CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPÓNSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Se hace un análisis de los supuestos que eximen de responsabilidad administrativa, la conducta faltosa será típica pero no antijurídica (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

1. ADMINISTRATIVOS
s
IIÉI '• • -
Sistema Nacional de Gestión
de Recursos Humanos
LOS SUPUESTOS DE EXONERACION
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIA EN EL REGLAMENTO GENERAL
DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL
RESUMEN
T7*n elpresente artículo se describen cada uno de los supuestos de exone-
X-/ración de la responsabilidad administrativa disciplinaria teniendo en
cuenta lo desarrollado por la doctrina, legislación y jurisprudencia sobre
la materia. Esta exoneración resulta importantepor cuanto constituye una
novedad en la regulación del Derecho Administrativo disciplinario, ya que
antes solose regulaban atenuantes de la responsabilidad, sin quesea posible
alegar la existencia de una causal defalta de responsabilidad del servidor
público.
José María PACORI CARI
Catedrático de la Universidad José Carlos Ma-
riátegui y miembro de laAsociación Argentina
de Derecho Administrativo.
I. INTRODUCCIÓN
El Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil (D. S. N° 040-
2014-PCM) regula de manera de-
tallada los seis (6) supuestos que
eximen de responsabilidad admi-
nistrativa disciplinaria a los ser-
vidores civiles, a diferencia de la
normativa prevista en el Decreto
Legislativo N° 276 y su Reglamen-
to, dispositivos que no los regula-
ban. Estos supuestos los podemos
ubicar en la antijuricidad de las
conductas faltosas; cuando un ser-
vidor público comete una falta ad-
ministrativa, la conducta que reali-
za el servidor al subsumirse en un
supuesto normativo es una conduc-
ta típica; con estas causales de exo-
neración, si bien la conducta puede
ser típica, resulta necesario esta-
blecer si la conducta es antijurídi-
ca. Incluso ya la Contraloría Ge-
neral de la República, al regular la
responsabilidad administrativa fun-
cional, ha regulado supuestos que
eximen la responsabilidad porque
eliminan la antijuricidad de la con-
ducta típica'''. La figura de la exo-
neración de responsabilidad guarda
relación con el principio de defen-
sa, presunción de inocencia y duda
favorable, desde que permiten que
los servidores públicos que realiza-
ron su actividad funcional en res-
peto a la legalidad e interés público
sean eximidos de cualquier tipo de
responsabilidad. Son supuestos exi-
mentes de responsabilidad admi-
nistrativa disciplinaria que deter-
minan la imposibilidad de aplicar
una sanción a los servidores públi-
cos los siguientes (cfr. artículo 104
D. S.N° 040-2014-PCM):
II. SUPUESTOS DE
EXONERACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD
1. La incapacidad mental del
servidor civil, debidamente
comprobada por la autoridad
competente
Si bien la incapacidad mental del
servidor civil es una eximente de
la responsabilidad administrativa,
también constituye una causal de
término del servicio civil conforme
al literal n) del artículo 49 de la Ley
N° 30057, que indica: "Son causa-
les de término del Servicio Civil las
siguientes: (...) n) Cese por cau-
sa relativa a la incapacidad física
o mental sobreviniente del servi-
dor que impida el ejercicio de las
funciones que le corresponde. Debe
declararse conforme a Ley"(2). Es
así que si bien el servidor civil será
eximido de la responsabilidad ad-
ministrativa, sería cesado por inca-
pacidad mental sobreviviente.
La incapacidad mental, como exi-
mente y como causal de término
del servicio civil, implica su com-
probación por la autoridad com-
petente y su declaración conforme
a ley. A diferencia de lo indicado
en la Ley N° 30057, el artículo 187
del D.S. N° 005-90-PCM estable-
ce que "La incapacidad permanente
(1) Sobre esto puede revisar la Directiva N° 008-2011-CG/GDES.
(2) Por su parte, el artículo 220 del Reglamentó General de la Ley del Servicio Civil establece lo siguiente: "La
incapacidadfísicao mental sobreviniente a la que se refiere el inciso n) del artículo 49 de la Ley debe ser de-
clarada conforme a la normativa sobre la materia Ley".
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 27 / MARZO 2016 39

2. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
física o mental para el desempeño
de la función pública, a que se re-
fiere el inc. d) del artículo 35 de
la Ley, se acreditará mediante pro-
nunciamiento emitido por una Jun-
ta Médica designada por la entidad
oficial de salud y/o de la seguridad
social, la que en forma expresa e in-
equívoca deberá establecer la con-
dición de incapacidad permanente".
Esta norma nos permite estable-
cer quién es la autoridad competen-
te para comprobar la existencia de
una incapacidad mental en el servi-
dor. "Para la aplicación de la cau-
sal de cese definitivo por incapaci-
dad permanentefísicay mental, las
entidades deben realizar las coordi-
naciones con el Ministerio de Sa-
lud y/o con el Seguro Social de Sa-
lud - EsSalud, a fin de determinar
los procedimientos necesarios para
la designación de la junta médica
a que se refiere el artículo 187 del
Reglamento del Decreto Legislati-
vo N° 276" (Conclusión en el Infor-
me Legal N° 129-2010-SERVIR/
GG-OAJ).
En el caso del Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) la Resolución de Ge-
rencia General N° 346-GG-ESSA-
LUD-202 indica que la autoridad
competente dentro de EsSalud es
la Comisión Médica Evaluado-
ra de Incapacidades, la cual proce-
de a efectuar la evaluación solici-
tada, emitiendo el informe médico
en el que señalará si la incapacidad
es de naturaleza temporal o per-
manente. En este punto es impor-
tante precisar que la eximente no
hace referencia a que la incapaci-
dad mental deba sertemporal o per-
manente, por lo que ambas formas
serían causal de eximir responsabi-
lidad, en atención al principio jurí-
dico por el cual no debemos distin-
guir donde la ley no distingue. Por
otro lado, como causal de término
del servicio civil se hace referen-
cia a una incapacidad mental sobre-
viniente en el servicio civil, como
causal de exoneración no se hace
esta sutil diferencia, por lo que de-
bemos entender que la incapacidad
mental puede estar latente antes de
ingresar al servicio civil o con pos-
terioridad al ingreso.
En el MINSA, la Junta Médica es
una "Actividad asistencial reali-
zada por un conjunto de médicos
La figura de la
exoneración de
responsabilidad
guarda relación
con el principio de
defensa, presunción
de inocencia y duda
favorable.
99
especialistas que se constituyen
para la toma de decisión conjunta
respecto al diagnóstico, tratamiento
y pronóstico de un paciente, solici-
tadas por unmédicotratante o el Di-
rector o jefe del establecimiento de
salud, teniendo en cuenta las condi-
ciones clínico-patológicas del pa-
ciente" (cfr. numeral 5.1 de la Re-
solución Ministerial N° 343-2015/
MINSA).
2. El caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente com-
probados
El caso fortuito es el suceso que
no se quiso causar ni se pudo pre-
ver con base en los conocimientos
y precauciones normales de las per-
sonas, como, por ejemplo, los dilu-
vios, los terremotos, etc. La fuerza
mayor es la fuerza irresistible por
procedimientos normales al alcan-
ce de la persona, como, por ejem-
plo, la guerra (RUBIO CORREA,
1992, p. 69).
El artículo 1315 del Código Civil
establece que "Caso fortuito o fuer-
za mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraor-
dinario, imprevisible e irresistible,
que impide la ejecución de la obli-
gación o determina su cumplimien-
to parcial, tardío o defectuoso".
De lo indicado tenemos que para
la existencia de un caso fortuito o
fuerza mayor se requiere de tres
requisitos:
a. Hecho extraordinario, cuando
sucede algo fuera de lo ordina-
rio, es decir, fuera de lo común
y de lo que en forma normal o
natural se espera que ocurra.
b. Hecho imprevisible, cuando
supera o excede la aptitud nor-
mal de previsión del deudor,
puesto que este tiene el deber de
prever lo normalmente previsi-
ble, no así lo imprevisible.
c. Hecho irresistible, signifi-
ca que la persona es impoten-
te para evitarlo; no puede impe-
dir, por más que quiera o haga,
su acaecimiento.
Adicionalmente, a estos tres requi-
sitos cabe precisar que el aconteci-
miento no debe derivar de la vo-
luntad del deudor, puesto que, si
esto fuera así, ingresaríamos al te-
rreno de la responsabilidad*3'.
La prueba de la existencia de caso
fortuito o fuerza mayor implicará
probar cada uno de los requisitos
indicados para la alegación de la
existencia de caso fortuito o fuerza
mayor. La carga de la prueba será
del servidor civil.
3. El ejercicio de un deber le-
gal, función, cargo o comisión
encomendada
Encontramos los siguientes
supuestos:
a. El ejercicio de un deber legal.
Nótese que hace referencia al
deber legal, por lo que un deber
ilegal, esto es, contrario al or-
denamiento jurídico, no estaría
exento de responsabilidad. Con-
sideramos que dentro del deber
legal se debe considerar tam-
bién a las obligaciones que re-
sultan estipulaciones más con-
cretas que los deberes.
b. El ejercicio de una fun-
ción. Estas funciones las po-
demos dividir en sustantivas o
de administración interna. Las
(3) Los requisitos y el adicional han sido obtenidos de la Opinión N° 028-2010/DTN-OSCE.
40

3. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
funciones sustantivas serán
aquellas directamente vincu-
ladas a la formulación, ejecu-
ción y evaluación de políticas
públicas, también son aquellas
actividades normativas, de ase-
soría técnica y de ejecución di-
rectamente vinculadas al cum-
plimiento de los objetivos de las
entidades. Las funciones de ad-
ministración interna son aque-
llas que permiten el funciona-
miento de la entidad y son el
soporte para el ejercicio de las
funciones sustantivas; serán
funciones de administración in-
terna las de planificación, pre-
supuesto, contabilidad, raciona-
lización, organización, recursos
humanos, sistemas de informa-
ción y comunicación, aseso-
ría jurídica, gestión financiera,
gestión de medios materiales,
abastecimiento, entre otros (cfr.
artículo IV del D. S. N° 040-
2014-PCM). Los Manuales
de Organización y Funciones
(MOF) de las entidades del Esta-
do contemplan las funciones ge-
nerales y específicas que corres-
ponden a cada uno de los cargos
de la entidad; estos documen-
tos de gestión serán importan-
tes para establecer la responsa-
bilidad de los servidores civiles.
c. El ejercicio de un cargo. El
artículo 23 del D. Leg. N° 276
indica que "Los cargos son los
puestos de trabajo a través de
los cuales los funcionarios y
servidores desempeñan las fun-
ciones asignadas". Por su par-
te, el artículo 3, literal f) de la
Ley N° 30057 establece: "Pues-
to. Es el conjunto de funciones
y responsabilidades que corres-
ponden a una posición dentro
de una entidad, así como los re-
quisitos para su adecuado ejer-
cicio. Se encuentra descrito en
los instrumentos de gestión de
la entidad".
d. El ejercicio de una comisión
encomendada. El artículo 265
de la Ley N° 30057 estable-
ce que la comisión de servicios
"Consiste en el desplazamiento
temporal del servidor civil fue-
ra de la sede habitual de trabajo,
dispuesta por la autoridad com-
petente, para realizar funciones
La incapacidad mental,
como eximente y
como causal de
término del servicio
civil, implica su
comprobación por la
autoridad competente
y su declaración
conforme a ley.
99
según el puesto que ocupa y
que estén directamente relacio-
nadas con los objetivos institu-
cionales". De esta manera, el
ejercicio de una comisión pue-
de implicar la exoneración de
responsabilidad.
4. El error inducido por la ad-
ministración, a través de un
acto o disposición confusa o
ilegal
El error se produce cuando la per-
sona que manifiesta su voluntad no
conoce cabalmente los hechos o el
derecho sobre el que versa su de-
claración, o se equivoca al inter-
pretarlos (RUBIO CORREA, 1992,
p. 61). Inducir, por su parte, impli-
ca provocar o causar algo, mover a
alguien a algo o darle motivo para
ello. Por lo tanto, esta exoneración
de responsabilidad se refiere a que
la administración pública mueve a
un servidor civil a realizar sus acti-
vidades sin que conozca cabalmen-
te los hechos o el derecho sobre el
que versa su actuación. Ahora, se
pueden encontrar cuatro supuestos
diferentes, que pasamos a explicar:
a. El error inducido por la ad-
ministración a través de un
acto confuso. Para compren-
der este supuesto se debe enten-
der que cuando se hace referen-
cia a "acto" se hace en sentido
lato, por lo que dentro de "acto"
se comprendería el acto admi-
nistrativo o el acto de admi-
nistración, como, por ejemplo,
resoluciones, oficios, cartas, cir-
culares, opiniones, dictámenes.
Por su parte, "confuso" implica
algo oscuro, dudoso, difícil de
distinguir. Este supuesto se da
cuando la administración emi-
te un acto dudoso, como sería
el caso de disponer el pago de
beneficios sociales y sujetarlos
a la disponibilidad presupues-
tal, el servidor que ejecuta el
acto se preguntará si debe pagar
o no el beneficio social, si opta
por incumplir con el pago, esto
no le generará responsabilidad
por cuanto el acto que pretendía
cumplir era ambiguo.
b. El error inducido por la admi-
nistración a través de un acto
ilegal. Un acto ilegal es aquel
que es contrario a ley. Sin em-
bargo, un servidor público no
puede dejar de ejecutar los ac-
tos que emita la administra-
ción, puesto que para no ejecu-
tar un acto se requiere primero
que este sea declarado nulo, ya
sea administrativamente o judi-
cialmente. El artículo 12.2 de
la Ley N° 27444 establece que
"Respecto del acto declarado
nulo, los administrados no es-
tán obligados a su cumplimien-
to y los servidores públicos de-
berán oponerse a la ejecución
del acto, fundando y motivando
su negativa". De esta manera,
si el servidor ejecutare un acto
ilegal que no ha sido declarado
nulo, la ejecución del acto ilegal
no puede implicar la existencia
de responsabilidad por cuanto la
administración habría inducido
a error al servidor civil(4).
c. El error inducido por la ad-
ministración a través de una
disposición confusa. Cuando
se hace referencia a disposición
debe entenderse a las normas
que con carácter general emi-
te la administración pública(5),
como sería una ley, una orde-
nanza regional, una ordenanza
(4) El control diruso de las normasjurídicas y, por lo tanto, de los actos administrativos no está permitido al ser-
vidor público, esto para evitar el desvío o abuso de poder; sin embargo, el servidor podría hacer prevalecer
la Constitución sustentado en el interés público afectado.
(5) El artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 establece las entidades de la administración pública,
donde también se comprende a los organismos constitucionalmente autónomos.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 27 / MARZO 2016 41

4. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
municipal, un decreto legislati-
vo, un decreto de urgencia, un
decreto supremo, una directi-
va, un reglamento, un decreto
de alcaldía o un decreto regio-
nal. La aplicación e interpre-
tación de estas normas podría
ser confusa, situación que pue-
de implicar que en su ejecución
se cometan actos de injusticia
respecto de los administrados,
como es el caso del Decreto Su-
premo ff 051-90-PCM, que es-
tablecía que la asignación por
30 años se paga sobre la base
de la remuneración total perma-
nente, cuando el Decreto Legis-
lativo N° 276 establecía el pago
sobre la remuneración total, el
cumplimiento del D. S. N° 051-
90-PCM no podría implicar res-
ponsabilidad para el servidor.
d. El error inducido por la ad-
ministración a través de una
disposición ilegal. Las dispo-
siciones antes indicadas deben
ser cumplidas por los servido-
res públicos hasta que se realice
un control jurídico sobre ellas y
se declare por sentencia judicial
que estas son inconstitucionales
o ilegales (también podría pro- ,
vocarse una derogación expresa
o tácita). La acción popular y la
acción de inconstitucionalidad
son las vías idóneas para la de-
claración de contraria a derecho
de una norma jurídica, además
de otorgar un efecto erga om-
nes a la declaración de ilegali-
dad (también puede hacerse uso
del control difuso). Sin embar-
go, mientras no exista esta de-
claración y la norma se ejecute,
no se puede alegar responsabi-
lidad del servidor encargado de
cumplir la disposición hasta que
sea expulsada del ordenamiento
jurídico.
5. La actuación funcional en
caso de catástrofe o desastres,
naturales o inducidos, que
hubieren determinado la ne-
cesidad de ejecutar acciones
inmediatas e indispensables
para evitar o superar la inmi-
nente afectación de intereses
generales como la vida, la sa-
lud, el orden público, etc.<6)
Esta eximente implica los desas-
tres, el interés público, derechos
El caso fortuito es el
suceso que no se quiso
causar ni se pudo
prever con base en
los conocimientos y
precauciones normales
de las personas.
99
fundamentales y una actuación
funcional.
El desastre es "el conjunto de da-
ños y pérdidas, en la salud, fuentes
de sustento, habitat físico, infraes-
tructura, actividad económica y
medio ambiente, que ocurre a con-
secuencia del impacto de un peligro
o amenaza cuya intensidad gene-
ra graves alteraciones en el funcio-
namiento de las unidades sociales,
sobrepasando la capacidad de res-
puesta local para atender eficaz-
mente sus consecuencias, pudien-
do ser de origen natural o inducido
por la acción humana" (cfr. artícu-
lo 2 del D. S. N° 048-2011-PCM).
Por su parte, el interés público tie-
neque vercon aquello que beneficia
a todos, es sinónimo y equivalente
al interés general de la comunidad,
su satisfacción constituye uno de
los fines del Estado y justifica la
existencia de la organización admi-
nistrativa (cfr. fundamento 11 de la
STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC).
"Tal circunstancia genera el cum-
plimiento del deber de oficialidad
por parte de los órganos públicos
en la medida en que existe la inexo-
rable necesidad de satisfacer el in-
terés público de proteger y defen-
der los derechos fundamentales de
la persona" (fundamento 14 de la
STC Exp. N° 0569-2003-AC/TC).
De esta manera, frente a un desas-
tre natural o inducido por la acción
humana, la autoridad puede reali-
zar sus funciones teniendo en cuen-
ta el interés público de defender y
proteger los derechos fundamenta-
les de la persona tales como la vida
y la salud.
6. La actuación funcional en
privilegio de intereses supe-
riores de carácter social, o re-
lacionados a la salud u orden
público, cuando, en casos di-
ferentes a catástrofes o desas-
tres naturales o inducidos, se
hubiera requerido la adop-
ción de acciones inmediatas
para superar o evitar su in-
minente afectación
El orden público es el conjunto de
valores, principios ypautas de com-
portamiento político, económico y
cultural en sentido lato, cuyo pro-
pósito es la conservación y ade-
cuado desenvolvimiento de la vida
coexistencial. En tal sentido, con-
solida la pluralidad de creencias,
intereses y prácticas comunitarias
orientadas hacia un mismofin:la
realización social de los miembros
de un Estado; el orden público alu-
de a lo básico y fundamental para la
vida en comunidad, razónporla cual
se constituye enel basamento para la
organización y estructuración de la
sociedad (fundamento 28 de la STC
Exp. N° 3283-2003-AA/TC).
En este supuesto no existe un de-
sastre, sin embargo, se observa la
necesidad de privilegiar intereses
superiores de carácter social o rela-
cionados a la salud u orden público.
Dentro de este supuesto podemos
encontrar una huelga en el sector
salud que afecta el interés social a
las prestaciones de salud; la segu-
ridad ciudadana frente a las barras
bravas puede justificar la toma de
acciones que tiendan a garantizar la
integridad de la población.
III. SUPUESTOS EXIMENTES
NO CONTEMPLADOS EN
EL SERVICIO CIVIL
1. La ausencia de una conse-
cuencia perjudicial para los
intereses del Estado
Este es un supuesto que no es con-
templado en el servicio civil, pero
sí en el caso de responsabilidad
administrativa funcional. La no
*
(6) No estamos de acuerdo con la técnica legislativa utilizada de culminar la norma con "etc.", sin embargo, se
entiende la existencia de una cláusula abierta a otros supuestos que se podrían dar en la realidad.
42

5. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
existencia de perjuicio moral o eco-
nómico a la administración eximirá
de responsabilidad.
2. La orden obligatoria de auto-
ridad competente, expedida
en ejercicio de sus funciones,
siempre que el funcionario o
servidor público hubiera ex-
presado, previa a la acción u
omisión imputada, su oposi-
ción por escrito o por cual-
quier otro medio que permi-
ta verificar su recepción por
el destinatario.
Este supuesto se refiere al cumpli-
miento de una actuación adminis-
trativa en obediencia debida. Se re-
fiere al principio de jerarquía, en
donde servidor civil debe observar
la orden impartida por su superior.
Estos supuestos no son contempla-
dos en el Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, pero sí se
encuentran contemplados en la Di-
rectiva N° 008-2011-CG/GDES.
IV. CONCLUSIONES
Las eximentes de responsabilidad
administrativa disciplinaria, tam-
bién denominadas causales de exo-
neración de la responsabilidad, son
supuestos de antijuricidad respec-
to de las conductas típicas que co-
menten los servidores civiles. Estas
eximentes en el servicio civil son la
incapacidad mental, caso fortuito o
fuerza mayor, ejercicio de un deber
legal, error inducido por la admi-
nistración, actuación funcional en
caso de desastres, y actuación fun-
cional para preservar el orden pú-
blico. No están regulados en el ser-
vicio civil las eximentes de falta de
perjuicio al Estado y la obediencia
debida.
V. REFERENCIAS
• Decreto Legislativo N° 276
(1984). Ley de Bases de la Ca-
rrera Administrativa y de Re-
muneraciones del Sector Pú-
blico, 24 de marzo de 1984.
El error se produce
cuando la persona que
manifiesta su voluntad
no conoce cabalmente
los hechos o el
derecho sobre el que
versa su declaración,
o se equivoca al
interpretarlos.
99
Perú, Lima: Presidente de la
República.
• Decreto Legislativo N° 295
(1984). Código Civil, 24 de ju-
lio de 1984. Perú, Lima: Presi-
dente de la República.
• Decreto Supremo N° 005-90-
PCM (1990). Reglamento de la
Carrera Administrativa, 18 de
enero de 1990. Perú, Lima: Pre-
sidente de la República.
• Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM (2014). Reglamento Ge-
neral de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, 13 de junio
de 2014. Perú, Lima: Presiden-
te de la República.
• Decreto Supremo N° 048-2011-
PCM (2011). Decreto Supre-
mo que aprueba el Reglamen-
to de la Ley N° 29664, que crea
el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres (SINA-
GERD), 25 de mayo de 2011.
Perú, Lima: Presidente de la
República.
• Informe LegalN° 129-2010-SER-
VIR/GG-OAJ (2010). Consulta
sobre acreditación de incapacidad
física mental de servidora, 2 de
junio de 2010. Perú, Lima: Auto-
ridad Nacional del Servicio Civil.
• Ley N° 27444 (2001). Ley del
Procedimiento Administrati-
vo General, 11 de abril de 2001.
Perú, Lima: Congreso de la
República.
• Ley N° 30057 (2013). Ley del
Servicio Civil, 4 de julio de
2013. Perú, Lima: Congreso de
la República.
• Opinión N° 028-2010/DTN
(2010). Incorporación de cláu-
sula de resolución de contrato,
22 de marzo de 2010. Perú, Je-
sús María: Directora Técnico
Normativa OSCE.
• Resolución de Contraloría
N° 333-2011-CG (2011). Con-
tralor General aprueba Direc-
tiva N° 008-201 1-CG/GDES
denominada "'Procedimiento
Administrativo Sancionador por
Responsabilidad Administrati-
va Funcional", 21 de noviembre
de 2011. Perú, Lima: Contralo-
ría General de la República.
• Resolución de Gerencia General
N° 346-GG-ESSALUD-2002
(2002). Modifican la Directiva
N° 16-GG-ESSALUD-2001 re-
ferida al "Procedimiento para
Distribución, Emisión, Regis-
tro y Control de Certificados de
Incapacidad Temporal para el
Trabajo - CITT", 6 de mayo de
2002. Perú, Lima: ESSALUD.
• Resolución Ministerial N° 343-
2015/MINSA (2015). Directi-
va Administrativa N° 207-MLN-
SA/DGSP-V.01, 29 de mayo de
2015. Perú, Lima: Ministerio de
Salud.
• RUBIO CORREA, Marcial. El
Derecho Civil. Fondo Editorial
Pontifica Universidad Católica
del Perú, Lima, 1992.
• Sentencia del Tribunal Cons-
titucional (2004). Expediente
N° 0090-2004-AA/TC, Lima,
Juan Carlos Callegari Herazo,
5 de junio de 2004. Perú, Are-
quipa: Tribunal Constitucional.
• Sentencia del Tribunal Cons-
titucional (2004). Expediente
N° 0569-2003-AC/TC, Lima,
Nemesio Echevarría Gómez,
5 de abril de 2004. Perú, Lima:
Tribunal Constitucional.
• Sentencia del Tribunal Cons-
titucional (2004). Expediente
N° 3283-2003-AA/TC, Junín,
Taj Mahal Discoteque, 15 deju-
nio de 2004. Perú, Lima: Tribu-
nal Constitucional.»
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL N° 27 / MARZO 2016 43

6. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUPUESTOS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA
SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
1.- La incapacidad mental del servidor civil,
debidamente comprobada por la autori-
dad competente
Las entidades deben realizar las coordinaciones con el Ministerio de Salud y/o
con el Seguro Social de Salud (EsSalud), a fin de determinar los procedimien-
tos necesarios para la designación de la junta médica.
SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
2.- El caso fortuito o fuerza mayor, debida-
mente comprobados
Caso fortuito o fuerza mayor es la
causa no imputable consistente en un
evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecución de
la obligación o determina su cumpli-
miento parcial, tardío o defectuoso.
a. Hecho extraordinario, cuando suce-
de algo fuera de lo ordinario.
b. Hecho imprevisible, cuando supera o
excede la aptitud normal de previsión.
c. Hecho irresistible, significa que la
persona es impotente para evitarlo.
d. El acontecimiento no debe derivar de
la voluntad del deudor.
SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
3.- El ejercicio de un deber legal, función, cargo o
comisión encomendada
a. El ejercicio de un deber legal. Un deber ¡legal, esto es, contrario al ordenamiento ju-
rídico.
b. El ejercicio de una función. Los manuales de organización y funciones (MOF) de las
entidades del Estado contemplan las funciones generales y específicas que corres-
ponden a cada uno de los cargos de la entidad.
c. El ejercicio de un cargo. Los cargos son los puestos de trabajo a través de los cuales
los funcionarios y servidores desempeñan las funciones asignadas.
d. El ejercicio de una comisión encomendada. La comisión de servicios consiste en el
desplazamiento temporal del servidor civil fuera de la sede habitual de trabajo.
SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
4.- El error inducido por la administración, a tra-
vés de un acto o disposición confusa o ilegal.
El error se produce cuando la persona que manifiesta su voluntad no conoce cabalmente
los hechos o el derecho sobre el que versa su declaración, o se equivoca al interpretarlos.
SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
5.- La actuación funcional en caso de catástro-
fe o desastres, naturales o inducidos, que hu-
bieren determinado la necesidad de ejecutar
acciones inmediatas e indispensables para
evitar o superar la inminente afectación de in-
tereses generales como la vida, la salud, el
orden público, etc.
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1. Desastre es el conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, habitat
físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a conse-
cuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteracio-
nes en el funcionamiento de las unidades sociales.
2. Interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, es sinónimo y equiva-
lente al interés general de la comunidad, su satisfacción constituye uno de los fines
del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa.
3. Existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender
los derechos fundamentales de la persona.
SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
6.- La actuación funcional en privilegio de inte-
reses superiores de carácter social, o rela-
cionados a la salud u orden público, cuando,
en casos diferentes a catástrofes o desastres
naturales o inducidos, se hubiera requerido la
adopción de acciones inmediatas para supe-
rar o evitar su inminente afectación.
El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento políti-
co, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado
desenvolvimiento de la vida coexistencial.
SUPUESTOS NO
PREVISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL
1.- La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del EstadoSUPUESTOS NO
PREVISTOS EN EL
SERVICIO CIVIL 2.- La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones, siempre que el funcionario o servidor
público hubiera expresado, previa a la acción u omisión imputada, su oposición por escrito o por cualquier otro medio que
permita verificar su recepción por el destinatario.
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