Imparcialidad en la administración de justicia
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    Imparcialidad en la administración de justicia Imparcialidad en la administración de justicia Document Transcript

    • LA IMPARCIALIDAD EN LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Jorge Rendón Vásquez Profesor Emérito Universidad Nacional Mayor de San MarcosSUMARIO: 1.- Introducción. 2.- La imparcialidad como valor que legítima al juez. 3.- Antecedenteshistóricos. 4.- Los requisitos de la imparcialidad. 4.1.- La formación de los magistrados. 4.2.- Laselección de los jueces. 4.3.- Normas sancionadoras. 4.4.- Procedimientos de aplicación de las sanciones.4.5.- La vigilancia de la ciudadanía, de las instituciones interesadas en la marcha de la administración dejusticia y de la prensa.1. INTRODUCCIÓN De una manera general, los especialistas en el fundamental tema de la administración dejusticia coinciden en que los objetivos a los cuales se debería tender para hacerla realmenteeficaz son la imparcialidad, la celeridad y un costo reducido para quienes acuden a ella. Valedecir que, en gran parte y con diferencias que pueden llegar a ser abismales de continente acontinente, la justicia (eufemismo que designa a la administración de justicia) no suele serimparcial, es lenta, por no decir lentísima, y su costo para el litigante es exorbitante1.2. LA IMPARCIALIDAD COMO VALOR QUE LEGITIMA AL JUEZ Parece obvio que la imparcialidad es el valor más importante entre los indicados, y lo esporque constituye la razón de ser de la justicia. A estas alturas de la evolución social, política y jurídica de la sociedad y en atención a esacalidad que debería tener, la justicia es en todas partes un servicio público, es decir, una funcióndel Estado por delegación de los ciudadanos, consistente en la solución o la composición de losconflictos jurídicos, delegación registrada, claro está, en el documento que formaliza el pactosocial, o la Constitución del Estado. Para que esta función pueda ser cumplida, como obligación del conjunto de personas a lasque les ha sido encomendada, y ejercida como facultad, los ciudadanos la han dotado, por laConstitución, de un carácter capital: la autonomía de los jueces en la emisión de sus decisiones,o lo que se denomina la autonomía de la función jurisdiccional. Al atribuirle este carácter, los1 Un estudio comparativo del estado de la justicia civil conformado por cuatro contribuciones sobre los países de common law: Estados Unidos, Inglaterra y el País de Gales y Australia; y diez sobre los países de ley escrita: Alemania, Japón, Italia, Francia, Brasil, Grecia, España, Portugal, Países Bajos y Suiza, permite llegar a la conclusión de que la justicia civil atraviesa una crisis cuyos ejes son la búsqueda de la verdad, los plazos y los costos. Se constató que, en casi todos ellos, luego de una reforma se alzaba la idea de otra. Civil justicie in crisis, comparative perspectives of civil procedures, Oxford University Press, 1999, Edit. A. A. S. ZUCKERMAN. Nota bibliográfica en la Revue Internationale de Droit Comparé, Paris, 2000, Nº 2, pág. 487. En realidad la justicia con su descomunal cuerpo de formalismos se arrastra pesadamente desde los primeros momentos de la Roma antigua.
    • 44 Derecho – Revista de la Facultad de Derechociudadanos desean que los jueces resuelvan los litigios según las reglas de juego admitidas poraquéllos, directamente o a través de sus representantes a cargo del Poder Legislativo,prescindiendo de cualquier imposición de algún órgano estatal o persona y sin desbordar loslímites de la normativa vigente para favorecer indebidamente a una de las partes. La autonomíade los magistrados judiciales es garantía para posibilitar su imparcialidad. No es, por lo tanto,una licencia para decidir contra las leyes. Ese comportamiento imparcial de los jueces los dota de legitimidad real, distinta de lalegitimidad formal resultante de un nombramiento ajustado a la ley2. Aunque, más allá de su fundamento constitucional, estas nociones tengan por base elsimple sentido común, suelen ser olvidadas o preteridas por numerosos magistrados, y casisiempre con la activa e insistente iniciativa de ciertos abogados de alguna parte en los pleitos.Cuando en la sociedad, los jueces, y otras autoridades, incumplen reiteradamente su obligaciónde proceder con imparcialidad, la normativa tiende a desvanecerse en la conciencia de losciudadanos, se instala la informalidad y empieza el reinado de la corrupción. Entonces, puedeocurrir que diversos grupos de ciudadanos se sientan desobligados de acatar las reglas de lajusticia, por su desconfianza en los magistrados, y decidan resolver por sí mismos los conflictoso aplicar las sanciones que estimen merecen los infractores de la ley por una conducta que losperjudica. En nuestro país, la credibilidad de la ciudadanía en los jueces decrece cada día más.Numerosas encuestas revelan que menos del diez por ciento de los entrevistados creen que elPoder Judicial es imparcial y que cumple correctamente sus funciones. Hay en la sociedad ciertos modos de solución de conflictos, ajenos a la actividad delPoder Judicial, pero aceptados por el consenso de los grupos interesados, por lo general conrespaldo legal. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, un árbitro asistido por varios jueces delínea cuida el cumplimiento de las reglas de juego. Tanto los jugadores como el público estánobligados a conformarse a las decisiones del árbitro y, de entrada, todos esperan que ésteproceda imparcialmente y, con mayor razón, porque sus decisiones son inapelables. Si el árbitrose excede en las sanciones o si inaplica las reglas, favoreciendo indebidamente a uno de losequipos, el público, con sus miles y miles de ojos y cerebros, ejerciendo un control mediato,manifestará su desacuerdo y, si la conducta errónea o parcial del árbitro subsiste, protestará,llevando, en ciertos casos, su cólera hasta extremos indeseables, contra los cuales la únicaprotección del árbitro son la solidez y la resistencia de las barreras, los fosos, las mallas dealambre o las placas transparentes de plástico, y las porras de la policía.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Desde los tiempos de la formación del Estado, cuando éste asumió la función de resolverlas controversias de los miembros de la sociedad, la idea de justicia fue asociada con la de2 “Tener legitimidad es, en los términos más corrientes, ser reconocido como justificado, ser aceptado por lo que se es y por lo que se hace. El reconocimiento público es, por lo tanto, la clave de la legitimidad [...] Son sus decisiones lo que hacen legítimo al juez. [...] Esta vinculación del juez al derecho a su cargo es la consecuencia de su obligación de resolver el litigio, según la fórmula francesa, conforme a las reglas de derecho que son aplicables. Desde que se impuso la idea de que el juez debe decidir aplicando la norma previamente establecida por un poder distinto del suyo, esta concepción del oficio de juez ha ganado terreno para expandirse con la fórmula de Estado de derecho”. Barthelémy MERCADAL, profesor honorario del Conservatoire National des Arts et Métiers, La légitimité du juge en la Revue Internationale de Droit Comparé, Paris, 2002, nº 2, pág. 271.
    • Derecho Constitucional 45imparcialidad. Para eso se le creaba. La renuncia o la prohibición de hacerse justicia por manopropia por los miembros de la sociedad, en esos remotos tiempos, tenía como contrapartida laimparcialidad de los jueces, y la ley sancionaba las infracciones a este precepto. El Código de Hamurabi3 dispone: “Si un juez juzgó una causa, dio una sentencia y undocumento sellado y después alteró su sentencia, comprobada la alteración hecha, pagará hastadoce veces la cuantía controvertida. Además, será destituido de su puesto ante la asamblea delpueblo y no volverá a sentarse con los jueces en un proceso” (art. 5º). La Ley romana de las XII tablas4 era más severa aún con los jueces corruptos. Expresaba:“Si un juez o un árbitro indicado por el magistrado recibió dinero para juzgar a favor de una delas partes en perjuicio de la otra, será muerto”. (Tabla IX). Luego, cuando el Estado pasó a ser una entidad dirigida por los más ricos propietarios yfue manejado, finalmente, por una sola familia, la administración de justicia acabó por perderlos últimos vestigios de imparcialidad. Las decisiones del juez reproducían la voluntad delgobernante o simplemente el gobernante era también juez. Cabe aquí preguntarse ¿Por qué enese modelo de sociedad les era necesario a las clases gobernantes contar con jueces? ¿Qué losimpulsaba a montar esas parodias de procesos judiciales en los que, finalmente, el derrotado, elenemigo o el adversario colocados en posición defensiva, el intelectual contestatario o elcreyente en ideas distintas de las impuestas por la iglesia apoyada por el poder político, erancondenados a las penas más crueles e infamantes, luego de habérseles destruido material yanímicamente con la tortura? ¿No podían aniquilarlos simplemente, como hacían con muchas delas pobres gentes, aunque, en muchos casos, también les era preciso someter a éstas a lassimulaciones de procesos judiciales? Se diría que detrás de todos esos tiranos emergía lajusticia, como un fantasma al que había que engañar con un remedo procaz de imparcialidad. El juicio de la historia sobre tales procesos y jueces fue casi siempre el juicio de ciertosescritores, cuya obra ha trascendido justamente por su desvelamiento de la realidad atosiganteen la que tenían que vivir, como una invocación a las generaciones futuras para que acabarancon esas iniquidades del poder económico y político, de las costumbres, de la superstición y dela ignorancia. Don Francisco de Quevedo y Villegas, con su habitual desenfado y crudeza, se ocupó dela corrupción de la justicia en un soneto5. Decía: A un juez mercader Las leyes con que juzgas, ¡oh Batino!, menos bien las estudias que las vendes; lo que te compran solamente entiendes; más que Jason te agrada el vellocino. El humano derecho y el divino, cuando los interpretas, los ofendes, y al compás que la encoges o la extiendes, tu mano para el fallo se previno.3 Rey fundador del primer Imperio Babilónico, quien vivió entre 2067 a 2025 a.C.4 De 451 a.C.5 Obras completas, Madrid, Aguilar, 1943, 1967, tomo II, Obras en verso, pág. 48.
    • 46 Derecho – Revista de la Facultad de Derecho No sabes escuchar ruegos baratos, y sólo quien te da te quita dudas; no te gobiernan textos, sino tratos. Pues que de intento y de interés no mudas, o lávate las manos con Pilatos, o con la bolsa ahórcate con Judas. Mucho más tarde, Gérard de Nerval, el poeta y novelista francés, diría en su relato Lamano embrujada6, refiriéndose a un juez del siglo XVII: “Para acabar su retrato sería necesario plantarle en el sitio acostumbrado de la nariz unalarga, de punta roma; las orejas bastante pequeñas, lisas y tan diestras en su oficio que erancapaces de oír a un cuarto de legua el tintineo de un cuarto de escudo, y el de un doblón desdemucho más lejos. Por eso, como cierto litigante preguntase si el señor magistrado no tendríaamigos a quienes pedirles una recomendación para él, le contestaron que, en efecto, elSalmonete tenía unos amigos a los que hacía enorme caso; que entre ellos estaban monseñorDoblón, don Ducado y hasta maese Escudo; que era necesario hacer intervenir simultáneamentemuchas influencias de éstas, y que con ello se podía estar seguro de ser atendidofervorosamente”. Cuando Sancho Panza fue hecho gobernador de la Ínsula de Barataria por el duque conjurisdicción en ese lugar, quien quería escarnecer así al prudente amigo de Don Quijote de laMancha, él asumió, sin embargo, las funciones de juez con seriedad y responsabilidad, y juzgólos casos que le fueron sometidos con sabiduría popular y acierto, como nunca había acontecidoen ese pueblo. La farsa terminó de mala manera para Sancho al advertir los nobles su honestidady su conducta alejada de toda obsecuencia con ellos, o, por decirlo en términos contemporáneos,su independencia jurisdiccional. Mandaron atacarlo para que la burla fuera mayor. Al momentode retirarse de la ínsula, Sancho le dijo a la poblada: “(...) más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con unzamarro de dos pelos en el invierno en mi libertad, que acostarme con la sujeción del gobiernoentre sábanas de holanda, y vestirme de martas cebollinas. Vuesas mercedes se queden conDios, y digan al duque, mi señor, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano; quierodecir, que sin blanca entré en este gobierno, sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir losgobernadores de otras ínsulas; y, apártense, déjenme ir, que me voy a bizmar, que creo quetengo brumadas todas las costillas, merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobremí”7. El racionalismo del siglo XVIII fue, en parte, la percepción de esas voces que clamabandesde el pasado. Y, un día, la sociedad estalló violentamente; y los intelectuales revolucionariosde Francia fueron lanzados a la acción por las multitudes enardecidas. La Declaración de losDerechos del Hombre y del Ciudadanos, aprobada el 26 de agosto de 1789, fue su proclamainicial y, al mismo tiempo, el estatuto de las personas en la nueva sociedad. Este documentoempieza con la declaración de la libertad e igualdad ante la ley de todos los seres humanos, basesobre la cual se construye el Estado, cuya finalidad es la conservación de los derechos naturalese imprescriptibles del hombre, y cuya conformación para el ejercicio de las funciones públicas6 Buenos Aires, Colección Pigmeo, 1955.7 Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Editorial Sopena, 1976, segunda parte, capítulo LIII.
    • Derecho Constitucional 47debe basarse en el igual acceso de los ciudadanos “según su capacidad y sin otra distinción quela de sus virtudes y talentos”. En ejecución de estos preceptos capitales, fueron suprimidos losnumerosos juzgados y cortes precedentes, casi todos hereditarios. En lo sucesivo, la función deadministrar justicia fue entregada al Poder Judicial, con la garantía de su autonomía, según lasprescripciones teóricas de Montesquieu en su famoso libro El espíritu de las leyes8. Luego, elpueblo pasó a hacerse justicia, entregando a la guillotina a los antiguos jueces y funcionariosprevaricadores y arbitrarios. Ninguna alambrada de protección pudo, entonces, contener a lasmuchedumbres que habían estado esperando durante siglos ese momento. La sociedad emergida de la Revolución Francesa de 1789 tardó muchas décadas enconsolidarse, transponiendo los largos períodos de retroceso, y sólo pudo expandirsedefinitivamente, al precio de un sacrificio atroz, luego de la Segunda Guerra Mundial del sigloXX. La separación del Estado en tres poderes básicos y su conformación por reglas establecidaspor los ciudadanos, quienes se reservaron un conjunto de derechos, los derechos humanos, esreconocida en todo el mundo como la manera normal de ser de la organización políticacontemporánea. El Poder Judicial debe resolver los conflictos, y debe hacerlo imparcialmente,según la Constitución y la ley.4. LOS REQUISITOS DE LA IMPARCIALIDAD No basta, sin embargo, que la Constitución imponga la imparcialidad. Muchosmagistrados, luego de ser investidos del poder de juzgar, olvidan súbitamente que sólo ejercenun poder delegado por la sociedad, y comienzan a sentir que ese poder dimana del propioEstado del cual ellos ya son parte, con lo cual se opera un retroceso múltiple y pululante, endiverso grado, hacia la concepción que se creía definitivamente abatida: “El Estado soy yo”. La brecha entre la constitucionalidad y la realidad de la justicia sólo puede serneutralizada y, a la larga, superada gracias a la conjunción de requisitos tales como la formaciónde los juristas, en general, y de los magistrados, en particular, una adecuada selección de losjueces, un conjunto de normas sancionadoras de su conducta ilegítima, procedimientos deaplicación de las sanciones, y una constante vigilancia de la ciudadanía y de las institucionesinteresadas en una buena administración de justicia, de la crítica especializada y de los mediosde comunicación social9.4.1 La formación de los magistradosa) La formación moral8 MONTESQUIEU decía: “Cuando en la misma persona o en un mismo cuerpo de la magistratura, el Poder Legislativo se reúne con el Poder Ejecutivo, no hay en absoluto libertad... Tampoco hay libertad si el poder de juzgar no está separado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si ese poder estuviese unido al Poder Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; puesto que el juez sería legislador. Si estuviera unido al Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.” El Espíritu de las leyes, Libro 11, capítulo 6.9 “Siendo la conducta de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional de una importancia superlativa para la sociedad, se les obliga a ser imparciales. Pero la imparcialidad es un valor al cual se puede tender o no. El máximo grado de imparcialidad sería la aplicación lisa y llana de la disposición jurídica al caso concreto juzgado. En realidad, sólo puede esperarse de los jueces una aproximación a ese máximo, que será mayor según su formación jurídica, cultural y moral, su elección por procedimientos técnicos y democráticos, el entorno de las partes y de la sociedad e incluso, cada vez más, la opinión pública internacional; y las sanciones de las que puedan ser pasibles”. en El derecho como norma y como relación social, de Jorge Rendón Vásquez, Lima, EDIAL, 4ª ed., 2000, nº 49.
    • 48 Derecho – Revista de la Facultad de Derecho La primera y más importante es la formación moral. Una persona no adoptaría decisionesimparciales si fuera incapaz de distinguir conceptual y emocionalmente el bien y el mal y, por lotanto, lo legal y lo ilegal. Esta formación comienza en el hogar, sigue en la escuela y continúatoda la vida. En ciertos casos, la reflexión más acertada sobre si una acción de la persona fuebuena o mala, en un tiempo ya muy lejano, sólo acude en el último instante de la vida. Unapersona cuyas preferencias por lo legal y lo ilegal son alternativas intercambiables a voluntad,según las presiones, ofertas, posición social, temores, amistad o enemistad, pertenencia a ungrupo político, o conveniencias personales no debería acceder a la magistratura. La propensióndel sujeto a sucumbir ante la corrupción o aspirar a ella, podría insinuarse o manifestarse enciertos síntomas de la conducta. Un examen psicológico ayudaría a conocer la solidez de laformación moral del postulante a magistrado y del magistrado a punto de ser sometido a laevaluación para ser ratificado o no.b) La formación cultural De hecho, una persona ignorante de la geografía, la historia y la cultura de la sociedad enla que vive, por lo menos en sus expresiones más perceptibles, no está capacitada para elejercicio eficiente de la magistratura. No sabría entender, en muchos casos, la naturaleza de losconflictos sometidos a su conocimiento, ni podría pronunciarse sobre las relaciones entre loslitigantes. Parte importante de esta formación es el manejo correcto del idioma, puesto que susdecisiones serán emitidas en piezas escritas fundamentadas10.c) La formación jurídica Puesto que la función del juez es dirimir en conflictos jurídicos, él debe conocer a fondola Constitución y la ley, y saber buscar las normas precisas con las cuales habrá de resolver esoslitigios. De esta formación son responsables las facultades de derecho. Pero, ¿están cumpliendotodas ellas este rol esencial en la sociedad? ¿La plétora de abogados no es correlativa con unadeficiente formación jurídica, como una manifestación del subdesarrollo, coexistente con lainformalidad generalizada en el país y la arbitrariedad de quienes gobiernan y juzgan? Un aspecto fundamental de la formación jurídica es el aprendizaje y la práctica de lalógica jurídica. En definitiva, la aplicación de la ley a un conflicto dado es una operación delógica, actividad en cuyo ejercicio los magistrados debieran ser expertos. Al emitir una decisiónel juez realiza una operación lógica por la cual comparando el texto de la norma (premisamayor) con los hechos (premisa menor) deduce una conclusión o decisión. Esta operación setraduce en la fundamentación de cada decisión. Una resolución judicial que la omita esarbitraria. Esto que parece tan obvio, no lo es para numerosos jueces y fiscales. Demandasredactadas como piezas impecables de lógica jurídica, con una correcta exposición de loshechos y el derecho y conclusiones de las que se infiere ineluctablemente la razón delpeticionante, pueden naufragar, como frágiles embarcaciones, ante la miopía, torpeza,ignorancia o corrupción de los jueces. El Código de procedimientos civiles, de 1912, disponíaque “Al redactar las sentencias, el juez (...) expresará los fundamentos en que se apoya paraadmitir o rechazar cada una de las conclusiones y pronunciará su decisión (...)” (art. 230º).Como no se sancionaba con la nulidad la ausencia de este requisito de la sentencia, los jueces loignoraban. A fuerza de haberse insistido, en varias universidades de América Latina, en laenseñanza de la Teoría pura del derecho de Kelsen y en la significación del Estado de derecho,10 Los postulantes a jueces ¿son sometidos a un examen de gramática castellana que debería ser eliminatorio?
    • Derecho Constitucional 49la influencia de estas nociones se ha trasladado en diverso grado a la normativa. En laConstitución de 1979 se incluyó la obligación de los jueces de motivar por escrito susresoluciones (art. 233º, 4), disposición que la Constitución de 1993 ha reproducido (art. 139º, 5).Luego, el Código procesal civil 1991-1993 señaló que “Las resoluciones contienen: (...) Laresolución correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y de los respectivos dederecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho. (...) Laresolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula”. (art. 149º). Pero losjueces decidieron contornear esta disposición, por propia iniciativa o asumiendo una viejapráctica entronizada en el Poder Judicial, y les dieron a los considerandos una constitución tanvaporosa que cabía en unos cuantos renglones, o los llenaban mencionando ciertos artículosimpertinentes del Código procesal civil. El colmo de la arbitrariedad judicial era el rechazo deuna petición con la frase: “Pídase conforme a ley”, ante la cual un abogado se preguntabaintrigado en qué ley estaría pensando el juez, si es que pensaba en alguna. Contra esta anómalasituación se dio la Ley 27524, del 5/10/2001, por la cual se estableció, a este respecto, que “Lasresoluciones contienen: (...) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa laresolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hechoque sustenta la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normasaplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4. La expresión clara y precisa de loque se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegase unapetición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio,deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. (...) Laresolución que no cumpla con los requisitos antes señalados será nula, (...)” (CPC, art. 122º)11.4.2 La selección de los jueces Los tres sistemas principales de nombramiento de jueces son el inglés, el francés y elitaliano. En Gran Bretaña, los jueces son nombrados por la Corona, a propuesta del PoderEjecutivo. Sin embargo, por la costumbre, la profesionalidad y la permanencia de los jueces esrespetada. Los casos de remoción son raros y, casi siempre, se convierten en escándalos deproporciones. Este sistema ha sido trasladado a Estados Unidos y a otros países anglosajones.En algunos estados de los Estados Unidos, ciertos cargos de magistrados son cubiertos por11 El proyecto de la ley que impone una fundamentación exhaustiva de las decisiones judiciales fue promovido y redactado por el autor del presente artículo. Lo entregó al Presidente de la Comisión del Congreso de la República, el recordado amigo y excelente y probo jurista del Cusco, Daniel Estrada Pérez, quien le dio trámite de inmediato hasta hacerlo convertir en la Ley 27524. El art. 2º del proyecto y luego de esa Ley disponen, modificando el art. 157º del Código procesal civil: “La notificación de todas las resoluciones judiciales, en todas las instancias, y aún en la Corte Suprema, se realiza por cédula”. Se acabó así con la disposición aberrante que impuso la notificación por nota, fruto de la novelería de los redactores del proyecto del Código procesal civil, bajo la influencia de un profesor rosarino de derecho procesal civil, quien les sirvió de asesor. En la Argentina, la notificación por nota fue establecida hace ya más de cincuenta años. Los días de notificación por nota son allí los martes y los viernes, pero cuando los abogados o apoderados acuden en masa a las secretarías de juzgado a leer esas notificaciones, los expedientes les son entregados inmediatamente para su lectura sobre unos largos mostradores. Una práctica permitida por el nivel cultural, cívico y jurídico de un pueblo, se transforma, casi siempre, en un monstruoso enredo cuando se le transplanta a otro pueblo con un nivel educativo y de formación inferior, y cuando el poder político y la arbitrariedad de los jueces campean como fuerzas irrefragables.
    • 50 Derecho – Revista de la Facultad de Derechoelección12. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, la imparcialidad de los jueces hasido una conquista social de la ciudadanía, bajo el control de la prensa crítica. En Francia, el actual sistema de nombramiento de los jueces fue establecido en 1945,luego de la liberación, por un gabinete de coalición conformado por todas las fuerzas políticasque habían combatido al nazismo y al gobierno de Vichy. Se caracteriza por la igualoportunidad de acceso a la Escuela Nacional de la Magistratura de los juristas que reúnen losrequisitos exigidos. Sólo pueden presentarse al concurso de ingreso a esta escuela, para ser juezo fiscal, los titulares de una maestría en derecho. El jurado está constituido por delegados de laEscuela Nacional de la Magistratura, del Poder Ejecutivo, de los colegios de abogados, de losmagistrados y de las facultades de derecho. El ingreso es por orden de méritos, según el puntajealcanzado en el examen, luego de lo cual el alumno debe seguir dos años de estudios teóricos yprácticos, al término de los cuales es calificado. El primer alumno en el orden de méritos, dentrode su correspondiente rama, tiene derecho de elegir el puesto vacante de juez o fiscal que leconvenga entre todos los puestos ofrecidos, según la especialidad que haya elegido. Y asísucesivamente. Todos los alumnos son titularizados como jueces o como fiscales, y sonpermanentes. En Italia, el nombramiento de los jueces está a cargo del Consejo Superior de laMagistratura, presidido por el Presidente de la República e integrado, además, por el PrimerPresidente y el Fiscal General de la Corte de Casación. “Los otros miembros son elegidos en susdos terceras partes por todos los magistrados ordinarios entre los pertenecientes a las distintascategorías, y en un tercio por el Parlamento en sesión conjunta entre profesores ordinarios deuniversidad de materias jurídicas y abogados con no menos de quince años de ejercicioprofesional.” (Constitución, art. 104º). El nombramiento de los magistrados tiene lugar porconcurso. “Por designación del Consejo Superior de la Magistratura pueden ser llamados alcargo de consejeros de casación, por méritos relevantes, profesores ordinarios de universidad dematerias jurídicas y abogados que tengan quince años de ejercicio profesional y estén inscritosen los registros especiales para las jurisdicciones superiores.” (Constitución, art. 106º)13. Tanto en Francia como en Italia, la imparcialidad de los jueces queda garantizada no sólopor la modalidad de su nombramiento, sino, además, por su elevado nivel de formación culturaly jurídica, y por el control permanente de la ciudadanía y de la prensa. En el Perú, se ha optado por el sistema italiano, modificado, al que se le ha añadido laratificación de los jueces cada siete años, una medida necesaria, puesto que implica o deberíaimplicar un seguimiento permanente del comportamiento de los magistrados en el ejercicio desus funciones, por las características de nuestra realidad y el bajo nivel, en general, de losjueces, si bien las calificaciones para el nombramiento y la ratificación debieran ser12 En los Estados Unidos, los jueces federales de todos los niveles son nombrados por el Presidente de la República y confirmados por el Senado. Para el nombramiento, el Presidente es asistido por sus consejeros y por la oficina del Fiscal General, para quienes no cuenta mucho la formación jurídica de los candidatos, sino sus opiniones sociales, económicas y políticas. Los jueces federales pueden ser removidos por una acusación (impeachment) de la Cámara de Representantes ante el Senado, el que decide por una mayoría de dos tercios. El nombramiento de los jueces es por elección en veinte estados; en los demás, los nombra el gobernador. Cfm. Joseph J. DARBY, profesor de la Universidad de San Diego, Garanties et limites à lindépendance et à limpartialité du juge aux états-Unis dAmérique, en la Revue Internationale de Droit Comparé, Paris, 2003, nº 2, pág. 351.13 En el libro del Autor del presente Artículo, Documentos constitucionales de la historia universal, Lima, EDIAL, 2003, puede verse la evolución del constitucionalismo a partir de sus documentos más importantes, incluidas las constituciones paradigmáticas en este proceso.
    • Derecho Constitucional 51fundamentadas y por puntaje, según coeficientes racionalmente establecidos, puesto que, de otromodo, el Consejo Nacional de la Magistratura podría sobreponerse a la voluntad de losciudadanos quienes han delegado en ese órgano la facultad del nombramiento de losmagistrados, pero sujetándose a la racionalidad. La Constitución también ha creado la Academia de la Magistratura, como parte del PoderJudicial, “para la formación y capacitación de los jueces y fiscales en todos sus niveles, para losefectos de su selección. Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales querequiera dicha Academia”. (art. 151º). Por la Ley Nº 27368, del 6/11/2000, se ha dispuesto laobligación de los candidatos a magistrados judiciales y fiscales de someterse a los programas deformación impartidos por la Academia de la Magistratura y aprobarlos, como requisito para lapostulación a esos cargos.4.3 Normas sancionadoras La infracción de las normas debe conllevar la aplicación de la sanción. Tal es el sino delderecho. De manera que si los jueces no son imparciales deben ser sancionados. En nuestroordenamiento jurídico se ha previsto dos clases de sanciones: las administrativas y las judiciales. Las primeras están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Título III, Deberesy derechos de los magistrados. “Son deberes de los magistrados -dice una norma- 1.- Resolvercon celeridad y con sujeción a las garantías constitucionales del debido proceso; 2.- Administrarjusticia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lohaya sido erróneamente”; (art. 184º). La infracción de esta obligación y otras debe dar lugar a laaplicación de las sanciones disciplinarias previstas en el art. 206º de la Ley Orgánica del PoderJudicial: apercibimiento, multa, suspensión, separación y destitución. La destitución lapronuncia el Consejo Nacional de la Magistratura (Constitución, art. 154º, 3). Un adecuado control de la imparcialidad de las decisiones judiciales por la víasancionatoria sólo podría advenir si la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciera sancionesespecíficas para los casos de resoluciones erróneas o parciales, según el nivel de éstas: decretos,autos y sentencias. La vaguedad de las sanciones administrativas en la actual Ley Orgánica delPoder Judicial contribuye a reforzar la inclinación de muchos jueces a prevaricar, puesto quepueden contar con la seguridad de que la tipificación de las faltas en esa ley no los alcanzará. Las sanciones judiciales son penales y civiles. Las penales resultan de la comisión del delito de prevaricato. “El juez o fiscal que, asabiendas, dicta resolución o emite dictamen, contrarios al texto expreso y claro de la ley o citapruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimidocon pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”. (Código penal, art.418º, figura genérica del prevaricato). La Ley Orgánica del Poder Judicial también dispone: losjueces “Son igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de susfunciones”. (art. 200º). Las sanciones civiles han sido previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Losmiembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los daños y perjuicios que causan,con arreglo a las leyes de la materia”. (art. 200º). Una sanción necesaria prevista por la Constitución es la decisión del Consejo Nacional dela Magistratura de no ratificar a los jueces (Constitución, art. 154º, 2), medida que debería seradoptada por su conducta irregular.
    • 52 Derecho – Revista de la Facultad de Derecho4.4 Procedimientos de aplicación de las sanciones Por muy completo que sea el tejido de sanciones disciplinarias y judiciales, su eficacia seesfuma cuando sus procedimientos de aplicación son obstaculizados o impedidos. Es lo quesucede en nuestro país por un conjunto de disposiciones emitidas por el grupo político a cargode los Poderes Legislativo y Ejecutivo entre 1992 y 2000 para manipular al Poder Judicial, lasque cubrieron varios aspectos de la estructura, funcionamiento y control de este Poder y delMinisterio Público, una parte de las cuales se mantiene en vigencia. Hubo jueces que resistieron,en silencio, esa irrupción, pero los más se plegaron a ella, muchos alegre y ostentosamente.Parte de la intervención del Poder Judicial fue la creación de una Comisión Ejecutiva del PoderJudicial por la Ley Nº 26546, del 20/11/1995, cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente porvarias leyes, con la facultad inconstitucional de separar a los magistrados, y del Consejo deCoordinación Judicial por la Ley Nº 26623, del 18/6/1996, con una Secretaría Ejecutiva. Estosórganos debían llevar a cabo una reforma del Poder Judicial que resultó un fracaso, aunque lessignificó jugosos sueldos a los funcionarios designados para efectuarla, pagados por créditosinternacionales. Las leyes indicadas fueron derogadas por la Ley Nº 27367, del 4/11/2000,expedidas luego que el ex Presidente de la República de la década del noventa corriera arefugiarse en el Japón con una buena cantidad de recursos del tesoro público. Por las medidas adoptadas en el período 1992-2000, las sanciones disciplinarias estáncondenadas a la irrelevancia, por cuanto su aplicación ha sido confiada a los propiosmagistrados judiciales y, en su caso, a los propios fiscales. Es conocido aquel dicho popular:“Gallinazo no come gallinazo”, reproducido también como “Otorongo no come otorongo”.Ningún magistrado se inclinará, de buen grado, a procesar y sancionar administrativamente a uncolega o par de quien puede depender en una elección o en otro proceso contra él. Esta situaciónconspira contra la posibilidad de la aplicación de sanciones administrativas a los jueces queinfringen su obligación de imparcialidad. El argumento esgrimido por los magistrados a cargo de las oficinas de Control de laMagistratura, para llevar a la práctica esta manera de incumplir su obligación de sancionar hasido declarar que un enjuiciamiento de una conducta parcial de un juez, consistente en resolvercontra el texto expreso de la ley, implicaría un pronunciamiento jurisdiccional en el proceso enel cual el juez ha incurrido en inconducta. Ante una petición de apertura de procedimiento disciplinario contra un juez que no aplicóla ley en una decisión, para favorecer a una de las partes, la Oficina de Control de laMagistratura de Lima dijo, en una resolución del 16 de abril de 2004 (Queja Nº 554-04):“conforme se aprecia de los argumentos del recurso de queja, ésta cuestiona resolucionesjudiciales emitidas por los magistrados quejados en el ejercicio de sus funcionesjurisdiccionales, por lo que no puede ser materia de conocimiento, investigación ni competenciapor parte de esta Oficina de Control, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de laResolución Administrativa número cuatrocientos noveintiuno-CME-PJ de fecha veintidós deoctubre de mil novecientos noventisiete, publicada en “El Peruano” el veinticuatro de octubre demil novecientos noventisiete; por estas consideraciones y de conformidad con el artículocuarentitrés inciso d) del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control dela Magistratura del Poder Judicial; SE RESUELVE: Declarar improcedente la queja (...)” Fueinútil haber señalado en la petición que no se le pedía a la Oficina de Control de la Magistraturaque revocara la decisión arbitraria materia de la queja, sino que investigara la infracción del juez
    • Derecho Constitucional 53de su obligación de imparcialidad y le aplicara la sanción prevista en la Ley Orgánica del PoderJudicial14. A fin de acabar con esa perniciosa complicidad entre jueces, la Ley Nº 28149, del5/1/2004, incorporó a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial a delegados deinstituciones extrajudiciales interesadas en la buena marcha de la administración de justicia. Deacuerdo con la Ley indicada, ese órgano está integrado por un vocal supremo cesante o jubiladoelegido por los demás miembros de la Oficina de Control de la Magistratura, por unrepresentante de los colegios de abogados del país, elegido por sus respectivos decanos, por unrepresentante de la facultades de derecho de las cinco universidades públicas más antiguas delpaís, elegido por sus decanos; y por un representante de las facultades de derecho de las cincouniversidades privadas más antiguas del país, elegido por sus decanos. (art. 103º de la LeyOrgánica del Poder Judicial, modif. por la Ley Nº 28149). Por esa ley se dispuso también lacreación, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de oficinas desconcentradas de Control dela Magistratura con competencia sobre uno o más distritos judiciales y con una composiciónsimilar a la de la Oficina de Control de la Magistratura. (art. 104º de la Ley Orgánica del PoderJudicial, modif. por la Ley Nº 28149). Para el Ministerio Público la Ley estableció oficinas decontrol similares a las del Poder Judicial (art. 51º de la Ley Orgánica del Ministerio Público,modif. por la Ley Nº 28149)15.14 El artículo cuarto de la R. Adm. 491-CME-PJ, del 16/10/1997, citado en la decisión indicada, dispone: “Las resoluciones judiciales expedidas o que expidan los magistrados en asuntos juridiccionales, no serán materia de conocimiento, investigación ni de competencia de la OCMA, de la ODICMA y de las Unidades Contraloras de la Sede Central, teniendo para ello los sujetos de la relación jurídico procesal expedito su derecho de ejercitar y/o interponer dentro del mismo proceso o juicio, los medios impugnatorios que corresponda en estricta aplicación de la instancia plural que garantiza el inc. 6º del art. 139º de la Constitución Política del Perú”. En otros términos, con esta simple resolución administrativa se dejó sin efecto los art. 184º y 206º a 211º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se eliminó, así, toda posibilidad de investigar y sancionar a los jueces por sus infracciones a la legalidad. La Resolución Administrativa 491-CME-PJ fue expedida por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial (de intervención) conformada por los entonces vocales supremos Luis Serpa Segura y Alipio Montes de Oca Begazo, y por el ex marino José Dellepiane Massa. Es una manifestación del autoritarismo del régimen político de la década del noventa. Los dos primeros fueron expulsados del Poder Judicial y el otro enjuiciado y enviado a prisión, por su gestión y complicidad con ese régimen político. La crisis que adolece actualmente el Poder Judicial tiene como ingrediente esta dependencia de disposiciones ilegítimas, como la mencionada.15 El autor del presente artículo, como Presidente de la Asociación Peruana de Abogados Laboralistas, le remitió, el 21/3/2002, al representante ante el Congreso de la República, Daniel Estrada Pérez, miembro de la Comisión de Justicia, su opinión sobre el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial en la que le decía que, con respeto a la investigación de la conducta de los jueces, los órganos de control del Poder Judicial, a los que se debía denominar Consejos de Investigación del Poder Judicial deberían tener la siguiente composición: “1.- Para la investigación de la conducta de los vocales supremos: 1.1.- Un vocal supremo elegido por votación directa y secreta de los vocales supremos; 1.2.- Un representante de los colegios de abogados de la República elegidos por votación universal, directa y secreta de los miembros de los Colegios de Abogados; 1.3.- Un representante de las facultades de derecho de las universidades nacionales y privadas, elegido en votación directa, universal y secreta de los profesores titulares de las mismas.” Se pedía también la creación de consejos similares en los distritos judiciales con una composición similar, y otro tanto para el Ministerio Público. Una parte de ese documento criticaba acerbamente la intervención definitiva del Fiscal de la Nación, el que, según el proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debía decidir si procedía o no denunciar a los jueces por el delito de prevaricato, con lo cual “este funcionario se convertiría en el único juez de jueces y fiscales”. El autor le hizo llegar luego, el 17/9/2002, al Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Alcides Chamorro Balbín, un ejemplar de la misma opinión sobre la Ley
    • 54 Derecho – Revista de la Facultad de Derecho Corporativamente, el Poder Judicial combatió, primero, el proyecto de ley y, luego, laLey Nº 28149 anatematizándolos como una violación de la sacrosanta autonomía del PoderJudicial, como si esta autonomía fuera una suerte de extraterritorialidad extraña a laConstitución del Estado y a la voluntad de los ciudadanos de crear ese Poder del Estadojustamente para ser imparcial en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ante lo irremediable,los jueces se las ingeniaron para darle la vuelta a la ley. Convencieron a los representantes de lasinstituciones civiles para plegarse a su posición. En otra resolución del 23 de agosto de 2004 (Queja ODICMA Nº 497-2004) la nuevaOficina de Control de la Magistratura decidió que “debe tenerse en cuenta que el artículo quintodel Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que «los magistradosejercen la dirección de los procesos de su competencia (...) Con este objeto tienen autoridadsobre todos los intervinientes en los procesos judiciales de su competencia (...) »; apreciándoseque el recurrente busca cuestionar una actuación de contenido eminentemente jurisdiccional yestando a lo prescrito por el artículo doscientos doce del acotado cuerpo de leyes que estableceque no da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de procesosya que constituye un principio constitucional la independencia en el ejercicio de la funciónjurisdiccional conforme lo señala el inciso segundo del artículo ciento treintinueve de laConstitución Política del Perú, debiendo precisarse que los sujetos procesales tienen expedito suderecho para ejercitar y/o interponer los medios impugnatorios que crean convenientes, dentrodel mismo proceso, el mismo que hizo valer el recurrente según se aprecia del acta de audienciacuya copia corre de fojas dieciocho a veintitrés. Por estas consideraciones, SE RESUELVE:CONFIRMAR la resolución apelada de fojas treinta a treinta y uno (...) que declaraimprocedente la queja (...)”16. Vale decir que no hay manera procesal de recabar una investigación de la conductaparcial o francamente prevaricadora de los jueces en la emisión de sus decisiones, puesto que,por una interesada y errónea concepción de la autonomía del Poder Judicial, esa conducta sevuelve inatacable administrativamente. Por la Ley Nº 26933, del 12/3/1998, se pretendió anular la función exclusiva del ConsejoNacional de remover a los jueces y fiscales (Constitución, art. 154º, 3) haciendo obligatoria laintervención previa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, de cuyasdecisiones aquel Consejo sólo podía conocer en vía de apelación. De manera que si los jueces acargo de la Oficina de Control de la Magistratura decidían no aplicar la sanción de destitución elConsejo Nacional de la Magistratura estaba impedido de actuar. Esta ley inconstitucional fuederogada por la Ley Nº 27368, del 6/11/2000, la que dispuso que sólo para la destitución de losvocales y fiscales supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura interviene de oficio o apedido de parte, pero que para la destitución de los jueces y fiscales de las demás instancias lohará a solicitud de los órganos de gobierno del Poder Judicial o del Ministerio Público. Estaintermediación no es ciertamente constitucional. La intervención del Consejo Nacional de la Orgánica del Poder Judicial. Desconoce el autor si hubo otros proyectos similares. Es del todo evidente, sin embargo, que la opinión del autor, expresando una aspiración de la mayor parte de los abogados del Perú, fue una base principal de la Ley Nº 28149.16 En efecto, el art. 212º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “No da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos”. Sin embargo, este artículo no deroga la norma de esa misma ley que dispone: “Existe responsabilidad disciplinaria en los siguientes casos: 1.- Por infracción a los deberes y prohibiciones establecidas en esta Ley”; (art. 201º), ni la norma que obliga a los magistrados a “Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente...” (art. 184º,2). No se puede sancionar a un juez por la discrepancia del litigante con la opinión o el criterio articulado por aquél en una resolución, pero si se debe sancionarlo por violar la legalidad.
    • Derecho Constitucional 55Magistratura para la aplicación de la sanción de destitución de los jueces y fiscales, en general,procede haya pedido o no de algún otro órgano, en aplicación del art. 51º de la Constitución queestablece la primacía de la Constitución sobre la ley. Cualquier persona debe accederdirectamente al Consejo Nacional de la Magistratura cuando tiene pruebas de una falta tal de unjuez o fiscal que ameriten su destitución, pese a la decisión contraria de los órganos de gobiernodel Poder Judicial o del Ministerio Público. Pero es también sumamente difícil y, en muchos casos, imposible llevar a los jueces antela justicia penal por la comisión de esos delitos de prevaricato o de abuso de autoridad. Ladecisión de denunciarlos recae, en definitiva, en una sola persona: el Fiscal de la Nación, cuyopronunciamiento es inapelable y puede, por ello, carecer de fundamentación convincente. Lanorma que así lo establece es el inc. 3 del art. 66º de la Ley Orgánica del Ministerio Público,Decreto Legislativo Nº 52, el que dispone: Es atribución del Fiscal de la Nación “4. Decidir elejercicio de la acción penal contra los jueces de segunda y primera instancia por delitoscometidos en su actuación judicial cuando media denuncia o queja del Ministerio de Justicia, deuna junta de fiscales o del agraviado. Si la denuncia la formulase el Presidente de la CorteSuprema, la acción será ejercitada sin más trámites. En estos casos, el Fiscal de la Nacióninstruirá al fiscal que corresponda para que la ejercite. Si, en su caso, los actos u omisionesdenunciados sólo dieren lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, remitirá lo actuado alPresidente de la Corte Suprema de Justicia”. Respecto de los vocales de la Corte Suprema, elFiscal de la Nación ejercita ante la sala de la Corte Suprema que corresponda las accionesciviles y penales (D. Leg. Nº 52, art. 66º, inc. 2). Pero, la acusación ante el Congreso por losdelitos que los vocales, fiscales supremos, y miembros del Tribunal Constitucional y delConsejo Nacional de la Magistratura cometan en el ejercicio de sus funciones le corresponde ala Comisión Permanente del Congreso (Constitución, art. 99º). “En caso de resoluciónacusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación denuncia ante la Corte Suprema en el plazode cinco días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente”. (Constitución, art.100º)17. Cualquier ciudadano debe tener derecho de pedirle directamente al fiscal que denuncieante el juez penal la comisión de un delito de prevaricato o de abuso de autoridad, sin pasar porla intermediación de la burocracia del Ministerio Público coronada por la decisión del Fiscal dela Nación18. Una parte de la reforma del Poder Judicial debiera ser el nombramiento de juecesespecializados, de varios niveles, para el ejercicio de la función de control del comportamientojurisdiccional de los jueces en los órganos creados para tal fin, y de fiscales a cargo de lasdenuncias por prevaricato y otros delitos susceptibles de ser cometidos por los jueces y fiscales.17 El Decreto Legislativo Nº 52 fue expedido por el Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, y refrendado por el Ministro de Justicia, Felipe Osterling Parodi, de los partidos Acción Popular y Popular Cristiano, respectivamente, integrantes de la alianza gobernante en ese momento. La Ley Orgánica del Ministerio Público priva al ciudadano del acceso directo a la justicia, al atribuirle éste el monopolio de la acción penal, contra el texto de las Constituciones de 1979 (art. 250º, 1) y de 1993 (art. 159º,1) que disponen que corresponde al Ministerio Público “Promover de oficio, o a petición e parte, la acción judicial...”, lo que quiere decir que si una parte lo pide el fiscal debe hacer la denuncia penal, aunque él no esté de acuerdo, puesto que el texto constitucional le manda promover la acción judicial a petición de parte, y no lo faculta para privar de ese derecho a la parte que haga la petición. La dificultad para promover la acción de prevaricato contra los jueces tiene la misma raíz ideológica y política: amparar la parcialidad de los jueces y, con ello, someterlos a la presión del poder económico o político.18 Véase la nota 15.
    • 56 Derecho – Revista de la Facultad de Derecho4.5 La vigilancia de la ciudadanía, de las instituciones interesadas en la marcha de la administración de justicia y de la prensa Vigilar la conducta de los jueces es un aspecto de la vigilancia permanente de laciudadanía para que la Constitución se cumpla, puesto que el Estado de derecho sólo es posiblepor la conducta imparcial de quienes han recibido el encargo de sancionar las infracciones a laConstitución y a la ley. En mi libro “Documentos constitucionales de la Historia Universal”escribí: “Es por demás evidente, por lo tanto que, en definitiva instancia, la defensa más sólidade los pueblos de su estatuto jurídico fundamental es su conciencia de ser sus titulares y de lanecesidad de defenderlo. Se podría decir que el pacto o contrato social, expresado formalmentecomo la constitución política, debe ser un estado de conciencia colectiva permanente para quese mantenga realmente en vigencia o tenga eficacia, y que si ese estado de conciencia se debilitao es abandonado las agresiones contra los derechos humanos, en acecho constante, avanzaránocupando los espacios sin vigilancia social. La recuperación de estos espacios es, por lo general,más larga y costosa que el esfuerzo de defenderlos permanentemente”19. En esta labor de vigilancia de la constitucionalidad y de la conducta de los jueces, loscolegios de abogados juegan un rol importantísimo. Los abogados, individual y colectivamente,son una parte de la administración de justicia y pueden ser su conciencia crítica20. Tal actitudacertada, tenaz y persistente acaba por convertir en un ágora a cada ciudad y cada pueblo, y seyergue como una garantía de la imparcialidad en la administración de justicia. La intervención de los medios de comunicación social es también un excelente eimprescindible medio de vigilancia de la imparcialidad de los jueces, a condición de ser veraz y,asimismo, (...) imparcial.19 Lima, EDIAL, 2003, pág. 13.20 En una conferencia pronunciada ante los jueces de trabajo de Lima, en 1999, el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal de Argentina, Rodolfo CAPÓN FILAS, decía: “El primer juez es el abogado”, juez no sólo del litigio por promoverse o promovido, sino también del juez que conozca de éste.