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Caso atenco
 

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BREVE EXPLICACIÓN DEL CASO ATENCO

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    Caso atenco Caso atenco Presentation Transcript

    • CASO ATENCO ANALISIS
    • LA LLEGA DE FOX  La llegada de Fox a la presidencia de la República abrió en el 2000, entre otros temas, la discusión sobre la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México bajo el argumento de que el existente no contaba con la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de usuarios. El 22 de octubre de 2001 el gobierno federal decidió que la construcción seria en la zona del valle de México para ello se expropiaron mas de 5000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, el más afectado, provocando el inicio de un conflicto entre el gobierno federal y los afectados por el proyecto que recibirían una injusta cantidad de 7.50 pesos por metro cuadrado de sus tierras.
    •  Desde ese momento números habitantes se opusieron rotundamente argumentando la falta de consulta a los pobladores además de la amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y sobre todo, lo mas valioso que habían heredado de sus abuelos: la tierra. Ante el anuncio de la expropiación de sus terrenos , los opositores decidieron organizarse formando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
    • PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA INDEMNIZACIÓN DE BIENES EXPROPIADOS. De acuerdo a la ley de expropiación  Articulo 9 Bis fracción IV. La Secretaría de Estado competente podrá convenir con los afectados la indemnización correspondiente mediante la entrega de bienes similares a los expropiados, y donar a los afectados la diferencia que pudiera resultar en los valores, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría de la Función Pública.  Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.  Artículo 11.- Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el juez.
    • CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS  6 de abril de 2006. Luego de que desde 2003, el gobierno del Estado de México se comprometió al diálogo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT), como una instancia para ir discutiendo y resolviendo las problemáticas de las comunidades, las autoridades no acudieron a la cita del 21 de febrero, y a cambio se refuerza la presencia policíaca.  10 de abril de 2006. Campesinas y campesinos de la región de la montaña de Texcoco llevan sus hortalizas para venderlas en el mercado Belisario Domínguez y cerca de 100 policías municipales y 20 funcionarios del Ayuntamiento, les impiden trabajar y se retiran.   20 de abril de 2006. Durante otro operativo llegan policías granaderos provenientes de diferentes lugares del estado, con 150 elementos de la policía municipal y 50 funcionarios, toman por asalto el mercado arremeten contra mujeres, niños y ancianos, hay varios detenidos.
    •  21 de abril de 2006. Las y los pobladores horticultores y floricultores solicitan un diálogo público y la anulación de las órdenes de aprehensión contra integrantes del FDPT.  2 de mayo de 2006. Comerciantes, siguen intentando negociar con el gobierno municipal de Texcoco y el presidente municipal les dice que podrán instalarse para vender sus productos al día siguiente.  3 de mayo de 2006. Un grupo de floricultores es desalojado violentamente en Texcoco, hay 211 detenidos 47 son mujeres, varios heridos, ocurre la muerte de un niño por un petardazo y las primeras mujeres violadas. Una de ellas fue detenida porque se le quedó viendo al camión de la policía, luego fue violada tumultuariamente. La policía sitia San Salvador Atenco. La otra campaña llama a realizar acciones civiles y pacíficas en apoyo a Atenco. El EZLN declara la alerta roja.  6 de mayo de 2006. Inician una huelga de hambre las 47 mujeres detenidas en el penal del Santiaguito estado de México. La prensa nacional e internacional señala que durante las detenciones varias mujeres fueron golpeadas y abusadas sexualmente, entre ellas 2 españolas, una chilena y una alemana.
    •  9 de mayo de 2006. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta 14 quejas por abuso sexual y dos por presunta violación contra mujeres, no obstante las quejas han sido presentadas por terceras personas, mientras que algunas víctimas han pedido tiempo y otras se han negado a someterse a la revisión médica.  10 de mayo de 2006. Alicia Pérez Duarte, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM) busca a las víctimas de abusos sexuales para presentar una denuncia formal. Se dictan los autos de formal prisión a los detenidos el 3 y 4 de mayo.   11 de mayo de 2006. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa Torres y la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Marta Maurás piden una investigación a fondo de las denuncias sobre agresiones sexuales a mujeres.
    •  12 de mayo de 2006. El Ombudsman nacional, José Luís Soberanes Fernández, consideró que en los hechos de violencia ocurridos en Atenco existen responsabilidades compartidas que atañen a los tres niveles de gobierno.   15 de mayo de 2006. Las mujeres presas en el penal de Santiaguito, exigieron justicia por las violaciones y abusos sexuales cometidos en su contra durante el operativo de San Salvador Atenco y su traslado a ese penal del Estado de México. Continúan en huelga de hambre.   16 de mayo de 2006. Inicia FEVIM averiguación previa para seguir la investigación a las agresiones sexuales. Sin embargo señala que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia formal por parte de las agraviadas. Las detenidas denuncian falta de atención médica. Comienzan a salir a la luz los testimonios de las mujeres abusadas sexualmente.
    •  19 de mayo de 2006. Presentan denuncia ante la FEVIM 13 mujeres por agresiones sexuales en Atenco.  22 de mayo de 2006. Confirma la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) 23 casos de agresión sexual contra las mujeres de San Salvador Atenco.  13 de junio 2006. Cesan a 4 policías estatales por su participación en el operativo de Atenco. Ratifican 13 mujeres sus denuncias en el estado de México.  14 de junio. Presentan denuncia ante la FEVIM cinco mujeres más por agresiones sexuales en Atenco. Se ejerce acción penal a 23 policías estatales por abuso de autoridad.
    •  10 de julio 2006. Siete mujeres continúan detenidas en el Penal de Santiaguito, entre las que está una mujer indígena de origen mazahua.   29 de agosto 2006. Piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar tortura en Atenco. Denuncian procesos jurídicos largos y amañados   7 de septiembre del 2006. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) pide al gobierno mexicano le otorgue a la FEVIM la jurisdicción para procesar y castigar a los culpables de los hechos cometidos y proporcione asistencia económica, social y psicológica a las mujeres víctimas de Atenco.
    • RESOLUCIÓN DE LA SCJN  el Caso Atenco, el cual fue estudiado por la Suprema Corte en la facultad de investigación 3/2006. El propósito de este texto es recordar puntualmente lo que la Suprema Corte decidió en el Caso Atenco, en concreto explicar dos preguntas clave: sí hubo violaciones de derechos fundamentales y, en su caso, quiénes fueron las autoridades responsables de éstas.
    • En este sentido, el Pleno abundó en que la intensidad, la violencia y el exceso en el que se incurrió en el uso de la fuerza pública se materializaron en diversas violaciones de derechos fundamentales. Destacando las siguientes:  Derecho a la vida. Dos jóvenes perdieron la vida, uno de ellos era menor de edad. El Pleno determinó que aunque no se pudiera establecer contundentemente que fueron policías quienes privaron de la vida a los jóvenes, esas defunciones ocurrieron en el marco de una confrontación abierta entre civiles y policías, de operativos ejecutados en modos injustificables. Esto permite sostener que el derecho a la vida de estos jóvenes fue quebrantado por la autoridad, porque el Estado no cuidó los deberes positivos que este derecho implica al usar ilícitamente la fuerza pública
    •  Derecho a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturado. Se denunciaron 31 casos de agresiones sexuales, que iban desde manoseos hasta penetración vaginal, generalmente acompañados de violencia física y moral. Estos actos violentaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y, en razón de que fueron proferidos sólo a las detenidas, la violación a este derecho se asocia con la violación a su derecho a la no discriminación por género.  Derecho a la integridad personal y derecho a no ser torturado. El análisis de las agresiones físicas y lesiones que, propinadas por policías, sufrieron los detenidos, así como los periodistas que cubrían estos hechos, evidencian que hubo múltiples violaciones al derecho a la integridad física de las personas, y que, en algunos casos, incluso encuadran en la definición típica de actos de tortura.
    •  Derecho a la libertad personal y derecho a la inviolabilidad del domicilio. Se violó el derecho a la libertad personal, ya que hubo múltiples detenciones arbitrarias, sin que los captores tuvieran claro si las personas a quienes detenían habrían participado en los hechos delictuosos. Además, hubo más personas que fueron retenidas ilegalmente, incluyendo cinco extranjeros. Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el Pleno determinó que muchas de las personas fueron detenidas en el interior de domicilios particulares y, por otra parte, la policía realizó múltiples diligencias de cateo sin que mediara orden judicial y sin que con tales actos realizara detenciones por flagrancia.  Derecho al debido proceso legal. El Pleno determinó que los procesos penales abiertos contra muchos de los civiles detenidos adolecían de irregularidades importantes, que denotan una amplia falta de diligencia y responsabilidad en la integración de la averiguación previa y las consignaciones. Entre las violaciones destacan la falta de veracidad en los partes policiales; violaciones al derecho a la defensa, como que no se informara a los detenidos los derechos que les asistían y se les obligara a declarar sin asistencia de defensor.
    •  Derecho al trato digno de los detenidos. Las personas detenidas en los operativos fueron objeto de excesos de fuerza física sobre ellos, que les causaron lesiones. Fueron objeto de aplastamiento y pisoteos en las camionetas que eran trasladados y víctimas de tratos tortuosos  Derecho a la justicia. El Estado incumplió con su obligación de investigar y castigar los actos vulneradores de derechos fundamentales. En la mayoría de los casos no se efectuó una investigación seria, imparcial y efectiva, para la determinación de la verdad y la captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo los responsables. Además, los procedimientos administrativos iniciados para investigar los abusos policiales no implicaron una investigación real y efectiva, para determinar quiénes atentaron contra la integridad de los detenidos.  Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Se violaron estos derechos porque se restringió libertad de buscar, recibir y difundir la información a los periodistas y porque se limitó, de manera violenta e irracional, el derecho a difundir actos del Estado.