09%2005%20 at[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

09%2005%20 at[1]

  • 660 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
660
On Slideshare
660
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. COYUNTURA 256 4 COYUNTURA • Más Retenciones del IGV ... pero con condiciones. 5 APUNTES TRIBUTARIOS • EN PORTADA: Recaudación por Impuesto a la Renta en la campaña 2008. • CULTURA TRIBUTARIA: Los clubes de fútbol y un clásico que fue un mal partido nacional. • IMPUESTO A LA RENTA: Más alcances sobre la deducción de las “remuneraciones” del directorio. • SUNAT: ¿Y la publicidad de las respuestas a las consultas institucionales del 2009? • FONAVI: Nueva fecha para el referéndum. • CÓDIGO TRIBUTARIO: La perspectiva constitucional de la forma del acto de notificación y la notificación mediante la certificación de la negativa a la recepción. • CRÉDITO FISCAL: Las operaciones no reales antes del Dec. Leg. Nº 950. Análisis Tributario Volumen XXII Mayo 2009 Director Fundador Luis Aparicio Valdez Director Luis Durán Rojo lduran@aele.com 8 Colaboradores Especiales César Rodríguez Dueñas Mónica Benites Mendoza Equipo de Investigación Luis Durán Rojo Marco Mejía Acosta COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN • IMPUESTO A LA RENTA: Modificaciones a las normas reglamentarias del Régimen del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (Decreto Supremo Nº 090-2009-EF). • CONTRIBUCIONES SOCIALES: Inafectación de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad (Ley Nº 29351). • CONTRIBUCIÓN A ESSALUD: Ampliación del ámbito de cobertura (Ley Nº 29353). • CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS: Últimas modificaciones (Decreto de Urgencia Nº 057-2009). • COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS: Libre disponibilidad temporal de fondos (Ley Nº 29352). • TÍTULOS VALORES: Modificaciones legales (Ley Nº 29349). 10 INFORME TRIBUTARIO • Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los proveedores (Primera Parte). • Las Donaciones en el Impuesto a la Renta. Hugo Paniagüe Carrión • Competencia dañina y Paraísos Fiscales. Gustavo Lazo Saponara • El Principio de Facilitación del Comercio Exterior: Su concepto y evolución en la legislación peruana. Charles Castle San Martín • Cambios en la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente: Medidas de organización interna de SUNAT dictadas mediante R. de S. Nº 097-2009/SUNAT. 29 PORTAFOLIO • Baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 32 RESEÑA BIBLIOGRÁFICA • Invest in China: Tax Law & Practice (Chinese – English). Liu Zou 33 CONSULTA INSTITUCIONAL • Compensación del SFMB con IGV por utilización de servicios. Informe Nº 038-2009-SUNAT/2B0000 35 CONSULTA INSTITUCIONAL ADUANERA • Régimen de Importación de Bienes: Supuesto de ingreso al amparo de contratos de arrendamiento. Informe Nº 08-2009-SUNAT/2B4000 36 SÍNTESIS DE OPINIONES DEL FISCO • Infracciones y Sanciones Tributarias. 39 SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL • Reserva Tributaria y Secreto Bancario. 42 JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL • Acumulación de Pretensiones en el Contencioso Administrativo Tributario: El requisito de conexidad vinculado a los actos administrativos derivados de la negación del acogimiento a un beneficio tributario. Expediente Nº 474-2008 45 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL • Devolución del Saldo a Favor del Exportador: Aspectos controvertidos sobre los plazos, las garantías y las fiscalizaciones. Expediente Nº 6031-2008 53 SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL • Notificaciones de actos administrativos tributarios: Últimos criterios interpretativos del Tribunal Fiscal. 57 INDICADORES • Calendario Tributario y de otros Conceptos. • Cronograma de Pagos y/o Declaraciones Tributarias – Valor de la UIT 2000-2009 – Programa de Declaración Telemática. • Impuesto a la Renta No Empresarial – Personas Naturales Domiciliadas 2009 – Factores para el Ajuste Integral de los Estados Financieros – Índice de Precios - INEI. • Tasa de Interés para Devoluciones – Tasas de Interés Moratorio – Tasas de Interés Internacional – Tasas Activa y Pasiva de Interés. • Tipo de Cambio: Dólar Norteamericano – Euro – Libra Esterlina – Yen Japonés – Franco Suizo. • Declaración de Base Imponible en Aduanas – Índice de Reajuste Diario. 63 PROYECTOS DE LEY • Principales Proyectos de Ley: Del 26 de abril al 10 de mayo de 2009. 64 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA • Textos de los Principales Dispositivos Legales: Del 25 de abril al 10 de mayo de 2009. • Sumillas de Legislación Tributaria: Del 11 de abril al 10 de mayo de 2009. Asistente de la Publicación Catherine Muente Díaz Composición de Textos y Cuadros Estadísticos Jeannette Flores Villanueva Katia Ponce Ibañez Diseño y Montaje Manuel Saravia Nuñez Corrección de Textos Teresa Flores Caucha La Revista ANÁLISIS TRIBUTARIO es una publicación mensual editada por AELE S.A.C. Administración María Helena Aparicio Ventas Samuel Reppó Córdova Dirección Av. Paseo de la República 6236 Lima 18 - PERÚ Teléfono 610-4100 Fax 610-4101 Correo electrónico info@aele.com Sitio web www.aele.com Impresión JL Impresores de José Antonio Aparicio Rabines Hecho el Depósito Legal Registro Nº 98-2766 ISSN 2074-109X (Versión Impresa) Prohibida la reproducción en cualquier forma sin permiso escrito del Director. La reproducción autorizada deberá contener clara y expresamente la cita siguiente: "Tomado de la Revista Análisis Tributario Nº _, págs. _ - _". Análisis Tributario / 3
  • 2. COYUNTURA Más Retenciones del IGV ... pero con condiciones Se ha debatido mucho en las últimas semanas en torno al anuncio de la SUNAT de implementar un nuevo Régimen de Retenciones del IGV, aplicable a los pagos realizados con tarjetas de crédito y/o débito. Esta idea no es nueva y data de hace catorce años, cuando fue dejada de lado pero finalmente se optó por establecer el actual Régimen de Retenciones del IGV, vigente desde el año 2002 (aprobado por R. de S. Nº 037-2002/SUNAT). No se volvió a proponer pese a que en la segunda mitad del anterior gobierno la SUNAT expandió los regímenes de intervención bajo el aval político del Poder Ejecutivo y la complacencia de algunos gremios empresariales, especialmente cuando se vio que estos instrumentos promovían una significativa reducción de la competencia desleal y la mejora del cumplimiento tributario de muchas empresas semiformales. El actual jefe de SUNAT lo ha planteado como una medida necesaria para avanzar en la lucha contra la evasión y la informalidad y todo indicaría que finalmente tendrá el respaldo del MEF para su instauración. En todo caso, se ha dicho que, para tranquilidad de los involucrados, la tasa de retención sería baja para no afectar el consumo y la bancarización. Lo que no dijo originalmente el señor Velarde, y luego tuvo que precisar, es que esta medida es parte de un paquete mayor que se venía pensando en dicha institución y que parecería que va a volver a poner en agenda si es que la recaudación tributaria sigue la ruta de caída que viene experimentando en los últimos meses. La anterior jefa de SUNAT, en entrevista dada a esta Revista, señaló que estaban evaluando la eficiencia de los regímenes de intervención, incluso porque tenían “… solicitudes de varios gremios de contribuyentes de extender los distintos sistemas de pago a otros sectores/contribuyentes/actividades a fin de emparejar el piso a la competencia”(1). Supimos ya desde ese momento que se estaban estudiando futuros mecanismos de intervención tributaria con la colaboración de terceros en el control del pago del IGV enfocados en las actividades de los sectores económicos A y B, tales como espectáculos, construcción, farmacias, peluquerías y servicios médicos, que es donde más se usan tarjetas del sistema financiero, entre los que por cierto se encontraba el que comentamos. Nosotros hemos indicado que estos regímenes deben ser la excepción en el esquema tributario y su implementación solo se justifica en la medida que el esfuerzo que genera para el tercero colaborador es ampliamente compensado con el beneficio que genera para él mismo y para el conjunto de la socie- 4 MAYO 2009 dad en términos de captura de evasión, disminución de la informalidad y afianzamiento del principio de Libre Competencia, de manera que no pueden establecerse arbitrariamente. En ese sentido, creemos que en la implementación de la medida que motiva estas líneas no debe dejarse de lado, cuanto menos, dos aristas: 1. La constitucionalidad de la medida pasa por asimilar la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Reserva de Ley. ¿El régimen debería ser regulado por Ley, Decreto Supremo o Resolución de Superintendencia? Estemos de acuerdo o no, el TC tiene una perspectiva regularmente uniforme respecto a que, en materia tributaria, las habilitaciones o remisiones extremadamente abiertas a normas reglamentarias terminan por exponer al ciudadano a la discrecionalidad de la Administración Tributaria y, con ello, al riesgo de ser objeto de posibles actos de arbitrariedad. Adicionalmente, se ha señalado que el núcleo de los elementos esenciales del tributo debe estar contenido en una Ley y, a modo de integración o complementariedad, en un Decreto Supremo, bajo los alcances derivados del mandato de la propia Ley, lo cual es aplicable a los anticipos del IGV, como son las retenciones. En este escenario, es preciso que el legislador redefina los alcances de los artículos 10° del CT y de la LIGV. 2. Pese a que los regímenes de retenciones y percepciones llevan años de vigencia, se puede verificar que hay un escaso conocimiento de los mismos en un grupo considerable de contribuyentes y también en funcionarios de la propia SUNAT. La normatividad no es extensa, pero sí es en muchos extremos innecesariamente confusa, manteniendo vacíos e inconsistencias que a la fecha deberían haberse superado o precisado. En este contexto sería oportuno evaluar en conjunto el esquema normativo de las retenciones, percepciones y detracciones para realizar los ajustes necesarios, lo que incluye ciertamente adoptar una visión de su permanencia. A su vez, es importante que la SUNAT impulse campañas educativas en este tema y otros, aunque es cierto que el primer deber de información y diligencia sobre la materia le corresponde a cada contribuyente. A todo esto, ¿por qué no publican el anteproyecto del mencionado Régimen? ––– (1) Ver “Visión y perspectivas de la SUNAT”. EN Revista Análisis Tributario, Nº 250, noviembre de 2008, AELE, pág. 13.
  • 3. APUNTES TRIBUTARIOS Apuntes Tributarios • EN PORTADA: Recaudación por Impuesto a la Renta en la campaña 2008 La primera semana de abril pasado terminó la campaña de regularización del Impuesto a la Renta (IR) correspondiente al ejercicio 2008. Como se puede ver en nuestra portada, los ingresos recaudados en el período enero-abril totalizaron S/. 2,183 millones, siendo superiores a los obtenidos en la campaña del año anterior (S/. 2, 113 millones), aunque menores a la del 2007 (S/. 3,733), que fue el pico de recaudación por IR en los últimos 10 años. Estos resultados demuestran la responsabilidad e interés de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones tributarias, y superan las proyecciones iniciales de la SUNAT sobre una menor recaudación debido a la coyuntura de crisis internacional. Sin embargo, la recaudación por la regularización total de la campaña 2008, en términos reales, tendría una caída respecto de la obtenida en la campaña del año anterior, la misma que inicialmente se estimó en 5,2 por ciento. Esto se debería, informó la SUNAT, a la moderación en el crecimiento en los márgenes de ganancia de algunas empresas registradas en el ejercicio 2008 respecto del 2007, así como a la influencia de la crisis internacional que afectó, particularmente el último trimestre del año pasado, tanto los ingresos como los costos de las empresas que venden, compran o importan bienes asociados a los commodities internacionales (minerales, petróleo y alimentos). Las cifras preliminares indicaban menores pagos por IR sobre generación de energía eléctrica (-62,3 por ciento), minería (-42,1 por ciento), comercio (-18,5 por ciento) y manufactura (-10,6 por ciento), entre otros. • CULTURA TRIBUTARIA: Los clubes de fútbol y un clásico que fue un mal partido nacional Como ocurre en esta época del año, en las últimas semanas muchas empresas han sido notificadas con Órdenes de Pago y otros documentos de la SUNAT para que cumplan con cancelar sus deudas tributarias. Si dejamos de lado la existencia de un error administrativo del ente recaudador, las alternativas para el contribuyente que se ubica en este escenario son evidentes: o paga la deuda tributaria (con la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento y/o aplazamiento), o cuestiona su existencia o cuantía por la vía administrativa o judicial que corresponda. Como si no fueran claras estas vías, hace poco se ha ventilado públicamente una nueva opción que esperamos no vuelva a abrirse. Resulta que a pedido de los dos clubes de fútbol más importantes del país, el Presidente del Consejo de Ministros ha organizado una reunión para poner en agenda (¿nacional?) el realizar las gestiones para encontrar los mejores mecanismos para el cumplimiento del pago de las deudas tributarias de dichos contribuyentes, la cual bordearía en conjunto los 60 millones de soles. ¿Qué mensaje se está dando a las empresas y a la ciudadanía cuando se actúa de esta manera y por parte de las autoridades más importantes del país? ¿Qué mensaje se puede dar al Ejecutor y Auxiliar Coactivos que tienen a cargo el cobro de la deuda tributaria de dichos clubes y a todos los funcionarios de las oficinas de cobranza coactivas de las Administraciones Tributarias en general? Es posible que para muchos ciudadanos dicha reunión esté justificada en que el fútbol es un deporte de alcance y sentimiento nacional y, por ello, debería promoverse instrumentos que permitan que su desarrollo se potencie sustancialmente y así en poco tiempo podamos recuperar de manera aceptable los niveles de otras épocas. Sin embargo, bajo la perspectiva tributaria, esa línea de pensamiento choca abiertamente con la noción de justicia tributaria, en su esfera de principio de Igualdad, esto es que cada contribuyente deba pagar lo debido con arreglo a la Ley y en el marco señalado por ella misma. Es claro, y eso no debería relatarse en estas líneas, que en el estado actual de las sociedades modernas, la condición económica o social o la popularidad de un con- MAYO 2009 tribuyente no pueden ser justificación para que este no cumpla dentro de los parámetros legales y constitucionales con las obligaciones tributarias previamente generadas, sin que ello no signifique por supuesto que se pueda plantear en las instancias y por las vías correspondientes las modificaciones legislativas que establezcan un nuevo régimen tributario –posiblemente más beneficioso– para el sector al que pertenece este contribuyente –y no para él mismo en particular–, o incluso una condonación de la deuda ya existente, si el caso lo justificara. Los tratos preferenciales lesionan los delicados hilos de un tejido social que propugna que el país se financie conciente y equitativamente con tributos sin más distinciones que las que el orden jurídico ha establecido. Por tanto, los cabildeos que van en contra de un sano financiamiento público son reprochables vengan de donde vengan. La importancia del tema hace que la reflexión del caso conlleve a un natural replanteamiento. Así, el Premier, luego los dirigentes de los dos clubes y finalmente el Jefe de la SUNAT han aclarado a la opinión pública que de ninguna manera habrá alguna condonación –porque además no tienen facultades para hacerlo–, pero que se verán los mecanismos que permitan el proceso de pago efectivo en una comisión especial, lo cual es en buen romance un mea culpa a medias. ¿No correspondería, en realidad, que los clubes –como cualquier contribuyente– recurran a sus abogados y/o contadores tributaristas para buscar las soluciones legales a sus problemas tributarios? No nos queda duda que los mecanismos en mención sólo pueden darse en el marco de la Ley y, en algún caso, haciendo uso del margen de discrecionalidad administrativa que posee la SUNAT para el cobro de la deuda tributaria. En otras palabras, no debería haber un trato preferencial a dichos contribuyentes, pues ello supondría agravar más una falta, que de por sí ya es grave, en el cumplimiento de las funciones valiosas que tiene encomendadas la SUNAT. Aunque el tema puede quedar sólo como una anécdota más de la historia tributaria, lo mencionado no debe volver a ocurrir. 5
  • 4. APUNTES TRIBUTARIOS • IMPUESTO A LA RENTA: Más alcances sobre la deducción de las ”remuneraciones” del directorio Como sabemos, para determinar el IR empresarial debe obtenerse una renta neta a partir de las deducciones de los gastos que cumplan determinados principios y criterios, así como los elementos formales, límites y requisitos específicos que las normas de este tributo recogen y exigen que sean cumplidas necesariamente. En tal sentido son deducibles, entre otros gastos, de conformidad con el inciso m) del artículo 37° de la Ley del IR (LIR), las “remuneraciones” que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de sociedades anónimas, en la parte que en su conjunto no excedan del seis por ciento de la utilidad comercial del ejercicio antes del IR. Así, el importe abonado en exceso no resultará deducible como gasto, pero sí constituirá una mayor renta gravada para el director que lo perciba. Respecto a este gasto en particular hay cinco interrogantes frecuentes. La primera es delimitar los alcances de “remuneraciones” de los directores, sobre todo si la norma reglamentaria del IR se refiere a dichos conceptos como “retribuciones” gravadas como rentas de cuarta categoría. Se trata en realidad de una imprecisión del legislador desde tiempo atrás. En la RTF Nº 11235-3-2008, referida a un caso de participación de los directores en las utilidades de la empresa, se ha señalado que el término remuneración, de conformidad con el artículo 6° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, sea en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Se agrega que para efectos laborales el concepto de remuneración es un concepto restrictivo, en tanto que para el IR dicho concepto es amplio, toda vez que este impuesto pretende gravar la totalidad de los ingresos de los trabajadores, razón por la cual incluye “como conceptos gravados a los sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones, y en general toda retribución por servicios personales, tal como lo establece el artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta”. De acuerdo a ello el TF concluye que en el caso materia de controversia no se está frente a la participación de los trabajadores en las utilidades sino de los directores, 6 y dado que por la naturaleza de las funciones de estos últimos no existe vínculo laboral con la empresa, las retribuciones generadas no serían en rigor “remuneraciones”, “y a la luz del concepto amplio de remuneración que maneja la Ley del Impuesto a la Renta, se colige que el inciso m) del artículo 37° se refiere a los ingresos de los directores por el ejercicio de sus funciones, y en tal sentido, las participaciones reparadas están comprendidas en el citado inciso”. La segunda cuestión es definir cuáles son los directores comprendidos en la limitación del gasto. Literalmente, serían sólo los que cumplen tales funciones en sociedades anónimas, conforme a la Ley General de Sociedades. La tercera interrogante es saber si es posible deducir el gasto cuando no haya utilidad comercial. En la RTF Nº 6887-42005 se ha señalado que no es deducible el egreso por dietas de directorio en un ejercicio en el que se obtuvo pérdidas, puesto que no hay utilidad comercial que permita el cálculo del tope establecido en la LIR. La cuarta duda tiene que ver con la aplicación o no del requisito del pago establecido en el inciso v) del artículo 37° de la LIR teniendo en consideración la polémica RTF de Observancia Obligatoria Nº 7719-42005(1). Ya en la RTF Nº 7014-1-2005 se había señalado que dicho requisito no era aplicable en este caso. En la RTF Nº 112353-2008 se ratifica el criterio, esta vez con mayor claridad, al señalarse que tales pagos a los directores al estar “contemplados en un inciso distinto al v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no resulta exigible el requisito consistente en la cancelación dentro del plazo de presentación de la declaración jurada anual respectiva”. Finalmente, la quinta interrogante se refiere a la acreditación del gasto, sobre su existencia y causalidad. En la RTF Nº 38524-2008 se observó el gasto por no encontrarse debidamente sustentado, ya que las personas no habían conformado el directorio de la empresa como se desprendía del respectivo Libro de Actas. El principio de libertad de prueba permite ofrecer los libros contables y los documentos de la contabilidad en general, así como el acervo documentario contractual y/o societario que permitan acreditar que el gasto es fidedigno a partir de la fehaciencia de su ocurrencia(2). gar publicidad a las opiniones que vierte sobre el sentido y alcance de las normas tributarias, conforme a lo prescrito en los artículos 93° y 94° del Código Tributario (CT). Si bien el jefe de la SUNAT había expresado semanas atrás que su principal interés es “minimizar las áreas grises para que los empresarios sepan a qué atenerse, pues entendemos que la predictibilidad es fundamental para (…) el sector privado”, en los hechos ello no está ocurriendo a cabalidad ni a los niveles esperados. Estamos ya en el mes de mayo (en unos días estaremos a mitad del año) y no se han publicado en la página web de la SUNAT los Informes, Oficios y/o Cartas correspondientes al presente año que son emitidos en respuesta a las consultas que son formuladas por las entidades representativas de las actividades económicas, laborales y profesionales, así como las entidades del Sector Público Nacional, sobre el sentido y alcance de las normas tributarias. Lo peor del tema es que muchos funcionarios de la propia SUNAT desconocen la existencia de dichos documentos, al punto que los asistentes tributarios de la central de consultas telefónicas no saben qué informar sobre el particular. Como es de conocimiento general, conforme al segundo párrafo del artículo 94° del CT, el pronunciamiento que emita la SUNAT respecto a las consultas institucionales mencionadas es de obligatorio cumplimiento para sus distintos órganos. En ese sentido esperamos que pronto se tomen las medidas correctivas del caso, de manera que contribuyentes y –todos los– funcionarios de la SUNAT puedan conocer estas opiniones institucionales. • SUNAT: ––– (1) Ver “El gasto deducible por retribuciones a los directores”. EN: Suplemento Mensual Informe Tributario, Nº 190, marzo de 2007, AELE, págs. 4 y 5. (2) Ver “Principio de Causalidad para las deducciones en el IR empresarial (Segunda Parte)”. EN: Suplemento Mensual Informe Tributario, Nº 213, febrero de 2009, AELE, pág. 6. ¿Y la publicidad de las respuestas a las consultas institucionales del 2009? Una vez más debemos hacer notar la grave deficiencia de la SUNAT de no otorMAYO 2009 • FONAVI: Nueva fecha para el referéndum Luego de un lapso de incertidumbre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha fijado una nueva fecha para la realización del referéndum nacional respecto a la aprobación o desaprobación del Proyecto de Ley sobre devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). En efecto, mediante Resolución Nº 3122009-JNE, emitida el 7 de mayo de 2009, se ha fijado como nueva fecha el día do-
  • 5. APUNTES TRIBUTARIOS mingo 21 de noviembre de 2010, día de las Elecciones Regionales y Municipales, en virtud al artículo 46° de la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que faculta a la autoridad electoral a acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta ciudadana en forma conjunta o con otros procesos electorales. La decisión del JNE obedece a un problema presupuestario, pues, según esta institución, no se tenía certeza de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fuera a otorgar los recursos necesarios para realizar el referéndum. Inclusive en un comunicado conjunto de los organismos del Sistema Electoral (JNE, ONPE y RENIEC) se hizo de conocimiento público estas carencias económicas y la imposibilidad de cumplir con su labor. • CÓDIGO TRIBUTARIO: La perspectiva constitucional de la forma del acto de notificación y la notificación mediante la certificación de la negativa a la recepción Como se sabe, en el inciso a) del primer párrafo del artículo 104° del CT se ha regulado la notificación con certificación de la negativa a la recepción, la misma que se entiende realizada cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del destinatario rechaza la recepción del documento que se pretende notificar o, recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus datos de identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado. Al respecto es pertinente señalar la controversia que generó la Sentencia del TC recaída en el Expediente Nº 6760-2008PA/TC. El contribuyente interpuso una demanda de amparo contra la SUNAT y el Tribunal Fiscal, solicitando se declare la nulidad del procedimiento de ejecución coactiva derivado de una orden de pago que –alegaba– nunca le fue debidamente notificada. Asimismo, manifestó que la indicación de “rechazo” consignada en el cargo de la supuesta diligencia de notificación no se encuentra motivada, ni existió notificación vía cedulón, siendo más bien empleada la notificación excepcional que se efectúa por medio del Diario Oficial El Peruano. El TC, a tenor de lo que expresado en su Sentencia recaída en el Expediente Nº 2095-2005-PA/TC, diferencia dos cuestiones relevantes en lo que concierne a la de- bida notificación del acto administrativo, el mismo que permita garantizar el derecho al debido procedimiento administrativo: (i) El lugar donde debe realizarse la notificación; y (ii) La forma en que dicha notificación debe efectuarse. En ese marco conceptual, el TC señala que la recurrente no tiene por objeto cuestionar “la dirección” que figura en el cargo de diligencia de notificación de la orden de pago, sino “la forma del acto de notificación”, pues la recurrente alega que la diligencia de notificación fue defectuosa, en virtud de la inexistencia de la notificación de la orden de pago, la ausencia de identificación de los notificadores respectivos o, en todo caso, que se haya consignado “rechazo” en la notificación sin explicar los fundamentos de dicha frase. Finalmente, el TC declara la improcedencia de la demanda, al considerar que el objeto de la pretensión de la demandante era cuestionar la veracidad del acto administrativo de notificación, la misma que requiere la valuación y actuación de mayores medios probatorios como declaraciones o peritajes, los que son ajenos a la lógica del proceso de Amparo, que por su carácter extraordinario y residual sólo admite medios probatorios que no requieran de actuación ni afecten la duración del proceso, de conformidad con el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. Cabe señalar que el TC ha aplicado indebidamente el texto del artículo 104° del CT con la modificación del Dec. Leg. Nº 981, publicado el 15 de marzo de 2007 y vigente a partir del 1 de abril del mismo año, pues la notificación cuestionada en el proceso de Amparo fue realizada en setiembre del 2004. Es un grave error que, felizmente, en esta oportunidad no afecta sustancialmente el sentido de lo resuelto. • CRÉDITO FISCAL: Las operaciones no reales antes del Dec. Leg. Nº 950 La posibilidad de usar el crédito fiscal de operaciones calificadas como no reales conforme al texto original del artículo 44° de la LIGV, antes de que fuera modificado a partir del 1 de marzo del 2004 por el Dec. Leg. Nº 950, ha sido otro de los interesantes temas de discusión en cuanto al IGV. Así, mediante la Casación Nº 11742008, emitida el 9 de junio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia, se ha resuelto el recurso planteado por un contribuyente bajo la causal contenida en el inciso 3 del artí- MAYO 2009 culo 386° del Código Procesal Civil (CPC), referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, y en particular el derecho a probar contemplado en los artículos 196°, 197°, 208° y 471° del mismo CPC. Entre otros argumentos, el contribuyente señalaba que en su caso no corresponde aplicar el artículo 44° de la LIGV, modificado por el Dec. Leg. Nº 950, para desconocer la realidad de sus operaciones en los años 1999 y 2001 y, por consiguiente, tampoco el crédito fiscal de las mismas. Asimismo sostenía que en la sentencia de vista no se había valorado la prueba conjunta con apreciación razonada, pasando por alto el reconocimiento efectuado por la SUNAT de las declaraciones de los proveedores de la recurrente, que reconocen los montos de las operaciones realizadas (lo que se conoce como “prueba asimilada”). Para la Corte Suprema, los argumentos esbozados no satisfacen los requisitos de fondo del recurso de casación, dado que buscan modificar hechos que han sido previamente establecidos en las instancias correspondientes del Poder Judicial. Por otro lado, indica que el artículo 44° de la LIGV original (es decir, antes de la modificación efectuada por el Dec. Leg. Nº 950) no contempla la posibilidad de probar las operaciones con la sola existencia de los bienes y servicios correspondientes. Se agrega que, para la aplicación de la normativa de crédito fiscal en el caso concreto del demandante, las instancias previas no han utilizado el texto modificado del artículo 44° de la LIGV, circunscribiéndose por el contrario a la normativa original. Finalmente se señala que los jueces de mérito no han determinado la existencia de una operación real, luego de una valoración conjunta y razonable de las pruebas de conformidad con el artículo 197° del CPC. Conforme a ello, el recurso de casación es declarado improcedente, condenando al recurrente al pago de una multa de 3 unidades de referencia procesal (URP). 7
  • 6. COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN Comentarios a la Legislación Del 11 de abril al 10 de mayo de 2009 IMPUESTO A LA RENTA: Modificaciones a las normas reglamentarias del Régimen del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (Decreto Supremo Nº 090-2009-EF) El Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por D. S. Nº 147-2008-EF(1) , ha sido modificado por el D. S. Nº 090-2009-EF, publicado el 21 de abril de 2009. Sobre el particular es pertinente destacar las principales novedades: – Se define a la empresa privada, que es la que financia el proyecto de inversión, y precisa los requisitos que debe cumplir en los procesos de selección para el financiamiento de proyectos. – Se modifica el plazo, condiciones, límites y procedimiento para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), y además la posibilidad de entregarlos por avance de obra. – Se modifica las características y procedimiento de la contratación de la entidad supervisora. – Se aprueba un nuevo formato de convenio de cooperación, el mismo que ha sido publicado en la página web del MEF. CONTRIBUCIONES SOCIALES: Inafectación de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad (Ley Nº 29351) Como adelantamos en el último número del Suplemento Mensual Informe Tributario, el Congreso de la República –luego de una serie de discusiones– aprobó la Ley por la que inafecta hasta el 31 de diciembre de 2010 de aportaciones, contribuciones y descuentos a los aguinaldos y/o gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad que perciban los trabajadores de los sectores público y privado. Luego de su promulgación por el Presidente de la República, fue publicada el 1 de mayo de 2009 como Ley Nº 29351. Así, conforme a dicha Ley, los trabajadores recibirán sus aguinaldos y/o gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad correspondientes a los años 2009 y 2010 sin aportar a los Sistemas de Pensiones (bien sea la Contribución a la ONP o el Aporte a la AFP), lo que ciertamente les significa poder contar con mayor liquidez en el momento actual pero con una pequeña disminución del monto de su pensión de jubilación en el futuro. A su vez, como consecuencia de ello, los empleadores dejarán de abonar los montos debidos por tales aguinaldos y/o gratificaciones, como ocurre con la Contribución a ESSALUD y, en su caso, la Contribución al SENATI o la Contribución al SENCICO. Al respecto, aunque con muy mala redacción, la Ley establece que el monto que con ocasión de esta inafectación dejen de abonar los empleadores como Contribución a ESSALUD será otorgado a los trabajadores bajo la modalidad de bonificación 8 extraordinaria de carácter temporal, no remunerativo ni pensionable (“bonificación extraordinaria”). Esta Ley es sin duda distinta a la que había aprobado el Congreso de la República a finales del año pasado y que posteriormente fue observada por el Presidente de la República pues excluye de sus alcances la inafectación del Impuesto a la Renta (IR) que aquella contenía y –como ya hemos visto– precisa el destino del monto dejado de aportar a ESSALUD por el empleador que, en el esquema anterior, constituía un ahorro para este y no un monto disponible para el trabajador. Conforme a lo señalado, el empleador deberá incluir en el cálculo de las retenciones del IR de “quinta categoría” el monto de los aguinaldos y/o gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad correspondientes a los años 2009 y 2010. El mismo tratamiento debería darse a la bonificación extraordinaria (que se abonará según la Ley) pues respecto de esta solo se ha señalado que tendrá “carácter temporal, no remunerativo ni pensionable” y no se ha establecido una inafectación y/o exoneración para efectos del IR, de modo que se aplica lo señalado en el artículo 34° de la Ley del IR conforme al que es renta de quinta categoría del trabajador la obtenida por concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales. Finalmente, cabe precisar que al cierre de esta edición se había aprobado en el Congreso de la República una nueva ley con la finalidad de modificar los artículos 1° y 2° de la Ley comentada debido a que los Congresistas entienden que la frase “excepto otros descuentos” establecida al final de ambos artículos podría generar interpretaciones no queridas como gravar dichos aguinaldos y/o gratificaciones con las Contribuciones a SENATI, SENCICO o incluso al Impuesto a la Renta, sustituyéndola por la frase siguiente: “excepto las sentencias que provengan de mandato judicial recaídas en procesos de alimentos”. CONTRIBUCIÓN A ESSALUD: Ampliación del ámbito de cobertura (Ley Nº 29353) Conforme al artículo 11° de la Ley Nº 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, los afiliados regulares al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y sus derechohabientes tienen el derecho a recibir por parte de ESSALUD prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud (Prestaciones de Salud) cuando sean desempleados o se produzca la suspensión perfecta de labores, siempre que hayan contado con un mínimo de cinco meses de aportación en los últimos tres años precedentes al cese. ––– (1) Ver “Cancelación del Impuesto a la Renta vía gasto en inversión pública”. EN: Revista Análisis Tributario, Nº 251, diciembre de 2008, AELE, págs. 21 y 22. MAYO 2009
  • 7. COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN El lapso de tiempo de las Prestaciones de Salud luego del cese se denomina como “período de latencia” y es de dos meses por cada cinco meses de aportación realizada, hasta un máximo de doce meses(2). Al respecto, por Ley Nº 29353, publicada el 1 de mayo de 2009, se ha ampliado dicho periodo de latencia, conforme se indica en el Cuadro Nº 1 siguiente, en caso los afiliados regulares hubieran sido cesados o sus contratos de trabajo hubieran sido suspendidos de manera perfecta entre el 1 de enero de este año y el 31 de julio de 2010. El referido periodo de latencia se iniciará desde la fecha en que se hizo efectivo el cese o a partir de la fecha de pérdida del derecho de cobertura en el caso de suspensión perfecta del contrato. Como se ve, se trata de un régimen especial temporal del derecho de cobertura por desempleo, pensado en el marco de las medidas contracíclicas, con el fin de aliviar la situación de los desempleados como efecto de la crisis financiera internacional. CUADRO Nº 1 EXTENSIÓN DEL PERIODO DE LATENCIA CONFORME A LEY Nº 29353 Períodos de Aporte a ESSALUD Plazo de latencia De 5 a 9 meses 6 meses De 10 a 14 meses 6 meses CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS: Últimas modificaciones (Decreto de Urgencia Nº 057-2009) El 7 de mayo pasado fue publicado el Decreto de Urgencia Nº 057-2009 por el que se establecen medidas económicas urgentes y de interés nacional en materia de contratación administrativa de servicios, de modo que el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales puedan cubrir el costo durante el año 2009 de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), regulados por el Dec. Leg. Nº 1057, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. A su vez, también se quiere equiparar los CAS que se suscribieron por montos inferiores a la remuneración mínima vital (RMV) y realizar nuevos contratos del personal necesario para el cumplimiento de nuevas funciones delegadas o que se encuentran en proceso de implementación. Efectivamente, se ha exceptuado a los pliegos de Gobierno Nacional y de Gobierno Regional del límite de gasto establecido por el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley Nº 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009(3), para realizar las siguientes acciones: 1. Cubrir el costo durante el año 2009, de las personas ya contratadas a través de la modalidad de CAS. 2. Equiparar aquellos CAS existentes por montos menores a la RMV a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del D. S. Nº 075-2008-PCM (Reglamento del Dec. Leg. Nº 1057), que dispone que ninguna entidad pública puede suscribir dicho tipo de contrato administrativo por un monto menor al de la RMV. 3. Celebrar nuevos CAS, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público respecto a la capacidad de financiamiento del presupuesto institucional del pliego. Se estima que esto se usará para contratar el personal necesario que requieren algunas entidades para el cumplimiento de nuevas funciones delegadas o que se encuentran en proceso de implementación. Finalmente, debe señalarse que el artículo 4° del Decreto de Urgencia bajo comentario ha indicado que el Régimen de CAS no es de aplicación para la ejecución de proyectos de inversión. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS: Libre disponibilidad temporal de fondos (Ley Nº 29352) Mediante Ley Nº 29352, publicada el 1 de mayo pasado, se han establecido reglas para la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Pese a que su artículo 1° señala líricamente que el objetivo de la Ley es devolver a la CTS su naturaleza de seguro de desempleo, de modo que permita a los trabajadores tener una contingencia asegurada para la eventualidad de la pérdida del empleo, en la realidad la norma ha establecido la disponibilidad temporal del 100 por ciento de los depósitos por CTS que se efectúen en los meses de mayo y noviembre de 2009. A su vez, se ha establecido un cronograma para la libre disposición de los depósitos de CTS a partir del año 2010, conforme a lo siguiente: 1. De los depósitos efectuados en mayo de 2010, podrá disponerse hasta del cuarenta por ciento (40%). 2. De los depósitos efectuados en noviembre de 2010 podrá disponerse hasta del treinta por ciento (30%). 3. A partir de mayo de 2011 y hasta la extinción del vínculo laboral, los trabajadores podrán disponer, de sus cuentas individuales de CTS, solo del setenta por ciento (70%) del excedente de seis (6) remuneraciones brutas. A tal efecto, los empleadores deberán comunicar a las instituciones financieras respecto del equivalente al monto intangible de cada trabajador y el Ministerio de Trabajo será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la reseñada Ley. Finalmente, cabe indicar que lo señalado no afectará lo establecido en el artículo 37° del TUO de la Ley de CTS, aprobado por D. S. Nº 001-97-TR que establece que los depósitos de CTS (incluidos sus intereses) son intangibles e inembargables salvo por alimentos y hasta el 50 por ciento. TÍTULOS VALORES: Modificaciones legales (Ley Nº 29349) Mediante Ley Nº 29349 se ha modificado el numeral 10.2 del artículo 10° de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores, que establece las reglas vinculadas al título valor emitido o aceptado en forma incompleta. Se ha señalado que quien emite o acepta un título valor incompleto, tiene el derecho, además de obtener una copia del mismo, de agregar en él una cláusula que limite su transferencia. A su vez, se ha señalado que la copia que debe recibirse del tomador debe ser la del título debidamente firmado en el momento de su entrega, y del documento que contiene los acuerdos donde consten la forma de completarlo y las condiciones de transferencia. En tal caso, salvo que se trate del cheque, su transferencia surte los efectos de la cesión de derechos. –––– (2) En el caso de suspensión perfecta de labores, el período de latencia será de aplicación a partir de la fecha de pérdida del derecho de cobertura. (3) Consistente en que el gasto total a ejecutarse durante el año 2009, en materia de CAS, incluido el gasto de las Contribuciones a ESSALUD, no podrá ser mayor, en ningún caso, al monto ejecutado durante el año 2008 por concepto de las Específicas de Gasto 27. “Servicios No Personales”, 33. “Servicio de Consultoría” y 39. “Otros Servicios de Terceros”, en lo que respecta a la contratación de personas naturales, conforme al Clasificador de Gastos aplicable en el año 2008. MAYO 2009 9
  • 8. INFORME TRIBUTARIO Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los proveedores (PRIMERA PARTE) En términos generales, este régimen cumple con lo señalado en la doctrina respecto a la retención, que consiste básicamente “... en el deber que se impone a quienes satisfacen los rendimientos sujetos a ella, de retener una parte de su importe para, posteriormente, declararla e ingresarla directamente en la Administración Financiera. En consecuencia, el perceptor de esos rendimientos, que es el sujeto gravado… deberá soportar la retención correspondiente”(1) . De hecho, lo característico de este instituto es la posibilidad de contacto directo con una suma dineraria existente, que se pondrá a disposición de un tercero, lo que permite al Agente de Retención realizar el descuento respectivo y pagar al fisco con el dinero del propio tercero que ha sido retenido en calidad de tributo. Cabe precisar que en el proceso de la retención hay dos actos: (i) el de retener, que significa sustraer de una suma dineraria de un contribuyente, con la que se halla en contacto el Agente de Retención, un determinado importe en concepto de tributo, y, (ii) el de ingresar, que es el acto de depósito de ese mismo importe a la orden del fisco, es decir, entregar al Estado la suma tributaria sustraída al contribuyente, “Ambos procedimientos integran en su conjunto la actuación que cabe al agente de retención, pero terminológicamente toda esa actuación se engloba en el término genérico de «retener»”(2) . El significado de retención que hemos descrito ha sido adoptado por el Tribunal Fiscal en su Resolución Nº 185-3-2009. Ahora bien, como hemos señalado en anteriores oportunidades, el Régimen de Retenciones del IGV (en adelante “Régimen de Retenciones”) es uno de los instrumentos de ingeniería tributaria por la que se sitúan mecanismos de captura del impuesto en las zonas angostas del proceso productivo, ahí donde se pueden captar los impuestos hacia atrás o hacia adelante en la cadena económica, y forma parte de los denominados “Regímenes de Intervención Tributaria” junto con los Regímenes de Percepciones del IGV y los Regímenes de Detracciones de Impuestos (SPOT). Surgió bajo el presupuesto de que el Perú no cumplía con la regla internacional de eficiencia de recaudación, que supone 10 CUADRO Nº 1 ESQUEMA GENERAL DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV PROVEEDOR (Sujeto retenido) Declara en PDT Nº 621 y compensa o solicita devolución Retiene el 6% del precio de venta ▼ CLIENTE (Agente de Retención) ▼ INTRODUCCIÓN que de la tasa nominal del impuesto (en el Perú 19 por ciento, incluido el IPM) se recaude cuanto menos la mitad (9.5 por ciento)(3). En buena cuenta, este Régimen tiene por finalidad primordial el cumplimiento del pago del IGV en las operaciones sujetas a su control, para lo que utiliza a un tercer sujeto que viene a ser el denominado Agente de Retención. En tal sentido, y tomando en cuenta lo sucedido en los años de vigencia, nos permite pensar que el verdadero motivo de la implementación del Régimen de Retenciones es el aumento de la recaudación, incluso sabiendo que su costo es asumido por los contribuyentes. Efectivamente, más allá que esta medida pueda tener como finalidad mejorar la recaudación y evitar la evasión tributaria existente, genera costos a los contribuyentes involucrados como Agentes de Retención puesto que pone en sus manos la responsabilidad de recaudar anticipadamente el IGV, encareciendo y dificultando sus transacciones comerciales, ello no obstante que, como se ha afirmado, puedan gozar del beneficio financiero de tener un dinero retenido por algunos días hasta el momento del empoce al fisco. Empero, curiosamente, ese beneficio podría convertirse en un costo financiero para el universo de proveedores –que en muchos casos no son evasores– producto de la distorsión en la aplicación del crédito fiscal. ▼ A partir del 1 de junio de 2002 se estableció en el Perú un Régimen de Retenciones en materia de IGV, aplicable a los proveedores en las operaciones de venta de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción, gravadas con dicho impuesto. Las normas pertinentes son la Ley del IGV e ISC (LIGV), la Ley Nº 28053 y la R. de S. Nº 037-2002/SUNAT (en adelante “la Resolución”). A continuación queremos abordar los alcances de dicho régimen. SUNAT Entrega monto retenido y declara en PDT Nº 626 ––––– (1) QUERALT, Juan Martín, LOZANO SERRANO, Carmelo, CASADO OLLERO, Gabriel, TEJERIZO LÓPEZ, José. Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, Madrid, 13ª edición, 2002, pág. 283. (2) VILLEGAS, Héctor. Los Agentes de Retención y de Percepción en el Derecho Tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, pág. 26. (3) Sobre los fines y objetivos que motivaron la creación del Régimen de Retenciones revísese: QUINTANILLA GÓMEZ, Alexander. “Retenciones, Percepciones y Detracciones. Análisis de los Regímenes y Sistemas de pago del IGV”. EN: Revista Análisis Tributario Nºs 222 y 223, AELE, julio y agosto de 2006. MAYO 2009
  • 9. INFORME TRIBUTARIO I. OPERACIONES SUJETAS AL RÉGIMEN DE RETENCIONES De acuerdo a la Resolución, las retenciones se efectuarán en todas aquellas operaciones gravadas con el IGV conforme a lo establecido en el artículo 1° de la LIGV siempre que se hubieren efectuado a partir del 1 de junio de 2002. Así, aunque ahora pudiera no tener mayor efecto, es claro que en caso se hubieran efectuado operaciones con anterioridad al 1 de junio de 2002 pero que sean pagadas parcial o totalmente luego de dicha fecha, por estos pagos no deberá practicarse retención alguna(4). Tómese en cuenta que no quedó claro lo que debería entenderse por “operaciones efectuadas”, de modo que se generaron dos posiciones: – Lo importante para definir el ámbito de aplicación temporal es la fecha en que se realizó el acuerdo de voluntades, sin importar cuándo nace la obligación tributaria; así por ejemplo, si se celebró un contrato de compraventa de bien mueble antes del 1 de junio, pero la entrega del mismo y la emisión de la factura se produjeron luego de dicha fecha, el Régimen de Retenciones no sería aplicable a esta operación. Esta posición partiría de una interpretación literal de lo señalado en la Resolución, concordado con las disposiciones del Código Civil en materia contractual. – Lo importante para definir el ámbito de aplicación temporal es la fecha del nacimiento de la obligación tributaria, de tal modo que, en el caso señalado en el punto anterior, sí le sería aplicable a esta operación el Régimen de Retenciones puesto que la obligación tributaria nació luego del 1 de junio. Esta última posición guardaría coherencia con la teoría de los hechos cumplidos que rige nuestro ordenamiento jurídico y que se encuentra consagrada en el artículo 103° de la Constitución Política y en la Norma III del Título Preliminar del Código Civil que establecen que la ley “se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. La SUNAT comparte esta posición conforme se señala en el Informe Nº 267-2002-SUNAT/K00000. Ahora bien, hay una serie de operaciones que se encuentran exceptuadas de la retención, que son las siguientes: 1. Por la naturaleza de la operación (i) Ventas internas de bienes donados cuyo monto, incluyendo el IGV, es depositado en las cuentas especiales de los Fondos Contravalor, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25774 y normas modificatorias. Al respecto, el indicado Decreto Ley señaló en sus artículos 1° y 2° que tanto los recursos provenientes de la comercialización como el IGV que grava la venta interna de alimentos donados por Organismos Internacionales, Gobiernos Extranjeros, Agencias Oficiales de Gobiernos e Instituciones Extranjeras cuyo beneficiario sea el Gobierno del Perú, Entidades del Estado o Instituciones previamente acordadas con el Gobierno del Perú excepto empresas, dentro del marco de Convenios de Cooperación Técnica Internacional, serán depositados en las cuentas especiales de los Fondos de Contravalor respectivos. En ese sentido, dado que el IGV aplicado a las indicadas ventas ya tiene un destino específico, el Régimen de Retenciones no debía aplicarse respecto de dichas operaciones conforme se ha señalado. (ii) Operaciones de importación de bienes. En este caso, con la finalidad de generar mejor control fiscal se aplica el Régimen de Per- cepciones del IGV, regulado por la R. de S. Nº 203-2003/SUNAT. (iii) Operaciones consideradas como utilización de servicios prestados por sujetos no domiciliados para efectos de la LIGV. En los dos últimos casos, la exclusión se basa en que en ese tipo de operaciones el contribuyente domiciliado que realiza la importación o utiliza el servicio es quien paga el IGV como sujeto del impuesto y utiliza el crédito fiscal proveniente de dichas operaciones. 2. Por existir otros Regímenes de Intervención (i) Operaciones en las cuales se aplique alguno de los Regímenes de Detracciones (SPOT). Esta exclusión es objetiva, esto es, todos los supuestos de venta de bienes o prestación de servicios considerados dentro del ámbito de aplicación del SPOT no serán materia de análisis respecto a si debe retenerse o no. Puede leerse en la RTF Nº 10657-2-2008 una situación de este tipo. (ii) Operaciones que estuvieran sustentadas con liquidación de compra o pólizas de adjudicación, debido a que para estas operaciones hay un esquema de retenciones del total del IGV, conforme puede deducirse de los artículos 9° y 10° de la LIGV y los numerales 3 y 6 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago (RCP). Es claro que en ambos casos, el propio régimen tributario ha establecido mecanismos de control que brindarían más seguridad al Estado en la captura del IGV que corresponde a tales operaciones. 3. Por existir control de SUNAT sobre los contribuyentes (i) Operaciones realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que tengan la condición de Agente de Retención, cuando dichas operaciones las efectúen a través de un tercero, bajo la modalidad de encargo, sea este otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo público o privado. En el supuesto planteado, los terceros a los que alude la norma son dependencias desconcentradas u otras Unidades Ejecutoras que actúan por encargo de las Unidades Ejecutoras “encargantes” abocándose a la realización de determinadas actividades. En este caso, la exclusión del Régimen obedecería a consideraciones de tipo financiero con el fin de “facilitar” las actividades de las Unidades Ejecutoras consideradas Agentes de Retención. En este punto debe tomarse en cuenta que la Segunda Disposición Final de la R. de S. Nº 135-2002/SUNAT señaló que cuando las Unidades Ejecutoras del Sector Público, que tengan la calidad de Agentes de Retención, se extingan y se produzca su baja en el RUC, las Unidades Ejecutoras que asuman sus activos y/o pasivos y que sean nombradas Agentes de Retención deberán efectuar las retenciones que correspondan por las operaciones pendientes de pago que hubieran realizado las primeras. Esta disposición se justifica en el hecho de que las Unidades Ejecutoras reemplazantes que también tengan la calidad de Agentes de Retención, asumirán los pasivos de las Unidades extinguidas por lo que los pagos que deban efectuar estarán sujetos al Régimen de Retenciones. (ii) Operaciones por las que se emitan los documentos autorizados señalados en el numeral 6.1 del artículo 4° del RCP (entre –––– (4) Al respecto, debe referirse que la SUNAT equivocó su interpretación sobre los alcances de la Resolución en cuanto a este tema, como pudo verse en un comunicado publicado el 10 de mayo de 2002 en los diarios de circulación nacional. Cf. “Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los Proveedores. Últimas Novedades”. EN: Revista Análisis Tributario, Nº 172, mayo de 2002, AELE, págs. 4 a 7. MAYO 2009 11
  • 10. INFORME TRIBUTARIO otros, son los documentos emitidos por las compañías de aviación por servicio de transporte aéreo de pasajeros, por las empresas del sistema financiero y de seguros, por las AFP y EPS, por las empresas por los servicios públicos de telecomunicaciones, de telefonía y de suministro de energía eléctrica y agua), debido a que en estas operaciones el proveedor es siempre un contribuyente bajo control directo por parte de la SUNAT. (iii) Operaciones realizadas con proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en el Dec. Leg. Nº 912 y normas reglamentarias, casos en los que –por la actuación de los contribuyentes– no es necesario aplicar el presente régimen. (iv) Operaciones realizadas con proveedores que también tengan la condición de Agentes de Retención de este régimen. Tómese en cuenta aquí que, a diferencia de lo señalado en el punto (i) anterior, en el sector privado existen contratos asociativos con contabilidad independiente en los que aun cuando sus partes contratantes tienen la calidad de Agentes de Retención, aquellos están sujetos a las retenciones por no haber sido designados como tales, situación que se debería analizar. De similar idea es la SUNAT, conforme se desprende del Informe Nº 271-2002-SUNAT/K00000, de fecha 30 de setiembre de 2002. (v) Operaciones realizadas con proveedores que tengan la condición de Agentes de Percepción del IGV. Nótese que el inciso h) del artículo 5° de la Resolución, que es la norma que recoge este supuesto, ha indicado textualmente que se trata de Agentes de Percepción “según lo establecido en las Resoluciones de Superintendencia Núms. 128-2002/SUNAT y 189-2004/SUNAT, y sus respectivas modificatorias”. Conforme a ello, bajo una aplicación literal, habría que indicar que hoy el Agente de Retención debería realizar la retención en las operaciones realizadas con Agentes de Percepción nombrados por la R. de S. Nº 058-2006/SUNAT, pues a ellos no les aplicaría la excepción señalada. Aunque lo dicho es correcto, consideramos que en realidad se trata de una situación sui géneris ocasionada por la derogación de la R. de S. Nº 189-2004/SUNAT por la R. de S. Nº 0582006/SUNAT a partir del 1 de abril de 2006. Efectivamente, en términos prácticos, los regímenes de percepción establecidos por ambas normas son similares en gran medida, debiendo corresponder la excepción de la retención a los Agentes de Percepción en ambos casos, sin embargo, para ello tendría que modificarse el referido inciso h) del artículo 5° de la Resolución. Mientras ello no ocurra, los Agentes de Retención deberían aplicar la retención correspondiente, a menos que consideren emplear el argumento constitucional en el sentido que el Régimen de Retención no puede aplicarse en este caso puesto que la finalidad de controlar el uso adecuado del IGV no resulta necesaria al tratarse de contribuyentes formales y con cumplimiento adecuado de sus obligaciones tributarias, lo que sin duda no justifica un deber de colaboración(5). Tómese en cuenta que en los tres últimos casos, la calidad de buen contribuyente, Agente de Retención o Agente de Percepción debe verificarse al momento de realizar el pago, y que en caso un proveedor hubiera sido excluido del Régimen de Buenos Contribuyentes sólo se le retendrá el IGV por los pagos que se le efectúe a partir del primer día calendario del mes siguiente de realizada la notificación de la exclusión. 4. Por existir irrelevancia para el control de SUNAT (i) Operaciones por las que se emitan boletas de venta, tiques o 12 cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal. (ii) Operaciones de venta y prestación de servicios, respecto de las que no exista obligación de otorgar comprobantes de pago, señaladas en el artículo 7° del RCP. 5. Por el monto de la operación Es el caso de las operaciones en las que se cumpla, en forma conjunta, con que se efectúe un pago por un monto igual o inferior a setecientos soles (S/. 700) y el monto de los comprobantes involucrados no supere dicho importe. En este supuesto, regulado en el artículo 3° de la Resolución, existe duda respecto a si la norma se refiere a que el importe total de la operación no debe exceder de S/. 700 o si solo se debe tomar en cuenta los importes pagados –y facturados– en cada oportunidad con independencia del monto total de la operación involucrada. Nosotros hemos consideramos que la primera posición es la más adecuada y sobre ella se basa el ejemplo consignado en el cuadro Nº 2 que se muestra más adelante. En el mismo sentido que nosotros, en el Informe Nº 112-2003SUNAT/2B0000, la SUNAT ha indicado que cuando se trate de “… venta a plazos de bienes, en la que el pago de las cuotas se efectúa en forma anticipada a la entrega de los mismos, debemos concluir que en dicho supuesto la retención procederá únicamente si el pago es superior a S/. 700.00, importe que coincidirá con el monto del comprobante de pago si la cancelación corresponde a una sola cuota. Si el pago versara respecto de varias cuotas, procederá la retención aun cuando el mismo sea inferior a S/. 700.00, si la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago respectivos supera dicho importe”. También se ha indicado que en el caso de la entrega de bienes en propiedad que se produzca semanalmente en el marco de un contrato de suministro celebrado a título oneroso, “… la retención procederá cuando el pago es superior a S/. 700.00 o cuando el monto del comprobante de pago o la sumatoria de los montos de los comprobantes de pago materia de cancelación supera dicho importe”. Ahora bien, de lo señalado en el Informe mencionado, y antes en el Informe Nº 267-2002-SUNAT/K00000, en términos prácticos ha surgido la duda de si lo indicado en el artículo 3° de la Resolución se aplica también cuando por medio de un solo cheque se cancelan varios comprobantes de pago que corresponden a operaciones diferentes pero cuyos montos son menores a S/. 700. II. OPORTUNIDAD Y MONTO DE LA RETENCIÓN 1. Oportunidad de la retención El artículo 7° de la Resolución establece que la retención se efectuará en el momento en que se realice el pago, entendido como el momento en que se efectúa la retribución parcial o total al proveedor, con prescindencia de la fecha en que se efectuó la operación gravada con el IGV. Esto quiere decir que el criterio de lo percibido es el que rige este Régimen de Retenciones puesto que aun si se efectuaran pagos anticipados o posteriores al mes de nacimiento de la obligación tributaria habría obligación de retener en el momento en que se hicieran tales pagos. ––– (5) Cf. DURÁN ROJO, Luis.”Los Deberes de Colaboración Tributaria. Un enfoque constitucional”. EN: Revista VECTIGALIA, Nº 2, octubre de 2006, págs. 15 a 30. MAYO 2009
  • 11. INFORME TRIBUTARIO – – – – – Veamos a continuación varios supuestos de pago: Retribución en especie: En caso la retribución se efectúe en especie, el pago se considerará realizado en el momento en que se entregue o ponga a disposición los bienes. Compensación de acreencias: conforme al inciso f) del artículo 1° de la Resolución, se entiende que en este supuesto el pago se considerará efectuado en la fecha en que se realice la compensación. A tal efecto, debe tomarse en cuenta que conforme al Código Civil, para que opere la compensación debe haber un acuerdo entre las partes, no procediendo sólo hacer un neteo contable. Pagos parciales: Se aplicará la retención de manera independiente por el importe de cada pago. Ahora, si concordamos esta disposición con lo señalado por el artículo 3° de la propia Resolución que se refiere a la excepción de la obligación de retener por montos iguales o menores a S/. 700, podríamos señalar que esta excepción sólo se aplicaría si el importe total de la operación es menor o equivalente a ese monto. En ese sentido, como quiera que la condición esencial para que el Agente de Retención pueda realizar la retención es que se efectúe el pago efectivamente, en una venta a plazos, no se hará ninguna retención hasta cuando se efectúe el pago, por lo que al vencimiento del plazo, si el pago no se realiza, aún no ha nacido la obligación de retener. En este punto, cabe precisar que en las ventas a plazos mayores de un mes, si el bien se ha entregado, el proveedor debe pagar el 19 por ciento en el mes siguiente y a su vez el comprador deberá realizar, en cada una de las fechas de pagos, la retención por un IGV ya pagado por el proveedor, lo que en situaciones normales es un despropósito pues en esos casos no hay obligación tributaria sobre la cual realizar retención. No obstante lo dicho, la Administración Tributaria ha señalado en el Informe Nº 112-2003-SUNAT/ 2B0000 que el artículo 7° de la Resolución (referido a la oportunidad de la retención) “…no subordina la retención a la verificación de la oportunidad en que se produjo el nacimiento de la obligación del IGV”, de modo que procederá la retención en la venta de bienes a plazos mayores de un mes, salvo que sea verificada alguna de las exclusiones indicadas líneas arriba. Pagos a terceros por cuenta del proveedor: Este es el caso en que por acuerdo entre las partes (proveedor y Agente de Retención), se debe entregar el importe del precio a un tercero, y la retención debería efectuarse en tal momento de pago. Ello supone que la deuda reconocida por el Agente de Retención como debida a favor del tercero deberá ser el monto debido al proveedor menos el porcentaje de la retención. Pagos con cheque: En este caso, la retención operaría al momento en que el cheque es puesto a disposición del proveedor y no, como han señalado varios, cuando el cheque ha sido emitido. A tal efecto, el cliente deberá probar la fehaciencia de la fecha de entrega del referido título valor. Lo señalado se basa en la Ley de Títulos Valores (LTV) y la Ley de Bancarización e ITF, conforme a las cuales el cheque constituye una orden de pago extendida por el titular de una cuenta corriente bancaria en el ejercicio de su derecho a utilizar su disponibilidad, de modo que en general es un medio de pago pues su sola presentación, efectuada incluso el día de su emisión, genera que el banco correspondiente lo haga efectivo mediante el débito en cuenta corriente del emitente, salvo – que opere alguna de las causales para no pagarlo señaladas en el artículo 212° de la referida LTV. En el mismo sentido señalado se ha pronunciado la SUNAT en el Informe Nº 262-2002-SUNAT/K0000, cuando ha sostenido que “... Para efectos del Régimen de Retenciones del IGV, tratándose del pago con cheque, se entenderá como fecha de pago a la fecha en que se ponga a disposición del acreedor la retribución”. Ahora bien, en el caso del cheque de pago diferido, debe tomarse en cuenta lo establecido en los artículos 199° y 201° de la LTV, conforme a los cuales dicho cheque sólo puede ser materia de cobranza a partir de la fecha señalada para tal efecto en el referido título valor, es esta la que debe entenderse como fecha de puesta a disposición de la retribución y, por ende, será la fecha en que corresponderá efectuar la retención dispuesta por la Resolución. Tal criterio es compartido por la SUNAT en el Informe Nº 372-2002-SUNAT/ K00000 Pagos en los que media Letra de Cambio: En este caso, el vencimiento de la Letra de Cambio sin que se produzca el pago real no originará el nacimiento de la obligación de retener, pues conforme a la LTV, la Letra de Cambio es un documento de crédito, pues sólo incorpora un derecho de crédito traducido en la promesa de pago de una suma de dinero a futuro. Así, el momento en que se realice el pago será el de la fecha en que realmente se haga efectivo el título valor, y no la de su vencimiento. 2. Alícuota y Base de Cálculo Conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la Resolución, el monto de la retención será equivalente al seis por ciento (6%) del importe de la operación, que según la definición de la propia Resolución es la suma total que queda obligado a pagar el Agente de Retención, incluido los tributos que graven la operación(6). A pesar que hubo dudas iniciales sobre esto, se ha consensuado en que el seis por ciento se aplica sobre el precio de venta, lo que se deduce de una interpretación literal del referido artículo 6°, con lo cual el porcentaje de retención es en realidad de más del 7 por ciento del valor de venta. Ahora bien, el 6 por ciento se aplicará sobre el monto efectivamente pagado en cada caso, conforme a lo señalado en el punto 1 anterior. Tómese en cuenta que en el caso de operaciones realizadas en moneda extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la SBS en la fecha de pago y, de no haber publicación ese día se usará el último publicado(7) . –––– (6) En el pasado nos hemos referido a si el recargo al consumo por la prestación del servicio de hospedaje o expendio de comidas y bebidas, a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley Nº 25988 está afecto al Régimen de Retenciones, señalando que no debe aplicarse tal régimen (ver “IGV-RETENCIONES: ¿Es aplicable la retención del Impuesto General a las Ventas (IGV) al recargo al consumo?”. EN: Revista Análisis Tributario Nº 216, diciembre de 2006, AELE, págs. 37 y 38). Empero, la SUNAT –con muy poco fundamento– ha señalado que sí debe formar parte de la base del Régimen de Retenciones (ver: “RETENCIONES DEL IGV: ¿Es aplicable respecto al recargo al consumo?”. EN: Revista Análisis Tributario Nº 253, febrero de 2009, AELE, pág. 7). (7) Nada se ha dicho respecto al supuesto en que en un mismo día se publique el tipo de cambio correspondiente al cierre de operaciones de dos o más días distintos, en cuyo caso según criterio de la propia SUNAT podría utilizarse cualquiera de ellos. Cf. el Informe Nº 016-2000-KC0000, publicado en el Suplemento Mensual Informe Tributario Nº 126, noviembre de 2001, AELE, pág. 5. MAYO 2009 13
  • 12. INFORME TRIBUTARIO CUADRO Nº 2 EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RETENER POR MONTO MENOR A S/. 700 CASO MONTO PAGADO Si pagó 1 CP ≤ 700 y OP ≤ 700 1 RETENCIÓN NO 2 Si pagó 2 CP ≤ 700 y OP > 700 SÍ 3 Si pagó 1 CP ≤ 700, 1 CP > 700 y OP > 700 SÍ 4 Si pagó PARCIALMENTE 2 CP > 700 SÍ retención que corresponda a operaciones con el mismo proveedor respecto de las cuales aún no ha operado esta. Evidentemente, de producirse el ajuste del impuesto bruto antes de haberse realizado el pago o puesta a disposición, y por tanto la obligación de retener aún no hubiere surgido por parte del Agente de Retención, la emisión de la nota de crédito sí generará efectos en el monto a retener, pues disminuirá en el monto del ajuste realizado, debiendo retenerse únicamente sobre el monto a pagarse (en el que ya se efectuó el ajuste correspondiente). CUADRO Nº 3 USO DE NOTAS DE CRÉDITO OP: El importe total de la operación de venta o prestación de servicios (valor de venta más IGV e IPM). CP: Comprobante de Pago. La aplicación práctica de los casos indicados en el recuadro anterior sería la siguiente: Caso 1: Se celebra la compraventa de un bien cuyo precio de venta es menor a S/. 700.00, se emite una sola factura y se realiza el pago de la misma. En este caso no procede efectuar la retención. Caso 2: El importe total de la compraventa o prestación de servicios equivale a S/. 1,180.00 (incluido el IGV e IPM) y se emiten dos facturas por un importe de S/. 590.00 cada una con fecha 05 de julio y 02 de agosto, fechas en las que se realiza cada pago parcial de la operación. Debería retenerse S/. 35.40 en los meses de julio y agosto, montos equivalentes al 6 por ciento del precio de venta contenido en cada factura (6 por ciento de S/. 590.00 en cada caso). Caso 3: El importe total de la compraventa o prestación de servicios equivale a S/. 1,180.00 (incluido el IGV e IPM) pero se emite una factura por S/. 700.00 y otra por S/. 480.00, en fechas distintas, las que son pagadas íntegramente en la fecha de su emisión. Se tendría que retener S/. 42.00 en el primer caso (6 por ciento de S/. 700.00) y S/. 28.80 en el segundo caso (6 por ciento de 480). Caso 4: Se realiza una operación por S/. 2,360.00 (incluido el IGV e IPM), en la que se emiten dos facturas: una por el importe de S/. 1,000.00 y otra por el importe de S/. 1,360.00. En ese caso, si pagó parcialmente dichas facturas por montos menores a S/. 700.00 también habría que efectuarse la retención puesto que tanto la operación como los comprobantes de pago involucrados exceden el indicado límite. Debemos recalcar que, conforme a lo señalado por el artículo 7° de la Resolución, la retención se debe efectuar en el momento en que se realiza el pago con prescindencia del momento en que nace la obligación tributaria. Esto quiere decir que la retención no coincidirá en muchos casos con la fecha de emisión y entrega de los comprobantes de pago, sino que el momento relevante para determinar la obligación de retener es la fecha de pago del monto contenido en los comprobantes de pago que sustentan la operación, lo cual muchas veces ocurre después de la fecha de emisión. De lo dicho es claro que podrían originarse problemas de aplicación en el uso de las notas de débito o crédito según se emitan y entreguen al Agente de Retención antes o después de cada caso, por lo que en el artículo 2° de la Resolución se han establecido algunas reglas al respecto: a) Uso de notas de débito Como sabemos, el numeral 2 del artículo 10° del RCP señala que las notas de débito se emitirán para recuperar costos o gastos incurridos con posterioridad a la emisión del comprobante de pago. En ese sentido, la Resolución señala que las notas de débito que modifiquen los comprobantes de pago emitidos por las operaciones sujetas a retención serán materia del Régimen de Retenciones, es decir se aplicará la retención correspondiente. b) Uso de notas de crédito Las notas de crédito, conforme al numeral 1 del artículo 10° del RCP, se emiten para realizar ajustes al impuesto bruto tales como anulaciones, descuentos, bonificaciones y devoluciones. De ocurrir la emisión de la nota de crédito por ajuste de operaciones que hubieran sido objeto de retención (por ocurrir el pago del importe o este se puso a disposición), en la Resolución se indica que no habrá modificación de los montos retenidos ni procederá su devolución al proveedor por parte del agente de retención; pudiendo el proveedor deducir el IGV respectivo del impuesto bruto mensual en el período correspondiente. La retención correspondiente al importe de las notas de crédito mencionadas en el párrafo anterior podrá deducirse de la 14 Importe del CP Importe de la NC Importe de Operación S/. 750 S/. 60 S/. 690 Se pagó el importe del CP y SÍ, la retención persiste por el monse realizó la retención. to del Comprobante de Pago y no se devuelve(1). S/. 750 S/. 60 S/. 690 No se pagó el importe del CP. NO, el importe de la operación incluida la Nota de Crédito, no supera el monto mínimo de S/. 700. S/. 630 S/. 30 S/. 600 Se pagó el importe del CP o se NO, el importe de la operación no encuentra pendiente de pago. supera el monto mínimo de S/. 700 (1) Condición a la fecha de emisión de la NC ¿Se mantiene la retención realizada? En este caso, la retención correspondiente al monto de las notas de crédito, podrá deducirse de la retención que corresponda a operaciones con el mismo proveedor respecto de las cuales aún no ha operado la retención. Es decir, S/. 3,6 (6% de S/.60) podrá deducirse de las retenciones que corresponda efectuar por otras operaciones. (Si en una próxima operación, se emite una factura al mismo proveedor por un importe total de S/. 800, la retención que le correspondería sería S/. 48 - S/. 3,6 = S/. 44,4). El Agente de Retención no modifica los importes retenidos ni devuelve, sin perjuicio de que el proveedor deduzca el IGV retenido del impuesto bruto mensual. Veamos dos casos para complementar lo señalado hasta aquí: CASO 1 • El día 15 del mes la Empresa A adquiere de su proveedor mercadería por un precio de venta de S/. 1,700, que es cancelada inmediatamente. • El día 25 del mes su proveedor le emite una nota de crédito por S/. 1,700, por la anulación de la venta citada. • En la misma fecha recibe del mismo proveedor una factura por S/.4,012 incluido IGV por la adquisición de otra mercaderia. ¿Cuánto debe retener? RESPUESTA • Por la factura de S/. 1,700 se aplicó la retención de S/. 102 en la fecha del pago. • La emisión de la nota de crédito por la anulación de la operación, no da lugar a la devolución del monto retenido. • Sin embargo, la empresa podrá deducir los S/. 102 retenidos aplicándolo al importe de la retención correspondiente a la factura de S/. 4,012. • Valor de Venta 3,400 612 IGV Precio de Venta 4,012 • Retención: 6% x 4,012 = S/. 241 • S/. 241 - S/. 102 (correspondiente a la operación anulada de S/. 1,700) = S/ 139. CASO 2 • La Empresa A paga a sus proveedores al contado, con la presentación de la factura correspondiente. • El 05.07.09 recibe Factura de B por S/. 2,350, retiene S/. 141. • El 29.07.09 recibe NC de B por S/.150 (el monto de retención correspondiente fue de S/. 9). • El 04.08.09 recibe NC2 de B por S/.320 (el monto de retención correspondiente fue de S/. 19.20). • En setiembre tiene compras de otros proveedores por S/. 10,000 con retención de S/. 600. • El 10.10.09 recibe Factura de B por S/. 4000, retiene S/. 240. RESPUESTA • El comprador recibe el monto total de las notas de crédito como devolución del proveedor. • El comprador declara y paga a SUNAT por julio S/. 141. • El comprador declara y paga a SUNAT por agosto S/. 0. • El comprador declara y paga a SUNAT por setiembre S/. 600 (no puede disminuir los S/. 28 del proveedor B). • El comprador declara y paga a SUNAT por octubre: Posición 1: S/. 240. Posición 2: S/. 212. MAYO 2009
  • 13. INFORME TRIBUTARIO Las Donaciones en el Impuesto a la Renta Hugo Paniagüe Carrión (*) EL AUTOR HACE UN ANÁLISIS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS NORMAS REFERIDAS A INAFECTACIONES Y EXONERACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LAS DONACIONES CON BENEFICIO TRIBUTARIO, CONCLUYENDO QUE HAY UNA ASIMETRÍA E INCOHERENCIA ENTRE ELLAS, DE MODO QUE DEBEN SER ARMONIZADAS, PARA LO QUE PLANTEA ALGUNAS SUGERENCIAS. I. DONACIONES DEDUCIBLES COMO GASTO El régimen aplicable a la deducción tributaria de las donaciones que contiene la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) está regulado por las dos normas siguientes: (i) el inciso x) del artículo 37°; y, (ii) el inciso b) del artículo 49°. La primera es aplicable a las empresas para la determinación de la renta neta de tercera categoría; y, la segunda, a las personas naturales para la determinación de la renta neta del trabajo. En los textos de ambas normas se puede constatar que contienen la misma enumeración de los fines que deben tener las entidades donatarias, y los requisitos formales que estas deben cumplir para poder recibir donaciones que sean deducibles como gasto por los donantes. El cumplimiento cuidadoso de estos requisitos por parte de las entidades donatarias es muy importante para los donantes dado que son éstos quienes corren el riesgo de reparos, sanciones e intereses en caso de incumplimientos sustanciales o formales de las entidades que perciben las donaciones. El principal requisito de orden formal, que supone, a su vez, el cumplimiento de otros requisitos contenidos en la LIR y su Reglamento, es la calificación previa de la entidad donataria por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Resolución Ministerial, para que pueda ser inscrita de oficio en el “Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones” que lleva la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Es de notar, que para iniciar el trámite de calificación previa ante el MEF, la entidad interesada debe haberse inscrito antes en el “Registro de Entidades Exoneradas (o Inafectas) del Impuesto a la Renta” que también tiene a su cargo la SUNAT. En resumen, la secuencia de los procedimientos que debe seguir una entidad sin fines de lucro, que esté interesada en percibir donaciones para financiar sus actividades, es la siguiente: 1. Inscribirse en el “Registro de Entidades Exoneradas (o Inafectas) del Impuesto a la Renta” de la SUNAT. 2. Obtener la calificación previa del MEF, mediante una Resolución Ministerial que acredite que su objeto social comprende alguno o varios de los fines que enumeran los incisos x) y b) de los artículos 37° y 49°, respectivamente, de la LIR. 3. Obtenida la Resolución Ministerial del MEF, verificar si la SUNAT procedió a inscribirla, de oficio, en el “Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones”. Normalmente la SUNAT notifica esta inscripción directamente al interesado. II. ENTIDADES INAFECTAS DEL IMPUESTO A LA RENTA El artículo 18° de la LIR contiene una relación de entidades que no son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta (IR); vale decir, que son entidades inafectas o exentas de este impuesto. Entre estas entidades se encuentra el Sector Público Nacional (excluidas las empresas que forman parte de la actividad empresarial del Estado); las fundaciones que tengan alguno o varios de los fines que se indica en el inciso c) del referido artículo 18° (Ver Cuadro Nº 1); las entidades de auxilio mutuo; las comunidades campesinas y las comunidades nativas. En virtud de lo dispuesto en el artículo 18° de la LIR, las entidades antes indicadas gozan, de jure, del levantamiento permanente de la carga tributaria del IR, sin estar sujetas a plazo. Por otra parte, estas entidades no están obligadas a inscribirse en la SUNAT, salvo que decidan gestionar su calificación por el MEF como entidades perceptoras de donaciones con beneficio tributario. III. ENTIDADES EXONERADAS DEL IMPUESTO A LA RENTA Las entidades exoneradas del IR hasta el 31 de diciembre de 2011, son las indicadas en el inciso b) del artículo 19° de la LIR, que comprende a las fundaciones afectas, entiéndase aquellas que no están incluidas en el inciso c) del artículo 18° de la LIR comentado anteriormente, y a las asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda alguno o varios de los fines que el mismo inciso señala. (Ver Cuadro Nº 1). El penúltimo párrafo del artículo bajo comentario dispone que las entidades exoneradas deben solicitar su inscripción en la SUNAT, con arreglo a lo que dispone el Reglamento. En efecto, los numerales 1.1 y 1.2 del inciso b) del artículo 8° del Reglamento de la LIR establece los requisitos para la inscripción inicial de estas entidades y para su actualización. Cabe destacar que, según se dispone en el último párrafo del artículo 8° del Reglamento de la LIR, citado anteriormente, la inscripción en la SUNAT de las entidades exoneradas a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 19° de la LIR es meramente declarativa y no constitutiva de derechos. En consecuencia, la inscripción en el registro de la SUNAT no es obligatoria para tener derecho a la exoneración del IR. ––––– (*) Abogado y Contador Público por la UNMSM. Director de Asesoría Corporativa de Soluciones Tributarias y Legales S. A, asociada a Roncal, D’Angelo y Asociados, firma miembro de Horwath International. Miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET). Past Presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA, Grupo Peruano) y del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia. MAYO 2009 15
  • 14. INFORME TRIBUTARIO Sin embargo, las entidades exoneradas por derecho (de jure), que deseen obtener donaciones deducibles para efectos del IR de los donantes, deben solicitar su inscripción en el registro de la SUNAT, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos en el Reglamento de la LIR aludidos anteriormente, como condición previa para solicitar la calificación del MEF. También es destacable que la SUNAT tenga la obligación de fiscalizar a no menos del diez por ciento (10%) de las entidades inscritas en el “Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta” al amparo de lo previsto en el inciso b) del artículo 19° de la LIR, vale decir a las fundaciones afectas y a las asociaciones. Ello en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 8°-A del Reglamento de la LIR, incorporado por el artículo 2° del D. S. Nº 175-2008-EF, publicado el 27 de diciembre de 2008, que está vigente desde el 28 del mismo mes. IV. ENTIDADES CALIFICADAS PARA RECIBIR DONACIONES DEDUCIBLES Como se ha indicado al iniciar estos comentarios, la deducción de las donaciones para efectos de determinar la renta neta gravable de la tercera categoría de las empresas y la renta neta del trabajo de las personas naturales está regulada, respectivamente, por el inciso x) del artículo 37°; y por el inciso b) del artículo 49° de la LIR. Ambos incisos tienen textos similares que permiten la deducción como gasto de las donaciones efectuadas a entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y a entidades sin fines de lucro que tengan uno o varios de los fines que se detalla en el Cuadro Nº 1, siempre que dichas entidades cuenten con la calificación previa del MEF, mediante Resolución Ministerial. El total de la deducción por concepto de donaciones no puede exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera categoría, o de la renta neta del trabajo, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50° de la LIR. Por otra parte, el numeral 2.1 (ii) del inciso s) del artículo 21° del Reglamento de la LIR dispone que para ser calificadas por el MEF como entidades perceptoras de donaciones, estas deben estar previamente inscritas en la SUNAT en el Registro Único de Contribuyentes y en el “Registro de Entidades Exoneradas (o Inafectas) del Impuesto a la Renta” y cumplir con los demás requisitos que se establezca mediante Resolución Ministerial. La calificación tiene una validez de tres (3) años y puede ser renovada por igual plazo. Dentro de los 10 días calendarios siguientes a su emisión, el MEF remitirá directamente a la SUNAT, copia de la Resolución Ministerial mediante la cual califique o renueve la calificación a la entidad como perceptora de donaciones, a fin que se realice de oficio la inscripción o actualización que corresponda en el “Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones”. Por consiguiente, los donatarios no están obligados a inscribirse ni a actualizar su inscripción en este registro. V. ASIMETRÍA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS La redacción de las normas antes comentadas ha dado lugar a que los fines que se requiere para poder percibir donaciones deducibles para efectos del IR sean diferentes a los que se requiere para tener derecho a la inafectación (exención) o a la exoneración del IR, tal como se puede apreciar de la comparación que se muestra en el Cuadro Nº 1. En efecto, tal como aparece de las normas que se ha comentado hasta aquí, la LIR ha creado las siguientes situaciones hipotéticas: 1. Entidades inafectas (o exentas) y entidades exoneradas del IR, que no se han inscrito en el respectivo registro de la SUNAT y que, por no haber previsto percibir donaciones deducibles para efectos del IR, no han considerado necesario obtener la calificación del MEF. 2. Entidades inafectas (o exentas) y entidades exoneradas del IR, que están inscritas como tales en el respectivo registro de la SUNAT, y que, no obstante ello, no pueden percibir donaciones 16 deducibles para efectos del IR por cuanto no tienen alguno de los fines requeridos por el inciso x) del artículo 37° de la LIR. 3. Entidades que podrían percibir donaciones deducibles para efectos del IR por tener alguno o varios de los fines que establece el inciso x) del artículo 37° de la LIR pero que no pueden inscribirse en el registro correspondiente de la SUNAT porque tales fines no están incluidos en los artículos 18° y 19° de esa norma legal. Así, se tendría los siguientes ejemplos: 1. Una fundación inafecta cuyo fin sea “la investigación superior”, no podría ser calificada como perceptora de donaciones, por cuanto este fin no está considerado en el inciso x) del artículo 37° de la LIR. 2. Una asociación civil con fines políticos, gremiales o de vivienda estaría exonerada del IR pero no podría ser calificada como perceptora de donaciones, por cuanto estos fines tampoco están considerado en el inciso x) del artículo 37° de la LIR. 3. Una asociación civil que tiene como fin la “salud” o “el patrimonio histórico cultural indígena” (sic) que, en principio, hubiera podido ser calificada como entidad perceptora de donaciones, ya que esos fines están incluidos en el inciso x) del artículo 37° de la LIR, no podría lograrlo por cuanto no estaría exonerada del IR, debido a que tales fines no están contemplados en el inciso b) del artículo 19°, tantas veces citado. Es decir, la falta de simetría que se comprueba en la redacción de los tres artículos de la LIR bajo comentario crea un problema que solamente se podría solucionar adecuándolos de modo que la asimetría quede solucionada y se construya una total coherencia entre ellos. De otro lado, la eventual intención de solucionar el problema mediante la interpretación de las normas comentadas, para tratar de incluir alguno de los fines contemplados para deducir donaciones dentro de los que dan derecho a inafectación o exoneración, o viceversa, se enfrentaría al “candado jurídico” que contiene el tercer párrafo de la Norma VIII del Código Tributario, en cuanto dispone que en vía de interpretación no puede crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS De lo anterior se puede concluir que las normas que conciernen a las exoneraciones del IR y a las donaciones con beneficio tributario son asimétricas y no guardan coherencia entre ellas. (Ver ANEXO I). Para solucionar los problemas que crea la situación comentada, hace falta la dación de una norma con rango de “Ley” que contemple, por lo menos, lo siguiente: 1. Modificar el inciso x) del artículo 37° de la LIR, en el sentido que incluya a todos los fines contemplados en los incisos c) y b) de los artículos 18° y 19° de la LIR, respectivamente. 2. Modificar el inciso x) antes aludido para excluir la frase “otras de fines semejantes” a fin de evitar que, en vía interpretativa, se pretenda otorgar el beneficio tributario de la deducción de donaciones como gasto. 3. Incluir en el inciso x) del artículo 37° de la LIR, las donaciones que se entregue a las entidades mencionadas en los incisos d), e) y f) del artículo 18° de esa norma legal, por no existir razones atendibles para que no puedan percibir donaciones deducibles como gasto. 4. Precisar cuál es la situación concreta que se pretende beneficiar cuando en el inciso x) del artículo 37° de la LIR simplemente se indica: “patrimonio histórico cultural indígena”. No queda claro si se trata de beneficiar la simple posesión, la conservación o la investigación en torno a este patrimonio. 5. Precisar el concepto de “investigación superior” a que se refiere el inciso c) del artículo 18° de la LIR. MAYO 2009
  • 15. INFORME TRIBUTARIO CUADRO Nº 1 FINES CONSIDERADOS EN LA LIR PARA EFECTOS DE DONACIONES ALCANCE TIPO DE ENTIDAD ENTIDADES INAFECTAS (SOLO FUNDACIONES) ENTIDADES EXONERADAS (FUNDACIONES AFECTAS Y ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO) ENTIDADES PERCEPTORAS DE DONACIONES (ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO) Art. 18°, inciso c) Art. 19°, inciso b) Art. 37°, inciso x) Art. 49°, inciso b) ARTÍCULO DE LA LIR – Cultura – Cultural – Culturales – Beneficencia – Beneficencia – Beneficencia – Asistencia social y hospitalaria – Asistencia social – Asistencia o bienestar social ––– – Educación – Educación ––– – Científica – Científicas ––– – Artística – Artísticas ––– – Literaria – Literarias ––– – Deportiva – Deportivas ––– – Política ––– ––– – Gremiales ––– ––– FINES APLICABLES – Vivienda ––– – Investigación superior ––– ––– – Beneficios sociales para los servidores de las empresas(1) ––– ––– ––– ––– – Salud ––– ––– – Patrimonio histórico cultural indígena ––– ––– – Otras de fines semejantes ––– (1) Al respecto, en el inciso k) del artículo 21° del Reglamento de la LIR se señala: “Están incluidas en lo dispuesto por el inciso 11) del Artículo 37° de la Ley, las contribuciones a las fundaciones constituidas de acuerdo al Decreto Ley Nº 14525”. Es decir, los aportes que hagan las empresas a sus fundaciones de beneficios sociales son deducibles íntegramente como gasto en virtud de que tales aportes no tienen la calidad de donaciones sujetas a límite. ANEXO I CITAS DE LA LIR “Artículo 18°.- No son sujetos pasivos del impuesto: (...) c) Las fundaciones legalmente estab lecidas, cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: cultura, investigación superior, beneficencia, asistencia social y hospitalaria y beneficios sociales para los servidores de las empresas; fines cuyo cumplimiento deberá acreditarse con arreglo a los dispositivos legales vigentes sobre la materia”. ************* “Artículo 19°.- Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del año 2011: (...) b) Las rentas destinadas a sus fines específicos en el país, de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de vivienda; siempre que no se distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. No estarán sujetas a esta exoneración las rentas provenientes de operaciones mercantiles, distintas a sus fines estatutarios que realicen las fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro. El Ministerio de Economía y Finanzas dictará las normas reglamentarias para la clasificación de los beneficiarios y la correspondiente aplicación de lo señalado en el presente párrafo”. ************* “Artículo 37°.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: (...) x)Los gastos por concepto de donaciones otorgados (sic) en f avor de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y a entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) científicas; (vi) artísticas; (vii) literarias; (viii) deportivas; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otras de fines semejantes; siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el Artículo 50°”. ************* “Artículo 49°.- La renta neta prevista en el Artículo 36° de la Ley se denominará renta neta del capital; la renta neta de tercera categoría, se denominará renta neta empresarial; y la suma de las rentas netas de cuarta y quinta categorías se denominará renta neta del trabajo. No serán susceptibles de compensación entre sí los resultados que arrojen las distintas rentas netas de un mismo contribuyente, determinándose el impuesto correspondiente a cada una de éstas en forma independiente. De la renta neta del trabajo se podrá deducir lo siguiente: (…) b)El gasto por concepto de donaciones otorgadas en f avor de las entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de las entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia, (ii) asistencia o bienestar social, (iii) educación, (iv) culturales, (v) científicas, (vi) artísticas, (vii) literarias, (viii) deportivas, (ix) salud, (x) patrimonio histórico cultural indígena, y otras de fines semejantes, siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación pre via por parte del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial. La deducción no podrá exceder del 10% de la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera”. MAYO 2009 17
  • 16. INFORME TRIBUTARIO Competencia dañina y Paraísos Fiscales Gustavo Lazo Saponara (*) EL AUTOR PRESENTA LA EVOLUCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE PARAÍSO FISCAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y EL RÉGIMEN NORMATIVO QUE SE HA ADOPTADO EN EL PERÚ. INTRODUCCIÓN La competencia fiscal presenta un aspecto positivo: “la competencia fiscal sana”, que consiste en un proceso de eliminación de ineficiencias y aumento de la neutralidad de los sistemas fiscales. Ello, en aras de evitar que la fiscalidad sea óbice para el desarrollo de las economías mundiales. Pero también presenta un aspecto negativo: “la competencia fiscal dañina”, que aparece cuando, con el fin de atraer capitales o bases imponibles, las jurisdicciones utilizan excesivamente el elemento fiscal como principal ventaja comparativa, ofreciendo tasas de gravamen muy reducidas y no divulgación de información (ej. secreto bancario). El aumento de la importancia de este fenómeno ha venido de la mano con un descomunal volumen de recursos financieros movilizados hacia jurisdicciones que cuentan con niveles máximos de confidencialidad y con una oferta significativa de regímenes preferenciales fiscalmente atractivos. Esto ha generado preocupación en los gobiernos de las principales economías que han visto con impotencia hasta hoy cómo la base imponible mundial se viene erosionando como consecuencia de esta competencia predatoria. La impactante magnitud de los capitales que fugan hacia estos territorios, la falta de control sobre su procedencia y/o destino, aunados a la profunda crisis financiera internacional, ha puesto hoy en día a los paraísos fiscales sobre el tapete de la agenda mundial. En primer lugar, este artículo tratará de reflejar sucintamente la evolución de los esfuerzos de la OCDE para combatir la competencia fiscal dañina y los paraísos fiscales, desde 1998 hasta la actualidad. Como veremos, la OCDE sostiene actualmente que la mera baja o nula imposición ya no es per se dañina, pero se torna así cuando viene aparejada tanto de una falta de transparencia por el hecho de no brindar información al amparo del “secreto bancario”, como de la ausencia de mecanismos de intercambio de información que permitan combatir el fraude fiscal de manera efectiva. En el Perú, la calificación de determinados territorios como 18 de baja o nula imposición en la legislación del Impuesto a la Renta (IR) tiene como fin primordial combatir la elusión y evasión fiscales. En este trabajo comentaremos brevemente las normas anti abuso adoptadas frente a estos territorios, haciéndohincapié en la necesidad de actualizar permanentemente dicho listado, así como de ponderar los requisitos normativos empleados para calificar a estos territorios como competencia dañina o desleal y de esta manera aplicarles medidas que desincentiven su utilización. I. EVOLUCIÓN DE LOS ESFUERZOS DE LA OCDE EN LA LUCHA CONTRA LA COMPETENCIA FISCAL DAÑINA PRIMERA ETAPA: Paraísos fiscales y regímenes fiscales dañinos 1. Informe de 1998: Preocupación global por la creciente competencia fiscal dañina El informe de la OCDE del año 1998 sobre prácticas fiscales dañinas (“Harmful Tax Competition: an emerging global issue”) analiza las prácticas fiscales dañinas tanto en jurisdicciones miembros de la OCDE como no miembros, enfocándose en actividades geográficamente móviles, como actividades financieras y de otros servicios, incluyendo la cesión de intangibles. De esta manera, preocupa la distorsión causada por la tributación en la movilización de actividades financieras y de servicios. Para tal efecto, se pretende fomentar una competencia leal y justa en actividades económicas con sustancia real. En tal sentido, se propugna que los gobiernos acuerden que las decisiones respecto de dónde localizar geográficamente estas actividades deben ser tomadas en función a consideraciones económicas y no principalmente tributarias. Ello contribuirá a “nivelar el terreno de juego”, lo que resulta esencial para la continua expansión del crecimiento económico internacional. Por consiguiente, se propone como hoja de ruta el establecimiento de directrices sobre regímenes fiscales dañinos, la creación de un Foro sobre prácticas fiscales dañinas, el desarrollo de una lista negra de paraísos fiscales, una serie de recomen––– (*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio del Estudio Olaechea. MAYO 2009
  • 17. INFORME TRIBUTARIO daciones para actuar a nivel de legislación interna y en tratados impositivos, y la creación de áreas para hacer un seguimiento a este trabajo. No obstante lo anterior, en este informe resulta de significativa importancia el deslinde que se efectúa entre los conceptos de “paraísos fiscales” y “jurisdicciones con regímenes fiscales preferenciales potencialmente dañinos”. a) Paraísos fiscales Si bien no existía una definición técnica del concepto “paraíso fiscal”, reconoció que se consideraba como tales a aquellas jurisdicciones capaces de financiar sus servicios públicos con IR nulos o nominales y que se oferten a sí mismos como lugares a ser empleados por no residentes para escapar del gravamen en su país de residencia. El punto de partida para identificar un paraíso fiscal es preguntar si por lo general o en circunstancias especiales, la jurisdicción impone un gravamen nulo o nominal y se ofrece a sí misma, o se percibe que se ofrece a sí misma, como un lugar a ser usado por no residentes para no tributar en su país de residencia. Una vez que se comprueba dicho criterio debe analizarse la concurrencia de cualquiera de los siguientes factores para determinar la existencia de un paraíso fiscal: • Leyes o prácticas administrativas que impiden el intercambio efectivo de información relevante con otros gobiernos respecto de contribuyentes que se benefician de baja o nula jurisdicción tributaria. • Falta de transparencia. • Ausencia de actividad sustancial o real, lo que puede sugerir que la jurisdicción puede estar intentando atraer inversiones o transacciones sólo por motivos tributarios. Estas jurisdicciones compiten deslealmente con las demás en cuanto a las tasas del IR y contribuyen activamente en la erosión de la recaudación tributaria del resto. Por ello, tienen pocos incentivos naturales para colaborar en la lucha contra la competencia fiscal dañina, por lo que su problemática debe ser abordada desde un punto vista particular. b) Regímenes fiscales dañinos El concepto de regímenes fiscales potencialmente dañinos hace referencia a aquellas jurisdicciones cuya recaudación del IR es significativa, pero cuyos sistemas tributarios poseen regímenes fiscales preferenciales que contribuyen a una competencia fiscal dañina. Los factores clave para identificar regímenes fiscales dañinos son: • El régimen impone una tasa efectiva baja o nula en la renta relevante. • La jurisdicción en la que opera el régimen no intercambia información de manera efectiva con otros países. • Falta transparencia en la operatividad del régimen. • El régimen sólo aplica a no residentes. Otros factores que pueden ser de utilidad para identificar regímenes fiscales dañinos son: • Definición artificial de la base imponible, la que resulta excesivamente reducida. • No lograr adherirse a los principios internacionales de precios de transferencia. • Renta de fuente extranjera exenta del IR. • Posibilidad de negociar la base imponible o tasa impositiva con la autoridad tributaria. • Existencia de normas que protegen el secreto (falta de acceso a información). • Regímenes que se promueven como vehículos que minimizan impuestos. • Regímenes que fomentan operaciones o estructuras cuyo móvil es sólo el ahorro fiscal. Estas jurisdicciones están más dispuestas a colaborar en la toma de acciones concertadas pues la proliferación de prácticas dañinas de competencia fiscal (suyas y ajenas) hace peligrar sus propios niveles de recaudación. 2. Informe del 2000: Primer resultado de los trabajos sobre paraísos fiscales y regímenes fiscales dañinos a) Paraísos Fiscales El informe de la OCDE del año 2000 sobre el camino hacia la cooperación tributaria internacional (“Towards Global Tax Co-operation”) identificó en una lista negra a 35 jurisdicciones(1) como paraísos fiscales, en atención a los criterios esbozados en su informe de 1998. Otras 6 jurisdicciones(2) se comprometieron a eliminar los elementos dañinos a la competencia fiscal antes de 2006, con lo cual fueron excluidas provisionalmente de la lista negra. b) Regímenes fiscales dañinos Se identificó entre 21 países miembros de la OCDE(3) la existencia de 47 regímenes fiscales preferenciales potencialmente dañinos clasificados en 9 categorías (seguros, financiamientos, administración de fondos, banca, casas matrices, centros de distribución, centros de servicios, transporte naviero y misceláneos). Sin embargo, el análisis efectuado por la OCDE hasta ese momento era preliminar, por lo que se requería de una evaluación más profunda de dichos regímenes en una siguiente etapa. SEGUNDA ETAPA: La transparencia y el efectivo intercambio de información 1. Informe de 2001: Cambio de estrategia de la OCDE El Informe de la OCDE del año 2001 relativo al progreso del proyecto sobre prácticas fiscales dañinas es de suma importancia puesto que elimina el requisito de “ausencia de actividad sustancial o real” para identificar a un paraíso fiscal no cooperativo, centrando el énfasis en los requisitos de ausencia de transparencia y de intercambio de información. Sólo a aquel paraíso fiscal que no fuera cooperativo se le aplicarían medidas por parte de la OCDE. En adelante, será la falta de transparencia (secreto bancario) y de intercambio de información efectiva la que determi––– (1) Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belice, Dominica, Guernsey, Gibraltar, Granada, Isla de Man, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Turks & Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Maldivas, Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Tonga y Vanuatu. (2) Bermuda, Chipre, Islas Caimán, Isla Mauricio, Malta y San Marino. (3) Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Corea, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos (Neerlandeses), Portugal, Suecia, Suiza y Turquía. MAYO 2009 19
  • 18. INFORME TRIBUTARIO nará si una jurisdicción es incorporada en la lista negra de paraísos fiscales no cooperativos y, por ende, pasibles de represalias por parte de la OCDE. Este cambio de posición de la OCDE fue posible principalmente por el liderazgo asumido por los EE.UU., a partir de setiembre de 2001, en la lucha contra el financiamiento de actividades terroristas. De esta manera, si bien una jurisdicción podría calificar como paraíso fiscal, en la medida que fuera cooperativa con la OCDE no sería sancionada. Para ser calificada como cooperativa debía comprometerse a cumplir con los requisitos de transparencia y de intercambio de información. Es así que estos requisitos cobran la mayor importancia en desmedro de los restantes, tales como la baja o nula imposición, la ausencia de actividad real, etc., que dejan de ser esenciales o determinantes. 2. Informe 2002: Lista de paraísos fiscales no cooperativos El 18 de abril de 2002 la OCDE publicó la lista de paraísos fiscales no cooperativos, reduciéndose la lista negra del año 2000 de 35 a 7 jurisdicciones, pues estas últimas no se comprometieron a mejorar su transparencia y sus políticas de intercambio de información efectiva. Ellas fueron: Andorra, Islas Marshall, Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Nauru, Vanuatu. Esto demostró que se estaban logrando avances hacia el objetivo propuesto. TERCERA ETAPA: Hacia la nivelación del terreno de juego 1. Informe 2004 El informe de la OCDE del año 2004 relativo al progreso del proyecto sobre prácticas fiscales dañinas, recogió elementos clave de la condición exigida a la OCDE para “nivelar el terreno de juego” y se diseñó el procedimiento a seguir para alcanzarlo. Dicho concepto se refiere al trabajo en conjunto para lograr una competencia fiscal equitativa a escala internacional, no pudiendo establecerse a los territorios no miembros mayores exigencias que las que rigen para los miembros de la OCDE. En tal virtud, se reconoce que si bien aún faltan mayores avances en ese sentido, resulta fundamental que se incluyan a los 16 principales centros financieros que no están participando en el Foro Global y que se analice cómo afectan a la competencia fiscal internacional(4) . Se hizo el compromiso de unir esfuerzos para alcanzar, en tiempo razonable, los estándares de intercambio de información efectiva en materia penal y administrativa, propuestos por la OCDE. Prueba de ello es que el número de jurisdicciones que calificaron como paraísos fiscales que se comprometieron a acatar los principios de intercambio de información y transparencia se elevó de 11 a 33(5) (lista blanca). En cuanto a los 47 regímenes fiscales preferenciales potencialmente dañinos, dicho informe revela que 18 regímenes fueron abolidos, 14 sufrieron modificaciones por las que dejaron de ser dañinos y, luego de una evaluación más profunda, 13 fueron encontrados no dañinos. No hubo conclusiones en el caso de Bélgica (centro de coordinación), Suiza (categorías: finanzas y casas matrices) iba a ser analizado con mayor profundidad y Luxemburgo, que si bien se comprometió a modificar su legislación con relación a la categoría administración 20 de fondos, preocupaba sobre su falta de compromiso en cuanto al intercambio de información efectiva. Se enfatiza que aun cuando la OCDE calificase a un determinado régimen fiscal preferencial como no dañino, cada país es libre e independiente para adoptar la normativa anti abuso que considere pertinente. 2. Informe 2006: Actualización del progreso en proyecto sobre prácticas fiscales dañinas El informe de la OCDE del año 2006 relativo a la actualización del progreso de los países miembros en el proyecto sobre prácticas fiscales dañinas, reafirma la importancia de la transparencia y cooperación internacional basada en el intercambio de información efectiva como base para calificar a una jurisdicción como paraíso fiscal. En cuanto a los regímenes fiscales dañinos, se concluyó que Bélgica finalmente no introdujo el régimen calificado como centro de coordinación y Suiza abolió sus regímenes. Sin embargo, el régimen de compañías tenedoras de Luxemburgo fue calificado como dañino al no contemplar facilidades para el intercambio de información efectiva. En consecuencia, salvo el régimen de compañías “holding” de Luxemburgo, en virtud a dicho informe los demás miembros de la OCDE quedaron finalmente librados de toda sospecha de que sus regímenes fiscales preferenciales fuesen potencialmente dañinos a la economía global. 3. Informe del Foro Global En el informe del Foro Global en Fiscalidad de la OCDE del 29 de mayo de 2006, relativo a la cooperación fiscal para la nivelación del terreno de juego (“Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field – 2006 Assessment by the Global Forum on Taxation”), la lista de jurisdicciones no cooperadoras se redujo a 4: Andorra, Liechtenstein, Islas Marshall y Mónaco. Las cooperadoras sumaron 34. Adicionalmente, 4 jurisdicciones fueron clasificadas como “observadores de la OCDE”: Argentina, China, Rusia y Sudáfrica. Otros 10 fueron catalogados como “centros financieros especialmente significativos”: Brunei, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Guatemala, Hong Kong, Macao, Malasia, Singapur y Uruguay. Los compromisos de establecer regímenes fiscales transparentes (acceso a información fiscalmente relevante) e intercambiar esta información en los términos del modelo de acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, tuvieron 2 condiciones: (i) Exigir la nivelación del terreno de juego, con lo cual no se puede demandar a las jurisdicciones cooperativas mayores compromisos que a los estados miembros de la OCDE (ej. Luxemburgo y Suiza). (ii) Crear un foro de diálogo permanente con las jurisdicciones cooperativas, lo que se materializó en la participación activa de jurisdicciones cooperativas y algunos centros financieros relevantes en el Foro Global de Fiscalidad, junto con los estados miembros de la OCDE. –––– (4) Estos centros financieros significativos son: Andorra, Barbados, Brunei, Costa Rica, Dubai, Filipinas, Guatemala, Hong Kong/China, Islas Marshall, Liberia, Liechtenstein, Macao/China, Malasia (Labuan), Mónaco, Singapur y Uruguay. (5) De los 41 territorios listados en el Informe de 2000, sólo los siguientes no se encuentran dentro de los 33 comprometidos: Andorra, Barbados, Liberia, Liechtenstein, Maldivas (no lista), Islas Marshall, Mónaco y Tonga (no lista). MAYO 2009
  • 19. INFORME TRIBUTARIO En el Informe del Foro Global de Fiscalidad, respecto de un universo de 82 jurisdicciones se llegó a las siguientes conclusiones: • 80 jurisdicciones disponen de instrumentos legales para intercambiar información en materia penal, siempre que se den ciertas condiciones. • 70 jurisdicciones disponen el intercambio de información entre administraciones fiscales en casos de infracción administrativa y en delito penal, sin aplicar generalmente el principio de interés doméstico. • 77 jurisdicciones dicen poder obtener e intercambiar información bancaria en casos de delito fiscal y 57 en casos administrativos. • 77 jurisdicciones pueden obtener información sobre la titularidad legal de las participaciones en entidades, 46 jurisdicciones la pueden obtener respecto a “partnerships”. Sin embargo, no siempre se puede identificar a los beneficiarios efectivos. • 75 jurisdicciones tienen obligaciones de elaborar y conservar libros contables. De las 54 jurisdicciones que regulan el trust, 45 exigen que éstos mantengan registros contables. Dicho informe constituye un hito en cuanto al conocimiento de los aspectos jurídicamente relevantes que afectan la transparencia y el intercambio de información en los países miembros así como en los paraísos fiscales más importantes. CUARTA ETAPA: Compromiso de aplicar el estándar de transparencia 1. Año 2008 El año 2008 se caracterizó por una nueva dinámica, enérgica y de gran magnitud, impulsada en febrero de ese año por el escándalo del millonario fraude al fisco alemán a través del Principado de Liechtenstein y luego por la crisis financiera en la que los Estados desesperadamente buscan evitar la fuga de masivos capitales hacia los paraísos fiscales. En la reunión de 17 países miembros de la OCDE del 21 de octubre de 2008, se acordó: (i) la adopción de medidas de represalia contra quienes no implementen de manera sustancial los estándares fiscales de la OCDE, (ii) la necesidad de que todos los convenios fiscales que se celebren incluyan cláusulas de intercambio de información (ej. Hong Kong), (iii) la posibilidad de renegociar y hasta denunciar los convenios vigentes que no contemplen cláusulas de intercambio de información (ej. Singapur); (iv) el rechazo a aceptar como país miembro a un Estado que no sea capaz de adherirse a esta normativa (ej. Chile). Se enfatiza al secreto bancario como el mayor obstáculo para lograr la transparencia y se exhorta a las administraciones fiscales a promover el intercambio de información de acuerdo a los lineamientos de la OCDE. De este modo, se suma a la lista de paraísos fiscales a aquellos centros financieros basados en el secreto, ampliándose el espectro de jurisdicciones que deben alinearse a la normativa de la OCDE. En tal sentido, debe mencionarse que el número de acuerdos de intercambio de información que había progresado lentamente en 6 años casi se duplicó durante el 2008. Malta y Chipre abolieron sus leyes sobre el secreto bancario y sobre el interés fiscal nacional, respectivamente. Hong Kong ha manifestado que está evaluando modificar su política para estar en condiciones de celebrar convenios fiscales. Por su parte, luego de su reunión en octubre de 2008, el Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia Tributaria de la ONU acordó adecuar su modelo de convenio bajo los estándares de la OCDE en materia de intercambio de información. 2. Publicación OCDE 2009 En la publicación del 2 de abril de 2009, la OCDE impuso una lista blanca de 40 jurisdicciones que han implementado sustancialmente los estándares impositivos internacionales; una lista negra (que ni siquiera se han comprometido a adoptar dichos estándares) de 4 países: Costa Rica, Malasia (Labuan), Filipinas y Uruguay; una lista gris (38 jurisdicciones que se han comprometido oficialmente a adoptar dichos estándares pero que aún no lo han hecho de manera sustancial) que se puede desglosar en una lista gris clara de 8 jurisdicciones denominada “otros centros financieros”: Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza; y una lista gris oscura en la que se incluyen 30 jurisdicciones comprometidas en cumplir con el estándar impositivo internacional, pero que aún no lo han implementado sustancialmente. Estos últimos son las mismas incluidas dentro de las 35 jurisdicciones del Informe de 2000 más Bermudas, Islas Caimán, San Marino, excluyendo a Barbados, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Islas Vírgenes de EE.UU., Maldivas (ya no es listada), Seychelles y Tonga (ya no es listada). Esta publicación sufrió una rápida modificación, al recibirse un inmediato compromiso para adoptar el estándar de cooperación tributaria internacional por parte de las 4 jurisdicciones, eliminándose así la lista negra y reclasificándose a Costa Rica, Malasia (Labuan), Filipinas y Uruguay, en la lista gris. Se observa que el anterior planteamiento que discernía entre jurisdicciones que se habían comprometido a aplicar las normas de las que no querían cooperar resultó insuficiente, por lo que el nuevo enfoque ahora distingue entre las jurisdicciones que aplican las normas de la OCDE de las que no lo hacen. Ello permite identificar con mayor facilidad los territorios que deberán mostrar progresos, al ser expuestas a las medidas defensivas que puedan adoptar la OCDE y los países que se sientan perjudicados por dichas jurisdicciones. II. LUCHA CONTRA LA COMPETENCIA FISCAL DAÑINA DESDE EL PERÚ 1. En el Impuesto a la Renta Si bien el Perú aún no es miembro de la OCDE, también ha mostrado una preocupación por la competencia fiscal dañina, básicamente desde una perspectiva unilateral, teniendo como objetivo principal salvaguardar su recaudación impositiva. En efecto, la legislación peruana en materia de paraísos fiscales ha estado orientada a combatir la elusión y evasión tributarias. Este esfuerzo por desincentivar el uso y abuso de paraísos fiscales se plasmó a partir del año 2001 con la dación de la MAYO 2009 21
  • 20. INFORME TRIBUTARIO Ley Nº 27356 que modificó la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). En esa coyuntura los avances de los trabajos de la OCDE sirvieron de base para nuestro sistema impositivo. Así, en cuanto al concepto de paraíso fiscal, el inciso m) del artículo 44° de la LIR dispuso que mediante Decreto Supremo debían establecerse los criterios de calificación o los países o territorios de baja o nula imposición para efecto de dicha Ley. En cumplimiento de ello, el artículo 86° del Reglamento de la LIR estipuló que se consideran países o territorios de baja o nula imposición a los incluidos como Anexo del mismo. Dicho anexo, aprobado mediante D. S. Nº 045-2001-EF, contempla una lista negra de 43 jurisdicciones(6). En adición a lo señalado, el Reglamento de la LIR también considera país o territorio de baja o nula imposición a aquél donde la tasa efectiva del IR, cualquiera fuese la denominación que se dé a este tributo, sea cero por ciento (0%) o inferior en un cincuenta por ciento (50%) o más a la que correspondería en el Perú sobre rentas de la misma naturaleza, de conformidad con el Régimen General del Impuesto, y que, adicionalmente, presente al menos una de las siguientes características: a) Que no esté dispuesto a brindar información de los sujetos beneficiados con gravamen nulo o bajo. b) Que en el país o territorio exista un régimen tributario particular para no residentes que contemple beneficios o ventajas tributarias que excluya explícita o implícitamente a los residentes. c) Que los sujetos beneficiados con una tributación baja o nula se encuentren impedidos, explícita o implícitamente, de operar en el mercado doméstico de dicho país o territorio. d) Que el país o territorio se publicite a sí mismo, o se perciba que se publicita a sí mismo, como un país o territorio a ser usado por no residentes para escapar del gravamen en su país de residencia. En primer lugar, cabe observar que las normas peruanas emplean el término “país o territorio de baja o nula imposición” en lugar de “paraíso fiscal”. Conforme al informe de la OCDE de 1998 la característica esencial de los países o territorios llamados paraísos fiscales era su baja o nula imposición efectiva, por tanto nos tomaremos la licencia de utilizar el concepto de paraíso fiscal para referirnos indistintamente a cualquiera de los dos términos. Ahora bien, como se puede apreciar, el Reglamento de la LIR emplea una definición dual, pues, por un lado establece una lista taxativa de qué países son considerados iuris et de iure como paraísos fiscales; y, por el otro, establece un criterio conceptual para determinar la existencia de un paraíso fiscal tomando en cuenta las pautas que se encuentran mencionadas a lo largo del Informe de la OCDE de 1998. Cabe apreciar que se adopta el criterio que estuvo vigente hasta la emisión del Informe de 2001, el cual recoge como característica esencial la baja o nula imposición efectiva, siendo menester para calificar a una jurisdicción como paraíso fiscal que concurra con esta al menos una de las citadas características adicionales. En el seno de la OCDE, países como Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Portugal inicialmente también contemplaron el sistema de listas negras (aunque al día de hoy la mayoría de países miembros ya no las adopta). Otros, en su mayoría en el ámbito anglo22 sajón, prefirieron adoptar inicialmente el sistema de “listas blancas” (ej. Canadá, Reino Unido), actualmente el sistema más popular entre los países miembros de la OCDE. A diferencia de las listas negras, mediante el sistema de listas blancas se busca garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes a través de la elaboración de una nómina conteniendo las jurisdicciones que no son consideradas de baja o nula imposición. En Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela también adoptaron el sistema de lista negra de paraísos fiscales, con distintas finalidades anti abuso. La lista negra establecida como anexo al Reglamento de la LIR ha permanecido invariable desde su publicación en marzo de 2001, siendo necesaria su revisión y su actualización continuas. La lista de paraísos fiscales debe ser dinámica, pues necesita ser modificada cada vez que el cambio de circunstancias económicas, la práctica y la experiencia en relaciones internacionales lo justifiquen. Esta es la única manera de garantizar su objetividad y así evitar situaciones arbitrarias o discriminatorias. En línea con ello, debe revisarse continuamente esta relación a la luz de las listas de la legislación comparada, de la OCDE (considerando que el Convenio para evitar la doble imposición vigente con Chile contempla cláusulas de intercambio de información), del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales) que contempló jurisdicciones como Myanmar (antigua Birmania) o Nigeria, por ejemplo, que no se encuentran en otras listas. Nótese al respecto que los criterios para identificar a los paraísos fiscales son básicamente coincidentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra el fraude fiscal. También debe preverse la posibilidad de excluir de la lista a aquellas jurisdicciones que firmen con el Perú un acuerdo de intercambio de información en materia fiscal o un convenio para evitar la doble imposición que contemple disposiciones de intercambio de información y que, por ende, combatan la elusión fiscal(7) . Evidentemente, dicha exclusión únicamente debe mantener su eficacia mientras las disposiciones de intercambio de información continúen siendo efectivas en la práctica. De esta manera, no sólo se regularía la forma de salir de la lista negra sino también la posibilidad de regresar a la misma. Por otra parte, la OCDE ha reconocido que el hecho que un paraíso fiscal sea listado como cooperativo (lista blanca), dicha calificación no necesariamente implica que haya perdido su naturaleza de paraíso fiscal. Por lo tanto, aun cuando para los fines de la OCDE deja de existir una justificación para sancionar a dicho territorio, reconoce que cada país es libre de aplicar las medidas anti abuso que considere pertinentes. En este orden de ideas, el Perú en ejercicio de su soberanía ha adoptado determinadas medidas defensivas para contrarrestar los abusos potenciales a los que se puede dar lugar con el empleo de presuntos paraísos fiscales, las mismas que pasamos a esbozar a continuación. ––– (6) De las 41 jurisdicciones nombradas en nuestros comentarios al Informe OCDE de 2000, no se toman en cuenta a Malta, Mauricio y San Marino. No obstante, se incluyen a Alderney, Hong Kong, Labuán, Luxemburgo y Madeira, que no figuran en la lista de la OCDE. Llama la atención que el Reglamento se limite a Samoa Occidental a diferencia de la OCDE que incluye a “Samoa”. La elaboración de esta lista tampoco obedece a la lista del GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales) que contiene también diferencias con la lista de la OCDE de 2000. Tampoco obedece al listado de Argentina, Chile, España y México. (7) Por ejemplo, el Perú mantiene vigentes los Convenios para evitar la doble imposición con Canadá y Chile, que contienen cláusulas de intercambio de información, así como el Acuerdo de Intercambio de Información con los EE.UU. MAYO 2009
  • 21. INFORME TRIBUTARIO 2. Medidas anti abuso En el diario de debates del Congreso de la República que dio origen a la Ley Nº 27356, que entró en vigencia el 1 de enero de 2001, se fijó como objeto limitar el aprovechamiento de facilidades con que se puede contar en paraísos fiscales. Desde entonces se han dado algunas medidas adicionales para evitar la elusión tributaria. A lo largo de la LIR encontramos diversas medidas anti elusivas con respecto a operaciones en las que se involucran los paraísos fiscales. A modo de ejemplo, citamos las siguientes: a) No deducción de ciertos gastos El inciso m) del artículo 44° de la LIR establece que no son deducibles ciertos gastos que no cumplan con el principio de plena concurrencia, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en uno de los siguientes supuestos: 1) Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición; 2) Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios de baja o nula imposición; o, 3) Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio de baja o nula imposición. Debido a que las entidades domiciliadas en paraísos fiscales soportan una baja o nula imposición y siendo muy difícil comprobar la realidad de la operación, el fisco presume que se produce una elusión fiscal y por ello desconoce su deducción como gasto. Esta presunción debiera admitir prueba en contrario, sin embargo nuestra legislación no respeta tal derecho. En efecto, sí debiera proceder la deducción en la medida en que pueda demostrarse tanto la realidad de la operación como su tributación efectiva. b) No deducción de pérdidas de fuente extranjera De acuerdo al artículo 51° de la LIR, en la compensación de los resultados que arrojen fuentes productoras de renta extranjera, no se tomará en cuenta las pérdidas obtenidas en países o territorios de baja o nula imposición. Esta norma se basa en el hecho que carece de sentido conceder esta deducción cuando la inversión en el extranjero no importa una actividad real, lo que puede acontecer cuando se realiza en un paraíso fiscal. Sin embargo, debiera otorgarse una presunción que admita prueba en contrario otorgándosele la oportunidad al contribuyente de demostrar la realidad de las operaciones llevadas a cabo, esto es, la efectiva obtención de pérdidas en estas jurisdicciones. Ello, sin perjuicio de establecer condicionamientos para ejercer dicho derecho. a la operación, pues es muy difícil comprobar si la contraparte es una empresa vinculada o no, cuando domicilia en un paraíso fiscal, por ende, salvo prueba en contrario dada por un estudio técnico de precios de transferencia, el fisco entenderá que se ha producido una elusión tributaria. CONCLUSIONES Ha habido una interesante evolución en el esfuerzo desplegado por la OCDE para combatir a nivel global la competencia fiscal dañina. Hoy en día, la OCDE se ha propuesto que las jurisdicciones, ya sean miembros o no, hagan suyas los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información. A la fecha, ha logrado que todas las jurisdicciones involucradas se comprometan oficialmente a adoptarlos y que cerca de la mitad ya los hayan implementado sustancialmente. Estos estándares internacionales resultan esenciales para combatir la elusión y evasión fiscal a nivel internacional, por lo que el éxito de esta empresa determinará el éxito en la lucha global contra la competencia fiscal dañina. En el Perú, la legislación en materia de elusión fiscal no se encuentra muy desarrollada. Incluso, resulta inconcebible que existan supuestos flagrantes en los que aun cuando se demuestre fehacientemente que no se produce una elusión fiscal, la legislación desconoce dicha realidad y, sin admitir cuestionamiento alguno, las califica y sanciona como elusivas. El uso de una lista negra conlleva la responsabilidad de actualizarla permanentemente, lo cual el Perú no ha hecho desde que la introdujo por primera vez en marzo de 2001. Ello genera dificultades en cuanto a excluir de dicha calificación a jurisdicciones que dejen de representar una amenaza a la recaudación fiscal peruana, discriminándoseles o sancionándoseles arbitrariamente, entorpeciendo vanamente el desarrollo económico. Siguiendo la tendencia mundial, la lucha contra la elusión fiscal en el Perú deberá enfocarse en la obtención e intercambio de información eficaz y eficiente de los contribuyentes, siempre dentro del respeto a sus derechos constitucionales. c) Reglas especiales de valoración Transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32°-A (numeral 4 del artículo 32° de la LIR). Esta medida presume la manipulación del precio asignado MAYO 2009 23
  • 22. INFORME TRIBUTARIO El Principio de Facilitación del Comercio Exterior SU CONCEPTO Y EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Charles Castle San Martín (*) EL AUTOR HACE UN ANÁLISIS RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA LEGISLACIÓN PERUANA, ENFATIZANDO SU EFECTIVIDAD A LA LUZ DEL APC CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. I. LA IMPRONTA DEL TLC CON EE.UU. Desde que se inició el periodo de negociación con Estados Unidos de Norteamérica, para la elaboración y posterior celebración del Acuerdo de Promoción Comercial –APC– (más conocido como “TLC”), es frecuente escuchar la frase: facilitación del comercio exterior. Esto se debe a que en el Capítulo Cinco del TLC se establece una serie de disposiciones por las que deben regirse las administraciones aduaneras de los países firmantes (Estados Unidos de Norteamérica y Perú). Estas disposiciones, conocidas como medidas de facilitación del comercio exterior, tienen como finalidad simplificar y aligerar el despacho en aduana. De conformidad con dicho Capítulo, los gobiernos antes mencionados, a partir de la vigencia del TLC, esto es desde el 1 de febrero del presente año(1) , deben regirse, entre otras, por las siguientes disposiciones: (i) Normas sobre transparencia y publicidad de la normativa aduanera (incluyendo en el Internet), como medidas de facilitación del comercio exterior en el ámbito aduanero que profundizan lo que la Aduana peruana, en cierta medida, ha venido aplicando en este rubro. Esta disposición incluye la obligatoriedad de publicar por adelantado cualquier regulación aduanera de alcance general, de manera que las personas interesadas tengan la oportunidad de hacer sus comentarios con anterioridad a su entrada en vigencia. (ii) Facilidades y puntos de consulta físicos y vía Internet para las personas interesadas en absolver inquietudes sobre asuntos aduaneros. (iii) Compromisos de adoptar y mantener procedimientos aduaneros simplificados para la liberación de las mercancías – en un plazo máximo de 48 horas–, y específicamente de los envíos de entrega rápida (“envíos expresos”) –en un plazo máximo de 6 horas–, la utilización de análisis de riesgo en los procedimientos de fiscalización y la debida automatización de todos los procedimientos aduaneros en general. 24 (iv) Un procedimiento novedoso es la utilización de Resoluciones Anticipadas en la importación de mercancías que se pueden solicitar ante las administraciones aduaneras, en materia de clasificación arancelaria, valoración aduanera, devolución, suspensión y exoneración de aranceles, origen, aplicación de cuotas, etc. (v) Compromisos de intercambio de información comercial, implementación de leyes y regulaciones aduaneras y cooperación técnica entre las partes, de manera que se pueda advertir y verificar el correcto cumplimiento de las exigencias establecidas en el TLC. En resumen, dichas disposiciones establecen ciertas normas fundamentales, sobre las administraciones aduaneras, que aportan a la facilitación del comercio exterior y a la cooperación entre los países firmantes. Estas disposiciones al estar contenidas en un convenio internacional sólo vinculan jurídicamente a los gobiernos que lo han aceptado de manera oficial. No obstante, el Perú, de manera correcta, ha recogido en su nueva Ley General de Aduanas, aprobada mediante el Dec. Leg. Nº 1053 (en lo sucesivo, la NLGA), todas las disposiciones antes señaladas, siendo, en consecuencia, de aplicación a todas las mercancías que entran o salen del territorio aduanero peruano(2), independientemente del origen de las mismas. Por ello, puede afirmarse que el TLC celebrado con Estados Unidos de Norteamérica constituyó un pilar fundamental para la elaboración de la NLGA. Sin dicho TLC no tendríamos las regulaciones aduaneras vigentes ni las que están próximas a ser emitidas(3). Para una mejor apreciación de lo antes indicado, en el siguiente cuadro se detallan los artículos del TLC y de la NLGA que regulan las disposiciones sobre las medidas adoptadas para facilitar el comercio exterior. ––––– (*) Abogado. Asociado de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional (APDACI). Especialista en temas aduaneros y de comercio exterior. (1) La vigencia del TLC con Estados Unidos se precisó a través del D. S. Nº 9-2009MINCETUR (2) De conformidad con el artículo 2° de la NLGA, territorio aduanero es la “parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada Administración Aduanera se divide en zona primaria y zona secundaria”. (3) Con esto último nos referimos a los Procedimientos Aduaneros que la administración aduanera publicaría próximamente con ocasión de la nueva Ley General de Aduanas y de su nuevo Reglamento, aprobado éste último mediante D. S. Nº 010-2009-EF. MAYO 2009
  • 23. INFORME TRIBUTARIO Disposiciones TLC con EE.UU. Publicidad y publicación anticipada de normas aduaneras Artículo 5.1 Artículo 9° Puntos de consulta Artículo 5.1 Artículo 13° Despacho de mercancías en 48 horas Artículo 5.2 Artículos 130°, 160° y 167° Análisis de riesgos Artículo 5.4 Artículo 163° Cooperación e intercambio de información entre autoridades aduaneras Artículo 5.5 Artículo 5° Envíos de entrega rápida Artículo 5.7 Artículo 168° Resoluciones Anticipadas Artículo 5.10 1990 del Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones de bienes alcanzaron en ese año un nivel de US$ 3,279 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 2,885 millones. Montos muy por debajo a los reflejados en la Memoria del año 2008. Según este texto, las exportaciones ascendieron a US$ 31,529 millones y las importaciones sumaron un total de US$ 28,529 millones(4) . NLGA Artículo 210° Como en efecto se puede verificar de los artículos antes señalados, las disposiciones que deben cumplir las administraciones aduaneras, en especial la peruana, para lograr facilitar el comercio exterior, resultan de gran importancia para la agilización de los despachos de importación. No obstante ello, se aprecia que el TLC se limitó únicamente a regular las disposiciones que deben ser implementadas para lograr dicha facilitación, omitiendo revestirla con la importancia y prioridad adecuadas, de manera que las partes cuenten con las herramientas legales suficientes para materializarla y exigir a las administraciones aduaneras su adecuado cumplimiento. Este mismo error podemos encontrarlo, como desarrollaremos a continuación, en las últimas Leyes Generales de Aduanas que han regido en las dos últimas décadas en nuestro país. II. LA EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 1. El Decreto Legislativo Nº 722 Con fecha 11 de noviembre de 1991, mediante el Dec. Leg. Nº 722, se aprobó el texto de la Ley General de Aduanas que derogó el Dec. Leg. Nº 503 (Ley de Aduana, publicada en el año 1988). En su artículo 1° expresamente se indicaba que: “La Aduana es el organismo encargado de intervenir en el tráfico internacional de mercancías, vigilando su paso a través de las fronteras aduaneras; aplicando las normas sobre comercio exterior, en especial, la relativa a la importación, exportación y demás regímenes aduaneros, determinando el valor imponible de la mercancía de conformidad con las normas de valoración, clasificación arancelaria y recaudando los gravámenes que los afectan, aplicando y controlando las exenciones y franquicias que los benefician, formulando las estadísticas; previniendo y reprimiendo las infracciones aduaneras, así como la defraudación de rentas de aduana y del contrabando, y del tráfico ilícito de bienes; y cumpliendo las demás funciones que las leyes le encomiendan (…)”. Esta Ley revela una Aduana controlista y muy preocupada por la recaudación tributaria aduanera. No es de extrañar entonces que en dicho texto legal no se observe alguna disposición que regule mecanismos para facilitar el comercio exterior. Esto, de alguna manera, se explica por las trabas al comercio exterior que habían sido dictadas en armonía con la política comercial de finales de los años 80. Época en que el intercambio comercial entre el Perú y los demás países del globo eran escasos en comparación con los niveles que hoy podemos observar. Según la Memoria al 31 de diciembre de 2. El Decreto Legislativo Nº 809 Luego de aproximadamente 5 años, esto es, el 19 de abril de 1996, se publicó el Dec. Leg. Nº 809, el cual aprobó la Ley General de Aduanas de esa época. Esta Ley fue dictada en un contexto de fortalecimiento del sector externo, apoyado por la culminación del proceso de la reintegración del Perú a la comunidad económica internacional y por la profundización de las reformas estructurales tendentes a mejorar el clima de la inversión extranjera y promover las exportaciones. El intercambio comercial con el exterior se había incrementado en comparación con el año 1990. Las exportaciones del año 1996 ascendieron a US$ 5,897 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 7,897, generando así una Balanza Comercial positiva para el Perú. La recaudación tributaria también se incrementó, producto del aumento de las importaciones. Es entonces, que tenía sentido un cambio en la política comercial. Era momento de generar un mejor clima para las importaciones, por lo que una de las grandes novedades que trajo consigo el Dec. Leg. Nº 809 fue la incorporación de nuevos conceptos, como el que nos ocupa en el presente artículo. Así pues, el texto de dicha Ley introdujo por primera vez el concepto de facilitación del comercio exterior. Su artículo 1° señalaba que: “Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, contribuyendo al desarrollo nacional y velando por el interés fiscal”. Como se aprecia, aún existía la preocupación de incrementar y mantener la recaudación tributaria aduanera. Sin embargo, se proponía que los servicios aduaneros, entendidos como aquellas actividades realizadas por la administración aduanera, debían cuidar de facilitar el comercio exterior. No obstante ello, el texto citado precedentemente no diferenciaba importancia entre la facilitación del comercio exterior y la recaudación tributaria, ya que los colocaba al mismo nivel. Asimismo, tampoco se definía qué debía entenderse por facilitar el comercio exterior. En ese entonces, las importaciones de mercancías estaban gravadas con tasas arancelarias de hasta veinticinco por ciento (25%), de lo que se advierte que si bien la política comercial había incentivado la inversión nacional y extranjera a fin de incrementar el comercio de bienes, aún se mantenía un esquema proteccionista (a mayor tributación, menor incentivo para las importaciones). 3. El Decreto Legislativo Nº 951 El 27 de enero de 2005 entró en vigencia la norma en referencia, la cual modificó un importante número de artículos del Dec. Leg. Nº 809. Sin embargo, su concepción en cuanto a la importancia en mantener una política recaudadora, que de cierta manera se interesaba por facilitar el comercio exterior, se mantuvo intacta. 4. El Decreto Legislativo Nº 1053 Pasaron 12 años para que el Dec. Leg. Nº 1053, norma a través de la cual se aprobó la actual Ley General de Aduanas (vigente, de manera parcial, desde el 17 de marzo de 2009 y –––– (4) www.bcr.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria. MAYO 2009 25
  • 24. INFORME TRIBUTARIO publicada el 27 de junio de 2008), introdujera una pequeña, pero muy preocupante, modificación al artículo en el cual se enuncia el principio de facilitación del comercio exterior. El entorno macroeconómico de esta Ley estaba precedido por un continuo y alto crecimiento de la actividad económica, impulsada por el aumento de la demanda interna, en particular del consumo y la inversión privada en un ambiente de expectativas favorables de empresarios y consumidores, y un superávit en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En contraste, el escenario externo estuvo caracterizado por la crisis financiera global, iniciada con el deterioro de las condiciones en el mercado inmobiliario subprime de Estados Unidos, acentuándose significativamente en el mes de setiembre del 2008 con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. Si bien este escenario afectó la economía creciente registrada en el Perú durante los últimos años, el comercio exterior del año 2008, en comparación con el año 1996, había aumentado a niveles no esperados. En dicho año, como se ha mencionado anteriormente, las exportaciones alcanzaron los US$ US$ 31,529 millones y las importaciones un total de US$ 28,529 millones. Dentro de ese contexto, es que se publicó la hoy vigente Ley General de Aduanas (referida anteriormente como la NLGA). Esta Ley trajo consigo importantes cambios de concepción respecto a las modalidades de ingreso de mercancías al país y ciertas medidas de facilitación del comercio exterior que sin duda ayudarán a cumplir con una de las principales obligaciones asumidas por el gobierno peruano, que es procurar despachos de importación en un plazo máximo de 48 horas del arribo de la mercancía. El artículo 4° de esta Ley enuncia el principio de facilitación de comercio exterior, al señalar lo siguiente: “Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal”. De un breve repaso de este artículo, se observa con claridad que la única diferencia entre este texto y el anterior (el artículo 1° del Dec. Leg. Nº 809), es que se ha agregado la referencia a que los servicios aduaneros deben velar por el control aduanero. Asimismo, se mantiene la mención a “velar por el interés fiscal”. Es evidente que se insiste en mantener una administración aduanera preocupada por recaudar tributos, lo que se contradice con una política comercial que apunta, en mucha mayor medida que antes, a facilitar el intercambio comercial, así como reducir y hasta eliminar las tasas arancelarias. El Arancel de Aduanas vigente, aprobado por el D. S. Nº 017-2007-EF, y sus modificatorias, establecen una tasa arancelaria de cero por ciento (0%) en casi el 80 por ciento de las Subpartidas Nacionales. En ese sentido, el 80 por ciento del total de mercancías comprendidas en el Arancel de Aduanas no paga derechos arancelarios en su importación. El 20 por ciento restante se encuentra negociado en acuerdos internacionales como el TLC con Estados Unidos, la Decisión Nº 414 de la Comunidad Andina, ALADI y el TLC con Chile (anteriormente denominado ACE 38); sin dejar de lado aquellos acuerdos comerciales que aún se encuentran en proceso de negociación o de revisión, los cuales habrá que analizar en su oportunidad(5). ¿Cuál es el sentido, entonces, de mantener un artículo en la NLGA que no prioriza la facilitación del comercio exterior sobre el control aduanero y la recaudación tributaria aduanera? ¿Por qué se insiste en el interés fiscal? Sobre este tema en particular Cosío Jara(6) señala lo siguien26 te: “Esta función del Estado (refiriéndose a la facilitación del comercio exterior) como ente regulador de la actividad económica y como facilitador, implica la toma de decisiones en materia aduanera que inclusive determinen la reducción o eliminación de barreras arancelarias e inclusive la limitación al aforo físico de las mercancías, en países donde anteriormente la caja fiscal tenía como fuente principal el tributo aduanero y donde el control aduanero estaba basado en el aforo total de las mercancías, ello con el propósito de atraer la inversión de los capitales foráneos, tomando en cuenta que las empresas extranjeras al considerar los factores bajo control gubernamental que afectan la decisión sobre si exportar o invertir en el exterior para fabricar artículos para la exportación, la Administración Aduanera y puertos generales dominan por completo la mayoría de otros ahorros tributarios y un elemento clave en los ahorros en costos de las reformas de la Administración Comercial es la velocidad del despacho aduanal portuario, en virtud de este nuevo entorno la Aduana persigue brindar al usuario las condiciones necesarias para un despacho simple y eficaz con mínimas o nulas barreras arancelarias y paraarancelarias”. III. LA AGENDA PENDIENTE La SUNAT (Aduanas) debe focalizarse en facilitar el comercio exterior a fin que el intercambio comercial de mercancías se realice de la forma más eficiente posible. Con esto no queremos decir que la administración aduanera deje de lado el control aduanero sobre el ingreso y salida de mercancías, sino que esta debería ser razonable con el propósito de priorizar la facilitación del comercio exterior. Con el término “razonable” nos referimos a que el control ejercido en el despacho aduanero (antes del levante) debería ser una excepción, siendo la regla general que el control se realice con posterioridad al despacho de importación (potestad aduanera ejercida mediante acciones de control posterior conocidas como acciones de fiscalización). Para ello, y con la finalidad de dotar a la administración aduanera de las herramientas necesarias para un adecuado cumplimiento de las medidas de facilitación del comercio exterior contempladas en la NLGA y en el TLC con Estados Unidos, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: – Suprimir del artículo 4° de la NLGA la siguiente referencia: “y el interés fiscal”; – Especificar en el artículo 4° de la NLGA que la administración aduanera debe velar por el control aduanero posterior; – Precisar, en el referido artículo, que el control aduanero concurrente (aquel efectuado durante el despacho), se efectúa teniendo en consideración las técnicas de gestión de riesgo; y – Reestructurar la administración tributaria, de modo que SUNAT (tributos internos) y SUNAT (Aduanas) ejerzan sus respectivas funciones de manera separada. Como es natural, evidente y correcto, ambas deben perseguir finalidades distintas que no deben de confundirse; mientras que a la SUNAT (tributos internos) le interesa recaudar en base a una actitud “controlista”, la Aduana debe de tener como fin primordial facilitar el comercio exterior. ––– (5) De conformidad con el Portal de Aduanas del MINCETUR, el Perú todavía se encuentra negociando acuerdos internacionales con Corea, China, Unión Europea y Tailandia, entre otros. (6) COSÍO JARA, Fernando. Manual de Derecho Aduanero. Editorial Rodhas, Lima, 2002. MAYO 2009
  • 25. INFORME TRIBUTARIO Cambios en la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente Medidas de organización interna de SUNAT dictadas mediante R. de S. Nº 097-2009/SUNAT La SUNAT ha estimado pertinente dictar nuevas medidas de organización interna, a fin de optimizar el funcionamiento de algunas unidades organizacionales para que puedan desarrollar cabalmente sus funciones. En ese sentido, mediante la R. de S. Nº 097-2009/SUNAT, vigente a partir del 4 de mayo del presente año, se modifica el Anexo de la R. de S. Nº 190-2002/SUNAT, estableciéndose, entre otros temas, una nueva estructura organizacional de la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente perteneciente a la Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente. La norma en referencia describe 3 divisiones de Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente y sus correspondientes funciones. I. DIVISIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS 1. Definición Es un órgano directamente dependiente de la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente, se encarga del proceso de asistencia y atención en materia tributaria a los contribuyentes de Lima y Callao en la modalidad presencial, a través de los Centros de Servicios al Contribuyente y de los puntos de Asistencia al Contribuyente en los locales que defina la Gerencia. Asimismo, se encarga de la organización de charlas, seminarios o conferencias orientados a facilitar el cumplimiento tributario. 2. Funciones • Absolver consultas sobre la materia tributaria de su competencia, en la modalidad presencial, considerando para ello las normas vigentes y, de ser el caso, los pronunciamientos emitidos por la Intendencia Nacional Jurídica; • Asistir a los contribuyentes respecto de la presentación de declaraciones telemáticas y otros sistemas que la SUNAT ponga a su disposición para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; • Recibir declaraciones informativas, formularios de trámites relacionados con el Registro Único de Contribuyentes, Comprobantes de Pago de los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima y aquellos incluidos en normas específicas; • Actualizar el Registro Único de los Contribuyentes de la Intendencia Regional Lima, excepto en los casos que se hubiere encargado o competa a otros órganos; • Recibir las solicitudes de procedimientos contenciosos y no contenciosos así como los demás trámites que presenten los contribuyentes a través de la Mesa de Partes y remitirlas a la Intendencia que corresponda; • Recibir las comunicaciones referidas a modificaciones de datos de Declaraciones Pago y/o boletas, las comunicaciones de boletas con error de código de tributo, las solicitudes de modificación de coeficiente o porcentaje de determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, las solicitudes de devolución, de modificación, de revocación de complementación y/o de convalidación de los actos administrativos y otras solicitudes de conformidad con los procedimientos establecidos a efecto de derivarlas a la unidad correspondiente para su atención; • Suministrar el reporte de las declaraciones juradas presentadas mediante medios telemáticos, reporte de valores emitidos y reporte de presentación de declaraciones y pagos; • Recibir las quejas y/o sugerencias que presenten los contribuyentes o ciudadanos; • Controlar la recepción de Declaraciones – Pago presentadas en las Unidades de Recepción de las Declaraciones – Pago de los Principales Contribuyentes de la Intendencia Regional Lima; • Suministrar los materiales de información tributaria y formularios a los contribuyentes y ciudadanos en general; • Organizar y ejecutar charlas, seminarios o conferencias orientados a facilitar el cumplimiento tributario; • Proyectar los Informes y las Resoluciones referidos a la improcedencia de las solicitudes de autorización de Comprobantes por operaciones no habituales; • Recibir los documentos valorados presentados por los contribuyentes en pago de sus obligaciones; • Elaborar propuestas de mejora inherentes a las actividades específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la productividad y el servicio resultante. MAYO 2009 27
  • 26. INFORME TRIBUTARIO II. DIVISIÓN DE CENTRAL DE CONSULTAS 1. Definición Es un órgano directamente dependiente de la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente, se encarga de absolver las consultas de índole tributario y de registrar las quejas y/o sugerencias hechas por el público en general a través de la línea telefónica. 2. Funciones • Atender consultas telefónicas tributarias formuladas por los contribuyentes a nivel nacional considerando para ello las normas vigentes y, en su caso, los pronunciamientos emitidos por la Intendencia Nacional Jurídica; • Recibir y registrar las quejas y/o sugerencias que comuniquen telefónicamente los contribuyentes o ciudadanos; • Asistir telefónicamente a los contribuyentes respecto de la presentación de declaraciones telemáticas y otros sistemas que la SUNAT ponga a disposición, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; • Elaborar propuestas de mejoramiento a las actividades específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la productividad y el servicio resultante. III. DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS VINCULADOS A SERVICIOS 1. Definición Es un órgano directamente dependiente de la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente, se encarga de elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos no contenciosos vinculados a servicios que soliciten los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima y administrar los registros a su cargo, así como elaborar los proyectos de respuesta a las solicitudes de información relativa a los contribuyentes de dicha Intendencia de conformidad con la normatividad vigente. 2. Funciones • Proyectar los documentos para la atención del Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativos a los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima; • Proyectar los Informes y Resoluciones referidos a los Procedimientos de inscripción y/o actualización de inscripción en los Registros de Entidades Exoneradas y Entidades Inafectas al Impuesto a la Renta, relativos a los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima; • Proyectar los documentos relativos a la inscripción en el Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones, de los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima; • Proyectar los Informes y Resoluciones para la atención del procedimiento de baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes que correspondan a los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima que ameriten evaluación previa; 28 • Administrar los Registros autorizados que se encuentran a su cargo, tales como el Registro de Entidades Exoneradas al Impuesto a la Renta, Registro de Entidades Inafectas al Impuesto a la Renta y Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones, a fin de actualizarlos; • Elaborar propuestas de mejora inherentes a las actividades específicas de la unidad organizacional que coadyuven a mejorar la productividad y el servicio resultante. ANEXO Disponen medidas de organización interna de la SUNAT RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 097-2009-SUNAT Lima, 8 de abril de 2009 CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT; Que a través de la Resolución de Superintendencia Nº 190-2002/SUNAT y modificatorias, se dictaron medidas de organización interna de la SUNAT, a fin de establecer las unidades jerárquicamente dependientes de las unidades organizacionales a que se refiere el Reglamento de Organización y Funciones, a fin que puedan desarrollar cabalmente sus funciones; Que se ha estimado pertinente dictar nuevas medidas de organización interna, a fin de optimizar el funcionamiento de algunas unidades organizacionales a que se refiere el Reglamento de Organización y Funciones de la Institución; En uso de las atribuciones conferidas por el inciso r) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM; SE RESUELVE: Artículo 1°.- Modifíquese el Anexo de la Resolución de Superintendencia Nº 190-2002/SUNAT y modificatorias, de acuerdo al Anexo de la presente Resolución. Artículo 2°.- La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir del 4 de mayo de 2009. Artículo 3°.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, y su Anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional (www.sunat.gob.pe). Regístrese, comuníquese y publíquese. MANUEL VELARDE DELLEPIANE Superintendente Nacional MAYO 2009
  • 27. PORTAFOLIO Baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) I. CONCEPTO Se entiende por “baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes” (en adelante “baja”) al estado asignado por la SUNAT a un número de RUC, cuando el contribuyente y/o responsable deja de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias y/o cuando la SUNAT presuma que ha dejado de realizarlas. Es posible tramitar la reactivación del número de RUC, es decir, realizar el procedimiento mediante el cual se habilita para su uso un número de RUC que se encontraba en baja. Hay dos tipos de baja: de oficio y a solicitud del contribuyente. II. BAJA DE INSCRIPCIÓN DE OFICIO La SUNAT de oficio podrá dar de baja un número de RUC cuando presuma, en base a la verificación de la información que consta en sus registros, que el sujeto inscrito no realiza actividades generadoras de obligaciones tributarias. De igual manera, en el caso que se haya comunicado la suspensión temporal de actividades si en el plazo de doce (12) meses el sujeto inscrito no hubiera comunicado la fecha de reinicio de sus actividades, el número de RUC podrá ser dado de baja de oficio por la SUNAT, siempre que presuma que dicho sujeto inscrito ha dejado de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias. Sin perjuicio de ello, el sujeto inscrito puede solicitar la baja de inscripción en el RUC. En ambos casos la SUNAT notificará dichos actos. III. BAJA DE INSCRIPCIÓN A SOLICITUD DEL DEUDOR TRIBUTARIO 1. Supuestos para la baja El contribuyente y/o responsable deberá solicitar su baja de inscripción en el RUC cuando se produzca cualesquiera de los hechos que aparecen en el Cuadro Nº 1. 2. Procedimiento Para la baja el contribuyente y/o responsable deberá cumplir con determinados requisitos que se indican también en el Cuadro Nº 1. El trámite es personal. Si lo hiciera un tercero, este debe exhibir su documento de identidad original y presentar una fotocopia de dicho documento así como el Formulario Nº 2135 firmado por el titular del RUC o su representante legal. La SUNAT aprobará la solicitud en un plazo máximo de hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde el día de presentación de la citada solicitud. La aprobación de la baja de inscripción en el RUC no releva al deudor tributario del cumplimiento de las obligaciones tributarias que pudiese haber generado, ni exime a la SUNAT de exigir su cumplimiento. Sobre el particular, en la RTF Nº 2395-3-2008 se indica que durante el periodo fiscalizado, el contribuyente era un contribuyente activo, afecto al RUS, por lo que no obstante haber solicitado su baja de inscripción en el RUC con posterioridad, ello no lo exime del cumplimiento de las obligaciones tributarias generadas con anterioridad a la solicitud de baja. El trámite se realiza en las respectivas oficinas de la SUNAT. Ahora bien, para el caso de la solicitud de baja de una persona natural, sociedad conyugal, sucesión indivisa, por cierre, cese definitivo o fallecimiento, el TUPA de la SUNAT ha establecido que dicho trámite es de aprobación automática, de manera que no está sujeto a los 45 días antes indicados. El trámite a través de SUNAT Virtual, en este caso, se efectuará llenando el Formulario Virtual Nº 3128 - Modificación de datos del RUC por Internet, para lo cual es necesario contar con el Código de Usuario y Clave Sol respectivos. 3. Requisitos generales Es necesario exhibir el documento de identidad original y presentar una fotocopia del mismo, del titular o de su representante legal acreditado en el RUC. El tercero que tenga carta poder con firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario de la SUNAT, no está obligado a exhibir el documento de identidad original del titular del RUC o de su representante legal. 4. Requisitos específicos En caso se tuviera comprobantes de pago disponibles, previamente deberá darse de baja a los mismos. Adicionalmente a los requisitos generales, deberá exhibirse el original y presentarse fotocopia simple, según corresponda, de los documentos que aparecen en el Cuadro Nº 1. 5. Presentación de declaraciones juradas Actualmente se ha exceptuado a los deudores tributarios de la obligación de presentar las declaraciones mensuales correspondientes, entre otros casos, por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - Régimen General y del Impuesto General a las Ventas según corresponda, cuando hubieran suspendido temporalmente sus actividades o dejado de realizar las actividades generadoras de obligaciones tributarias. En estos supuestos, tal excepción surtirá efecto a partir del periodo tributario siguiente a la fecha en que el deudor tributario suspendió temporalmente sus actividades, o se produjo MAYO 2009 29
  • 28. PORTAFOLIO alguno de los supuestos establecidos para la baja de inscripción en el RUC, según corresponda. Para la comunicación de la suspensión temporal de actividades o la solicitud de baja de inscripción en el RUC deberá seguirse el procedimiento previsto en el Reglamento del RUC, que es el que hemos descrito en líneas precedentes. Cabe señalar que las excepciones mencionadas surtirán efecto aun cuando el deudor tributario comunique dichos hechos a la SUNAT en un plazo posterior al previsto en el Reglamento del RUC, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Es pertinente hacer referencia a lo señalado en la RTF Nº 1172-3-2008, donde se concluye que el sujeto que califica como sujeto del IGV está obligado a presentar declaraciones juradas mensuales en el mes en que realiza operaciones, y si en los meses posteriores no determina Impuesto a pagar, de igual modo está obligado a declarar consignando “00”, salvo que se encuentre exceptuado de hacerlo por alguna norma. En el caso se atribuyó la sanción por no presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos. Si bien estaba exceptuado de presentar declaraciones, pues había realizado el procedimiento asociado a la baja de inscripción en el RUC, los efectos del mismo no eran aplicables para declaraciones vencidas con anterioridad a ello. Asimismo, en la RTF Nº 1178-3-2008 se dijo que aunque el sujeto del tributo suspenda actividades, debe presentar las declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos, salvo que haya alguna norma que establezca un procedimiento que la exceptúe de hacerlo en lo sucesivo. Ocurre que no se había acreditado con documento alguno que había culminado el vínculo laboral del contribuyente con sus trabajadores, y por ende que no se encontraba obligado a presentar la declaración relativa a aportaciones del régimen contributivo de la Seguridad Social. En ambos casos, conforme al régimen aplicable a dichas controversias, anterior al actualmente vigente, la excepción de presentar las declaraciones juradas era de aplicación a partir del periodo siguiente al mes en el cual los contribuyentes presentaron su solicitud de baja o suspensión de actividades. En esa línea interpretativa, en la RTF Nº 9076-5-2008 se revocó la resolución apelada ya que el recurrente estaba exceptuado de presentar la declaración jurada requerida por la Administración Tributaria, por encontrarse en situación de baja de inscripción en el RUC. 6. Notificaciones Finalmente debe señalarse que en la RTF Nº 2360-1-2008 se ha concluido que, conforme a la Décima Disposición Complementaria y Final del Dec. Leg. Nº 981, vigente a partir del 1 de abril de 2007, subsiste el domicilio fiscal de los sujetos dados de baja de inscripción en el RUC, de manera que la notificación realizada en dicho lugar es conforme a Ley. En este caso el TF consultó el portal de la SUNAT y verificó que el contribuyente se encontraba en estado de baja definitiva, y validó las notificaciones realizadas en dicho lugar porque no se había comunicado su cambio, es decir, se concluyó que tal domicilio es subsistente para efectos tributarios en virtud a la norma citada del Dec. Leg. Nº 981. CUADRO Nº 1 REQUISITOS ESPECÍFICOS(1) Contrato privado de traspaso con firmas legalizadas por notario o fedatario de la SUNAT. Aplicable sólo a la persona natural, la sociedad conyugal o la sucesión indivisa. SUPUESTOS DE BAJA Traspaso de negocio. Cierre o cese definitivo. No tiene requisitos adicionales. Aplicable sólo a la persona natural, la sociedad conyugal o la sucesión indivisa. Quiebra o sobreseimiento definitivo. Resolución Judicial de Quiebra o Resolución de sobreseimiento definitivo en aquellos procesos regulados por el D. L. Nº 26116 y su Reglamento. Extinción o disolución de entidades inscritas en los Registros Públicos. Constancia de inscripción de la extinción en los Registros Públicos o Escritura Pública o acuerdo de fusión, escisión o demás formas de reorganización de sociedades o empresas, según corresponda, inscrito en los Registros Públicos. Cancelación de la inscripción de partidos, alianzas, movimientos u organizaciones políticas. Resolución del registro de organizaciones políticas que cancela la inscripción del partido, alianza o movimiento u organización política del Jurado Nacional de Elecciones. Fallecimiento del sujeto inscrito. Partida o acta de defunción del causante, emitida por la municipalidad correspondiente. ––– (1) Algunos requisitos hacen referencia a normas que en la actualidad han sido derogadas o modificadas. 30 MAYO 2009
  • 29. PORTAFOLIO TIPOS DE BAJA Fin de la sucesión indivisa. REQUISITOS ESPECÍFICOS(1) Si se trata de partición extrajudicial, testamento, escritura pública o documento privado con firmas legalizadas notarialmente. Si se trata de partición judicial, resolución judicial de partición. Extinción, según corresponda, de centros educativos, institutos y escuelas superiores, universidades y centros culturales particulares, o disolución cuando esta sea la causal de pérdida de su condición de contribuyente y/o deudor tributario. Acta o acuerdo de disolución o extinción de la entidad. Adicionalmente, en el caso de los centros educativos que se acogen al Dec. Leg. Nº 882, el acta o acuerdo de disolución deberá indicar expresamente, que esta se da con el fin de acogerse a lo normado en el mencionado Decreto. Extinción de entidades del gobierno central, regional o local, instituciones públicas, unidades ejecutoras, empresas de derecho público, universidades, centros educativos o culturales del estado. Dispositivo legal donde se formaliza el cese, fusión o demás formas de extinción o reorganización de la entidad, según corresponda. Extinción de sociedades irregulares, o acuerdo de disolución cuando se trate de sociedades no inscritas en los Registros Públicos. Documento que acredite el acuerdo de los socios de poner fin a la sociedad irregular y la constancia o certificado de los Registros Públicos en el que conste que no existe una persona jurídica inscrita con la denominación o razón social elegida por la sociedad irregular, cuya fecha de expedición no exceda los diez (10) días hábiles; o, de ser el caso, la ficha de inscripción de la persona jurídica que se encuentre inscrita con la misma denominación o razón social elegida por la sociedad irregular. Extinción de la comunidad de bienes. Documento que acredite el fin de la comunidad de bienes. Liquidación de fondos de inversión y de fondos mutuos de inversión en valores. En el caso de fondos mutuos y fondos de inversión de oferta pública, Resolución de la CONASEV de exclusión del Registro Público del Mercado de Valores. Para los fondos de inversión de oferta privada, documento que contenga el acto de disolución o extinción legalizado por notario. Término del fideicomiso en el caso de patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras. Escritura pública o documento que acredite el acuerdo de extinción del fideicomiso. Término del contrato de colaboración empresarial que lleve contabilidad independiente de sus socios o partes contratantes. Acta o acuerdo que acredite el término del contrato. Cancelación de la inscripción de las entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional – ENIEX. Resolución mediante la cual cancela su inscripción en el Registro de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, o constancia de la no renovación de la inscripción en el citado Registro expedido por la referida Agencia. Cancelación de las Embajadas, Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organizaciones Internacionales. Documento en el que conste el cese de la Embajada, Misión Diplomática, Oficina Consular y Organización Internacional, expedido por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Extinción de Instituciones Religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica. Documento expedido por la autoridad eclesiástica competente donde conste su disolución o extinción. Cualquier otra circunstancia que conlleve la pérdida de su calidad de contribuyente y/o deudor tributario. Documento que acredite su cierre, cese, disolución o extinción. ––– (1) Algunos requisitos hacen referencia a normas que en la actualidad han sido derogadas o modificadas. MAYO 2009 31
  • 30. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Invest in China: Tax Law & Practice (Chinese – English) ZOU, Liu LexisNexis, 2008, 718 págs. A propósito del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con la República Popular China en abril pasado, reseñamos un libro que desarrolla los elementos esenciales y las peculiaridades económicas de la fiscalidad china. Liu Zou, Director General del Instituto de Ciencias Fiscales e Investigación de la Administración Estatal de Impuestos de China (State Administration of Taxation - SAT), consultor de la Asociación Fiscal de China y profesor universitario, es autor de Invest in China: Tax Law & Practice (Chinese – English), una radiografía actual del régimen impositivo chino, que articula la representación pormenorizada de los distintos gravámenes fiscales de la República Popular China, a través de la distribución informativa en cuadros, estadísticas, y ejemplos de cariz práctico que facilitan su lectura, constituyéndose en un material idóneo para empresarios, inversionistas y operadores comerciales dispuestos a conocer los elementos más significativos del régimen tributario de este país oriental. 32 El Sistema Tributario de la República Popular de China, apunta el autor de la Obra, ha evolucionado considerablemente, privilegiando un sistema de actualización fiscal que tiene como base la reinterpretación del contenido de igualdad, dilatando su esfera sustantiva al reconocimiento de la particularidad de los sujetos pasivos para soportar las cargas fiscales, y la diversidad de las fuentes productoras de riqueza, motivando en consecuencia, una aplicación impositiva diferenciada que tenga por soporte la capacidad contributiva que gravita en la identidad cualitativa y económica del sujeto pasivo, y no en la generalización abstracta del tributo. En la Obra reseñada se indica que entre los órganos estatales que tienen la potestad de elaborar y reglamentar las leyes de impuestos o políticas impositivas se encuentran la Asamblea Popular Nacional (APN), el Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda, la Administración Estatal de Impuestos (SAT), el Comité de Tarifas y Clasificación del Consejo de Estado y la Administración General de Aduanas. Las leyes que crean impuestos o gravámenes fiscales son promulgadas por la APN, o el Comité Permanente de la APN; a diferencia de los reglamentos, cuya formulación es potestad del Consejo de Estado. Las reglas departamentales son formuladas por el Ministerio de Hacienda, la Administración Estatal de Impuestos, el Comité de Tarifas y Clasificación del Consejo de Estado o la Administración General de Aduanas, de ser el caso. En cuanto a los impuestos, se señala que pueden dividirse en cuatro categorías: a) Impuestos sobre Bienes y Servicios, b) Impuestos sobre los Ingresos, c) Impuestos sobre el Patrimonio, y d) Otros Impuestos. Aproximadamente existen alrededor de 20 impuestos, entre los que conviene destacar: – El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Es el recurso fiscal por excelencia, representa más del 30 por ciento del total de ingresos recaudados a lo largo del año, perfilándose como el principal impuesto del Estado. Tiene la naturaleza de un impuesto indirecto, dado que incide sobre el valor agregado en cada uno de los ciclos del proceso productivo o comercial del bien. La tasa de afectación del IVA asciende al 17 por ciento en el caso de contribuyentes generales, la que se restringe a un 13 por ciento en el caso de algunos productos estratégicos como el agua potable, el gas natural, los libros, los fertilizantes químicos, algunos productos agrícolas, entre otros. MAYO 2009 – El Impuesto sobre el Consumo: Representa el 5 por ciento del total de ingresos recaudados, su base imponible es la producción, el procesamiento, y la importación de 11 productos específicos (alcohol, tabaco, automóviles, entre otros). Pertenece en su integridad al gobierno central, y representa una de sus fuentes de ingreso claves, comportando el 5,6 por ciento del total de ingresos recaudados por el gobierno chino a lo largo del año. – El Impuesto de Sociedades: Es un impuesto sobre los ingresos ascendente al 33 por ciento (30 al contribuyente en general, más un 3 por ciento de impuesto local) de los ingresos de las empresas (nacionales o extranjeras). Las tasas no son estáticas, puesto que existe una diversidad de beneficios o “vacaciones fiscales” otorgadas, pero sólo tienen incidencia en las empresas que tengan actividad productiva dentro del país o en aquellas que tengan la calidad o el estatus especial otorgado por las autoridades o la normativa fiscal (empresas de alta tecnología, exportadoras masivas, etc.). – El Impuesto sobre la Renta: Todos los ingresos de los trabajadores dependientes o independientes (incluye a extranjeros) que hayan realizado labores en China, se encuentran sujetos al impuesto cuya tasa es progresiva hasta un 45 por ciento. La empresa retiene los pagos al impuesto, y los transfiere a la entidad recaudadora pertinente, sin embargo, el pago no excluye de la obligación tributaria consistente en realizar una declaración anual de rentas a instancias del trabajador o independiente. Un derivado del impuesto citado, es el Impuesto de Retención o “Withholding Tax” (10 por ciento), que se aplica a los ingresos brutos originados en el país y recibidos por sociedades que domicilien en el extranjero, y que no se encuentren sujetas a otro tipo de impuestos. Afecta a la repatriación de dividendos, del mismo modo. La Obra reseñada, que contiene información rigurosa con un criterio eminentemente técnico pero de lectura amigable, es un documento valioso para entender, con aproximación precisa, el régimen tributario chino y la realidad económica de un país cuya influencia en América Latina (y próximamente en nuestro país) es superlativa.
  • 31. CONSULTA INSTITUCIONAL Compensación del SFMB con IGV por utilización de servicios INFORME Nº 038-2009-SUNAT/2B0000 Lima, 18 de marzo de 2009 MATERIA: Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 175-2007/SUNAT, se consulta si la compensación del Saldo a Favor Materia del Beneficio con la deuda por concepto del Impuesto General a las Ventas por la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados debe realizarse mediante comunicación por escrito a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), según lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia Nº 087-99/SUNAT. BASE LEGAL: – Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15 de abril de 1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV). – Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de 1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario). – Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por el Decreto Supremo Nº 126-94-EF, publicado el 29 de setiembre de 1994, y normas modificatorias. – Resolución de Superintendencia Nº 087-99/SUNAT, que aprueba formularios y dicta disposiciones aplicables a la presentación de declaraciones juradas, publicada el 25 de julio de 1999. – Resolución de Superintendencia Nº 175-2007/SUNAT, que dicta normas para la compensación a solicitud de parte y la compensación de oficio, publicada el 19 de setiembre de 2007. ANÁLISIS: 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 40° del TUO del Código Tributario, la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. A tal efecto, la norma señala que la compensación podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: • Compensación automática, únicamente en los casos establecidos expresamente por ley. • Compensación de oficio por la Administración Tributaria, de acuerdo con las características detalladas en dicha norma. • Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por la Administración Tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma, oportunidad y condiciones que esta señale. Adicionalmente, el citado artículo 40° indica, en su último párrafo, que para efecto del mismo, son créditos por tributos, el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario y cualquier otro concepto similar establecido en las normas tributarias. 2. De otro lado, el artículo 34° del TUO de la Ley del IGV señala que el monto de dicho Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador (SFE), conforme lo disponga el Reglamento. A fin de establecer dicho saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en los Capítulos VI y VII. Asimismo, el artículo 35° de la citada norma dispone que el SFE se deducirá del Impuesto Bruto, si lo hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posible esa deducción en el período por no existir operaciones gravadas o ser estas insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. Si no tuviera Impuesto a la Renta que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o este fuera insuficiente para absorber dicho saldo, podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. Agrega la norma que, en el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente. MAYO 2009 33
  • 32. CONSULTA INSTITUCIONAL Cabe indicar que conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, el SFE se deducirá del Impuesto Bruto del IGV a cargo del sujeto. De quedar un monto a su favor, este se denominará Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB), del cual se deducirá las compensaciones efectuadas. De quedar un monto a favor del exportador, éste podrá solicitar su devolución mediante las Notas de Crédito Negociables(1). 3. Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, el exportador puede compensar de manera automática su SFMB con las deudas tributarias que sean ingreso del Tesoro Público y respecto de las cuales tenga la condición de contribuyente. 4. Ahora bien, de acuerdo con el inciso b) del artículo 1° del TUO de la Ley del IGV en concordancia con el numeral 9.1 del artículo 9° del mismo TUO, constituye operación gravada con este Impuesto la utilización de servicios en el país(2), siendo sujetos del mismo, en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial, que utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados. En consecuencia, el exportador que tenga a su favor un SFMB podrá efectuar la compensación automática del mismo con sus deudas tributarias originadas por el IGV que grave la utilización de servicios en el país prestados por no domiciliados, del cual tenga la calidad de contribuyente. 5. En cuanto a dicha compensación, el artículo 5° de la Resolución de Superintendencia Nº 087-99/SUNAT dispone que los exportadores, a efecto de compensar el SFMB con el IGV por la utilización en el país de los servicios prestados por no domiciliados, presentarán una comunicación por escrito a la SUNAT, en la dependencia que corresponda a su domicilio fiscal, consignando, como mínimo, la información detallada en el citado artículo 5°. Cabe indicar que el mencionado procedimiento no ha variado con lo establecido por la Resolución de Superintendencia Nº 175-2007/SUNAT, toda vez que de acuerdo con lo señalado en su artículo 3°, la misma es de aplicación únicamente para la compensación a solicitud de parte de los créditos materia de compensación con la deuda compensable de SUNAT, así como para la compensación de oficio a que se refiere el literal b) del numeral 2 del artículo 40° del TUO del Código Tributario; no alcanzando por ello a la compensación automática(3). CONCLUSIÓN: La compensación del SFMB con la deuda por concepto 34 del IGV por la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, debe realizarse mediante una comunicación por escrito a la SUNAT, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución de la Superintendencia Nº 087-99/SUNAT. Atentamente, CLARA ROSSANA URTEAGA GOLDSTEIN Intendente Nacional Intendencia Nacional Jurídica –––– (1) Debe tenerse en cuenta que según lo establecido en el primer párrafo del artículo 4° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, la compensación o devolución a que se refiere el artículo 3° tendrá como límite un porcentaje equivalente a la tasa del IGV incluyendo el Impuesto de Promoción Municipal, sobre las exportaciones realizadas en el período. El SFMB que exceda dicho límite podrá ser arrastrado como SFE a los meses siguientes. (2) Conforme a lo señalado en el último párrafo del numeral 1 del inciso c) del artículo 3° del TUO de la Ley del IGV, para los efectos de la aplicación de este Impuesto se entiende que el servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato. (3) Para efecto de la compensación a solicitud de parte, el artículo 4° de la citada Resolución establece el uso del Formulario Virtual Nº 1648, aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nº 088-2005/SUNAT, publicada el 1 de mayo de 2005, la cual dispuso el uso de dicho Formulario para la compensación automática del SFMB con las cuotas del ITAN. MAYO 2009
  • 33. CONSULTA INSTITUCIONAL ADUANERA Régimen de Importación de Bienes Supuesto de ingreso al amparo de contratos de arrendamiento INFORME Nº 08-2009-SUNAT/2B4000 Lima, 28 de enero de 2009 MATERIA: Se formula consulta en relación a la viabilidad del sometimiento al régimen de importación definitiva de bienes que ingresan al país al amparo de contratos de arrendamiento comercial celebrados por plazo determinado o indeterminado. BASE LEGAL: – Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y modificatorias (en adelante, Ley General de Aduanas). – Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley General de Aduanas). – Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 241-2006/SUNAT/A que aprueba el Procedimiento General INTA-PG.01 (v.4) “Importación Definitiva” (en adelante, Procedimiento INTA-PG.01). ANÁLISIS: Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 52° de la Ley General de Aduanas define a la Importación definitiva, como el régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas a su consumo en el país. Por su parte, en cuanto a la titularidad que sobre la carga debe tener el importador para someter mercancías al mencionado régimen, tenemos que el artículo 79° del Reglamento de la Ley General de Aduanas señala que: “La importación de mercancías es definitiva, cuando previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras correspondientes, son nacionalizadas y quedan a libre disposición del dueño o consignatario”. A partir del dispositivo citado en el párrafo precedente, se infiere que resulta legalmente válido que la operación de importación sea realizada por dos categorías de sujetos, esto es el dueño de la mercancía o el consignatario de la misma. Sobre el particular, debemos señalar que de acuerdo al Glosario de Términos Aduaneros de la Ley General de Aduanas, se define al CONSIGNATARIO como la “persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso...”; en consecuencia, se constituye en consignatario de la misma, aquella persona a cuyo nombre ésta se encuentre destinada en el documento de transporte(1), categoría que dados los usos y costumbres del comercio internacional y la riqueza de su dinámica actual, no necesariamente coincide con la del propietario de la mercancía. Por otra parte, el numeral 3) del inciso a) del artículo 72° del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el numeral 13 del literal A) del rubro VII Descripción del Procedimiento INTA-PG.01, precisan la documentación y requisitos exigibles para destinar un bien al régimen de importación definitiva, estableciéndose en ambas normas la presentación de la factura o documento equivalente, entendiéndose que resultarán exigibles, en un caso la factura comercial cuando exista identidad entre el importador/declarante y el dueño del bien y en el otro el documento equivalente en aquellos casos en los que el importador/declarante tenga la calidad de consignatario (no propietario) de la mercancía. En este orden de ideas, tenemos que el consignatario de la mercancía extranjera, aun cuando no sea el propietario de la misma, se encuentra legalmente facultado a solicitar su nacionalización, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la normatividad aduanera vigente y a su vez acredite su titularidad sobre el bien a importar con la presentación del documento equivalente a la factura comercial que le otorgue el derecho de posesión sobre el mismo, debiendo cumplir para tal efecto con los requisitos establecidos por el inciso b) del numeral 13 del literal A) del rubro VII Descripción del Procedimiento INTA-PG.01. De lo antes expuesto, se concluye que resulta legalmente válido el sometimiento al régimen de importación definitiva de bienes que ingresan al país sobre la base de contratos de arrendamiento comercial por plazo determinado o indeterminado (único régimen aduanero que permite su permanencia en el país por tiempo ilimitado) siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que el arrendatario tenga la calidad de consignatario de la mercancía. 2. Que se adjunte al momento del despacho como documento equivalente a la factura comercial, el contrato de arrendamiento celebrado en el exterior con el propietario no domiciliado del bien(2), que acredite su titularidad y derecho de posesión sobre la mercancía materia de importación, el mismo que deberá contener los requisitos establecidos por el inciso b) del numeral 13 del literal A) del rubro VII Descripción del Procedimiento INTA-PG.01. Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe relevar que el pago de los tributos efectuados con motivo de la nacionalización de mercancías de procedencia extranjera por parte de un dueño o consignatario que cumpla con todas las formalidades para su importación tiene carácter de definitivo. CONCLUSIONES: En atención a lo expuesto estimamos pertinente señalar que resulta legalmente válido el sometimiento al régimen de importación definitiva de bienes que ingresan al país sobre la base de contratos de arrendamiento comercial por plazo determinado o indeterminado siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que el arrendatario tenga la calidad de consignatario de la mercancía. 2. Que se adjunte al momento del despacho como documento equivalente a la factura comercial, el contrato de arrendamiento celebrado en el exterior con el propietario no domiciliado que deberá contener los requisitos establecidos por el inciso b) del numeral 13 del literal A) del rubro VII Descripción del Procedimiento INTA-PG.01. Atentamente, NORA SONIA CABRERA TORRIANI Gerente Jurídico Aduanero Intendencia Nacional Jurídica ––– (1) Que le otorga titularidad sobre los bienes a efectos de su destinación aduanera. (2) Única forma en que se justifica, en este caso, que no sea el dueño quien solicite la destinación aduanera del bien de su propiedad. MAYO 2009 35
  • 34. SÍNTESIS DE OPINIONES DEL FISCO Infracciones y Sanciones Tributarias A continuación presentamos una síntesis de los últimos Informes emitidos por la SUNAT(1) respecto al tema de infracciones y sanciones. INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO Y OTROS DOCUMENTOS • SUSTITUCIÓN DE SANCIÓN DE CIERRE POR UNA DE MULTA INFORME Nº 056-2008-SUNAT/2B0000 /17.04.2008 Se consultó si en el caso de Actas Probatorias levantadas en medios de transporte a través de terceros con anterioridad al 1 de abril de 2007, por las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174° del Código Tributario (CT), originadas en una segunda oportunidad o siguientes en que se incurre en las mismas es posible sustituir la sanción de cierre temporal de establecimiento por resoluciones de multa, aplicando el Régimen de Gradualidad, al amparo del artículo 183° del citado Código, teniendo en cuenta que en estos casos no existe un domicilio a cerrar al no haberse levantado dichas actas en algún establecimiento comercial u oficina independiente y, por tanto, resulta imposible hacer efectivo dicho cierre. La Administración Tributaria respondió que se encuentra autorizada a sustituir la sanción de cierre temporal por una de multa únicamente cuando se presente alguna de las circunstancias detalladas en el inciso a) del artículo 183° del CT, entre las cuales se contempla la imposibilidad de aplicar el cierre por causa imputable al deudor tributario, tomando en consideración que no existe norma que disponga que tal imposibilidad se presenta por el solo hecho que las infracciones bajo análisis se sustenten en Actas Probatorias levantadas en unidades de transporte a través de terceros, más aún si ello en sí mismo no involucra una acción del deudor que impida la ejecución del cierre temporal. Añade que debe tenerse en cuenta que el hecho que la infracción se haya detectado en unidades de transporte y no en el domicilio fiscal o establecimiento anexo del deudor tributario, no necesariamente implica que la Administración Tributaria no pueda determinar el local donde se debió emitir o emitió el comprobante de pago para aplicar la sanción de cierre temporal. De este modo, concluye que, la detección de las infracciones tipificadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174° del CT mediante Actas Probatorias levantadas antes del 1 de abril de 2007, en medios de transporte a través de terceros, no supone por sí misma la imposibilidad de ejecutar la sanción de cierre temporal. INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O CONTAR CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES • DECLARACIONES RECTIFICATORIAS INFORME Nº 101-2008-SUNAT/2B0000 / 13.06.2008 Se consultó si corresponde una sanción cuando el contribuyente como consecuencia de la utilización del precio pagado en la adquisición de un intangible de duración limitada debe presentar declaraciones rectificatorias por períodos respecto de los cuales ya se presentó una declaración de esta clase previamente. • DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA INFORME Nº 135-2007-SUNAT/2B0000 / 17.07.2007 Se consultó si se configura la infracción tipificada en el nume36 ral 3 del artículo 175° del CT cuando la Administración Tributaria ha determinado, sobre base presunta, ingresos o rentas omitidas. La Administración Tributaria respondió que el objeto de la determinación sobre base presunta es establecer de manera indirecta la existencia e importe de la obligación tributaria sustancial, es por ello que en el artículo 65° del CT se dispone que la aplicación de las presunciones será susceptible de la imposición de las multas establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones; sin embargo, esto último exige tener en cuenta si la configuración de determinada infracción guarda correspondencia con la naturaleza y características de este tipo de determinación de la obligación tributaria. Asimismo indica que, tratándose de la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 175° del CT es necesario que se constate que los conceptos señalados en la norma no han sido anotados por el deudor tributario en el libro o registro correspondiente, o verificar que aquellos han sido anotados por montos inferiores; constatación que no guarda correspondencia con la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, pues mediante dicha forma de determinación se faculta a la Administración Tributaria a establecer la existencia e importe de la obligación tributaria aplicando alguna de las presunciones legalmente señaladas, que se refiere a la liquidación de la deuda tributaria y, por ende, se encuentra limitada a la determinación de la omisión que corresponda respecto de la misma y a su declaración; sin que suponga la determinación presunta de otro tipo de omisiones, como sería la vinculada al registro de ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas o actos gravados a que hace referencia el numeral 3 del artículo 175° del CT. De este modo, concluye que no se configura dicha infracción cuando la Administración Tributaria determine, sobre base presunta, ingresos o rentas omitidas; no obstante, sí se configurará cuando dicha determinación suponga la previa acreditación de ingresos o rentas cuyo registro se ha omitido o se haya constatado su anotación por montos inferiores. ––– (1) Cada Informe deberá ser leído tomando en cuenta el marco normativo al que corresponde. MAYO 2009
  • 35. SÍNTESIS DE OPINIONES DEL FISCO La Administración Tributaria respondió que, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 176° del CT, constituye infracción presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y período tributario. Añade que el artículo 165° de la misma norma establece que las infracciones son determinadas en forma objetiva y sancionadas administrativamente. De este modo, si el contribuyente que ya hubiera presentado anteriormente una declaración rectificatoria sin utilizar el precio pagado por la adquisición de un activo intangible de duración limitada, sea como gasto o mediante la correspondiente amortización del ejercicio, deberá rectificar la obligación tributaria respectiva, para lo cual tendrá que presentar una nueva declaración rectificatoria e incurrirá en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 176° del CT, correspondiéndole la aplicación de la sanción respectiva. • DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y SUJETOS DEL NUEVO RUS INFORME Nº 165-2007-SUNAT/2B0000 / 20.09.2007 Se consultó cuál es el monto respecto del que debe aplicarse la rebaja prevista en el ítem 12 del Anexo II del Reglamento del Régimen de Gradualidad, aprobado por la R. de S. Nº 0632007/SUNAT, en el caso de la sanción de multa correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del CT cuando el sujeto infractor sea uno comprendido en la Categoría 1 del Nuevo RUS. La Administración Tributaria respondió que en el caso de la sanción de multa correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del CT que se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento del Régimen de Gradualidad, que ha sido cometida por un sujeto comprendido en la Categoría 1 del Nuevo RUS, el porcentaje de rebaja que corresponda se aplicará sobre el monto de la multa equivalente al 5 por ciento de la UIT, debido a que la cuarta Nota sin número de la Tabla III de Infracciones y Sanciones del CT señala que las multas que se determinen no podrán ser menores a dicho monto. documentos que la Administración Tributaria solicite como parte de sus labores de control. De este modo, cuando el contribuyente no exhiba la documentación que acredite las cancelaciones realizadas utilizando los medios de pago se configura la infracción tipificada en dicho numeral. • PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REGISTROS CONTABLES INFORME Nº 035-2008-SUNAT/2B0000 / 04.03.2008 Se consultó si se incurre en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177° del CT cuando el contribuyente no presenta la documentación contable que le ha sido solicitada luego de vencido el plazo establecido en el artículo 10° de la R. de S. Nº 234-2006/SUNAT. La Administración Tributaria respondió que los deudores tributarios se encuentran obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice, para lo cual deben conservar sus libros y registros, así como su documentación vinculada a asuntos tributarios, mientras el tributo no se encuentre prescrito; en caso de pérdida o destrucción por siniestro, asalto y otros, de libros, registros o documentación debe comunicarse a la Administración Tributaria lo sucedido, de acuerdo con el artículo 87° del CT. Asimismo, en el caso de los libros contables deben rehacerlos en el plazo de sesenta días calendario o el mayor plazo que otorgue la SUNAT, conforme a lo establecido en el artículo 10° de la R. de S. Nº 234-2006/SUNAT. Añade que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 177° del CT, constituye infracción relacionada con la obligación de permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma, el no exhibir los libros, registros, u otros documentos que esta le solicite. De este modo, vencido el plazo establecido en el artículo 10° de la R. de S. Nº 234-2006/SUNAT, el deudor tributario está obligado a contar con los libros, registros u otra documentación vinculada a asuntos tributarios, que fue materia de pérdida o destrucción por siniestro, asalto y otros; en cuya virtud debe cumplir con exhibirla ante el requerimiento de la Administración Tributaria y de no hacerlo incurrirá en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177° del CT. INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS • EXHIBICIÓN DE MEDIOS DE PAGO INFORME Nº 171-2008-SUNAT/2B0000 / 29.08.2008 • IGV: MAYOR CRÉDITO DECLARADO INFORME Nº 182-2007-SUNAT/2B0000 / 05 .10.2007 Se consultó si dentro de un procedimiento de fiscalización se configura la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177° del CT cuando el contribuyente no exhibe la documentación que acredita las cancelaciones realizadas utilizando los medios de pago a los que se refiere la Ley Nº 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía. La Administración Tributaria respondió que los “medios de pago” constituyen modalidades de pago reguladas por la Ley Nº 28194, los cuales son utilizados para acreditar la realización de operaciones con terceros cuando el importe sea superior al monto establecido por dicha norma. Añade que de acuerdo al CT es obligación de los deudores permitir el control por la Administración Tributaria, incluyéndose en este supuesto el deber de exhibir los documentos que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, siendo que el numeral 1 del artículo 177° de la norma citada se encuentra referida al incumplimiento en la exhibición de libros, registros y otros La consulta estuvo referida al caso de un contribuyente que declara y determina correctamente el IGV de un período, tanto el débito como el crédito, así como el tributo resultante del mes; sin embargo consigna en dicha declaración un mayor importe que el que le corresponde. La primera pregunta es si se incurre en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del CT cuando se declara indebidamente, respecto del IGV, créditos por retenciones y/o percepciones del período y de los períodos anteriores. La segunda busca conocer, en todo caso, cómo efectuar el cálculo de la multa correspondiente toda vez que dichos conceptos no se encuentran comprendidos en la Nota (21) de las Tablas I y II de Infracciones y Sanciones. La Administración Tributaria respondió que en el supuesto de las percepciones y retenciones efectuadas en el mes al que corresponde la declaración, así como las que no han sido aplicadas y provienen de períodos anteriores constituyen créditos contra el IGV, toda vez que tales conceptos pueden ser deducidos, MAYO 2009 37
  • 36. SÍNTESIS DE OPINIONES DEL FISCO de ser el caso, del impuesto a pagar. De este modo, de declararse un mayor monto por dichos conceptos en el mes y de saldo no aplicado de meses anteriores, se incurriría en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178° del CT, por haberse declarado un mayor crédito del que realmente correspondía, infracción que se encuentra sancionada con una multa equivalente al 50 por ciento del crédito determinado indebidamente. Para efectos del cálculo de dicha multa, no deberán considerarse los saldos por concepto de las percepciones y/o retenciones no aplicadas provenientes de meses anteriores, toda vez que conforme a lo señalado en la Nota (21) de las Tablas I y II y en la Nota (13) de la Tabla III de Infracciones y Sanciones del CT, para establecer si existe crédito determinado indebidamente, no se tomará en cuenta, entre otros conceptos, los saldos a favor de los períodos anteriores. • RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INFORME Nº 172-2007-SUNAT/2B0000 / 29.09.2007 Se consultó si debe considerarse el crédito dispuesto en el artículo 15° de la Ley Nº 26790 para determinar el tributo resultante para el cálculo del tributo omitido cuando la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del CT se encuentra referida al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, en el caso de los afiliados regulares en actividad. La Administración Tributaria respondió que en la Nota (21) de las Tablas I y II y la Nota (13) de la Tabla III de Infracciones y Sanciones del CT se define el concepto de tributo resultante en diversos supuestos entre los que no se encuentra el del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, por lo que resultará aplicable el que se encuentra establecido en las mismas para el caso de los demás tributos administrados por la SUNAT, es decir, será el resultado de aplicar la alícuota a la base imponible establecida en las leyes que regulan dicho tributo. Añade que, la Ley Nº 26790 ha señalado expresamente que para los afiliados regulares en actividad, la base imponible sobre la cual se aplicará la alícuota del tributo se encuentra constituida por la remuneración o ingreso mensual, no pudiendo ser dicha base imponible inferior a la Remuneración Mínima Vital. De este modo, si bien se ha establecido que las entidades empleadoras que otorguen cobertura de salud a sus trabajadores en actividad pueden gozar de un crédito contra las aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, dicho crédito no modifica la base imponible para el cálculo del referido tributo, sino únicamente disminuye el monto a pagar por tal concepto. Por lo tanto, concluye que el tributo resultante, en caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del CT vinculada al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, respecto de los afiliados regulares en actividad, se determina aplicando la alícuota de 9 por ciento a la base imponible establecida en la Ley Nº 26790, sin considerar la deducción del crédito dispuesto en el artículo 15° de dicha Ley. • COMPENSACIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE INFORME Nº 114-2007-SUNAT/2B0000 / 22.06.2007 acto administrativo por el cual se declara compensada dicha deuda es emitido con fecha posterior al vencimiento del plazo para abonarla, el cual coincide con el momento de la coexistencia de la deuda y el crédito. La Administración Tributaria respondió que la compensación en materia tributaria es un medio para extinguir la deuda con los créditos tributarios que pudiera tener el deudor tributario por concepto de tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 40° del CT, la cual surtirá efectos, en los casos de la compensación de oficio y a solicitud de parte, en la fecha en que coexistan la deuda y el crédito tributario materia de compensación. Añade que, en el supuesto planteado, la compensación surtirá efectos en la fecha de la coexistencia con la deuda tributaria materia de compensación, independientemente de la fecha de emisión o notificación del acto administrativo que declare efectuada tal compensación. También indica que la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del CT se configura cuando el agente de retención o percepción deja de ingresar el monto retenido o percibido dentro del plazo en que se encuentra obligado para hacerlo. En ese sentido concluye que en el supuesto planteado, la compensación surte efectos en la fecha de coexistencia del crédito y la deuda tributaria por concepto de tributos retenidos y/o percibidos, lo cual implica la extinción de la deuda tributaria dentro del plazo establecido para pagarla, y no se habrá configurado la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del CT. RÉGIMEN DE INCENTIVOS • PAGOS PARCIALES EN EL ACOGIMIENTO INFORME Nº 204-2007-SUNAT/2B0000 /7.11.2007 La consulta estuvo referida al cálculo de los intereses y la imputación de dichos pagos parciales en el acogimiento al régimen de incentivos regulado por el artículo 179° del CT. La Administración Tributaria respondió que el artículo 179° del CT regula el régimen de incentivos, el cual será aplicado cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos que cada uno de los tramos de rebaja exige, entre los que se encuentra la cancelación del íntegro del importe de la sanción de multa rebajada, el cual puede realizarse mediante uno o varios pagos parciales. Asimismo indica que, en caso el deudor tributario realice varios de estos pagos se imputarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31° del CT. Añade que el cálculo de los intereses correspondientes, así como la imputación de cada pago se efectuará considerando el monto de la multa que resulte de aplicar la rebaja respectiva a la sanción que corresponda según lo establecido en las Tablas de Infracciones y Sanciones del CT, debido a que el régimen de incentivos tiene como consecuencia la rebaja de la “sanción de multa” que corresponde a la infracción materia del mismo, en consecuencia, el monto que resulte de aplicar dicha rebaja es aquél respecto del cual se calculan los intereses moratorios y se efectúa la imputación de pagos respectiva. Se consultó si en el caso de créditos generados antes del vencimiento de la obligación tributaria por concepto de tributos retenidos, distintos a las retenciones y percepciones del IGV, que cumplen los requisitos establecidos en el CT y por los que no se ha efectuado pagos parciales por la deuda, se configura la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del CT si el 38 MAYO 2009
  • 37. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Reserva Tributaria y Secreto Bancario A continuación presentamos las sumillas de los principales pronunciamientos del Tribunal Constitucional, contenidos en Sentencias que resuelven procesos constitucionales (STC), referidos a los derechos fundamentales al secreto bancario y la reserva tributaria, cuyos alcances se han establecido en el numeral 5 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. te, no comportan la violación al derecho a la intimidad, en vista que constituye una finalidad legítima concordante con las funciones de la SUNAT, que estará encargada de verificar que los ingresos y egresos del contribuyente guarden relación entre sí, restringiendo el acceso de terceros a la información económica del contribuyente, que se encuentra protegida por la Reserva Tributaria, resguardándose así el derecho a la intimidad. SOBRE EL DERECHO A LA RESERVA TRIBUTARIA 1. Naturaleza STC Nº 004-2004-AI/TC / 21.09.2004 El carácter económico del derecho a la intimidad se materializa en la reserva tributaria, el mismo que busca preservar una dimensión de la vida privada de los ciudadanos, que estriba en información económica susceptible de constituir una “biografía económica” del individuo, que de no hallarse debidamente tutelada pondría en riesgo no sólo el derecho a la intimidad del individuo, sino otros bienes de igual importancia como su seguridad o su integridad. STC Nº 009-2001-AI/TC / 29.01.2002 El derecho a la reserva tributaria representa un límite a las facultades de la Administración Tributaria, que se materializa en el empleo de datos e informaciones relativas al estado económico y fiscal de los contribuyentes; y del mismo modo, constituye una garantía de reserva y confidencialidad que se manifiesta en la restricción de su uso al cumplimiento estricto de sus fines, salvo las excepciones establecidas en el último párrafo del inciso 5 del artículo 2° de la Constitución Política, las mismas que deberán adecuarse al principio de Proporcionalidad. 2. Alcance STC Nº 4168-2006-PA/TC / 24.09.2008 A efectos de establecer la existencia de desbalance patrimonial, los requerimientos efectuados por la Administración Tributaria que tengan por objeto la exhibición y/o presentación de información relativa a gastos personales que impliquen, a su vez, la identificación de cada uno de los cargos o egresos de las cuentas bancarias del contribuyen- STC Nº 004-2004-AI/TC / 21.09.2004 El radio de protección del derecho a la intimidad no se limita exclusivamente a la conservación estática de la información en el dominio del titular del derecho. Hace referencia, también, a la subsistencia de un ámbito objetivo de reserva, que sea ajeno a la esfera de dominio del titular debido a la transferencia de la información relevante a entidades estatales, a efectos de que sean útiles a los valores supremos en el orden constitucional, con las limitaciones de reserva al dominio de terceros, y dentro de los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad. STC Nº 009-2001-AI/TC / 29.01.2002 No acarrea la violación al derecho a la reserva tributaria, el que una entidad distinta de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), en este caso la Dirección de Turismo del Ministerio de Industrias, en ejercicio de la función de fiscalización de las obligaciones tributarias, que ha sido debidamente delegada por ley, requiera la presentación de documentación e información necesaria para el cumplimiento de sus fines, si es que esa función es ejercida de conformidad con el inciso 3 del artículo 85° del Código Tributario. 3. Elementos Procesales STC Nº 605-2007-PC/TC / 09.11.2007 En atención a lo señalado en el inciso 20 del artículo 2° de la MAYO 2009 39
  • 38. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Constitución Política, en el caso de peticiones de información, el proceso de Cumplimiento sólo procede cuando no ha mediado pronunciamiento alguno de la Administración Tributaria. En ese sentido, en el caso que la Administración hubiese denegado el pedido debido a que la información solicitada (en este caso información sobre los beneficios que han originado las deudas sometidas al castigo del recurrente, a favor de determinados bancos) se encuentra protegida por la reserva tributaria, se tiene por cumplida la obligación contenida en el citado artículo 2° de la Constitución Política. A su vez, es claro que el proceso de Cumplimiento deja de ser el medio procesal adecuado para tutelar los derechos del contribuyente cuando este procura el acceso a información que le ha sido denegada, dado que el derecho constitucional presuntamente violado, de ser el caso, sería el derecho a la información cuyo medio procesal idóneo de defensa es el proceso de Hábeas Data, en virtud del artículo 70° del Código Procesal Constitucional, que establece la improcedencia del proceso de cumplimiento en la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus. ble aflicción psicológica en el individuo, lo que difícilmente podría ser ocasionado en base al componente económico del derecho, (ii) la inclusión de la privacidad económica en el área del contenido esencial del derecho precitado, acarrearía la imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de delitos económicos, y, (iii) el constituyente al regular el derecho al secreto bancario en un apartado específico de la Constitución Política (segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2°) ha reconocido expresamente la posibilidad de limitar el derecho. STC Nº 004-2004-AI/TC / 21.09.2004 El carácter económico del derecho a la intimidad se materializa en el secreto bancario, el mismo que busca preservar una dimensión de la vida privada de los ciudadanos, que estriba en información económica susceptible de constituir una “biografía económica” del individuo, que de no hallarse debidamente tutelada pondría en riesgo no sólo el derecho a la intimidad del individuo, sino otros bienes de igual importancia como su seguridad o su integridad. STC Nº 1219-2003-HD / 21.01.2004 SOBRE EL DERECHO AL SECRETO BANCARIO 1. Naturaleza STC Nº 1170-2005-HD/TC / 01.04.2005 El régimen del secreto bancario se encarga de tutelar, por medio de la reserva y confidencialidad, la información relativa a la esfera privada de las personas naturales y personas jurídicas de derecho privado. En ese sentido, la información bancaria se encuentra sujeta parcialmente al régimen de secreto, dado que existe una cuota de la misma que escapa a la órbita de su influencia y por tanto es susceptible de transmisión. Asimismo, no es susceptible de entrega la información requerida con anterioridad al levantamiento de secreto bancario, referida a determinadas operaciones bancarias realizadas por terceros, que no tenga la calidad de información pública, ni se constituya en información bancaria genérica pasible de transmisión a terceros. STC Nº 004-2004-AI/TC / 21.09.2004 El secreto bancario, en tanto se refiere al ámbito de privacidad económica del individuo, no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad personal reconocido por el inciso 7 del artículo 2° de la Constitución Política, por tres razones esenciales: (i) El derecho a la intimidad personal se refiere a aquella información que de ser develada públicamente, implicaría un grado de excesiva e irrepara40 En el secreto bancario, que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, cuya titularidad recae sobre el individuo o persona jurídica de derecho privado que realiza operaciones bancarias o financieras, la regla tratándose de la vida privada, es la confidencialidad o el secreto, y la excepción, sometida a un control intenso del test de proporcionalidad, se encuentra constituida por la publicidad. En el extremo diametralmente opuesto se sitúa la información pública, la misma que tiene por regla la publicidad y la transparencia de la información, y que tiene por excepción al secreto. 2. Alcance STC Nº 2095-2005-PA/TC / 19.05.2005 La retención de los ahorros del contribuyente depositados en una entidad bancaria, por efecto de la ejecución de la medida cautelar de embargo ante el incumplimiento de obligaciones tributarias, no se configura como la violación del secreto bancario del contribuyente, en tanto se trata de la ejecución de una medida coercitiva, ajena a la invasión de la esfera relativa a la intimidad económica del individuo. STC Nº 004-2004-AI/TC / 21.09.2004 Las afectaciones del secreto bancario que se encuentran proscritas constitucionalmente serán las que tengan el propósito de quebrar la esfera íntima del individuo, que no es el caso de aquellas actuaciones signadas por fines constitucionalmente legítimos como el seguimiento de la actividad MAYO 2009
  • 39. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL impositiva a cargo de la Administración Tributaria, que tiene por objeto fiscalizar y garantizar el principio de Solidaridad Contributiva que le es funcionalmente inherente. información concerniente a su actuación administrativa, pues esta constituye información pública, objeto del derecho de acceso a la información en tanto que es de interés general. STC Nº 004-2004-AI/TC / 21.09.2004 STC Nº 7440-2005-PHD/TC / 07.12.2005 El último párrafo del artículo 17° de la Ley Nº 28194 (Ley del ITF), que obliga a las instituciones financieras a proporcionar información originada de operaciones exoneradas al ITF sin la mediación de requerimiento judicial o de la Fiscalía de la Nación o de la Comisión Investigadora del Congreso, rompe el nexo lógico que asiste la intervención de la Administración Tributaria, que es la existencia de una operación gravada; afectando el subprincipio de necesidad correspondiente al test de proporcionalidad, y generando que la administración de información protegida por el secreto bancario a cargo de la Administración Tributaria sea ilimitada. En consecuencia, el último párrafo del artículo precitado es inconstitucional, por afectar los principios de Razonabilidad y Proporcionalidad. Respecto de las entidades estatales, no las libera de cumplimiento el que la información solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no pueda ser proporcionada porque no se encuentra en poder o dominio de la entidad, en virtud de la entrega anticipada a un tercero; puesto que resulta razonable entender que una copia de la información requerida obre en sus archivos por tratarse de información que, por su propia naturaleza y las funciones que cumple, tiene el deber de conservarse. Del mismo modo, a la ausencia física del documento, este puede solicitarse, o en su defecto, la entidad puede ordenar su entrega. STC Nº 1219-2003-HD / 21.01.2004 No son titulares del derecho a la intimidad bancaria y financiera, la SBS, ni las entidades, bancos o entes financieros, con los que el individuo o persona jurídica titular del derecho suscribe distintos actos jurídicos. STC Nº 1219-2003-HD / 21.01.2004 No libera de responsabilidad y cumplimiento a la entidad estatal, el hecho que el pedido de acceso a la información pública sea demasiado general o que no especifique concretamente el tipo de información a suministrar. En tal sentido, el rechazo en conjunto de la totalidad de la información solicitada que no haya sido especificada es irrazonable. SOBRE OTROS ASPECTOS VINCULADOS STC Nº 644-2004-HD/TC / 17.10.2005 Si bien es cierto que existen determinadas informaciones que tiene un carácter restringido y estrictamente privado (bajo los supuestos del secreto bancario y la reserva tributaria, por ejemplo), no toda información derivada de un particular se encuentra tutelada y protegida de acceso respecto del dominio de terceros. Con la excepción de la seguridad nacional y el derecho a la intimidad, y en atención al artículo 2° de la Constitución Política, la prohibición de la Ley respecto de un eventual acecho informativo sólo puede encontrarse referido a informaciones razonablemente susceptibles de protección por la garantía de reserva. En tal sentido, no es razonable que determinada información que algunas entidades privadas proporcionen a la Administración Tributaria a efectos de cumplir con requisitos que esta impone, tengan la calidad de documentos de reserva, dado que una vez incorporados a la esfera administrativa, se irrogan el carácter de información pública de libre acceso de quienes –conforme con los requisitos de la ley–, lo soliciten. STC Nº 4168-2006-PA/TC / 24.09.2008 Constituye una afectación al derecho a la intimidad, el que la Administración Tributaria a efectos de establecer un desbalance patrimonial solicite sin motivación pertinente, que el contribuyente identifique a la persona con la que realizó viajes al extranjero, dado que la medida precitada no aporta datos significativos a fin de determinar el desbalance patrimonial, ni resulta siendo idónea como finalidad de relevancia tributaria. STC Nº 390-2007-PHD/TC / 20.12.2007 La empresa privada que realiza la prestación de servicios públicos se encuentra obligada a brindar la totalidad de la MAYO 2009 41
  • 40. JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL Acumulación de Pretensiones en el Contencioso Administrativo Tributario El requisito de conexidad vinculado a los actos administrativos derivados de la negación del acogimiento a un beneficio tributario SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL CASACIÓN Nº: 474-2008 PROCENDENCIA: LIMA INTERESADO: AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. Lima, trece de mayo del dos mil ocho LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo, vista la causa en la fecha señalada con los señores Vocales Rodríguez Mendoza, Gazzolo Villata, Pachas Ávalos, Ferreira Vildozola y Salas Medina; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento veintiséis por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, contra la resolución de vista de fojas ciento trece, su fecha veinticuatro de setiembre del dos mil siete, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que confirma el auto apelado de fojas cincuentinueve, su fecha veinticinco de julio del dos mil seis, que declaró improcedente la demanda interpuesta por la impugnante contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT y otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha treintiuno de marzo del dos mil ocho, ha de- 42 clarado procedente el recurso de casación respecto a la causal contenida en el inciso 3 del artículo 386° del Código Procesal Civil, referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, sosteniéndose que en la resolución de vista no existe coherencia, pues el fallo no encuentra un sustento en los considerandos como lo garantiza el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Estado, ya que no basta la sola mención de argumentos y normas, sino que debe ser entendible a las partes, por lo que debe haber congruencia lógica; que en la impugnada se indica que su acumulación carece de la conexidad de los artículos 6° inciso 4 de la Ley número 27584 y 84° del Código Procesal Civil, pero no se hace el menor análisis al respecto, señalándose sólo que se trata de actos independientes entre sí en los que no hay vinculación afín, cuando la real interpretación es que la conexidad significa el nexo o enlace entre dos o más elementos de las pretensiones, como son los sujetos, el objeto y la causa, existiendo más de un elemento para determinar la conexidad; que así su demanda acumula pretensiones respecto de resoluciones del Tribunal Fiscal, con lo cual se trata de un solo actor y un solo demandado, mientras que hay una pretensión principal y otras accesorias, todas las que son de competencia de un mismo Juez y no son contrarias entre sí; además, de ser tramitables en una misma vía y existir conexidad entre ellas por referirse tener elementos comunes en la causa de pedir, pues de declararse fundada su demanda principal deberán acogerse también las accesorias; sin embargo la Sala no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos de su apelación, ni aplica los principios del artículo 2° de la Ley número 27584 para preferir dar trá- MAYO 2009 mite a su demanda, lo que afecta su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. CONSIDERANDO: Primero.- Que el debido proceso está dirigido a asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, otorgándole a toda persona la posibilidad de recurrir a la Justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal en que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro del plazo establecido por Ley. Segundo.- Que, la contravención al debido proceso, entendida como aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo colocan en situación de ser declarado judicialmente inválido es sancionada ordinariamente con la Nulidad procesal. Tercero.- Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, asimismo en su artículo 50° inciso 4 establece que son deberes del juez entre otros, decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. De otro lado se tiene que el artículo 6° de la Ley número 27584 –Ley que regula el proceso contencioso administrativo– establece que la acumulación de pretensiones procede siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional; 2) No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alter-
  • 41. JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL nativa; 3) Sean tramitables en una misma vía procedimental; y, 4) Exista conexidad entre ellas por referirse al mismo objeto, o tengan el mismo título, o tengan elementos comunes en la causa de pedir. Cuarto.- Que, del escrito de fojas veintisiete se aprecia que la Empresa Agroindustrial San Jacinto Sociedad Anónima Abierta interpone demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT; con la finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal número 01206-5-2006 de fecha ocho de marzo del dos mil seis, que confirma la Resolución de Intendencia número 011024-0000002/SUNAT, de fecha tres de junio del dos mil cinco, la misma que declaró improcedente la solicitud de acogimiento al beneficio de la Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera –Ley número 28027–, consistente en la capitalización de su deuda tributaria; y accesoriamente postula siete pretensiones de nulidad de igual número de Resoluciones del mismo Tribunal Fiscal que confirman las Resoluciones de Intendencia que a su vez declaran inadmisibles los recursos de reclamación interpuestos contra diversas resoluciones de determinación y de multa por diversos tributos, los mismos que a decir de la demandante no debería de pagar si se acoge al indicado beneficio. Quinto.- Que, de la resolución de pri- mera instancia como de la recurrida, que la confirma, se advierte que la autoridad jurisdiccional en la etapa de Postulación del Proceso, al calificar las pretensiones incoadas han declarado improcedente la demanda, expresando entre sus considerandos que las pretensiones demandadas carecen del requisito de conexidad ya que se trata de actos independientes entre sí en los que no se halla ninguna vinculación. Sexto.- Que, estando a lo expuesto en las pretensiones demandadas se tiene que las instancias de mérito no han calificado debidamente la demanda incoada, pues del petitorio de la misma se aprecia que la pretensión principal guarda conexidad con las pretensiones accesorias demandadas, por cuanto tienen elementos comunes en la causa de pedir, siendo así se tiene que la acumulación planteada en la demanda satisface las exigencias contenidas en el artículo 6° de la Ley número 27584 para admitirla a trámite; Por lo tanto al haberse desestimado la demanda liminarmente, se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, incurriéndose con ello en vicio insubsanable que conlleva a nulidad de conformidad con el artículo 171° del Código Procesal Civil, configurándose de este modo el error en el procedimiento denunciado por la impugnante; en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396° inciso 2 acápite 2.3 del Código Procesal Civil: COMENTARIO: En esta oportunidad es materia de comentario la sentencia de Casación Nº 474-2008 (en adelante “la Sentencia”), expedida el 13 de mayo de 2008 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se declaró fundado el recurso de casación presentado por el contribuyente, al considerarse que las instancias de mérito no habían calificado debidamente la demanda presentada y, en cambio, se concluye finalmente que, en el caso materia de controversia, sí se había cumplido con el requisito de conexidad que exige la acumulación de pretensiones a que se refiere la Ley del Proceso Contencioso Administrativo (LPCA). I. LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Como se recordará, la LPCA ha recogido distintos tipos de pretensiones, las cuales puede ser formuladas conjuntamente siempre que se cumplan determinados requisitos, lo que es de- DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento veintiséis por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas ciento trece, su fecha veinticuatro de setiembre del dos mil siete e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fojas cincuentinueve, su fecha veinticinco de julio del dos mil seis; y DISPUSIERON que la Segunda Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, expida nueva resolución siguiendo los lineamientos de la presente resolución; en los seguidos por Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anónima Abierta contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT y otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; Ponente Gazzolo Villata; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA GAZZOLO VILLATA PACHAS ÁVALOS FERREIRA VILDOZOLA SALAS MEDINA nominado en la teoría general del proceso como una acumulación objetiva de pretensiones. Cabe señalar que las pretensiones más utilizadas en materia tributaria, y no por ello las más garantistas (como sí lo es la de plena jurisdicción), es la del control de legalidad, nulidad o invalidez de la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF). En vista que la LPCA no ha regulado los tipos de acumulación de pretensiones, se podría sostener que corresponde aplicar supletoriamente el primer párrafo del artículo 87° del Código Procesal Civil (CPC), cuando establece que “(l)a acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás”. La posibilidad de utilizar otras modalidades de acumulaciones de pretensiones (adicionales a la subordinada, alternativa o accesoria) ha merecido un desarrollo jurisprudencial que ha sido criticado por administrativistas; en MAYO 2009 43
  • 42. JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL cambio, los procesalistas han aceptado que ello se desprende de los reales alcances de la forma en que se trata este tema en la LPCA. En la Sentencia se indica que había una pretensión principal y siete accesorias, ambas enfocadas en la nulidad de las RTF. Bajo este planteamiento, si se amparaba la pretensión principal, la misma suerte debían correr las otras siete. Ahora bien, la primera y segunda instancia del Poder Judicial coincidieron en declarar improcedente la demanda, expresando en los considerandos de sus respectivas sentencias que las pretensiones demandadas carecían del requisito de conexidad, por considerar que se trataban de actos independientes entre sí en los que no se hallaba ninguna vinculación. En buena cuenta, se sostenía que las RTF, al no tener relación entre ellas, no podían ser cuestionadas de manera conjunta. Todo indica que el contribuyente pretendía con su demanda que se declare la nulidad de la RTF Nº 1206-5-2006 del 8 de marzo de 2006, que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 011-024-0000002/SUNAT, la misma que declaró improcedente la solicitud de acogimiento al beneficio de la Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera –Ley Nº 28027–, consistente en la capitalización de su deuda tributaria; y accesoriamente postuló siete pretensiones de nulidad de igual número de RTF que confirmaron las Resoluciones de Intendencia que a su vez declararon inadmisibles los recursos de reclamación interpuestos contra varias Resoluciones de Determinación y de Multa por diversos tributos, los mismos que, a decir de la demandante, no debería de pagar si se aceptaba el acogimiento al mencionado beneficio tributario. No se ha indicado los números de las siete RTF que fueron materia de la pretensión accesoria del demandante. Cabe señalar que en la citada RTF Nº 1206-5-2006 se señaló que “… la recurrente incumple el requisito de no haber transferido más del 50% de las acciones representativas del capital social pues, tal como se ha indicado, al menos el 57% de sus acciones fueron transferidas a inversionistas privados, en tal sentido, siendo que no puede considerársele dentro del beneficio de capitalización de deudas, la resolución apelada se encuentra arreglada a ley”. Antes de la vigencia del Dec. Leg. Nº 1067, publicado el 28 de junio de 2008, el texto del artículo 6° de la LPCA estaba redactado en el sentido que la acumulación de pretensiones “procede siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional; 2. No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa; 3. Sean tramitables en una misma vía procedimental; y, 4. Exista conexidad entre ellas por referirse al mismo objeto, o tengan el mismo título, o tengan elementos comunes en la causa de pedir”(1). Bajo los alcances de esta norma, en el caso analizado se determina que las instancias de mérito no han calificado debidamente la demanda incoada, pues del petitorio de la misma se aprecia que la pretensión principal guarda conexidad con las pretensiones accesorias demandadas, por cuanto tienen elementos comunes en la causa de pedir. Para la Corte Suprema, la acumulación planteada en la demanda sí satisface las exigencias contenidas en el artículo 6° de la LPCA para admitirla a trámite. Se puede ver que en la Sentencia no hay un mayor desarrollo sobre los “elementos comunes en la causa de pedir” que hicieron concluir que sí existía conexión entre las RTF. Al parecer se habría realizado un examen de logicidad en44 tre los actos administrativos cuestionados a partir del petitorio (que es el núcleo de la pretensión), en el sentido que el reconocimiento del acogimiento a los beneficios tributarios de la Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera podría derivar no sólo en la declaración de nulidad de la RTF Nº 12065-2008, que era parte de la pretensión principal, sino también de la nulidad de las otras RTF que eran parte de la pretensión accesoria. Así, los elementos comunes del petitorio definieron la procedencia de la demanda. Hubiera sido conveniente, adicionalmente, que la Corte Suprema fundamente su fallo expresando el reconocimiento del carácter abstracto del derecho constitucional de acción y el principio de favorecimiento del proceso recogido en numeral 3 del artículo 2° de la LPCA(2) . II. LA CONTRAVENCIÓN AL DEBIDO PROCESO COMO CAUSAL DE CASACIÓN Adicionalmente es pertinente destacar de la Sentencia que el recurso objeto del proceso fue procedente sobre la base de la causal contenida en el inciso 3 del artículo 386° del CPC, referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso. En ese marco se indica que el debido proceso está dirigido a asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, otorgándole a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal en que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro del plazo establecido por Ley. Para la Corte Suprema, la contravención al debido proceso (entendida como aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado por la carencia de algunos de los elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo colocan en situación de ser declarado judicialmente inválido) es sancionada ordinariamente con la nulidad procesal. Se agrega que el artículo I del Título Preliminar del CPC señala que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. En el caso se concluye que al haberse desestimado la demanda liminarmente se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y se ha incurrido con ello en vicio insubsanable que conlleva a nulidad de conformidad con el artículo 171° del CPC, configurándose de este modo el error en el procedimiento denunciado por la impugnante. Conforme a ello, se declara fundado el recurso de casación interpuesto; y, en consecuencia, nula la resolución de vista e insubsistente la resolución apelada. Además, se dispuso que la Segunda Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativa respectiva expida una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la Sentencia materia de comentario. –––– (1) Con la modificación del Dec. Leg. Nº 1067, ahora este numeral está redactado de la siguiente manera: “(e)xista conexidad entre ellas, por referirse a la misma actuación impugnable o se sustenten en los mismos hechos, o tengan elementos comunes en la causa de pedir”, y aparece en el artículo 7° del TUO de la LPCA, aprobado por D. S. Nº 013-2008-JUS, publicado el 29 de agosto de 2008. (2) Sobre este principio ver “La afectación del principio de congruencia procesal: Tratándose de la pretensión de nulidad y control difuso en el proceso contencioso administrativo”. EN: Revista Análisis Tributario, Nº 243, abril de 2008, AELE, pág. 44. MAYO 2009
  • 43. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Devolución del Saldo a Favor del Exportador Aspectos controvertidos sobre los plazos, las garantías y las fiscalizaciones RTF Nº: EXPEDIENTE Nº: INTERESADO: ASUNTO: PROCEDENCIA: FECHA: 8743-7-2008 6031-2008 (...) Queja Lima Lima, 17 de julio de 2008 VISTA la queja presentada por (…) contra la Intendencia Regional Lima de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria por actuaciones que infringen el procedimiento legalmente establecido. CONSIDERANDO: Que la quejosa sostiene lo siguiente: 1. El 25 de julio, 15 de agosto y 4 de octubre de 2007 solicitó a la Administración Tributaria la devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio de los períodos de junio a agosto de 2007 (Formulario Nº 4949, signados con Nº de Orden 02483910, 02483911 y 02260558), siendo dichos importes garantizados mediante las Cartas Fianzas Nº 00035069, Nº 00035281 y Nº 00035757, respectivamente. 2. Como consecuencia de dichas solicitudes, la Administración Tributaria le inició un procedimiento de verificación de obligaciones tributarias que tiene el carácter de una fiscalización especial regulada por el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la procedencia de la devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio. 3. Mediante los Requerimientos Nº 0222080000041 y Nº 0222080001245, la Administración Tributaria le solicitó la extensiones de las Cartas Fianzas Nº 00035281 y Nº 00036393 que garantizaron la devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio de los periodos de julio y agosto de 2007, por lo que mediante la Carta Fianza Nº 0011-0108-98000005625-83 emitida por el Banco Continental, por un monto ascendente a S/. 420 000,00, se garantizaron las devoluciones del Saldo a Favor Materia del Beneficio de los períodos de julio y agosto de 2007. 4. El 28 de abril de 2008 la Administración Tributaria le notificó el Requerimiento Nº 0222080002890 mediante el cual le solicitó la extensión de la Carta Fianza Nº 0011-0108-9800005625-83, referida a las solicitudes de devolución de los meses de julio y agosto de 2007, hasta el 6 de junio de 2008. 5. La Administración Tributaria no le ha requerido nuevamente la extensión de la garantía otorgada por el período de junio de 2007, por lo que al encontrarse dicho procedimiento concluido, la Administración Tributaria ya no debería solicitarle la revisión de los períodos de enero de 2006 a junio de 2007; no obstante, esta no ha emitido documento alguno que indicara el cierre de dicha revisión pese a que el plazo legal ha transcurrido. Asimismo, con relación a los períodos de julio y agosto de 2007, la Administración Tributaria continúa efectuando las revisiones de los períodos materia de devolución pese a que ha transcurrido en exceso el plazo de 6 meses a que se refiere el Reglamento de Notas del Crédito. 6. En el caso que la Administración Tributaria le haya iniciado un procedimiento de fiscalización regulado por el artículo 62° del Códi- go Tributario, la Administración deberá abstenerse de solicitarle la extensión de cartas fianzas, pues dicho procedimiento se encuentra exento de la obligación de presentar tales garantías. 7. Con relación a la extensión de la Carta Fianza Nº 0011-01089800005625-83, referida a las solicitudes de devolución de los meses de julio y agosto de 2007, la Administración Tributaria procedió a su entrega, siendo que el 6 de mayo de 2008 procedió a remitirla al Banco Continental, quedando cancelado dicho documento, por lo que la Administración Tributaria deberá abstenerse de solicitar la extensión de la mencionada garantía pues ello implicaría la emisión de una nueva carta fianza y no una renovación. 8. Las solicitudes de extensión de las cartas fianzas materia de autos no se encuentran motivadas ya que solo hacen referencia a los artículos 13° y 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. Que mediante escrito ampliatorio presentado con fecha 1 de julio de 2008 la quejosa señala que cuestiona que la Administración, mediante la Carta Nº 180-2008-SUNAT/2I0304, le haya denegado su solicitud de prórroga del plazo otorgado para cumplir con lo solicitado mediante el Requerimiento Nº 0222080002890 del 12 de mayo de 2008; asimismo, mediante escrito presentado con fecha 16 de julio de 2008 reitera que de acuerdo con el reglamento de Notas de Crédito Negociables no está obligada a renovar las cartas fianzas emitidas. Que de conformidad con el artículo 155° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, el recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho cuerpo legal. Que mediante el Proveído Nº 1317-7-2008 del 27 de mayo de 2008 se solicitó a la Administración que informara sobre los hechos que motivan la queja y en especial acerca del procedimiento seguido para la atención de las solicitudes de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio, presentadas por la quejosa (Formulario Nº 4949, signados con Nº de Orden 02483910, Nº 02483911 y Nº 02260558), debiendo adjuntar copia certificada de las Cartas Nº 07002321159001 SUNAT y Nº 070023211590-02 SUNAT, los Requerimientos Nº 0222080000041, Nº 0222080001245 y Nº 0222080002890 y las Resoluciones de Intendencia Nº 024-018-0270525/SUNAT y Nº 024018-0290968/SUNAT, así como de cualquier otro documento que sustentara el informe solicitado. Que en cumplimiento al citado proveído, mediante los Oficios Nº 989-2008-SUNAT/2I0400 y 1062-2008-SUNAT/2I0400, la Administración Tributaria remitió dos Informes Técnicos emitidos por la División de Auditoría Intendencia Regional Lima 2008 (folios 71 a 76, 91 y 92) y adjuntó diversa documentación. Que en los anotados Informes Técnicos la Administración Tributaria señala que mediante las Solicitudes de Devolución (Formulario Nº 4949) signadas con Nº de Orden 02483910, 02483911 y 02260558, presentadas el 25 de julio, 15 de agosto y 4 de octubre de 2007, la quejosa solicitó la devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio de los períodos de junio a agosto de 2007 (folios 7 a 12), garantizando dichas devoluciones mediante los siguientes documentos: MAYO 2009 45
  • 44. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Tipo de Documento Entidad Emisora Nº de documento Monto S/. Fecha de Emisión Fecha de Período Expiraobjeto de ción devolución Carta Fianza Banco Interbank 00035069 160 000,00 25.07.2007 23.08.2007 Junio 2007 Carta Fianza Banco Interbank 00035281 200 000,00 15.08.2007 13.09.2007 Julio 2007 Carta Fianza Banco Interbank 00035757 220 000,00 04.10.2007 02.11.2007 Agosto 2007 Que respecto de la primera solicitud de devolución, relativa al mes de junio de 2007, señala que dicha solicitud fue objeto de una verificación que se realizó del 1 de agosto de 2007 al 2 de agosto del mismo año, emitiéndose la Resolución de Intendencia Nº 0240180259296 del 1 de agosto de 2007, notificada el 6 de agosto de 2007, mediante la cual se autorizó la devolución solicitada mediante la emisión de un cheque. Que en cuanto a la segunda solicitud de devolución, concerniente al mes de julio de 2007, señala que si bien fue programada dicha solicitud a efecto de ser verificada, también lo es que con fecha 24 de agosto de 2007 tal verificación no se realizó debido a que la recurrente era objeto de un procedimiento de fiscalización por los periodos de enero de 2005 a diciembre de 2005 respecto de la cual se había observado indicios de evasión en la cadena de comercialización con sus proveedores. Al respecto, señala que con fecha 6 de setiembre de 2007 se programó una auditoría a la quejosa por los períodos de enero de 2006 a julio de 2007, el cual incluye el período de julio de 2007 correspondiente a la Solicitud de Devolución (Formulario Nº 4949) signada con Nº de Orden 02483911. Que en lo que concierne a las segunda y tercera solicitudes de devolución, relativas a los meses de julio y agosto de 2007, indica que se emitieron las Resoluciones de Intendencia Nº 024-018-0270525 del 27 de setiembre de 2007 y Nº 024-018-0270968 del 10 de diciembre de 2007, autorizándose las devoluciones solicitadas. Que asimismo, menciona que mediante la Carta de Presentación Nº 070023211590-01-SUNAT y el Requerimiento Nº 0221070002093, notificados el 10 de setiembre de 2007, se inició un procedimiento de fiscalización a la recurrente, referido al Impuesto General a las Ventas de los períodos de enero de 2006 a julio de 2007, solicitándole diversa documentación para el 17 de setiembre de 2007, siendo posteriormente ampliado hasta el período de agosto de 2007 conforme con lo dispuesto por los artículos 62° y 87° del Código Tributario. Que alega que la quejosa no cumplió con exhibir la documentación solicitada mediante el Requerimiento Nº 0221070002093, siendo recién presentada por ella en atención al Requerimiento Nº 0222070005497, notificado el 25 de setiembre de 2007. Asimismo, agrega que mediante el Requerimiento Nº 0222070005498, notificado el 25 de setiembre de 2007, solicitó la exhibición de los comprobantes de pago de ventas y compras, estados de cuentas corrientes, entre otros documentos, siendo que la quejosa presentó una solicitud tramitada en el Expediente Nº 000-TI0003-2007-200246-2 en la que pide una prórroga de 20 días, la cual le fue concedida hasta el 10 de octubre de 2007, considerando que dicha fiscalización fue iniciada en virtud del artículo 62° del Código Tributario y que no fue de aplicación el artículo 10° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, el cual indica que el solicitante deberá poner a disposición de la SUNAT en forma inmediata la documentación y registros contables correspondientes, caso contrario la solicitud será denegada. Que agrega que mediante los Requerimientos Nº 0222070005499 y Nº 0222070006682, notificadas el 25 de setiembre de 2007 y 8 de noviembre de 2007, respectivamente, le informó a la quejosa sobre aquellos proveedores respecto de los cuales se realizaron observaciones, comunicándole además la extensión en 6 meses del plazo para resolver las solicitudes de devolución. Asimismo, añade que mediante el Requerimiento Nº 0222070007071, notificado el 22 de noviembre de 2007, se comunicó a la quejosa que existían indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de bienes exportados y, que en atención al artículo 13° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables se le podía pedir hasta por 12 meses la extensión de la garantía otorgada. 46 Que precisa que resolvió las solicitudes materia de autos devolviendo a la quejosa los Saldos a Favor Materia del Beneficio correspondientes a los períodos de julio y agosto de 2007, por el monto de S/. 220 000,00 y 220 000, 00, mediante las Resoluciones de Intendencia Nº 024-018-0270525 y Nº 024-018-0290968, notificadas el 1 de octubre de 2007 y 12 de diciembre de 2007, dentro del plazo de 6 meses indicado por el artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. Que indica que el último párrafo del artículo 13° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables es general y no indica que la extensión hasta por 12 meses del plazo de vigencia de las garantías se refiera únicamente a las verificaciones o fiscalizaciones iniciadas en virtud del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, por lo que también es aplicable a las fiscalizaciones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el artículo 62° del Código Tributario. Que en el presente caso corresponde determinar si el procedimiento de fiscalización seguido respecto de las Solicitudes del Saldo a Favor Materia del Beneficio por los meses de junio a agosto de 2007 se ha efectuado conforme a ley(1). Que de los documentos que obran en autos se tiene que mediante las Solicitudes de Devolución (Formulario Nº 4949) signadas con Nº de Orden 02483910, 02483911 y 02260558, presentadas el 25 de julio, 15 de agosto y 4 de octubre de 2007, respectivamente, la quejosa solicitó la devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio de los períodos de junio a agosto de 2007 (folios 7 a 12), garantizando dichas devoluciones mediante los siguientes documentos: Tipo de Documento Entidad Emisora Nº de documento Monto S/. Fecha de Emisión Fecha de Período Expiraobjeto de ción devolución Carta Fianza Banco Interbank 00035069 160 000,00 25.07.2007 23.08.2007 Junio 2007 Carta Fianza Banco Interbank 00035281 200 000,00 15.08.2007 13.09.2007 Julio 2007 Carta Fianza Banco Interbank 00035757 220 000,00 04.10.2007 02.11.2007 Agosto 2007 Que cabe precisar que las Cartas Fianzas Nº 00035281 y Nº 00035757 fueron extendidas conforme lo siguiente: Nº de documento Fecha de Expiración Período objeto de devolución Tipo de Documento Entidad Emisora Carta Fianza Banco Interbank 00035281(2) 200 000,00 19.09.2007 11.01.2008 Julio 2007 Carta Fianza Carta Banco Interbank Banco 00036393(3) 220 000,00 02.11.2007 01.03.2008 Agosto 2007 Fianza Continental Monto S/. Fecha de Emisión 0011-0108- 420 000,00 02.04.2008 02.05.2008 Julio y Agosto 98000005 625-83(4) 2007 Que el 10 de setiembre de 2007 la Administración Tributaria notificó a la quejosa la Carta Nº 0700232111590-01 SUNAT (folio 70) y el Requerimiento Nº 0221070002093(5), mediante los cuales inició el procedimiento de fiscalización relacionado al Impuesto General a las Ventas de los períodos de enero 2006 a julio del año 2007, invocando a tal efecto lo dispuesto por el artículo 62° del Código Tributario, entre otros. –––– (1) Sobre el particular, debe mencionarse que mediante la Resolución Nº 04187-3-2004, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de julio de 2004 con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, este Tribunal ha establecido que es competente para pronunciarse, en la vía de la queja, sobre la legalidad de los requerimientos que emita la Administración durante el procedimiento de fiscalización o verificación, en tanto no se hubieran notificado las resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago que, de ser el caso, correspondan, lo que no ha ocurrido en el presente caso. (2) Entregada a efectos de garantizar la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio del período de julio de 2007 (folio 39). (3) Entregada a efectos de garantizar la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio del período de agosto de 2007 (folio 37). (4) Entregada a efectos de garantizar la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio de los períodos de julio y agosto de 2007 (folio 36). (5) Conforme con lo señalado en el Informe Técnico emitido por la División de Auditoría Intendencia Regional Lima 2008. MAYO 2009
  • 45. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Que de acuerdo con lo indicado en el Informe Técnico antes mencionado, la quejosa no cumplió con lo solicitado mediante el Requerimiento Nº 0221070002093, esto es, con exhibir el 17 de setiembre de 2007 el Libro Inventario Permanente, por lo que mediante el Requerimiento Nº 0222070005498, notificado el 25 de setiembre de 2007, se le reiteró lo requerido y el pago de una multa, el cual fue cumplido por la quejosa. Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el citado informe, mediante el Requerimiento Nº 0222070005498, notificado el 25 de setiembre de 2007, la Administración Tributaria solicitó a la quejosa, entre otros documentos, la exhibición de los comprobantes de pago de ventas y de compras y los estados de cuentas corrientes, siendo que mediante escrito presentado el 26 de setiembre de 2007 la quejosa solicitó una prórroga de 20 días (Expediente Nº 000-TI0003-2007200246-2), la cual fue concedida ampliándose el plazo hasta el 10 de octubre de 2007. Que el 25 de setiembre de 2007 la Administración Tributaria notificó a la quejosa el Requerimiento Nº 0222070005499 (folios 49 a 54), referido a la fiscalización iniciada mediante el Requerimiento Nº 0221070002093, en el que se solicitó que sustentara la fehaciencia de las operaciones de compra a sus proveedores; asimismo la Administración Tributaria le comunicó que al haberse detectado en la cadena de comercialización del bien materia de exportación indicios de evasión tributaria, de conformidad con lo previsto por el artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables disponía de un plazo de 6 meses para resolver la solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio - Exportadores correspondiente al período de julio de 2007 (Formulario Nº 4949 con Nº de Orden 02483911). Que a folio 58 obra la Resolución de Intendencia Nº 024-0180270525/SUNAT del 27 de setiembre de 2007, referida a la solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio signada con Nº de Orden 02483911 (por el mes de julio 2007), mediante la cual de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, la Administración Tributaria dispuso la emisión de un cheque no negociable a la orden [de] la quejosa por un monto ascendente a S/. 200 000,00. Que mediante la Carta Nº 0700232111590-02 SUNAT, notificada el 10 de octubre de 2007, la Administración Tributaria amplió la fiscalización iniciada mediante el Requerimiento Nº 0221070002093, hasta el período de agosto de 2007 (folio 69), siendo que el 8 de noviembre de 2007 notificó a la quejosa el Requerimiento Nº 0222070006682 mediante el cual le solicitó que sustentara la fehaciencia de las operaciones de compra a sus proveedores; asimismo la Administración Tributaria le comunicó que al haberse detectado en la cadena de comercialización del bien materia de exportación los indicios de evasión tributaria señalados en el artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, dispuso de un plazo de 6 meses para resolver las solicitudes de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio - Exportadores correspondientes a los períodos de julio y agosto de 2007 (Formulario Nº 4949 con Nº de Orden 02483911 y 02260558). Que a folios 41 y 42 obra el Requerimiento Nº 022270007071, notificado el 22 de noviembre de 2007, mediante el cual le comunicó a la quejosa la extensión del plazo para resolver la solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio - Exportadores del período de Agosto de 2007 (Formulario Nº 4949 con Nº de Orden 02260558) al existir indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de bienes exportados; asimismo, dado que la Carta Fianza Nº 00035757, emitida por el Banco Interbank por el monto de S/. 220 000,00, que garantizó la solicitud de devolución del mes de agosto de 2007, había vencido, le requirió que garantice dicho monto por un plazo de 4 meses de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. Que obra a folio 57 la Resolución de Intendencia Nº 024-0180290968/SUNAT del 10 de diciembre de 2007, referida a la solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio signada con Nº de Orden 02260558 (por el mes de agosto de 2007), mediante la cual de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, la Administración Tributaria dispuso la emisión de un cheque no negociable a la orden de la quejosa por un monto ascendente a S/. 220 000,00. Que consta en autos copia del Anexo Nº 01 al Requerimiento Nº 0222080000041 (folio 67), notificado el 4 de enero de 2008, mediante el cual la Administración le indica a la quejosa que dado que está próxima a vencerse la Carta Fianza Nº 00035281, relativa a la solicitud de devolución iniciada mediante el Formulario Nº 4949 con Nº 02483911 (por el período de julio de 2007) y devuelta mediante la Resolución de Intendencia Nº 024-018-0270525/SUNAT, solicita su extensión hasta el 1 de marzo de 2008. Que asimismo, se advierten copias de los Requerimientos Nº 0222080001245 y Nº 0222080002890 (folios 1 a 3), notificados el 22 de febrero de 2008 y 29 de abril de 2009, respectivamente, mediante los cuales la Administración solicitó a la quejosa la extensión de las Cartas Fianzas Nº 00035281 y 00036993 (julio y agosto de 2007) y Nº 0011-0108-98000005625-83 (julio y agosto de 2007) hasta el 2 de mayo y 6 de junio de 2008, respectivamente. Que el artículo 39° del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo Nº 981, establece las normas aplicables a las devoluciones de tributos administrados por la SUNAT, disponiendo en su inciso a) que las devoluciones se efectuarán mediante cheques no negociables, documentos valorados denominados Notas de Crédito Negociables, giros, órdenes de pago del sistema financiero y/o abono en cuenta corriente o de ahorros. Que la misma norma señala que la devolución mediante cheques no negociables, la emisión, utilización y transferencia a terceros de las Notas de Crédito Negociables, así como el abono en cuenta corriente o de ahorros se sujetarán a las normas que se establezca por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Que el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, dispone, entre otros, que la exportación de bienes o servicios, no están afectos al Impuesto General a las Ventas. Que a su turno, el artículo 34° de la misma ley reconoce el derecho a un saldo a favor del exportador que corresponde al monto del impuesto consignado en los comprobantes de pago que sustenten las adquisiciones. Que a su vez, el numeral 3 del artículo 9° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, señala que la devolución del saldo a favor por exportación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Notas de Crédito Negociables. Que el artículo 2° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado por el Decreto Supremo Nº 126-94-EF prevé que para determinar el Saldo a Favor del Exportador los comprobantes de pago, notas de crédito y débito y las declaraciones de importación y exportación deberán ser registrados en los libros de contabilidad y en los registros de compras y ventas. Que el artículo 3° del mismo reglamento establece que del Saldo a Favor por Exportación se deducirá el Impuesto Bruto del Impuesto General a las Ventas a cargo del sujeto y de quedar un monto a su favor, éste se denominará Saldo a Favor Materia del Beneficio, agregando que de este saldo se deducirán las compensaciones efectuadas –en concordancia con el artículo 35° de la Ley del Impuesto General a las Ventas(6)– y de quedar un monto a favor del exportador, el contribuyente podrá solicitar su devolución mediante las Notas de Crédito Negociables. –––– (6) “Artículo 35°.- APLICACIÓN DEL SALDO A FAVOR El saldo a favor establecido en el artículo anterior se deducirá del Impuesto Bruto, si lo hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posible esa deducción en el período por no existir operaciones gravadas o ser estas insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. Si no tuviera Impuesto a la Renta que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o este fuera insuficiente para absorber dicho saldo, podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. (*) En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente”. (*) Párrafo sustituido por el Artículo 1° de la Ley Nº 27064 publicada el 10 de febrero de 1999. MAYO 2009 47
  • 46. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Que el artículo 12° del anotado reglamento establece que la SUNAT entregará las Notas de Crédito Negociables dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, a los exportadores que garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación, entre otros, de una carta fianza otorgada por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional, la que deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución y que la SUNAT no podrá solicitar la renovación de los referidos documentos. Que el segundo párrafo [d]el artículo 11° del reglamento bajo examen, modificado por el Decreto Supremo Nº 014-99-EF, dispone que si el solicitante de la devolución, entre otros, realiza esporádicamente operaciones de exportación, tiene deudas tributarias exigibles o hubiere presentado información inconsistente, la SUNAT podrá disponer una fiscalización especial, extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el plazo para resolver las solicitudes de devolución, bajo responsabilidad del funcionario encargado. Que el último párrafo del mismo artículo 11° indica que si se detectasen indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o extracción, o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización, la SUNAT podrá extender en seis (6) períodos el plazo para resolver las solicitudes de devolución. Que asimismo, su artículo 13° preceptúa que la SUNAT podrá requerir al solicitante la extensión hasta por doce (12) períodos del plazo de vigencia de las garantías a que se refiere dicho artículo, siempre que se presente alguno de los supuestos previstos por el último párrafo del artículo 11°. Que el inciso h) del artículo 19° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, modificado por el Decreto Supremo Nº 128-2006-EF, señala que las Notas de Crédito Negociables podrán ser redimidas en forma inmediata mediante el giro de un cheque no negociable, el que será entregado al exportador en la fecha en que hubiera sido entregada la Nota de Crédito Negociable. Que el artículo 162° del Código Tributario indica que las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles siempre que, conforme a las disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria. Que el artículo 163° del mismo código prevé que las resoluciones que resuelven las solicitudes a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior serán apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de las que resuelvan las solicitudes de devolución, las que serán reclamables, y que en caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. Que de acuerdo con lo previsto por el primer párrafo del artículo 62° del Código Tributario, sustituido por el artículo 8° de la Ley Nº 27335, la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar, y que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Que a su vez, el numeral 1 del artículo 62°-A del mismo código señala que el procedimiento de fiscalización que lleve a cabo la Administración Tributaria debe efectuarse en un plazo de un (1) año, computado a partir de la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que fuera solicitada por la Administracción Tributaria, en el primer requerimiento notificado en ejercicio de su facultad de fiscalización. De presentarse la información y/o documentación solicitada parcialmente no se tendrá por entregada hasta que se complete la misma. Que como se puede apreciar, en atención a lo previsto por los artículos 162° y 163° del Código Tributario, el plazo para resolver una solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio es de 45 días 48 hábiles, sin embargo conforme con el último párrafo del artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, esto es, si se detectasen, entre otros, indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, la SUNAT podrá extender en seis (6) meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución. Que no obstante, mediante el artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, se pretende agilizar el procedimiento de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio cuando este haya presentado las garantías suficientes, por lo que en caso aquel cumpla con los requisitos establecidos en él, la Administración debe proceder a la emisión inmediata de las Notas de Crédito Negociables correspondientes, criterio que ha sido establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 07256-4-2003 y Nº 02674-4-2004, sin perjuicio de la resolución definitiva de la solicitud de devolución a que se refiere el considerando precedente. Que si bien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables la carta fianza otorgada en garantía de la devolución de tales documentos valorados, deberá tener una vigencia de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución y que la SUNAT no podrá solicitar la renovación de los referidos documentos, no menos cierto es que el último párrafo del artículo 13° establece una excepción según la cual la SUNAT podrá requerir al solicitante la extensión hasta por doce (12) meses del plazo de vigencia de dicha carta fianza siempre que se presente alguno de los supuestos previstos por el último párrafo del artículo 11° de dicho reglamento. Que sobre el particular, debe precisarse que la garantía del monto cuya devolución se solicita es la que permite que la SUNAT entregue anticipadamente las Notas de Crédito Negociables de conformidad con lo dispuesto por el anotado artículo 12°, habiéndose atribuido a dicha Administración la facultad de requerir la extensión de dicha garantía por 12 meses si se detectasen, entre otros, indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, resultando irrelevante que para efecto de dicha extensión se “sustituya” o “renueve” la carta fianza, siempre que mediante el anotado documento se garantice la devolución realizada anticipadamente, hasta por el mencionado plazo, en tal sentido, no resulta atendible lo afirmado por la quejosa cuando asevera que la Administración ha infringido el procedimiento dado que no ha pedido la extensión sino la emisión de una nueva carta fianza. Que por otro lado, cabe precisar que si bien el artículo 17° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables señala que toda “verificación” que realiza la SUNAT en atención a una solicitud de devolución se hará sin perjuicio del derecho de practicar una fiscalización posterior, ello no restringe que la Administración inicie un procedimiento de fiscalización antes, después o paralelamente a la tramitación de una solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio en virtud del artículo 62° y siguientes del Código Tributario, siendo que el anotado artículo 17° deja a salvo que la Administración, aun cuando haya optado por realizar inicialmente solo una “verificación” con motivo de la presentación de una solicitud de devolución, pueda iniciar con posterioridad un procedimiento de fiscalización. Que sobre el particular, debe mencionarse que los artículos 62° y siguientes del Código Tributario, que atribuyen la facultad discrecional de fiscalización a la Administración –y que señalan que dicho procedimiento debe efectuarse en el plazo de un (1) año– están contenidos en una norma con rango de ley, por lo que mal podría el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, cuyo objeto es reglamentar las devoluciones solicitadas por los administrados, limitar el ejercicio de dicha facultad de la Administración. Que en tal sentido, en el caso que mediante dicha fiscalización se detectasen los supuestos de excepción previstos por el último párrafo del artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables –como es el caso de indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación– la Administración Tributaria está facultada a requerir la extensión de la carta fianza por 12 meses, no restringiéndose tal pedido MAYO 2009
  • 47. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL por el hecho que haya transcurrido el plazo de 6 meses antes anotado sin que la Administración haya emitido pronunciamiento sobre las solicitudes de devolución presentadas, no resultando amparable lo señalado por la quejosa cuando asevera lo contrario. Que en el presente caso la Administración inició un procedimiento de fiscalización a la quejosa en virtud de los artículos 62° y siguientes del Código Tributario, detectando en el mismo indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de bienes exportados referidos a algunos de sus proveedores, habiendo ampliado los plazos otorgados a la quejosa para que exhibiera la documentación solicitada(7); no apreciándose que la Administración haya aplicado lo dispuesto por el artículo 10° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, según el cual el solicitante de la devolución tiene la obligación de poner a disposición de la SUNAT en forma inmediata en su domicilio fiscal la documentación y registros correspondientes, bajo apercibimiento de darse por denegada automáticamente la solicitud de devolución. Que así, mediante los Requerimientos Nº 0222070005499 y Nº 0222070006682, notificados el 25 de setiembre de 2007 y 8 de noviembre de 2007, respectivamente, la Administración informó a la quejosa sobre aquellos proveedores respecto de los cuales se realizaron observaciones, comunicándole además la extensión en 6 meses del plazo para resolver las solicitudes de devolución; en tanto que mediante el Requerimiento Nº 0222070007071 le informó que existían indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de bienes exportados respecto de sus proveedores y como resultado de las observaciones efectuadas; invocándose a tal fin lo dispuesto por los artículos 11° y 13° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. Que por tanto, los pedidos de extensión de las cartas fianzas realizadas a la quejosa por la Administración mediante los Anexos Nº 1 de los Requerimientos Nº 022270007071, Nº 0222080000041, Nº 0222080001245 y Nº 0222080002890, notificados el 22 de noviembre de 2007, 4 de enero y 22 de febrero de 2008, así como el 29 de abril de 2008, relativos a las solicitudes de devolución de los meses de julio y agosto de 2007, se encuentran arreglados a ley, siendo que no resulta atendible lo señalado por la quejosa cuando afirma que las solicitudes de extensión de las cartas fianzas no se encontraban motivadas. Que con relación a lo señalado por la quejosa en el sentido que la Administración Tributaria no le ha requerido nuevamente la extensión de la garantía otorgada por el período de junio de 2007, y que por tanto no debería solicitarle la revisión de los períodos de enero de 2006 a junio de 2007, debe mencionarse que ello no resulta atendible dado que, como se señalara en los considerandos precedentes, la fiscalización de la Administración ha sido iniciada sobre la base de los artículos 62° y siguientes del Código Tributario, por lo que el hecho que la Administración no haya requerido la extensión de la carta fianza no implica que deba restringirse la fiscalización de los períodos en mención. Que en cuanto a lo argumentado por la quejosa, cuando asevera COMENTARIO: INTRODUCCIÓN En los últimos meses el Tribunal Fiscal (TF) se ha pronunciado en numerosas Quejas presentadas al amparo del artículo 155° del Código Tributario (CT) que tratan sobre fiscalizaciones vinculadas a procedimientos de devolución del IGV por parte de exportadores. Efectivamente, el TF asume competencia en tales casos debido a que en la Resolución de Observancia Obligatoria Nº 4187-3-2004, publicada el 4 de julio de 2004, se ha establecido que debe pronunciarse, en la vía de la queja, sobre la legalidad de los requerimientos que emita la Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización o verificación, en tanto no se hubieran notificado las que la Administración, mediante la Carta Nº 180-2008-SUNAT/2I0304, le ha denegado su solicitud de prórroga del plazo otorgado para cumplir con lo solicitado mediante el Requerimiento Nº 0222080002890 del 12 de mayo de 2008 debe indicarse que el trámite de la formulación de una queja como la de autos, no es argumento para la prórroga del plazo otorgado desde que no impide la presentación de la documentación o información solicitada por la Administración. Que por lo expuesto, procede declarar infundada la queja interpuesta respecto del procedimiento de fiscalización relativo a las Solicitudes del Saldo a Favor Materia del Beneficio por los meses de junio a agosto de 2007. Que finalmente, respecto de la falta de resolución de las solicitudes de devolución antes anotadas por parte de la Administración, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 162° y 163° del Código Tributario, en concordancia con su artículo 135°, la quejosa puede dar por denegadas dichas solicitudes e interponer recursos de reclamación ante la misma Administración, por lo que la queja en este extremo deviene en improcedente. Con las vocales Muñoz García, León Pinedo e interviniendo como ponente el vocal Moreano Valdivia. RESUELVE: Declarar INFUNDADA la queja interpuesta respecto del procedimiento de fiscalización relativo a las Solicitudes del Saldo a Favor Materia del Beneficio por los meses de junio a agosto de 2007 e IMPROCEDENTE en cuanto a la falta de resolución de dichas solicitudes. Regístrese, comuníquese y remítase a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, para sus efectos. MUÑOZ GARCÍA VOCAL PRESIDENTE LEÓN PINEDO VOCAL MOREANO VALDIVIA VOCAL Ruiz Abarca Secretaria Relatora –––– (7) Dicha ampliación de los plazos otorgados a la quejosa sería acorde con la extensión en seis meses [d]el plazo para resolver las solicitudes de devolución antes anotadas. resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago que, de ser el caso, correspondan. Como se sabe, en el Capítulo IX (De las Exportaciones) del Título I (Del Impuesto General a las Ventas) de la Ley del IGV e ISC (LIGV) se ha establecido que el monto del IGV que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un llamado “Saldo a Favor del Exportador” (SFE) conforme lo disponga su Reglamento. Así aparece contemplado en el artículo 34° de la LIGV, en el que además se indica que a fin de establecer dicho saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en los Capítulos VI (Del Crédito Fiscal) y VII (De los Ajustes al Impuesto Bruto y al Crédito Fiscal) de la misma norma. Los artículos 35° y 36° de la LIGV regulan la aplicación del SFE y la devolución del exceso del mismo, respectivamente. Cabe señalar que la posibilidad de que los exportadores puedan MAYO 2009 49
  • 48. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL recuperar el IGV de sus adquisiciones, por la vía de la compensación o devolución, podría estar fundada en las siguientes razones: – La promoción de las exportaciones como política de Estado, mediante la recuperación del IGV de la cadena económica de exportación en favor de los agentes exportadores, para que así puedan tener la oportunidad de adquirir las mejores condiciones de competir en el comercio internacional. – La incorporación de la técnica del IVA en la legislación interna, para evitar los efectos acumulativos del IGV, bajo el principio de Legalidad, estableciendo un mecanismo para dar vigencia normativa al principio de Imposición en el país de destino. Así, el artículo 33° de la LIGV establece que la exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al IGV. Ahora bien, en el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 9° del Reglamento de la LIGV, modificado por el D. S. Nº 151-2003-EF, se ha señalado que la devolución del SFE se regulará por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Esta devolución podrá efectuarse mediante cheques no negociables, notas de crédito negociables (NCN) y/o abono en cuenta corriente o de ahorros. Para determinar el SFE, los comprobantes de pago, notas de crédito y débito y las declaraciones de importación y exportación deberán ser registrados en los libros de contabilidad y en los registros de compras y ventas. Aunque en el texto vigente de la citada norma reglamentaria ya no hay una remisión expresa en el sentido que las devoluciones se regulan según el Reglamento de NCN (RNCN), se ha entendido que el mismo sigue siendo de aplicación para tal propósito. A continuación analizaremos algunos aspectos de la RTF Nº 8743-72008 (en adelante “la Resolución”), la misma que fue generada por una queja presentada contra la SUNAT en el marco de una fiscalización iniciada en virtud al artículo 62° del CT y derivada de la solicitud de devolución del SFE. I. LOS PLAZOS PARA ENTREGAR LAS NCN Y PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN En el vigente RNCN, aprobado por D. S. Nº 126-94-EF, se establece que el SFE se deducirá del Impuesto Bruto del IGV a cargo del exportador. De quedar un monto a su favor, este se denominará Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB). Asimismo se indica que del SFMB se deducirá las compensaciones efectuadas, lo cual se condice con el artículo 35° de la LIGV. De quedar un monto a favor del exportador, este podrá solicitar su devolución mediante las NCN. Para hacer efectiva la devolución del SFMB el exportador debe solicitar la emisión de NCN a la SUNAT (para lo cual deberá presentarse el Formulario 4949 y el PDB Exportadores, adecuada y oportunamente). En el primer párrafo del artículo 11° del RNCN se ha señalado que la SUNAT emitirá y entregará las NCN dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. Por su parte, el primer párrafo del artículo 12° del mismo RNCN establece que la SUNAT entregará (ya no se menciona “emitirá” como en el supuesto anterior) las NCN dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, a los exportadores que garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación de determinados documentos. Ahora bien, en el segundo párrafo del artículo 11° del RNCN se ha indicado que si el solicitante, entre otros casos, (i) realiza esporádicamente operaciones de exportación, (ii) tiene deudas tributarias exigibles o (iii) hubiere presentado información inconsistente, la SUNAT podrá disponer una fiscalización especial, extendiéndose en 15 días hábiles adicionales el plazo para resolver las solicitudes de devolución, bajo responsabilidad del funcionario encargado. Además, el tercer o último párrafo de la misma norma(1) establece que (i) si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del soli- 50 citante, o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o extracción, o (ii) si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización, la SUNAT podrá extender en 6 meses(2) el plazo para resolver las solicitudes de devolución. Se agrega que de comprobarse los hechos referidos, la SUNAT denegará la devolución solicitada, hasta por el monto cuyo abono al fisco no haya sido debidamente acreditado. Como se puede colegir de las normas citadas, bajo una interpretación literal, el plazo para entregar las NCN es de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de devolución, cuando esta no es garantizada y 1 día hábil cuando sí lo fuera; además, el plazo para resolver las solicitudes de devolución puede ser extendido en 15 días y 6 meses, según sea el caso, aunque en el citado RNCN no se señale el plazo máximo –originario– con el que cuenta la Administración Tributaria para realizar dicho acto resolutorio. La defectuosa redacción de la norma reglamentaria sobre este tema provocó desde tiempo atrás la incertidumbre respecto a si era posible entregar las NCN sin que antes la SUNAT haya resuelto la solicitud de devolución respectiva. Sobre el particular, refiriéndose al artículo 12° del RNCN, en la RTF Nº 19-3-2000 se señaló que “… cuando la Administración Tributaria emite y entrega las Notas de Crédito Negociables… no se pronuncia respecto de la procedencia de la devolución efectuada sino que únicamente cumple el mandato dispuesto en dicha norma”. Bajo tal contexto, en la Resolución se ha recurrido a lo señalado en el CT para precisar el plazo de la SUNAT para resolver las solicitudes de devolución del SFMB. En efecto, el TF señala que en atención a lo previsto por los artículos 162° y 163° del CT, “el plazo para resolver una solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio es de 45 días hábiles, sin embargo conforme con el último párrafo del artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, esto es, si se detectasen, entre otros, indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, la SUNAT podrá extender en seis (6) meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución”. El mismo criterio se consigna en la RTF Nº 12378-2-2008. Entendemos que con esta afirmación no se desconoce la facultad de la SUNAT de extender por 15 días el plazo para resolver una solicitud de devolución, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 11° del RNCN, pues esta norma también fue citada por el TF en la misma Resolución. Cabe señalar que el procedimiento Nº 17 del vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la SUNAT ha considerado la extensión de este plazo de 15 días pero no el de 6 meses. Hubiera sido interesante que el TF relacione ambos plazos. Adicionalmente en la Resolución se señala “(q)ue no obstante, mediante el artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, se pretende agilizar el procedimiento de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio cuando este haya presentado las garantías suficientes, por lo que en caso aquel cumpla con los requisitos establecidos en el, la Administración debe proceder a la emi––– (1) Si bien mediante la RTF de Observancia Obligatoria Nº 3294-2-2002, publicada el 7 de julio de 2002, se estableció que no era aplicable en algunos casos lo señalado en el tercer o último párrafo del artículo 11° del RNCN porque excedía las disposiciones de la LIGV sobre SFE, la Primera Disposición Final del Dec. Leg. Nº 950, publicado el 3 de marzo de 2004, elevó a rango de Ley el mismo texto de dicha norma, con la finalidad de contrarrestar los SFE falsos que evadían el control de la SUNAT utilizando eslabones en la cadena de comercialización de los bienes. No obstante, en la RTF Nº 2369-1-2008 puede verse un caso donde se toma en cuenta un criterio de la RTF Nº 3294-2-2002. (2) En la RTF Nº 13777-4-2008 se descartó la aplicación del criterio recogido en la RTF Nº 3294-2-2002 por el cual no podría atribuírsele indicios de evasión tributaria de terceros a un contribuyente, en razón a que tales indicios estarían referidos a hechos de la propia contribuyente y no a hechos de terceros. En la misma resolución se sostiene que los indicios de evasión tributaria de periodos anteriores al de materia de devolución deben ser tomados en cuenta, puesto que las observaciones de la SUNAT sobre la determinación del IGV podían incidir respecto del SFMB. MAYO 2009
  • 49. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL sión inmediata de las Notas de Crédito Negociables correspondientes, criterio que ha sido establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 07256-4-2003 y Nº 02674-4-2004, sin perjuicio de la resolución definitiva de la solicitud de devolución a que se refiere el considerando precedente”. Como se puede ver, el TF ratifica el criterio interpretativo de que la SUNAT debe entregar las NCN al exportador cuando su solicitud de devolución del SFMB estuviera adecuadamente garantizada, independientemente del curso regular que debe seguir la resolución definitiva de la misma. Esta forma de proceder, que suele llamársele “entrega anticipada” de NCN, está fundada en la garantía del monto cuya devolución se solicita y que nos referiremos con un mayor detalle en el siguiente punto. Ahora bien, en la RTF Nº 2369-1-2008 se llega a la misma conclusión pero con fundamentos distintos al tomar en cuenta lo señalado en la RTF Nº 3294-2-2002. Sin tener presente la Primera DF del Dec. Leg. Nº 950, se observó que “... la Administración no cumplió con efectuar la mencionada devolución, al considerar que la quejosa se encontraba dentro de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo 11° del referido reglamento, debido a que habría detectado indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización que devengarían en obligaciones tributarias compensables con los saldos a favor del exportador de periodos posteriores, como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con el criterio establecido en la citada Resolución Nº 3294-2-2002, esta norma excede los alcances de lo dispuesto en diversos artículos de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, por lo que no resulta aplicable”(3). Es pertinente señalar que en el análisis que aparece en la Resolución no se ha hecho mención a si, igualmente, la SUNAT debe entregar las NCN en el plazo de 5 días en todos los casos en que la solicitud de devolución de SFMB no está garantizada conforme a la Ley. Siguiendo la lógica del TF, y de una lectura del TUPA de la SUNAT, también correspondería hacerlo, pues es un mandato que se desprende de la literalidad del primer párrafo del artículo 11° del RNCN, independientemente de que esté pendiente la resolución definitiva que determina la procedencia de la solicitud en mención. Sin embargo, en la RTF Nº 12898-1-2008 se descarta esta hipótesis a partir de una interpretación del primer y último párrafos del artículo 11° del RNCN y la Primera DF del Dec. Leg. Nº 950. Así, se señala que la devolución del SFMB mediante la “emisión y entrega” de NCN debe efectuarse por parte de la SUNAT dentro de “los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, salvo que detecte indicios de evasión tributaria o que se hubiera abierto instrucción por delito tributario, respecto del solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización, supuestos en los cuales podrá extender en seis meses el plazo para resolver la referida solicitud”. En esta ocasión se detectaron inconsistencias en las operaciones de compra a los proveedores del exportador y, asimismo, se vincula la oportunidad de entrega de NCN con el plazo para resolver las solicitudes de devolución, al señalarse que en el caso “… se aprecia que se ha producido uno de los supuestos o causales que permiten ampliar el plazo del procedimiento de fiscalización (sic) a efecto de evaluar si procede o no la entrega de las referidas notas de crédito negociables, al haberse detectado indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de los bienes materia de exportación”. Además se enfatiza que la RTF Nº 99-5-2004 no es aplicable porque en esa vez el contribuyente otorgó carta fianza. Dicho de otra manera, para el TF, en el caso resuelto los indicios de evasión justifican la extensión del plazo para entregar las NCN. Pero la confusión aumenta con la RTF Nº 13777-4-2008, donde se señala que “… el plazo para resolver una solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio es de cinco días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución, sin embargo, conforme con el último párrafo del artículo 11° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables si se detectasen indicios de evasión tributaria por parte del solicitante –como en el presente caso– dicho plazo es extensible a seis (6) meses”. El mismo criterio aparece en la RTF Nº 13039-4-2008. Nos preguntamos si para el TF, como regla general, ¿el plazo para resolver las solicitudes de devolución de SFMB es de 45 días (basado en el CT), como se señala en la Resolución, o 5 días (basado en el RNCN) como se indica en la RTF Nº 13777-4-2008? En realidad esto revela, en primer lugar, una inconsistencia jurisprudencial del TF sobre las entregas de NCN como resultado de las solicitudes de devolución de SFMB en función a si están garantizadas o no cuando, según ya hemos visto, el RNCN no contempla tal distinción, más allá de que estemos de acuerdo o no en la conveniencia de que normativamente se deba establecer con meridiana claridad que para entregar NCN por SFMB, previamente deba haber un pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria. También se evidencia el error de no diferenciar los plazos para la entrega del NCN y resolver las solicitudes de devolución, como tampoco lo ha hecho la SUNAT en suTUPA. Por último debe mencionarse que el TF señala que la falta de resolución de las solicitudes de devolución no es amparable por la vía del remedio de la Queja, pues según los artículos 162°, 163° y 165° del CT, pueden darse por denegadas dichas solicitudes e interponer recursos de reclamación ante la misma SUNAT. ¿Este razonamiento también sería aplicable cuando no se entrega oportunamente las NCN?, ¿qué debemos entender sobre este tema de lo aparece en el TUPA de la SUNAT? II. LAS GARANTÍAS PARA ENTREGAR ANTICIPADAMENTE LAS NCN Uno de los cuestionamientos del quejoso en la Resolución estuvo referido a las facultades de la SUNAT respecto a las garantías que posibilitan la entrega anticipada de NCN, al sostenerse, entre otros argumentos, (i) que el procedimiento de fiscalización tributaria regulado por el artículo 62° del CT se encuentra exento de la obligación de presentar tales garantías, (ii) que no corresponde solicitar la extensión de las cartas fianzas pues ello implicaría la emisión de unas nuevas y que además no existe la obligación de renovar tales garantías, y (iii) que las solicitudes de extensión de las cartas fianzas no se encuentran motivadas. El primero y último de los argumentos indicados será analizado sobre todo en el siguiente punto, cuando veamos los aspectos relativos a la fiscalización. Al respecto el TF señala “(q)ue si bien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables la carta fianza otorgada en garantía de la devolución de tales documentos valorados, deberá tener una vigencia de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución y que la SUNAT no podrá solicitar la renovación de los referidos documentos, no menos cierto es que el último párrafo del artículo 13° establece una excepción según la cual la SUNAT podrá requerir al solicitante la extensión hasta por doce (12) meses del plazo de vigencia de dicha carta fianza siempre que se presente alguno de los supuestos previstos por el último párrafo del artículo 11° de dicho reglamento”. De esta manera se reconoce la facultad de la SUNAT recogida en el último párrafo del artículo 13° del RNCN, como una excepción a lo señalado en el último párrafo del artículo 12° de la misma norma, para exigir al exportador que solicita el SFMB la extensión de hasta 12 meses del plazo de vigencia de las garantías otorgadas para obtener anticipadamente las NCN, siempre y cuando (i) se detecten indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la etapa de producción o extracción, o (ii) se hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización. ––– (3) Es decir, no se considera el artículo 11° del RNCN. Si bien se ampara la queja, al indicarse que la SUNAT debió devolver el SFMB dentro del día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud; sin embargo, como al momento de resolver la queja la garantía estaba vencida, se concluye que no se cumpliría el requisito del artículo 12° del RNCN y, por tanto, a efectos de proceder a la devolución, el TF ordena que la SUNAT requiera tal garantía. MAYO 2009 51
  • 50. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL El TF descarta además el argumento por el cual se cuestionaba que la SUNAT pudiera haber exigido no una extensión de la carta fianza sino la emisión de una nueva. Así, aparece de la Resolución que “… debe precisarse que la garantía del monto cuya devolución se solicita es la que permite que la SUNAT entregue anticipadamente las Notas de Crédito Negociables de conformidad con lo dispuesto por el anotado artículo 12°, habiéndose atribuido a dicha Administración la facultad de requerir la extensión de dicha garantía por 12 meses si se detectasen, entre otros, indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, resultando irrelevante que para efecto de dicha extensión se “sustituya” o “renueve” la carta fianza, siempre que mediante el anotado documento se garantice la devolución realizada anticipadamente, hasta por el mencionado plazo, en tal sentido, no resulta atendible lo afirmado por la quejosa cuando asevera que la Administración ha infringido el procedimiento dado que no ha pedido la extensión sino la emisión de una nueva carta fianza”. Asimismo se establece que cuando mediante dicha fiscalización se detectasen los supuestos de excepción previstos por el último párrafo del artículo 11° del RNCN (como es el supuesto de indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación) la SUNAT está facultada a requerir la extensión de la carta fianza por 12 meses, no restringiéndose tal pedido por el hecho que haya transcurrido el plazo de 6 meses sin que dicha institución haya emitido pronunciamiento sobre las solicitudes de devolución presentadas. Por último es preciso señalar que en la RTF Nº 668-7-2009 se ha indicado, siguiendo un antiguo criterio del TF, que la carta fianza otorgada tiene la finalidad de garantizar la solicitud de devolución del SFMB, siendo que la sola presentación de la solicitud conllevó a que la SUNAT entregara las NCN, con lo cual era de conocimiento del deudor y de los fiadores que en caso no correspondiera la devolución total o parcial solicitada, correspondía ejecutar dichas garantías por el exceso del monto preliminarmente devuelto. En esta ocasión se determinó en el procedimiento de fiscalización una devolución en exceso del IGV por operaciones de compras no reales, y se ejecutó la garantía de conformidad con el artículo 15° del RNCN. En la misma resolución se precisa que el artículo 1898° del Código Civil, en referencia a la fianza por plazo determinado, señala que el fiador que se obliga por un plazo determinado, queda libre de responsabilidad si el acreedor no exige notarial o judicialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo, o abandona la acción iniciada, “es decir existiendo una fianza a plazo determinado, cabe la posibilidad que el acreedor no obstante el vencimiento accione dentro de los 15 días siguientes al vencimiento, lo que ha ocurrido en el presente caso…”. En cuanto a lo señalado en el citado artículo 15° del RNCN se ha establecido en la RTF Nº 12378-2-2008 que para ejecutar las garantías otorgadas bastará la sola emisión de la resolución que resuelve la devolución, no siendo necesario que su notificación al exportador surta efecto antes. Asimismo se indica en esta RTF que incluso la interposición de un recurso de reclamación contra dicha resolución no implica la suspensión de la ejecución de garantías, toda vez que dicha ejecución no corresponde al cobro de una deuda tributaria determinada, sino la recuperación por parte de la SUNAT de una suma devuelta en exceso, lo que no implica, agrega el TF, vulneración de ningún derecho del contribuyente, al tratarse de un procedimiento de ejecución de garantías, distinto de lo que podía ser la cobranza coactiva de deudas contenidas en valores. III. LA VERIFICACIÓN Y LAS FISCALIZACIONES EN TORNO AL SFMB La fiscalización (en sentido lato) iniciada con motivo de las solicitudes de devolución del SFMB es otro tema sensible para los exportadores(4) . 52 Como se indicó anteriormente, en el segundo párrafo del artículo 11° del RNCN se hace mención a que la SUNAT puede iniciar una “fiscalización especial” cuando “entre otros casos” el solicitante (i) realice esporádicamente operaciones de exportación, (ii) tenga deudas tributarias exigibles o (iii) hubiere presentado información inconsistente. El artículo 17° de la misma norma estipula que toda “verificación” que efectúe la SUNAT se hará sin perjuicio del derecho de practicar una fiscalización posterior, dentro de los plazos de prescripción previstos en el CT. Sabemos además que en el CT, en especial en su artículo 62°, se ha regulado la facultad de fiscalización de la SUNAT. En la Resolución se establece “… que si bien el artículo 17° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables señala que toda «verificación» que realiza la SUNAT en atención a una solicitud de devolución se hará sin perjuicio del derecho de practicar una fiscalización posterior, ello no restringe que la Administración inicie un procedimiento de fiscalización antes, después o paralelamente a la tramitación de una solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio en virtud del artículo 62° y siguientes del Código Tributario, siendo que el anotado artículo 17° deja a salvo que la Administración, aun cuando haya optado por realizar inicialmente solo una “verificación” con motivo de la presentación de una solicitud de devolución, pueda iniciar con posterioridad un procedimiento de fiscalización”. En buena cuenta, el TF concluye que en nada afecta la facultad de fiscalización de la SUNAT, recogida en el CT, por el solo hecho de haberse optado inicialmente por realizar una “verificación” al amparo del RNCN. Este criterio es el mismo de las RTF Nºs. 13777-42008 y 668-7-2009. Adicionalmente indica el TF que “… los artículos 62° y siguientes del Código Tributario, que atribuyen la facultad discrecional de fiscalización a la Administración –y que señalan que dicho procedimiento debe efectuarse en el plazo de un (1) año– están contenidos en una norma con rango de ley, por lo que mal podría el Reglamento de Notas de Crédito Negociables, cuyo objeto es reglamentar las devoluciones solicitadas por los administrados, limitar el ejercicio de dicha facultad de la Administración”. Cabe señalar que no se ha hecho mención a la llamada “fiscalización especial” que aparece en el artículo 11° del RNCN. Ahora bien, el TF examina que en el caso de la Resolución se inició un procedimiento de fiscalización a la quejosa en virtud de los artículos 62° y siguientes del CT y se detectaron indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de bienes exportados referidos a algunos de sus proveedores. Mediante requerimientos se informó a la quejosa sobre aquellos proveedores respecto de los cuales se realizaron observaciones, comunicándole además la extensión en 6 meses del plazo para resolver las solicitudes de devolución; además, mediante otro requerimiento se le informó que existían indicios de evasión tributaria en la cadena de comercialización de bienes exportados respecto de sus proveedores. Conforme a ello, el TF concluye que los pedidos de extensión de las cartas fianzas realizadas a la quejosa por la SUNAT relativos a las solicitudes de devolución se encuentran arreglados a Ley, siendo que no resulta atendible lo señalado por la quejosa cuando afirma que las solicitudes de extensión de las cartas fianzas no se encontraban motivadas. Siendo así, finalmente se declara infundada la queja interpuesta respecto del procedimiento de fiscalización relativo a las solicitudes de devolución del SFMB. –––– (4) En el Informe Nº 213-2004-SUNAT/2B0000, la SUNAT ha opinado que no existe disposición que establezca la suspensión del procedimiento de devolución del SFE solicitados por el exportador, en caso que la Administración Tributaria efectúe un procedimiento de fiscalización que no se está realizando con motivo de la solicitud de devolución. Nos preguntamos, ¿qué norma establece que debe suspenderse el procedimiento de devolución del SFMB por una fiscalización en curso? Sin embargo, como lo señalamos antes, en la RTF Nº 12898-1-2008 se ha indicado confusamente que se puede “ampliar el plazo del procedimiento de fiscalización a efecto de evaluar si procede o no la entrega de las NCN”. MAYO 2009
  • 51. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Notificaciones de actos administrativos tributarios Últimos criterios interpretativos del Tribunal Fiscal(1) REGLAS SOBRE NOTIFICACIONES 1. Oportunidad en que surten efectos las notificaciones • RTF Nº 1131-1-2008 / 29.01.2008 La notificación válida surtirá efecto a partir del día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito, según sea el caso y, por tanto, no es válido estipular un plazo diferido como el “día subsiguiente a su notificación”. 2. Notificación en hora inhábil • RTF Nº 10830-1-2008 / 09.09.2008 Ni el Código Tributario (CT) ni la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) contienen norma alguna que impida realizar las notificaciones en día inhábil ni que éstas no resulten válidas, aunque las mismas surtirán efecto en el día hábil siguiente de realizadas. • RTF Nº 463-3-2009 / 16.01.2009 Siendo que la constancia de negativa a la recepción de la notificación, indica el nombre del notificador, DNI y código respectivo, además de la fecha y hora de la diligencia, ello hace concluir que se ha cumplido con lo señalado en el inciso a) del artículo 104° del CT. • RTF Nº 5925-7-2007 / 02.07.2007 No resulta atendible, pues no se encuentra acreditado en el expediente, que el encargado de la diligencia de notificación habría tomado un nombre supuesto, falsificando la firma y consignando un número de DNI que corresponde a alguna persona no identificada. • La hora hábil es un régimen que rige para las entidades judiciales y administrativas a fin que los administrados realicen las gestiones o actuaciones ante ellas. En tal sentido es computable el día de la notificación aunque esta diligencia se haya realizado en una hora inhábil. 3. Información del acto de notificación • • RTF Nº 7919-3-2007 / 17.08.2007 RTF Nº 954-7-2009 / 03.02.2009 Si bien la resolución de multa materia de cobranza fue notificada de acuerdo a Ley, la resolución mediante la cual se declaró infundada la reclamación no, por cuanto la persona que atendió al notificador rechazó la recepción del documento; sin embargo, el notificador no anotó los datos completos que permitan su plena identificación, pues solo consignó su documento de identidad y firma, sin señalar su nombre, por tanto dicha diligencia no se realizó conforme a Ley. RTF Nº 93-1-2009 / 07.01.2009 Cumple con lo señalado en el inciso a) del artículo 104° del CT, la resolución que consigna: (i) nombre, (ii) número de documento de identidad, y, (iii) firma de la persona con quien se entendió la diligencia. 4. Características del domicilio • 5. Verificación de consulta RUC • RTF Nº 463-3-2009 / 16.01.2009 El inciso a) del artículo 104° del CT no ha contemplado como requisito de validez de la notificación el consignar las caracte- MAYO 2009 RTF Nº 863-2-2008 / 22.01.2008 Siendo que del documento generado de la consulta RUC de la página web de la SUNAT aparece el “estado del contribuyente” como “activo” y la “condición del contribuyente” como “habido”, para tener tal condición la SUNAT tuvo que realizar la verificación del domicilio fiscal correspondiente. Así, al no haberse comunicado el cambio de domicilio, y el mismo figura en las diligencias de notificación, corresponde que la SUNAT realice la notificación en dicho domicilio conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 104° del CT. RTF Nº 11175-7-2008 / 18.09.2008 Debe precisarse el fundamento que sustenta la emisión del valor a que se refiere el artículo 77° del CT, de lo contrario corresponde declarar su nulidad al amparo del numeral 2 del artículo 109° de la misma norma. Ello ocurre cuando se omite consignar la base legal que sustenta el cobro o especificar cómo se ha determinado la base imponible o no se remite el documento complementario, que hubiese sido notificado al contribuyente, en el que se precisa dicha información. • rísticas del domicilio donde se realiza tal diligencia. FORMAS Y TIPOS DE NOTIFICACIONES 1. Notificación por cedulón • RTF Nº 847-1-2009 / 30.01.2009 Si bien aparece de la constancia de notificación de los requerimientos que el notificador se presentó en el domicilio fiscal del contribuyente, y al encontrarlo cerrado procedió a efectuar la notificación mediante la modalidad de cedulón, empero, no se aprecia que se hubiera dejado constancia que fue fijado en la puerta principal del domicilio, y que los documentos a notificar fueron dejados en sobre cerrado bajo la puerta, por lo cual la referida diligencia no se ha efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 104° del CT, aplicable al caso. Así, como los resultados de dicho requerimiento no tienen efecto alguno, tampoco es aplicable la causal recogida en el inciso e) del artí–––– (1) Cada resolución deberá ser leída tomando en cuenta el marco normativo al que corresponde. Hemos incluido algunas sumillas de RTF vinculadas a tributos municipales, pues los criterios son aplicables a las notificaciones que realiza SUNAT. 53
  • 52. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL culo 56° del CT, vinculada con el hecho que no se exhibió y/o no se presentó los documentos que se encontraran relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. • RTF Nº 480-1-2009 / 16.01.2009 Si bien el encargado de efectuar la diligencia se apersonó al domicilio del deudor tributario y al hallarlo cerrado procedió a efectuar la notificación mediante cedulón, empero, al no apreciarse del cargo que se haya dejado constancia que se procedió a fijar el cedulón en el domicilio fiscal, dejándose los documentos en sobre cerrado, bajo la puerta, conforme lo dispone el inciso f) del artículo 104° del CT, dicha diligencia no se encuentra arreglada a Ley. el deudor tributario tenía la condición de no habido antes de que ocurriera dicha notificación, de manera que correspondía que se le notificara dicha resolución mediante publicación en la página web de la SUNAT. 3. Notificación tácita • Opera la notificación tácita de las resoluciones de multa en la fecha de interposición del recurso de reclamación contra ellas, luego que su declaratoria de inadmisibilidad fuera revocada por el TF debido al incumplimiento de los requisitos de notificación, de acuerdo a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 104° del CT. • • RTF Nº 463-3-2009 / 16.01.2009 La constancia de notificación no señala algún número de cedulón por cuanto dicha diligencia no se realizó conforme a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 104° del CT, sino de acuerdo a lo señalado en el inciso a) de la misma norma. • RTF Nº 394-2-2009 / 14.01.2009 Habiendo consignado el notificador que el domicilio a notificar se encontraba cerrado, correspondía proceder conforme al inciso f) del artículo 104° del CT, es decir fijar el correspondiente cedulón. 2. Notificación por publicación • RTF Nº 91-01-2009 / 07.01.2009 La notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva (REC) por publicación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del inciso e) del artículo 104° del CT, está ajustada a Ley por tener el contribuyente la condición de no hallado. • RTF Nº 90-1-2009 / 07.01.2009 Se encuentra conforme a Ley que la resolución de intendencia haya sido notificada mediante publicación en la página web de la SUNAT debido a que en dicha oportunidad el notificado tenía la condición de no habido. • RTF Nº 90-1-2009 / 07.01.2009 Si bien en la constancia de notificación de la REC aparece que fue notificada en el domicilio fiscal, de la documentación remitida por la SUNAT puede advertirse que 54 RTF Nº 3736-3-2008 / 25.03.2008 RTF Nº 11312-5-2007 / 27.11.2007 Aun cuando la notificación no está debidamente acreditada por la Administración Tributaria, si el administrado realiza cualquier acto que haga presumir su conocimiento, se entenderá ocurrida una notificación tácita; en consecuencia, la notificación se determinará como realizada en la oportunidad en que actúe el administrado, como es la fecha en que se interpone recurso de reclamación. 4. Notificación conjunta de una orden de pago y de su REC • RTF Nº 91-01-2009 / 07.01.2009 Conforme a la jurisprudencia más reciente del TC, la notificación conjunta de una orden de pago y de su REC implica una vulneración del debido procedimiento y del derecho de defensa en sede administrativa; si la notificación de la REC se da con posterioridad a la notificación de la orden de pago, esta no resulta violatoria puesto que la misma resultaba exigible en cobranza coactiva. Así, corresponde amparar la queja formulada cuando se efectúe la mencionada notificación conjunta, dejando sin efecto el Procedimiento de Cobranza Coactiva (PCC) y levantando las medidas tomadas en el mismo. • RTF Nº 1131-1-2008 / 29.01.2008 De acuerdo a lo indicado en la más reciente jurisprudencia del TC, la notificación conjunta de una orden de pago y de su REC implica una vulneración del debido procedimiento y del derecho de defensa en sede administrativa. MAYO 2009 5. Notificación a contribuyentes dados de baja en el RUC • RTF Nº 2360-1-2008 / 22.02.2008 En concordancia con la Décima Disposición Complementaria y Final del Dec. Leg. Nº 981, vigente a partir del 1 de abril de 2007, subsiste el domicilio fiscal de los sujetos dados de baja de inscripción en el RUC, de manera que la notificación realizada en dicho lugar es conforme a Ley. 6. Notificación en domicilio procesal • RTF Nº 5707-4-2008 / 29.04.2008 Para el procedimiento de reclamación podrá señalarse un domicilio procesal distinto al domicilio fiscal. Luego de ello las notificaciones deberán realizarse en el domicilio procesal, salvo que se acredite que no se pudo realizar la diligencia en tal lugar, conforme a lo establecido en el artículo 104° del CT. 7. Notificación del requerimiento de pago previo • RTF Nº 5707-4-2008 / 29.04.2008 Son nulas las resoluciones de intendencia que declararon inadmisibles las reclamaciones por incumplir con efectuar el pago previo de las órdenes de pago, pues los requerimientos fueron notificados en el domicilio fiscal pese a que el contribuyente había señalado un domicilio procesal. Así, conforme al numeral 2 del artículo 109° del CT, los actos de notificación de dichos requerimientos y todo lo actuado con posterioridad devienen en nulos, al haber prescindido del procedimiento legal establecido. VALIDEZ Y FEHACIENCIA DE LAS NOTIFICACIONES 1. Acreditación de la notificación • RTF Nº 341-1-2009 / 13.01.2009 En vista que la SUNAT no ha remitido copia de la constancia de notificación de la REC, que dio inicio al PCC, no se encuentra acreditado que el deudor tributario hubiera sido notificado con el inicio de tal procedimiento. • RTF Nº 11312-5-2007 / 27.11.2007 No acredita la realización de una notificación válida por parte de la Administración Tributaria el adjuntar una copia del registro de notificación que figura en su sistema informático.
  • 53. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL 2. Inconsistencia sobre la recepción de la notificación 4. Un sello no sustituye a los datos de recepción 8. Datos de la persona que recibió la notificación • • • RTF Nº 652-7-2008 / 17.01.2008 RTF Nº 3736-3-2008 / 25.03.2008 Resta fehaciencia al acto de notificación el hecho que en el cargo de notificación se consigne el nombre de una persona que recibió los documentos correspondientes y, de forma contradictoria, se advierta una anotación con la palabra “ausente”. La identificación y firma de la persona que recibe la notificación no puede ser suplantada por un sello que señala “trámite documentario” o el nombre de la institución. • • RTF Nº 8638-1-2007 / 13.09.2007 De la constancia de notificación no deben desprenderse inconsistencias que le resten fehaciencia a la diligencia, como es el hecho que en un extremo se refiera a que hubo negativa de recepción, pero además se consigne en un rubro que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio los documentos y fijar un cedulón, señalándose inclusive el número de este. 3. Inconsistencias sobre el DNI • RTF Nº 338-1-2009 / 13.01.2009 Si el DNI de la persona con quien se entendió la diligencia de notificación no se encuentra registrado en el archivo magnético de la RENIEC y, además, no aparece observación alguna por parte del notificador que indique que se presentó un documento distinto al DNI, ello resta fehaciencia al cargo de la notificación. • RTF Nº 2770-1-2008 / 29.02.2008 Un cargo de recepción no puede consignar dos fechas distintas de recepción, ya que ello resta fehaciencia a la diligencia al no poder establecerse con certeza la fecha de notificación correspondiente. 6. Declaración jurada de error en la diligencia • RTF Nº 2674-5-2007 / 22.03.2007 La declaración jurada de la persona que efectuó la notificación, indicando que por error realizó la diligencia en una dirección distinta al domicilio fiscal del deudor tributario, no puede ser admitida en aplicación del artículo 148° del CT, además que se trataría de un documento elaborado a pedido de parte, sin valor probatorio. 7. No es relevante que el que reciba la notificación deba tener un vínculo con el notificado RTF Nº 247-1-2009 / 09.01.2009 Si el DNI del notificador que aparece en la constancia de la negativa de recepción corresponde a una tercera persona, según se puede verificar del reporte de “consulta en línea” del portal de RENIEC, ello resta fehaciencia al acto de notificación, pues no se ha identificado debidamente a dicha persona, por lo cual no puede considerarse tal notificación como una válidamente efectuada de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 104° del CT. • 5. Dos fechas de recepción en el cargo RTF Nº 6732-1-2008 / 27.05.2008 Al no coincidir la firma de la persona que recibió el documento que aparece en el cargo de notificación con la que figura en su DNI, a pesar de lo cual el notificador no efectuó indicación alguna al respecto, se resta fehaciencia a la realización de la notificación y, en ese sentido, dicha diligencia no se encuentra acorde con lo establecido por el inciso a) del artículo 104° del CT. • RTF Nº 953-7-2009 / 03.02.2009 No es un requisito de validez de la notificación que el sujeto que recibe el documento a notificar deba tener un vínculo con el notificado, por lo que lo alegado en el sentido de que la persona que recibió dicho documento no figura en su planilla de trabajadores carece de sustento. • RTF Nº 5925-7-2007 / 02.07.2007 No es atendible la alegación de que se desconoce al individuo que recibió la notificación ya que el artículo 104° del CT permite que dicha diligencia se efectúe con la persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente. • RTF Nº 2674-5-2007 / 22.03.2007 No es relevante para restar validez a la notificación el hecho que la persona que recibió la notificación no fuera trabajador de la deudora tributaria. MAYO 2009 RTF Nº 341-1-2009 / 13.01.2009 De la revisión de la constancia de notificación se aprecia que la resolución respectiva fue notificada, sin embargo no se ha consignado la firma de la persona con quien se entendió dicha diligencia ni la constancia de su negativa a firmar, por lo que no se encuentra acreditado que tal diligencia se haya efectuado conforme con lo previsto por el inciso a) del artículo 104° del TC. 9. La notificación en blanco no es subsanada con un informe del notificador • RTF Nº 669-7-2009 / 26.01.2009 Es fundada la queja respecto de la cobranza coactiva de órdenes de pago, cuando la constancia de notificación de la REC con la que se inicia el procedimiento de su cobranza se encuentra en blanco, no pudiendo considerarse subsanada su falta con el Informe del notificador, toda vez que no es posible acreditar que fue emitido en el mismo momento de la notificación. 10. Enmendaduras en el acuse de notificación • RTF Nº 669-7-2009 / 26.01.2009 Es fundada la queja respecto de la cobranza coactiva de una orden de pago por cuanto en el acuse de notificación se aprecian enmendaduras en la fecha de realización de la diligencia, lo que le resta fehaciencia a la misma. 11. Omisión de consignar el número de cedulón • RTF Nº 669-7-2009 / 26.01.2009 Es fundada la queja respecto de la cobranza coactiva de órdenes de pago, por cuanto en los acuses de notificación se aprecia que se encontró el domicilio cerrado y que se notificó mediante cedulón; sin embargo, no se ha consignado el número de cedulón, lo que resta fehaciencia a las diligencias de notificación, no pudiendo considerarse subsanada su falta con los Informes del notificador toda vez que no es posible acreditar que fueron emitidos en el mismo momento de las diligencias de notificación. 55
  • 54. SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL NOTIFICACIONES Y QUEJA • RTF Nº 857-1-2009 / 30.01.2009 La queja no es la vía para cuestionar la notificación de una resolución de intendencia, por cuanto ello debe ser analizado en el procedimiento contencioso tributario al no encontrarse la deuda en cobranza coactiva, de manera que en aplicación del artículo 213° de la LPAG, procede dar trámite de apelación al escrito de queja. • RTF Nº 480-1-2009 / 16.01.2009 Si bien la SUNAT ha informado que ha dispuesto el levantamiento de las medidas de embargo, como sólo obra en autos copia autenticada del cargo de notificación de la REC que dispuso el levantamiento del embargo en forma de retención, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la totalidad de la queja presentada. • me a lo establecido en el artículo 62° del CT. cierre y hasta antes de la oportunidad que se señala en el citado artículo. 2. Escrito a requerimiento y notificación tácita 4. Exclusión del régimen de buenos contribuyentes • • RTF Nº 2395-3-2008 / 22-02-2008 Aun en el supuesto que el requerimiento no hubiese sido debidamente notificado, el contribuyente sí tuvo conocimiento del mismo dado que presentó un escrito de respuesta, de manera que habría operado en todo caso una notificación tácita, por lo que carece de sustento lo alegado en el sentido que no ha tomado conocimiento de este y que ello vulnera su derecho de defensa. OTROS TEMAS VINCULADOS A NOTIFICACIONES 1. Notificación y configuración de la infracción RTF Nº 338-1-2009 / 13.01.2009 Aunque la SUNAT haya informado que ha trabado embargo en forma de retención (la misma que se hizo efectiva, imputándose a la deuda tributaria y, por tanto, extinguiéndola), en vista que no obra en autos el cargo de notificación de la resolución que ordenó dicha medida ni de la que se hubiese emitido respecto a la imputación de la deuda con el producto de la retención obtenida, y tampoco se han remitido los cargos de notificación de los valores puestos a cobro, procede emitir pronunciamiento respecto a la totalidad de la queja presentada. • RTF Nº 323-7-2009 / 13.01.2009 Si bien la SUNAT adjuntó copia certificada de la resolución coactiva que dispone la suspensión del PCC, al no haberse adjuntado la constancia de notificación respectiva, corresponde que el TF emita pronunciamiento respecto del referido procedimiento. NOTIFICACIONES Y FISCALIZACIÓN 1. Prórroga de los efectos para cumplir con requerimientos • RTF Nº 4554-1-2008 / 08.04.2008 Aun cuando en el último párrafo del artículo 106° del CT se establece que la notificación surtirá efectos con su recepción, el contribuyente por causa justificada y por medio de un documento –y no verbalmente– podrá solicitar una prórroga, confor56 La exclusión del régimen de buenos contribuyentes se realizará mediante la notificación según lo establecido en el artículo 105° del CT, la cual surtirá efecto a partir del primer día calendario del mes siguiente al de su notificación. Así, a partir de que surte efecto dicha exclusión no se tiene derecho a los beneficios del mencionado régimen, como ocurre con el plazo de presentación de las declaraciones juradas, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del artículo 176° del CT. 5. Modificaciones de actos y orden de pago • • RTF Nº 247-1-2009 / 09.01.2009 Como no se ha notificado debidamente la solicitud de comparecencia ante la Administración Tributaria, no se ha configurado la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 177° del CT. 2. Comunicación de haberse incurrido en la infracción y subsanación voluntaria • RTF Nº 6732-1-2008 / 27.05.2008 Siendo que se ha restado fehaciencia a la constancia de notificación de la esquela que comunicó al deudor tributario que se incurrió en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del CT, la subsanación de la presentación de la declaración jurada respectiva fue voluntaria, por lo cual es de aplicación en tal caso el régimen de gradualidad que corresponda. 3. Notificación en día inhábil y régimen de incentivos • RTF Nº 10830-1-2008 / 09.09.2008 La aplicación del régimen de incentivos a que se refiere el artículo 179° del CT depende de la diligencia del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así, la notificación de la resolución de multa respectiva en día inhábil no impide el acogimiento a dicho régimen, pues se estuvo en posibilidad de hacerlo con la notificación del requerimiento o su MAYO 2009 RTF Nº 3063-2-2008 / 06.03.2008 RTF Nº 1958-3-2008 / 14.02.2008 El artículo 108° del CT que dispone que, después de la notificación, la Administración Tributaria sólo puede revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos, no resulta aplicable cuando la orden de pago ha sido emitida al amparo del numeral 1 del artículo 78° del CT, es decir, en función de lo autoliquidado por el propio contribuyente. 6. Modificación de actos por errores materiales o aritméticos • RTF Nº 10985-1-2008 / 12.09.2008 No existe límite de tiempo para que la Administración Tributaria realice la modificación de un acto ya notificado respecto de algún error material o aritmético, conforme a lo establecido en el artículo 201° de la LPAG.
  • 55. ABR. 18.05.09 • Pagos a Cuenta y Retenciones del Impuesto a la Renta, incluye RER (2) 18.05.09 18.05.09 18.05.09 – Grupos Especiales (3) • ONP (2) (3) 18.05.09 18.05.09 MAYO 2009 08.05.09 22.05.09 – En Efectivo (6) – Declaración sin pago (6) – Pago de la deuda hasta … (7) JUN. MAY. ABR. MAY. 2 JUN. MAY. ABR. MAY. 3 JUN. MAY. ABR. MAY. 4 JUN. MAY. ABR. MAY. 5 ABR. MAY. MAY. ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC DEL CONTRIBUYENTE JUN. 6 JUN. MAY. ABR. MAY. 7 JUN. MAY. ABR. MAY. 8 JUN. MAY. ABR. MAY. 9 JUN. MAY. 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 15.05.09 15.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 22.05.09 19.06.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 08.05.09 05.06.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 06.05.09 03.06.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 19.05.09 16.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 (1) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 58). (2) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos Contribuyentes» (ver Calendario en página 58). (3) Los plazos para la presentación y/o pago en este caso son los mismos que para los tributos administrados por la SUNAT. (4) Doce primeros días hábiles del mes. (5) Tres primeros días hábiles del mes. (6) Cinco primeros días hábiles del mes. (7) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (8) Quince primeros días calendario. 15.05.09 08.05.09 • APORTES A LAS AFP: – En Cheque (5) • CONAFOVICER (8) 06.05.09 • SENATI (4) 18.05.09 19.05.09 • SENCICO (2) • R.U.S. (2) 18.05.09 • Retenciones de CEPAP D. L. Nº 20530 1 1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO 2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO 16.06.09 19.05.09 17.06.09 20.05.09 18.06.09 21.05.09 19.06.09 22.05.09 08.06.09 11.05.09 09.06.09 12.05.09 10.06.09 13.05.09 11.06.09 14.05.09 12.06.09 15.05.09 15.06.09 MAY. JUN. ABR. 2 MAY. 1 MAY. • ESSALUD (2) de Segurid – Régimen General (3) • Declaración Jurada y Pago del IGV, IVAP e ISC (1) (2) CONCEPTO 0 R. de S. Nº 237-2008/SUNAT (31.12.2008) y normas especiales Calendario Tributario y de otros Conceptos INDICADORES 57
  • 56. INDICADORES Cronograma de Pagos y/o Declaraciones Tributarias A. PARA BUENOS CONTRIBUYENTES(1) PERÍODO AL QUE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO PARA DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC ADQUISICIONES DEL MES DE: 5-9 0-4 B. PARA ENTIDADES ESTATALES SOBRE INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES(3) (2) ABRIL 2009 25 de Mayo de 2009 23 de Junio de 2009 5-9 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 30 de Marzo de 2009 29 de Abril de 2009 28 de Mayo de 2009 26 de Junio de 2009 30 de Julio de 2009 28 de Agosto de 2009 31 de Marzo de 2009 30 de Abril de 2009 29 de Mayo de 2009 30 de Junio de 2009 31 de Julio de 2009 31 de Agosto de 2009 26 de Mayo de 2009 MAYO 2009 0-4 22 de Junio de 2009 JUNIO 2009 22 de Julio de 2009 23 de Julio de 2009 JULIO 2009 25 de Agosto de 2009 24 de Agosto de 2009 AGOSTO 2009 22 de Septiembre de 2009 23 de Septiembre de 2009 (1) Según R. de S. Nº 237-2008/SUNAT. Aplicable a contribuyentes expresamente considerados como tales por la SUNAT respecto a tributos recaudados y/o administrados por esta entidad. (3) Según el D. S. Nº 053-97-PCM (modificado por D. S. Nº 063-97-PCM y D. S. Nº 048-98-PCM), la R. M. Nº 083-2001-EF/10 y la R. de S. Nº 057-2009/SUNAT. También es aplicable a Unidades Ejecutoras del Sector Público. (2) Según último dígito del RUC. Valor de la UIT 2000 – 2009 C. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-ITF(4) FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Al Del 01 de Abril de 2009 16 de Abril de 2009 01 de Mayo de 2009 16 de Mayo de 2009 01 de Junio de 2009 16 de Junio de 2009 15 de Abril de 2009 30 de Abril de 2009 15 de Mayo de 2009 31 de Mayo de 2009 15 de Junio de 2009 30 de Junio de 2009 PERÍODO APLICABLE AÑO ÚLTIMO DÍA PARA REALIZAR EL PAGO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 22 de Abril de 2009 08 de Mayo de 2009 22 de Mayo de 2009 05 de Junio de 2009 22 de Junio de 2009 07 de Julio de 2009 (4) Según R. de S. Nº 237-2008/SUNAT, publicada el 31 de diciembre de 2008. MESES Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre Enero - Diciembre VALOR (S/.) BASE LEGAL 2, 900 3,000 3,100 3,100 3,200 3,300 3,400 3,450 3,500 3,550 D. S. Nº 191-99-EF D. S. Nº 145-2000-EF D. S. Nº 241-2001-EF D. S. Nº 191-2002-EF D. S. Nº 192-2003-EF D. S. Nº 177-2004-EF D. S. Nº 176-2005-EF D. S. Nº 213-2006-EF D. S. Nº 209-2007-EF D. S. Nº 169-2008-EF Programa de Declaración Telemática - Versiones vigentes TIPO DE DECLARACIÓN DECLARACIONES DETERMINATIVAS DECLARACIONES INFORMATIVAS OTROS PDT Impuesto a la Renta Anual 2008 – Personas Naturales (1) . Impuesto a la Renta Anual 2008 – Tercera Categoría (2) e ITF. Impuesto Temporal a los Activos Netos. Fondo y Fideicomisos. IGV - Renta mensual (IGV mensual y pago a cuenta del IR). Impuesto Selectivo al Consumo. Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Impuesto a las Transacciones Financieras (Agentes de retención o percepción). Planilla Electrónica Trabajadores Independientes (pago a cuenta de IR de cuarta categoría). Otras Retenciones (IR de segunda categoría –incluyendo dividendos–, IR de No Domiciliados y Retenciones de IGV). Agentes de Retención del IGV. Agentes de Percepción del IGV (conforme a la R. de S. Nº 128-2002/SUNAT). Agentes de Percepción del IGV a las Ventas Internas (conforme a la R. de S. Nº 058-2006/SUNAT). Retenciones y Contribuciones sobre Remuneraciones. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Libre Desafiliación de AFP. Boletos de Viaje para Transporte Ferroviario Precios de Transferencia. Modificación de Coeficiente o Porcentaje para el cálculo de pagos a cuenta del IR de tercera categoría. Declaración de Operaciones con Terceros. Declaración de Notarios. Declaración de Predios. Declaración Jurada Informativa de las Embarcaciones de Recreo. Declaración de Ingreso de Bienes a la Región Selva. Boletos de Transporte Aéreo. Regalía Minera. Programa de Declaración de Beneficios (PDB) - Exportadores. Aplazamiento y/o Fraccionamiento 36° C.T. Refinanciamiento Fraccionamiento 36° C.T. Régimen Excepcional de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Tributario (REAF). Boleta de Entrega de importes retenidos por embargo en forma de retención. FORMULARIO VIRTUAL INICIO DE VIGENCIA 669 – versión 1.0 662 – versión 1.0 648 – versión 1.3 618 – versión 1.1 621 – versión 4.8 615 – versión 2.2 634 – versión 1.0 693 – versión 1.0 1690 – versión 1.0 695 – versión 1.6 601 – versión 1.3 616 – versión 1.3 617 – versión 1.7 626 – versión 1.1 633 – versión 1.2 697 – versión 1.5 600 – versión 4.9 610 – versión 3.5 606 – versión 1.0 3545 – versión 1.0 3560 – versión 1.1 625 – versión 1.1 3500 – versión 3.3 3520 – versión 3.1 3530 – versión 1.0 1691 – versión 1.0 1647 – versión 1.0 3540 – versión 1.0 698 – versión 1.1 versión 2.1 687 – versión 1.3 689 – versión 1.0 686 – versión 1.2 1661 – versión 1.0 12.01.2009 12.01.2009 01.04.2009 05.09.2005 01.11.2008 01.04.2009 06.08.2003 18.01.2003 15.05.2005 26.11.2007 22.02.2009 01.01.2005 01.02.2009 18.01.2003 01.05.2005 07.04.2008 01.02.2008 01.02.2008 25.04.2008 01.01.2009 02.06.2008 06.04.2008 30.12.2005 18.03.2007 19.10.2003 01.07.2005 01.01.2006 15.07.2004 26.09.2005 01.09.2006 24.05.2007 01.10.2007 15.11.2005 30.01.2006 (1) Se utiliza los Formularios Virtuales 677– versión 1.0 para el 2001, 679 – versión 1.0 para el 2002, 651– versión 1.0 para el 2003, 653 – versión 1.0 para 2004, 655 – versión 1.0 para 2005, 657 – versión 1.0 para 2006 y 659 – versión 1.0 para el 2007. (2) Se utiliza los Formularios Virtuales 678 – versión 1.1 para el 2001, 680 – versión 1.0 para el 2002, 652 – versión 1.1 para el 2003, 654 – versión 1.0 para 2004, 656 – versión 1.0 para 2005, 658 – versión 1.0 para 2006 y 660 – versión 1.0 para el 2007. 58 MAYO 2009
  • 57. INDICADORES Impuesto a la Renta No Empresarial – Personas Naturales Domiciliadas 2009(1) 1. Régimen para Rentas de Capital 2. Régimen para Rentas del Trabajo y de Fuente Extranjera A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DE CAPITAL (RNC) A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DEL TRABAJO (RNT) RENTA NETA RENTA BRUTA (RB) DEDUCCIONES PERMITIDAS Primera Categoría (1C)(2) Segunda Categoría (2C)(3) (-) 20% de RB (-) 20% de RB B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DE FUENTE EXTRANJERA (RNFE) TASA (%) RN (-) 20% de RB4C(4) (-) S/. 24,850 (7 UIT) = RNT (-) (ITF(5) + GxD(6)) Parcial Cuarta Categoría (4C) Quinta Categoría (5C) B. TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO Base de Cálculo RNT RENTA BRUTA (RB) DEDUCCIONES PERMITIDAS = RN = RN 6,25 RENTA NETA RENTA BRUTA (RB) DEDUCCIONES PERMITIDAS Donde: ITF: Impuesto a las Transacciones Financieras; GxD: Gastos por donaciones. (1) No son susceptibles de compensación entre sí los resultados que arrojen la Renta Neta de Capital y la Renta Neta del Trabajo de un mismo contribuyente, determinándose el impuesto correspondiente a cada una en forma independiente. (2) Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes conforme a los artículos 1° y 23° de la LIR. (3) No se incluye los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, los mismos que se calculan bajo el sistema cedular, con retención en fuente por parte del pagador con tasa de 4.1% sobre la RB. Tómese nota que los artículos 72° y 84°A de la LIR establecen retención en fuente definitiva o pago definitivo para rentas de 2C. (4) Aplicable sólo para rentas indicadas en el inciso a) del artículo 33° de la LIR. El límite deducible es de S/. 85,200 (24 UIT). (5) El monto pagado en el ejercicio hasta el límite de un monto equivalente a la RN4C. (6) Gasto por donaciones realizado conforme a lo señalado en el inciso b) del artículo 49° de la LIR. (7) En la compensación de resultados no se tomará en cuenta las pérdidas obtenidas en países o territorios de baja o nula imposición. = RNFE(7) Gastos para producir la renta y mantener su fuente Según Fuente Productora de Renta C. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA TOTAL (RNTFE) RNTFE = RNT + RNFE D. TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO Base de Cálculo RNTFE Equivalencia en Nuevos Soles Fórmula para calcular el Impuesto (I) TASA % Hasta 27 UIT Hasta: S/. 95,850 15 I = (0.15 x RNTFE) Más de 27 UIT hasta 54 UIT Más de S/. 95,850 Hasta S/. 191,700 21 I = (0.21 x RNTFE) – S/. 5,751 Más de 54 UIT Más de S/. 191,700 30 I = (0.30 x RNTFE) – S/. 23,004 Factores para el Ajuste Integral de los Estados Financieros (Índice de Precios al Por Mayor) (1) MES DE ACTUALIZACIÓN PARTIDA DEL MES DE: 2008 2009 Feb. Mar. May. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 1,037 1,035 1,023 1,015 1,012 1,000 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Jun. 1,055 1,052 1,040 1,032 1,029 1,017 1,000 1,067 1,064 1,052 1,043 1,040 1,028 1,011 1,000 1,081 1,078 1,066 1,058 1,055 1,042 1,025 1,014 1,000 1,095 1,092 1,080 1,071 1,068 1,055 1,038 1,026 1,012 1,000 1,098 1,095 1,083 1,074 1,071 1,059 1,041 1,030 1,016 1,003 1,000 1,097 1,094 1,082 1,073 1,070 1,057 1,040 1,028 1,014 1,002 0,999 1,000 1,088 1,085 1,073 1,064 1,061 1,049 1,031 1,020 1,006 0,994 0,991 0,992 1,000 0,985 1,000 0,970 0,985 1,000 Abr. 0,965 0,980 0,995 1,000 0,958 0,973 0,988 0,993 1,000 (1) El ajuste ha sido suspendido para el ejercicio 2005 en adelante por R. de C. Nº 031-2004-EF/93.01 (contable) y Ley Nº 28394 (tributario). Mantenemos este indicador para aquellos que hubieran estabilizado el IR con ajuste y para efectos del ITAN. Índice de Precios - INEI A. Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y Variación Porcentual ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL MES Enero Febrero Marzo B. Índice General de Precios al Por Mayor (IPM) a Nivel Nacional y Variación Porcentual VARIACIÓN PORCENTUAL ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL (1) 2008 2009 Base 1994 Base 2001 Base 1994 Base 2001 MENSUAL ACUMULADA ANUAL (1) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 6,52 180,91 115,11 192,71 122,62 0,22 0,22 0,11 0,11 4,15 5,49 182,54 116,15 192,57 122,53 0,91 -0,07 1,13 0,03 4,82 4,78 184,44 117.36 193,26 122,97 2,18 1,04 0,36 0,39 5,55 0,02 4,64 2007 2008 2009 VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL ACUMULADA ANUAL (2) 2009 -1,51 -1,55 -0,50 2008 0,28 1,40 2,23 2009 -1,51 -3,03 -3,51 2008 5,89 7,59 8,03 2009 6,85 4,03 2,67 -0,70 2,52 3,74 5,50 -4,19 8,01 8,34 8,81 1,66 MES Enero Febrero Marzo 172,833160 183,009600 195,549204 172,001768 185,064872 192,522055 172,710490 186,578131 191,563075 2008 0,28 1,12 0,82 Abril Mayo Junio 173,236546 187,110328 190,213283 174,757919 189,333395 176,953390 192,538918 0,29 1,19 1,69 Abril Mayo Junio 184,68 185.42 186,83 117,54 117,98 118,88 Julio Agosto Setiembre 187,87 188,98 190,05 119,54 120,25 120,93 0,56 0,59 0,57 4,09 4,70 5,29 5,79 6,27 6,22 Julio 178,289226 194,645831 Agosto 179,445691 197,361011 Setiembre 180,569394 199,794703 1,09 1,39 1,23 6,65 8,14 9,47 9,17 9,98 10,65 Octubre Noviembre Diciembre 191,22 191,81 192,51 121,67 122,05 122,49 0,61 0,31 0,36 5,94 6,27 6,65 6,53 6,75 6,65 Octubre 180,776134 200,421960 Noviembre 181,177918 200,154431 Diciembre 182,505674 198,540960 0,31 -0,13 -0,81 9,82 9,67 8,79 10,87 10,47 8,79 193,29 122,99 0,15 0,37 0,77 2,34 2,72 3,51 0,41 5,52 5,40 5,70 (1) Base año 1994. (2) Respecto al mismo mes del año anterior. (1) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices. MAYO 2009 59
  • 58. INDICADORES Tasas de Interés para Devoluciones CONCEPTO MONEDA TIPO DE DEVOLUCIÓN APLICABLE De pagos indebidos o en exceso En Moneda Nacional PERÍODO DEL 01.02.2008 DEL 01.01.2009 AL 31.12.2008 AL 31.12.2009(1) SUPUESTO Resultado de Tasa de Interés Mensual documento emitido por la AT Tasa de Interés Diario Los demás En Moneda Nacional En General(3) Tasa de Interés Mensual Tasa de Interés Diario De Retenciones Tasa de Interés Mensual y/o Percepciones Tasa de Interés Diario del IGV no aplicadas 0,60% 0,02% 1,20%(4) 0,04% Tasa de Interés Diario Créditos por tributos 0,60% 0,02% 0,34% 0,01133% 0,80% 0,02667% Tasa de Interés Diario Tasa de Interés Mensual 1,50% 0,05% TRIBUTOS INTERNOS Y ADUANEROS 1,50% 0,05% 0,80% 0,02667% 0,30% 0,01% Tasa de Interés Mensual En Moneda Extranjera(2) En General 1,50% 0,05% Tasas de Interés Moratorio CONCEPTO DEL 07.02.2003 DEL 01.02.2004 AL 31.01.2004 A LA FECHA(1) M. N. M. E. M. N. M. E. Tasa de Interés Mensual 1,5% 0,84% 1,5% 0,75% Tasa de Interés Diario(2) 0,05% 0,028% 0,05% 0,025% M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera. (1) Según la R. de S. Nº 028-2004/SUNAT. (2) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT a partir del 25 de febrero de 2000 se consideran cinco decimales. AT = Administración Tributaria (1) (2) (3) (4) Según R. de S. Nº 244-2008/SUNAT. Se aplica para deudas en moneda extranjera que en virtud a convenios de estabilidad o normas legales vigentes se declaren y/o paguen en esa moneda. Se aplica: (i) cuando haya un plazo mayor a 30 días para atender la solicitud, entre el día siguiente al vencimiento del plazo establecido y la fecha en que se ponga a disposición la devolución, o, (ii) en los demás casos, entre el 31° día hábil de presentada la solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a disposición. Se aplica la tasa de 1.50% mensual y 0.05% diaria desde el día siguiente en que venza el plazo para que SUNAT se pronuncie sobre la solicitud de devolución hasta la fecha en que se ponga a disposición. Tasas de Interés Internacional Tasas Activa y Pasiva de Interés: Diaria Del 01.04.2009 al 10.05.2009 DÍA FECHA Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 01.04.09 02.04.09 03.04.09 04.04.09 05.04.09 06.04.09 07.04.09 08.04.09 09.04.09 10.04.09 11.04.09 12.04.09 13.04.09 14.04.09 15.04.09 16.04.09 17.04.09 18.04.09 19.04.09 20.04.09 21.04.09 22.04.09 23.04.09 24.04.09 25.04.09 26.04.09 27.04.09 28.04.09 29.04.09 30.04.09 01.05.09 02.05.09 03.05.09 04.05.09 05.05.09 06.05.09 07.05.09 08.05.09 09.05.09 10.05.09 1 MES 0,495 0,489 0,478 N/P N/P 0,476 0,469 0,460 0,451 N/P N/P N/P 0,451 0,453 0,448 0,447 0,448 N/P N/P 0,443 0,441 0,440 0,438 0,435 N/P N/P 0,433 0,428 0,418 0,411 N/P N/P N/P 0,414 0,401 0,395 0,382 0,368 N/P N/P FUENTE: Bloomberg /BBA 60 LIBOR 3 MESES 6 MESES 1,177 1,166 1,161 N/P N/P 1,157 1,149 1,139 1,131 N/P N/P N/P 1,131 1,122 1,113 1,107 1,102 N/P N/P 1,101 1,100 1,099 1,092 1,073 N/P N/P 1,054 1,039 1,028 1,016 N/P N/P N/P 1,007 0,986 0,974 0,956 0,938 N/P N/P 1,716 1,716 1,713 N/P N/P 1,716 1,703 1,687 1,676 N/P N/P N/P 1,676 1,660 1,647 1,641 1,636 N/P N/P 1,650 1,651 1,658 1,639 1,621 N/P N/P 1,590 1,575 1,579 1,565 N/P N/P N/P 1,549 1,540 1,506 1,494 1,463 N/P N/P (Mercado Promedio Ponderado: Circulares B.C.R. Nº 006 y 007-91-EF/90) Del 01.04.2009 al 10.05.2009 1 AÑO 1,951 1,955 1,964 N/P N/P 1,993 1,979 1,963 1,951 N/P N/P N/P 1,951 1,929 1,913 1,906 1,915 N/P N/P 1,945 1,949 1,968 1,950 1,931 N/P N/P 1,899 1,878 1,888 1,877 N/P N/P N/P 1,864 1,859 1,820 1,808 1,781 N/P N/P PRIME RATE 3,25 3,25 3,25 N/P N/P 3,25 3,25 3,25 N/P N/P N/P N/P 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 N/P N/P 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 N/P N/P 3,25 3,25 3,25 3,25 N/P N/P N/P 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 N/P N/P N/P = No publicado DÍA FECHA Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 01.04.09 02.04.09 03.04.09 04.04.09 05.04.09 06.04.09 07.04.09 08.04.09 09.04.09 10.04.09 11.04.09 12.04.09 13.04.09 14.04.09 15.04.09 16.04.09 17.04.09 18.04.09 19.04.09 20.04.09 21.04.09 22.04.09 23.04.09 24.04.09 25.04.09 26.04.09 27.04.09 28.04.09 29.04.09 30.04.09 01.05.09 02.05.09 03.05.09 04.05.09 05.05.09 06.05.09 07.05.09 08.05.09 09.05.09 10.05.09 TAMN (Moneda Nacional) TAMEX (Moneda Extranjera) TIPMN TIPMEX (N) (N) %A FD FA(1) %A FD FA(1) %A %A 22,60 22,59 22,58 22,58 22,58 22,53 22,57 22,39 22,39 22,39 22,39 22,39 22,48 22,48 22,49 22,41 22,26 22,26 22,26 22,26 21,03 21,03 21,01 21,03 21,03 21,03 21,00 20,92 20,89 20,85 20,85 20,85 20,85 20,81 20,80 20,85 20,73 20,73 20,73 20,73 0,00057 0,00057 0,00057 0,00057 0,00057 0,00056 0,00057 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00056 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00052 0,00052 0,00052 0,00052 876,40669 876,90267 877,39873 877,89508 878,39170 878,88761 879,38459 879,87827 880,37222 880,86646 881,36097 881,85575 882,35262 882,84976 883,34739 883,84369 884,33725 884,83109 885,32521 885,81960 886,28938 886,75940 887,22927 887,69980 888,17057 888,64159 889,11225 889,58153 890,05043 890,51877 890,98735 891,45618 891,92526 892,39376 892,86230 893,33212 893,79971 894,26755 894,73564 895,20397 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,15 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,09 10,10 10,10 10,08 10,14 10,14 10,14 10,08 10,04 10,20 10,21 9,99 9,99 9,99 10,02 10,03 10,04 10,02 10,02 10,02 10,02 10,05 10,05 10,06 10,07 10,07 10,07 10,07 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00026 0,00026 0,00026 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 10,16324 10,16597 10,16870 10,17143 10,17416 10,17689 10,17962 10,18234 10,18507 10,18780 10,19054 10,19327 10,19599 10,19872 10,20144 10,20416 10,20690 10,20964 10,21238 10,21510 10,21782 10,22058 10,22334 10,22604 10,22875 10,23145 10,23417 10,23688 10,23961 10,24232 10,24504 10,24776 10,25048 10,25320 10,25593 10,25866 10,26140 10,26413 10,26687 10,26960 3,73 3,78 3,79 3,79 3,79 3,82 3,81 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,86 3,69 3,70 3,68 3,70 3,70 3,70 3,69 3,60 3,63 3,63 3,53 3,53 3,53 3,58 3,55 3,55 3,51 3,51 3,51 3,51 3,47 3,43 3,38 3,42 3,41 3,41 3,41 1,55 1,54 1,55 1,55 1,55 1,55 1,54 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 1,50 1,48 1,48 1,47 1,44 1,44 1,44 1,48 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,49 1,44 1,46 1,49 1,48 1,48 1,48 (1) Circular B.C.R. Nº 041-94-EF/90. Acumulado desde el 1 de abril de 1991. FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional. TAMEX = Tasa Activa en Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional. TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera. (N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado. MAYO 2009
  • 59. MAYO 2009 01.04.09 02.04.09 03.04.09 04.04.09 05.04.09 06.04.09 07.04.09 08.04.09 09.04.09 10.04.09 11.04.09 12.04.09 13.04.09 14.04.09 15.04.09 16.04.09 17.04.09 18.04.09 19.04.09 20.04.09 21.04.09 22.04.09 23.04.09 24.04.09 25.04.09 26.04.09 27.04.09 28.04.09 29.04.09 30.04.09 01.05.09 02.05.09 03.05.09 04.05.09 05.05.09 06.05.09 07.05.09 08.05.09 09.05.09 10.05.09 V 3,148 3,125 3,124 N/P N/P 3,114 3,116 3,109 N/P N/P N/P N/P 3,091 3,092 3,094 3,078 3,080 N/P N/P 3,094 3,090 3,084 3,081 3,062 N/P N/P 3,060 3,053 3,025 2,995 N/P N/P N/P 2974 2,973 2,964 2,958 2,955 N/P N/P C 3,147 3,125 3,123 N/P N/P 3,113 3,116 3,108 N/P N/P N/P N/P 3,086 3,091 3,094 3,076 3,079 N/P N/P 3,093 3,089 3,083 3,081 3,060 N/P N/P 3,059 3,049 3,022 2,992 N/P N/P N/P 2,974 2,972 2,962 2,957 2,954 N/P N/P R.C. Nº 007-91-EF/90 C 3,160 3,147 3,125 3,123 N/P N/P 3,113 3,116 3,108 N/P N/P N/P N/P 3,086 3,091 3,094 3,076 3,079 N/P N/P 3,093 3,089 3,083 3,081 3,060 N/P N/P 3,059 3,049 3,022 2,992 N/P N/P N/P 2,974 2,972 2,962 2,957 2,954 N/P (1) V C 3,130 3,110 3,120 N/P N/P 3,100 3,110 3,100 N/P N/P N/P N/P 3,090 3,090 3,090 3,080 3,080 N/P N/P 3,090 3,090 3,080 3,080 3,060 N/P N/P 3,060 3,030 3,000 2,970 N/P N/P N/P 2,960 2,970 2,950 2,960 2,950 N/P N/P V = Venta; N/P = No publicado 3,161 3,148 3,125 3,124 N/P N/P 3,114 3,116 3,109 N/P N/P N/P N/P 3,091 3,092 3,094 3,078 3,080 N/P N/P 3,094 3,090 3,084 3,081 3,062 N/P N/P 3,060 3,053 3,025 2,995 N/P N/P N/P 2974 2,973 2,964 2,958 2,955 N/P 3,140 3,120 3,130 N/P N/P 3,110 3,130 3,120 N/P N/P N/P N/P 3,100 3,100 3,100 3,090 3,090 N/P N/P 3,100 3,100 3,090 3,090 3,080 N/P N/P 3,070 3,060 3,010 2,985 N/P N/P N/P 2,980 2,980 2,970 2,970 2,960 N/P N/P V Libre al Cierre de Operaciones S/I = Sin información. 4,064 3,969 4,113 N/P N/P 4,100 4,082 4,007 N/P N/P N/P N/P 4,047 4,001 4,014 4,014 3,938 N/P N/P 3,937 3,935 3,952 3,984 4,042 N/P N/P 3,963 3,973 3,993 3,916 N/P N/P N/P 3,714 3,749 3,795 3,758 3,789 N/P N/P C 4,259 4,388 4,264 N/P N/P 4,264 4,198 4,186 N/P N/P N/P N/P 4,165 4,153 4,124 4,143 4,144 N/P N/P 4,063 4,059 4,066 4,098 4,085 N/P N/P 4,067 4,029 4,084 3,990 N/P N/P N/P 4,204 4,161 4,174 4,161 4,157 N/P N/P V Promedio Ponderado al Cierre de Operaciones C 4,242 4,259 4,388 4,264 N/P N/P 4,264 4,198 4,186 N/P N/P N/P N/P 4,165 4,153 4,124 4,143 4,144 N/P N/P 4,063 4,059 4,066 4,098 4,085 N/P N/P 4,067 4,029 4,084 3,990 N/P N/P N/P 4,204 4,161 4,174 4,161 4,157 N/P V Promedio Ponderado a la fecha de publicación(1) 4,136 4,064 3,969 4,113 N/P N/P 4,100 4,082 4,007 N/P N/P N/P N/P 4,047 4,001 4,014 4,014 3,938 N/P N/P 3,937 3,935 3,952 3,984 4,042 N/P N/P 3,963 3,973 3,993 3,916 N/P N/P N/P 3,714 3,749 3,795 3,758 3,789 N/P EURO 4,406 4,462 4,539 N/P N/P 4,437 4,516 N/P N/P N/P N/P N/P 4,470 4,534 4,530 4,582 4,493 N/P N/P 4,439 4,435 4,489 4,405 4,392 N/P N/P 4,376 N/P 4,342 4,416 N/P N/P N/P 4,247 4,365 4,270 4,371 4,266 N/P N/P C 4,580 4,728 4,640 N/P N/P 4,748 4,815 4,652 N/P N/P N/P N/P 4,660 4,735 4,711 4,701 4,652 N/P N/P 4,630 4,628 4,600 4,670 4,540 N/P N/P 4,684 4,592 4,679 4,454 N/P N/P N/P 4,618 4,636 4,645 4,541 4,631 N/P N/P V Promedio Ponderado al Cierre de Operaciones LIBRA ESTERLINA N/P 0,031 N/P N/P N/P N/P N/P 0,031 N/P N/P N/P N/P 0,031 N/P 0,031 N/P 0,030 N/P N/P N/P 0,032 N/P 0,032 N/P N/P N/P 0,032 0,032 N/P 0,030 N/P N/P N/P N/P 0,029 0,030 0,029 0,029 N/P N/P C 0,033 0,033 0,032 N/P N/P 0,032 0,031 0,031 N/P N/P N/P N/P 0,031 0,032 0,032 0,031 0,032 N/P N/P 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 N/P N/P 0,032 0,032 0,032 0,031 N/P N/P N/P 0,031 0,032 0,030 0,030 0,031 N/P N/P V Promedio Ponderado al Cierre de Operaciones YEN JAPONÉS 2,692 2,723 2,681 N/P N/P 2,676 2,715 2,635 N/P N/P N/P N/P 2,629 2,668 2,698 2,585 2,588 N/P N/P 2,630 2,568 2,586 2,616 2,640 N/P N/P 2,567 2,523 2,519 2,591 N/P N/P N/P 2,557 2,547 2,552 2,582 2,596 N/P N/P C 2,788 2,807 2,817 N/P N/P 2,807 2,762 2,759 N/P N/P N/P N/P 2,776 2,856 2,736 2,815 2,707 N/P N/P 2,675 2,695 2,739 2,738 2,737 N/P N/P 2,711 2,767 2,695 2,673 N/P N/P N/P 2,719 2,729 2,671 2,685 2,711 N/P N/P V Promedio Ponderado al Cierre de Operaciones FRANCO SUIZO En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria (numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC). Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. C = Compra; M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. L. M. M. J. V. S. D. FECHA Promedio Ponderado a la fecha de publicación(1) DÓLAR NORTEAMERICANO Promedio Ponderado al Cierre de Operaciones Del 01.04.2009 al 10.05.2009 Tipo de Cambio (en S/.): INDICADORES 61
  • 60. INDICADORES Declaración de Base Imponible en ADUANAS Factor de conversión País Equivalencia en US$ Del 16.01.2009 A partir del al 26.02.2009(1) 27.02.2009(2) US$ US$ Moneda País Equivalencia en US$ Del 16.01.2009 A partir del al 26.02.2009(1) 27.02.2009(2) US$ US$ Moneda Unión Europea Euro 1,395479 1,281558 Irán Rial Iraní 0,000102 0,000103 Angola Kwanza 0,013337 0,013344 Japón Yen Japonés 0,011006 0,011121 Argelia Dínar Argelino 0,014387 0,013725 Malasia, Fed. de Dólar Malasio o Ringgit 0,289855 0,277393 Argentina Peso Argentino 0,289645 0,287150 México Nuevo Peso Mexicano 0,072430 0,069786 Aruba Florín Arubeño 0,561798 0,561798 Nigeria Naira 0,007353 0,006734 Australia Dólar Australiano 0,707014 0,638081 Noruega Corona Noruega 0,143653 0,144831 Bolivia Boliviano 0,143266 0,143472 Panamá Balboa 1,000000 1,000000 Brasil Real 0,432339 0,431220 Paraguay Guaraní 0,000207 0,000199 Bulgaria Lev 0,713572 0,654750 Reino Unido (Inglaterra) Libra Esterlina 1,452900 1,453400 Canadá Dólar Canadiense 0,821490 0,814930 Rusia, Fed. de Rublo 0,032760 0,027993 Chile Peso Chileno 0,001574 0,001623 Sudáfrica Rand 0,106553 0,098571 China, Rep. Pop. de Yuan 0,146574 0,146316 Suecia Corona Sueca 0,127551 0,119857 Colombia 0,000445 0,000411 Suiza Franco Suizo 0,934143 0,862441 Corea, República de Won 0,000792 0,000725 Tailandia Baht 0,028810 0,028612 Dinamarca Corona Danesa 0,187494 0,171969 Taiwán (China Nac.) Nuevo Dólar de Taiwán 0,030530 0,029674 Ecuador Sucre 0,000040 0,000040 Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago 0,160256 0,162338 Guatemala Quetzal 0,129116 0,125945 Turquía Lira 0,651551 0,608717 Hong Kong Dólar de Hong Kong 0,129034 0,128969 Uruguay Peso Uruguayo 0,041237 0,044346 India Rupia de la India 0,020585 0,020483 Venezuela Bolívar Venezolano 0,466287 0,466287 Indonesia Rupia de Indonesia 0,000091 0,000089 Viet Nam Dong 0,000057 0,000057 Peso Colombiano (1) Según R. de S. NAA Nº 010-2009-SUNAT/A. (2) Según R. de S. NAA Nº 101-2009-SUNAT/A. Índice de Reajuste Diario(*) Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil 2008 Días Junio Julio Agosto Setiembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6,70823 6,70906 6,70988 6,71071 6,71153 6,71236 6,71318 6,71401 6,71484 6,71566 6,71649 6,71731 6,71814 6,71896 6,71979 6,72062 6,72144 6,72227 6,72310 6,72392 6,72475 6,72558 6,72640 6,72723 6,72806 6,72888 6,72971 6,73054 6,73137 6,73219 ---- 6,73386 6,73552 6,73719 6,73885 6,74052 6,74219 6,74385 6,74552 6,74719 6,74886 6,75053 6,75220 6,75387 6,75554 6,75721 6,75888 6,76055 6,76223 6,76390 6,76557 6,76724 6,76892 6,77059 6,77227 6,77394 6,77562 6,77729 6,77897 6,78065 6,78232 6,78400 6,78521 6,78642 6,78764 6,78885 6,79006 6,79128 6,79249 6,79370 6,79492 6,79613 6,79735 6,79856 6,79978 6,80099 6,80221 6,80342 6,80464 6,80586 6,80707 6,80829 6,80950 6,81072 6,81194 6,81316 6,81437 6,81559 6,81681 6,81803 6,81925 6,82046 6,82168 6,82302 6,82436 6,82570 6,82704 6,82838 6,82972 6,83106 6,83240 6,83374 6,83508 6,83642 6,83776 6,83911 6,84045 6,84179 6,84313 6,84448 6,84582 6,84716 6,84851 6,84985 6,85120 6,85254 6,85389 6,85523 6,85658 6,85792 6,85927 6,86061 6,86196 ---- 2009 Octubre Noviembre Diciembre 6,86321 6,86446 6,86572 6,86697 6,86822 6,86948 6,87073 6,87198 6,87324 6,87449 6,87575 6,87700 6,87825 6,87951 6,88077 6,88202 6,88328 6,88453 6,88579 6,88705 6,88830 6,88956 6,89082 6,89207 6,89333 6,89459 6,89585 6,89710 6,89836 6,89962 6,90088 6,90229 6,90369 6,90510 6,90651 6,90791 6,90932 6,91073 6,91214 6,91355 6,91496 6,91636 6,91777 6,91918 6,92059 6,92200 6,92341 6,92482 6,92624 6,92765 6,92906 6,93047 6,93188 6,93330 6,93471 6,93612 6,93754 6,93895 6,94036 6,94178 6,94319 ---- 6,94388 6,94457 6,94526 6,94595 6,94665 6,94734 6,94803 6,94872 6,94941 6,95010 6,95080 6,95149 6,95218 6,95287 6,95356 6,95426 6,95495 6,95564 6,95633 6,95702 6,95772 6,95841 6,95910 6,95980 6,96049 6,96118 6,96187 6,96257 6,96326 6,96395 6,96465 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 6,96546 6,96627 6,96707 6,96788 6,96869 6,96950 6,97031 6,97112 6,97192 6,97273 6,97354 6,97435 6,97516 6,97597 6,97678 6,97759 6,97840 6,97921 6,98002 6,98083 6,98164 6,98245 6,98326 6,98407 6,98488 6,98569 6,98650 6,98731 6,98812 6,98893 6,98974 6,99000 6,99027 6,99053 6,99080 6,99106 6,99132 6,99159 6,99185 6,99212 6,99238 6,99264 6,99291 6,99317 6,99344 6,99370 6,99396 6,99423 6,99449 6,99476 6,99502 6,99528 6,99555 6,99581 6,99608 6,99634 6,99661 6,99687 6,99713 ---------- 6,99696 6,99679 6,99662 6,99645 6,99629 6,99612 6,99595 6,99578 6,99561 6,99544 6,99527 6,99510 6,99494 6,99477 6,99460 6,99443 6,99426 6,99409 6,99392 6,99375 6,99358 6,99342 6,99325 6,99308 6,99291 6,99274 6,99257 6,99240 6,99223 6,99207 6,99190 6,99274 6,99358 6,99441 6,99525 6,99609 6,99693 6,99777 6,99861 6,99945 7,00029 7,00112 7,00196 7,00280 7,00364 7,00448 7,00532 7,00616 7,00700 7,00784 7,00868 7,00952 7,01036 7,01120 7,01204 7,01288 7,01372 7,01456 7,01540 7,01625 7,01709 ---- 7,01713 7,01718 7,01722 7,01726 7,01731 7,01735 7,01739 7,01743 7,01748 7,01752 7,01756 7,01761 7,01765 7,01769 7,01774 7,01778 7,01782 7,01786 7,01791 7,01795 7,01799 7,01804 7,01808 7,01812 7,01817 7,01821 7,01825 7,01829 7,01834 7,01838 7,01842 (*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa días (90). No es aplicable para el cálculo de intereses ni para determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el artículo1236° del Código Civil. FUENTE: Banco Central de Reserva. 62 MAYO 2009
  • 61. PROYECTOS DE LEY Principales Proyectos de Ley Del 26 de abril al 10 de mayo de 2009 Nota: Al cierre de esta edición la Ley fue aprobada, y la autógrafa fue enviada al Presidente de la República. AMPLIAR ACCESO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PROYECTO Nº 3222/2008-PE (PE) / 30.04.2009 PROPUESTA: Ampliar temporalmente el periodo de acceso a servicios de seguridad social en salud para desempleados. Nota: La presente iniciativa generó la Ley Nº 29353, publicada el día 1 de mayo de 2009. COMPRA DE ACCIONES EN RÉGIMEN DE INDUSTRIA AGRO AZUCARERA PROYECTO Nº 3212/2008-CR (GN) / 28.04.2009 PROPUESTA: Establecer que los trabajadores de las empresas agrarias azucareras acogidas al régimen patrimonial de la Ley Nº 28207, tienen derecho individual y preferencial para adquirir directamente las acciones del Estado hasta el límite del 20 por ciento del total de las emitidas. Asimismo podrán ejercer su derecho de adquisición preferente sobre todas las acciones a enajenarse siempre que representen por lo menos el diez por ciento de los trabajadores. AGUINALDOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS PROYECTO Nº 3208/2008-CR (GBP) / 28.04.2009 PROPUESTA: Nivelar el aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad a los funcionarios públicos. MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL • SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PROYECTO Nº 3215/2008-CR (GNU) / 29.04.2009 PROPUESTA: Establecer un nuevo procedimiento para la elección del Contralor General de la República. Se busca modificar el artículo 82° de la Constitución Política con el fin de establecer que el Contralor General de la República sea propuesto y elegido por el Congreso con el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas y por un período de cinco años. • • BENEFICIOS TRIBUTARIOS • • INCENTIVOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE APURÍMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA PROYECTO Nº 3224/2008-CR (MP) / 30.04.2009 PROPUESTA: Declarar de interés nacional el desarrollo económico y social de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica y otorgar incentivos tributarios a la inversión en dichas ciudades. Así, las empresas que se establezcan y transformen, procesen, brinden servicios o generen valor agregado en dichos departamentos, cuyas operaciones anuales correspondan en no menos del 10 por ciento a la exportación de los bienes que producen, estarán exoneradas hasta el 31 de diciembre del año 2030 del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, etc. En este proyecto también se busca establecer que el ingreso de mercancías nacionales y la prestación de servicios provenientes del resto del territorio destinado a las empresas materia del beneficio serán considerados como exportación. CONFIRMACIÓN DE BENEFICIOS POR INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA PROYECTO Nº 3214/2008-CR (MP) / 29.04.2009 PROPUESTA: Derogar los Dec. Leg. Nºs. 977 y 978, incisos 1 y 5 del artículo 2° de la Ley Nº 28932 y las Leyes Nºs. 28575, 29175 y 29310, así como restituir la vigencia de los incentivos, exoneraciones y beneficios tributarios regulados mediante Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. • OTROS • PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA PROYECTO Nº 3250/2008-CR (MP) / 07.05.2009 PROPUESTA: Establecer los lineamientos y normas para la promoción del desarrollo de la innovación tecnológica en la artesanía. LEY DE CARRERA JUDICIAL PROYECTO Nº 3233/2008-CR (MP) / 06.05.2009 PROPUESTA: Modificar el plazo de vigencia de los artículos 87° al 96° de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial, hasta cuarenta y cinco días de que entre vigor este proyecto. Nota: La presente iniciativa generó la Ley Nº 29354, publicada el día 7 de mayo de 2009. CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ESTADO PROYECTO Nº 3226/2008-CR (GAN) / 04.05.2009 PROPUESTA: Establecer que se encuentra prohibida la modificación de los contratos y/o convenios suscritos por el Perú mediante normas de rango legal o inferior. DERECHOS DEL CONSUMIDOR PROYECTO Nº 3223/2008-CR (GPA) / 30.04.2009 PROPUESTA: Con el fin de que los consumidores puedan tomar conocimiento de la información que es considerada relevante, se busca regular la inclusión de la misma en el etiquetado de los productos alimenticios envasados que se encuentran destinados a la venta directa de los consumidores. • • IMPUESTO A LA RENTA • GASTO POR VIAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE PROMOTORES DE VENTAS Y EJECUTIVOS PROYECTO Nº 3211/2008-CR (GN) / 28.04.2009 PROPUESTA: Incentivar que los gastos por viajes de promotores de ventas y ejecutivos sean en el país y no fuera de él. Con el fin de promover el turismo interno se busca establecer que no son gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta los viajes de incentivo al extranjero que las empresas otorgan a sus promotores de ventas y ejecutivos. En cambio, sí se aceptarán dichos incentivos cuando son otorgados para viajes en el país. LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL • ACLARAR LEY Nº 29351 SOBRE REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES PROYECTO Nº 3232/2008-CR (MP) / 06.05.2009 PROPUESTA: Con el fin de aclarar cuáles son los descuentos permitidos a que se refiere la Ley Nº 29351, Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, se busca modificar los artículos 1° y 2° de dicha norma para establecer que los únicos descuentos permitidos son aquellos provenientes de resoluciones judiciales recaídas en procesos de alimentos. • ENTIDADES PROPONENTES MENCIONADAS(*) GAN GBP GN GNU GPA MP PE = = = = = = = Grupo Parlamentario Alianza Nacional. Grupo Parlamentario Bloque Popular. Grupo Parlamentario Nacionalista. Grupo Parlamentario Unión por el Perú. Grupo Parlamentario Partido Aprista Peruano. Multipartidario. Poder Ejecutivo. –––– (*) El artículo 107° de la Constitución Política ha establecido las personas o entidades que tienen derecho a iniciativa en la formulación de Leyes. Los Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines. Actualmente el Congreso tiene nueve Grupos Parlamentarios. MAYO 2009 63
  • 62. LEGISLACIÓN Principales Dispositivos Legales Del 25 de abril al 10 de mayo de 2009 REDUCEN COSTOS LABORALES A LOS AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD (01.05.2009 – 395238) LEY Nº 29351 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo de Ministros ESTABLECEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD TEMPORAL Y POSTERIOR INTANGIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS – CTS (01.05.2009 – 395239) POR CUANTO: El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: Artículo 1°.- Incorporación del artículo 8°-A a la Ley Nº 27735 Incorpórase el artículo 8°-A a la Ley Nº 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad, en los términos siguientes: “Artículo 8°-A.- Inafectación de las gratificaciones Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna; excepto aquellos otros descuentos establecidos por ley o autorizados por el trabajador.” Artículo 2°.- Regímenes laborales del sector público Los aguinaldos o gratificaciones a que se refiere el numeral 2 de la quinta disposición transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, no se encuentran sujetos a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna; excepto aquellos otros descuentos establecidos por ley o autorizados por el trabajador. Artículo 3°.- Aportaciones a EsSalud El monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud (EsSalud) con relación a las gratificaciones de julio y diciembre de cada año son abonados a los trabajadores bajo la modalidad de bonificación extraordinaria de carácter temporal no remunerativo ni pensionable. Artículo 4°.- Vigencia La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y rige hasta el 31 de diciembre de 2010. Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil nueve. JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN Presidente del Congreso de la República ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de abril del año dos mil nueve. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República 64 LEY Nº 29352 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: Artículo 1°.- Objeto de la Ley El objeto de la presente Ley es devolver a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) su naturaleza de seguro de desempleo, que permita a los trabajadores tener una contingencia asegurada para la eventualidad de la pérdida del empleo. Artículo 2°.- Disponibilidad temporal de los depósitos de CTS Los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios - CTS, pueden disponer libremente del ciento por ciento (100%) de los depósitos por CTS que se efectúen en los meses de mayo y noviembre de 2009. Artículo 3°.- Intangibilidad progresiva de los depósitos de CTS A partir de 2010, se restringirá progresivamente la libre disposición de los depósitos por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de acuerdo con el siguiente cronograma: a) De los depósitos efectuados en mayo de 2010, podrá disponerse hasta del cuarenta por ciento (40%). b) De los depósitos efectuados en noviembre de 2010 podrá disponerse hasta del treinta por ciento (30%). A partir de mayo de 2011 y hasta la extinción del vínculo laboral, los trabajadores podrán disponer, de sus cuentas individuales de Compensación por Tiempo de Servicios, solo del setenta por ciento (70%) del excedente de seis (6) remuneraciones brutas. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, los empleadores deberán comunicar a las instituciones financieras respecto del equivalente al monto intangible de cada trabajador. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la presente Ley. Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 00197-TR. Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil nueve. JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN Presidente del Congreso de la República MAYO 2009 ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO Primer Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de abril del año dos mil nueve. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo de Ministros AMPLÍAN TEMPORALMENTE EL PERÍODO DE ACCESO A SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA DESEMPLEADOS (01.05.2009 – 395239) LEY Nº 29353 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: Artículo 1°.- Objeto de la Ley El objeto de la presente Ley es establecer un régimen especial temporal del derecho de cobertura por desempleo (latencia) previsto en el artículo 11° de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, con el fin de aliviar la situación de los desempleados como efecto de la crisis financiera internacional. Artículo 2°.- Régimen especial temporal del derecho de cobertura por desempleo (latencia) Los afiliados regulares que hubieran sido cesados o cuyos contratos de trabajo hubieran sido suspendidos de manera perfecta durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2010, inclusive, tienen el derecho a las prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud, siempre que cuenten con un período de aportación no menor de cinco (5) meses en los últimos tres (3) años precedentes al cese o suspensión. Dicho derecho se hace extensivo a sus derechohabientes, de acuerdo con el siguiente detalle: Períodos aportados Plazo de latencia De 5 a 9 meses 6 meses De 10 a 14 meses 6 meses El plazo de latencia se inicia a partir de la fecha en que se hizo efectivo el cese o a partir de la fecha de pérdida del derecho de cobertura en el caso de suspensión perfecta del contrato. El Reglamento de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-SA, y sus normas modificatorias regulan la forma en que dichas prestaciones son otorgadas.
  • 63. LEGISLACIÓN Artículo 3°.- Aplicación supletoria de normas En todo lo que no prevé la presente Ley, resultan de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, así como sus normas reglamentarias y complementarias, en tanto no se opongan a la presente Ley. DISPOSICIONES FINALES PRIMERA.- Vigencia La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. SEGUNDA.- Normas complementarias El Seguro Social de Salud (EsSalud) dicta las medidas complementarias para la mejor aplicación de la presente Ley. Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil nueve. JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN Presidente del Congreso de la República ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de abril del año dos mil nueve. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo de Ministros ESTABLECEN MEDIDAS ECONÓMICAS URGENTES Y DE INTERÉS NACIONAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (07.05.2009 – 395507) DECRETO DE URGENCIA Nº 057-2009 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el artículo 9° del numeral 9.1 (sic) de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, establece que el gasto total a ejecutarse durante el año 2009, en materia de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) regulada por el Decreto Legislativo Nº 1057, incluido el gasto de las contribuciones a EsSalud, no podrá ser mayor, en ningún caso, al monto ejecutado durante el año 2008 por concepto de las Específicas de Gasto 27. “Servicios No Personales”, 33. “Servicio de Consultoría” y 39. “Otros Servicios de Terceros”, en lo que respecta a la contratación de personas naturales, conforme al Clasificador de Gastos aplicable en el año 2008; Que, de otro lado, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el régimen de contratación administrativa de servicios, dispone que ninguna entidad pública puede suscribir un contrato administrativo de servicios por un monto menor al de la remuneración mínima vital; Que, las disposiciones señaladas en los considerandos precedentes han generado limitaciones en la contratación de servicios a través de la modalidad de CAS, tales como: impedimento de financiar en forma anualizada los contratos que se suscribieron en el año 2008; imposibilidad de equiparar los contratos CAS que se suscribieron por montos inferiores a la remuneración mínima vital; e, imposibilidad de contratar el personal necesario que requieren algunas entidades para el cumplimiento de nuevas funciones delegados o que se encuentran en proceso de implementación; Que, es necesario tomar medidas urgentes y de interés nacional que permitan solucionar las limitaciones generadas por la aplicación del artículo 9° numeral 9.1 de la Ley Nº 29289 y de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 075-2008PCM, a efectos de permitir una gestión adecuada de los recursos humanos para la ejecución e implementación de las funciones delegadas a las entidades, toda vez que de no autorizarse de manera inmediata la medida económica y financiera, señalada, podrá verse afectada la prestación de servicios básicos brindados por las diferentes entidades públicas; En uso de las facultades conferidas por el numeral 19) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; DECRETA: Artículo 1°.- Objeto La presente norma de carácter económica y financiera tiene como finalidad establecer medidas urgentes destinadas a que los pliegos de Gobierno Nacional y Gobierno Regional procedan a cubrir el costo durante el año 2009 de los contratos CAS existentes a la entrada en vigencia de la presente norma, equiparar los contratos CAS que se suscribieron por montos inferiores a la remuneración mínima vital; y, realizar nuevos contratos del personal necesario para el cumplimiento de nuevas funciones delegadas o que se encuentran en proceso de implementación. Artículo 2°.- Excepción al numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley Nº 29289 Exceptúase a los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional del límite establecido por el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, para realizar las acciones siguientes: i. Cubrir el costo durante el año 2009, de las personas contratadas a la vigencia de la presente norma a través de la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios-CAS. ii. Equiparar, de ser el caso, los Contratos Administrativo de Servicios existentes a la entrada en vigencia de la presente norma, a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 0752008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. iii. Celebrar nuevos Contratos Administrativos de Servicios, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público respecto a la capacidad de financiamiento del presupuesto institucional del pliego. Para el otorgamiento de dicho informe favorable el pliego debe sustentar su requerimiento con el pronunciamiento de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Presupuesto o quienes hagan sus veces en la entidad, a efectos que se demuestre la existencia de disponibilidad presupuestal y la no afectación de las prestaciones, así como del cumplimiento de metas y objetivos institucionales a su cargo. Artículo 3°.- Del Financiamiento Lo dispuesto en la presente norma se ejecuta con cargo al presupuesto institucional de los respectivos pliegos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Artículo 4°.- Disposición Final El régimen de contratación de servicios-CAS regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, no es de aplicación para la ejecución de proyectos de inversión. Artículo 5°.- Disposición Derogatoria Deróguese o déjese en suspenso las disposiciones [que] se opongan o impiden la adecuada aplicación de la presente norma. Artículo 6°.- Refrendo El presente Decreto de Urgencia será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. MAYO 2009 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de mayo del año dos mil nueve. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo de Ministros LUIS CARRANZA UGARTE Ministro de Economía y Finanzas APRUEBAN PLAN OPERATIVO ANTICORRUPCIÓN DE SUNAT 2009 (09.05.2009 – 395685) RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 106-2009/SUNAT Lima, 8 de mayo de 2009 CONSIDERANDO: Que a través de la Ley Nº 27815 se aprobó la Ley del Código de Ética de la Función Pública que estipula principios, deberes y prohibiciones éticos para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública; Que mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM se definieron y establecieron las Políticas Nacionales para las entidades del Gobierno Nacional con el propósito de determinar objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública, así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas, los cuales son de obligatorio cumplimiento; Que entre las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, que se establecieron en el citado decreto supremo, en materia de política anticorrupción se dispuso fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública; Que asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 051-2009-PCM se aprobó la Directiva Nº 002-2009PCM/SGP, a través de la cual se establecieron las disposiciones relativas a la elaboración de informes periódicos ministeriales sobre los avances en la aplicación de medidas contra la corrupción y para la resolución de denuncias, en cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros; Que complementariamente a los informes a que se refiere el considerando precedente, se ha considerado necesario aprobar el Plan Operativo Anticorrupción SUNAT 2009; En uso de las facultades conferidas en los incisos u) y v) del Artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM; SE RESUELVE: Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Anticorrupción SUNAT 2009, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2°.- El referido Anexo será publicado en el Portal Institucional de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. MANUEL VELARDE DELLEPIANE Superintendente Nacional 65
  • 64. LEGISLACIÓN SUMILLADA Legislación Tributaria Del 11 de abril al 10 de mayo de 2009 1. SUNARP – Precedentes de Observancia Obligatoria (15.04.2009 – 394240). Por Resolución del Presidente del Tribunal Registral Nº 061-2009SUNARP/PR se dispone la publicación de los precedentes de observancia obligatoria aprobados en la sesión del Cuadragésimo Sexto Pleno del Tribunal Registral. 6. INDUSTRIAS – Disposiciones reglamentarias (20.04.2009 – 394649). Mediante R. M. Nº 051-2009-MINCETUR/DM se delega a la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua la facultad de expedir Certificados de Origen a las empresas exportadoras domiciliadas en el departamento de Moquegua. 2. SISTEMA FINANCIERO – Disposiciones sobre BCRP (15.04.2009 – 394314). Mediante Resolución de Directorio Nº 018-2009-BCRP se aprueba el nuevo Estatuto del Banco Central de Reserva del Perú. 7. IMPUESTO A LA RENTA – Certificado de Inversión Pública Regional o Local (21.04.2009 – 394673)(1). Por D. S. Nº 090-2009-EF se modifica el Reglamento de la Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por D. S. Nº 147-2008-EF. 3. ELECTRICIDAD – Disposiciones reglamentarias (16.04.2009 – 394366). Por D. S. Nº 022-2009-EM se aprueba el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad. 4. TRABAJO – Disposiciones sobre MYPES (16.04.2009 – 394352). Mediante R. D. Nº 238-2009-MTPE/ 4/10.1 se aprueban los “Lineamientos para la aplicación de la amnistía laboral contemplada en la Octava Disposición Complementaria Final del Dec. Leg. Nº 1086 – Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de las MYPES. 5. INDECOPI – Organización interna (17.04.2009 – 394504). Por R. S. Nº 073-2009-PCM se modifica la conformación de las Salas de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 66 8. TÍTULOS VALORES – Modificaciones legales (22.04.2009 – 394717)(2). Mediante Ley Nº 29349 se modifica el artículo 10° de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores. 9. TRANSPORTE – Disposiciones reglamentarias (22.04.2009 – 394735). Por D. S. Nº 016-2009-MTC se aprueba el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito. 10. TRANSPORTE – Disposiciones reglamentarias (22.04.2009 – 394767)(1). Mediante D. S. Nº 017-2009-MTC se aprueba un nuevo Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2009. 11. TRABAJO – Administración de Fondos de Pensiones (23.04.2009 – 394879). Por R. de SBS Nº 2816-2009 se aprueMAYO 2009 ba el Portal de Recaudación AFPnet que utilizan las AFP para efectos de la declaración y pago de los aportes previsionales por parte de los empleadores que cuenten con trabajadores afiliados a una AFP. 12. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Distribución de recursos fiscales (24.04. 2009 – 394917)(2). Mediante D. S. Nº 094-2009-EF se aprueban disposiciones reglamentarias para la distribución de los recursos provenientes de la eliminación de las exoneraciones e incentivos tributarios. 13. TRABAJO – Disposiciones reglamentarias (24.04.2009 – 394925). Por D. S. Nº 005-2009-TR se aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales. 14. TRABAJO – Reducción de costos laborales (01.05.2009 – 395238)(3) . Mediante Ley Nº 29351 se reducen los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. 15. TRABAJO – Compensación por Tiempo de Servicios (01.05.2009 – 395239)(3). Por Ley Nº 29352 se establece la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios. ––––– (1) Publicada en el Suplemento Informe Tributario, Nº 215, abril de 2009. (2) Publicada en el Suplemento Electrónico Legislación Tributaria Complementaria, Nº 38, mayo de 2009. (3) Publicada en el presente número de la Revista Análisis Tributario.
  • 65. LEGISLACIÓN SUMILLADA 16. TRABAJO – Acceso a la Salud (01.05.2009 – 395239)(3). Mediante Ley Nº 29353 se amplía temporalmente el período de acceso a servicios de seguridad social en salud para desempleados. 17. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Distribución de recursos (01.05.2009 – 395245)(2). Por R. M. Nº 222-2009-EF/15 se aprueban índices de distribución y montos a ser distribuidos de los recursos provenientes de la eliminación de las exoneraciones e incentivos tributarios. 18. PODER JUDICIAL – Organización interna (01.05.2009 – 395288). Mediante Res. Adm. Nº 129-2009-CEPJ se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. 19. PODER JUDICIAL – Organización Interna (01.05.2009 – 395293). Por Res. Adm. Nº 264-2009-P-CSJLI/ PJ se establecen la conformación de la Primera Sala Contencioso Administrativo de Lima y designan magistrados provisionales y suplentes en sala contencioso administrativa y en juzgados del Distrito Judicial de Lima. 20. PRESUPUESTO PÚBLICO – Inversión Pública (05.05.2009 – 395441). Mediante R. M. Nº 182-2009-PCM se aprueba el Programa Multianual de Inversión Pública 2010-2012 del Sector Presidencia del Consejo de Ministros. 21. PODER JUDICIAL – Carrera Judicial (07.05.2009 – 395506). Por Ley Nº 29354 se modifica el plazo de vigencia del artículo 87° al artículo 96° de la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial. 22. TRABAJO – Contrato Administrativo de Servicios (07.05.2009 – 395507)(3). Mediante D. U. Nº 057-2009 se establecen medidas económicas urgentes y de interés nacional en materia de contratación administrativa de servicios. 23. ESTADO DE EMERGENCIA – Disposiciones sobre su declaración (07.05.2009 – 395508)(2) . Por D. S. Nº 026-2009-PCM se declara el Estado de Emergencia en el departamento de Ica, las provincias de Cañete y Yauyos en el departamento de Huaytará y los distritos de Acobambilla y Manta de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica. 24. SISTEMA FINANCIERO – Disposiciones reglamentarias (07.05. 2009 – 395542). Mediante Circular Nº 011-2009-BCRP se aprueba el Reglamento para el Canje de Billetes y Monedas a Cargo de las Empresas del Sistema Financiero. 25. SISTEMA FINANCIERO – Disposiciones reglamentarias (07.05. 2009 – 395544). Por Circular Nº 012-2009-BCRP se aprueba el Reglamento de Depósitos y Retiros de Billetes y Monedas efectuadas por Empresas del Sistema Financiero. 26. ADUANAS – Disposiciones sobre impor tación (08.05.2009 – 395614)(2). Mediante R. de S. NAA Nº 234-2009/ SUNAT/A se modifica la relación de Importadores Frecuentes aprobada mediante R. de S. NAA Nº 132-2008SUNAT/A y modificatorias. 27. SISTEMA FINANCIERO – Disposiciones legales (09.05.2009 – 395649). Por Ley Nº 29355 se crea el Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con Cobertura de Fallecimiento o de Muerte Accidental. 28. ESTADO DE EMERGENCIA – Disposiciones sobre su declaración (09.05.2009 – 395652). Mediante D. S. Nº 027-2009-PCM se declara el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamentos de Cusco, Ucayali y Amazonas. MAYO 2009 29. SUNAT – Organización interna (09.05.2009 – 395685)(3). Por R. de S. Nº 106-2009/SUNAT se aprueba el Plan Operativo Anticorrupción de SUNAT 2009. ––––– NOTA: Las referencias a páginas corresponden a las de la sección NORMAS LEGALES del Diario Oficial "El Peruano", salvo indicación expresa. ––––––––––––– ABREVIATURAS: D. S. : Dec. Leg. : Res. Adm. : R. D. : R. G.G. : R. I. N. ADUANAS : R. J. R. Leg. R. M. R. P. R.P.C.E.N. : : : : : R.P.D.I. : R. S. R. VM. R. de A. R. de Cons. Direc. R. de C. R. de CONASEV R. de I. R. de O.Z. R. de Pres. Ejec. R. de S. R. de S. NAA : : : : : : : : : : : R. de S. NATI : R. de SBS : R. de SD : R. de SUNARP : R. de CNC : Decreto Supremo Decreto Legislativo Resolución Administrativa Resolución Directoral Resolución de Gerencia General Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas Resolución Jefatural Resolución Legislativa Resolución Ministerial Resolución Presidencial Resolución del Presidente del Consejo Ejecutivo Nacional Resolución de la Presidencia del Directorio de INDECOPI Resolución Suprema Resolución Viceministerial Resolución de Alcaldía Resolución de Consejo Directivo Resolución de Contaduría Resolución de CONASEV Resolución de Intendencia Resolución de Oficina Zonal Resolución de Presidencia Ejecutiva Resolución de Superintendencia Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros y AFP Resolución de Secretaría de Descentralización Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad ––––– (2) Publicada en el Suplemento Electrónico Legislación Tributaria Complementaria, Nº 38, mayo de 2009. (3) Publicada en el presente número de la Revista Análisis Tributario. 67