1INTERPONEN RECURSO DE CASACIÓN - CASO FEDERALExcmo. Tribunal:                          Alejandro NOVAK y Eugenio BLANCO, ...
2209, 431, 56, 276, 312, 335, 359, 364, 365, 366, 373, 374, 431 yccdtes, del C.P.P. y 18 de la C.N.; arts. 8 inc. 2 a y b,...
3                   El auto recurrido resulta sentencia definitiva enlos términos del art. 454 inc. 1 del ordenamiento cit...
4proceso penal, a los fines del resguardo soberano del debido proceso yla defensa en juicio. Ello encuentra su basamento e...
5                   Debe destacarse que el hecho ocurrió el 27 deoctubre de 2002 y, y que ese mismo día la autoridad polic...
6apartado “a” (favorecimiento personal) en función del inc. 2 aparatado“a” del C.P.                     En   los   autos  ...
7                   Y que ello acarrearía insalvablemente la ineficaciade los actos procesales a realizar, por violarse lo...
8                   Y que concretamente no correspondía la suspensiónde la audiencia por cuanto ya se había iniciado, y “l...
9posiblemente en relación con la aplicación -hipotética- del art. 277inc. 4 del C.P. correspondía suspender el trámite de ...
10                   En cuanto a la nulidad del dictamen fiscal, sostuvoque   no   se   advierte     menoscabo    a   gara...
11                            En lo lineamientos de la acusación la fiscalíaatribuyó a Bártoli el delito de encubrimiento ...
12                   Dicha   prueba   fue     admitida,   protestándose      decasación y formulando reserva del caso fede...
13agravado en los términos del art. 277 inc. 1 b y 3 a del C.P.,cambiando sorpresivamente la calificación del supuesto def...
14Extraordinario”, Ed. Astrea). Por tal motivo dejamos formulada lareserva de caso federal (art. 14 ley 48).              ...
15cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (fallos 289:107), las quepadecen desaciertos que los invalidan como actos ...
16prevista para cada caso menoscabando la garantía de la defensaen juicio y el debido proceso, se basa en la mera subjetiv...
17                     Se ha decidido que “Los pronunciamientos queomiten considerar cuestiones oportunamente propuestas, ...
18                        El fallo impugnado ha incurrido en serios errores dehecho y de derecho.                        V...
19                    El art. 48 de la ley 5827 señala: “… en los casos dejuicio oral se regirán por lo que dispone el art...
20realización de los actos del procedimiento (art. 201 del C.P.P.):Se   entenderá    siempre    prescripta      bajo   san...
21                    “Las reglas de integración del tribunal conformanun presupuesto objetivo de la decisión que resulta ...
22Social y otro. s/ responsabilidad civil, sentencia del 5 de Septiembrede 2002).                           De acuerdo a l...
23la audiencia que expresamente prevé el plexo adjetivo para ventilarla cuestión.                    De tal modo, a la pet...
24correspondencia entre el contenido de las mismas y lascuestiones oportunamente planteadas, lo que supone, como esobvio, ...
25CUESTIONES PLANTEADAS, Y POR HABERSE PRONUNCIADOSOBRE LAS NO ARTICULADAS, VIOLATORIA DE LA DEFENSA ENJUICIO.            ...
26el art. 277 inc. 4 del C.P., resulta inválido y así debía declararse, porresultar conculcatorio del derecho de defensa (...
27                   ES NULA LA DECISIÓN QUE NO HACE LUGAR ALA SUSPENSIÓN DEL           JUICIO A PRUEBA BASADA EN         ...
28                    Al    Sr.    Guillermo      Bártoli     se   le    enrostrabaexclusivamente el delito de encubrimien...
29                   En el caso se confirmó la resolución del Juez deprimera instancia que había concedido la suspensión d...
30                           Conforme ha decidido la Corte Suprema de Justiciade la Nación, “…la sentencia constituye un t...
31                   En ocasión de         la audiencia celebrada en lostérminos del art. 338 esta parte se opuso a la adm...
32                   Es cierto que el Tribunal tiene limitadas facultadesen torno a la prueba propuesta por las partes, pe...
33                         Naturalmente, a falta de imputación, nadie debíadefenderse de ellos. Pero sin embargo, no solo ...
34                   Se solicitó en virtud de ello la suspensión de laaudiencia debate designada, a lo que como es obvio n...
35                   El Tribunal en lo Criminal decidió “hacer saber” que“…no procede supeditar el comienzo del juicio…a l...
36solución   normativa    prevista   para   el   caso   (fallos    296:120,295:417, 303:436, 306:766: id., LL, 1988-D-65),...
37acierto en la concesión del recurso de casación presentado por ladefensa contra la resolución por la que el Tribunal de ...
38juicio a prueba -que invocó- nada dice sobre la posibilidad o no decontinuar con el proceso.                   Finalment...
39                   Por ello y teniendo en consideración la naturalezade los derechos que se pretenden tutelar, como el d...
40hasta tanto el tribunal ad quem competente resuelva la queja, aménde que con ello se estaría evitando la posibilidad del...
41                   Ahora bien, la ley autoriza la ampliación de laacusación sólo en lo referente a hechos integrantes de...
42                   Entonces, LA BASE FÁCTICA NO PUEDE SERPROPIAMENTE NUEVA.                   No ofrece dudas que no hay...
43que fueron objeto de la ampliación en el art. 277 inc. 1 “b”(favorecimiento real).                   Esto último debimos...
44                        Tratándose de una a nulidad de carácter absolutopor afectar las garantías del debido proceso y l...
45                     Esas precisiones no van disminuyendo a medidaque discurre el proceso sino que por el contrario, se ...
46                   De la simple lectura del acta de debate en la que seformulara la ampliación de la acusación, surge qu...
47Fiscal de intervención y el personal policial. Modificó también elescenario del crimen dando órdenes para que se limpiar...
48cambiadas mientras se efectuaba algún llamado a OSDE, y muchomenos que de esa inexistente tarea hubiera participado el S...
49                   Y concretamente tampoco señala que rastros,elementos, pruebas fue lo que se ocultó, alteró o hizodesa...
50                    Esto fue planteado en la audiencia, no recibiendoacogida por parte del Tribunal, por lo que se formu...
51público) predispuesto para ello” (C. Nac. Casación Penal,            sala 1ªGiroldi, Horacio s/recurso de casación, 3/7/...
52plenario        está      viciada       con      "factum"          indeterminado             -sinautosuficiencia- ya que...
53                   Concretamente, entre la fecha de comisión delhecho, los días 27 y 28 de octubre de 2002, y la de la a...
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Recurso de Casación de la defensa de Bartoli contra la sentencia del Tribunal Oral 1: detallado y preciso recurso de casación que explica paso por paso las falencias de la sentencia del tribunal. Aquí se explica con la prueba documentada como fueron los tiempos reales y porqué la posición de la fiscalía y del tribunal en su sentencia no tienen asidero. Las pruebas que fueron "interpretadas" alejandose de lo que se escuchó en el debate y la manipulación para llegar a una sentencia condenatoria.

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Recurso de Casación de la defensa de Bartoli contra la sentencia del Tribunal Oral 1

  1. 1. 1INTERPONEN RECURSO DE CASACIÓN - CASO FEDERALExcmo. Tribunal: Alejandro NOVAK y Eugenio BLANCO, abogadosdefensores del Sr. Guillermo BÁRTOLI, manteniendo el domicilioconstituido en Ituzaingó 325, casillero 58, constituyéndolo a los finesdel recurso de casación en calle 115, nro. 230, casillero 912 de laCiudad de La Plata, en la causa nro. 3197/08 caratulada “BARTOLI…”,nos presentamos y a V.E. respetuosamente decimos: I. OBJETO Que de acuerdo a lo normado por el art. 448 yconcordantes del C.P.P., en legal tiempo y forma venimos a interponerrecurso de casación contra los pronunciamientos fechados el 4 denoviembre de 2011 por los que se condenara al Sr. Guillermo Bártoli ala pena de 5 años de prisión accesorias legales y costas del proceso,por encontrarlo autor penalmente responsable del delito deencubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delitoespecialmente grave, en los términos del artículo 277 inciso primero b)en función del tercero a) en su relación con el artículo 79, todos ellosdel digesto sustantivo. La sentencia fue notificada en la audiencia del 4 denoviembre de 2011, formulándose manifestación en los términos delart. 451 del C.P.P. el 7 de noviembre de 2011, por lo que se deduce entiempo útil.1 II. PROCEDENCIA De acuerdo a lo normado por el art. 448 inc. 1 delC.P.P. nos encontramos legitimados a formular el planteo sobre labase de la inobservancia de preceptos legales adjetivos (arts. 202,1 El vencimiento tiene lugar las cuatro primeras horas del día 25 de noviembre de 2011 (arts. 451 y139 del C.P.P.
  2. 2. 2209, 431, 56, 276, 312, 335, 359, 364, 365, 366, 373, 374, 431 yccdtes, del C.P.P. y 18 de la C.N.; arts. 8 inc. 2 a y b, f de laConvención Americana Sobre Derechos Humanos, 14 inc. 3 e del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos) en tanto en la etapaprevia a la celebración del debate el tribunal se integró deliberó ydecidió cuestiones con solo dos miembros; llevó adelante el debate apesar de existir recursos pendientes de resolución. Posteriormente seamplió indebidamente la acusación y se la declaró válida, vulneró elderecho de defensa mediante la incorporación de pruebas que no pudocontrolar la defensa, negando las pertinentes y útiles que fueransolicitadas, supliendo las deficiencias probatorias y jurídicas de laFiscalía. Por su parte la sentencia no se encuentradebidamente fundada (art. 371 del C.P.P.), encontrándonos frente auna nulidad por omisión de forma sustancial inherente al proceso, loque genera a su vez la nulidad absoluta de la sentencia por serviolatoria de la norma constitucional tuitiva del debido proceso (C.N.art. 18). Conforme lo establecido por el art. 449 inc. 5 delC.P.P., no es menester la protesta previa por encontrarse el planteovinculado a defectos en las formas esenciales de la sentencia. Finalmente, nos encontramos también ante unsupuesto de violación a la ley sustantiva, en tanto se aplicanerróneamente normas de derecho penal que dan solución al caso (arts.40 y 41, 42, 59, 62, 67, 277 inc. 1 b), 277 inc. 3. todos del C.P.) Como quedará expuesto nos encontramos antegraves defectos del procedimiento, quebrantamiento de las formasesenciales del mismo, de la sentencia, y apartamiento del derechosustancial, todo en detrimento de garantías constitucionales, por loque el recurso procede.
  3. 3. 3 El auto recurrido resulta sentencia definitiva enlos términos del art. 454 inc. 1 del ordenamiento citado en tanto setrata de una sentencia condenatoria de un tribunal Oral. Se ha decidido que deben ser dejadas de lado lasexigencias en torno al recurso de casación para satisfacer el derecho aun recurso más amplio (Procurador General, C. 1757. XL. Casal,Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa N°1681— 9 de agosto de 2005). Concretamente la Corte Suprema de Justicia de laNación ha ampliado el alcance del recurso de casación al decidirque “…cabe entender que el art. 456 del Código Procesal Penal de laNación debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisiónamplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible almáximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a lasposibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar lascuestiones reservadas a la inmediación, sólo inevitables por imperio dela oralidad conforme a la naturaleza de las cosas...” . “…con el texto del art. 456 entendidoexegéticamente y en armonía con los arts. 8.2.h de la ConvenciónAmericana y 14.5 del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestroderecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como delagotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad derendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandonadefinitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadascuestiones de derecho” (C.S.J.N., Casal, Matías Eugenio y otro s/ robosimple en grado de tentativa —causa N° 1681— 20 de septiembre de2005). Resulta una ineludible tarea del Tribunal Casatoriola determinación del cumplimiento de los requisitos formales del
  4. 4. 4proceso penal, a los fines del resguardo soberano del debido proceso yla defensa en juicio. Ello encuentra su basamento en el ejercicio ycontrol de garantías constitucionales, concretamente la defensa enjuicio, que se ha visto vulnerada. Como afirma Pandolfi (Pandolfi, “Recurso deCasación Penal”) “…la creación del recurso apunta…al controljerárquico de la jurisdicción”, y en palabras de Maier (“El recurso….”)“debe ser mirado, primero que nada como medio de impugnación delas partes y como garantía constitucional de la defensa en juicio, antesque nadie del imputado”. Avanzando un poco más, sostiene el primeroque “ya no es más una herramienta del estado destinada a launificación de jurisprudencia sino que es vista concretamente,fundamentalmente, como un derecho subjetivo, una garantíainalienable de las partes (especialmente el imputado…) para larevisación de la legalidad y logicidad de las decisiones. Para evitar lasarbitrariedades y, en suma, para afianzar la justicia”. Se ha decidido que cuando se trata de la casaciónpor inobservancia de una forma impuesta constitucionalmenteconstituye una verdadera garantía de justicia y seguridad para losderechos, su procedencia no puede ser restringida (ver C.N.C.P., Sala4, Rico, Pedro Mario y otro s/ recurso de casación, sentencia del 6 deabril de 2000). III. ANTECEDENTES III.I. El inicio de la causa – el hecho originalmenteimputado Esta causa tiene como acto inicial un oficio, defecha 30 de octubre de 2002, dirigido a la SUB-DDI de Pilar por elfiscal de turno Dr. Molina Pico, “…a fin de que se lleve adelante tareasde investigación tendiente a determinar los motivos del fallecimientoMaría Marta García Belsunce…” (fs. 1)
  5. 5. 5 Debe destacarse que el hecho ocurrió el 27 deoctubre de 2002 y, y que ese mismo día la autoridad policial tuvoconocimiento de que el evento ameritaba su intervención. En esemomento, al menos, por lo que se creía una muerte accidental. Por su parte, el agente fiscal de turno, Dr. DiegoMolina Pico, concurrió al lugar como tal al día siguiente del hecho, el28 de octubre 2002, en horas del mediodía, mientras el cuerpo sehallaba todavía en el lugar, donde estaba siendo velado. No obstante haber sido convocado por las dudasque presentaba el suceso y tratándose de una muerte violenta, noordenó inmediatamente la autopsia (art. 251 CPP), ni mandó apreservar el lugar, ni otro elemento susceptible de ser consideradorelevante, ni realizó ninguna diligencia tendente al esclarecimiento delhecho (arts. 56, 59 inc. 1º y 2º, 212, 266, 274 y cc). De su presencia en el lugar no existen constancias.Sin embargo, en el juicio oral tal extremo se acreditó por un grannúmero de testigos. La causa, pese a que ese primer fue fechado el 30de octubre, se habría iniciado formalmente con fecha posterior. En eseoficio no consta número de IPP, ni carátula. Como quedó dicho, en la causa se investiga,precisamente, la muerte de la Sra. María Marta García Belsunce,ocurrida el 27 de octubre de 2002 en horas de la tarde, ocurrida en lavivienda que ocupaba con su esposo, Sr. Carlos Carrascosa, y elsupuesto encubrimiento de ese crimen. Se le atribuyó originalmente a nuestro defendido eldelito de encubrimiento agravado en los términos del art. 277 inc. 1
  6. 6. 6apartado “a” (favorecimiento personal) en función del inc. 2 aparatado“a” del C.P. En los autos principales, el Dr. Molina Pico,Representante del Ministerio Público Fiscal requirió se eleven losactuados a juicio respecto de mi pupilo el día 26 de febrero de 2004. Concretamente se le imputó al Sr. Bártoli que “Eldía 27 de octubre de 2002, en el horario comprendido entre las 20:30hs. y las 22:30 hs., el imputado Guillermo Bártoli, previo acuerdo conCarlos Carrascosa y Nora Burgués de Taylor, se presentó en la casafuneraria denominada Ponce de León ubicada en la calle Lorenzo López553 de la localidad de Pilar a fin de lograr obtener un servicio fúnebrepor el fallecimiento de María Marta García Belsunce de Carrascosa sinla intervención de la autoridad policial. Frente a una respuestanegativa por parte del empleado de la referida casa funeraria, sedirigió a la casa fúnebre denominada Casa Sierra, sita en la calleRiobamba 126 de Capital Federal, en donde requirió un serviciofúnebre por el fallecimiento de María Marta García Belsunce deCarrascosa, indicándole al empleado que la nombrada había fallecidopor un ataque cardíaco mientras se duchaba, logrando a la postreobtener un certificado de defunción apócrifo. Toda esta actividaddesarrollada por ambos imputados estuvo dirigida a evitar lainvestigación oficial y a sustraerse del accionar de la autoridad”, elloen el marco de una trama mafiosa con intereses económicos ligados aella. III.II. La audiencia art. 338 del C.P.P. III.II.I. En ocasión de comenzar la audienciaprevista por el art. 338 del C.P.P., esta defensa advirtió que eltribunal no se encontraba debidamente integrado por contarcon solo dos jueces, y que por tal motivo carecía de aptitud paraactuar en el proceso.
  7. 7. 7 Y que ello acarrearía insalvablemente la ineficaciade los actos procesales a realizar, por violarse los arts. 201 y202 inciso 1 del C.P.P., relativos al regular establecimiento delórgano jurisdiccional. En función de ello se solicitó la suspensión de laaudiencia hasta tanto integrara debidamente el tribunal, a lo que no sehizo lugar. Se protestó de casación. III.II.II. En oportunidad de la misma audiencia estaparte solicitó la suspensión de la misma y se designe audiencia enlos términos del art. 404 del C.P.P. a efectos de solicitar lasuspensión del juicio a prueba en los términos del art. 76 bis delC.P. Como fundamento de la petición de que se designela audiencia prevista expresamente por el ordenamiento procesal, sesostuvo la procedencia del instituto en el caso, de conformidad con ladoctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la calificaciónde los hechos atribuidos a Guillermo Bártoli. Concedida la palabra a la Sra. Fiscal, abordó elfondo de la cuestión –no el pedido de suspensión de la audiencia-sosteniendo su voluntad de continuar con el ejercicio de la acciónpenal. Que no habría de accederse a “esta excepción” en virtud de:-las circunstancias que rodearon el hecho.-la extrema gravedad del delito respecto del cual se pretendió eludir.-y de la investigación por parte de las autoridades judiciales ypoliciales. Manifestó, que cabía la posibilidad -más bien loanunció porque nada dijo respecto del resto de los imputados- deampliación de la acusación Fiscal por un hecho que excedía el límitetemporal que exige el art. 76 bis del C.P.
  8. 8. 8 Y que concretamente no correspondía la suspensiónde la audiencia por cuanto ya se había iniciado, y “la resolución de suplanteo de la audiencia del art. 404 será supeditado a una serie decuestiones que no se han entrado a discutir”. (sic) El Tribunal no hizo lugar a la suspensión de laaudiencia, señalando que se tendría presente la petición para laoportunidad procesal oportuna. Se hizo protesta de casación. Ahora bien, con fecha 9 de diciembre de 2009no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba, sinpronunciarse, ni realizar la audiencia prevista por el art. 404del C.P.P. Dicha resolución fue recurrida, y se encuentrapendiente de decisión por ante el Tribunal de Casación Penal de laPcia., a pesar de lo cual se celebró audiencia de debate soslayando elefecto suspensivo de la interposición de los recursos. III.II.III. Por su parte, en la misma audiencia delart. 338, se articuló excepción de falta de acción a efectos de quese suspenda el trámite de la causa hasta tanto recaigasentencia firme en la seguida contra el Sr. Carlos Carrascosa,esto último a fin de evitar el escándalo jurídico que significaría eldictado de sentencias contradictorias vinculadas a idéntica situaciónjurídica. Concretamente se planteó que el Sr. Carrascosapodía ser condenado por el homicidio de su esposa, por encubrir esecrimen, o ser absuelto, y que ello podría resultar contradictorio con loque se declare en la presente causa, por lo que a fin de evitar elescándalo que resultaría del dictado de sentencias contradictorias,
  9. 9. 9posiblemente en relación con la aplicación -hipotética- del art. 277inc. 4 del C.P. correspondía suspender el trámite de la presente. Como en el caso anterior, lejos de tratar lacuestión planteada, el tribunal abordó la procedencia de laeximente de responsabilidad aludida (art. 277 inc. 4), nohaciendo lugar a la misma. No trató la excepción dilatoria. Por su parte esta defensa se opuso a parte de laprueba ofrecida por la Fiscalía, vinculada exclusivamente al hecho delhomicidio, no ventilado en la presente. III.II.IV. Así las cosas, esta defensa planteó lanulidad de la audiencia celebrada en los términos del art. 338 delC.P.P. Por su parte de acuerdo a lo establecido por el art.56, 106 y ccdtes. del C.P.P., la del dictamen fiscal pronunciado enrelación con el pedido de designación de la audiencia previstaen el art. 404 del C.P.P. Finalmente la de la resolución dictada pararesolver las cuestiones planteadas en la audiencia por resultarviolatoria de lo normado por el art. 106 del C.P.P. y 171 de laConstitución Provincial, todo ello por las razones que se expusieron. Un año después, el Tribunal en lo Criminal decidióno hacer lugar al planteo de nulidad con motivo de la deficienteintegración del mismo en ocasión de la audiencia celebrada en lostérminos del art. 338 del C.P.P.
  10. 10. 10 En cuanto a la nulidad del dictamen fiscal, sostuvoque no se advierte menoscabo a garantías de raigambreconstitucional, interpretando que ha cumplido con las exigencias querequiere un dictamen de este tipo “a punto tal que el mismo ha sidotomado por el tribunal como un elemento determinante a la hora derechazar el instituto…” Sobre el pronunciamiento en punto a la noprocedencia de la excusa absolutoria –no solicitada- se remitió a lodecidido a las cuestiones 2 y 3 de la resolución. Sobre los restantes planteos, nada dijo. Dicho pronunciamiento fue recurrido y se encuentraactualmente pendiente de resolución. III.II.V. Con motivo de encontrarse pendientesde resolución recursos interpuestos, entre otros, contra la resoluciónque no hiciera lugar a la suspensión del juicio a prueba, y en virtud delefecto suspensivo de la interposición de los recursos, se solicitó lasuspensión de la audiencia de debate designada hasta tantorecayera resolución firme. El tribunal no hizo lugar a ello, resolución que fuerecurrida y se encuentra también pendiente de resolución. III.III. Audiencia de debate – lineamientos –ampliación de la acusación Antes de comenzar la audiencia de debate, yposteriormente durante su desarrollo, la Fiscalía pretendió ampliar laacusación respecto de nuestro pupilo atribuyéndole participación en elhomicidio de María Marta García Belsunce, a lo que no se hizo lugar.
  11. 11. 11 En lo lineamientos de la acusación la fiscalíaatribuyó a Bártoli el delito de encubrimiento agravado en los términosdel art. 277 inc. 1 a) favorecimiento personal. Finalmente, invocando lo normado por el art. 359del C.P.P., amplió la acusación atribuyéndole a Guillermo Bártoli unaserie de conductas que sostuvo integrarían una continuidad delictiva.No motivó la acusación ni la calificó jurídicamente.-DAR UNA VERSION DISTINTA. DE LA CAUSA DE LA MUERTE DE MARÍA MARTA GARCÍA BELSUNCE-HABER CAMBIADO LA ROPA DE LA VICTIMA-HABER CAMBIADO LA POSICION DEL CUERPO-ORDENARLE A BEATRIZ MICHELINI QUE LIMPIARA Y PROCURARLE ELEMENTOS DE LIMPIEZA2-ORDENARLE A MIRTA MOLINA LIMPIAR Y VENTILAR LA CASA3-SOLICITARLE A UNA EMPLEADA DOMESTICA -EMA BENITEZ- QUE SE DESHICIERA DE UN PANTALON DE CARLOSCARRASCOSA CON MANCHAS DE SANGRE Esta defensa planteó la nulidad de esaacusación y la extinción de la acción penal por prescripción enrelación a los hechos que fueran materia de ella. No se hizo lugara los planteos, por lo que se protestó de casación y se hizo reserva delcaso federal. Por su parte solicitó la Fiscalía solicitó laincorporación de una pericia llevada a delante durante el debate deljuicio seguido a Carlos carrascosa, la cual obviamente era conocida almomento de ofrecer prueba y de la audiencia del 338 del C.P.P.,oponiéndose esta parte por esas razones, y por no haber podidocontrolar esta parte la producción de esa probanza por no ser Bartoliparte en el proceso en el que la misma tuviera lugar.2 El hecho no integró la acusación al momento del alegato3 El hecho no integró la acusación al momento del alegato
  12. 12. 12 Dicha prueba fue admitida, protestándose decasación y formulando reserva del caso federal. Por su parte, esta defensa solicitó se lleve a cabouna nueva pericia acústica sobre el material que abarcara laincorporada. También durante la audiencia y a raíz deinformación surgida durante su desarrollo, esta defensa solicitó laproducción de medidas probatorias, concretamente se requiera eldetalle de llamados entrantes y salientes del domicilio y del teléfonocelular del Dr. Eduardo Zancolli durante el día del hecho, los cuales sedeterminó no habían sido incluidos en el VAIC, resultando dichaprobanza de medular importancia. No se hizo tampoco lugar a esepedido. Por su parte no se permitió convocar al Sr. CarlosCarrascosa a declarar, y se resolvió se impidió la declaración de la Sra.Irene Hurtig y como la del Sr. Ortiz, a pesar haber sido previamenteadmitidos como testigos, ello con motivo de que la fiscalía los imputódías antes de la celebración del debate. Respecto de todas esas cuestiones se formulóprotesta de casación y reserva del caso federal. Por su parte se incorporaron durante el desarrollodel debate declaraciones de testigos que no pudieron comparecer ypublicaciones periodísticas supuestamente referidas a manifestacionesde nuestro pupilo. Esta defensa se opuso y protestó de casación. Concluida la producción de la prueba la fiscalíaformuló acusación solicitando se condene a nuestro pupilo a la pena deseis años de prisión por considerarlo autor del delito de encubrimiento
  13. 13. 13agravado en los términos del art. 277 inc. 1 b y 3 a del C.P.,cambiando sorpresivamente la calificación del supuesto defavorecimiento personal a real. Esta defensa solicitó la libre absolución del Sr.Bártoli, planteó la extinción de la acción penal de la acción en relacióncon el hecho que originalmente fuera materia de imputación, yfinalmente la operatividad de la excusa absolutoria prevista por el art.277 inc. 3 para el caso que se considerara al Sr. Carlos Carrascosaautor del homicidio -la fiscalía no había exteriorizado a quienconsideraba autor- en razón del parentesco en segundo grado que locon nuestro pupilo, y la amistad íntima probada en el debate. El Tribunal condenó a nuestro pupilo en lostérminos arriba señalados por considerarlo autor del delito deencubrimiento agravado en los términos del art. 277 inc. 1 b y 3 a delC.P. a la pena de cinco años de prisión. IV. FUNDABILIDAD DEL RECURSO Respetuosamente esta defensa discrepa con loscriterios adoptados por el Tribunal y considera que lo actuado conanterioridad al debate, durante el desarrollo del mismo, y la propiasentencia, padecen desaciertos que los invalidan como actosjudiciales válidos de acuerdo a la propia normativa del ordenamientoadjetivo, resultando arbitraria de conformidad con la doctrina de laCorte Suprema de Justicia de la Nación, sufriendo tambiéndesaciertos en cuanto a las normas de fondo aplicable a larelación. Como enseña Sagüés, la sentencia arbitraria(llamada asimismo sentencia “insostenible”, “anómala”, “irregular”,“inconstitucional” y hasta “frívola”), asume por si condición decuestión federal, y, por tanto se presenta como materia delrecurso extraordinario (Sagüés, Nestor Pedro, Recurso
  14. 14. 14Extraordinario”, Ed. Astrea). Por tal motivo dejamos formulada lareserva de caso federal (art. 14 ley 48). Ha expresado la Corte Suprema que nadie puedesustraer a la esfera de la acción del Poder Judicial la atribucióninalienable y la obligación que tiene de hacer respetar el estatutofundamental, arca sagrada de todas las libertades, de todas lasgarantías individuales, cuya preservación inviolable, guardanseveramente escrupulosa, debe ser el objeto primordial de las leyes, lacondición esencial de los fallos de la Justicia. Es doctrina de la Corte Suprema que lassentencias constituyan una derivación razonada del derechovigente con aplicación a las circunstancias de la causa, y através de la doctrina de la arbitrariedad -ámbito excepcional deacción del recurso extraordinario- ha descalificado como actojudicial válido los pronunciamientos que no reúnan esasexigencias (Fallos 311: 2314, cons. 7° y sus citas). En 1909 la Corte in re “Rey c/Rocha” sentó lasbases de dicha doctrina señalando que “el requisito constitucional deque nadie puede ser privado de la propiedad, sino en virtud desentencia fundada en ley, da lugar a recursos ante esta Corte en loscasos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todoapoyo legal” (fallos 112:384). Entre los casos en que la Corte ha declaradoarbitraria a una sentencia, se encuentran aquellas que se apartaninequívocamente de la solución normativa prevista para el caso(fallos 296:120, 295:417, 303:436, 306:766: id., LL, 1988-D-65), lasque menoscaban la garantía de la defensa en juicio (fallos291:245, 303:1134, 308:1762) o el debido proceso (fallos 296:256,303:242) o frustran el derecho federal (fallos 306:2056), aquellasque importan violación de la esencia del orden constitucional,
  15. 15. 15cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (fallos 289:107), las quepadecen desaciertos que los invalidan como actos judiciales(fallos 306:1700), se basan en la mera subjetividad del juzgador,prescinden de valorar elementos conducentes para laresolución del caso e infringen la sana critica judicial medianteafirmaciones dogmáticas y genéricas (fallos 294:338), entre otros. Es sabido que el concepto de arbitrariedad se haido abriendo camino abarcando una gama de supuestos cada vez másamplios. Desde aquella idea de "desaciertos u omisiones de extremagravedad susceptible de descalificar a un fallo como actojurisdiccional" que encerraba la hipótesis de un actuar consciente delmagistrado "contra legem", merced a la labor doctrinaria, se transitóluego por la sentencia arbitraria, no ya fruto de la intencionalidad delsentenciante, sino de la ignorancia o de la negligencia de aquél,pero siempre portadora de un error de tal magnitud que ameritabasu descalificación como acto judicial válido. Así hasta llegar hoy a un concepto menosterminante, admitiéndose la arbitrariedad de aquellas sentencias conuna nueva dimensión del error; la que otrora debía asumir unaimportancia mayúscula con el devenir ha ido en disminución, y yerrosno tan extremos que en el pasado no habilitaban el recurso hoy sí lohacen. Respetuosamente esta parte entiende que nosencontramos ante un caso de arbitrariedad. Lo actuado previo y durante el debatesistemáticamente se aparta de la solución normativa prevista paracaso. La sentencia no se encuentra debidamentefundada, incurre en apartamientos a la solución normativa
  16. 16. 16prevista para cada caso menoscabando la garantía de la defensaen juicio y el debido proceso, se basa en la mera subjetividad deljuzgador, infringiendo la sana critica judicial medianteafirmaciones dogmáticas y genéricas, y prescinde valorarelementos conducentes para la resolución del pleito. Como enseña la doctrina judicial “…La motivaciónde la sentencia surge como un ligamen psicológico de extraordinariaimportancia, donde el juez debe valorar todos loselementos…jurídicamente relevantes…” (C.N.C.P., Sala III, causa171, EDELAP 11/894). Tiene dicho la Corte Suprema que la arbitrariedadse configura en especial cuando se ha prescindido de una visión enconjunto y de la necesaria correlación de los elementos dejuicio entre sí (C.S.J.N., “Liberman…”, rta. 28-4-88). Respetuosamente consideramos que V.E. haomitido hacer, como expondremos en adelante, una valoraciónracional y jurídica de los elementos jurídicamente relevantes,afectando de manera irreparable garantías de rango constitucionalcomo la defensa en juicio y el debido proceso. Como dijimos, es doctrina de nuestra CorteSuprema la exigencia de que las sentencias sean fundadas yconstituyan una derivación razonada del derecho vigente conaplicación a las circunstancias de la causa, por ello a través de ladoctrina de la arbitrariedad nuestro más alto tribunal ha descalificadocomo acto judicial válido los pronunciamientos que no reúnan esasexigencias (Fallos 311: 2314, cons. 7° y sus citas). Para laadmisibilidad de la vía extraordinaria debe tratarse de casosgraves de defectos de fundamentación o razonamiento quepriven a la sentencia de su misma naturaleza de acto jurisdiccional, talcomo ocurre en la especie.
  17. 17. 17 Se ha decidido que “Los pronunciamientos queomiten considerar cuestiones oportunamente propuestas, conducentespara la decisión del juicio, carecen de base adecuada para sustentarsey deben ser descalificados en los términos de la doctrina de laarbitrariedad” (C.S.J.N., Lucero, Gerardo Esteban c/ AFNE. SA. s/indemnización ley 9688, 5 de Noviembre de 1991). En idéntico sentido, “… por medio de la doctrinade la arbitrariedad se tiende a hacer efectiva la garantía de ladefensa en juicio, exigiendo que las sentencias constituyanderivación razonada del derecho vigente con aplicación a lascircunstancias comprobadas de la causa” (C.S.J.N., Erwin Beskowc/ Instituto de Previsión Social Pcia. del Chaco y/o Prov. del Chaco, 19de junio de 1986). “La garantía consagrada por el art. 18 de laConstitución Nacional requiere, por sobre todas las cosas, que no seprive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de losderechos que pudieren eventualmente asistirle, sino a través de unjuicio llevado en legal forma y que concluya con el dictado de unasentencia fundada” (C.S.J.N., Juan José PEREZ c/Estado Nacionals/recurso extraordinario, 19 de agosto de 1986). “…la tacha procede cuando el defecto en lafundamentación del fallo radica, precisamente, en la falta devaloración unívoca de los indicios que componen el materialprobatorio” (C.S.J.N., Felicetti, Adalberto Gaspar Martín s/ infraccióna la ley n 23.737 - Causa n 2538., 11 de Mayo de 1993). Por tal motivo dejamos desde ya planteada lareserva del caso federal (art. 14 ley 48) V. MOTIVACION DEL RECURSO
  18. 18. 18 El fallo impugnado ha incurrido en serios errores dehecho y de derecho. V.I. las violaciones al debido proceso y la defensaen juicio previas al debate V.I.I. Nulidad audiencia 338 por integración deficiente deltribunal y de la resolución dictada en consecuencia - violación art. 202 C.P.P. del C.P.P. -omisión de tratamiento de cuestiones planteadas La actuación del tribunal integrado por solodos de sus miembros vicia de nulidad lo actuado a partir de laaudiencia del 338 del C.P.P. En el marco del planteo de nulidad formulado poresta parte, es el propio Tribunal el que reconoce la necesidad decontar con tres jueces en los juicios orales. Pero por alguna razón, ello no sería necesarioen la audiencia del art. 338 del C.P.P. la cual supone lapreparación del debate y en consecuencia la toma de decisiones desustancial importancia, como la admisibilidad de la prueba ofrecida,instrucción suplementaria, y cuestiones previas (entre ellas lasuspensión del juicio a prueba). Concretamente el Tribunal se aparta de la mandalegal sin expresar motivo alguno. Vale decir, por qué para un actoel debe integrarse por tres jueces y para otro no. No solo soslaya lisa y llanamente el derecho deljusticiable a conocer en forma concreta y anticipada a los jueces queresolverán el caso sino también la manera en que un Tribunal debetratar el mismo. Esto es cuantos jueces deben deliberar y votar susolución.
  19. 19. 19 El art. 48 de la ley 5827 señala: “… en los casos dejuicio oral se regirán por lo que dispone el art. 271 del C.P.P.” Y el art. 271 derogado indicaba: “El acuerdo serealizará con la presencia de todos los miembros del tribunal ydel secretario”. Enseña el Dr. Julio Maier que “La ley en verdadexige la deliberación de todos los jueces llamados a integrar el tribunalpues uno solo de esos jueces es capaz de convencer a los demás porla fuerza de sus argumentos sobre la justicia de su solución opiniónque quizá estuvo en minoría al comienzo de las deliberaciones”(Derecho Procesal penal, parte II, pág. 120) En el caso que nos ocupa la decisión de llevaradelante el proceso con solo dos miembros necesariamentesuponía un previo acuerdo de éstos acerca de pronunciarse enigual sentido sobre todas las cuestiones que fueran sometidasa decisión, lo cual atenta precisamente contra el espíritu dellegislador al integrar al tribunal de modo colegiado. Ningún otro Juez podría haber sido convocado aresolver una cuestión de la que no pudo conocer por no haberparticipado de la audiencia, por lo que ese acuerdo, aun tácito, no soloes evidente, sino imprescindible. El art. 168 de la Constitución Provincial dispone“Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones queles fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidosal efecto por las leyes procesales”. En definitiva, no cabe duda alguna respecto de quese han inobservado las disposiciones establecidas para la
  20. 20. 20realización de los actos del procedimiento (art. 201 del C.P.P.):Se entenderá siempre prescripta bajo sanción de nulidad laobservancia de las disposiciones concernientes: (1) al nombramiento,capacidad, constitución del juez o tribunal (art. 202 id.) “…esta referencia normativa tiene que ver con elregular establecimiento del órgano. Como ejemplos podemos citarexpresiones tales como integración del tribunal y tribunal plenocontenidas en el art. 338…” (Bertolino, Pedro, Código Procesal Penalde la Pcia. de Bs. As., Novena Edición, pág. 371). En igual sentido Falcone R. Madina M., El procesopenal en la Pcia. de Bs. As., pág. 408, “Aquí son las partes quienesconcurren a la audiencia oral preliminar llevada a cabo ante eltribunal en pleno”. Las leyes de organización de los tribunalesregulan mediante reglas precisas el número de jueces quedeben integrar el tribunal para dictar sentencia y en general parapronunciar toda decisión judicial. Y que ello no puede ser“consentido” o modificado por las partes. Ni puntualmente lo hasido en el caso que nos ocupa. Es que, como principio, es evidente que la decisiónde un tribunal colegiado es fruto del examen y acuerdo de todos susmiembros. Son ellos los jueces que deben juzgar la cuestión ocuestiones sometidas a decisión del tribunal, aquéllos que han sidoinstituidos por la ley y designados de acuerdo a la Constitución (art. 34de la Constitución de la Provincia). Se trata de presupuestos relativos a lacapacidad del tribunal. Una serie de reglas cuyo conjunto afirma laidoneidad jurídica del tribunal para emitir fallo.
  21. 21. 21 “Las reglas de integración del tribunal conformanun presupuesto objetivo de la decisión que resulta afectada en suvalidez si alguna de ellas no es observada” (Maier, Julio, op. cit. pág.120) Por ende LA EXIGENCIA DE QUE EL TRIBUNALSEA DEBIDAMENTE INTEGRADO, ES DECIR CON TRESMIEMBROS, NO ES UN MERO FORMALISMO ó la sacralización delritualismo. En cuanto a lo establecido por las leyes 13939 y14065, invocadas por el tribunal, no resultan aplicables a los tribunalesde juicio, lo cual no hace sino ratificar la postura de ésta defensa. Queda claro entonces que la audiencia celebradalos días 23 y 30 de noviembre de 2009 y los actos que lesiguen, concretamente la resolución de fecha 9 de diciembre de2009, la resolución que no hiciera lugar a la suspensión deljuicio a prueba, y rechazara los planteos de nulidad, resultaninsalvablemente nulos por afectar las garantías del debidoproceso y la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Naciónha decidido que “Si bien lo referente a la constitución e integración delos tribunales de alzada así como las cuestiones vinculadas con lasformalidades de la decisión y el modo de emitir el voto cuando soncolegiados, es materia ajena a la apelación federal, ello no es óbicepara que el Tribunal examine el caso cuando los defectos observadosen el procedimiento en el que se dictó el acto importan un gravequebrantamiento de las normas que rigen el modo en que debenemitirse las sentencias definitivas de las cámaras nacionales deapelaciones y causan, por consiguiente, agravio a la defensa en juicio”(C.S.J.N., Onofre, Francisco Ricardo y otro c/ Ministerio de Acción
  22. 22. 22Social y otro. s/ responsabilidad civil, sentencia del 5 de Septiembrede 2002). De acuerdo a lo expuesto, tal es el caso que nosocupa, por lo que oportunamente dejamos formulada la protesta derecurrir en casación y la reserva del caso federal (art. 14 ley 48) quereiteramos en esta instancia. Por su parte, la resolución dictada -fechada el 9 dediciembre de 2009- a raíz de la audiencia celebrada en los términosdel art. 338 resulta nula, no solo por la integración del Tribunal, sinopor motivos independientes Cuestiones articuladas que no recibieron tratamiento – resolución decuestiones no planteadas por la defensa Conforme surge de la lectura de la resolución defecha 9 de diciembre del 2009, no recibieron tratamiento el pedidode designación de audiencia a efectos de solicitar la suspensióndel juicio a prueba, ni la excepción dilatoria de falta de acción aefectos de que se suspenda el trámite de la causa hasta tantorecayera sentencia firme en la seguida contra el Sr. Carlos Carrascosa,esto último a fin de evitar el escándalo jurídico que significaría eldictado de sentencias contradictorias. Y a su vez, recayó decisión sobre dos materiasque no fueran solicitadas por ésta parte: - el Tribunal no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba -insistimos no solicitada- - rechazó la procedencia de la excusa absolutoria prevista por el art. 277 inc. 4 del C.P.P., tampoco pedida por esta parte. ESTA PARTE NO SOLICITÓ LA SUSPENSIÓNDEL JUICIO A PRUEBA, la solicitud se limitó a la designación de
  23. 23. 23la audiencia que expresamente prevé el plexo adjetivo para ventilarla cuestión. De tal modo, a la petición de designación de unaaudiencia, correspondía decidir su fijación o no, y no, como endefinitiva se hizo, pronunciarse fuera de la oportunidad procesalprevista sobre la procedencia o no del instituto. TAMPOCO SE SOLICITÓ LA APLICACIÓN DE LAEXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA POR EL ART. 277 INC. 3 (de lanorma vigente al momento del hecho) DEL C.P. Esta parte dedujo excepción de falta de acción aefectos de que se SUSPENDA el trámite de la causa hasta tantorecayera sentencia firme en la seguida contra el Sr. CarlosCarrascosa, esto último a fin de evitar el escándalo jurídico quesignificaría el dictado de sentencias contradictorias vinculadas aidéntica situación jurídica. Concretamente se planteó que el Sr. Carrascosapodía ser condenado por el homicidio de su esposa, por encubrir esecrimen, o ser absuelto, y que ello podría resultar contradictorio con loque se declare en la presente causa, por lo que a fin de evitar elescándalo que resultaría del dictado de sentencias contradictorias,posiblemente en relación con la aplicación -hipotética- del art. 277inc. 4 del C.P. correspondía suspender el trámite de la presente. El Tribunal, lejos de tratar la cuestión planteada,abordó la NO procedencia de la excusa absolutoria respecto de nuestropupilo, adelantando opinión por cierto, fuera de la oportunidadprevista. V.E. en lo atinente a la forma y contenido de lasresoluciones, la ley exige, como principio general una estricta
  24. 24. 24correspondencia entre el contenido de las mismas y lascuestiones oportunamente planteadas, lo que supone, como esobvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de lapretensión deducida en el proceso (sujetos, objeto y causa). Se tratade una aplicación del principio de congruencia, que reconocesubstracto constitucional, como lo tiene reiteradamente establecido laCorte Suprema Nacional. La regla más importante del juzgamiento, es sinduda, la correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado -aquíolvidada- conocida como "congruencia procesal", pues la resoluciónque emite la autoridad debe guardar estricta conformidad con lopretendido y resistido por las partes, de modo que, exista unaabsoluta correspondencia entre el contenido de la sentencia y lascuestiones oportunamente planteadas por las partes. Llama la atención que dos magistrados no hubierancomprendido durante el desarrollo de la audiencia, ni mediante lalectura del acta respectiva, el contenido de dos peticiones queclaramente formuló esta defensa, y cuyo alcance -conforme se plasmóen el acta- no ofrece lugar a dudas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tienedicho que comporta agravio a la garantía de la defensa en juicio(art. 18 CN), tanto las sentencias que omiten el examen decuestiones oportunamente propuestas por las partes (citrapetita), como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones odefensas no articuladas en el proceso (extra petita); y tambiéncuando el juez emite pronunciamientos ultra petita, cuando el falloexcede el límite cuantitativo o cualitativo de las peticionescontenidas en la pretensión. POR TANTO NOS ENCONTRAMOS ANTE ELVICIO DE INCONGRUENCIA POR OMISIÓN DE RESOLVER LAS
  25. 25. 25CUESTIONES PLANTEADAS, Y POR HABERSE PRONUNCIADOSOBRE LAS NO ARTICULADAS, VIOLATORIA DE LA DEFENSA ENJUICIO. Se ha decidido que “…son descalificables comoactos judiciales válidos aquellas sentencias que omitenpronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas yconducentes para ello, o lo hacen mediante breves afirmacionesgenéricas sin referencia a los temas legales suscitados yconcretamente sometidos a su apreciación…” (C.S.J.N., Tarditi, MatíasEsteban s/ homicidio agravado por haber sido cometido abusando desu función o cargo como integrante de la fuerza policial -causa Nº1822- sentencia del 16 de septiembre de 2008) La garantía del artículo 18 de la ConstituciónNacional requiere no sólo adecuada oportunidad de audiencia y pruebapara los litigantes, sino también la debida consideración por los juecesde las peticiones de las partes. En su defecto, carecen de fundamentosuficiente para sustentarse y deben ser dejadas sin efecto. Esos principios son de aplicación al proceso penal:“El tribunal no puede expedirse más allá de lo pedido. Lasentencia no puede ser "plus petita", ni tampoco está facultadopara fallar fuera de la pedido "extra petita" (C.N.C.P., Sala 3,Reina, Carlos Roberto; Duarte, María Cristina s/ recurso de casación,sentencia del 14 de Febrero de 2007). La petición es la que fija ellímite de su conocimiento. Por tanto, lo decidido en cuanto no consideró lopedido por esta defensa en el sentido de que se fije audiencia en lostérminos del art. 404 del C.P.P., y sin petición de parte como estableceexpresamente la norma aludida se pronunció sobre la improcedenciade la suspensión del juicio a prueba, y en cuanto no trató la excepciónde falta de acción y no hizo lugar a la excusa absolutoria prevista por
  26. 26. 26el art. 277 inc. 4 del C.P., resulta inválido y así debía declararse, porresultar conculcatorio del derecho de defensa (art 18 C.N.), en funciónde lo cual formulamos protesta de recurrir en casación y reserva delcaso federal, las que reiteramos en esta instancia. Nulidad del dictamen fiscal sobre suspensión de juicio aprueba y de la resolución que no se aparta del mismo Si bien lo anterior exime de cualquier otro análisis,no puede dejar de señalarse que conforme lo establece el art 56 delC.P.P. párr. 3, los dictámenes fiscales deben ser motivados yautosuficientes. Y LA POSTURA FISCAL EN MATERIA DESUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA CARECE DEFUNDAMENTACIÓN Y RESULTA A TODAS LUCES ARBITRARIA. La Sra. Fiscal no fundó debidamente su oposición ala procedencia de instituto, sino más bien, recurrió a una serie deafirmaciones dogmáticas que ninguna relación guardan con lascondiciones legalmente establecidas para la procedencia del mismo:-“Circunstancias que rodearon el hecho”. Ahora bien, nomencionó en qué consisten, de que se tratan, y como gravitanpara impedir la procedencia de la suspensión del juicio a prueba. Por tanto, ello no puede válidamente invocarsecomo fundamento para limitar lo que es ni más ni menos queun derecho del imputado.-“la extrema gravedad del delito que se pretendió eludir” se hadecidido que “Es nula la resolución que denegó la suspensión deljuicio a prueba, sustentada en la oposición del fiscal fundada enla mera afirmación abstracta relativa a la "gravedad de loshechos”…” (C.N.C.P., Sala 4, Peña Peyloubet…).
  27. 27. 27 ES NULA LA DECISIÓN QUE NO HACE LUGAR ALA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA BASADA EN LA"GRAVEDAD DE LOS HECHOS". Se trata de una mera afirmación. Por lo demás, lagravedad del hecho habrá de medirse en relación a las penasestablecidas por el legislador para reprimir el ilícito reprochado. Y lasmismas, en el caso sub examine, permiten el dictado de una pena decumplimiento en suspenso. Sobre el anuncio de una posible ampliación delrequerimiento por un hecho que haría imposible la procedenciadel instituto, debe señalarse que solo dejó a la luz lo que venimosreclamando. Si para el ilícito que “hipotéticamente” reprocharíaa nuestro -haber participado del homicidio de Maria Marta GarcíaBelsunce según interpretó expresamente el Tribunal de Juicio- lasuspensión del juicio a prueba no procedía, sí lo hacía para elúnico que se le enrostraba en ese momento y por el que endefinitiva fue acusado Bártoli: encubrimiento. Sobre la entonces hipotética ampliación de laacusación era solo eso, una hipótesis y se ha dicho, como es obvio,que “…no puede ser fundada la opinión vertida por el Fiscal, sise basó en valorar una conducta delictiva distinta a la quehabía sido exclusivamente imputada al nombrado” (C.N.C.P.,Sala 3, Biscochea, Norberto I., 05/02/2009). Pero además el anuncio era un disparate, porqueno se había celebrado el debate, y sobre todo porque ello resultaimposible a la luz del texto del art. 359 del C.P.P., y así lodecidió el tribunal.
  28. 28. 28 Al Sr. Guillermo Bártoli se le enrostrabaexclusivamente el delito de encubrimiento, ningún otro, por lo lasuspensión del juicio a prueba resultaba procedente.-“Investigación por parte de autoridades judiciales ypoliciales”: nuevamente la falta de fundamentación de la Sra. Fiscal,colocó a esta defensa en la incómoda situación de tener que adivinar aque se quiso referir. NINGUNA DE LAS PERSONAS IMPUTADAS ENLA PRESENTE CAUSA ES FUNCIONARIO JUDICIAL, POLICIAL OPÚBLICO DE CUALQUIER TIPO. Así las cosas, que el dictamen fiscal resultabainválido, por absoluta ausencia de fundamentación, y por tanto noobligaba al Tribunal, que en ejercicio del control de razonabilidad,debió apartarse del mismo. Se ha decidido que “la postura negativa del fiscaldebe ser acompañada pero también que la misma debe ser losuficientemente fundada y motivada…ya que la disyuntiva entresuspender el juicio o seguirlo adelante acarrea consecuenciasdemasiado serias como para que el órgano jurisdiccional se mantengacomo un mero espectador en la contienda entre las partes”. “Ello así porque el derecho penal es un derechopúblico de excepción aplicable siempre como "última ratio" y porqueen casos donde puede vislumbrarse, como el presente, que la pena enexpectativa puede resultar de ejecución condicional, es dable noperder de vista que el fin preventivo general o especial, según se mire,puede perfectamente cumplirse de igual manera a partir de laaplicación, como lo hizo el "a quo", de las reglas establecidas en el art.27 bis, según el 76 ter, del Código Penal…” (Cámara de Apelaciones ygarantías Penal de Junín, Bugallo, Nicolás, 17-9-09).
  29. 29. 29 En el caso se confirmó la resolución del Juez deprimera instancia que había concedido la suspensión del juicio aprueba a pesar de haber mediado oposición fiscal, por no encontrarsela misma debidamente fundada. Por lo demás, el hecho de que el requerimientohaya sido admitido por el Tribunal como fundamento para elrechazo de la suspensión del juicio a prueba que ni siquierahabía sido solicitada, nada nos dice sobre su validez o no. En definitiva que el infundado requerimientoFiscal adolecía de deficiencias que impedían tenerlo por actoválido, y así debía declararse. Autocontradicción En la resolución dictada luego de la audienciacelebrada en los términos del art. 338, si uno se limitara a leer la partedispositiva, concluiría que fue admitida la totalidad de la pruebasolicitada por ésta defensa. Pero leyendo los considerandos, se advierte que nose admitió el testimonio de uno de los testigos propuestos por estadefensa, el Dr. Diego Molina Pico. Sin perjuicio de afectarse el derechode defensa, como se expondrá en el apartado pertinente, a pesar deno haberse admitido la totalidad de la prueba solicitada, en laparte dispositiva se ordenó lo contrario, lo cual configura unacontradicción inadmisible. El Tribunal pasó absolutamente por alto éstacuestión, que fuera oportunamente introducida como fundamento delplanteo de nulidad.
  30. 30. 30 Conforme ha decidido la Corte Suprema de Justiciade la Nación, “…la sentencia constituye un todo indivisibledemostrativo de una unidad lógico-jurídica, en que la partedispositiva no es sino la conclusión final y necesaria del análisis de lospresupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación(Fallos: 315:2291; 321: 1642, entre muchos otros). Del mismo modo,no cabe sino entender que ese criterio no autoriza antagonismos entrelas afirmaciones vertidas en los considerandos que la integran”(C.S.J.N., S. 620. XLII. S. 467. XLII. RECURSO DE HECHO SociedadComercial del Plata S.A. y otros s/concurso preventivo, 20 de octubrede 2009). Ese antagonismo tampoco puede existir entrelos considerandos y la parte dispositiva. Y precisamente esosucede en el caso que nos ocupa. Así se ha dicho que “La falta de coherencia entrelos fundamentos y la parte dispositiva de una sentencia constituyeuna causal de arbitrariedad pues afecta los derechos de propiedad ydefensa en juicio del apelante” (C.S.J.N., L. 361. XXXVI.; Luján, Aliciac/ S.R.T. (S.A.) s/ ordinario ley 18.345, 15/05/2001, T. 324, P. 1584) En efecto, “La falta de coherencia entre losconsiderandos y la parte dispositiva del fallo, constituye una causalcon entidad para invalidarlo, conclusión especialmente aplicable alcaso en que no se ha proyectado en la parte resolutiva elresultado de los fundamentos vertidos en el acuerdo” (C.S.J.N.,G. 703. XXI.; Gutiérrez de Sánchez, Dorotea Checa c/ Gutiérrez,Rodolfo Primitivo y otro, 10/03/1988, T. 311, P. 264) Invalidez de la admisión de la prueba ofrecida por la fiscalía - manifiestoapartamiento del objeto procesal
  31. 31. 31 En ocasión de la audiencia celebrada en lostérminos del art. 338 esta parte se opuso a la admisión de parte de laprueba ofrecida por la Fiscalía, que reprodujo el ofrecimiento deprueba que efectuara el Dr. Molina Pico, representante delMinisterio Público fiscal en el juicio que se celebrara contra elSr. Carlos Carrascosa. En tal sentido esta defensa puntualizó laimpertinencia de cada una de las pruebas que nada tenían que ver conel objeto del proceso, constituido exclusivamente por hechos deencubrimiento atribuidos a los diferentes imputados. Y se dijo que a diferencia de lo que ocurría enaquel, en el cual el Sr. Carrascosa se encontraba imputadoalternativamente por el homicidio de su esposa o por elencubrimiento del crimen, en esta causa, la base fáctica selimitaba al posible encubrimiento. Y en función de ello, es obvioque la prueba difería sustancialmente. No obstante, el Tribunal admitió la totalidad dela prueba solicitada por la Fiscalía, señalando que los testimoniosresultan conducentes, y que el tribunal no puede inmiscuirse en lasestrategias probatorias “…en cuenta de las manifestaciones de laSra. Fiscal en cuanto a una probable ampliación de la acusacióndurante el juicio (sic)…”. Esa “probable” ampliación se refería a la posibleparticipación de nuestro pupilo en el homicidio de María MartaGarcía Belsunce conforme consignó expresamente Tribunal al resolverla quinta cuestión, que efectivamente intentó la Fiscalía, planteorechazado por el Tribunal precisamente por los argumentosanteriormente expuestos por ésta defensa.
  32. 32. 32 Es cierto que el Tribunal tiene limitadas facultadesen torno a la prueba propuesta por las partes, pero en virtud del deberde ordenar el proceso, es precisamente que no puede permitirleintentar probar cualquier cosa, como en definitiva se hizo. El requerimiento de elevación a juicio viene asentar jurisdiccionalmente la base del juicio sobre la cual debeversar la prueba, discusión y sentencia. Y el proceso penal tiene como objetivo comprobarla verdad histórica del suceso criminoso recogido por aquel. Yasea el hecho principal o circunstancias vinculadas con éste que laley penal exige o que indirectamente influyen para la comprobación delprimero. Toda prueba que se refiera a estos debe ser admitida. Yaquella que no se encuentre vinculada, rechazada. La Fiscalía no puede intentar probar en juicio unhecho diferente al recogido en el requerimiento de elevación a juicio. Y la anunciada ampliación del requerimientoFiscal era jurídicamente imposible, como sostuvo esta defensa,y en definitiva decidió el tribunal. Entonces, todo lo relativo al homicidio de MaríaMarta García Belsunce resultaba evidentemente impertinente,como lo decidido, en cuanto lo admite, conduciendo a la celebraciónde un debate en el que se ventilaron y decidieron cuestionesabsolutamente ajenas al hecho del proceso. Esa actuación al margen de la base fácticaestablecida en el requerimiento de elevación a juicio, hizo que seventilaran hechos no reprochados a ninguno de los imputados.
  33. 33. 33 Naturalmente, a falta de imputación, nadie debíadefenderse de ellos. Pero sin embargo, no solo se produjo prueba,sino que se los tuvo por probados, y fueron valorados en contradel imputado En efecto, durante el desarrollo del debate y laacusación fiscal, se tienen por probadas una serie de imputaciones“genéricas”, no puestas en cabeza de ninguno de los imputados. Nos referimos a la imputación de habérseleadherido a la víctima las heridas con la gotita, la contratación ollamado a un abogado el día del hecho a las 19.40 hs., entre otras.Todos ellos falsos como se demostrará abajo. No se le imputan a nadie se la imputa a todos. Ello resulta conculcatorio de las garantías deldebido proceso y la defensa en juicio, y conduce a la nulidad de lasentencia que incorpora en su arquitectura esos hechos que noconforman el objeto procesal. V.I.II. Nulidad por haberse llevado adelante el debate a pesar deestar pendiente de resolución recursos - efecto suspensivo de los recursos – violación al art.431 del C.P.P. Como se expuso en los antecedentes, con motivode haberse designado audiencia de debate en la causa, que endefinitiva se desarrolló, esta defensa se presentó Tribunal recordandoque se habían deducido recursos de casación los cualesapuntaban -entre otras cosas- a la concesión del beneficio de lasuspensión del proceso penal a prueba, los cuales se encontraban –yse encuentran aun hoy- pendientes de resolución.
  34. 34. 34 Se solicitó en virtud de ello la suspensión de laaudiencia debate designada, a lo que como es obvio no se hizo lugar. De acuerdo a la inveterada jurisprudencia delTribunal de Casación en estos supuestos (ver Sala II, causa34994/98, Nosenzo, Carlos R entre otros) se tornan aplicables lasreglas generales sobre los recursos, en particular el art. 431del C.P.P. establece el efecto suspensivo, lo cual implica que nopodrán ejecutarse las resoluciones judiciales en el término pararecurrir ni durante la tramitación de aquellos. El efecto de las resoluciones recurridas -suspensióndel juicio a prueba- es extinguir la acción penal, por tanto laconsecuencia ineludible de la aplicación del art. 431 del C.P.P.conllevaba la necesaria suspensión del debate hasta tanto eltribunal ad quem competente resolviera los recursosinterpuestos. En virtud de ello se solicitó -precisamente- laaplicación del art. 431 del C.P.P. respecto de las resolucionesimpugnadas y en consecuencia la suspensión del procedimientodel juicio hasta tanto fueran resueltas las impugnacionesdeducidas. Por su parte y teniendo en consideración lanaturaleza de los derechos que se pretendían tutelar, como el deevitar la imposición de una condena, y frente a la inminencia delposible menoscabo a la libertad resultante de la celebración deldebate y la eventual aplicación de lo dispuesto en el art. 371del C.P.P. como en definitiva sucedió, formulamos protesta derecurrir en casación y reserva del caso federal para el supuestode una resolución contraria a los intereses de esta parte.
  35. 35. 35 El Tribunal en lo Criminal decidió “hacer saber” que“…no procede supeditar el comienzo del juicio…a lo que en definitiva sedecida en el recurso de casación interpuesto contra el rechazo delbeneficio de la Suspensión del Juicio a Prueba…” Ello con fundamento en que “…implicaría demorarindebidamente el trámite de estos actuados, teniendo presente pararesolver la cuestión no solo los términos de lo decidido en el incidenterespectivo por la Excma. Cámara…sino que ha sido éste y no otro elcriterio que en casos análogos mantuviera este Tribunal…” Dicha resolución fue recurrida, y se encuentrapendiente de resolución, a pesar de lo cual se llevó adelante el debateque culminó con la condena y detención de nuestro pupilo, a pesar deestar pendiente de resolución el pedido de suspensión del juicio aprueba que esta defensa formulara. Esa decisión de llevar adelante el debate a pesarde encontrarse pendientes recursos, invalida todo lo actuado. Está claro que lo decidido se encuentra soloaparentemente fundado, pues recurre a una serie de afirmacionesgenéricas y dogmáticas, configurando un caso de arbitrariedad deacuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inre Menna 320:1919, Padula 320:2451, Fiscal c/García Sixto 30/6/99 yFiscal c/Vega 20/12/05. Nos encontramos ante una expreso apartamientoa la solución normativa prevista para el caso, y un alzamientocontra la jurisprudencia del Superior, invocada por esta defensa. Entre los casos en que la Corte ha declaradoarbitraria a una sentencia, y que habilitan la vía extraordinaria, seencuentran aquellas que se apartan inequívocamente de la
  36. 36. 36solución normativa prevista para el caso (fallos 296:120,295:417, 303:436, 306:766: id., LL, 1988-D-65), como ya expusimos. No se comprende a que se refiere el Tribunal con“demorar indebidamente” el trámite de estos actuados, pues el tiempodebido de celebración del debate es cuando la causa técnicamente seencuentra en condiciones de avanzar hacia el mismo. Y ello solo podía tener lugar cuando hubierensido resueltas las cuestiones que se encontraban recurridas, enparticular teniendo en cuenta que el planteo central de ésta defensa seencuentra vinculado con la procedencia de un instituto extintivode la acción penal. Y ese no es el único, pues también persiste elplanteo de una excepción de falta de acción, entre otros. Ninguna otra inteligencia puede asignarse al art.431 del C.P.P., pero el Tribunal de Juicio lisa y llanamente se alzócontra lo expresamente establecido por el Código ProcesalPenal en cuanto al efecto suspensivo de los recursos. Ha decidido la Corte Suprema de Justicia de laNación que “La interposición de un recurso…en tanto los jueces de lacausa no se pronuncien sobre su concesión o rechazo, produce efectossuspensivos” (“Saiegh, Rafael Héctor y Conjunción S.A. c/ BancoCentral de la República Argentina - Ministerio de Economía de laNación. s/ Recurso de hecho, 27 de diciembre de 1996). A la luz de ello, es el Tribunal quien “aceleróindebidamente” el proceso, llevando adelante un debate a pesarde estar vigente el efecto suspensivo de los recursos deducidos. Y no satisfecho con ello, se alza contra lajurisprudencia del Tribunal de Casación sobre el punto,expresamente invocada por ésta defensa: “con independencia del
  37. 37. 37acierto en la concesión del recurso de casación presentado por ladefensa contra la resolución por la que el Tribunal de juicio rechazó elpedido de sobreseimiento…lo cierto es que una vez otorgado el mismose tornan aplicables las reglas generales sobre los recursos, entre lasque se encuentra la disposición del art. 431 del C.P.P. que establece elefecto suspensivo, lo cual implica que no podrán ejecutarse lasresoluciones judiciales en el término para recurrir ni durante latramitación de aquellos”. “Tratándose la recurrida de una resoluciónque deja intacto el pedido de sobreseimiento, cuyo naturalefecto es el de finalizar adelantadamente el procedimiento(como en el caso que nos ocupa) la consecuencia ineludible dela aplicación del art. 431 del C.P.P. conlleva la necesariasuspensión del debate hasta tanto el tribunal ad quem competenteresuelva la queja, amén de que con ello se estaría evitando laposibilidad del dictado de fallos contradictorios”. En función de ello decidió “…declarar aplicable elart. 431 del C.P.P. a la resolución por la que se deniega el pedido desobreseimiento, suspendiéndose el trámite del procedimiento del juiciohasta que sea resuelta la impugnación deducida” (causa nº 34.994 lapetición de Hábeas Corpus formulada por el imputado CARLOSROGELIO NOSENZO; rta. 25-9-08, Mancini, Celesia y Mahíques). Conforme ha invocado ya esta defensa en lapresente causa, ha dicho el Tribunal de Casación de la Pcia. que"...raya casi con lo irrazonable discutir la procedencia del juicioa prueba cuando ya se ha dictado sentencia…” que es lo quehizo el Tribunal. En definitiva, en lo único que se apoya ladecisión es en los propios precedentes del tribunal que una vezcita, pues la resolución de la Sala I en relación con la suspensión del
  38. 38. 38juicio a prueba -que invocó- nada dice sobre la posibilidad o no decontinuar con el proceso. Finalmente, debe señalarse que no solo seencontraba recurrido el rechazo de la suspensión del juicio a prueba,sino el auto fechado el 4 de noviembre de 2010 en cuanto:- no hiciera lugar a los planteos de nulidad de la audienciacelebrada en los términos del art. 338 del C.P.P.-no hiciera lugar a la nulidad del dictamen fiscal en punto a lasuspensión del juicio a prueba.-no hiciera lugar a la nulidad de la resolución en los términosdel art. 338. Sobre el último punto, el planteo se encuentrafundado en la falta de tratamiento de de la excepción de falta deacción a efectos de que se suspenda el trámite de la causahasta tanto recaiga sentencia firme en la seguida contra el Sr.Carlos Carrascosa, esto último a fin de evitar el escándalo jurídicoque significaría el dictado de sentencias contradictorias, lo quenaturalmente impedía avanzar sobre el proceso hasta que seencontrara firme lo decidido sobre el punto. En definitiva, lo decidido resulta carente de unverdadero sustento objetivo, por no corresponderse con lascircunstancias que deben necesariamente tomarse en cuenta paraconformar y sustentar la decisión, resultando una motivación aparentey arbitraria (arts. 171 de la Const. prov. Bs. As.; 106 "a contrario",210 y 373 del CPP Bs. As.) que no puede, bajo pena de contrariar lasmás elementales garantías constitucionales vinculadas con la defensaen juicio y el debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, arts. 8inc. 2 h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14 inc.3 c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10, 11 y 15de la Const. prov. Bs. As.) poseer asidero legal alguno.
  39. 39. 39 Por ello y teniendo en consideración la naturalezade los derechos que se pretenden tutelar, como el debido proceso y ladefensa en juicio, el de evitar la imposición de una condena, y frenteal concreto menoscabo a la libertad que resultó de la celebración deldebate por la efectiva aplicación de lo dispuesto en el art. 371 delC.P.P., formulamos reserva del caso federal en esta instancia Entonces, lo actuado por el Tribunal resultainsalvablemente nulo, configurando un caso de desprecio por lacuestión de la doble instancia, expresamente invocada también porésta parte, para lo cual se alzó -no pude desconocer porque fueexpresamente invocada por ésta defensa- contra lo decidido por elTribunal de Casación. Doctrina que, insistimos, fue expresamenteinvocada por ésta defensa: “…la prohibición de impugnar quecontiene el art. 338…debe ceder no sólo tratándose deresolución relativa a la suspensión del juicio a prueba”, puestoque la “…irrevisibilidad arrasa con todo concepto de control dejurisdicción…” (TCP, sala 1ª, G., J. A., 15/02/2001) Señalamos que el Tribunal de Casación de laPcia. incluso ha admitido analizar la cuestión del efectosuspensivo de la interposición de los recursos por vía de unaacción de habeas corpus directa (Trib. Casación Penal Bs. As., sala3ª Lazzarín, Elba B. y otro 28/09/2010). En “NOSENZO…” el Tribunal de Casación, por lamisma vía -habeas corpus- el Tribunal decidió que “Tratándose larecurrida de una resolución que deja intacto el pedido desobreseimiento, cuyo natural efecto es el de finalizar adelantadamenteel procedimiento (idéntico efecto que la suspensión del juicio a pruebapendiente de resolución), la consecuencia ineludible de la aplicacióndel art. 431 del C.P.P. conlleva la necesaria suspensión del debate
  40. 40. 40hasta tanto el tribunal ad quem competente resuelva la queja, aménde que con ello se estaría evitando la posibilidad del dictado de falloscontradictorios”. Por ello, lo actuado a partir de la interposición delos recursos aun hoy pendientes de resolución, devieneinsalvablemente nulo. V.II. Las nulidades del debate V.II.I. Nulidad de la ampliación de la acusación – improcedencia- falta de elementos esenciales referidos a los hechos finalmente reprochados – violación a losarts. 56, 312, 335, 359 y ccdtes. del C.P.P. V.II.I.I. Improcedencia de la ampliación Luego de intentar infructuosamente en dosoportunidades “ampliar” la acusación al Sr. Guillermo Bártoliatribuyéndole algún grado de participación en el homicidio de MaríaMarta García Belsunce invocando lo normado por el art. 359 del C.P.P.,la fiscalía le atribuyó a Guillermo Bártoli una serie de nuevos hechosque a su criterio integrarían el delito continuado:-DAR UNA VERSION DISTINTA. DE LA CAUSA DE LA MUERTE DE MARÍA MARTA GARCÍA BELSUNCE-HABER CAMBIADO LA ROPA DE LA VICTIMA-HABER CAMBIADO LA POSICION DEL CUERPO-ORDENARLE A BEATRIZ MICHELINI QUE LIMPIARA Y PROCURARLE ELEMENTOS DE LIMPIEZA4-ORDENARLE A MIRTA MOLINA LIMPIAR Y VENTILAR LA CASA5-SOLICITARLE A UNA EMPLEADA DOMESTICA -EMA BENITEZ- QUE SE DESHICIERA DE UN PANTALON DE CARLOSCARRASCOSA CON MANCHAS DE SANGRE El art. 359 CPP, impone el deber al fiscal de ampliarsu requerimiento “Si en el curso del debate surgieren hechos queintegren el delito continuado atribuido…”4 El hecho no integró la acusación al momento del alegato5 El hecho no integró la acusación al momento del alegato
  41. 41. 41 Ahora bien, la ley autoriza la ampliación de laacusación sólo en lo referente a hechos integrantes del delitocontinuado. Enseña Zaffaroni que “Habrá conducta continuadacuando el dolo que abarque la realización de todos los actos parciales,existente con anterioridad al agotamiento del primero de ellos, el autorreitere similarmente la ejecución de su conducta en formatípicamente idéntica o similar, aumentando así la afectación delmismo bien jurídico, que deberá pertenecer al mismo titular sólo en elcaso que implique una injerencia en la persona de éste” (Zaffaroni,Eugenio, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro en “Derecho Penal,Parte General”, Ed. Ediar, 2000, pág. 829). En igual línea de razonamiento se ha entendido que“los elementos exigidos para la conformación del delito continuadoson, un dolo unitario, que bien puede entenderse como la voluntad deuna afectación pero de una determinada modalidad, que debeverificarse, antes de la finalización del primer acto parcial…; serequiere también una repetición de la afectación típica del mismo bienjurídico que a su vez, sea susceptible de afectación parcial…; se exigea su vez una comisión o una forma de realización de similares oidénticas características… ; y finalmente se requiere una injerenciafísica en la persona del titular, o identidad física del titular, es decirque el bien afectado sea de una misma persona” (Castro, Julio César,“Abusos sexuales continuados. Un verdadero tema de concurso dedelitos”, 365-LL, 2004-C). Soler expresa que lo importante es el modo deviolar la ley existiendo continuación entre hurto simple y hurtocalificado, en cambio no se da cuando la incriminación principal varíapor ejemplo si primero se hurta y luego se estafa.
  42. 42. 42 Entonces, LA BASE FÁCTICA NO PUEDE SERPROPIAMENTE NUEVA. No ofrece dudas que no hay continuidad entre elhecho que fuera materia de elevación a juicio respecto deGuillermo Bártoli, y los que fueron materia de ampliación. Sonabsolutamente diversos. Presentarse en una casa fúnebre con el objeto deobtener un servicio sin la intervención de la autoridad policial y/upresentarse en otra y obtener un certificado de defunción falsocon el objeto de evitar la investigación oficial, tal el hechocontenido en el requerimiento de elevación a juicio, y calificado comofavorecimiento personal (art. 277 inc. 1 “a”), misma calificaciónque al momento de los lineamientos de la acusación aunque con laincorporación de nuevos elementos (propósito de evitar la autopsia)con lo que se descartaba en su arquitectura el ocultar, alterar ohacer desaparecer, nada tiene que ver con actos que síhipotéticamente podrían constituir supuestos de favorecimiento realcomo mover el cuerpo, cambiarle la ropa, mandar a limpiar osolicitar se arroje a la basura una prenda ensangrentada o conpropalar una idea sobre cómo se produjo el hecho. Se tratan entonces, claramente de hechosdiversos, y la posibilidad de incorporar un hecho diverso al procesoen la etapa de plenario se encuentra prevista por el artículo 374del C.P.P., supeditada al acuerdo de partes. En su defecto, sedeben remitir las actuaciones al fiscal de turno para su investigación. Es que a pesar de subsumirse todos en el mismodelito (género) de encubrimiento, ni siquiera la fiscalía lasencuadra en la misma figura. La imputación original encuadrabasegún el requerimiento de elevación a juicio e incluso los lineamientosde la acusación en el art. 277 inc. 1 “a” (favorecimiento personal) y las
  43. 43. 43que fueron objeto de la ampliación en el art. 277 inc. 1 “b”(favorecimiento real). Esto último debimos deducirlo de la referencia de lafiscalía a que las conductas que fueron objeto de ampliación de laacusación tuvieron por fin ocultar, alterar o hacer desaparecer rastroso elementos de delito, por cuanto no exteriorizó la calificación deesos hechos -cuestión que abordaremos en el apartado que sigue- Claramente configuran materialidades ilícitasdiferentes y autónomas a los fines de circunscribir los injustos ydeterminar la culpabilidad del autor en cada uno de ellos. Conforme ha decidido el Tribunal de Casación de laPcia. “…no se evidencia presente la configuración de ninguno de losextremos requeridos por el mencionado artículo 359 del C.P.P.…lafigura objeto de acusación agregada por la Fiscalía en debateno cuenta con las notas de conexión interna o al menos decierta conexidad comisiva con el contenido originario de larequisitoria fiscal, por lo que no puede considerarse que se trate deun supuesto de delito continuado sino más bien de un hecho diverso(CPP 374)…” (TCPBA, Sala II, “B., S. R. y P. L. s/ recurso decasación”, 7-9-04, C.7081) Y tal cual decidiera el Tribunal de Casación en esemismo proceso, no importa obstáculo a dicha afirmación el hecho deque el Tribunal haya explicado al encartado cuáles eran los nuevoshechos que se les atribuían y cuáles los derechos que le asistían, ni lavista conferida a la Defensa para que solicite la suspensión del debatea fin de ofrecer pruebas y preparar la defensa, ya que ello fuerealizado en el marco de un procedimiento de ampliación de laacusación que, como se expresó, resultó errado.
  44. 44. 44 Tratándose de una a nulidad de carácter absolutopor afectar las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, quecomo tal puede ser invocada en cualquier momento del proceso, no esmenester la protesta previa de casación. V.II.I.II. Nulidad de la ampliación Ahora bien, la ampliación en sí misma resultanula. Ello por no haberse integrado con los elementosesenciales referidos a los hechos finalmente reprochados, por haberomitido la motivación y/o elementos probatorios en los que se basa, ysu calificación legal, todo ello en violación a los arts. 56, 312, 335, yccdtes. del C.P.P. afectando las garantías del debido proceso y ladefensa en juicio (art. 18 C.N.). Las leyes procesales que reglamentan lainviolabilidad del derecho de defensa, técnica y material, establecenque desde el mismo momento en que se indica a una persona comoposible autora de un delito, el fiscal debe saber cuál es la conductadelictiva que pretende acreditarse. La ley impone, para hacer efectiva la garantía dedefensa en juicio, que al recibirle declaración a una persona acusada,se le explique clara, circunstanciada y detalladamente cual es laconducta que se le reprocha (art. 312 CPP) y los elementos de pruebaque obran en su contra. “El Ministerio fiscal deberá argumentar y concluirfundamentalmente sobre la cuestión penal introducida al debate con laacusación…Debe ser claro, específico y concreto, motivandosólidamente sus conclusiones…”66 Jorege A. Clariá Olmedo; Tratado de Derecho Procesal Penal; Tomo VI, El Procedimiento Penal;Ed. Ediar; 1967.
  45. 45. 45 Esas precisiones no van disminuyendo a medidaque discurre el proceso sino que por el contrario, se vuelven unamayor exigencia. Esta es, entre otras, la razón del art. 335 del CPPen cuanto manda que: “El requerimiento fiscal deberá contener, bajosanción de nulidad, los datos personales del imputado o, si seignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación clara,precisa, circunstanciada y específica del hecho; losfundamentos de la acusación; y la calificación legal.”. La regla aludida deriva, en forma directa, del Pactode San José, en cuanto establece en su art. 8 inc. 2. que: “Todapersona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, alas siguientes garantías mínimas…b) comunicación previa ydetallada al inculpado de la acusación formulada…” Esto es el modo más importante que tiene el Estadopara asegurar que quien es acusado, sepa de qué se trata el procesoque hay en su contra y pueda defenderse adecuadamente de laimputación. Como es lógico, si el justiciable no sabe de qué setrata la conducta por la cual es requerida, mal puede dar explicacioneso producir prueba. De tal suerte es la importancia en la claridad yprecisión que debe contener toda imputación, que ello constituye laúnica la manera de asegurar la correcta intervención del acusado en eljuicio.
  46. 46. 46 De la simple lectura del acta de debate en la que seformulara la ampliación de la acusación, surge que la mismaadolece de insuficiencias jurídicas esenciales que impidentenerla por acto jurisdiccional válido. La ampliación de la acusación no describióprecisa y circunstanciadamente los hechos, no exterioriza enque elementos se funda, describe situaciones incompatibles conel delito de encubrimiento, y ni siquiera califica los hechos. “Solicitada nuevamente la palabra por la Sra.Representante del Ministerio Público fiscal…la misma refiere que enrazón de las distintas declaraciones testimoniales escuchadas en eldebate, y en particular la escuchada en la última jornada, la Fiscalíaque representa está en condiciones de realizar una ampliación de laacusación en los términos del art. 359 del C.P.P. en relación alimputado Guillermo Bártoli…en relación a los siguientes hechos: “El día27/10/2002, a partir de las 19.07 hs., el imputado Guillermo Bártoli sehallaba presente en el interior del domicilio que habitaba el matrimonioCarrascosa y Maria Marta García Belsunce en el Country Carmel, y enmomentos en que el Sr. Carrascosa efectuaba una conversacióntelefónica con OSDE, el Sr. Guillermo Bártoli, procedió a alterar elescenario de los hechos y a manipular el cuerpo de la víctima deautos…consistiendo en por lo menos estas acciones, moviliza el cuerpode donde había quedado tendido y proceder al cambio de ropas de lamisma, quitándole una camisa blanca y un pantalón tipo bombacha degaucho color beige, y colocando en su lugar una calza o pantalón tipojogging color oscuro y una remera de color claro. Con posterioridad yen idénticas circunstancias de lugar, colaboró a instalar la idea de queel fallecimiento de María Marta García Belsunce obedecía a unaccidente doméstico en lugar de ser producto de una muerte violenta,traumática, con pérdida de masa encefálica, tal como por lo menos selo transmitió al Sr. Jorge González Zuelgaray y Miguel EnriqueHamilton Taylor, y a los demás concurrentes al velatorio, incluido el
  47. 47. 47Fiscal de intervención y el personal policial. Modificó también elescenario del crimen dando órdenes para que se limpiara brindandolos elementos necesarios y dando directivas para ello, como lo hizo enprimer lugar con la Sra. Beatriz Michelini, el 27 de octubre de 2002, apartir de las 20.30 hs., y como lo hizo al día siguiente, es decir el28/10/2002, momentos antes en que el cortejo fúnebre saliera endirección al cementerio de la recoleta, dándole expresas instruccionesa Mirta Nilda Molina para que tras retirarse la concurrencia al entierro,se limpiara, se ventilara y se ordenara la casa, y a Ema Benitez, aquien expresamente le solicitó que tirara un pantalón con manchas desangre perteneciente dicha prenda al Sr. Carlos Carrascosa. De estemodo, todas estas acciones fueron realizadas por él para ocultar,alterar o hacer desaparecer los rastros y pruebas del delito dehomicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el vínculo…conla finalidad de atentar contra la administración de justicia. Estaconcatenación de acciones forman parte de una continuidad delictiva yha tenido junto con el hecho por el cual viene imputado desde el iniciode las actuaciones, una única y misma finalidad, la cual es el ocultarun hecho especialmente grave…” Como se aprecia, la acusación se refieregenéricamente a los testigos escuchados como fundamento, pero nodice cuales son, ni que dijeron. Entonces, no indicó la cuales eranlos elementos de pruebas en los cuales basaba la ampliación, susmotivos. En tal sentido, debe señalarse que ningún testigoafirmó que el cuerpo de la víctima hubiera sido movido, salvo desde elpiso a la cama, cuando lo autorizó la cochería, tarea de la que noparticipó Bartoli, ya que no estaba en el lugar. Ni de la pericia sobrelas llamadas surge ningún dialogo en ese sentido. Ningún testigo afirmó que las prendas que vestíaMaria Marta García Belsunce al momento del hecho hubieran sido
  48. 48. 48cambiadas mientras se efectuaba algún llamado a OSDE, y muchomenos que de esa inexistente tarea hubiera participado el Sr.Guillermo Bártoli. El único cambio de prendas que surgió de lostestimonios recogidos fue el que realizo la Sra. Lanusse junto conMaría Laura García Belsunce, quienes cortaron la remera que lucía lavíctima (lo que demuestra la imposibilidad práctica de cambiar lasprendas en unos minutos como debería haber sucedido en la hipótesisfiscal y de la sentencia), la misma con la que había jugado al tenis,intentaron sin éxito colocarle una camisa por la cabeza (tal laencontrada con machas de sangre), y finalmente colocaron otra. La Sra. Mirta Molina negó expresamente haberrecibido órdenes del Sr. Bartoli en punto a la limpieza de la casa, lomismo que Beatriz Michelini, tanto que esos hechos no fueronfinalmente materia de acusación. Pero, insistimos, toda vez que desconocemos losfundamentos de la acusación, se trata simplemente de una tarea deadivinación. En cuanto a los hechos, la fiscalía no indica dedonde a donde habría sido movido el cuerpo. Ni precisa durante eltranscurso de cuál de las conversaciones que Carrascosa mantuvieracon OSDE -fueron dos- habrían acontecido los sucesos que refiere. La idea que se atribuye haber difundido a Bartoli esincompatible con el conocimiento de la ocurrencia de un delito, o por lomenos no excluye la fuente accidental. En efecto, una muerteaccidental puede ser violenta, traumática y con pérdida de masaencefálica como la describe la Fiscalía. Tal lo que creyó el imputado.
  49. 49. 49 Y concretamente tampoco señala que rastros,elementos, pruebas fue lo que se ocultó, alteró o hizodesaparecer en cada caso, a pesar de sostener que ello es lo quehabría ocurrido o habría perseguido el imputado. No califica jurídicamente los hechos, ni explicacomo los mismos se relacionan causalmente con los resultados ocultar,alterar o hacer desaparecer, rastros, instrumentos o pruebas. Faltanentonces datos de interés para el encuadramiento legal del hecho. Yerra o simplemente desconoce el derecho,por cuanto expresamente señala que la finalidad de lasacciones habría sido “ocultar el hecho”, y el hecho mismo, obvioes, no se trata de rastros, pruebas o instrumentos del delito. Ladescripción fáctica, desprovista de toda precisión como aparece, no esconstitutiva de delito alguno. Estas carencias de la ampliación de la acusaciónhan sido reconocidas expresamente por la Fiscalía al responder lavista que le fuera conferida con motivo del planteo de nulidadarticulado por ésta defensa. Sostuvo que “entiende la fiscalía que no serequiere a esta altura motivación” (del acta). “En cuanto a lacalificación legal de los hechos concluye la fiscalía que no es unrequerimiento, sin perjuicio de lo cual el tribunal en un punto hasubsanado esta cuestión” (del acta de debate). QUEDA CLARO PUES QUE LA AMPLIACIÓN DELA ACUSACIÓN NO CUMPLE MÍNIMAMENTE LOS REQUISITOSQUE EL ORDENAMIENTO ADJETIVO ESTABLECE LO QUE SEENCUENTRA CONMINADO CON SANCIÓN DE NULIDAD, Y DEBEDECLARARSE EN EL CASO QUE NOS OCUPA.
  50. 50. 50 Esto fue planteado en la audiencia, no recibiendoacogida por parte del Tribunal, por lo que se formuló protesta decasación y reserva del caso federal. “Si ya en la declaración indagatoria (art. 298CPPN.) hay que informar "detalladamente al imputado cuál es el hechoque se le atribuye", pero también "cuáles son las pruebas existentesen su contra"; si el auto de procesamiento (art. 308 CPPN.) debecontener "una somera enunciación de los hechos... y de los motivos enlos que la decisión se funda, y la calificación legal del delito..."; y si elrequerimiento de elevación a juicio (art. 347 CPPN.) exige "unarelación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificaciónlegal y una exposición sucinta de los motivos en los que se funda", esevidente que la ley que en el orden nacional reglamenta el juicioprevio a que se refiere la Constitución Nacional exige, para posibilitarleal imputado la contradicción (el núcleo de la garantía de la defensa delart. 18) no sólo que se le comunique o intime el hecho en formacompleta, sino también que se le pongan de manifiesto las pruebasque lo incriminan o los motivos que sustentan la imputación, tanto losde hecho y prueba -aunque principalmente éstos- como los jurídicos ode subsunción o calificación en derecho del hecho punible. Y entonces,si tanto es exigible durante la etapa preparatoria del juicio respecto delos actos esenciales de oposición material y técnica a la imputación, ysi tanto es necesario para la validez de un acto que, como elrequerimiento de elevación a juicio, sólo señala -sobre la base deprobanzas de valor provisional que no tienen aptitud para fundar unasentencia condenatoria- la necesidad de que el sujeto pasivo delproceso sea llevado a juicio oral y público; no advierto cómo puedehabilitarse un pronunciamiento de la índole últimamente mencionadacuando, después de producida la prueba idónea -la recibida en juicio ylos actos del debate, según el art. 348, segundo párr. CPPN.- no se haefectuado el pedido de condena ni, por tanto, ejercido concretamentela pretensión punitiva del Estado mediante el órgano (ministerio
  51. 51. 51público) predispuesto para ello” (C. Nac. Casación Penal, sala 1ªGiroldi, Horacio s/recurso de casación, 3/7/1995). No puede haber condena sin acusación válida, yesto es lo que ha tenido lugar en la especie. Tanto la acusaciónformulada en el alegato como la sentencia que incorpora esos hechos,resultan inválidas. La posibilidad de defensa en juicio no sólo segarantiza a partir de la pericia de quienes ejerzan la asistencia técnicasino que debe asegurar, a su vez, la real posibilidad del imputado deejercer su defensa material (también contenida en la regla del art. 18CN). En tal sentido, cuanto más difusa es la imputación,mayor resulta la afectación a este derecho y en el caso que nos ocupa,es absoluta. La presentación del caso, no sólo debe sercomprendida, por los “técnicos” sino que antes bien, por quien soportala arremetida del Estado. La formulada en la causa no solo no puedeser comprendida. Literalmente debe ser adivinada. Y no puede ser integrada, como en definitivahace el tribunal expresamente con la calificación omitida por laFiscal. No es autosuficiente, no se basta a sí misma. Nosirve para sentar jurisdiccionalmente la base del juicio sobre la cualdebe versar la prueba, discusión y sentencia. La descripción de los hechos y del derecho llevada acabo por la Fiscalía en ocasión de ampliar la acusación de ningunamanera satisface ese requisito, por tanto, la base acusadora del
  52. 52. 52plenario está viciada con "factum" indeterminado -sinautosuficiencia- ya que la alusión a ella puede reducirse aelementales términos elípticos capaces de albergar situacionesque podrían o no ser consideradas como delito, y en su casopor dicha indeterminación abarcar supuestos que serían o nocompatibles con el delito de encubrimiento, con lo cual se hacecontingente la plataforma histórica que debe resistir el derecho dedefensa, menoscabándolo de ese modo irremediablemente hastahacerlo desaparecer. Por tanto debe desecharse la acusación porincumplir la debida narración clara, precisa y circunstanciada del hechoenrostrado al imputado, su motivación y calificación, toda vez quetorna imposible cualquier confirmación acerca de laresponsabilidad que le cupo a Bártoli en los hechos, extremoindispensable a la postre para someterlo a juicio, puesto que nose ha aludido a ninguna acción típica, por lo cual se impide comprobarsi existe la necesaria concordancia entre el hecho imputado y el hechocuya existencia debería declararse en la sentencia. Queda claro entonces que las defectuosaampliación de la acusación no solo afectó a la defensa, sino que seencargó de hacer imposible el principio de congruencia,proyectando sus efectos a la acusación final de la fiscalía y lasentencia, colocando a las partes en la necesidad de adivinar, o lisa yllanamente inventar hechos no alegados ni probados. V.II.I.III. Extinción de la acción penal de los hechos que fueran materiade ampliación de la acusación Sin perjuicio de que venimos exponiendo lascuestiones procesales en el orden que se han suscitado, se impone, aefectos de agotar la cuestión de la ampliación de la acusación, abordarun tema de derecho sustancial, tal la extinción de la acción penalrespecto de esos hechos.
  53. 53. 53 Concretamente, entre la fecha de comisión delhecho, los días 27 y 28 de octubre de 2002, y la de la ampliación de laacusación, si pudiera considerarse por analogía in malam parte un actointerruptivo del curso de la prescripción de la acción penal, o el dictadode sentencia que si interrumpe el término, transcurrieron más de 6años, pena máxima con la que el código penal reprime el delito deencubrimiento agravado, que merced a la integración efectuada por elTribunal, es la calificación que les correspondería a los mismos. Es que aun considerando hipotéticamente que loshechos constituyeran una continuidad delictiva, y no lo hacenconforme dejamos establecido arriba, dicha continuidad nada tieneque ver con el curso de la prescripción. O lo que es lo mismo, la vigencia de laperseguibilidad de la acción penal respecto de uno de los hechosintegrantes de esa continuidad delictiva, no se extiende a los demás. No existe discusión sobre el punto de que laprescripción de la acción penal corre y se opera en relación concada delito -aun cuando exista concurso entre ellos- debido aque la interpretación y aplicación estrictas de las reglas del concursoreal conducen a la acumulación de penas, pero no a la de losplazos de prescripción de las acciones; alcance éste, que ha sidoreceptado en forma expresa por la ley 25.990. En el caso de la continuidad delictiva, adiferencia del concurso real, podemos decir que sus reglas conducena la unificación de penas, pero al igual que aquel, no a laacumulación de los plazos de prescripción, pues se trata de unconcurso material de delitos al que se lo trata unitariamente, afavor del reo.

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