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Llamamiento juicio-politic-sec-destado

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  • 1. Quito, 11 de abril de 2011.Oficio No. 076-2011-CMANSEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTECONSTITUCIONALYo, CÉSAR MONTÚFAR MANCHENO, Asambleísta de la República, a ustedes respetuosamentemanifiesto: IEl señor Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional, presentó a esta Corte unaacción de interpretación del artículo 131 de la Constitución de la República, argumentando quedicha norma no se encuentra desarrollada en ley alguna de la República, en cuanto a su alcance.Como es de público conocimiento, esta petición se originó en el contexto de una solicitud deenjuiciamiento político al Secretario Nacional de Comunicación y al Secretario Nacional Jurídico,que varios asambleístas han realizado, ante la Comisión de Administración Legislativa, CAL.La intención de la consulta a la Corte Constitucional, que efectúa el señor Cordero, no es otra que lade dilatar una respuesta directa al pedido de enjuiciamiento político y dejar en un tercer órganoestatal la responsabilidad política de esa medida que, por su naturaleza, debe ser tomada de maneradirecta, por la misma Asamblea Nacional.La situación señalada, señores miembros de la Corte Constitucional, constituye un actoclaudicatorio más, que la Asamblea Nacional realiza, a fin de proteger, de manera ciega yantidemocrática a funcionarios de la Función Ejecutiva, dejando así de lado su innata funciónfiscalizadora. Es inaudito que el ente responsable de la fiscalización a todos los órganos del Estado,se auto-entrampe en una duda cuya solución nos está dada por la misma Constitución de laRepública, según el argumento que expongo a continuación. IILa adscripción del Estado Ecuatoriano al sistema democrático, que se realiza en el artículo 1 de laConstitución de la República, automáticamente conlleva la aceptación de las nociones básicas de,entre otras, la separación y equilibrio de poderes, la responsabilidad política y la fiscalizaciónpolítica. Es así que el artículo 61, numeral 5 de la Constitución de la República establece el derechode las ecuatorianas y ecuatorianos de fiscalizar los actos del poder público; y, le asigna a laAsamblea Nacional en el artículo 120, numeral 9 del mismo cuerpo constitucional, la atribución ydeber, de “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y ControlSocial, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos lasinformaciones que considere necesarias.” Es decir, la Asamblea Nacional tiene la obligación defiscalizar a todos los órganos del Estado.Por razones coyunturales, derivadas del miedo cerval que el grupo político oficialista tiene hacia el
  • 2. Presidente de la República, se quiere ver en el artículo 131 de la Constitución, una lista taxativa,congelada, de los funcionarios sujetos a enjuiciamiento político. Así, se quiere dejar fuera delalcance fiscalizatorio de la Asamblea Nacional, entre otros, a los Secretarios Nacionales de laAdministración Pública, de Comunicación; y, Secretario Nacional Jurídico, que son funcionarioscon jerarquía de Secretarios de Estado, nombrados por el Presidente de la República y a quieneseste funcionario protege de manera exorbitante, impidiendo que sobre ellos se realicen lasinvestigaciones que democráticamente la Asamblea está llamada a realizar.Pretexto adicional para justificar la supuesta duda que la mayoría oficialista de la Asamblea tiene entorno a la inclusión de los secretarios nacionales citados en el conjunto de funcionarios sujetos deenjuiciamiento político, es la reforma al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de laFunción Ejecutiva, ERJAFE, realizada mediante el Decreto Ejecutivo 109, publicado en elSuplemento del Registro Oficial Nº 58, del 30 de Octubre del 2009. En el artículo 4, inciso 2do.,del citado Decreto, se exceptúa a los Secretarios Nacionales Jurídico, de la Administración Pública;y, de Comunicación,, de la disposiciones constitucionales y legales que rigen para los ministros deEstado. Estableciendo el ERJAFE que todos los secretarios nacionales, tienen el estatus jurídico deministros de estado (ver el artículo 17.2), el decreto 109 que reforma al citado Estatuto, excluyesolamente a los Secretarios Nacionales Jurídico, de la Administración Pública; y, de Comunicación,del sometimiento al enjuiciamiento político.En este punto, es importante señor Presidente y señores Magistrados de la Corte, reflexionar que nopor que en el artículo 131 de la Constitución no se mencionen a los secretarios nacionales comosujetos de juicio político; ni por que el artículo 17-2 del Estatuto del Régimen JurídicoAdministrativo de la Función Ejecutiva, dé a todos esos secretarios el estatus de ministros deEstado, éstos carecen o tienen (según el sentido de cada artículo citado), responsabilidad política y,por tanto, sean o no sujetos de enjuiciamiento político. Esa responsabilidad nace de las normasconstitucionales que he invocado y, del mismo concepto de democracia. Además, el sometimientode dichos funcionarios al juicio político, ya se encuentra explícitamente fijado por el artículo 120,numeral 9 de la Constitución que asigna a Asamblea la obligación de fiscalizar a todos los órganosdel Estado.Por la razón citada, es irrelevante la salvedad que el Presidente de la República establece en elartículo 4, inciso 2do., del Decreto Ejecutivo 109, en favor de los Secretarios Nacionales Jurídico,de la Administración Pública; y, de Comunicación, a fin de que a ellos no se les aplique lasdisposiciones constitucionales y legales que sí cubren a otros secretarios nacionales, dada su calidadde ministros de Estado. Esa salvedad carece de validez, pues el Presidente de la República nopuede determinar quién tiene o no una responsabilidad que nace de la Constitución y del mismohecho de ser parte de un sistema democrático. Solamente en los regímenes dictatoriales,totalitarios, se generan ese tipo de islas, a fin de evadir los controles legales correspondientes.La facultad de fiscalización y de enjuiciamiento político que tiene la Asamblea, se origina en laresponsabilidad política que todo funcionario de alta jerarquía tiene, a más de las otrasresponsabilidades, de carácter civil, penal y administrativo que sobre ellos puedan originarse. Elconcepto de “responsabilidad política”, que es inseparable de la concepción de democraciarepresentativa, recae en todo dignatario que deba aplicar las competencias, funciones y atribuciones
  • 3. establecidas en la Constitución; y, de aquellos que deban ejecutar las políticas de Estado.Estos últimos son, principalmente, los funcionarios cuyo nombramiento proviene del mismoPresidente de la República y, por tanto, solo a él reportan.Siendo que ningún funcionario público puede actuar en un vacío jurídico-político, los altos cargosde un gobierno, aquellos nombrados por el Presidente de la República, deben estar listos paraasumir su responsabilidad política ante la Asamblea Nacional, pues de otro modo ésta se dirigiría aquién los nombró, es decir, al Presidente de la República.Con la reflexión político-constitucional que aquí realizo, quiero evidenciar señor Presidente yseñores Magistrados de la Corte Constitucional, que resulta por demás curioso e inaudito que sea lamisma Asamblea Nacional la que siembre duda sobre una facultad que a ella con exclusividad lecompete. IIIPor todo lo manifestado, señor Presidente y señores Magistrados de la Corte Constitucional, lessolicito lo siguiente: 1. Que se sirvan considerar los argumentos que aquí he vertido, a fin de que se aclare, de manera incontrovertible, que la redacción del Art. 131 de la Constitución de la República, no obsta para la facultad de la Asamblea Nacional de fiscalizar y enjuiciar políticamente a los secretarios nacionales, quienes por su alta investidura y reportamiento directo al representante del Poder Ejecutivo, tienen el estatus de ministros de Estado, caso contrario, se incurriría en la situación de que sea directamente el Presidente de la República quién debe responder por las responsabilidades de dichos funcionarios; y, 2. A fin de ampliar mis criterios y ejercer mis derechos constitucionales y las acciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito a ustedes ser recibido en audiencia ante el Pleno de la Corte, ocasión en la que expondré y ampliaré las bases constitucionales y el fundamento democrático en el que se sustenta mi pedido.Para notificaciones, sírvanse contar con mi oficina de Asambleísta, ubicada en piso 3, del EdificioAlameda II, de la Asamblea Nacional (Av. 10 de Agosto, entre Pasaje Ibarra y Santa Prisca), de estaciudad. Igualmente cuéntese con la siguiente dirección electrónica: cesarmontufar@hotmail.comCon la seguridad de ser atendido en mi pedido, quedo de ustedes.Atentamente,César MontúfarASAMBLEÍSTA DE LA REPÚBLICA