Compromiso de responsabilidad social y su integración en las empresas estatizadas

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Compromiso de responsabilidad social y su integración en las empresas estatizadas

  1. 1. Caracas 27 de septiembre de 2012Compromiso De Responsabilidad Social Y Su Integración En Las Empresas EstatizadasResumenEl presente artículo va dirigido a los administradores públicos de las empresasprivadas que han sido estatizadas, a los Consejos Comunales o cualquier formaasociativa comunitaria, tiene como objetivo abordar un tema novedoso e inexploradoen materia de contrataciones publicas como es el compromiso de responsabilidadsocial alude la necesidad que todos los administradores públicos en las áreas decontrataciones deben cumplirlo con base del marco legal de la Ley de ContratacionesPúblicas de fecha 6 de septiembre de 2010 Gaceta Oficial 39503 y el Reglamento dede la Ley de Contrataciones Públicas publicado en Gaceta Oficial 39181 de fecha 19de mayo de 2009, efectivamente es un instrumento que al igual que en otros paísesbusca la vinculación de los Entes y Órganos contratantes con las comunidades através de esta novedosa forma de vinculación y socialización con las Entes, Órganosy ComunidadesEl desarrollo del artículo se realizo a través de una investigación descriptiva de tipodocumental como punto de inicio se formulan las interrogantes siguientes:• ¿El CRS, constituye una carga económica que afecta los intereses de unaempresa y que además no fue contemplada en el contrato que precedía laestatización?• ¿Aplica el CRS a contratos cuya existencia precede la estatitazación, normassobrevenidas (posteriores) al contrato existente?• ¿Que sucede si el contrato ha sido suscrito con una vigencia mayor a un añoantes de ser estatizada la empresa?1
  2. 2. • ¿Pueden aplicarse las normas relativas a los contratos públicos a contratossuscritos bajo la figura de derecho privado?• ¿A quien corresponde cumplir con el CRS, al Ente Contratante o al Contratista?El desarrollo de este artículo nos conduce a concluir que es un tema de vitalimportancia en la actualidad dada las repercusiones sociales del compromiso deresponsabilidad social y el poco conocimiento que se tiene acerca respecto a suintegración en las contrataciones realizadas por las empresas estatizadasDescriptoresContrataciones públicas, empresas estatizadas y las prerrogativas de laadministración1. INTRODUCCION.En la actualidad la Republica Bolivariana de Venezuela atraviesa un proceso decambios, a los cuales no escapa la Ley de Licitaciones, ahora llamada Ley deContrataciones Públicas. Asimismo la naturaleza de los cambios que representa eltransito de una empresa privada a pública conduce a situaciones sobrevenidas quelas mismas deben internalizar.2. ANTECEDENTESCompromiso de Responsabilidad Social y su incorporación en las EmpresasEstatizadasHistóricamente, en todas las sociedades ha habido personas y grupos sociales que nologran obtener los recursos o los medios para satisfacer sus necesidades, hacer2
  3. 3. respetar sus derechos o conservar su dignidad, peor aún, por diversas circunstanciasresulta imposible “enseñarlos a pescar”. Pero también, afortunadamente, han existidoquiénes se han preocupado por la dignidad, la inclusión social y el mejoramiento de lacalidad de vida para los más vulnerables.Las iniciativas de responsabilidad social (RS) son precisamente aquellas en las quepersonas u organizaciones civiles se comprometen con la sociedad para iniciaracciones que generen un impacto positivo en la sociedad o el ambiente; acciones quese traduzcan en mejorar la calidad de vida, en alcanzar o procurar la equidad y enreducir la exclusión.Cuando ese compromiso es asumido por una empresa, se habla de responsabilidadsocial empresarial (RSE) y debe evidenciarse en la responsabilidad con la que asumeel impacto de sus decisiones y actividades dentro de una sociedad y en el medioambiente. Así, la RSE, se verá reflejada en un comportamiento ético y atento agenerar bienestar a la comunidad y desarrollo sostenible integrado en todos losaspectos de la organización.Existe una diversidad de formas en las que las personas, las organizaciones y lasempresas pueden asumir este compromiso con la sociedad y la naturaleza, bien sea através de la filantropía, el trabajo voluntario, la creación organizaciones civiles etc.Niveles de Compromiso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Opinióndoctrinal.Una interesante clasificación que podíamos utilizar para agrupar a las empresassegún sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial es la que propone JosepM. Lozano (Papeles de la Economía Española, RSC). De menor a mayorcompromiso social podemos establecer cinco niveles: Legalista. Es el menor grado de la empresa con la sociedad, la empresa nohace realmente Responsabilidad Social Empresarial sino que se limita a cumplir lasleyes. Instrumental. Asume cierto compromiso con la RSE para conseguir unabuena imagen y reputación empresarial.3
  4. 4.  Funcional. RSE más activa, es una respuesta a la sociedad y además laincorpora a la gestión. Estratégico. La Responsabilidad Social Empresarial se considera un factorclave y central. Identitario. La empresa ve la RSE no únicamente como un elemento de lagestión sino que también ve su identidad. RSE y empresa van unidas y sonindivisibles.En esencia, la RSE, constituye la oportunidad para los empresarios de demostrar quela sensibilidad social y la generación de riqueza, no son aspectos reñidos entre sí.Asimismo, es la oportunidad de allanar el camino para seguir haciendo negocios.Porque, ¿hasta qué punto es posible realizar una actividad empresarial saludable ypróspera, en entornos afectados por la pobreza?¿Ética o Derechos Humanos?Para definir de donde surge la RSE, hay que hablar principalmente de la ética. Laética no es más que la concepción del hombre dentro de sus derechos y en plenocontacto con sus semejantes de hacerlo más humano es decir, hacer más humano alser humano. No se puede estar bien con los demás si de entrada no se está bien conuno mismo “la ética se asume como el origen de la RSE y la RSE se expresa comooperacionalización de la conducta ética” (Guédez, 2009, p 63)Con el tiempo se ha redimensionado el concepto de ética, en un principio se decíaque la ética era no hacer el mal a nadie, tenía como una visión de prohibición, luegocambia a la posición de que ética era hacer el bien para finalmente ser aceptadacomo en hacernos mejores procurando el bien de los demás.Si la RSE tiene su origen en la ética, la ética tiene su origen en los derechoshumanos, ya que si se analiza lo anteriormente expuesto en relación con la evoluciónde la ética todas las visiones se centran en los principios de los derechos humanos.4
  5. 5. “Una cosa es buscar que los pobres sean menos pobres y otra es buscar que dejende ser pobres para que puedan luego adquirir la capacidad suficiente para añadirlevalor a sus vidas, a sus familias y a sus comunidades. Los derechos humanos sonfinalidades propias de la RSE” (Guédez, 2009, p 64)La definición que nos presenta el libro verde de la Comisión de ComunidadesEuropeas la RSE, es la “integración voluntaria, por parte de las empresas, de laspreocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales”…En este sentido y en apego a la tendencia mundial de promover la sensibilidad yresponsabilidad social, en Venezuela, concretamente en la Ley de ContratacionesPúblicas (LCP) y su Reglamento (RLCP), se incorporó esta obligación a cargo delContratista. Figura que se corresponde con el nivel denominado “Legalista”, nivel esteque como ya se dijo con precedencia, no nace de la voluntad del contratista, sino quees impuesto por la Ley.Así las cosas, el artículo 6 numeral19 de la Ley de Contrataciones Públicas, enconcordancia con los artículos 34 al 50 de Reglamento de citada Ley, regulan todo loatinente al Compromiso de Responsabilidad Social (CRS).La intención del legislador respecto a este compromiso, es que este sea ejecutado porlos contratistas a los fines de involucrarlos y sensibilizarlos con el entorno social delórgano o ente contratante, o del lugar donde se lleve a cabo la adquisición de bienes,la prestación de servicios o ejecución de la obra.En este orden de ideas y a los fines de una mejor comprensión sobre esta obligación,resulta necesario esbozar ciertos aspectos relacionados con los entes y organismospúblicos venezolanos y las características de los contratos que suscriben con losparticulares, dado su estrecha vinculación con el tema en desarrollo.CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓNLa actividad preliminar al contrato de la Administración, adopta las formas jurídicaspropias de la función administrativa. Las etapas del procedimiento preparatorio y5
  6. 6. previo a la emisión de la voluntad contractual, sustancialmente adquieren forma deacto, reglamento, hecho o simple acto administrativos.Ellas, a tenor de nuestra dogmática jurídica, son las formas por las cuales seexterioriza toda la actividad administrativa del Estado, contractual o no. La actividadadministrativa contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de lafunción administrativa ni tiene formas jurídicas de manifestación distinta de aquélla.Los actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos, dictados oejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual, se incorporanunitariamente, aunque de manera separable, en el procedimiento administrativo deconformación de la voluntad contractual. Por ello, las reglas y principios que rigen laintervención de los interesados en la preparación de impugnación de la voluntadadministrativa (procedimiento administrativo) son también aplicables a la actividadadministrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y contractualpropiamente dicha (de ejecución de la voluntad).La mayoría de las legislaciones del mundo, han reconocido que los contratosadministrativos, supeditan su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidadesexigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos decontratación. Estas formalidades discurren a través de una serie de actospreparatorios del contrato. En este orden de ideas, se ha señalado que: "en materiade contratos públicos la administración y las entidades y empresas estatales se hallansujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plenavigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medidaen que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidaspara cada caso y el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestosnormativamente, los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas paradisponer sin expresa autorización legal" (CSJN, 22/12/93, "Espacio S.A. v.Ferrocarriles Argentinos", JA, nº 5.894, 17/8/94, p. 30).Si bien los contratos (escritos o verbales) pudieron haber sido firmados o acordadosbajo un régimen privado, Verbigracia caso las experiencias del Banco de Venezuela,Cemex, Owens Illinois y otras, no menos cierto es que ope legis (por imperio de laLey), en este caso la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y la Ley6
  7. 7. Orgánica de Procedimientos Administrativos, fundamentalmente, todos los contratos(Para la Adquisición de bienes y Servicios y la ejecución de obras) suscritos pordichos entes, entre otros los estatizados, deben ser considerados “contratosadministrativos”, si en ellos se observa lo que ha reiterado tanto la Doctrina como lajurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, alseñalar como características esenciales de dichos Contratos, las siguientes:(I) Que una de las partes contratantes sea una persona jurídica estatal;(II) Que su objeto esté relacionado con la prestación de un servicio público; y(III) Que contenga cláusulas exorbitantesLa Sala Político-Administrativa del TSJ en decisión de fecha 16 de marzo de 2000(Caso: Constructora Pedeca, C.A. vs. Gobernación del Estado Anzoátegui) ratificó elcriterio en torno a los elementos que permiten calificar un contrato como“administrativo”, al señalar que poseen esta calificación aquellos contratos en los queuna de las partes sea una persona jurídica estatal; su objeto verse sobre la gestión deun servicio público y se encuentren presentes en el contrato cláusulas que leotorgaban potestades a la Administración contratante que rebasaban el régimenpropio de los contratos que se rigen por el derecho privado (i.e. cláusulasexorbitantes). En idéntica posición se ha pronunciado la Sala en decisiones del 27 dejunio de 2000 (Caso: Giuseppe Spadaro), 27 de julio de 2000 (Caso: Talleres Comar,C.A.), 10 de octubre de 2000 (Caso Manselva vs. Municipio Miranda del estado Zulia)y 13 de febrero de 2001 Caso: Proyecto y Construcciones Civiles, C.A.).De otra parte, la Sala Político-Administrativa ha señalado que además de los típicoselementos identificadores del contrato administrativo (i.e. ente público contratante,servicio público y cláusulas exorbitantes), existen otros rasgos propios de loscontratos administrativos que deben ser examinados en cada caso concreto. Así, laSala ha establecido que:Sin embargo, por lo general, las cláusulas exorbitantes contienen ventajas a favor dela Administración. Bajo esta perspectiva, la doctrina y jurisprudencia han considerado7
  8. 8. como cláusulas exorbitantes típicas de los contratos administrativos, las siguientes prerrogativas que se otorgan a la Administración Pública:a) El poder de revocación unilateral por motivos de orden público, a fin de permitir la ruptura de un vínculo que se había convertido en contrario a los intereses tutelados por la Administración;b) La potestad de rescisión unilateral sin intervención del órgano judicial, acordada como sanción al cocontratante, fundada en el poder disciplinario que la Administración ejerce; (127 Y 128 LCP - Causas imputables al contratista)c) El ius variandi o derecho de la Administración a modificar unilateralmente el contrato (Artículos 106 al 108 de la LCP);d) El poder de interpretar unilateralmente el sentido y alcance de las cláusulas del contrato;e) Potestad sancionatoria: (artículos 131, 22.16 LCP y 54.4 RLCP); yd) Potestad de Control y Fiscalización -además de obras abarca Bienes y Servicios- (Art.38LOCGRSNCF-15-20-23-95-98-112-116-130-131LCP). Es necesario precisar, como ya lo ha dicho la Doctrina, el derecho comparado y la jurisprudencia, que el contratista cuando contrata con el estado, se transforma por ficción jurídica y de manera muy especial, en un verdadero servidor público. Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la Administración Pública, con quien celebra un contrato, tiene su origen en la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato, pues el fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad pública colectiva que puede afectar su ejecución. Por tal razón, dentro del proceso de adecuación en el cual se encuentran los citados entes públicos, es de presumir que se hayan alcanzado convenios, modificaciones, etc., con los contratistas que han permitido la correspondiente normalización y adecuación progresiva de sus contratos y en definitiva su formalización como contrato 8
  9. 9. administrativo regido fundamentalmente por la Normativa interna, con franca tendencia a su migración a la Ley de Contrataciones públicas y su Reglamento. Para el legislador patrio es fundamental, que estas empresas estatales contratantes, sus clientes y los contratistas internalicen los cambios jurídicos que involucran transitar del ámbito privado al público y las consecuencias que de los mismos se derivan.. Es importante destacar, que sin un necesario periodo de adecuación, todos los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras (entre otras situaciones), quedarían prácticamente sin soporte jurídico, como consecuencia de la necesaria aplicación sustancial de las normas de contratación pública a las cuales están sujetos (sobrevenidamente) los entes estatizados. Estas normas imponen la obligación de realizar contrataciones bajo las formalidades que ella indica, sin que sea viable jurídicamente, salvo situaciones excepcionales, entender en el tiempo los contratos, aun aquellos que hubieren sido otorgados bajo las modalidades previstas en la LCP. Ello con fundamento igualmente en situaciones relacionadas con la libre competencia, normativa fiscal y las normas presupuestarias. Por las razones precedentemente expuestas, aquellos contratistas que se rehúsen a cumplir con el compromiso de responsabilidad social, podrían exponerse a que se les rescinda o se le declare la caducidad del contrato, o se deje sin efecto, en caso de que haya sido verbal (Verbis), con la consecuente evaluación negativa (Art 31 y 35 LCP), sin perjuicio de que el ente público, les exija el cumplimiento del mismo (CRS), aun cuando haya aplicado tales medidas. Por otro lado resulta de especial interés, traer a colación el criterio de la Contraloría General de la República sobre las contrataciones que realizan los Entes y Órganos públicos y su relación con las Contrataciones públicas, con especial énfasis en los contratos públicos que exceden un periodo fiscal: 9
  10. 10. “Al respecto, esta Dirección observa: Si bien los contratos que celebra la Administración –en nuestro caso la República- son el resultado de un acuerdo de voluntades, todo lo concerniente a la competencia de la autoridad contratante, al conjunto de formalidades que han de observarse y a la manifestación de su voluntad está sometido a preceptos de derecho público. Particularmente, a los efectos de los planteamientos formulados, debemos tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de pautas previas al otorgamiento del contrato, que implican algunas limitaciones. Una de ellas es que se requiere autorización presupuestaria previa, vale decir, se requiere la existencia de una partida presupuestaria para cubrir el gasto, la cual tiene como límite temporal un (1) año, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, otra viene dada por los procedimientos para selección del contratista, (…). En cuanto a la autorización presupuestaria, el artículo 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto; asimismo el artículo 313 eiusdem consagra el principio de la anualidad presupuestaria, al señalar que “La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley” (principios de legalidad del gasto y de anualidad presupuestaria). Ahora bien, respecto a la posibilidad de incluir una cláusula de renovación o prórroga de un contrato por solamente un (1) año más, en forma no automática, bajo la condición de que ello suceda siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria en el siguiente ejercicio fiscal y así sea solicitado expresamente por la Contraloría General de la República, se observa que al mantenerse al mismo contratista por un período adicional de un año sin nuevo procedimiento licitatorio, pudiera interpretarse como atentatorio a la regla general en materia de selección de los contratistas, cual es, que en principio todo contrato debe licitarse en aras de la competitividad. En materia de contratación (…) no contiene disposición expresa en torno a la posibilidad de renovar anualmente contratos celebrados con ocasión de procedimientos licitatorios.Fuente: DICTÁMENES DE LA CGR AÑOS 2003-2004 – N° XVIII 226:http://www.cgr.gob.ve/pdf/publicacion/dictamenes/dicta2003_2004.pdf Habiendo hecha las acotaciones precedentes y a los fines de ilustrar lasregulaciones sobre el compromiso de responsabilidad social y las consecuencias quese derivan de los Contratos administrativos, especialmente aquellos cuyo fundamentoesencial, es la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, se traen a colación,algunos de los argumentos o interrogantes de los contratistas, que podrían derivarsede la transición de un ente de privado a público:10
  11. 11. 1. ¿El CRS, constituye una carga económica que afecta los intereses de unaempresa y que además no fue contemplada en el contrato que precedía laestatización?En cuanto a esta interrogante, se aprecia que el CRS, constituye un “acuerdo” queimpone la Ley a las partes contratantes, (Ente contratante y contratista), a los fines deatender demandas sociales del entorno del ente contratante (Articulo 6.19 LCP).Es por el contrario, la oportunidad del empresario de sensibilizarse con el entorno delente contratante, aprovechando sus potencialidades.2. ¿Aplica el CRS a contratos cuya existencia precede la estatitazación,normas sobrevenidas (posteriores) al contrato existente?El compromiso de responsabilidad Social está contenido en el Decreto Ley deContrataciones Públicas del año 2008, reiterado en las reformas LCP de abril 2009 yvuelto a ratificar en la LCP de septiembre 2010. Así las cosas, una vez producido elcambio de privado a público, surge para el Ente estatizado, sustancialmente, laobligación de ajustarse a las normas de carácter público que le sobrevinieron pordisposición de la Ley.Tanto es así, que los entes tienen la obligación de adecuar sus contratos a losprincipios de anualidad de presupuesto, disponibilidad presupuestaria, y otras Normasrelacionadas, con el fin, entre otros aspectos, de seleccionar en definitiva a loscontratistas que en los términos que establece en la LCP, presenten al ente, la ofertamás favorable y que más se adecue al pliego de condiciones correspondiente.Paralelamente, el contratista, a partir de la fecha de la adquisición del ente por elEstado, queda obligado “OPE LEGIS” a cumplir, entre otras, con las disposicionescontenidas en la LCP y su Reglamento.Es tal la relevancia e importancia del CRS, que el pliego de condiciones lo consideraobligatorio (Art. 44.14 LCP). Además es causal de rechazo cuando la oferta no locontempla (art. 71.8 LCP) y finalmente causal de nulidad cuando este no esincorporado en el contrato correspondiente (Art 98 LCP).11
  12. 12. 3. ¿Que sucede si el contrato ha sido suscrito con una vigencia mayor a un año antes de ser estatizada la empresa?La duración de los contratos que suscribe la administración, de la cual no escapan losEntes, por lo general y salvo situaciones excepcionales, no debe exceder el periodopresupuestario correspondiente. Así las cosas un contrato con una vigencia de tantosaños, indudablemente, debe ser sometido al proceso de adecuación, a la brevedadposible. 4. ¿Pueden aplicarse las normas relativas a los contratos públicos a contratos suscritos bajo la figura de derecho privado?Una vez que el Ente cambia de propietario y el estado asume sus riendas, lesobreviene a este último lo que asumimos con anterioridad, la potestad de hacervaler en este tipo de contratos, las prerrogativas de la administración, vale decirpotestades o poderes de la administración sobre los particulares, cuando esta últimasuscribe o administra un contrato público.De tal manera que en estos entes estatizados, podemos observar la presencia de“potestades y prerrogativas sobrevenidas”, que sin lugar a dudas obran en sufavor. Asimismo es necesario recordar, que salvo casos excepcionales, lascontrataciones públicas se programan por año (Art 23 LCP), atendiendo imposicionesde Las leyes presupuestarias y fiscales.En este sentido, una vez transcurrido el periodo de adecuación, serán inviables, salvocasos excepcionales, el otorgamiento de prórrogas o extensiones a contratos, dadoque con ello se estaría al margen de las previsiones contenidas en la LCP y suReglamento, al igual que en las disposiciones presupuestarias.¿A quien corresponde cumplir con el CRS, al Ente Contratante o al Contratista?En este orden de ideas, necesario es destacar, el criterio de la CGR, sobre el buenuso de los recursos del Compromiso de Responsabilidad Social (CRS) previsto en las12
  13. 13. citadas disposiciones legales que ha fijado el máximo órgano de control sobre elparticular, en criterio reciente, resumido en su portal, el cual se transcribe: “…Se evidenció que FUNSALUD, retuvo durante el año 2010, Bs. 43.542,26, por concepto del Compromiso de Responsabilidad Social, correspondiente al Contrato S/Nº (…) por un monto total de Bs. 1.625.577,58. Al respecto, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, establece que el Compromiso de Responsabilidad Social puede ser aplicado mediante proyectos sociales, los cuales serán constituidos por la información de las necesidades del entorno social del órgano o ente contratante o de las comunidades organizadas ubicadas en las áreas de influencia de los mismos. Igualmente, el artículo 45 eiusdem, señala que la ejecución de la obra o proyecto social, es responsabilidad única y exclusiva del Contratista con el cual el órgano o ente contratante ha suscrito el contrato. Lo antes expuesto, se originó como producto de lo establecido en la Cláusula Décima del Contrato S/Nº (…), que expresa la autorización a FUNSALUD de retener de los pagos a efectuarse Bs. 43.542,26, por concepto del Compromiso de Responsabilidad Social, lo que trajo como consecuencia, que el porcentaje previsto en el contrato equivalente al 3,00%, no fue invertido por parte del Contratista en proyectos sociales en beneficio de las comunidades organizadas…”(Negritas y cursivas del autor del trabajo) (http://www.cgr.gob.ve/informes_actuacion.php?Cod=027).Este fundamental criterio, proveniente del Órgano que ejerce la “superioridadjerárquica impropia” en materia de control de recursos públicos, sienta precedentes enlo que concierne a la utilización de estos recursos, que lamentablemente han sidoutilizados en algunos casos, para fines que pudieran no estar ajustados a lasprevisiones legales.Conclusiones  El compromiso de Responsabilidad Social contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, es aplicable a todas las13
  14. 14. adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que realizan los entes privatizados, incluidos los contratos (suscritos o no) que se hayan venido ejecutando desde la fecha de su adquisición por parte del estado. Salvo lo previsto en los artículos 3, 34, 40 y 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.  Los Contratos que suscriben dichos entes, cuando se involucra la finalidad de utilidad de servicio público, son contratos administrativos y con fundamento en ello, los entes pueden ejercer las denominadas “potestades” o “prerrogativas” de la administración.  Los contratos que bajo tales condiciones suscriben los entes, son diametralmente distintos a los contratos privados, en estos últimos priva el principio de la autonomía y libertad de las partes al contratar y en el caso de los entes estatizados, aplican disposiciones (presupuestarias y fiscales etc.), que los obligan al cumplimiento se ciertos requisitos, para que los gastos que realicen y los contratos que firmen, sean válidos. En este sentido no sólo basta con la simple voluntad como es en el derecho civil, incluso pueden ser verbales (Verbis) en tanto que a la administración pública le está vedado hacer contratos verbales.  La negativa a cumplir este compromiso (en el caso de los sujetos obligados por la LCP y su Reglamento), pudiera dar motivo entre otras sanciones, a la declaratoria de nulidad del contrato en sede administrativa por parte de los entes, y a la evaluación negativa de la empresa contratante.  La ejecución de la obra o proyecto social (CRS), es responsabilidad única y exclusiva del Contratista con el cual el órgano o ente contratante ha suscrito el contrato.Referencias(1) Medidas Temporales para la Promoción y Desarrollo de las Pequeñas y MedianasIndustrias (PyMis), Cooperativas y otras formas Asociativas, Productoras de Bienes,Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras., ubicadas en el país. Gaceta de laRepublica Bolivariana de Venezuela N º38.567 de fecha20 de noviembre de2006. Art 3, numeral 10.14
  15. 15. (2) Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5.453Extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2000. Arts. 299 y 308.(3) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. GacetaOficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 5.877 Extraordinaria de fecha25 de marzo de 2008.Art 6 numeral 19.Ley de Contrataciones Públicas de fecha 6 de septiembre de 2010 Gaceta Oficial39503.Reglamento de de la Ley de Contrataciones Públicas publicado en Gaceta Oficial39181 de fecha 19 de mayo de 2009.EDGAR JOSÉ MARIÑO DÍAZC.I: 5527686emarinodiaz@hotmail.comiecsam@hotmail.com15

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