 víctimas)
- Desasistencia general: 39 casos (3.826 víctimas)
Fuente: CIMI.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Marcela Belchior
Periodista de Adital