Detenciones masivas y arbitrarias en puerto valdivia
1. DENUNCIA PÚBLICA
La Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre y sus
comunidades denuncian que:
Unidades del ejército de la base militar Marconi de Yarumal,
perteneciente al batallón Girardot de Medellín, están
sacando prisioneras a las comunidades de la vereda El Tigre
de Puerto Valdivia argumentando para ello ficticio sapeo
dizque de un miembro de la misma comunidad que lleva
año y medio trabajando con la red de informantes. Las
acusaciones que se hacen a los miembros de nuestra
comunidad por el supuesto informante son absolutamente
falsas como lo pueden testimoniar testigos serios y reales
de la comunidad. La estratagema de los “informantes” es
una infamia utilizada por ejército, policía y organismos de
seguridad del Estado para encauzar injustamente a civiles
inocentes. Jueces y fiscales deben reflexionar seriamente
sobre la veracidad de las acusaciones que se imputan sobre
tan burdos embustes.
Las detenciones se están efectuando SIN ORDEN
JUDICIAL, desconociendo el Artículo 1° del código de
procedimiento penal que en el artículo 2° de la Ley 906
de 2004 y posteriores modificaciones (art. 1, Ley 1142 de
2007) ordena:
“Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su
libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni
privado de su libertad sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial
1
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL
VEREDA EL
TIGRE –
PUERTO
VALDIVIA
2. competente, emitido con las formalidades legales y
por motivos previamente definidos en la ley”.
HECHOS
1. El día lunes 8 de diciembre de 2014, a las 5:30 de la
mañana llegaron a la vereda El Tigre de Puerto Valdivia
soldados de la base militar Marconi (Yarumal) del batallón
Girardot y levantaron abruptamente de sus camas a los
campesinos JULIÁN FERNEY ÁLVAREZ QUICENO, tesorero
de la Junta de Acción Comunal y a los socios afiliados
ALEJANDRO ARNULFO VELÁSQUEZ ESPINOSA,
ORLANDO GARCÍA AREIZA Y YORMAN ANTONIO
ARANGO URIBE.
2. Los compañeros fueron bajados por el ejército a las
carreras hasta la vía de acceso vehicular en menos de
media hora cuando el mismo recorrido de la vereda a la
vía se tarda normalmente una hora. Procedimiento
ilegal, arbitrario y precipitado llevado a cabo velozmente
con el objetivo de eludir el reclamo y presencia de la
comunidad.
3. Sospechosamente, en la vía ya tenían un vehículo listo,
esperándolos, en fracción de segundos los metieron al
automotor y a la velocidad del rayo los enviaron a la base
militar en Yarumal.
4. Sin ninguna imputación de cargos, el día martes 9 de
diciembre de 2014, nuestros compañeros fueron enviados a
la cárcel de Yarumal. Posteriormente y de la manera más
irregular, violando y desconociendo las más elementales
normas del código de procedimiento penal, les levantan
falsos positivos acusándolos de narcotraficantes y
2
3. poseedores de cocaína. Los soldados que hicieron el
irregular e ilegal procedimiento informaron que habían
decomisado a nuestros compañeros base de coca, ácido
sulfúrico, soda caustica y dizque 15 canecas de gasolina,
más sin embargo en las audiencias nunca presentaron tales
elementos ni evidencias de los mismos.
EXIGIMOS
A. Se deje en libertad inmediata a nuestros compañeros
ya que son objeto de un falso positivo, y de ser cierta, la
existencia del informante, cosa que dudamos y que
estamos seguro no existe, sus señalamientos obedecen
más a calumnias, mentiras y resentimientos que a
realidades. Toda la comunidad de El Tigre y las aledañas
pueden dar testimonio que los compañeros detenidos
ilegalmente son personas honestas, trabajadoras y de
ejemplar comportamiento.
B. Se suspenda las hostilidades y estigmatizaciones
indiscriminadas adelantadas por las unidades del ejército
contra las comunidades campesinas de las diferentes
veredas de Valdivia.
C. De Autoridades policiales y militares, y a las
autoridades civiles y eclesiales, que tengan en cuenta
que NO EXISTEN CULTIVOS ILÍCITOS PORQUE
NADA DE LA NATURALEZA PUEDE SER
CONSIDERADO ILEGAL NI MUCHO MENOS
CRIMINAL y que si llegamos a cultivar las plantas de
coca, no es porque nadie nos obligue, sino porque nos
obliga el hambre y el abandono de los gobiernos que no
3
4. nos reconocen los derechos que tenemos como
ciudadanos.
D. El Estado tiene que reconocer que el delito no
es cultivar, y que por tanto los campesinos y
campesinas no somos delincuentes. Igualmente
que unas matas con tantas virtudes medicinales,
alimenticias o fertilizantes entre otras, pueden ser
también una alternativa procesándolas,
industrializándolas, para producir derivados y beneficios
como ya se hace en Bolivia, Perú, y en nuestro país en
el Cauca. Ninguna salida al conflicto social cocalero se
puede dar sin contar con la organización
campesina y sin el reconocimiento de nuestras
organizaciones como interlocutores válidos. Por
ello que los gobiernos deben buscar salidas
consensuadas con nosotros, en vez perseguirnos,
estigmatizarnos y condenarnos a morir de física
hambre.
El conflicto social cocalero, está demostrado que no
se resuelve con militarización ni represión, el día
que los gobiernos reconozcan que esa vía ya fracasó
aquí y en el mundo entero, seguro que encontrarán en
las comunidades campesinas y en la sociedad
colombiana en general la construcción de salidas
realmente válidas para garantizar nuestra condición de
ciudadanos, sujetos de derechos y deberes y sobre todo
de seres humanos dignos.
LLAMAMOS
4
5. A la opinión pública nacional e internacional, a los
Organismos de protección y defensa de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
a todas las organizaciones y personas amigas de la
justicia social y sensibles al dolor humano causado
por el montaje irracional de los falsos positivos que
realizan las instituciones castrenses y policiales a que
suscriban solidariamente nuestras sentidas, urgentes y
justas demandas a jueces y fiscales para que dejen en
libertad a nuestros compañeros detenidos ilegal y
arbitrariamente.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TIGRE-
PUERTO VALDIVIA
Diciembre 20 de 2014
Con copias a:
• JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
• JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
ministro@minjusticia.gov.co
• MINISTERIO DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co
• LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
• JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
secretaria_privada@hotmail.com,agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
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6. • ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
● SERGIO FAJARDO
Gobernador de Antioquia
sergiofajardo@une.net.co
● ALCALDIA DE VALDIVIA
alcaldiavaldivia@hotmail.com
●PERSONERÍA DE VALDIVIA
personeria@valdivia-antioquia.gov.co
• JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN - Defensor Delegado para la
Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH.
sat@defensoria.org.co
• Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos:
oacnudh@hchr.org.co
• Organización Nizkor para los Derechos Humanos.
nizko@derechos.org
• Federación Internacional de Defensores de Derechos Humanos
(FIDH).
• Corporación Jurídica José Alvear Restrepo
• Corporación Jurídica Libertad.
• Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia.
• Coordinación Colombia Europa Estados Unidos COOEUROPA -
Nodo Antioquia.
• Corporación REINICIAR
• Medios de comunicación
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