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Reporte crítico (eduardo chiquito)
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Reporte crítico (eduardo chiquito)

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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA EGOBAP-EDO. ARAGUA REPORTE CRÍTICO DE LECTURA“EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA: LA TRANSPARENCIA COMO LIMITANTE” Realizado por: Eduardo Chiquito. C.I.-12.142.732 Prof: Aurora Angarita Derecho de Control Público. Maracay, Abril 2012
  • 2. RESUMEN En la Constitución de la República de Venezuela de 1.999, se establece que, “… losciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a los archivos y registros administrativos, sinperjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas aseguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, deconformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenidoconfidencial o secreto”. El texto constitucional destaca su expresa consagración de democracia participativa yprotagónica, lo que supondría una limitación restrictiva y no enunciativa de las excepciones ala libertad de información pública. Si bien la norma constitucional contenida en el artículo 143, señala que los ciudadanos yciudadanas, y no toda persona, con lo cual se dirige su ejercicio únicamente a los titulares dederecho políticos, tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por laAdministración Pública, dicha información sólo se referiría “al estado de las actuaciones queestén directamente interesados e interesadas o respecto a las resoluciones definitivas que seadopten sobre el particular”. Ello contradice el sentido de transparencia en cuanto al derecho a la divulgación de lainformación relativa a la gestión pública en general. Sin embargo, si bien el acceso a esos datos puede ser necesario para cualquier personapor múltiples razones de interés particular, es imprescindible para el control de la gestión de losfuncionarios que corresponde ejercer políticamente a todos los ciudadanos y es la forma másefectiva de que los servidores públicos rindan cuenta puntual y detallada de sus actos. En el mismo orden de idea, y a pesar de que el artículo 28 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela acuerda que toda persona podrá acceder a documentos decualquier naturaleza, ello sería posible sólo si tuvieran información cuyo conocimiento fuerade interés para comunidades o grupo de personas. Caso contrario, dicho derecho se circunscribe
  • 3. al de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten enregistros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, al de conocer el uso quese hará de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante un tribunal su actualización, rectificacióno destrucción, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Otra contradicción se aprecia con relación al sometimiento de los órganos del Estado a lasoberanía popular, prevista en el artículo 5 de la Constitución nacional, y la mención de que losfuncionarios y funcionarias públicas en Venezuela, se encuentran al servicio del Estado y no deparcialidad política alguna. Por tal razón, el deber de la transparencia o el de la administración pública de exponer ysometer al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, no apareceexpresado en la ley que en el 2002 desarrolló el contenido programático acerca del Estatuto de laFunción Pública, sino el de prestar información necesaria a los particulares en los asuntos yexpedientes en los cuales éstos tengan algún interés legítimo. Sólo una activa participación de la sociedad civil garantiza la transparencia,responsabilidad y publicidad de las funciones y conductas de los agentes públicos. Laimportancia de estos principios ha llegado a ser tal, que hoy en día se sostiene que ellosconstituyen el fundamento de legitimidad moral en que descansa el sistema democráticomoderno. “El carácter participativo de la Constitución sería ilusorio sin el derecho a acceder a lainformación”
  • 4. ANÁLISIS VALORATIVO Es posible que nuestra carta magna posea algunas ambigüedades, algunos vacíos legalese incluso que algunas leyes coliden con ella, como producto que aún no han sido adaptadas oactualizadas a la realidad que vive el país. Sin embargo, constituye nuestro principal cimiento ala hora de valorar algunas inquietudes que puedan presentarse tal como es el caso del libreacceso a la información de los ciudadanos y ciudadanas a todo lo referente a la administraciónpública como elemento de control a la misma y característica principal del protagonismo yparticipación que tiene el pueblo venezolano en la gestión pública. No obstante, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)establece como derecho la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos,ya sea de manera directa a través de los medios de participación y protagonismos del pueblo o desus representantes elegidos o elegidas. Entendiendo que la administración pública está alservicio de éstos y no al revés como se “creía”, por lo tanto los ciudadanos y ciudadanos están enel derecho de solicitar rendición de cuenta a cualquier órgano o ente de la administraciónpública, por lo que el Estado tiene la obligación y el deber de generar las condiciones idealespara llevarse a cabo esta práctica, por lo que funcionarios y funcionarias deben prestar la mayorcolaboración y disposición en su ámbito de responsabilidad, a fin de que el poder popular ejerzasu soberanía, participación y protagonismo. No debemos olvidar que los poderes del Estadoemanan del pueblo. Si bien es cierto, que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al acceso a lainformación, no es menos cierto que exista información que debe estar reservada al Estado,debido a su importancia y vinculación con objetivos estratégicos y de seguridad tanto internacomo externa, ya que el uso indebido de la misma podría generar consecuencias devastadoraspara el país así como develar sus vulnerabilidades a los enemigos potenciales. Por eso, existe loque se conoce como la compartimentación de la información, que no es más que cada quien debeconocer lo que tiene que conocer a su nivel. Esta “limitación” al acceso a la información nosugiere que se esté violando el derecho a la misma. Mas sin embargo, no podemos negar lainexistencia de una norma que regule quienes están facultados para establecer que informaciónes clasificada (Reservada-Confidencial-Secreta) o no. Esta intención estuvo plasmada en la Ley
  • 5. del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, la cual no fue aprobada. Pero los organismos deseguridad, e inclusos entes u órganos del Estado poseen directivas donde regulan la clasificaciónde la información, como manera de regular y proteger aquella información considerada sensible. Está claro que cuando la CRBV se refiere a los ciudadanos y ciudadanas, no esexcluyente de las personas jurídicas, y éstos pueden participar de manera individual ocolectivamente, en todas las actividades de índole social, político, económico, cultural, salud,seguridad, educativo, en fin, en todas las actividades que representen un interés colectivo. Esinútil pretender sobreponer los intereses individuales sobre los colectivos, ésta no es la esenciade nuestra carta magna, y se debe entender que al solucionar necesidades colectivas por efectocada individuo se ve beneficiado. Por otra parte no debemos confundir lo legítimo con lo legal, a la hora de valorar si unasituación es de interés de la ciudadanía, en vista que lo “legal”, corresponde al ámbito de lasleyes, y allí no habría discusión alguna; pero lo “legítimo” se le atribuye cuando no solo underecho (acceso a la información o participación, por ejemplo) lo asiste, sino que implica lacarga moral de ese derecho, siendo la moral unos de los principios fundamentales de nuestraConstitución Nacional.
  • 6. CONCLUSIONES Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de acceder a la información deinterés ya sea, interés legal o legítimo, individual o colectivamente. Basta con el QUERER,SABER Y PODER, participar en los asuntos de interés municipal, regional y nacional, a fin dedarle una solución a una necesidad colectiva, denunciar alguna irregularidad por parte de laadministración pública, opinar sobre algún asunto de interés, proponer ideas que coadyuven albuen funcionamiento de los entes u órganos en todos los ámbitos de la vida nacional (social,político, cultural, económico, salud, seguridad, entre otros), hacerle seguimiento al desarrollo yejecución de los proyectos aprobados, y de esta manera fortalecer el Poder Popular con lorelacionado al Control de la Gestión Pública. Se debe entender que existen niveles de importancia para el manejo de la información, yesto no quiere significar que no tengamos acceso a la misma, sería bueno preguntarse, ¿siconozco dicha información, está a mi nivel darle solución a la misma?, no significa que cuandose hable de nivel tenga uno más importancia que otro, solo que el Estado como mediadorrequiere de la cooperación de todos los ciudadanos y ciudadanas para irle dando solución a losproblemas desde las bases, es decir, a nivel de parroquias y municipios. En la actualidad no existe una norma que regule la clasificación de la información, sinembargo, el Estado debe garantizar el buen uso de la misma, y limitar el acceso a aquella que enmanos de agentes contrarrevolucionarios pudieran causar graves daños a la nación. Seamos conscientes de las nuevas herramientas de participación ciudadana, del poderque nos brinda como pueblo, de nuestros derechos y deberes, de nuestro rol en el control de lagestión pública, en nuestro protagonismo en la exigencia a los funcionarios a que cumplan consus funciones, de nuestro rol junto al Estado de formar la patria nueva. Seamos esos nuevoshombres y mujeres capaces de ser parte de la solución de los problemas y de organizarnos paraque nuestra comunidad se desarrolle y garanticemos a nuestros hijos el país que se merecen.
  • 7. BIBLIOGRÁFIACONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial dela República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 (Extraordinario) del 24 de marzo de 2.000.LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ELSISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. Gaceta Oficial de la República Bolivarianade Venezuela N° 37.347 del 17 de diciembre de 2.001LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. Gaceta Oficial de la RepúblicaBolivariana de Venezuela Nº 37.978 del 13 de julio de 2.004.LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Gaceta Oficial de la RepúblicaBolivariana de Venezuela Nº 37.522 del 06 de septiembre de 2.002Sitio Web http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0047336.pdf

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