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  • 1. Quito, 12 de abril de 2011Of No.077-2011-CMANSeñoras / señoresUnidad de PeticionesDivisión de Tratados sobre Derechos HumanosOFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDASPARA LOS DERECHOS HUMANOSPalais des NationsCH-1211 Genève 10SwitzerlandCASE REFERENCE: G/SO 215/51 ECU(GEN)Estimados señoras y señores de la Unidad de Peticiones:CÉSAR MONTÚFAR MANCHENO, Asambleísta de la República del Ecuador en funciones, pormis propios derechos y en ejercicio de la representación que ostento, a ustedes manifiesto: IANTECEDENTESEl peticionario, junto a más de 40 asambleístas de la República del Ecuador, envió al AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el mes de octubre del 2010,una petición de investigación de hechos violatorios a los derechos humanos, ocurridos en elcontexto de un amotinamiento policial sucedido el 30 de septiembre del mismo año. Tómese encuenta la relación de los hechos presentada en dicha petición (ANEXO 1), como el antecedentenecesario de la presente solicitud.He tomado debida nota de su contestación del 11 de enero del presente año, en la que se nos indicaque la petición enviada en octubre del 2010, no puede ser procesada con arreglo al mecanismo delProtocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comprendemos queen este tipo de acciones, no basta con limitarse a impugnar una ley, una política o una prácticaestatal de manera abstracta, sin determinar de forma expresa, las situaciones o circunstancias en lasque los peticionarios son víctimas personales de la ley, política o práctica estatal materia de ladenuncia. Igualmente, estamos conscientes de la importancia del agotamiento de los recursos de lajurisdicción interna.Una pormenorizada revisión de los procedimientos que guían la acción del Comité de DerechosHumanos, así como una reflexión profunda de los hechos puestos en su conocimiento en la peticiónanterior y los efectos que éstos han tenido en la vida nacional, me han convencido de que elincidente ocurrido el día 30 de septiembre del 2010, ha tenido un significado particular para losderechos humanos del Ecuador, que han sufrido un deterioro constante en los últimos meses. 1
  • 2. Por la situación en que se encuentran los derechos humanos en mi país, he tomado la decisión deacudir una vez más ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, para exponer los motivos por los cuales mis derechos humanos individuales han sidoafectados, así como demostrar que hay una acción repetitiva de violación de derechos a lacomunidad, a través de mecanismos que detallo en esta petición. Pruebo, además, que he agotadolos mecanismos legales existentes en la República del Ecuador.Basado en la información y elementos de análisis que esta vez voy a presentarles, creo pertinentesolicitarles que el caso que pongo en su consideración, sea tratado en arreglo al Procedimientoprevisto para el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, alProcedimiento 1503. Para el efecto, me sujetaré a las normas para presentar denuncias, aprobadopor el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH1. IIVIOLACIÓN A LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DEL PETICIONARIOEl peticionario, junto a cuatro asambleístas fue impedido de expresar su opinión el 30 de septiembredel 2010. En dicho día, mientras ocurría un acto de indisciplina en uno de los cuarteles de policíade la ciudad de Quito, el Gobierno del Ecuador, impuso una prohibición a la transmisión decualquier información, que no fuera aquella que la emitida por la estación de televisión del Estado(ANEXO 2). En días posteriores, el peticionario fue falsamente involucrado en supuestasreuniones conspirativas, lo cual fue profusamente difundido por la Agencia de Noticias del Estado(ANEXO 3). Adicionalmente, el peticionario también fue incluido en dos videos propagandísticos,en los que el gobierno denostó políticamente a miembros de la oposición y los acusó, sin pruebas,de conspirar para un supuesto golpe de estado (ANEXO 4).Los hechos citados, violatorios a derechos humanos de personas concretas, no fueron casos aisladosni circunstanciales de irrespeto a derechos civiles y políticos, sino que constituyeron el inicio de uncomportamiento sistemático del Gobierno del Ecuador, en contra de las garantías fundamentales desus ciudadanos. La acción indisciplinaría de un grupo de policías, fue el pretexto para que elgobierno presidido por el Presidente Rafael Correa Delgado, instaurase un mecanismo articulado depersecución política a quienes no concuerdan con las políticas del régimen, que incluye lacriminalización de las protestas populares, amenazas directas de parte del mismo Presidente, frentea los cuales los particulares carecen de instrumentos independientes de justicia.Para exigir el respeto a sus derechos y al de los ecuatorianos, que se afectó mediante la prohibiciónde la expresión pública en día 30 de septiembre del 2010, el peticionario, conjuntamente con cincoasambleístas, presentó una acción de protección a las garantías constitucionales que se afectaronmediante dicha prohibición (ANEXO 5). La resolución en esta acción legal, mostró el control quesobre el sistema judicial del país tiene el Poder Ejecutivo. En su parte sustancial, esta resolución1 Derechos Humanos, Procedimiento para presentar Denuncias. Folleto Informativo No. 7 (Rev. 1) 2
  • 3. expresó lo siguiente: “… si bien (se) afectó el derecho a la libertad de expresión e información como ampliamente se ha explicado, era plena, necesaria y legítima, la que se da solamente en un sistema democrático, justamente para garantizar la vigencia tanto de ese principio como el del orden público y seguridad ciudadana.”2Como se aprecia, los magistrados dictaron una sentencia ilógica, incoherente, para favorecer algobierno. En ella, acepta expresamente, que se afectó al derecho a la libertad de expresión pero, demanera ilógica, la justifica señalando que se lo hizo precisamente para garantizar el mismoprincipio de libertad de expresión. Es decir, en síntesis se sostiene que se ha afectado un derechopara garantizarlo. Además, indica la sentencia, que la afectación al derecho a la libertad deexpresión, ocurrió para garantizar un supuesto “principio de orden público”. Este principio esinexistente, pues el orden público es una condición que ocurre en un país o una ciudad, pero no esun principio constitucional.Dada la incoherencia e ilegitimidad de la sentencia, los peticionarios apelamos de la misma, a lainstancia superior, según las normas que rigen los procesos de carácter constitucional. Sin embargo,ha transcurrido más de seis meses y hasta la presente el órgano de la Función Judicial que conoce deeste caso, no ha dado trámite a la apelación realizada. De acuerdo a disposiciones expresas de laLey de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este tipo de procesos debe ser “sencillo,rápido y eficaz”3, por lo que usualmente son atendidos en un período de no más de dos a tressemanas4. De esta manera, los peticionarios, agotamos la única opción legal nacional, parareclamar por nuestros derechos violentados. IIIVIOLACIONES CONTINUADAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADORTranscurridos más de seis meses desde la ocurrencia de la insubordinación policial de la que elgobierno del Ecuador ha hecho el justificativo de su política persecutoria, puede observarse conclaridad que en el país se ha puesto en marcha un régimen dudosamente democrático, al que se loha ido cubriendo con un manto de legalidad, aún a costa de ignorar mecanismos constitucionales.Favorece a esta situación, el control absoluto que el Presidente Correa tiene de todos los poderes delEstado, incluido el Legislativo, en donde dispone del apoyo de una mayoría, que de manera ciegaobedece los dictados del mandatario.2 Ver: Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, causa 151-2010. Resolución en la Garantía Jurisdiccional de Acción de Protección seguida por señores Asambleístas CESAR MONTUFAR, FAUSTO COBO, ANDRÉS PÁEZ, FERNANDO AGUIRRE Y LEONARDO VITERI, en contra de los accionados Econ. RAFAEL CORREA DELGADO – Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Dr. VINICIO ALVARADO ESPINEL – Secretario Nacional de la Administración Pública; y, Dr. FERNANDO ALVARADO ESPINEL.3 Ver: artículo 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.4 La primera instancia de este proceso, fue atendida en este rango temporal. 3
  • 4. Hoy resulta claro que el desafío imprudente a los policías que el Presidente de la Repúblicaprotagonizó el día 30 de septiembre del 2010, no fue sino una medida deliberada para generar unareacción que permitiría consolidar un modelo político de intolerancia y de persecución yneutralización política, en contra de quienes fuesen considerados un obstáculo para el gobierno.Ese hecho ha justificado una serie de medidas represivas, que han sido secundadas por los órganosde justicia del país, en particular por la Fiscalía, cuyo titular es un obsecuente aliado del Presidente.Persecución a OpositoresDesde antes de los sucesos que ocupan esta denuncia, el gobierno mostró ya su inclinación anti-democrática al perseguir a líderes indígenas que participaron en una protesta pacífica y enjuiciarlospor el delito de sabotaje y terrorismo. La prueba para tamaña acusación, no deja de ser dramática:la supuesta pérdida de cierto material personal de algunos miembros de la Policía Nacional, quehabría ocurrido mientras éstos impedía por la fuerza que un grupo de indígenas ingresara a un localen el que se reunían los Presidentes Correa de Ecuador y Chávez de Venezuela. El objetivo de losindígenas era presentar al Presidente Chávez una carta, lo cual no gustó al Presidente Correa. Estehecho anecdótico, desató una persecución en contra de líderes de la Confederación deNacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para esto, el gobierno utilizó a la Fiscalía de laNación, para que acusara a los indígenas del delito de terrorismo5.Igual acusación de terrorismo ha sido impuesta en contra de once indígenas de la comunidad Shuarde la Amazonía Ecuatoriana, a quienes se les culpa por la muerte de una persona, ocurrida en lasprotestas populares en contra de las actividades mineras, que el gobierno promueve en territoriosancestrales y en ecosistemas de alta biodiversidad. En este caso, la acusación de terrorismo, nosolamente que tiene por función neutralizar políticamente a quienes se oponen a los deseo delgobierno, sino que además ha impedido una investigación independiente por la muerte ocurridadurante la fuerte represión policial que el gobierno ordenó en contra de miembros de la comunidadque realizó la protesta. En ambos casos, la acusación de terrorismo aparece extremadamentedesproporcionada, pues en la legislación interna existen figuras penales que se adaptarían de manerasuficiente a las infracciones que se hubieren cometido en cada caso.Las situaciones de persecución, se acentuaron luego de la insubordinación policial del 30 deseptiembre del 20106, siendo su hecho más emblemático, el encarcelamiento del Coronel CésarCarrión, Director del Hospital de la Policía Nacional. Por razones de su función directiva en elHospital al que el Presidente Correa fue llevado luego de la citada insubordinación, el Coronel5 Ver: Detienen a líderes indígenas en Ecuador por presunto delito de terrorismo: http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=13963; y, La protesta social se ve cercada por acusaciones de sabotaje y terrorismo: http://www.eluniverso.com/2011/02/13/1/1355/protesta-social-ve-cercada-acusaciones- sabotaje-terrorismo.html6 Debe manifestarse que durante esa insubordinación, se faltó el respeto y se agredió físicamente al Presidente de la República. Las razones por las que el Presidente se expuso de manera imprudente ante un grupo de policías indisciplinados, son aún materia de debate. 4
  • 5. Carrión intervino de manera personal a fin de que el mandatario ecuatoriano fuera ubicado en unahabitación para administrársele una medicación que controlare los efectos de las bombaslacrimógenas que habían sido lanzadas durante los incidentes ocurridos. Sin embargo de ese rolfacilitador que jugó el citado funcionario, bastó que éste en una entrevista a un medio de prensainternacional, expresara declaraciones que no gustaron al Presidente, para que inmediatamente fueraacusado de intento de magnicidio. Desde entonces, 27 de octubre del 2010, el Coronel Carrión seencuentra detenido. La detención a este funcionario estuvo precedida por un desproporcionado actodescalificatorio por parte del Presidente de la República, con lo cual no solamente que causó unilegítimo escarnio público en contra de una persona, sino que envió un mensaje intimidatorio atodos quienes pretendieran expresar opiniones contrarias a las del gobierno. Igualmente, de esamanera influyó en la Fiscalía de la Nación, que como en otros casos, ejecutó las insinuacionespresidenciales, de manera automática.Al igual que el Coronel Carrión, existen al menos un centenar de procesados por haber participadode diferente manera en los tumultos callejeros que ocurrieron el día 30 de septiembre. Aunque enalgunos casos, se causaron destrozos menores a bienes del Estado 7, con esto se desencadenó unapersecución en contra de opositores al gobierno, lo cual entre otras consecuencias, ha logrado poneruna cortina de humo ante los más de diez muertos que se causaron debido a los enfrentamientosentre miliares y policías durante ese día. Esas muertes no han sido investigadas, pese a que son elproducto de una cuestionada orden de rescate dada por el Presidente de la República.Los hechos narrados y otros que aunque anecdóticos 8, muestran un ambiente represivo y deintolerancia, que se ha institucionalizado y que afectan a aspectos fundamentales de los derechoshumanos y de la libertad de expresión.Ataques a la Prensa “Va a llegar el momento en que van a matar a un periodista, si desde las alturas del poder se está diciendo semanalmente que los periodistas son corruptos, que son malos, que la culpa es de los periodistas; va a llegar el momento en que alguien exacerbado saque un cuchillo y nos mate en la calle, o dispare contra nosotros”. Henry Holguín97 El hecho más grave ocurrió cuando un grupo de personas ingresaron por la fuerza al canal del Estado, para expresar su opinión. Como consecuencia, se produjo la rotura de las puertas de vidrio de la edificación.8 Durante un recorrido del Presidente de la República a bordo de una camioneta por las calles de una ciudad del interior del país, un transeúnte aparentemente hizo un gesto descomedido al mandatario. Éste, bajándose de la camioneta persiguió al autor de ese gesto y lo redujo con el apoyo de los guardias de seguridad que lo acompañaban. Luego de ser agredido, por los guardias de seguridad, el transeúnte que osó hacer una mala seña al Presidente, fue enviado a la cárcel. Igual situación sucedió en otra ciudad, cuando asimismo un transeúnte gritó “fascista” al Presidente, mientras éste pasaba con su guardia por las calles de la población. (Ver: http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=298059) Ambos hechos anecdóticos, muestran la naturaleza intolerante del Presidente, quién no duda en enjuiciar, amenazar, denostar públicamente, a quienes considere sus oponentes.9 Editor del diario Extra, de Guayaquil 5
  • 6. Además de los actos violatorios de los derechos humanos, civiles y políticos que he manifestado, unámbito de particular agresión por parte del Presidente de la República, es el de la prensa. Elhabitual desprecio que el mandatario del Ecuador tiene en contra de la prensa libre, se ha depuradoa partir del 30 de septiembre del 2010. La prensa ha sido objeto de sistemáticas e ininterrumpidasagresiones por parte del Presidente Correa. Tanto de manera general como en casos de periodistasespecíficos, este funcionario ha mostrado su desprecio por el trabajo periodístico, siendo ya unverdadero eslogan de su gobierno, el estribillo constante de “prensa corrupta”, que lo profiere demanera repetida en sus discursos e intervenciones.La actitud hostil que el Presidente Correa muestra a la prensa, ha creado un clima de inseguridadpara los periodistas. En una investigación sobre la aplicación de indicadores sobre desarrollomediático en el Ecuador, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para laEducación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 10, se ha reportado que “más de la mitad de losdirectivos de los medios privados, afirma que periodistas que trabajan en sus medios sí han sidoobjeto de amenazas y hostigamiento”, en el cumplimiento de sus actividades.11 Las formas deamenazas y hostigamiento, según este mismo reporte, “son a través de llamadas telefónicas, elinicio de juicios penales o administrativos, persecuciones, agresiones físicas 12, restricciones en elingreso para realizar coberturas, cartas amenazantes e insultos.13La organización ecuatoriana Fundamedios, citada en el informe de la UNESCO, ha reportado queen el año 2010, han ocurrido 151 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación(ANEXO 6). Estas agresiones incluyen 4 casos de asesinato o desaparición forzada, un secuestro y51 casos de agresión física.14 Este ambiente de represión que se ha instaurado en el país, haconducido a que muchos periodistas opten por la autocensura, lo cual es una obstrucción más a lalibertad de prensa en el Ecuador.Casos concretos de actos dictatoriales en contra de la libertad de expresión constituyen losenjuiciamientos por parte del Presidente Correa, al periodistas Emilio Palacio y al Diario ElUniverso; y, el enjuiciamiento a dos periodistas por la publicación de un libro de investigaciónsobre casos de corrupción. Estos casos exponen en toda su magnitud la sistemática violación a lalibertad de expresión que el gobierno del Ecuador tiene como una política de facto. El caso de losdos últimos periodistas enjuiciados, es quizá el que de manera más descarnada muestra el ejerciciode una política de estado no escrita, que se la aplica en momentos en que el régimen considera10 UNESCO / PIDC, 2011. Análisis del Desarrollo Mediático en el Ecuador – 2011. Basado en la Aplicación de los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO. UNESCO-PIDC Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Quito.11 UNESCO / PIDC, op cit, pag. 132.12 El 12,5% de los periodistas investigados, afirma que ha sido objeto de ataques físicos y el 2,5% afirma haber sido detenido ilegalmente.13 UNESCO / PIDC, op cit, pag. 133.14 Fundamedios. (2010). Red de monitoreo de amenazas a la libertad de prensa. Ecuador 2010. Periodistas encarceladosy amenazas de muerte. Ecuador. P.13. Citado en UNESCO, op cit, p. 135. 6
  • 7. oportuno reprimir a quienes expresan una opinión contraria a sus intereses.Los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón son los autores de un libro de investigación15 que expone casos concretos de corrupción en los que resulta favorecido el hermano del Presidentede la República. La investigación se fundamenta exclusivamente en documentos oficiales y enentrevistas al mismo hermano del Presidente de la República. Apenas aparecida la publicación, amediados del año 2010, sus autores fueron objeto de amenazas de enjuiciamiento de parte defuncionarios públicos que se sintieron afectados por las revelaciones de la investigación. Sinembargo esas amenazas no prosperaron debido a la ausencia de responsabilidad de parte de losperiodistas, quienes aplicaron en su trabajo todos los estándares legales y éticos que se requierenpara la labor investigativa. No obstante, hace pocos días, luego de varios meses de circulación dellibro en referencia, el Presidente de la República presentó una demanda judicial, reclamando elpago de una indemnización multimillonaria a los autores del libro, pues según él, éste le haocasionado un daño moral16. El virtual control que el Presidente tiene sobre todos los poderes delEstado no da espacio a la duda de que esa demanda será favorable al Presidente de la República y,obviamente, de esa manera, se habrá dado un paso más en el establecimiento de un régimendictatorial, de ausencia total de libertad de expresión.La actitud del Presidente de la República, en contra de los medios de comunicación, no es otra quela de una violencia abierta y encubierta, que genera reacciones negativas de algunos sectores queapoyan al gobierno. Según el editor de uno de los diarios del país, “existe hostilidad por parte del gobierno con los medios de comunicación, es una estrategia de Estado. Es una estrategia que, además, es absolutamente equivocada, pero el problema es que a los emperadores17 no se les puede decir que están equivocados”. 18Esta hostilidad gubernamental, que ha generado un clima de violencia en contra de los periodistas yde la prensa en el Ecuador, ha causado ya, solo en lo que va de este año, más de un centenar ymedio de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. Estas agresiones, hanincluido asesinatos o desapariciones forzadas, secuestros y agresiones físicas.La actitud gubernamental de agresiones en contra de la prensa y de los periodistas, el clima que estoprovoca, las amenazas y persecución estatal en contra de periodistas, configuran una situacióncontinuada de violaciones a los derechos humanos fundamentales, a los derechos civiles y políticos,no solo en contra de los periodistas y de los medios de comunicación directamente afectados, sino,en contra de toda la población del Ecuador, que día a día ve también restringidos sus derechosciviles y políticos, se ve impedido de elegir las fuentes informativas que a bien tenga; y, en15 Calderón Juan Carlos y Christian Zurita, 2010. El Gran Hermano. Paradiso Editores, Quito.16 Ver: Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha. Demanda de reparación de daño moral interpuesta por Rafael Vicente Correa Delgado, en contra de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón17 Debido a la intolerancia del Presidente de la República, popularmente se señala a éste como un emperador, a quién está prohibido decirle lo contrario a lo que él piensa.18 Henry Holguín, Editor del Diario Extra, de la ciudad de Guayaquil. Ver: Fundamedios, 2010, op. cit. 7
  • 8. definitiva, ve que cada vez es más difícil expresarse con libertad.Institucionalización de un Régimen de Anulación de la Libertad de ExpresiónPero la intención del Presidente Correa y de su cúpula gubernamental, no es de solamente reprimir amiembros específicos de la comunidad periodística del país, sino el de instaurar un régimen deausencia total de libertad de expresión. Los hechos demuestran que para el gobierno del Ecuador, lalibertad de expresión es un obstáculo para afianzar el estado de represión y abuso a las libertadesciviles que es la condición para llevar adelante su programa político y, además, una incómodasituación para los numerosos casos de corrupción que día a día son evidenciados por los pocosmedios de comunicación independientes que quedan aún en el país.A más de los ataques sistemáticos a la prensa, a los periodistas y, en general al principio de libertadde expresión, que ya he manifestado, el primer elemento de control del que el Presidente de laRepública dispone para someter a la prensa en el Ecuador, es el manejo que el gobierno del Ecuadortiene sobre numerosos medios de comunicación, que fueron incautados por el Estado ainversionistas privados, en compensación por deudas no satisfechas por éstos. Adicionalmente, elgobierno creó sus propios medios de comunicación, con lo que ha generado una formidableplataforma informativa19, a través de la cual se presenta una visión de la realidad del país aconveniencia exclusiva del gobierno.En segundo lugar, un mecanismo de anulación de la libertad de expresión que el gobierno haaplicado, es el hostigamiento, las presiones y las amenazas a los medios privados de comunicación,a fin de que éstos se deshagan de ciertos periodistas incómodos para el gobierno. Estos son loscasos de periodistas de gran trayectoria cuyos criterios para gusto o disgusto de todos, han sidoorientadores de la opinión pública del país, como son los señores Carlos Vera, Jorge Ortiz y AndrésCarrión, que bajo mecanismos diversos, debieron abandonar los medios de comunicación en loscuales trabajaban, con lo cual se los apartó incluso de la labor periodística. Este mecanismo hacontribuido a otra forma de anulación de la libertad de expresión, que es el de la autocensura, a laque se han replegado buena parte de los periodistas del país quienes, por obvias razones, temenrepresalias del gobierno en contra de su actividad profesional.En tercer lugar, el ámbito de la normatividad, se ha convertido también en una forma para avanzarhacia un régimen de anulación total de la libertad de expresión. Basado en la ventaja electoral deque hasta el momento dispone el Presidente de la República, éste ha convocado a una consultapopular para el mes de mayo del 2011, en la cual entre otras preguntas, se hará la siguiente: ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación19 Desde 2007, cuando Rafael Correa Delgado asumió la Presidencia de la República, se crearon los siguientes mediospúblicos: Ecuador TV (ECTV), Radio Pública del Ecuador (RPE), diario El Telégrafo. el periódico “El Ciudadano”, laAgencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (ANDES); y, el diario público popular “PP, El Verdadero”. 8
  • 9. que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?20Al igual que las otras preguntas de la consulta, desde diversos sectores políticos, académicos y aúndesde los profesionales del derecho, ha habido un cuestionamiento respecto de la constitucionalidadde esta pregunta, pues claramente induce al electorado hacia la respuesta positiva y, además, se tratade un mecanismos para el cual existen los canales institucionales apropiados para que la regulacióna los medios de comunicación opere. Sin embargo, a través del mecanismo de la consulta popular,el Presidente de la República quiere obtener el justificativo político que le permita crear un Consejobajo su total control. De esta manera, se crearía un sistema no escrito de responsabilidad ulterior, loque contradice al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que disponeque las responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas en la ley, lo cual implica queno puede haber un órgano administrativo, como el Consejo de Regulación que pretende crear elPresidente de la República, que definirla, de manera ad hoc, dichas responsabilidades. IVEN ECUADOR SE ESTÁ CONSOLIDANDO UN RÉGIMEN INSTITUCIONALIZADO DEVIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS LIBERTADES CIVILES YPOLÍTICASLos hechos represivos ejemplificativos a los que me he referido, de violaciones individuales ygeneralizadas a los derechos humanos y a las libertades civiles y políticas, que han ocurrido en elpaís, no constituyen situaciones aisladas, ni menos, carentes de finalidad. Son parte de un esquemade gobierno cuyos objetivos visibles son: i) impedir la actuación de una oposición democrática,neutralizándola a la fuerza; ii) anular la libertad de expresión; iii) crear las condiciones necesariaspara perennizar al partido de gobierno en el poder; y, iv) evitar que la prensa refleje los numerososactos de corrupción y de violación a los derechos humanos, que son originados por el mismogobierno.A más de la ilegitimidad de los actos denunciados, lo que hace a la estrategia gubernamentalpeligrosa, es la utilización de mecanismos legales en la forma, para lograr objetivos atentatorios a lademocracia. Con base en la fuerza electoral del partido al que pertenece el Presidente de laRepública, y al control de todos los poderes e instituciones del Estado que este mandatario tiene, demanera constante se están produciendo cambios normativos, interpretaciones constitucionales ycambios institucionales, legales en la forma, pero con un elevado contenido antidemocrático. Deesta manera, se quiere hacer del Ecuador, una república totalitaria, intolerante a otras formas deexpresión política y, más que todo, en la que el partido de gobierno, se perennice en el poder.20 Ver: Resolución del Consejo Nacional Electoral, publicada en el Registro Oficial Suplemento 399 del 9 de marzo del2011. 9
  • 10. VPETICIÓNPor todo lo manifestado, habiendo sido víctima de violaciones a mis libertades civiles ydemocráticas y con conocimiento directo y fiable de las violaciones generalizadas y sistemáticas alas que me he referido, solicito a ustedes, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos, que se acoja la presente petición, para que se le dé el trámite previstoen el “Procedimiento en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos”; y, al “Procedimiento 1503 de la Comisión de Derechos Humanos”.Los hechos que he expuesto y las pruebas correspondientes muestran un cuadro persistente deviolaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles en el Ecuador, por lo que de maneraexpresa solicito que se sirvan investigar dichas violaciones y establecer las correspondientesresponsabilidades que tenga en las mismas, el Gobierno del Ecuador.De ser necesario, aportaré más pruebas y elementos de juicio para reforzar mi pedido. Comocomplemento a este documento, sírvanse tomar en cuenta mi petición anterior, presentada enoctubre del año 2010, junto a otros asambleístas del Ecuador.Para futura correspondencia, sírvanse contar con los siguientes correos electrónicos:cesarmontufar@hotmail.com y, cordavi_elaw@yahoo.com (favor tomar en cuenta el guión bajo enesta última dirección).César Montúfar ManchenoASAMBLEÍSTA ECUATORIANO 10

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