Entre 2002 y 2013, se registraron 908 crímenes de ambientalistas en 35 países. La mayoría de los crímenes se registraron en América Central y del Sur. El número es equiparable a la cantidad de periodistas muertos en el mismo período.

1. Asesinados por defender la tierra
Publicado el Lunes, 02 Junio 2014 15:23
Escrito por Lucía Guadagno. Fuente OCMAL
Entre 2002 y 2013, se registraron 908 crímenes de ambientalistas en
35 países. La mayoría de los crímenes se registraron en América
Central y del Sur. El número es equiparable a la cantidad de
periodistas muertos en el mismo período.
"Yo vivo con un arma en la cabeza apuntándome a toda hora.
Denuncio a los madereros, a los carboneros, y ellos piensan que no
debo vivir", dijo José Claudio Ribeiro Da Silva, un productor de
nueces del nordeste brasileño durante una conferencia internacional
en Manaos, el 6 de noviembre de 2010. Seis meses después fue
asesinado a balazos junto a su esposa, María do Espírito Santo.
El matrimonio vivía junto a otras 500 familias en la reserva natural
Praialta Piranheira, en el estado brasileño de Pará, donde se permite
la explotación sustentable de nueces, frutos y caucho, pero no la
extracción de árboles.
Ambos eran dirigentes del Consejo Nacional de Poblaciones
Extractivistas de Pará, uno de los legados de Francisco "Chico"
Mendes, recolector de caucho y líder de la lucha por la defensa del
Amazonas, asesinado en 1988.
Ribeiro Da Silva predijo su muerte; sabía que lo iban a matar porque
tanto en Brasil como en muchos otros países del mundo están dadas
las condiciones para que quienes defienden su tierra y el medio
ambiente sean asesinados.
Así lo revela un informe de Global Witness, una organización
internacional con sede en Londres, que denuncia que entre 2002 y
2013 murieron al menos 908 personas en 35 países por conflictos
ambientales y que sólo en el uno por ciento de los casos se condenó
a los culpables.

2. La mayoría de los crímenes se registraron en América Central y del
Sur. Siguen en la lista los países asiáticos y africanos. "Entre 2008 y
2012, el índice fue de dos asesinatos por semana", alertó la
organización en su último informe, titulado Ambiente Mortal (Deadly
Environment) y publicado semanas atrás en su sitio web.
La cantidad de crímenes es equiparable al número de periodistas
asesinados en el mismo período por ejercer su trabajo –que fueron
913–, según el relevamiento que realiza el Comité para la Protección
de Periodistas (www.cpj.org).
Uno de los principales motivos de los asesinatos es la defensa del
territorio ante desalojos y desmontes ilegales, ya que las
comunidades campesinas e indígenas en su mayoría no poseen títulos
de propiedad sino la posesión ancestral de la tierra. Otros son la
minería a gran escala, el comercio ilegal de madera y proyectos
hidroeléctricos que desplazan a poblaciones enteras.
Según el informe, quienes están expuestos a estos conflictos suelen
tener un escaso conocimiento de sus derechos o muy baja capacidad
para ejercitarlos, lo que los hace uno de los grupos más vulnerables
dentro de quienes defienden los derechos humanos.
Cultura de la impunidad
Asimismo, Global Witness denuncia con insistencia lo que define
como una cultura endémica de impunidad. "A menudo, los defensores
se enfrentan a las amenazas precisamente de las personas que
deberían protegerlos: en varios casos se han visto implicados
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que suelen
colaborar con empresas y propietarios particulares de las tierras",
señala el informe.
Entre 2002 y 2013, la organización sólo tiene constancia de que se
haya juzgado, condenado y castigado a 10 personas, lo cual
representa un uno por ciento de la cifra total de asesinatos conocidos.
"Esta falta de reparación para las víctimas y sus familias tiene un
efecto silenciador añadido sobre el activismo ambiental, que disuade
a otras personas de proteger los derechos sobre la tierra y el medio
ambiente", afirman.
Aclaran, además, que es probable que la cantidad de víctimas sea
mayor ya que hay países en los que es muy difícil acceder a los
datos. Y destacan que la muerte supone el extremo más grave y
perceptible de toda una serie de amenazas, como la intimidación,
represión, estigmatización y criminalización de los activistas.
Los peores

3. Las cifras de Brasil son alarmantes. En los nueve años relevados se
registraron 448 asesinatos. En este caso, Global Witness advierte que
puede atribuirse, entre otros factores, a una mayor preocupación y
monitoreo de estas causas en comparación a otros países del mundo,
y señala que buena parte de los datos fue provista por la Comisión
Pastoral de la Tierra.
El segundo país con más crímenes es Honduras, donde se relevaron
109 casos, y luego Filipinas, con 67.
En este último se advierte una fuerte connivencia de las fuerzas de
seguridad y el Poder Judicial con los intereses de quienes perpetran
los asesinatos. El 19 de octubre de 2012, la indígena Juvy Capion y
sus dos hijos de 8 y 13 años fueron acribillados a balazos por un
grupo de hombres que, según declararon testigos en el juicio,
pertenecían al 27º Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas.
Pero la Justicia desestimó esas denuncias. La mujer se oponía a un
proyecto de la Xtrata-Saggitarius Mining Inc. (SMI), que encabeza el
megaproyecto de extracción de cobre Tampakan, en Mindanao, en la
zona sur de Filipinas.
La resistencia a la minería es una de las principales causas de los
asesinatos en Filipinas. También la tala ilegal, la expansión de
cultivos para producir biocombustibles y la construcción de grandes
centrales hidroeléctricas.
En Brasil, gran parte de los conflictos se relacionan con la
concentración de la propiedad de la tierra y la deforestación de la
selva amazónica. El 68 por ciento de los asesinados en 2012 se
oponían a las talas en el Amazonas y la mayoría de los casos
ocurrieron en zonas recientemente deforestadas que luego se utilizan
para la ganadería o el cultivo de soja.
A pesar de los esfuerzos hechos en el país para frenar la destrucción
de la selva, en 2013 la deforestación creció un 28 por ciento, según
datos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama),
perteneciente al gobierno de Brasil. El 61 por ciento ocurrió en los
dos estados más afectados por la violencia contra campesinos e
indígenas: Pará (41 por ciento) y Mato Grosso (20 por ciento).
Otro factor es que las compañías y empresarios que se dedican al
comercio de la madera y la agricultura tienen una enorme influencia
sobre la clase política en las zonas donde se registran más crímenes.
"En Matto Grosso, por ejemplo, la clase dirigente ha sido dominada
por los intereses de los negocios agropecuarios, sobre todo los
relacionados con la carne, la soja y la caña de azúcar. Estas elites se
enfrentan con las comunidades guaraní y kaiowa, que hace cientos de
años que viven en esa región", destaca Global Witness. La mitad de

4. los asesinatos entre 2002 y 2013 ocurrieron en esta región, donde
murieron 250 indígenas.