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Proyecto final del imputado
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Proyecto final del imputado

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  • 1. 3La Declaración del ImputadoValor probatorio de la declaración de un imputado comomedio de prueba o medio de defensa en el Proceso Penalde la República Dominicana.
  • 2. 4Coordinación General:Dr. LinoVásquez SámuelComisionado de JusticiaDirección EjecutivaLicda. Marien MonteroTítulo de la Obra:La Declaración del Imputado como medio de Pruebao Medio de Defensa.Posición Jurisprudencial y Doctrinalsobre su naturaleza.Autor:Dr. Nelson Rafael Santana ArtilesCuidado de Edición y Corrección de Estilo:Lic. Carlos Jiménez DíazColaboración:Lic. Joselito BautistaLic. Domingo D’Oleo Producción:NG MEDIA, S.A.Dirección de ArteJhovanny Gómez1era. EdiciónEditora CentenarioISBN: 978-99934-36-23-2Una publicación del Comisionado de Apoyoa la Reforma y Modernización de la Justicia.Calle Dr. Delgado No. 252, Esq. Moisés García,Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional,República Dominicana.Teléfono: 809-685-7338; Fax: 809-685-5044;e-mail: carmj@reforma-justicia.gov.do;Web: comisionadodejusticia.gob.doEsta publicación contó con los coauspicios de la ComisiónNacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ)Derechos ReservadosEdición GratuitaProhibida su ventaSanto Domingo, República Dominicana.Diciembre, 2011
  • 3. 5La Declaración del ImputadoDOCTRINA JUDICIAL CONTEMPORANEACuidado de la edición, formación en computadora y elaboraciónde formato PDF: Sergio A. Ortiz V.
  • 4. 7La Declaración del ImputadoHECHOS LOS DEPOSITOSY REGISTROS DE LEYReservados todos los derechos. No im-primir ni el todo, ni partes de esta obra;ni reproducir mediante ninguno de losmétodos reprográficos, químicos, electró-nicos, mecánicos o de cualquier otra na-turaleza, actual o por venir, sin permiso yautorización escrita del editor, propietariode los derechos de edición y circulación enlos términos mandatorios de la normativainternacional y de la Ley número 65-00,de Derecho de Autor, de la República Do-minicana.FOTOCOPIAR LIBROS ES DELITOImpreso en la República DominicanaPrinted in Dominican Republic
  • 5. 9La Declaración del ImputadoIndicePRESENTACIÓNPROLOGOCapítulo IDESCRIPCION JURIDICA DE LA DECLARACIONDEL IMPUTADO Opciones del ImputadoSuperación de la Visión Procesal Inquisitiva en Relación con laConfesión y la Declaración del Imputado La Declaración del Imputado en la Constituciónde la República DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALESRELACIONADOS CON LA DECLARACION DEL IMPUTADO Nadie está obligado a declarar contra sí mismo Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin or-den motivada y escrita de autoridad judicial competente, salvo elcaso de flagrante delito Toda persona privada de su libertad será sometida a la AutoridadJudicial Competente dentro de las cuarenta y ocho Horas de sudetención o puesta en libertad Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalida-des legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta deinmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona La Declaración del Imputado en el Código Procesal Penal Manifestaciones procesales y momentos en que puede producirse ladeclaración del imputado en el Proceso Penal 17212324252629292930303132
  • 6. 10Capítulo IILA DUALIDAD JURÍDICA DE LA DECLARACIONDEL IMPUTADO Consideraciones Doctrinarias sobre la Declaración delImputado Valor Probatorio de la Declaración del Imputado según la Legisla-ción Constitucional y del Código Procesal Penal Jurisprudencia sobre la Declaración del Imputado Diferencia entre Confesión y Declaración del Imputado La Opción del Imputado con Derecho a Declarar La Facultad de Faltar a la Verdad en la Declaración del Imputado:el “Derecho a Mentir”La Declaración del Imputado Como Medio de Defensa Material Capítulo IIILA DECLARACION DEL IMPUTADO COMO MEDIODE PRUEBAEl Interés de Mentir Ante los Tribunales Conceptualización de Prueba y Medios Prueba Diferencias entre “Prueba” y “Medios de Prueba” Clasificación de las pruebas Criterios para la clasificación Prueba directa y prueba indirecta Clases de prueba el Código Procesal Penal La prueba material La prueba documental La prueba testimonial La Prueba indiciaria La Actividad Probatoria Recolección de Pruebas 33343435354041434748495052525355555656585859
  • 7. 11La Declaración del ImputadoEl Procedimiento Probatorio Sistemas de Valoración de la Prueba en Relación a la Declaracióndel Imputado Evolución del sistema probatorio Los Diferentes Sistemas de Valoración de la Prueba Sistema de la tarifa legal Sistema de la intima convicción Sistema de la Sana Crítica racional Métodos de Investigación y Sana Critica Principios que Gobiernan y Regulan la Actividad Probatoria en laRepública Dominicana El principio de libertad probatoria El principio de lícita obtención Valor Probatorio de la Declaración del ImputadoSobre la Comisión de un Crimen La declaración del imputado y su relación con la acusación El cambio de acto conclusivo del ministerio público(acusación) relacionado con la declaración Irrevocabilidaddelactoconclusivodelministeriopúblico Capítulo IVLA DECLARACION DEL IMPUTADO EN ATENCIONA LA AUTORIDAD ANTE QUIEN LA REALIZA La Publicidad del Proceso Penal La publicidad como elemento perjudicial en el procesopenal: justificación normativa y jurisprudencial El secreto en el proceso penal. Límites. Bien jurídico protegido. Criterios doctrinales Bien jurídico protegido por el secreto en el proceso penal El secreto en derogado. Código de Procedimiento Criminal 60626263666667707272757677808383858585878788
  • 8. 12 El secreto en la legislación procesal penal vigente: fundamento La publicidad del proceso penal como un mal mayor Juicio mediático y presunción de inocencia Juicio mediático e información veraz Declaración del imputado ante los agentes de la Policía Nacional Declaración del imputado ante el MinisterioPúblico Declaración del imputado ante el juez de la instrucción Declaración del imputado ante el juez de fondo TESTIMONIOS ESPECIALES La declaración testimonial de los dementes (personas vulnerables) La declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes Testigo evasivo Testigo argumentativo Capitulo VDERECHOS Y GARANTIAS QUE ASISTEN AL IMPUTADO Generalidades Derechos pre-procesales y procesales Otras Garantías del Detenido La duración máxima de la detención preventiva Explicación de Algunos Derechos del Imputado La presunción de inocencia 8893949799101103103104104104113115117118120120120120120
  • 9. 13La Declaración del Imputado La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado La presunción de inocencia como regla de juicio del proceso La presunción de inocencia como presunción “Iuris Tantum” Alcances de la presunción de inocencia El derecho a la tutela judicial efectiva El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley El derecho a la defensa y asistencia de abogado Derecho a un proceso debido a) El derecho a ser informado de la acusación b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías c) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y a no responder las preguntasDerechos y Garantías Provenientes de Leyes Adjetivas El recurso de habeas corpus conforme el Código Procesal Penal Derechos y Garantías Consagradas por Resoluciones y Jurispru-dencia de la Suprema Corte de Justicia Sobre el cuerpo del delito El Concepto “Derechos Humanos” Los “Nuevos Derechos” Derechos humanos, constitucionalización y proceso penal122122122122123123123124125125125127127128131132
  • 10. 14Los principios de legalidad y proporcionalidad aplicados a la prue-ba fluyen de la propia idea del “Estado de Derecho” Convención Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto deSan José, 1969. (Res. 739, G. O. 9460 11 de febrero, 1978) La defensa pública Derecho a Indemnización Derecho a recurrir ante organismos externos La Corte Interamericana de Derechos Humanos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.(Res. 648, G. O. 9451, nov. 12, 1977) Derecho a Reparación e Indemnización Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos. (Res. 693, G. O. 9454, del 10 de diciembre, 1977)Declaración Universal de los Derechos Humanos Capítulo VIVALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIONDE UN COIMPUTADO O DE UN TERCERO Criterio de la jurisprudencia francesa Declaración del coacusado Decisiones jurisprudenciales definitorias sobre el valor de ladeclaración del coimputado Bibliografía AnexosResolución No. 3869-2006, Reglamento para el manejo de la pruebaResolución Núm. 116/2010, Procedimiento para obtener las decla-raciones de las personas en condiciones de vulnerabilidad, vícti-mas o testigos en los centros de entrevistas 133135135136136137137137138141143146147147151159159173
  • 11. 17La Declaración del ImputadoPRESENTACIÓNEl imputado, en el marco del sistema oral adversarial, puesto en vigen-cia en República Dominicana, a partir de la aprobación de la Ley 76-02,Código Procesal Penal, es sin duda el actor principal del proceso penal;dicho así, porque las normas constitucionales contemporáneas, en su construc-ción amplia de derechos fundamentales, insertan en su favor un catálogo dederechos que se desarrollan en su extensión, con la incorporación también enlos textos constitucionales de instrumentos de tutela judicial efectiva. Esto,por supuesto, plantea una seria discusión sobre los derechos del imputado y lasacciones suyas que limitan esos derechos, es decir, una tensión entre derechosencontrados.Para Maier “imputado es aquella persona que sufre la persecución penal y, ad-quiere esa calidad y los derechos correlativos de ella, desde el primer momento desu persecución, esto es, desde que esté frente a cualquier órgano estatal, encargadode perseguir penalmente; es individualizado como autor de un derecho punible opartícipe en él, calidad que perdurará hasta la finalización del proceso de conoci-miento por sentencia judicial firme”1.Es a partir de esa visión que es concebida la obra del doctor Nelson Santana Ar-tiles “La declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensaen el proceso penal de la República Dominicana”, que hoy se pone en manosde la comunidad jurídica, el sistema de justicia y la sociedad dominicana, engeneral. Se trata de un aporte doctrinario importante, que está integrado porseis capítulos que analizan al imputado, desde la óptica de su declaración, comomedio de prueba o medio de defensa.Es relevante, igualmente, que la doctrina jurídica dominicana incorpore en suacervo la tensión constante entre derechos fundamentales, que muchas vecesse manifiestan no solamente en el ámbito del imputado, sino también, en elámbito de la víctima y la sociedad.En la obra, el autor aborda en seis capítulos, con una lucidez providencial, todoel andamiaje del bloque de constitucionalidad, de la ley, la doctrina y la juris-prudencia; todo lo relativo al tratamiento que se le ha dado a la declaración del1Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal, Tomo II, parte general, Sujetos Procesales. Editores del Puerto s.r.l, Buenos Aires, 2003, 1ra. Edición.
  • 12. 18imputado en esas fuentes del derecho, en las cuales abreva sus esencias paraofrecerlas al lector, con una claridad expositiva, digna del profesor que ha la-brado su saber en las aulas universitarias, en las cuales ha dedicado con esmeroparte de su vida profesional.En ese orden de ideas, es importante destacar que, en el primer capítulo de laobra, se aborda el tema de los derechos y garantías constitucionales relaciona-das con la declaración del imputado, partiendo, desde luego, de la construcciónde una definición conceptual de ese sujeto procesal, y concluye el autor, luegode un estudio pormenorizado de la norma superior del ordenamiento jurídicodominicano; de los tratados internacionales; del Código Procesal Penal; de ladoctrina más autorizada sobre el tema; y de la jurisprudencia; que en el estadoactual de nuestro Derecho Procesal Penal, la declaración del imputado en eljuicio no puede ser equiparada a confesión.En el Capítulo II del libro, objeto de esta presentación, se trata el tema de ladualidad de la declaración del imputado, de donde se parte de la consideraciónde sus declaraciones como medio de prueba y como medio de defensa. Se agre-ga allí, la declaración del imputado como requisito indispensable para descu-brir la verdad; el valor probatorio de esas declaraciones en la actual legislaciónprocesal penal, en lo relativo a su naturaleza; y la declaración del imputadocomo manifestación del derecho de defensa material.En el Capítulo III, el autor transita por el difícil camino del sistema de valo-ración de las pruebas, pasando desde el sistema de la íntima convicción hastallegar al sistema de la sana crítica racional que, conjuntamente con la lógica yla máxima de experiencia, son las herramientas que el Código Procesal Penalofrece a los jueces como parámetros o brújulas para sortear el escabroso sen-dero que le permita llegar a la verdad, por medio de la dialéctica derivada de lalibertad probatoria que permea el sistema probatorio de tipo acusatorio.Seguidamente, se explora en el Capítulo IV, el interesante tema de la declara-ción del imputado en atención a la autoridad ante quien la realiza, es decir, ensede policial, ante el ministerio público, ante el juez de la Instrucción y ante eljuzgador del fondo de la imputación.Toda esa temática, tratada precedentemente, no tendría razón de ser, si el en-cartado, sometido a los rigores de un juicio penal, no estuviere resguardadocon toda esa atalaya garantista que se consagra en un sistema democrático dederechos que se identifican como “los derechos y garantías del imputado”, loscuales se incardinan en el denominado derecho a un debido proceso justo, ocon la expresión importada de la Europa continental, denominada “Tutela ju-dicial efectiva”.
  • 13. 19La Declaración del ImputadoEs por ello que el autor dedica el Capítulo V de la obra al tema de singularimportancia, por su naturaleza constitucional y de alto relieve en el ámbito delproceso penal, a los derechos y garantías del imputado, los cuales no son másque una manifestación, precisamente, de la Tutela judicial efectiva y del debidoproceso, consagrado en la Constitución.Al final de la obra, de manera específica, se analiza en el Capítulo VI el valorprobatorio de las declaraciones de un coimputado o de un tercero. Allí se pro-cede al abordaje del tema, acompañado de las opiniones; de la doctrina; de lajurisprudencia francesa; y decisiones interesantes de nuestra Suprema Cortede Justicia. Y como colofón, por su extrema vinculación con el hilo conductorde la presente obra, se anexa la celebérrima Resolución de nuestra Alta Corte,sobre Manejo de Prueba, de fecha 21 de diciembre de 2006, la cual tiene comopropósito unificar los criterios relativos a la presentación de los diversos me-dios de prueba, adaptados a las distintas etapas del proceso penal.Para el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia(CARMJ) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal(CONAEJ), en el marco de sus respectivas misiones, constituye un fiel cumpli-miento de su misión, la publicación de esta obra, que indudablemente marcaráun punto de referencia en el camino de la doctrina penal y procesal penal do-minicanaDr. Lino Vásquez SámuelComisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justiciay Vicepresidente Ejecutivo de la CONAEJ.
  • 14. 21La Declaración del ImputadoPROLOGOPrologar un libro del doctor. Nelson Santana, el primero, es razón de unagran satisfacción personal. Porque su autor no es solo un gran amigo ycompañero de avatares judiciales, sino porque ambas relaciones se ini-ciaron cuando fue mi alumno en la Facultad de Derecho de la UniversidadAutónoma de Santo Domingo, en la que yo pretendía enseñar derecho penaly derecho procesal penal. Allí se produjo nuestro encuentro y desde entonceshasta acá he tenido la oportunidad de valorar el crecimiento profesional y per-sonal del mismo.Aunque ligado a toda suerte de procesos, tanto en lo civil como en lo penal,sin descuidar algunos en el orden administrativo, la actividad académica queigualmente ha emprendido Santana le han conducido esta vez al estudio de untema, particularmente fascinante, por la rica variedad de experiencias que pue-den rescatarse de la vida diaria de los tribunales: la declaración del imputadocomo medio de prueba.Y es que, está más que claro que el corazón del proceso penal es la administra-ción de la prueba, en tanto debate sobre la realidad de la ocurrencia de unos he-chos capaces de caer bajo el imperio de la norma punitiva y que procura crearen la apreciación del juez la convicción cierta en torno al modo en que ocu-rrieron los hechos. (Referencia al silogismo de Beccaria, recordado por RPA).De ahí, esa centralidad de la prueba en el proceso penal, nacen las inquietudesque han inspirado a su autor para acometer el tema, singularmente requeri-do por la experiencia de abogado de ejercicio pleno, amplio y cotidiano. Porsuerte, la estructura de conocimientos y de juicios no corresponden solo aquien maneja los criterios respondiendo en el día a día a los requerimientosclientelares, sino que las sistematiza el celo del académico que, a través de susclases de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, intercambia perma-nentemente con la juventud que acude a dichas aulas a formar la base teóricade lo que aspira sea, más temprano que tarde, su propio ejercicio profesional.Si bien el espacio exacto de la declaración del imputado aparece como titulo ycomo tema central del libro, el concepto no es más que un hilo conductor paraexaminar, desde dentro del articulado del Código Procesal Penal y a propósitode su relacionamiento con otros textos y con la doctrina que va formándose en
  • 15. 22torno a la vigencia del mismo, toda la teoría de la prueba penal y sus cautivantesposibilidades de desarrollo.Así, penetrar en la declaración del inculpado como una manifestación del pro-ceso penal, obliga al autor a examinar el relacionamiento de dicha declaracióncon los derechos y garantías que rodean a la misma, partiendo de los principiosbásicos del proceso penal expresado en el nuevo Código, lo que significa re-conocer todo lo relativo a los derechos y garantías que surjan de la condiciónmisma de inculpado. De igual modo, conecta con principios sustanciales delproceso penal, tanto en el nuevo como en el viejo, como son la publicidad yoralidad, consustanciales al propósito garantista del nuevo juicio.Abordar lo que es el tema central del texto, lleva a explicar razonadamente,como para ir formando conciencias y opiniones, las funciones que se recono-cen en la declaración del imputado de medio de prueba y/o medio de defensa,y las delicadas tensiones que se dan entre las mismas y en las discusiones quepretenden, ya asimilar ambas funciones, ya reducirla a una sola de ellas. Y aquí,entonces, hay que relacionar los conceptos con otro principio fundamental deltexto legal del 2002: la presunción de inocencia.Las estrechas vinculaciones de estos conceptos con el tema de la declaración delimputado, brinda al autor la oportunidad de examinar el nuevo proceso penalen toda su dinámica urdimbre de organizar la reacción social frente al ilícitorespetando para su presunto ejecutor las garantías que le permitan confrontarla acción punitiva del Estado. Y eso lo conduce a desarrollar una preciosa sín-tesis del derecho de la prueba en el Código Procesal Penal.Es con eso con lo que se encontrará el lector de este libro: la síntesis de la or-ganización del derecho probatorio ajustado a un proceso acusatorio, en el cualla prueba recobra un espacio de supremacía en el debate a que se contrae la lidpenal. Descritos su elementos, sus conceptos, sus polémicas, con claridad expo-sitiva, cumpliendo así la intención didáctica del mismo, tanto en beneficio deestudiantes como del abogado que precisa de las necesarias ampliaciones paratener la mejor comprensión del tema.Dr. César Pina Toribio
  • 16. 23La Declaración del ImputadoCapítulo IDESCRIPCION JURIDICA DELA DECLARACION DEL IMPUTADOEl imputado o acusado de un hecho punible, es la persona que puedeser considerada autora, coautora o cómplice de haber participado en lacomisión de un hecho punible y que pudiera acarrear sanciones de tipopenal, por lo que el accionar o no del imputado está íntimamente ligado alProcedimiento Penal, que es el conjunto de reglas procesales, que organizany regulan el ejercicio de la acción penal publica en justicia desde el principiohasta la conclusión definitiva del proceso.En nuestro país la palabra “acusado o imputado”, puede decirse en términosde la vida cotidiana, es sinónimo de delincuente, persona peligrosa y más aún,guarda cierta semejanza con lo que en el antiguo derecho francés se conocíacomo “muerto civil”, una sanción que desposeía al condenado de todos los de-rechos que como persona humana pudiera corresponderle.Imputado es la persona a la cual se le acusa de haber cometido una infracciónpenal o participar en un hecho penal, es decir, aquélla contra quien se dirige lapretensión penal, por recaer sobre ella sospecha de la comisión de un hecho2.El imputado puede estar detenido o arrestado, y es posible que no lo esté, sinoque los organismos de investigación lo busquen o lo impliquen en algún hechopunible.Una vez una persona es sindicada de haber cometido un ilícito penal, se hacetitular de una serie de privilegios y prerrogativas constitucionales y legales, en-tre los cuales está el derecho de optar por permanecer callado o no, y es casinormal, que los investigadores en principio dudan sobre la credibilidad de suspalabras para ser valoradas, creídas y acreditadas por las autoridades judicialescomo medio de prueba.Agravándose esta situación si se toma en cuenta que la declaración del impu-tado, contengan o no confesión, contengan o no admisión de responsabilidadpenal, es probablemente la parte más importante de todo proceso penal, en2MARTINEZ Morales, Rafael. (2010). Diccionario Jurídico Royce Editores. México.
  • 17. 24atención a su capacidad decisoria del asunto, Sin duda algo de ello anima elespíritu del constituyente al introducir el ordinal sexto del artículo 69.6 de laCarta Magna, en virtud del cual Nadie podrá ser obligado a declarar contra símismo, de modo que estamos en presencia de la declaración del imputado conrango Constitucional.La declaración del imputado es de tal importancia procesal, que pudieranafectar los intereses más preciados del hombre como son el honor, la moral, laconsideración, la familia, libertad, el patrimonio y la seguridad pública de lasociedad Dominicana3.Opciones del imputadoAbierta una investigación penal, el imputado puede asumir tres posibilidadesprocesales, en relación con lo que declare o no sobre su participación en loshechos, a saber:• Primero: abstenerse a declarar.• Segundo: rechace los cargos, pudiendo tornarse así la indagatoria en un medio eventual de prueba a través del acusado, quien puede trans portar elementos diversos de prueba, en las diversas fases del proceso;• Tercero: acepte la comisión del hecho delictivo y su responsabilidad en el mismo de manera total o alegando alguna causa de justificación o exculpación.En el primer supuesto, la opción por el silencio, que indudablemente puedeejercer el imputado como un acto de autodefensa, fundamentado en la Consti-tución de la Republica y el Código Procesal Penal, la ley no le destina perjuicioalguno porque no es punible el “auto encubrimiento”.Lo cierto es que siendo la administración de justicia un servicio público de vitalimportancia, el ministerio público carece de mecanismos institucionales paraobligar al imputado investigado a declarar todo cuanto sepa sobre el hecho ob-jeto de investigación, el investigado habla si quiere y sobre lo que quiera, o seacoge al derecho a permanecer callado, y así el Magistrado Juez apoderado ca-rece de un poder activo y diligente para tratar de descubrir la verdad, de modoque actualmente la sociedad Dominicana está técnicamente desprotegida y nose vislumbra una adecuada solución al problema.El silencio del imputado se utiliza frecuentemente para evitar el entorpeci-miento de la defensa, pues si el imputado carece de las habilidades jurídicassuficientes para entender las complejidades de la acusación, o si es autor de unhecho del cual no tiene justificación, ante una investigación inobjetable, man-3SOLÓRZANO León, Justo Vinicio. (2000) La primera declaración. La prisión preventiva. 11ª Edición. Guatemala: Cromográfica, Pág. 61.
  • 18. 25La Declaración del Imputadotenerse en silencio permite el diseño de una estrategia de defensa, que ante laausencia de información haría más difícil al ministerio público realizar unaexhaustiva investigación.En el segundo supuesto, la opción del rechazamiento de los cargos, se configu-raría claramente la manifestación natural del derecho de defensa, siempre quese mantenga dentro de ciertos límites fácticos, ejercido mediante la declaracióndel imputado.La declaración del imputado es todo aquello que por vía oral o escrita, sea ex-presado al ministerio público o al tribunal por parte del imputado. En el tercersupuesto, se estaría en presencia de la confesión, y ella, como prueba, está com-pletamente desacreditada en la actualidad, excepto por la inusual defensa quede ella ha hecho la jurisprudencia, como se dirá más adelante.• La declaración del imputado ha sido objeto de estudio por autores diversos, como lo demuestran las investigaciones de C. J. A. Mitter maier, de Pietro Ellero, de Nicolás Framarino Dei Malatesta, así como el profesor Francois Gorphe con diversas obras de excelente contenido. En todo caso, habría que determinar cuál es, en realidad, el valor probatorio que deben tener las declaraciones del imputado, bajo distintas circunstancias fácticas y ópticas procesales, como se indicara más adelante.• En el Tercero supuesto: El imputado puede aceptar la comisión del hecho delictivo y su responsabilidad en el mismo, de manera total o parcial, alegando alguna causa de justificación o exculpación, en cual quiera de las tres hipótesis planteadas corresponde al órgano Jurisdic cional valorar adecuadamente la declaración del imputado, que pu diera operar como medio de prueba o medio de defensa, según las circunstancias fácticas del caso.Superación de la visión procesal inquisitiva en relación con la confesión y ladeclaración del imputadoEn los sistemas inquisitivos el reconocimiento de culpabilidad por parte delimputado, esto es, la confesión de los hechos, era la prueba más importantey suficiente para dictar sentencia, ya que hacía plena prueba: era la llamada“Reina de las pruebas”.En la actualidad, con sistemas procesales penales acusatorios o mixtos, la decla-ración del imputado ha pasado a verse desde otra óptica procesal. De hecho, lagarantía de la declaración del imputado está prevista y organizada para que no
  • 19. 26pueda ser limitada ni obstruida en forma alguna, pues tal como dispone el Art.103 del Código Procesal Penal, el Juez o el Tribunal deben permitir al imputadodeclarar cuantas veces manifieste interés en hacerlo, libertad restringida sólopor su pertinencia e interés de la defensa técnica.Como se ve, la variación jurídica implícita en la “declaración del imputado” essustancial, pues se trata de una herramienta del imputado para ejercitar su de-fensa en el proceso penal, rompiendo con la tradición inquisitiva penal que lle-vó al reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado (confesión) comoplena prueba, esto es, como la prueba de más importante en el proceso penal.Y de ahí que tantas veces se le haya llamado por la doctrina y la jurisprudenciaa la confesión como “La Reina de las pruebas”.En sentido general, siguiendo los ordenamientos procesales penales latinoa-mericanos, la declaración del imputado es libre y puede realizarla en las opor-tunidades que estime conveniente a su defensa. El condicionamiento esenciales que en todos los casos se requiere siempre la presencia del defensor, a penade nulidad como está previsto por el artículo 104 del Código Procesal Penal.Por esa vía se trata de evitar la perversión procesal de violentar la capacidadpersonal del imputado y obtener de él declaraciones incriminatorias, caracte-rística básica de los sistemas procesales inquisitorios.Se sabe que, en la práctica y en el medio dominicano específicamente, es pocoprobable que a un imputado se le administren psicofármacos o sustancias con-troladas legalmente, capaces de disminuir o alterar sus facultades intelectivas,pero como la investigación la dirige el ministerio público, es casi cosa del pa-sado el uso de métodos coactivos, amenazas o promesas con el fin de llevarlo adeclarar contra su voluntad, violencias corporales o psicológicas, la tortura o elengaño como métodos investigativos, en sentido general pudiera considerarsecosa del pasado.La declaración del imputado en la Constitución PolíticaEl derecho a ser oído y la oralidad como principio del proceso penal: La de-claración del imputado es la vía principal a través de la cual se lleva a cabo laexigencia constitucional de ser oído en el proceso, siempre esta posibilidadestá opción del imputado, que podrá decidir con toda posibilidad si declara ono sobre la imputación.El derecho a ser oído consiste en la posibilidad que tiene el imputado de decla-rar libremente sobre cada uno de los elementos de la imputación, agregando las
  • 20. 27La Declaración del Imputadocircunstancias que estime pertinentes a su defensa o callando cuando lo estimepertinente. De esta definición se tiene que: _ La imputación ha de ser clara, precisa y comprensible; ha de ma-nifestarse como una relación de hechos, resultado de acción u omisión, y esimprescindible que se le formule claramente cuál es el hecho penal atribuido,las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ocurrencia; la calificación jurídi-ca y la información cabal sobre las pruebas de cargo y descargo. El ministeriopúblico puede dictaminar a descargo. _ No debe limitarse la declaración del imputado. El derecho a declararo no hacerlo alcanza su máxima expresión en la audiencia ante el MagistradoJuez apoderado o ante el Ministerio Publico acusador.Es por eso que el Código Procesal Penal prevé que el imputado pueda declararcuantas veces lo decida durante el proceso, salvo que ello sea un mecanismodilatorio o perturbador del proceso que ejerza a su favor.El mandato del Art. 69. Ordinal 2 y 6de la constitucional, que, previo cumpli-miento de las normas del debido proceso, el imputado tiene que ser oído enaudiencia oral y pública y no podrá ser obligado a declarar contra sí mismo.La oralidad, en consecuencia, es un principio central del proceso penal y comotal reconocido en el texto constitucional, de la reforma constitucional de 2010,que dispone en su Capítulo II De las garantías a los derechos fundamentales),lo siguiente:Tutela judicial efectiva y debido proceso.Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del de-bido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que seestablecen a continuación entre las cuales podemos citar:Ordinal 2: “El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y poruna jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecidacon anterioridad por la ley.”Ordinal 6: “Nadie podrá ser obligada a declarar contra si misma.”El derecho a declarar y ser oído es una señalada característica de los procesospenales acusatorios, esto es, de las formas de enjuiciamiento penal democráti-co, que debe ser visto entonces como el ámbito institucional de redefinición delconflicto en el cual la oralidad es un instrumento imprescindible para el soste-nimiento de la garantía de Tutela Judicial Efectiva, pues haciendo uso de ella, de
  • 21. 28la oralidad, las partes involucradas en una disputa judicial se manifiestan anteel ministerio público investigador o del Magistrado-Juez apoderado y puedenobtener una decisión expedita y justa no sólo con respecto al conflicto de fondosino incluso a cada una de las alegaciones interlocutorias o preparatorias delproceso. No en balde el Art. 3 del Código Procesal Penal, al establecer el princi-pio de “juicio previo”, lo describe como ajustado, entre otros, a los principios deoralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad, y concentración yde la posibilidad del ministerio público de acusar o archivar, según las circuns-tancias fácticas del caso.Siendo así, es claro que el proceso penal debe estar estructurado de modo tal,que se ofrezcan al imputado esas posibilidades de expresión sencilla y eficiente,y la más clara de todas es justamente la oralidad, que deben estar abiertos entoda fase del proceso. En el proceso penal, esto asume una esencialidad que noadmite cuestionamientos, estando de por medio la libertad de las personas y ladecisión sobre conflictos judiciales que en buena parte de los casos han impli-cado coerción a la libertad, a la integridad física y psicológica de las personasy en general afectan el bienestar de todos los involucrados.Con la oralidad, las partes deben expresar al ministerio público o al Magistra-do-Juez apoderado sus peticiones o conclusiones y fundamentaciones en formaverbal, siendo también el Magistrado-Juez el que debe resolver de inmediato lascuestiones tratadas únicamente en la audiencia y que hayan sido ventiladas porlas partes, contradictoriamente en la audiencia.Por tanto, es esa la razón que justifica el derecho del imputado a declarar, y eldeber del tribunal de permitir esa declaración en cualquier fase del proceso,sin que quien la realice pueda ser coaccionado a emitirla, pues, entra de plenoderecho dentro de sus facultades legales en el proceso penal.Los argumentos en favor de la declaración oral del imputado provienen enton-ces de todos los niveles, desde el nivel de lo constitucional hasta del orden legaly de los tratados internacionales.Las convenciones internacionales la consagran como un derecho que no se res-tringe únicamente a la fase de juicio; si bien es cierto algunas de sus disposicio-nes son muy específicas en el sentido de garantizar el interrogatorio oral de lostestigos y peritos durante el debate, igualmente, estipulan la oralidad como unprincipio que orienta todo el proceso al establecer el derecho del acusado de seroído sin restricción o condicionamiento alguno. Semejantes razones explican,que el Código Procesal Penal defina el juicio como un procedimiento esencial-mente oral, durante el cual las resoluciones son […] dictadas, fundamentadas
  • 22. 29La Declaración del Imputadoy explicadas verbalmente por el tribunal y valen como notificación a las partespresentes o representadas desde el pronunciamiento integro de la decisión… ysi no es posible que se proceda de esa manera por algún impedimento, quienesno pueden hablar o no pueden hacerlo de manera comprensible en español,formulan sus preguntas, observaciones y respuestas por escrito o por medio deun intérprete, las cuales son leídas y traducidas de modo que resulten entendi-bles para todos los presentes.Derechos y Garantías Constitucionales Relacionados con la Declaración delImputado.Los derechos y garantías que la Constitución consagra a los imputados estánconsignados en su Artículo 69, y son entre otros los siguientes.• Nadie está obligado a declarar contra sí mismoEsto indica que el acusado puede negarse siempre a declarar ante cualquierautoridad judicial o ante el ministerio público, si considera que con ello puedeauto incriminarse a sí mismo.Más aún, el acusado no está obligado a declarar, ningún texto lo prescribe, ycomo reza nuestra Constitución, que a “Nadie se le puede obligar a hacer loque la ley no manda, ni impedir lo que la ley no prohíbe”.De hecho, el imputado no puede ser citado al sólo fin de declarar, como loprescribe el Art. 103 del Código Procesal Penal; tiene derecho a no auto incri-minarse; en consecuencia, puede guardar silencio en todo momento, al amparodel Art. 95.6 del Código Procesal Penal y, por igual, tiene derecho a declarar oabstenerse de hacerlo o suspender su declaración en cualquier momento delprocedimiento, según lo permite el Art. 102 del Código Procesal Penal.•Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin ordenmotivada y escrita de autoridad judicial competente, salvo el caso deflagrante delito. No obstante este mandato constitucional, es común en nuestro país el hecho deque la Policía detiene, de manera antojadiza, a cualquier ciudadano, sin estarprovista de una autorización en los términos supra indicados. La explicaciónde la Policía es tan escueta como irracional, al expresar usualmente que es parainterrogar “sobre asuntos que interesan a la Policía.” Esta práctica tiende a afec-tar la investigación penal, permitiendo la sobrevivencia de prácticas supera-das, como están superadas las normas del procedimiento criminal. Vemos con
  • 23. 30frecuencia la indicada violación en las acostumbradas “redadas” que efectúala Policía en los barrios populosos, donde apresa a todo aquel que encuentrede por medio, sin que pese ninguna acusación en su contra y sin autorizaciónjudicial. Es obvio que si no hay flagrancia en la comisión del delito, esta formade actuar de la Policía Nacional, resulta inaceptable legalmente.•Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad ju-dicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención opuesta en libertad.Este precepto era letra muerta en nuestro país, encontrando casos de personasdetenidas por varios días y semanas, sin que se le formulen cargos, pero des-pués de la adopción del CPP las cosas han cambiado.El ministerio público es el titular de la investigación penal; la Policía Nacionales un auxiliar del ministerio publico, y este es quien solicita las medidas decoerción al juez de la Instrucción, si fuere necesario, hasta que se presente acu-sación o se archive el expediente. El poder coercitivo de la Policía Nacional haquedado reducido a su mínima expresión.•Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidadeslegales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inme-diato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.La Constitución autoriza al interesado o cualquier persona actuando en sunombre, para requerir su puesta en libertad. Una persona privada de su liber-tad en la forma antes señalada puede valerse del Recurso de Habeas Corpuspara obtener su libertad, y este recurso implica un simple requerimiento, segúnveremos, al tratar el mismo más adelante.Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respetesu integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la proteccióndel Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En conse-cuencia: 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedi-mientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de suintegridad física o psíquica. (Constitución. Art. 40.5).La práctica de la tortura alcanzó en algunos períodos históricos tales nivelesque hasta el magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional, superior jerár-quico de la Policía Nacional, admitió públicamente en un periódico de circu-lación nacional, la práctica de la tortura, sosteniendo, textualmente que: “En elpaís se arrancan confesiones a base de torturas a personas involucradas en el
  • 24. 31La Declaración del Imputadonarcotráfico”, ampliando que “yo prefiero un narcotraficante libre a un narco-traficante torturado.”La tortura figura usualmente figuraba como problema de derechos humanosen la República Dominicana, según organismos internacionales como la CorteInteramericana de Derechos Humanos.La Declaración del Imputado en el Código Procesal PenalEl imputado tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo sobre los hechosque motivan la prevención o acusación, tal como lo organiza el artículo 102del Código Procesal Penal. Se trata, en consecuencia, de un derecho, no deun deber, y permanece igual tanto si el imputado quiere hablar como si pre-fiere callar. Dos aspectos del ejercicio de ese derecho son importantes ahora:la autoridad judicial ante la cual se declara, y, por tanto, el valor jurídico de ladeclaración; y el momento en el que se efectúa. En cuanto a la autoridad antela que se declara, es posible hacerlo ante el ministerio público, en ocasión de lainvestigación o ante los funcionarios y agentes policiales, auxiliares del minis-terio público, así como ante el juez de la Instrucción, apoderado, durante lasaudiencias y el juicio. (Art. 103-CPP).Existen cuatro controles básicos codificados sobre esa declaración a pena denulidad, a saber:a) Que en todos los casos, la declaración del imputado sólo es válida, si la hace en presencia y con la asistencia de su defensor (Art. 104-CPP);b) Que la declaración del imputado sólo puede ser admisible, si previa mente, antes de comenzar a declarar, el imputado es (debe ser) adver tido de su derecho a no auto incriminarse (Art. 105-CPP);c) Que su declaración, como se ordena textualmente en el Código Procesal Penal, no es un medio de prueba sino, exclusiva y tajante mente, un medio de defensa cuya naturaleza es constitucional, pres crita taxativamente por la Carta Magna como un impedimento tal que, si no se atiende o si se desvirtúa de algún modo, el juicio pudiera ser declarador “Nulo de pleno derecho”;a) Que la declaración del imputado no puede ser inducida mediante amenazas, chantaje; ni ser resultado de la coacción, ni obtenerse por medio de medidas que menoscaben la libertad de decisión, la memo ria o capacidad de comprensión del imputado (tal como lo dispone textualmente el Art. 107-CPP). De ello resulta, que:
  • 25. 32_ Si el imputado puede declarar ante el Ministerio Público, no existe ningunaobligación puesta a su cargo para declarar ante un funcionario diferente al quelleva la investigación; ni es mandatorio declarar otra cosa que su interés procesal,como ejercicio de defensa material y, por tanto, resultado de la orientación de sudefensor, con antelación a la primera declaración sobre el hecho imputado, (Art.18-CPP), sobre el derecho de defensa._ Si bien el imputado puede declarar ante los funcionarios y agentes policiales, ex-clusivamente sobre los datos de individualización (nombres, apellidos, direccionesy datos conexos, que sean propios y no de terceras personas), quedando incapa-citados esos funcionarios y agentes policiales para recibir cualquier otro tipo dedeclaración, ante la cual deben proceder, de inmediato, a convocar al ministeriopúblico correspondiente (Art. 103-CPP);La declaración de culpabilidad sólo es válida, en los momentos procesales si-guientes: i) Si se realiza al inicio del juicio, ante el juez, único funcionario judi-cial competente para recibirla por requerimiento específico hecho al imputado,o por su espontánea manifestación, en caso del procedimiento por contraven-ciones (Art. 356-CPP); y ii) Si se realiza como parte del procedimiento penalabreviado, en forma de Acuerdo Pleno (Art. 363-CPP). Se concluye rápida-mente en que la declaración del imputado no equivale a la confesión, en ningúncaso y de ninguna manera, lo cual se precisará más adelante en esta obra.Manifestaciones Procesales y Momentos en que Puede producirse la Declara-ción del Imputado en el Proceso PenalEl imputado puede declarar:a) Ante las autoridades policiales,b) Ante la prensa;c) Ante el ministerio públicod) Ante el JuezCada una de esas formas de declaración contiene especificidades legales y con-secuencias diferentes, analizadas en el Capítulo II de esta obra.
  • 26. 33La Declaración del ImputadoCapítulo IILA DUALIDAD JURÍDICA DE LADECLARACION DEL IMPUTADOLa declaración del imputado es considerada por unos como un “mediode defensa”, y por otros, como un “medio de prueba”. Agrega una terceraposición: la declaración del imputado como requisito indispensable paradescubrir la verdad:a)Entendida como medio de prueba, la declaración del imputado pue-de utilizarse como medio de prueba, siempre que sean observadas lasdisposiciones legales para obtenerla, y en caso contrario se imponeexcluirlas del debate como medio de pruebas, al amparo del Art. 110-CPP. El imputado puede declarar sobre la localización de las pruebaso sobre su participación o la de otro imputado en el hecho punible.b)Entendida la tercera posición, como requisito indispensable para eldescubrimiento de la verdad, tal como la prescriben la combinaciónde los Arts. 18 y 104-CPP, que condicionan la validez de la declaracióndel imputado a la presencia y la “asistencia del defensor”, a quien lanorma considera capaz de orientar al imputado respecto de las con-secuencias legales de la declaración. A esta acepción de la declaracióndel imputado concurren textos constitucionales, legales, y de alcanceinternacional, como veremos más adelante:c)Entendida como regla procesal, la declaración del imputado es unrequisito indispensable para descubrir la verdad, y para la aplicaciónde diferentes procedimientos, tales como: la suspensión condicionaldel procedimiento, que sólo procede cuando el imputado ha declara-do su conformidad, Art. 40-CPP); y el procedimiento penal abrevia-do, Arts. 363.2, del CPP), que solo es posible su aplicación cuando elimputado admite la comisión de los hechos.
  • 27. 34CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA DECLARACIONDEL IMPUTADOEn doctrina se sostiene que la declaración del imputado obtienen su mayorvalor cuando son obtenidas de forma libre y espontáneas, sin coacción de nin-guna índole, y es necesario atenerse a los términos mismos empleados por eldeclarante, con el sentido que éste quiso dar.Es así, como podemos encontrar más ejemplos, en materia de confesión extra-judicial, aun fuera de los casos patológicos, pasionales o políticos. Aseverandoel autor, es cosa común, que los delincuentes habituales, que no confiesan nideclaran fácilmente ante la Justicia, se complacen en cambio en vanagloriarsede sus hazañas ante sus iguales o ante una mujer. Se entiende que esta es unaverdad incontrovertible, pues se puede comprobar en la práctica diaria. Se hadicho que “la esperanza de obtener un beneficio importante, el amor y el odiohacen presumir el interés en mentir”.Después de estas consideraciones que servirán de punto de referencia, vamosa exponer sobre el valor probatorio de la declaración del imputado, según lalegislación y la jurisprudencia dominicana.Valor probatorio de la declaración del imputado, según la Legislación, Consti-tución y del Código Procesal PenalEn República Dominicana, tenemos que de las normas constitucionales desdela fundación de la República, sentaron que a ningún reo puede exigírsele pro-testa de decir la verdad y mucho menos pedírsele que declare contra sí mismo,y de las reglas del Código Procesal Penal, determinando la obligatoriedad deotorgarle al procesado siempre la última oportunidad en el proceso para de-fenderse y para que tenga el privilegio de contestar todas las argumentacionesy pruebas en su contra, ninguna ley ha reglamentado forma específica de valo-ración de la declaración del imputado ni alrededor de la manera de prestarla.Y es que, al decir de algunos autores “toda declaración de un procesado na-turalmente ha de ser considerada como parte de su defensa”, aún cuando decierta manera, tiende a informar al ministerio publico y al Magistrado Juezapoderado, sobre los pormenores facticos del caso. La forma y valoración de ladeclaración del imputado en justicia han sido ocupación formal y permanentede la jurisprudencia.Frente a la situación jurídica creada por la declaración de un imputado, que noha reconocido jamás su culpabilidad, que no se han vertido declaraciones ensu contra y que no existe evidencia alguna en su contra, el Magistrado Juez no
  • 28. 35La Declaración del Imputadopuede hacer otra cosa que aplicar la presunción de inocencia y los principiosmás elementales de la prueba, que han sido consignados en nuestra jurispru-dencia, los cuales pasamos a ver a continuación.Jurisprudencia Nacional Sobre la Declaración del Imputado.La jurisprudencia actual de la Suprema Corte de Justicia no está de acuerdocon que la declaración del imputado es, exclusivamente, un medio de defensa.Se ha afirmado que:“[…] tal como se evidencia en el considerando transcrito precedente-mente, la Corte a-qua, para motivar su decisión, se basó en la confesiónde los imputados efectuada en la fase preliminar de investigación porante un representante del ministerio público y corroborada por uno deellos ante el juez de instrucción que elaboró la sumaria, medio de pruebasuficiente para comprometer la responsabilidad penal de los imputados;en consecuencia, carece de fundamento lo expresado por el recurrente;(Sentencia de fecha 20/05/2005).De lo cual resulta que la declaración del imputado, si es considerada como me-dio de defensa por la ley, también es vista como medio de prueba por la juris-prudencia, siempre que este corroborada por la declaración de otro imputado.Históricamente, la confesión fue entendida, jurisprudencialmente, en nuestromedio, como una prueba divisible que permitía el ejercicio del libérrimo poderde apreciación del juez.Diferencia entre confesión y declaración del imputado:Uno de los primeros criterios acerca de la diferencia entre confesión y declara-ción es la realizada por la sentencia que se resume a continuación:No reúne los caracteres de una confesión judicial la declaración hechapor una parte en juicio, cuando no lo ha sido con la intención de sumi-nistrar la prueba de un hecho que le pueda ser opuesto; y en este caso,la declaración, por no ser una verdadera confesión, puede ser dividida.(Sentencia del 6 de agosto de 1938. B.J. No. 289, Pág. 3).En todo caso, se había establecido ya que:[…] la cuestión de decidir si ha habido o no confesión judicial en unacausa corresponde a la soberana apreciación de los jueces del fondo,puesto que es una cuestión de hecho. (Sentencia del 12 del marzo de1937, N.J. 329, Pág. 706).
  • 29. 36Y como “cuestión de hecho”, la confesión como medio de prueba dio lugar atodas las violaciones procesales imaginables, tanto que hasta la jurisprudencialo reconoció así, afirmando que:[…] la confesión es una prueba que ha sufrido gran descrédito, debidoa la forma con que generalmente es obtenida, mediante medidas coer-citivas. (Sent. del 28 de julio de 1998. B.J. No. 1052, Vol. I. Pág. 346).La “divisibilidad” de la confesión se explica también jurisprudencialmentecomo la facultad de aceptar y rechazar partes de una misma exposición, pues(…) los jueces del fondo no estaban obligados a aceptar la confesión del preve-nido AM, y podían, como lo hicieron, mediante la apreciación de las pruebasdel caso, formar su convicción de que el inculpado recurrente, es el verdaderoautor de los delitos de gravidez y de sustracción de la menor MAU; que, por lotanto, el primer medio se desestima (Sentencia de fecha 11 diciembre 1937, B.J.329, Pág. 706). Pero ello no fue suficiente para desterrarla del proceso penal,pues a continuación en la misma sentencia la Corte vuelve a justificar la “utili-dad” de la confesión, aunque de manera condicional, afirmando que:(…) cuando la misma está robustecida por otros elementos y circuns-tancias, como es el caso, la misma puede ser aceptada como evidenciaacusadora en los tribunales, por lo que procede desestimar este mediode casación.La Corte de Casación continúa, en toda regla, aceptando la confesión comomedio de prueba, tal como se desprende de las sentencias cuyos extractos serefieren a seguidas:(…) DMM era el capitán de la nave, y carece de toda lógica que una ope-ración tal se realizase sin su conocimiento y aprobación, además de queexiste su confesión extrajudicial que concuerda con los demás hechos delproceso; (Sentencia del 27 de diciembre del 2006, No. 176, B.J. 1153).Igualmente, se ha establecido:(…) f) que por los hechos expuestos, resultan fijados, por los medios depruebas legales: la confesión de las partes, la prueba documental: certi-ficado médico, declaraciones complementarias de testigo y las pruebascircunstanciales, resultante del desarrollo de los hechos que el acusadoha inferido voluntariamente heridas armado de una escopeta, que haproducido amputación de la pierna izquierda del agraviado, con las se-cuelas de lesiones permanentes, respectivamente; quedando configurado
  • 30. 37La Declaración del Imputadoel crimen de heridas voluntarias que han ocasionado amputación y pri-vación del uso de un miembro, previsto y sancionado en el Artículo 309del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, del 27 de enero de 1997;(Sentencia del 22 de noviembre del 2006, No. 164, B.J. 1152).Asimismo:(…) que se estableció por la prueba de la parafina y por la confesión delguardián que él fue la persona que disparó con cuyo proyectil le produjola muerte, según certificado médico legal anexo al expediente; (Senten-cia del 25 de octubre del 2006, No. 177, B.J. 1151).Otro caso de confesión es el siguiente:(…) Que ha quedado establecido, con claridad, la culpabilidad del acu-sado RSRB, de los hechos que se le imputan, ya que éste admite la comi-sión de los mismos por confesión que ha hecho ante el plenario de estacorte, que le han merecido a la misma credibilidad, por entender quefueron declaraciones sinceras, y creíbles, y por consiguiente, deben seracogidas y admitida como un medio legítimo de prueba en su contra;(Sentencia del 27 de octubre del 2004, No. 63, B.J. 1127).Particularmente en el extracto jurisprudencial subsiguientemente citado, lacorte ha supeditado el valor probatorio de la confesión a su relación con otrosmedios de pruebas de cargo.(…) Que el procesado ha admitido la posesión de la marihuana, lo quealega es que era una porción menor, para prepararse un tabaco, ademásha aceptado que es un consumidor de la sustancia prohibida, y esta con-fesión libre y voluntaria coincide con el acta de conducencia levantadapor la Policía Nacional que hace fe del hallazgo de la misma y que laportaba el acusado en el bolsillo de su pantalón, por lo que su respon-sabilidad penal está comprometida; (Sentencia del 28 de julio del 2004,No. 73, B.J. 1124).La corte continúa aceptando la “confesión” como medio de prueba, y ello a pe-sar de que ya no existe taxativamente como tal en la ley; aunque en ningún casola ha aceptado como prueba única, ni como “reina de las pruebas”, que era lousual en el anterior sistema procesal. La corte aplica en estos casos dos criteriosjurídicos modernos: el principio de valoración armónica de la prueba (172 y333-CPP) y el sistema de sana crítica sobre el de la íntima convicción del Juez.La jurisprudencia ha considerado la declaración del imputado como un me-dio de prueba, cuando esta robustecida por otros medios de prueba, no comomedio de defensa.
  • 31. 38Naturaleza Jurídica de la Declaración del Imputado en el Código Procesal PenalLa declaración del imputado aparece consolidado en el discurso procesal penalactual, como un medio de defensa, y el imputado no tiene la obligación decontribuir a la investigación del delito que se le imputa, pues contraviene con elprincipio de presunción de inocencia.La declaración del imputado no puede ser un acto de sujeción compulsiva ala autoridad, ni puede ser requerida como acto de poder, para simbolizar suinferioridad frente al poder coercitivo del Estado. El imputado no puede sersometido a coerción para declarar frente a la autoridad, dispone de la oportuni-dad, si él lo prefiere, de declarar, refutar, responder, contestar, o aclarar cargosque se le formulan. En términos estrictos, se trata de un derecho “No puede serobligado a declarar”. En la mejor tradición jurídica, la no incriminación es unamodalidad irrefutable de la defensa, tal como la entiende el Tribunal Constitu-cional español al definirla como:(…) la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobreel que recae una imputación, quien puede optar por defenderse en elproceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sinque en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo construcción ocompulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable4.En esta acepción, la permisibilidad procesal del silencio del imputado excluyela posibilidad de obligarle a cooperar activamente en la formación de la acu-sación y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en elproceso cualquier declaración del imputado que haya sido obtenida mediantela violación de este principio5.KIRSCH ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que una política criminal eficazconducirá tarde o temprano a la desaparición del principio de la libertad deautoinculparse (confesar) que se perderá en el túnel de la historia jurídica paranunca más volver6.Concurre en este entorno teórico la llamada “presunción de inocencia”, quepresupone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, im-pidiendo que se pueda hacer recaer en el inculpado la obligación de declararo aportar elementos de prueba que resulten perjudiciales a su defensa. Puededecirse, en consecuencia, que el derecho fundamental de presunción de ino-cencia, junto al derecho de defensa, dan origen a la no incriminación. No estáde más subrayar que el fundamento de todos estos derechos es la dignidad de lapersona humana y su ubicación en un estado constitucional de derecho, todo locual caracteriza a los sistemas procesales garantistas. Ese derecho a no declarar4Citado por: QUISPE Farfán, Fanny Soledad. (2002) El Derecho a la no incriminación y su aplicación en el Perú. Ediciones de la Universidad Mayorde San Marcos. Lima. Pág. 17. Puede consultarse el texto en: Sentencia Nº 197/1995 del Tribunal Constitucional, Pleno, 21 de Diciembre de 1995.Ponente: Enrique Ruiz Vadillo. Recurso: #2848 de 1993 : www.jurisprudencia.vlex.es/vid/-445549#ixzz1PA99SDnV5ESPARZA, Iñaki. (1995) El principio del proceso debido. Barcelona: Bosch, Pág. 144.6KIRSCH, Stefan. (2000). ¿Derecho a no inculparse? En: La insostenible situación del Derecho Penal. Granada, España: Comares, Pág. 264.
  • 32. 39La Declaración del Imputado7BECCARIA, Cesare. (1984). De los delitos y de las penas. Buenos Aires: Orbis, Pág. 61.contra sí mismo, a no confesarse culpable, se presenta entonces como expre-sión directa del derecho de defensa: el imputado como sujeto procesal tiene elderecho de declarar o no, defenderse, de hacerse oír, de rebatir la acusación dehacerse defender. Del reconocimiento del derecho a la libertad de declarar ydel derecho a la no incriminación se tiene: - Que no se puede utilizar ningún medio violento para obligaral imputado a declarar, prohibiendo cualquier manipulación física o psicológi-ca vulneradora de su conciencia, - Que no se puede exigir juramento o promesa de decir la ver-dad, proscribiéndose del proceso la coerción moral, las amenazas o las prome-sas, entendidas como “tortura espiritual”; - Se prohíben las preguntas capciosas durante el interrogatorio; - La facultad de mentir permanece en el ámbito personal delimputado, si lo considerara de interés para su defensa; - La facultad de declarar cuantas veces el imputado entiendapertinente debe ser protegida por el juez garantista; - El derecho a guardar silencio, o simplemente a no declarar.La declaración del imputado se encontró ligada en principio al “juramento” ylos llamados “juicios de Dios” (ordalías, o prácticas de las que, si el acusado sesalvaba, su salvación era prueba de inocencia. Un ejemplo tradicional es el de lamujer acusada de adulterio que debía probar su inocencia tirándose a un lagoprofundo amarrada de una piedra).En la actualidad hasta el juramento se ha proscrito del proceso, suponiendo queimplica tormento espiritual condicionante de la libertad de declarar, pues no sepuede exigir al reo que diga la verdad cuando es él precisamente quien podríatener el mayor interés en encubrirla.La coacción moral precede a la tortura física y, de hecho, facilita su finalidad.Advertir al imputado sobre los posibles efectos en su contra si decide perma-necer en silencio, insinuarle la ventaja de declarar, sería una posición dirigidaa influir y manipular al declarante. El terror causado en épocas superadas, enlas que jugó un papel determinando la tortura, hace que los Estados legislen encontra del uso de la violencia para obtener la declaración de imputados. Esasprácticas por suerte casi superadas, fueron el objeto de estudio y la denunciade Cesar Beccaría, al señalar que:(…) hay tan poca libertad para decir la verdad entre espasmos y des-garros como la había para impedir sin fraude los efectos del fuego y delagua hirviendo. Por ello, la impresión de dolor puede crecer hasta elpunto que, ocupándolo, no deje más libertad al torturado que la de es-coger el camino más corto, en el momento presente para sustraerse a lapena (…) Y así el inocente sensible se declarará culpable si cree hacercesar con ello el tormento7.
  • 33. 40La Opción del Imputado con Derecho a DeclararEn la actualidad procesal la libertad de declarar o permanecer en silencio cons-tituye una opción de derecho, que pudiera ejercer el imputado como estrategiade defensa, aunque en los procesos penales seguidos por el antiguo Código deProcedimiento Criminal, la declaración del imputado no era considerada unmedio de defensa, sino que, por el contrario, la sentencia avalaba la palabra dela acusación o la del acusado: si el acusado calla, no hay manera de que el pro-ceso pueda decantarse a su favor. El silencio era la premonición de la derrota8.En la actualidad, el silencio del imputado se equipara a una conducta neutra.No se puede equiparar ningún significado, menos el de aceptar la acusación,pues el ejercicio de este derecho no puede constituir un perjuicio para quienlo ejerce.La declaración del imputado ha de ser libre y debe realizarse con las forma-lidades exigidas por la ley. Esta ha de realizarse en presencia de su abogadodefensor, a pena de nulidad.Las preguntas que se formulen al imputado han de ser claras y precisas; nopodrán ser capciosas ni sugestivas. Pregunta capciosa es aquella que, bajo elpretexto de indagar sobre un hecho aparentemente sin consecuencia, escondenla afirmación o negación de una circunstancia decisiva para el proceso.Por ejemplo, “El día que usted robó, ¿había luna llena?”: Si el imputado respon-de, estaría aceptando que efectivamente robó.Pregunta sugestiva es aquella que insinúa la respuesta, generalmente descri-biendo el hecho o circunstancia cuya afirmación o negación se pretende. Porejemplo, “¿No es cierto que el día quince usted entró en la habitación, agarró elcandelabro, cerrando posteriormente la puerta?”.Asimismo, las respuestas no pueden ser requeridas perentoriamente, es decir,no se le puede apremiar a que dé una respuesta inmediata y sin reflexión uobligarle a declarar en un plazo mínimamente limitado.La libertad en la declaración implica que nadie puede ser obligado a declararcontra sí mismo. Las consecuencias de este principio son las siguientes:1º Al imputado no se le toma protesta por cuanto no está obligado a de-cir la verdad,8ZAGREBELSKI, Gustavo. (1996). La crucifixión y la democracia. Barcelona: Ariel, Pág. 24. El autor hace este análisis al referirse al silencio de Jesúsfrente a Pilatos, asumiendo que su condena se produce precisamente por permanecer callado.
  • 34. 41La Declaración del Imputado2º El imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar, y dicha abs-tención no podrá ser valorada en su contra. La facultad de abstención puede seren la totalidad de la declaración o en ciertas partes;3º La declaración del imputado no ha de darse bajo ningún tipo de tor-tura, coacción o amenaza. Asimismo, la voluntad del imputado no podrá sereliminada a través de drogas, hipnosis o “detectores de mentiras”;4º La declaración del imputado no puede obtenerse a través de engaño opromesa. No podrá ser inducido a declarar en su contra o contra su voluntad.Por ejemplo, si se tienen sospechas sobre una persona, no se le puede tomardeclaración como testigo con la esperanza de que suministre información au-toincriminante, esa es una norma no siempre respetada.La Facultad de Faltar a la Verdad en la Declaración delImputado: El “derecho a mentir”Faltar a la verdad, mentir o no ser preciso en sus declaraciones es una alter-nativa defensiva del imputado, que él puede utilizar como crea conveniente, yal respecto hay que tener en cuenta que en nuestro sistema legal el imputadoconcurre al proceso como eso, como objeto de la acusación, pero en otros siste-mas concurre en calidad de testigo, como ocurre en el sistema norteamericano.Es una distinción importante porque en aquél, al declarar con calidad testifical,el imputado tiene obligación de prestar juramento y decir la verdad, a riesgo deperjurio, y ello a pesar de que la Quinta Enmienda establece el derecho a no sercompelido a ser testigo contra uno mismo, lo que tiene un alcance más amplioque el derecho a no ser obligado a declarar, pues significa que ningún imputadopuede ser obligado a y declarar contra sí mismo.En nuestro sistema, por el contrario, la libertad de declarar no puede ser limi-tada con un deber de veracidad, que no está presente en la normativa procesalcomo deber del imputado declarante.No cabe esperar, por tanto, que se ciña a la verdad, pues esa obligación es in-compatible con el derecho al silencio, y con el derecho de defensa, razón por lacual no sólo debe eximirse al imputado del delito de falso testimonio, sino quedebería prestar declaración siempre en calidad de imputado y no de testigo.Lo contrario ocurre, al menos en la aceptación de la jurisprudencia, con la víc-tima. Se ha decidido que si la víctima no se ha constituido en parte civil, por
  • 35. 42más interesado que se le suponga no pierde su calidad de testigo y como tal, sudeclaración, para ser válida, debe ser precedida del juramento legall9.Se estableció que el derecho a declarar o no hacerlo no implica el deber de decirla verdad. Sobre este punto se discute si el imputado tendría un derecho a men-tir, como consecuencia del reconocimiento del derecho a no auto-incriminarse.Jeremías Bentham argumentó que la intimidación propia de un interrogatorioproduce una turbación capaz de producir que las personas recurran a mentiras,y por ello se ha fundamentado el derecho a la no incriminación como un mediode evitar errores judiciales.Quienes se adscriben a esta tendencia entienden que el derecho a mentir sefundamenta en el derecho al silencio, y se añade que, además, se fundamentaen los derechos a la inviolabilidad de la personalidad, la defensa y la libertad.No se puede obligar al imputado a declarar en su contra, pero si declara y lodeclarado, es falso, no podrá ser sancionado, por el derecho a mentir que am-para al imputado, si entiende que mentir favorece su defensa. De esta opiniónlos más señalados autores son Asencio Mellado y Vásquez Sotelo10. De opinióncontraria es Gimeno Sendra, para quien si existe una impunidad frente a ladeclaración mentirosa o falsa, esa impunidad no puede llevar a sostener un de-recho a mentir por falta de sanción, en razón del deber de colaboración con lajusticia que incumbe a todos, inclusive al imputado11. El mandato de “decir laverdad” de que habla el Art. 201-CPP es para los testigos, no para el imputado:Art. 201.- Forma de la declaración. Antes de iniciar su declaración el tes-tigo es informado sobre sus obligaciones, de la responsabilidad derivadade su incumplimiento y según su creencia presta juramento o promesade decir la verdad. Acto seguido procede su interrogatorio por separa-do, el cual se inicia con las preguntas acerca de sus datos personales ycualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de sutestimonio.El testigo tiene la obligación de decir la verdad de cuanto sepa, pues esun medio de prueba, no así la declaración del imputado que no puedeser considerada como medio de prueba, sino como medio de defensa.Si el testigo expresa temor por su integridad o la de otra persona puedeser autorizado excepcionalmente a no indicar públicamente su domici-lio y otros datos de referencia, de lo cual se toma nota reservada, pero eltestigo no puede ocultar su identidad ni ser eximido de comparecer, estáobligado a decir la verdad, y no tiene el derecho a mentir.9La fórmula anterior (del procedimiento criminal) prestaba solemnidad a la declaración. Por ejemplo, se ha decidido al respecto que … los testigosdeclaran separadamente, en el orden establecido. Antes de declarar, prestarán, bajo pena de nulidad, el juramento de hablar sin odio y sin temor, y dedecir toda la verdad y nada más que la verdad. El deber de jurar antes de prestar testimonio se preserva en el texto el Art. 201-CPP pero, en términostales que la no prestación del juramento no aparece prescrita con sanción de nulidad, aunque podría alegarse siguiendo el criterio de la doctrinajurisprudencial que confiere a las formas procesales capacidad para viciar el fondo de los asuntos irregularmente conocidos.10Por lo menos así lo reconoce HUERTAS Marín, M. (1999) El sujeto pasivo del proceso penal como objeto de la prueba. Barcelona: Bosch, Pág. 297.11GIMENO Sendra, Vicente et al (1999). Derecho Procesal Penal/ Madrid” Codex, Pág. 390.
  • 36. 43La Declaración del Imputado12CAROCCA P., Alex. (1997) Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Barcelona: Bosch, Pág. 467.13REVILLA, José. El interrogatorio del imputado. España: Tirant Lo Blanch. Pág. 61.14Es una regla que se exceptúa en los juicios abreviados, donde resulta atenuada porque, teniendo en cuenta lo reducido de la pena a imponer,el imputado se vería más perjudicado, si se celebrase un juicio por el procedimiento ordinario, dada la mayor duración del proceso.Para CAROCCA12no es que el imputado tenga un derecho a mentir sinoque, teniendo el derecho a declarar, dirá cuanto entienda conveniente a sucausa y tratará de hacer valer sus puntos de vista; si es falso o verdaderolo que dice, ello será establecido al final del proceso. Naturalmente, existeuna restricción a esa libertad de mentir: si se trata de una falsa imputaciónde un delito, a un tercero, la mentira no se entenderá como una estrategiadefensiva lícita, y ni siquiera como contenido del derecho de defensa, quedeja aquí de existir cuando entra en conflicto con el derecho del inocente, yel derecho de la sociedad en razón de la falsa atribución a otra persona deldelito propio13.La Declaración del Imputado como Medio de DefensaMaterialLa fuente formal que de modo más claro consagra la defensa material es, pro-bablemente, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanosque, como se sabe, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico adjetivo deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Código Procesal Penal.La regla mencionada abre todo el catálogo de garan- tías judiciales que cons-tituyen el debido proceso, prescribiendo que “Toda persona tiene derecho aser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juezo tribunal competente…”. Este enunciado expresa lo que constituye el centrode la defensa y de todas las demás garantías del debido proceso: el derecho adeclarar y, consecuentemente, a ser oído y, además, el derecho a ser parte delproceso penal.El derecho a declarar, es el ejercicio del derecho a la defensa material, que espersonal, esto es, corresponde al imputado, y el modo más elemental y directode ejercerlo es por medio de su declaración, por medio de sus palabras, que esprecisamente la manifestación de su versión sobre los hechos ante el Ministe-rio Publico o ante el Magistrado Juez, por medio de un relato que aspira a sercreído.Tan central es este concepto de defensa material del imputado, que la defensatécnica, esto es la participación del defensor profesional, aparece como un ele-mento de apoyo a la declaración.En otras palabras, dado que los procesos judiciales, que el Estado ha definidoson complejos, el imputado requiere para el ejercicio de su derecho de defensade la asesoría de un experto para que sea eficaz en su desempeño.En el actual Código Procesal Penal, la aceptación de los hechos por el imputadocarece del valor decisivo que antes se le atribuía en la justicia. Frente a ella, elministerio público no queda dispensado de acreditar los medios de prueba ob-tenidos en la investigación, pues la confesión puede no ser cierta, y puede obe-decer a fanatismo, al miedo a un interrogatorio, a amenazas, a encubrimientopagado inclusive. Por ello, el tribunal no puede basar una sentencia condenato-ria exclusivamente en la declaración del imputado, resultando necesarios otrosmedios de prueba que confirmen los hechos y la forma de su realización14.
  • 37. 44Algunos autores refieren que es inaceptable considerar la declaración del impu-tado como otra cosa que no sea medio de defensa, pues entenderla como mediode prueba sólo es posible en un sistema inquisitivo. Justamente, si se reconoceal imputado su calidad de parte, no es lógico que pueda sostenerse que su de-claración constituya medio de prueba, porque resulta que estas son fuente deconocimiento de los hechos, ajeno a las partes.En cambio, las declaraciones de los litigantes, siempre manifiestan un punto devista parcial, concordantes con sus intereses, sin que naturalmente se les puedaexigir otra conducta. Por ende, las deposiciones podrán ser objeto de análisis yvaloración por el tribunal, por sí mismas, desde el momento que emanan de laparte interesada, nunca serían idóneos para formar el convencimiento del juz-gador, ni en su favor ni en su contra, es decir, nunca podrán estimarse mediosde pruebas15.Según lo establecido doctrinalmente, en cuanto a la mínima actividad probato-ria, para que las declaraciones policiales adquieran un valor probatorio debenser ratificadas en el juicio oral y si además esa declaración es incriminatoria,es necesaria la existencia de otros elementos de prueba que formen convicciónsobre la responsabilidad penal “auto rreconocida.”Debe considerarse la declaración del imputado, persona enfrentada al aparatopunitivo del Estado, como una manifestación del derecho material de defen-sa y no como medio de prueba, impondría como consecuencia una técnicainterrogativa especializada para el descubrimiento de la verdad, en el sentidoen que CARRARA la describió: hay que interrogar como si no supiera lo quesabe16. No obstante, ello no significa desconocer que la declaración del impu-tado aparece como dato trascendente para el descubrimiento de la verdad. Bienentendido, que ello precisa de garantías suficientes para preservar los derechosconstitucionales y asegurar, en lo posible, la autenticidad de lo declarado17.La declaración del imputado es la vía de alejamiento de la concepción inqui-sitiva de búsqueda de la verdad, que justificaba su accionar considerando a laconfesión como el más eficaz medio probatorio, en desmedro de otros mediosprobatorios. De modo que, actualmente, se impone considerar la declaracióndel imputado como un medio de defensa y no como medio prueba, compatiblecon la concepción garantista del proceso penal. Es en la doctrina alemana don-de por primera vez se concibió la declaración del imputado en estos términos(como un medio de defensa)18.En Italia esa posición encontró mucho eco, y lo hizo tempranamente: Pessina,en 1883, catorce años antes de la Ley Constant, de Francia, ya sostenía en suSommario di lezioni sul procedimento penale que el interrogatorio del imputa-do no es un medio de prueba sino de defensa.Lo ven también de esa forma, reporta el citado autor: Scevola y Manzini, desdeque publica el Manuale, en 1912, es decir, antes de la promulgación del másliberal de los Códigos Italianos, el de 1913, afirma que el interrogatorio del im-15CAROCCA, Alex. Obra citada. Pág. 467.16CARRARA, Franchesco. Programa. Citado por Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Nota 293, Pág. 679.17MONTON Redondo, Alberto. (1995). Derecho Jurisdiccional. Vol. III> EL Proceso Penal. Barcelona: Bosch, Pág. 198.18Citado por TIJERINO Pacheco, José M. Acerca de la Declaración del Imputado. San José, Costa Rica: UCR, Pág. 53.
  • 38. 45La Declaración del Imputado19TIJERINO Pacheco… obra citada. Pág. 54.putado es un medio de defensa y no de prueba. Criterio ratificado en el Tratta-to, en el cual acepta la tesis del informe del ministro de Justicia sobre el proyec-to preliminar del Código de 1930 de que también puede ser fuente de prueba),y en las Istituzioni, en donde con énfasis asevera que la finalidad de ese actoprocesal es siempre (y no solamente en la instrucción formal) esencialmente deintimación (contestativo) y de defensa.19Igualmente consideran la declaracióndel imputado como parte del derecho de defensa:• Tuozzi, quien comentando el Código Italiano de 1913 esti-ma que la institución en examen es sustancialmente defensiva, ya quedebe procurar al imputado la ocasión de exponer al Juez hechos y cir-cunstancias que puedan disculparlo en todo o en parte de la imputa-ción que obre contra él;• Bettiol opina que no debe enfocarse como medio de prueba,sino como una actividad dirigida a solicitar del imputado argumentoscontra la acusación;• Santoro duda de que el interrogatorio sea un medio de prue-ba, después de observar que de los artículos 245 y 376 del código (ita-liano del 30) se colige que está dispuesto como tutela de los derechosdel imputado;• Gianturco señala que una vez que fue abolida la tortura y de-rogado el régimen de prueba legal, que elevaba la confesión a reina delas pruebas, es incuestionable que, en el derecho moderno, la declara-ción del imputado es una imprescindible formalidad de intimación dela imputación, dirigida a promover la defensa de aquél. Le niega, pues,carácter de medio de prueba y le adjudica el de medio de defensa;• Leone, sustentador por excelencia de la tesis de la taxatividadde los medios de prueba, no podía reconocerle a la declaración delimputado, regulada por aparte, condición de tal. Para él ese acto tienedos funciones: asegurar la identificación del imputado y la intimación;y garantizar la defensa. Si bien no es un medio de prueba, puede serconsiderado fuente de prueba, no pudiendo el juez inhibirse de tomarde él argumentos o elementos a favor o en contra del mismo imputado;• Clariá Olmedo asevera que la declaración es esencialmen-te un medio de defensa y nunca puede ser utilizado como medio deprueba, a lo menos en su contra. Ello no impide, sin embargo, que eldicho y las indicaciones del imputado puedan servir como elementos
  • 39. 46de convicción para el tribunal y proporcionar fuentes de prueba, seaen su favor o en su contra;• Vázquez Rossi, con fundamento en el derecho positivo de supaís, comenta que la declaración es, fundamentalmente, una de lasmanifestaciones iniciales del derecho de defensa y... sólo una inter-pretación antojadiza y distorsionadora de su sentido… puede transfor-marla en medio probatorio, en una patente desvirtuación del principioconstitucional de la prohibición de obtener declaración en contra delpropio sujeto investigado.Después de examinar las distintas posiciones doctrinarias sobre la declaracióndel imputado, se concuerda con Tiberino y Foschini en que la tesis del mediode defensa puro surge como reacción al execrable interrogatorio inquisitorial.Ante la evidencia de que de las mismas palabras del imputado el juez puedeextraer elementos incriminatorios surge, como tesis contemporizadora, la dela fuente de prueba.Sin embargo, se afirma que considerar la declaración del imputado como fuentede prueba, que consiste un simple juego de palabras, para significar lo mismo:“que la declaración del imputado es medio de prueba para algunos autores.”El hecho de que, sin duda, también es un medio de defensa. Tampoco atentacontra esa condición la obligación del juez de verificar por otros medios la ve-racidad o no de lo declarado por el imputado.
  • 40. 47La Declaración del ImputadoCapítulo IIILA DECLARACIÓN DEL IMPUTADOCOMO MEDIO DE PRUEBADe Mauro no se muestra convencido por el argumento del medio dedefensa conferido a la declaración del imputado, cuya paternidad pa-rece atribuir a Stoppato en la Relazione per la Camera dei Deputati sulprogetto del codicce processuale penale 1913.20Cuando se dice que el interrogatorio del imputado es un medio de prueba, opi-na, no se pretende realmente negar que él sirva para iluminar al juez también,y si se quiere incluso predominantemente, sobre aquello que constituye la de-fensa del imputado, pero no creemos que se pueda afirmar que esa sea la únicafinalidad de un acto tan importante del proceso, porque no parece que puedaprohibirse al juez que infiera de las mismas palabras del imputado elementosincriminatorios.Es importante indicar, que un imputado que durante el interrogatorio, agregao se contradiga continuamente, o se apoye en circunstancias absolutamenteinconciliables con las pruebas del proceso, favorece más a la acusación que supropia defensa. Y ningún juez, frente a tal interrogatorio cerrará sus oídos enespera de que el imputado se decida finalmente a decir cosas útiles para sudefensa.También se adscriben a esta visión de la declaración del imputado como me-dio de prueba afamados autores como Carnelutti, que en sus Lecciones sobreproceso penal afirma que no existe una prueba más preciosa que el testimoniodel imputado, que no aporta al juez sólo su versión sino también las manifes-taciones de su estado de ánimo, elementos valiosos que pueden y deben sertomados en cuenta. 21Para Fenech, el fin principal de la declaración del imputado consiste en propor-cionar al órgano jurisdiccional elementos para formar su convencimiento sobrela verdad de los hechos que han de servir de fundamento a su decisión.20DE MAURO, Tulio. (1959) Manual de Derecho Procesal Penal. 3ª. Ed., Roma. Ed. Jandi Sapi. Pág. 283, nota 2.21CARNELUTTI, Franchesco. (1949). Lecciones sobre Proceso Penal. Roma: Ateneo, 2ª. Ed. Pág. 269.
  • 41. 48Rechaza la tesis que ve en ese acto más un medio de defensa que de prueba.Debe tenerse en cuenta, sostiene Fenech, que también son medios de defensalas declaraciones de los testigos propuestos por la defensa y los documentosaportados por el imputado, y no por eso se ha pensado en negarles su carácterde medios de prueba. Igualmente, agrega, son medios de prueba los testigos decargo, sin que nadie dude de que también son medios de acusación.22El Interés de Mentir Ante los TribunalesComo se ha dicho, el imputado tiene derecho a mentir o a permanecer callado,esta actitud procesal se inscribe dentro del amplio abanico de posibilidad paraejercer el derecho de defensa.Se ha estudiado ampliamente sobre lo que algunos autores han llamado la“Mentira de la mujer.” Algunos autores han pensado, que la mujer miente en lostribunales por una tendencia natural a mentir, cuando tiene que comparecer adeclarar a la justicia.Desde el Código de Manu, 1200 años entes de de Cristo se lee que “el tes-timonio de un solo hombre puede ser atendible, mientras que el de muchasmujeres, aun cuando honestas, no ofrece seguridad, a causa de la volubilidadde su espíritu.”Actualmente el testimonio de la mujer, como el de un hombre tienen el mimovalor probatorio en los tribunales, sin embargo históricamente no siempre hasido así.Pensamos que pueden mentir en los tribunales, por diversos motivos, tanto losadultos, los ancianos, y los niños, masculinos o femeninos.Los adultos de la tercera edad, que deteriorada su memoria y su capacidad in-telectiva por los años, pueden mentir, hay que ser cuidadoso al momento devalorar y acreditar su testimonio en justicia.Los Niños carecen normalmente de capacidad para comprender la realidadde los hechos, tanto es así, que los niños menores de trece años en ningún casoson responsables penalmente, los responsables son sus padres o tutores legales,los niños son responsables penalmente desde los dieciséis hasta los dieciochoaños de edad, conforme los establece el Nuevo Código del Menor, contenido enla Ley No. 136/03, promulgada el siete de agosto del año dos mil tres (2003),22FENECH, Miguel. (1960). Derecho Procesal Penal. Barcelona> Lanor, Pág. 651.
  • 42. 49La Declaración del ImputadoLos niños que incurran en algún ilícito penal, podrán ser sometido a la ac-ción de la justicia penal, mediante un régimen de sanción especial organizadoy regulado por el Código del Menor, y aunque expresamente dicho Código nose refiere a ello, pensamos que un menor pudiera ser oído en calidad testigo,siempre guardando y observando toda la protección legal organizada en su fa-vor, si está en condiciones y capacidad mental para comprender la realidad delos hechos. El imputado, como parte del proceso, puede mentir motivado porel interés de organizar su defensa, igual el querellante y actor civil puede mentirpor interés de encubrir algún acontecimiento que no le pudiera ser favorable enel juicio. El niño puede mentir por diversas razones, por no recordar el suceso,por sugestión, por amenaza, por violencia, o por olvido.Al testigo le esta prohibió por la Ley hacer uso de la mentira para testificar bajojuramente en la justicia, pues ello constituye el tipo penal de perjurio, y pudieraser sancionado.Es frecuente ver presentar en la justicia a testigos falsos, testigos fabricados,sin embargo en las de veinte- seis años de ejercicio no conozco un solo casode testigo que haya sido sometido y perseguido por el tipo penal de perjurio.Corresponde al Magistrado Juez apoderado, valorar adecuadamente los me-dios de pruebas sometidas por las partes a la contradicción del debate.Conceptualización de Prueba y Medios de PruebaLa noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida delhombre. De ahí que exista una noción ordinaria o vulgar de la prueba, al ladode una noción técnica, y que ésta varié según la actividad o ciencia a que seaplique. Pero es en las ciencias y actividades reconstructivas, como el derecho,donde la noción de prueba adquiere un sentido preciso y muy especial.El jurista reconstruye el pasado, para conocer quién tiene la razón en el presen-te y también para regular con acierto las conductas futuras de los asociados; elhistoriador, el arqueólogo, el antropólogo, etc., lo hacen no sólo para informary valorar los hechos pasados, sino para comprender los actuales y calcular losfuturos; la diferencia está, en realidad, en las consecuencias del resultado obte-nido: las del juez o legislador son imperativas, las del historiador, arqueólogo yantropólogo son informativas o polémicas, de libre aceptación.Las Siete Partidas define la prueba tanto en materia civil como penal, así: Averi-guamiento que se hace en juicio en razón de una cosa que es dudosa.
  • 43. 50Lessona dice que: Probar significa hacerle conocer al juez los hechos controver-tidos y dudosos y darles la certeza de su modo preciso de ser.Carrara dice que: “En general, se llama prueba todo lo que sirve para darnoscerteza acerca de la verdad de una proposición. La certeza está en nosotros, laverdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce a ésta; maspor falibilidad humana puede haber certeza donde no haya verdad y viceversa”.Framarino Dei Malatesta afirma que “La prueba puede ser considerada, ya seaen cuanto a su naturaleza y a su producción, ya sea en cuanto al efecto que origi-na en la mente de aquél ante quien ha sido producida; por este segundo aspectoequivale a la certeza, a la probabilidad y a la credibilidad.Vladimirov, en su libro “Doctrina de las Pruebas Penales” entiende por pruebatodo lo que compone el mundo material, todo lo que podemos percibir del mun-do espiritual, puede constituir una prueba en asuntos criminales.Devis Echandía entiende por pruebas judiciales el conjunto de reglas que regu-lan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios deprueba que puedan emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechosque interesan al proceso.En vista de que el legislador no ha definido el concepto de prueba, le ha corres-pondido hacerlo a la doctrina. Es por ello, que nos encontramos con diversosconceptos, que más que guardar contradicciones, se complementan entre si. Larazón de esta incertidumbre que se cierne sobre el concepto de prueba radicaen el hecho de que no ha sido posible aún identificar la cosa que es prueba, elconcepto no es más que el reflejo de la cosa misma.De manera que esta definición de prueba, peca de imprecisa y especulativa, nodeja de tener su mérito, ya que en mayor o menor grado contribuye a forjarnosuna idea aproximada sobre el concepto de prueba. Pero a pesar de las respe-tadas opiniones de los autores señalados, nos permitimos definir la prueba,como todo aquello que de una manera u otra sirve de elemento de convicciónacerca de un hecho determinado.Diferencias entre “Prueba” Y “Medios de Prueba”Rocco, al hacer diferencia entre prueba y medio de prueba establece que, en unsentido estricto, por pruebas judiciales se entienden las razones o motivos quesirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos; y por medio de prueba,los elementos o instrumentos (testimonios, documentos, etc.), utilizados por las
  • 44. 51La Declaración del Imputadopartes y el juez, que suministran esas razones o motivos, es decir, para obtenerla prueba. Puede existir un medio de prueba que no contenga prueba de nada,porque de él no se obtiene ningún motivo o certeza. Pero, en sentido general, seentiende por prueba judicial, tanto los medios como las razones o los motivoscontenidos en ellos y el resultado de estos.Para Lessona, el medio de prueba se define como todo medio que pueda alcan-zar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, es decir, darle conocimientoclaro y preciso de él, y juntamente darle la certeza de la existencia de aquel hecho.El concepto de medio de prueba puede ampliarse, precisando que éste consisteen los procedimientos mediante los cuales se puede demostrar la existencia deun derecho, bien en ocasión de un litigio o bien fuera de todo procedimientojudicial. Pudiendo citarse como medios de prueba la prueba literal, la pruebatestimonial, la comprobación material de los hechos (descenso a lugares y peri-taje), el juramento, las presunciones e indicios, la fama pública y la notoriedad,entre otros.La enunciación no es limitativa, al menos entre nosotros, pues al imperar ennuestro derecho durante mucho tiempo el principio de la “intima conviccióndel juez” en materia represiva, se aceptaba que “los jueces pueden al formar suconvicción, apoyarse sobre cualesquiera medios de prueba con tal de que hayansido sometidos al debate en la audiencia”. (Como se cita, por ejemplo, en B.J.No. 559 Pág. 230).Actualmente rige como método de valoración de la prueba el principio de lasana crítica, en virtud del cual:Art. 172.- Valoración. El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prue-ba, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximasde experiencia y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se lesotorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de todala prueba. Las actas que tienen por objeto la comprobación de contravencioneshacen fe de su contenido hasta prueba en contrario.La diferencia que establece el profesor Rocco es bastante satisfactoria aunqueen lato sensu resulta incompleta por cuanto deja de lado la noción ordinaria deprueba, la cual se encuentra presente en todas las manifestaciones de la vida delhombre, y por lo cual no debe ser obviada.
  • 45. 52En cuanto a la diferencia establecida por el Profesor Lessona, entendemos quela misma resulta muy pobre ya que el autor procura explicar el concepto enbase al concepto mismo, lo cual es metodológicamente inaceptable.No hay lugar a confundir una cosa con la otra ya que se diferencian en cuantoa su naturaleza misma, pues el medio de prueba no es más que el canal a travésdel cual nos llega aquélla, es decir, la prueba.Clasificación de las Pruebas• Criterios para la clasificaciónLa prueba no hace sino reflejar en el espíritu humano la verdad objetiva delos hechos, por medio de ella llegamos a la posesión de la verdad. La cosa queprueba, o la persona que prueba, reflejan en nuestro espíritu su relación con laverdad, nos hace percibir ésta. Por lo que en relación de la prueba, contenidou objeto que es la sustancia de la misma. En vista de esto, debe resultar naturalque en el estudio especial de la prueba se atienda a los modos de su naturalezaobjetiva; tal es, en definitiva, el criterio sustancial de la prueba.Así comienza Nicolás Framarino a exponer su célebre teoría y a sentar las basespara la primera clasificación de las pruebas, entrando a precisar lo que él llama“criterio sustancial”. Cuando se habla de sustancia de las pruebas, no se hablade la relación de la prueba, de a verdad abstracta, o con una verdad concretacualquiera de cuya averiguación se trata, no; se habla de la relación determi-nada de la prueba concreta, con la verdad concreta que se quiere investigar. Laspruebas como tales, al clasificarlas en cuanto al objeto se consideran: respectode la verdad concreta que se quiere averiguar y al servicio de las que están lla-madas a realizar.Es en la relación de las pruebas con la verdad que se quiere averiguar en dondedescansa su “criterio objetivo”, siendo, pues, este criterio el que sirve para cla-sificarlas según su naturaleza esencial. Pero para conocer la relación concretaque puede existir entre la prueba con la verdad, hay que averiguar cuál es esaverdad, para así poder determinar y clasificar la prueba con respecto al objeto.Concentrándonos al delito, es natural que sea la completa y total averiguacióndel hecho-delito, la verdad que debe ser averiguada, y convenido que es el delitola verdad particular que mediante el juicio se quiere averiguar, pasamos hacerla clasificación de las pruebas.
  • 46. 53La Declaración del Imputado• Prueba directa y prueba indirectaPara comprender mejor la teoría de Framarino, necesitamos, pues, sentar lashipótesis constitutivas, tanto de la prueba directa como de la indirecta, tenien-do en cuenta la distinta naturaleza subjetiva de las pruebas, según su naturalezapersonal o real.Decimos que la prueba puede tener como objeto inmediato el delito, así seacon referencia a uno de los elementos menos importantes del hecho delictuo-so, o que consista en el mismo elemento criminoso; se llama entonces PruebaDirecta.La prueba directa relativamente simple, normalmente seria, lleva en sí mismaun valor probatorio cuando no es discutida y se produce en condiciones degarantía del imputado. Según el profesor Francois Gorphe, entre este tipo depruebas están las verificaciones judiciales, los documentos y la confesión.Pero si la prueba se refiere al objeto mediato, a una cosa distinta al delito, o deese objeto, de la cual, por raciocinio lógico, se va al delito, refiriéndose por elloa éste mediatamente, o puede directamente consistir en dicha cosa distinta,entonces, se llama Prueba Indirecta.La prueba indirecta, bastante compleja, esencialmente incierta, sólo presentaverdaderamente un valor probatorio cuando se las reconoce suficientementesegura como resultado de un examen crítico más o menos profundo. Comoejemplos de este tipo de prueba están los indicios o prueba circunstancial y eltestimonio. En este sentido, tenemos que Framarino se rebela contra los quecomo prueba directa admiten sólo la que prueba todo el delito, y sostiene quepara él es prueba directa “la que tiene por objeto inmediato el delito, así seaque consista ese objeto en un elemento mínimo y fraccionario de aquél”, auncuando no da ejemplos.En cuanto a las pruebas indirectas, Framarino refiere que éstas necesitan de unraciocinio especial fundado en la experiencia externa e interna, la experien-cia del mundo físico que nos rodea y del mundo moral de nuestra conciencia;fundamento racional que nos guiará por la vía de lo conocido hacia lo desco-nocido, poniendo como ejemplos la presunción y los indicios. Creemos quesuficiente los conceptos emitido por el ilustre profesor italiano para dejar claraslas bases diferenciales entre prueba directa y prueba indirecta.De otro modo, Andrei Vishinski, refiriéndose a esta clase de pruebas dice: “Apesar de todos los argumentos en contra de la división de las pruebas en directase indirectas, esta división es inevitable ya que estas pruebas existen en la vida,
  • 47. 54en la realidad; hay pruebas que atestiguan directa e inmediatamente los hechosbuscados y pruebas que atestiguan el hecho por medio de otras pruebas sólo in-directamente relacionadas con el hecho buscado (hecho principal). Las primerasson Directas, las segundas Indirectas. En su acepción más amplia posible, y concriterio actual, se entiende que la prueba responde a una de las dos clases siguien-tes: a) De Acusación; y b) De Defensa.23parte del Magistrado Juez, es decir, la prueba debe ser valorada y acreditada yen ello tiene un rol activo el Magistrado Juez. De conformidad con el sistemajurídico procesal vigente, en los tribunales sólo podrán admitirse como aconte-cidos los hechos que se encuentren avalados por medios de pruebas obtenidoslícitamente, pudiendo excluirse del debate las pruebas que no hayan sido obte-nidas lícitamente.El Derecho probatorio admite como válidas los siguientes medios de pruebas:- La prueba científica o pericial por ADN.a) Dactiloscopia.b) Documentoscopía.c) Necropsia.d) Test de parafina.e) Balística Criminal.f) Toxicología.g) Retrato Hablado.h) Fotografía Criminal.i) Identificación Biológica.j) Identificación de pelos y cabellos.k) Serología: Identificación de manchas de esperma, Investigación de manchas de orina, sangre y saliva.l) Identificación de un Cadáver.m) Origen humano.n) Determinación de la raza y el sexo.o) Caracteres óseos individuales.p) Causa y fecha de la muerte.q) Identificación por los dientes y de la formula dentaria.- El testimonio.- Pruebas directas.- Pruebas escritas o documentales- Pruebas indiciarias- Presunciones.- Declaraciones espontáneas.23Citado por: TERAN Luque, Marco. La Prueba Ilícita. En línea: www.enj.org. Tomado de: www.dlh.lahora.com.ec
  • 48. 55La Declaración del Imputado24GAITAN, Jorge (1983). Defensas Penales. Bogotá: Temis, Pág. 61.25CAFFERATTA Nores, José I. La Prueba en el Proceso Penal. Pág. 6.26Idem. Pág. 8.Si en un proceso penal, las pruebas no son suficientes, no alcanzan un lugarde primacía, los tribunales no podrían ejercer su función jurisdiccional de ad-ministrar justicia, a fin de lograr un verdadero Estado de Derecho y proteger alos derechos de los dominicanos y extranjeros residentes en nuestro territorio,para lograr un juicio justo sobre la verdad de los hechos.GAITÁN, expresa lo siguiente: “Tanto vale no tener un derecho como no poderprobarlo”. 24Es decir, la administración de la justicia penal estaría mutilada sino existiese la prueba. De lo anteriormente explicado, se puede concluir la ne-cesaria incorporación de la prueba para poder condenar a un justiciable. Laprueba es el mecanismo procesal que descarta una hipótesis. La noción jurídicade la prueba permite colegir toda valoración que alimente un proceso penal. 25La verdad sólo puede concebirse desde el punto de vista subjetivo en la medidaen que se tenga posesión de ella. Cafferata le llama a esto “certeza”.La certeza es el estado de entendimiento que tienen los hechos verdaderos, lue-go de rechazar todas las motivaciones contrarias.26La teoría del objeto de la prueba procura, señalar cuáles son las proposicionesde las partes que deben probarse y cuáles no requieren demostración.El precepto complementario en materia de objeto de prueba es el de que sibien sólo requieren demostración los hechos controvertidos y no se admitiráprueba, en ningún caso, sobre los hechos que no son objeto de ella, las que nopertenezcan al litigio serán irremisiblemente desechadas de oficio al dictarsesentencia.Clases de Prueba en el Código Procesal PenalLa prueba es material, documental o testimonial.• La prueba materialDado que la infracción penal implica la actividad humana en el mundo ex-terior, (por acción u omisión), entonces ha de dejar un rastro de evidenciasrelacionadas con los resultados, los vestigios y los objetos o instrumentos conlos que se cometen los hechos de acción. El hecho ilícito, es un acontecimientohistórico que se encuentra ubicado en el lugar y tiempo determinados, perosiempre en tiempo pasado, por tanto el primer intento de la aplicación de lajusticia es recoger las evidencias materiales que pueden contribuir al esclare-cimiento de la verdad. Tiene una finalidad demostrativa, y se presenta comoprueba “real” o como prueba “ilustrativa”.
  • 49. 56 - La prueba real exhibe en el tribunal el objeto probatorio en sí, (ins-trumentos o arma con los cuales se cometió el asesinato, por ejemplo). - La prueba ilustrativa es la presentada al tribunal a fines de que el juezcontemple una situación o circunstancia fáctica en todas sus manifestaciones,mediante la utilización de fotografías, planos, croquis, gráficos, etcétera.• La prueba documentalEs el escrito donde constan ciertos hechos, que resultan así probados con supresentación en juicio. Los escritos pueden ser públicos o privados.El documento público es aquel que se celebra ante autoridad competente, cum-pliendo con todas las formalidades legales, capaz que por sí sólo este documen-to garantiza ser: genuino por la autoridad que lo patrocinó, auténtico por laseguridad de las partes que intervienen en su realización, y veraz por la verdadde su contenido, por ejemplo un acto autentico.El documento privado es toda constancia que han expresado los particulares,en la que se encuentran comprometidos sus propios intereses, un documentoprivado judicialmente reconocido es cualitativamente distinto para el ejerciciode la acción civil, pero sigue siendo documento privado para la utilización dela acción penal.El peritaje queda descrito como prueba de tipo documental-científica. Tienecomo fin demostrar técnica o científicamente que algo ocurrió de forma deter-minada, o que determinados elementos encontrados en la escena del crimenson de cierto, tipo de sangre, semen, etcétera).• La prueba testimonialEs la nueva reina de las pruebas, título que una vez retuvo la confesión. Suspeculiaridades nos obligan a remitir al lector al capítulo referido a los mediosde prueba. Más específicamente considerado, el texto codificado acepta comotipos principales de prueba: el testimonio, el peritaje y otros medios de prueba(que incluye el reconocimiento de personas y el careo).El Ministerio Público en la investigación de los hechos, puede solicitar al Ma-gistrado Juez de la Instrucción, la autorización para Inspección del Lugar o delHecho, el Levantamiento e Identificación de Cadáver, Registros de Personas,Lugares o Cosas, Secuestros de Objetos y Documentos incluidas las correspon-dencias; la Interceptación de Telecomunicaciones; y la Clausura de Locales y
  • 50. 57La Declaración del ImputadoAseguramientos de Cosas Muebles), no obstante estas precisiones, el CódigoProcesal Penal consagra el principio de libertad probatoria, autorizando la in-vestigación penal por cualquier medio, por lo que la enumeración no es limi-tativa ni excluyente.Accesoriamente, existen en el Código Procesal Penal. tres variantes de la prue-ba: la prueba masiva, la prueba compleja y la prueba indiciaria.Prueba masiva.- Es considerada por el artículo 371, al disponer lo que sigue:Art. 371.- Producción de prueba masiva. Cuando se trate de un casocon pluralidad de víctimas o sea indispensable el interrogatorio de nu-merosos testigos, el ministerio público puede solicitar al juez que le au-torice a realizar los interrogatorios. El ministerio público registra porcualquier medio los interrogatorios y presenta un informe que sintetizaobjetivamente las declaraciones. Este informe puede ser introducido aldebate por su lectura. Sin perjuicio de lo anterior el imputado puederequerir la presentación de cualquiera de los entrevistados. Cuando eljuez o tribunal advierte que un gran número de querellantes concurrenpor separado en idénticos intereses, puede ordenar la unificación de laquerella. Unificada la querella, interviene un representante común detodos los querellantes.En realidad es una excepción mediante el cual el Ministerio Público puede so-licitar al juez que le autorice a realizar los interrogatorios, registrarlos por cual-quier medio e informar un resumen o síntesis de las declaraciones, introducidoal debate por su lectura. Esto ocurriría en los casos que exista pluralidad devíctimas o sea indispensable interrogar numerosos testigos.Prueba compleja.- Esta expresión aparece una sola vez en el texto codificado,en el último párrafo del inciso 9 del artículo 346, que define la forma del actade audiencia. Textualmente: En los casos de prueba compleja, el tribunal puedeordenar el registro literal de la audiencia, mediante cualquier método, pero es-tos registros no pueden ser usados como prueba en desmedro de los principiosde inmediación y oralidad.El CPP se inclina por la no taxatividad de los medios de prueba, aceptandoque todo aquello que sirva para determinar la verdad de los hechos y no esteprohibido por la ley puede utilizarse como prueba. En sentido amplio se hablade varios tipos o clases de pruebas, que son: a) la prueba material, b) la pruebadocumental, c) otros medios de prueba (incluyendo el testimonio, el peritaje,el careo, la requisa de personas, etcétera). Antiguamente se unía a este grupo
  • 51. 58la confesión, cuya importancia en el nuevo proceso penal ha sido reducida a lamínima expresión. Comentaremos los tipos de prueba citados.• La Prueba indiciariaLa prueba indiciaria es la aplicación penal de las presunciones del derecho civil:se acepta que las decisiones se funden en la convicción nacida de una ponde-ración posibilista de los hechos, es decir, basada en la interpretación de unoshechos que, a entendimiento del juez, indican determinado rumbo penal.No obstante que los jueces son soberanos para apreciar los hechos y deducirde ellos indicios o presunciones, es menester destacar que esa soberanía deapreciación, no los exime de la obligación de especificar en la sentencia cuálesson las presunciones o indicios que han servido de fundamento a su decisión.Además, el juez tiene la obligación de expresar y puntualizar en una motivaciónsuficiente cuáles son los actos humanos o circunstancias naturales que configu-ren los indicios, concatenándolos, unificándolos en un cuerpo lógico decisivo,único medio que permite establecer la constancia clara y expresa de los hechosque el tribunal considera probados.Eso es lo que quiere decir el principio de derivación de la prueba, expresado enel hecho de que la sola mención de las pruebas de las que se induzcan o deduz-can los indicios no basta: hay que igualmente concatenarlas entre sí y hacerloutilizando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.La importancia de este aspecto es mucha: la valoración de la prueba no puederecurrirse en casación porque el juez es soberano para valorarla y lograr suconvicción en unos medios de prueba, desechando otros indicando los motivosque justifican la decisión. Lo que sí puede recurrirse en Casación es la deriva-ción, el proceso lógico seguido por el juez. Es decir, el alegato queda centradoen que el juez es libre para valorar; pero, si hubiera valorado de esta forma y node aquella otra, entonces habría llegado a un resultado completamente diferen-te en cuanto a establecer la responsabilidad penal.La actividad ProbatoriaEl Código Procesal Penal dispone la existencia de tres momentos de realizaciónde la actividad probatoria, que son: a) El origen, producción o recolección dela prueba, cuando la prueba es recogida por el investigador; b) Su recepción oincorporación, cuando ingresa al proceso; c) Su análisis y valoración, cuandoel juez toma conocimiento de ella, determina su aceptación y le otorga un valorespecifico en relación con los hechos de la causa.
  • 52. 59La Declaración del Imputado• Recolección de pruebasEl procedimiento (que todavía es una posibilidad y no un hecho) se inicia conla denuncia, la querella, o por la intervención directa de la Policía Nacional enlos casos de flagrante delito o de oficio en las infracciones penales de acciónpública.Las acciones descritas precedentemente quedan descritas en el texto codificadocomo Actos Iniciales del Procedimiento. Todas estas formas de apoderamientoo acción imponen un objetivo inmediato: recolectar las pruebas necesarias parasustentar la acusación, pasando de simples actos iniciales de procedimiento auna real investigación preparatoria realizada por el ministerio público, que a suvez da paso a la realización del procedimiento preparatorio.Esquemáticamente: - Se produce denuncia, querella, flagrante delito o investigación deoficio, estos son actos iniciales del procedimiento. - Se produce investigación inicial o preparatoria por el órgano investi-gativo informado del hecho; - El ministerio público controla esa investigación preparatoria o ini-cial, regulando la obtención de las pruebas y su custodia legal, verificando elcumplimiento de las disposiciones legales correspondientes; en fin, dando ini-cio al Procedimiento Preparatorio. - El Procedimiento Preparatorio es completado por la labor del Ma-gistrado-Juez de Instrucción, pasando de investigaciones iniciales (inte-rrogatorios, llamadas telefónicas y verificaciones de diverso tipo) a regularuna investigación judicial en regla (autorizando intervenciones telefónicas,ordenando allanamientos o registros de lugares, secuestro de objetos o do-cumentos, etcétera).En esta etapa, el ministerio público se concentra en conseguir y proteger loselementos de prueba necesarios para la celebración del juicio, rodeándolo degarantías. Estrictamente, el ministerio público puede realizar las actividadessiguientes: - Inspecciona el lugar del hecho - Registra tanto las personas como los lugares pri-vados/públicos
  • 53. 60- Obtiene pruebas científicas (como tipo de sangre o identificación genéticadel imputado; ordena la realización de autopsias o experticias forenses de otrotipo).El Procedimiento ProbatorioUna vez obtenidas y resguardadas, las pruebas se presentan al Magistrado Juezde la Instrucción. El puede ya tener algún conocimiento de esas pruebas, comoen el caso de que haya ordenado una interceptación de telecomunicaciones,por ejemplo.Si el ministerio público entiende que las pruebas recogidas son la base idóneapara proceder al juicio, concluye las investigaciones y procedimientos preli-minares emitiendo uno de los llamados Actos Conclusivos del ProcedimientoPreparatorio, que son: solicitud de la apertura a juicio, mediante presentaciónde la acusación, o la aplicación del procedimiento abreviado, mediante la acu-sación correspondiente o la suspensión condicional del procedimiento.Si ha concluido por someter a juicio, entonces tiene el deber de insertar en elacto correspondiente los datos que identifican al imputado, la relación precisay circunstanciada del hecho atribuido, la fundamentación jurídica de la acu-sación y la descripción de los elementos de prueba que la motivan. En estesentido, es su deber ofrecer la prueba que se pretende presentar en juicio, in-cluyendo la lista de testigos, los peritos y todo otro elemento de prueba, con laindicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar, bajo pena deinadmisibilidad. Por mandato del Artículo 298-CPP, que organiza la AudienciaPreliminar, y una vez la acusación es presentada al Juez de la Instrucción, elsecretario notifica a las partes e informa al ministerio publico ponga a dispo-sición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación,quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días. Por el mismoacto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública, que debe realizarsedentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte. El imputadocuenta con cinco días, a partir de la notificación de la acusación para realizarobjeciones, oposiciones o solicitar diversas medidas, dispuestas por el Artículo299-CPP, que son las siguientes:1) Objetar el requerimiento que haya formulado el ministerio público o el que-rellante, por defectos formales o sustanciales;2) Oponer las excepciones previstas en este código, cuando no hayan sido plan-teadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;3) Solicitar la suspensión condicional del procedimiento;
  • 54. 61La Declaración del Imputado4) Solicitar que se dicte auto de no ha lugar a la apertura a juicio;5) Solicitar la sustitución o cese de una medida de coerción;6) Solicitar la aplicación del procedimiento penal abreviado;7) Ofrecer la prueba para el juicio, conforme a las exigencias señaladas para laacusación.8) Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio.Aunque el plazo para examen de la prueba es común, cinco días, para el impu-tado vale después de la notificación de la acusación.Las acciones incurridas deben ser notificadas al imputado. Esa notificación esrealizada al querellante o víctima en el domicilio de elección, y tiene por ob-jetivo informarle que debe adherirse a la acusación del Ministerio Público opresentar acusación por su lado, si es posible.El imputado no necesita ofrecer prueba de descargo, porque se le presume ino-cente por mandato del Art. 14-CPP y 69 ordinal 3 de la Constitución de laRepública. No obstante, él puede considerar apropiado hacerlo, y de hecho esusual que lo haga y rebatiendo las presentadas en su contra. Esto se hace en laAudiencia Preliminar, donde el juez de Instrucción decidirá si procede o norealizar un juicio.En este caso, emite el llamado Auto de Apertura a Juicio, o el Auto de No HaLugar, conforme al Art. 304-CPP, que prescribe lo siguiente:Art. 304.- Auto de no ha lugar. El juez dicta el auto de no ha lugar cuan-do: 1) El hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado; 2) Laacción penal se ha extinguido. 3) El hecho no constituye un tipo penal;4) Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser conside-rada penalmente responsable; 5) Los elementos de prueba resulten in-suficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablementela posibilidad de incorporar nuevos. El auto de no ha lugar concluye elprocedimiento respecto al imputado en cuyo favor se dicte, hace cesar lasmedidas de coerción impuestas e impide una nueva persecución penalpor el mismo hecho. Esta resolución es apelable. El Auto de Apertura ajuicio: El artículo 303 es mandatorio, cuando afirma que “el juez dictaauto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fun-damento para justificar la probabilidad de una condena. La resolución
  • 55. 62por la cual el juez ordena la apertura a juicio, contiene: 1) Admisióntotal de la acusación. 2) La determinación precisa de los hechos porlos que se abre el juicio y de las personas imputadas, cuando el juezsolo admite parcialmente la acusación. 3) Modificaciones en la califi-cación jurídica cuando se aparte de la acusación. 4) Identificación delas partes admitidas. 5) Imposición, renovación, sustitución, o cese delas medidas de coerción, disponiendo en su caso, la libertad del im-putado en forma inmediata. 6) Intimación a las partes para que en elplazo común de cinco Díaz comparezcan ante el tribunal de juicio, se-ñalen el lugar para las notificaciones. Esta resolución no es susceptiblede ningún recurso.” El texto que acabamos de trascribir en su partefinal pensamos que adolece de un vicio de inconstitucionalidad, enrazón que la administración de justicia en nuestro país está gobernadapor el doble grado de jurisdicción, por mandato de la constitución dela Republica, primera instancia y grado de apelación y pensamos queno es sano ni nada justifica que el Auto de Apertura a juicio sea juz-gado en única instancia, resulta obvio la inconstitucionalidad de losautos de apertura a juicio, y se arguye que el Magistrado apoderadodel fondo se le pueden hacer todo tipo de peticiones, ello as así, perola existencia del auto pudiera producir una especie de prejuicios, yello conspira con el derecho de defensa, y además una Corte de Ape-lación está conformada por jueces más experimentados, y se suponemás competentes que ofrecen mayor garantía de obtener una decisiónapegada a la verdad de los hechos y apegada a la justicia.Sistema de Valoración de la Prueba en Relación a la Declaración del Imputado• Evolución del sistema probatorio Para conocer el valor que se ha atribuido a las declaraciones del imputado alo largo de la evolución del sistema probatorio, se hace necesario recurrir alestudio de las características de cada una de las fases históricas por las que haatravesado, las cuales son las siguientes.1. Fase Étnica.- Es la correspondiente a las sociedades primitivas, donde laspruebas en justicia se reducían a duelos personales entre las partes. De maneraque puede afirmarse que en esta fase las declaraciones no contaban para nada,pues no existían magistrados jueces para administrar justicia.2. Fase Religiosa o Mística.- En esta fase se invocaba el juicio de Dios o delos dioses y se recurría a las ordalías que eran de alguna manera los peritajesdivino-legales del pasado. En esta fase la declaración del acusado, entendemos,
  • 56. 63La Declaración del Imputadono podía tener ningún valor probatorio, pues no podrían venir a contravenirel mandato divino.3. Fase Legal.- En ésta fase la ley fijaba no sólo los medios de prueba, sinotambién el grado de convicción de cada uno de ellos, y en la que la confesión eraconsiderada la reina de las pruebas, hasta el punto de esforzarse por obtenerlaa cualquier precio, y por cualquier medio, llegando a la tortura y al tormento.Fue en esta fase, donde quedaron instituidos los magistrados jueces, pudo serque la declaración del acusado fuese tomada en cuenta aunque el método devaloración y de obtención no podía ser más irracional y cruel.4. Fase Sentimental.- Aquí el juez aprecia libremente las pruebas guiándoseúnicamente por su intima convicción. Este es el sistema que imperó en nues-tro país desde 1882 en adelante, cuando se adaptaron y tradujeron los códigosfranceses. Como puede observarse, ya en esta fase se ha experimentado unnotable avance, pues ya el juez no necesita arrancar declaraciones. Pero cabeseñalar que este principio de la “íntima convicción” se prestó a muchos excesose injusticia, había casos en los que el juez no falla de acuerdo con las pruebasaportadas, sino de acuerdo a su criterio personal, contraviniendo preceptos le-gales, pero amparándose en la llamada “íntima convicción del juez”.5. Fase Científica.- Es la fase del porvenir, en la que la prueba por excelen-cia es suministrada por los peritajes y busca no solamente probar los hechosdelictuosos, sino también explicarlos metodológicamente por medio de datosobtenidos por la experimentación.Podría decirse que esta fase corresponde a los países desarrollados actualmen-te, pero en países del Tercer Mundo, como es el nuestro, seguimos adheridosa métodos anacrónicos, ya que para la existencia de esta fase, se precisa deelementos tecnológicos modernos, como son laboratorios de investigación mo-dernos, personal de investigación, altamente entrenado, etc., cosas de las cualesestamos lejos todavía.El valor de las declaraciones del acusado no va a depender únicamente del valoratribuido por el magistrado juez apoderado, sino de la combinación de otrosmedios probatorios, obtenidos con la investigación científica.Los Diferentes Sistemas de Valoración de la PruebaLa valoración de la prueba constituye la última fase de la actividad procesal. Esun proceso crítico y analítico, realizado por el Magistrado juez. Es un métodoque deja libre al juez para que en cada caso concreto señale el valor atribuido a
  • 57. 64los elementos de prueba, legalmente incorporados al proceso, según las reglasde la lógica y la sana crítica racional. Estas reglas están fijadas principalmentepor las leyes de la lógica, la psicología y de la experiencia, según las cuales elrazonamiento del juzgador es libre en cuanto no está sometido a ningún pará-metro pre-establecido por la ley.Su actuación no es arbitraria, pues el juez está en la obligación de explicar lasrazones por las cuales otorga cierto valor a determinadas pruebas, o por-que no otorga ningún valor, con base a la apreciación conjunta y armónicade toda la prueba. Es el llamado “deber de fundamentación de la sentencia”.Esta fundamentación, de acuerdo con esas disposiciones debe ser expresa, cla-ra, completa, legítima, lógica eliminando así cualquier posición arbitraria. Lagarantía para las partes y para los ciudadanos es que el juzgador debe justificarsu opción, para que aquellos puedan manifestarse en favor o en contra de esavaloración, incluso en fases sucesivas del procedimiento. La Corte Suprema deArgentina ha decidido, respecto de la valoración de la prueba, que: los jueces noestán obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzasagregadas, sino sólo aquellas que estimen concernientes para fundar sus con-clusiones. Es criterio reiterado.También, se ha sostenido que: no configura arbitrariedad la circunstancia deque el tribunal apelado haya dado preferencia a determinado elemento proba-torio sobre otro; y, asimismo, que: aceptar la posibilidad de revisar la forma devalorar las pruebas por el juez de grado inferior, en una sentencia que ya ha pa-sado en autoridad de cosa juzgada vulneraría, de modo injustificado, el principiode inmutabilidad de las sentencias judiciales.Al parecer, este criterio se rebate usualmente alegando ante la Corte de Casa-ción no una revisión del sistema de valoración, que sería inatacable, sino unaviolación del principio de derivación, que vemos a seguidas. La valoración dela prueba es una de las áreas más complejas dentro del vasto campo del derechoprobatorio.ALSINA dice que las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribela lógica y derivan de la experiencia; las primeras con carácter permanente, ylas segundas, variables en el tiempo y en el espacio”.27COUTURE define las reglas de la sana crítica como “las reglas del correctoentendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experienciadel tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principioslógicos en que debe apoyarse la sentencia”.2827Alsina, Hugo (1956). Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Pág. 534.28COUTURE, Eduardo (1966). Fundamentos del Derecho POrocesal. Pág. 339.
  • 58. 65La Declaración del ImputadoLas reglas de la sana crítica configuran una categoría intermedia entre la pruebalegal y la libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesivaincertidumbre de la última, siendo por tanto una fórmula apropiada para regu-lar la actividad intelectual del juez frente a la prueba.Respecto de la relación entre la sana crítica y la lógica, Couture hace ver que lasreglas de la sana crítica consisten en sentido formal en una operación lógica.Existen algunos principios de lógica que no podrán ser nunca desoídos por eljuez. Así, dice, nadie dudaria del error lógico de una sentencia en la cual se ra-zonara de la siguiente manera: los testigos declaran que presenciaron un prés-tamo en monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a las monedasde plata, condeno a devolver monedas de plata. Evidentemente, está infringidoel, principio lógico de identidad, según el cual una cosa solo es igual a sí misma.Las llamadas máximas de experiencia Couture las define como “normas de va-lor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la ob-servación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptiblesde aplicación en todos los otros casos de la misma especie”.29Para Friedrich Stein, a quien se le atribuye la introducción en el Derecho Proce-sal Penal del concepto “máximas de experiencia”, estas “son definiciones o juicioshipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzganen el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos par-ticulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos,pretenden tener validez para otros nuevos”.30La sana crítica es la operación in-telectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultadode las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definidacomo la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes” y como la combi-nación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador.31Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de losque tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de un ins-trumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la valoración delas pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra en condiciones dehacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminadodesde el punto de vista legal.El principio de la sana crítica exige que el juez motive y argumente sus decisio-nes. Dado que se aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el Legis-lador ha entregado al juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, seopone, en este sentido, al concepto de prueba legal o tasada, donde es la ley laque fija el valor de la prueba.3229Idem.30STEIN, Friedrich (2002). El conocimiento privado del juez. Pág. 98.31MONTERO Aroca, Juan (2002). La prueba en el proceso civil. Civitas, Pág. 278.32PLACENCIA Villanueva, Raúl. Los medios de prueba en material penal. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva Serie, año xxviii, No. 83.
  • 59. 66Se han destacado tres sistemas de valora¬ción de la prueba: 1.- El de la tarifalegal o prueba legal; 2.- El de la íntima convicción y 3.- El de la sana críticaracional o libre convicción.Ya no se basta con que el juez se convenza, o así lo manifieste, sino que ha decuidarse de convencer de su propia convicción a los demás, es decir, tanto a laspartes en concreto como a la comunidad de los justiciables. El hecho probadosupone la idea de certeza, y un hecho se entiende probado, cuando ha llevadoal conocimiento la convicción de que es verdadero. La prueba judicial en eljuzgador, debe expresar la verdad plena, completa, sin dudas, que propicia lacerteza del objeto del proceso. De donde resulta obvio que, que si los mediosprobatorios no conducen a establecer esa certeza, no establecen la verdad, conlo cual habría que concluir con una sentencia absolutoria por falta de pruebaso por insuficiencia de las pruebas.• Sistema de la tarifa legalTambién llamada de la prueba tasada o de la prueba legal, o apreciación tasa-da, tuvo destacada importancia en el derecho germánico y consistía en que elvalor de la prueba está predeterminado en la ley; es ésta la que le señala poranticipado al juez, el grado de eficacia que debe atribuirse a determinado ele-mento probatorio; por lo tanto, el juzgador se encuentra obligado a valorar laspruebas de acuerdo a las extremos o pautas predeterminadas por el Legisladoren la norma jurídica. Este sistema impide al juez hacer uso de sus facultadesde razonamiento, automatizando su función, al no permitir¬le formarse uncriterio propio en torno a la valoración de la prueba, se tiene que circunscribirsolo aplicar el texto de Ley.En este sistema hay unas pruebas que tienen un valor determinado, y el juezno puede dar un valor diferente. La confesión hace plena prueba en contra dequien la pronuncia, por ejemplo.• Sistema de la intima convicciónConstituye la antítesis del sistema anterior, en cuanto éste implica la aprecia-ción, según el parecer del Magistrado-Juez y el otorgamiento de facultadesdiscrecionales al juzgador, quien aprecia la prueba libremente, sin estar ata-do a criterio, legalmente preestablecidos. Es propio de los jurados populares;el juez para obtener su íntima convicción, se vale de los sentimientos, de lasintuiciones, de las impresiones, o de otros estados emocionales del imputado,de sus conocimientos personales; además de los razonamientos lógicos y de laexperiencia. Varias son las críticas que se le han efectuado a este sistema, entre
  • 60. 67La Declaración del Imputadola de afectar la forma republicana de gobierno, al permitir dictar un pronun-ciamiento de sentencia sin expresar su motivación. Este sistema se mantiene enlos países donde se practica el juicio por jurados populares, como por ejemploEstados Unidos. Con este sistema se da predominio al sentimiento sobre larazón, y si bien no se excluye la posibilidad de una crítica racional; pero enrealidad, queda sofocada en el fuero íntimo del juzgador, con la prohibición defundamentar el veredicto.• Sistema de la sana crítica racionalEste sistema envuelve un sistema lógico de valoración de prueba, ocupando unlugar intermedio entre los extremos analizados precedentemente. En él, el Ma-gistrado-juez valora la prueba sin sujeción a criterios legalmente establecidos,sin la interferencia de factores emocionales, debiendo fundamentar su decisiónen un criterio lógico y racional.VÉLEZ Mariconde afirma al respecto que:(…) si el proceso es el único medio de aplicar justamente la ley penal,no cabe duda que su finalidad inmediata o específica es el descubri-miento de la verdad, puesto que esta es la única base de la justicia, yque en consecuencia, debe tener existencia práctica para suprimir elverdadero culpable en la medida que corresponda y evitar la represióndel inocente. Ambos resultados son dos caras de una misma medalla:La Verdad.33Sin lugar a dudas, que todo juzgador podrá hacer uso de métodos o formasrudimentarias o sofisticadas para juzgar los hechos y valorar las pruebas. Sinembargo, se admiten, por lo menos en forma mayoritaria en las legislacionesmás conocidas, tres sistemas de valoración de las pruebas, a saber:a) El de la prueba legal, en que la norma y a través de ella ellegislador, establece el valor que se debe dar a cada uno de los mediosde prueba practicados;b) El de libre apreciación razonada, sana crítica o el juicio mo-ral, como también se llama, la que faculta al juzgador para determi-nar en forma concreta la fuerza probatoria de cada uno de los mediospracticados; yc) Un sistema mixto que pretende combinar los dos anteriores.33VELEZ Mariconde, Alfredo. Estudios de Derecho Procesal Penal. Tomo II, Pág. 46.
  • 61. 68Los tres sistemas, a pesar de su denominación diferente, están sujetos a losprincipios y disposiciones jurídicas que regula la prueba y el proceso en formaintegral. Como una cuestión previa, vale decir, que en los tres sistemas enume-rados, la valoración del juzgador estará sujeta al principio de la legalidad en elsentido más amplio de la palabra.Aún en el sistema de libre “apreciación razonada” o “sana crítica”, el juez nopodrá concederle fuerza probatoria a aquellos medios de prueba obtenido co-metiendo otra infracción constitucional o legal; es decir, no podrá valorar laspruebas ilícitas o ilegítimas.Más aún, no podrá desconocer en el curso de un procedimiento las reglas le-gales sobre la carga de la prueba para resolver el litigio, en la medida que laparte sobre la cual recae tal carga no haya aportado, como le corresponde, laspruebas necesarias. En fin, el juez penal, en los sistemas garantistas de derecho,se encuentra ligado a una serie de normas procesales de carácter constitucional,como la presunción de inocencia, que, en algunos casos facilitan el descubri-miento de la verdad y, en otros, lo dificultan.El sistema de la libre apreciación razonada de las pruebas, sana crítica, de laprueba moral o, incluso, de la persuasión racional, como se ha dicho, tiendea dar libertad al juez para que elabore “su convicción” en el análisis de los ele-mentos probatorios, sin ninguna traba para impartir justicia.Conforme a este sistema, los órganos jurisdiccionales no están sujetos a reglasque les identifiquen el valor asignado a cada medio de prueba, sino que, porel contrario, gozan de un amplio y libre criterio para valorar en su concienciala realidad de los hechos discutidos, sobre la base de la prueba que haya sidoacreditada desde la fase de investigación. Esto significa que la ley no predeter-mina el valor que corresponde a cada elemento probatorio, dejando al criteriodel juez la libertad para acreditar el mismo. Este sistema probatorio en su apre-ciación racional o libre convicción, le permite al juzgador aprehender (tomar,hacer suyo), la verdad del hecho, conforme con los principios de la sana crítica,teniendo en cuenta diversos factores, tales como: el origen de la prueba, sulegalidad, su relación con los hechos investigados, su concordancia con otroshechos investigados, entre otros factores.Todo esto, en síntesis, supone, el sometimiento de la valoración de las pruebas alas reglas de la lógica, de la experiencia cotidiana, los conocimientos científicos,la racionalidad del medio probatorio, sea éste particular o dentro del contextoprocesal, a las normas de la sana crítica y a la responsabilidad moral del juez alamparo de los artículos 171 y 172 del Código Procesal Penal. Se observa, sin
  • 62. 69La Declaración del Imputadolugar a dudas, “la observancia obligada, de las normas que rigen la moderaciónen la elaboración del pensamiento humano”. Ahora bien, el principio de la librevaloración de la prueba, no significa, como así lo entendió el Tribunal SuperiorEspañol: “que el tribunal tenga una facultad • libérrima y omnímoda’, sin limita-ciones, con total irrevisabilidad de la corrección del órgano a-quo respecto de loshechos probados”.Agrega además, “el juzgador, a la hora de apreciar las pruebas practicadas, lasalegaciones de las partes y las declaraciones o manifestaciones del acusado, lohará no ya sin reminiscencia de valoración tasada o predeterminada por la ley, osiguiendo las reglas de la sana crítica, o de manera simplemente lógica o racional,sino de un modo tan libérrimo y omnímodo que no tiene más freno a su soberanafacultad valorativa que el proceder al análisis y a la consecutiva ponderación, conarreglo a su propia conciencia, a los dictados de su razón analítica y a una inten-ción que se presume recta e imparcial”.Sin embargo, el principio de valoración de la prueba, aún dentro de esa libertad,somete al juzgador a que éstas tienen que ser valoradas y apreciadas, durante eljuicio oral, público y contradictorio, según las reglas de la sana crítica. Empero,aún tomándose en cuenta estos criterios, se precisan distinguir dos momentosdiferentes en el acto de valoración de la prueba, a saber:1. El que depende de la inmediación, de la percepción directa de la prue-ba, como las declaraciones de los testigos, peritos, acusados, etc.2. El momento en que hay que darle el necesario soporte racional al jui-cio que se realice sobre dicha prueba.En este sistema, se supone además, que el tribunal no sólo está obligado a llegarhasta los últimos vestigios de la prueba, sino también, luego de ponderarlas,debe explicar las razones por las cuales otorga a determinadas pruebas el valorque le adjudica; En ellas, “expresa los argumentos de porqué su convencimientoen uno u otro sentido, lo que implica dar a conocer el nexo racional que existeentre las afirmaciones o negaciones que exprese en sus argumentaciones con losmedios de prueba que fueron evaluados para rendir el fallo”.Ahora bien, “resulta difícil, por lo subjetivo, el control en los recursos de alzada,de los hechos probados, puesto que, aún la prueba debe ser libre, es imposibleenjuiciar el sentido íntimo o no que el juzgador le ha dado a una determinadaprueba.
  • 63. 70Pero, en cualquier juicio lo más importante es la búsqueda de la verdad, a travésde los medios de pruebas aportadas, con la finalidad última de hacer justicia,la administración de justicia, es un servicio público, el Magistrado Juez apo-derado debería disponer de un papel activo y diligente dirigido a investigar laverdad y hacer justicia.Métodos de Investigación y Sana CriticaPlantea nuestro Código Procesal Penal, que al ministerio público le correspon-de investigar y aportar la prueba al plenario, para que el juez decida sobre laacusación y sobre la valoración de los medios de pruebas que le sirven de sus-tento. Como se observa, en el actual sistema procesal penal, la investigación esuna atribución exclusiva del ministerio público, con el apoyo obviamente, dela policía judicial, conforme lo establece el Artículo 88-CPP, que ordena comosigue:Art. 88.- Funciones. El ministerio público dirige la investigación y prac-tica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determi-nar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.De lo anterior, se colige que el ministerio publico, debe adoptar en su labor deinvestigación dos caminos: o solicitar la preclusión de la investigación o formu-lar una acusación.Todo esto supone, que el investigador no puede conformarse con establecerlas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho punible, ocon llegar a una conclusión (su conclusión) válida acerca de la responsabilidadpenal del imputado o sospechoso, sino que, en todo momento, desde el iniciode la investigación, el ministerio público debe preocuparse por la manera enque defenderá cada una de sus acciones investigativas, las pruebas e indiciosencontrados y de la forma en que sustentará su dictamen.En el fondo, el ministerio público, más que buscar evidencias, se dedica a en-contrar argumentos para convencerse a sí mismo y convencer al juez de la hi-pótesis que ha planteado sobre el ilícito en cuestión. Se impone, en el momentoaclarar, que razonar no es lo mismo que racionalizar a propósito de la sanacrítica.- Razona: quien reflexiona y luego llega a una conclusión.- Racionaliza: quien primero adopta una decisión y luego busca razones o mo-tivos para comprender y/o justificar su decisión. Es decir, que la Sana Críticafavorece la racionalización.
  • 64. 71La Declaración del ImputadoEn el proceso de investigación, en la búsqueda de la verdad, se precisa de laobservancia de las reglas y principios que gobiernan y regulan la práctica de laprueba y de la propia admisión de una información como prueba, pudiendoadmitirse como válida la famosa frase: “apreciación en conciencia”, que, bajoninguna circunstancia debe identificarse con la “íntima convicción del Juez”histórica que nos conduce a un subjetivismo extremo en el que en muchas oca-siones los hechos probados, se convierten en una auténtica caja de sorpresas.De hecho, “apreciación en conciencia”, no significa, desde luego, que el juezpueda hacer una valoración arbitraria o puramente subjetiva. La propia legi-timidad del Poder Judicial, obliga a los Magistrados jueces a fundamentar susdecisiones a través de la argumentación, la lógica y a exponer los motivos quellevan a las mismas.La necesidad de una adecuada motivación de las decisiones judiciales, entendi-da como argumentación intersubjetiva, comunicable lingüísticamente, y racio-nalmente verificable de las razones por las que se ha llegado a una determinablevaloración, y por tanto, a una decisión en base a ella, es, pues la lógica conse-cuencia de una teoría consensual de la verdad, única posible en un procesopenal respetuoso con las libertades y derechos fundamentales.De la misma forma, la presunción de inocencia, mientras no se demuestrelo contrario, es decir, con la presunción de inocencia como estandarte en lavaloración de las pruebas para determinar la responsabilidad o inocencia deun procesado.El proceso penal de un Estado de Derecho no solamente debe lograr el equili-brio entre la búsqueda de la verdad y la dignidad de los acusados, sino que debeentender la verdad misma no como una verdad absoluta, sino que debe apoyaruna condena sólo sobre aquello hechos que indubitada e subjetivamente puededarse como probado de forma fehaciente.Lo ideal sería que la investigación penal, siempre pudiera arrojarnos conclu-siones verdaderas y que, en esa medida, el proceso penal, fuera en realidad unabúsqueda de la verdad, para poder sostener una acusación justa; obviamenteesa última expresión resulta, en muchos casos, utópica, en la medida que aúncon el conocimiento científico usado en la investigación, existen obstáculosmuchas veces insalvables, que nos impiden alcanzar el conocimiento de la ver-dad real.Por consiguiente, el proceso penal, propicia, en especial en la fase de investiga-ción, el que la verdad real, debe “construirse”, ya que no puede “descubrirse”, entoda su realidad.
  • 65. 72Sin embargo, la investigación penal es útil, en tanto y cuanto es la mejor he-rramienta, por ahora, para dar colusiones de “verdad” al proceso penal actualfundado sobre principio garantista a favor del investigado o imputado.Más aún, en el proceso de investigación, en el momento de la aportación de laspruebas, su discusión, su valoración, la veracidad o no de la misma, su forta-leza, etc., subyace en el proceso penal, un enfrentamiento de argumentos encontrario, en el que el objetivo final es convencer al Magistrado juez de que sedetenta la verdad y la pieza fundamental que sirve de sustento a esa “verdad” esla validez de las pruebas y de la investigación que se haya podido hacer, capazde destruir la presunción de inocencia que acompaña a todo imputado hastaque haya sido condenado, con sentencia con autoridad de cosa irrevocable-mente juzgada.Principios que Gobiernan y Regulan la Actividad Probatoriaen República Dominicana• El principio de libertad probatoriaEl Código Procesal Penal, asumiendo una correcta posición de política penal,reconoce en forma clara y directa el principio de libertad de la prueba, segúnel cual en el proceso penal se podrá probar todos los hechos y circunstanciasde interés para la correcta solución del caso, y por cualquier medio de prueba.Es lo que se conoce como el principio de “libertad probatoria”, relacionado di-rectamente con los sistemas de valoración de la prueba, en la forma que expli-caremos más adelante.El principio de libertad probatoria, es una especie de regulación especial, envirtud de la cual todo hecho, circunstancia o elemento, contenido en el objetode la acusación y, por tanto, importante para la decisión final, puede ser proba-do por cualquier medio de prueba, con tal de que dicho medio probatorio hayasido legalmente adquirido e incorporado al proceso siguiendo el orden proce-sal. En consecuencia, dicho principio permite la posibilidad o mejor dicho la“garantía” de que cualquier hecho o circunstancia que pudiera tener incidenciaen la acusación, puede ser probado por cualquier medio. Se trata en un primeraspecto, lo relacionado con el objeto de la prueba, que responde a la pregunta¿Qué se puede probar?En segundo lugar, el principio admite la posibilidad de utilizar cualesquieramedios de prueba lícitos para cumplir con el objetivo de averiguar la verdadreal, sin que al efecto deba escogerse sólo los medios de prueba menciona-dos textualmente en el Código. Ambas fases de esa libertad (en relación con
  • 66. 73La Declaración del Imputadoel objeto de prueba y en relación con los medios de prueba) encuentran en elCódigo Procesal Penal importantes limitaciones y prohibiciones, que puedencalificarse de absolutas cuando se trata de hechos o circunstancias que la leyno permite verificarlos, y relativas, cuando la ley indica qué medios de pruebadeben utilizarse para acreditar ciertos hechos (como el de la reconstrucción dellugar del hecho o los peritajes).En su primera acepción, el principio de libertad de la prueba otorga facultad aljuez para valorar y acreditar todos los hechos y circunstancias de interés para lacorrecta solución del caso, y hacerlo por cualquier medio permitido. En una se-gunda acepción, admite la posibilidad de utilizar cualesquiera medios de prue-ba (siempre que sean lícitas) para determinar la verdad, sin que, al efecto, debaescogerse sólo los medios de prueba mencionados en el Código Procesal Penal.Es un hecho que el Código Procesal Penal reglamenta diferentes medios deprueba, tales como el registro, el secuestro, la prueba testimonial, la pruebapericial, la prueba documental, los reconocimientos y los careos pero se pro-nuncia por la no limitación de los medios de prueba al establecer la libertadprobatoria. Aunque existe libertad para probar por cualquier medio, todo me-dio de prueba debe estar condicionado por las circunstancias siguientes: a) Referirse al hecho de la acusación b) Contribuir a aclarar la verdad del caso, fijando la responsabilidad penal; c) Ser idóneo, legal e inobjetable, dado que no puede violar los dere chos y garantías del imputado, previstos en la Constitución de la Re pública, los tratados internacionales, y el Código Procesal Penal.Sentencias reiteradas de la Corte Suprema de Costa Rica precisan el principiode admisibilidad de la prueba por contraposición a la oportunidad en la quees ofrecida, solución que probablemente sea importante en la República Do-minicana. Al respecto, mediante Decisión No. 2000-00931, a través de la SalaConstitucional (en Arias Arguedas vs. C.R.,) señaló que:(…) “el criterio para determinar la admisibilidad de la prueba ofrecidapor la defensa es su pertinencia, no la oportunidad de la oferta; de aquíque corresponda declarar sin lugar el reproche, pues la impugnación alu-de a la oportunidad en que fuera ofrecida la prueba y no la impertinen-cia de ella. En concreto dijo el alto tribunal en el caso de cita: « Supuestoque la finalidad del procedimiento es ante todo la averiguación real delos hechos, tanto el Ministerio Público como el juez tienen el deber de in-vestigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñar ningún me-dio legítimo de prueba, sobre todo si ofrecida por la defensa no resulta
  • 67. 74manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando para mejor pro-veer la que sea necesaria, aun si es ofrecida irregular o extemporánea...”.Debe resaltarse que el Código Procesal Penal, en su formulación normativa,destaca la distinción entre el principio de libertad probatoria, del principio desana crítica racional del juzgador. La relación entre esos principios es funda-mental para el correcto desarrollo de la investigación penal y la aplicación dejusticia.El primero de ellos se refiere a la posibilidad de probar cualquier hecho o cir-cunstancia de interés para el caso, como se ha dicho, así como a la libertadde recurrir a cualquier medio de prueba; mientras que el principio de críticaracional o “sana crítica” se refiere a la libertad del juez de apreciar los mediosde prueba aportados y asignarles un determinado valor según las circunstan-cias, para sustentar su decisión, con exposición de las razones que lo inducen aotorgarle credibilidad o no a la prueba. Por tanto, si es cierto que todo se puedeprobar, y se puede probar de cualquier manera con tal de que se haya obtenidoe ingresado al proceso de manera lícita, no menos cierto resulta que es el juezquien debe valorar esas pruebas y decidir, particularmente el Magistrado Juezde la audiencia preliminar, cuál de ellas es “suficiente” o no para permitir aper-tura a juicio.¿Qué le ordena al juez de la audiencia preliminar, específicamente, el CódigoProcesal Penal, en torno a la prueba?Art. 300.- Desarrollo de la audiencia. El día señalado se realiza la au-diencia con la asistencia obligatoria del ministerio público, el imputado,el defensor y el querellante. Las ausencias del ministerio público y deldefensor son subsanadas de inmediato, en el último caso, nombrando undefensor público o permitiendo su reemplazo. El juez invita al imputadopara que declare en su defensa, dispone la producción de la prueba yotorga tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensio-nes. El juez vela especialmente para que en la audiencia preliminar nose pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio. Si no es posiblerealizar la audiencia por ausencia del imputado, el juez fija nuevo día yhora y dispone todo lo necesario para evitar su suspensión. A solicituddel ministerio público o del querellante, el juez puede ordenar el arresto.En cuanto sean aplicables, rigen las reglas del juicio, adaptadas a la sen-cillez de la audiencia preliminar. De esta audiencia se elabora un acta.Queda claro que el Magistrado Juez no puede permitir que en la audienciapreliminar se pretenda resolver cuestiones propias del juicio de fondo. Lo quesí debe y puede hacer es:
  • 68. 75La Declaración del Imputadoa) Subsanar las ausencias del ministerio público o la defensa del im-putado;b) Pedir al imputado que declare en su defensa lo que le parezca con-veniente, si el imputado quiere hacerlo;c) Poner a disposición de cada parte las pruebas de cargo y descargo,concediéndoles el tiempo necesario para que fundamenten sus pre-tensiones.Sin duda, la misión procesal del Juez de la Audiencia Preliminar es la de velarpor el cumplimiento del debido proceso, hecho lo cual cumple el mandato delartículo 303 del Código Procesal Penal, si procede, y dicta auto de apertura ajuicio exclusivamente cuando considere que la acusación tiene fundamentossuficientes para justificar la probabilidad de una condena.Pero ello no quiere decir, que el Juez entre en consideraciones propias del juiciode fondo. Esto es, el Juez de la Audiencia Preliminar no parece estar legalmenteapto para considerar si las pruebas son suficientes o insuficientes: lo que el Có-digo dice es que ese juez debe verificar si la acusación tiene fundamento o no,para lo cual no es necesario valorar la prueba, sino determinar someramente sila prueba aportada fue lícitamente obtenida; si se relaciona con los hechos y sipudiera ser apreciada por el Juez de Fondo.• El principio de licita obtención de la pruebaAunque existe libertad para probar por cualquier medio, todo medio de pruebadebe para ser valorado, debe estar condicionado a que debe:a) Referirse al hecho de la acusación.b) Contribuir a aclarar la verdad del caso, fijando la responsabilidadpenal del imputado;c) Ser idóneo, legal e inobjetable dado que no puede violar los de-rechos y garantías del imputado, previstos en la Constitución de laRepública, los tratados internacionales, y el Código Procesal Penal.Sentencias recurrentes de la Corte Suprema de Costa Rica precisan el principiode admisibilidad de la prueba por contraposición a la oportunidad en la quees ofrecida, solución que probablemente sea importante en nuestro caso. Alrespecto, mediante su dictamen Nro. 2000-00931,18 a través de la Sala Consti-tucional (en Arias Arguedas vs. C.R.,) señaló que:
  • 69. 76(…) el criterio para determinar la admisibilidad de la prueba ofreci-da por la defensa es su pertinencia, no la oportunidad de la oferta; deaquí que corresponda declarar sin lugar el reproche, pues la impugna-ción alude a la oportunidad en que fuera ofrecida la prueba y no laimpertinencia de ella. En concreto dijo el alto tribunal en el caso de cita:« Supuesto que la finalidad del procedimiento es ante todo la averigua-ción real de los hechos, tanto el Ministerio Público como el juez tienenel deber de investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desdeñarningún medio legítimo de prueba, sobre todo si ofrecida por la defensano resulta manifiestamente impertinente, e inclusive ordenando paramejor proveer la que sea necesaria, aun si es ofrecida irregular o extem-poráneamente.Valor Probatorio de la Declaración del Imputado Sobre la Comisión de un CrimenUn ejemplo revela las complejidades de la declaración del imputado y puedeservir para clarificar lo hasta aquí expuesto en esta obra. Supongamos que unapersona, de manera espontánea, se presenta a las autoridades poniendo de ma-nifiesto que desea declarar sobre un hecho determinado. En el curso de su rela-to el sujeto manifiesta, “que dos meses atrás mató a un vagabundo, que escondiósu cuerpo en cierto lugar y el arma empleada la tiene en su poder.”A consecuencia de ello se inician las investigaciones, comprobándose que,efectivamente, el cadáver se hallaba enterrado en el sitio indicado, y registradoel lugar, se secuestra el arma que, produjo la muerte y pertenece al declarante.De acuerdo a lo hasta aquí dicho, puede sostenerse que:A) El imputado ha declarado voluntariamente en los términos del Art. 102 delCódigo Procesal Penal, y su declaración solo es válida en justicia, si la hace conla presencia y asistencia de su defensor, a la luz de las prescripciones legales delartículo 104 del citado código Procesal Penal. El ministerio público competenteguiará la investigación y posibilitará, válidamente, el hallazgo del cadáver, elsecuestro del arma, y la consecuente realización de la pericia.B) Si la declaración del imputado fue recibida sin la presencia de un defensor,impide que se la utilice en su contra, por mandato del Art. 110-CPP, que orde-na la exclusión por inobservancia de los preceptos relativos a la declaración delimputado, que formalmente impiden que se la utilice en su contra, aun cuandose haya infringido alguna regla con su consentimiento.Pero subsiste el hallazgo de un cadáver y un arma, en poder del declarante im-putado. ¿No impone la valoración armónica de la prueba el deber de conjurar
  • 70. 77La Declaración del Imputadoel prurito formal excesivo a favor del imputado y aceptar la declaración comobuena y válida a fin de lograr el descubrimiento de la verdad, y la aplicación dejusticia, que es un servicio público de primer orden? En la actualidad, y con-forme la regla procesal y constitucional que protegen al imputado, pareceríaimposible condenar al declarante en las circunstancias fácticas indicadas, quele cabria acogerse al derecho de permanecer callado, no obstante el cadáver, elcuerpo del delito, y el arma, este sistema de justicia penal parece que habrá quemejorar, y lograr cubrir los vacios procesales a fin de lograr la responsabilidaddel declarante imputado.La declaración del imputado y su relación con la acusaciónLos actos conclusivos de la investigación penal son, concretamente: 1.- La soli-citud de apertura a juicio mediante la acusación; 2.- La aplicación del procedi-miento abreviado mediante la acusación correspondiente y 3.- La suspensióncondicional del procedimiento, tal como lo dispone el Art. 293 del Código Pro-cesal Penal, según el cual:Art. 293.- Actos conclusivos. Concluida la investigación, el ministeriopúblico puede requerir por escrito: 1) La apertura a juicio mediante laacusación; 2) La aplicación del procedimiento abreviado mediante laacusación correspondiente; 3) La suspensión condicional del procedi-miento. Junto al requerimiento, el ministerio público remite al juez loselementos de prueba que le sirven de sustento.Como se ve, dentro de los actos conclusivos no se encuentra el dictamen dearchivo, regulado por el Art. 281 del Código Procesal Penal, como una facultaddel órgano investigador, pero sujeto a la aprobación del Magistrado Juez (Art.283 in-fine). De acuerdo a este texto procesal:Art. 283.- Examen del juez. El archivo dispuesto, en virtud de cualquie-ra de las causales previstas en el artículo 281 se notifica a la víctima quehaya presentado la denuncia y solicitado ser informada o que haya pre-sentado la querella. Ella puede objetar el archivo ante el juez, dentro delos tres días, solicitando la ampliación de la investigación, indicando losmedios de prueba practicables o individualizando al imputado. En casode conciliación, el imputado y la víctima pueden objetar el archivo, invo-cando que ha actuado bajo coacción o amenaza. En todo caso, recibidala objeción, el juez convoca a una audiencia en el plazo de cinco días.El juez puede confirmar o revocar el archivo. Esta decisión es apelable.Por supuesto, no es el propósito de esta obra analizar cada acto conclusivo dela investigación por separado, y al examen de sus particulares presupuestos de
  • 71. 78procedencia; sino advertir que la única nota en común es que todos son con-siderados legalmente como actos que concluyen con la fase preparatoria, y eslo recogido en dicha fase lo que sirve de antecedente y fundamento para suterminación. De allí la importancia para el ministerio público de dirigir correc-tamente la investigación, y si entre los elementos probatorios de cargo figura ladeclaración del imputado, con mayor razón todavía, como se dirá más adelante.La fase de investigación tiene como finalidad la búsqueda, identificación y ase-guramiento de los elementos que servirán de fundamento para el acto conclu-sivo de acusar. Dirigir correctamente la investigación penal asegura la toma deuna decisión correcta para su conclusión, por ello, el ministerio público “comoórgano acusador debe ser cada día más cuidadoso, técnico y científico, paralograr la integración de la investigación de conformidad con la Ley” y así evitarperjuicio en detrimento en la persona investigada, sus bienes y su familia.Se ha sostenido que la fase preparatoria consiste en la recolección de todos loselementos probatorios para poder fundamentar una acusación; básicamente,“se trata de superar un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de todosaquellos medios que puedan aportar la información que acabe con esa incerti-dumbre”. La fase de investigación se caracteriza por la orientación a la reco-lección, identificación y preservación de datos que determinen la existenciao no de un hecho delictivo y determinar a su autor. En esta etapa existe unacierta ignorancia respecto a lo que el investigador trata de conocer, y una vezsuperada la incertidumbre y obtenido un cierto grado de información ciertay de credibilidad sobre la acción criminal del investigado-imputado se podrásometer la acusación.En este sentido, si se cree que el enjuiciamiento sólo debe ser sufrido por el im-putado, cuando existan elementos de pruebas suficientes para ello, que debenser determinados antes de disponer apertura de la subsiguiente fase procesal.Sólo de esta manera se estará garantizando a todos los ciudadanos, no ser per-seguidos injustamente, llevados ante los tribunales y sometidos a un procesojudicial sin fundamento, característico de países donde no existe un verdaderoEstado de Derecho.Hay que resaltar la importancia de llevar a cabo una correcta investigación pe-nal, el atento desempeño del Magistrado Procurador Fiscal investigador, asícomo el apego a la ley y a las formas procesales para el cumplimiento de susfunciones, que regulan su actividad en el proceso penal, son las que objetivansu actuación.Sobre una correcta actividad indagatoria es que el ministerio público podrátomar la decisión justa que legalmente corresponda, y aun más delicada será
  • 72. 79La Declaración del Imputadosu labor de investigación si el acto conclusivo es una acusación, pues como yaes obvio: “la acción penal es un arma formidable, que implica la activación deun mecanismo que puede conducir a la restricción de la libertad y la propiedadde las personas, por no mencionar el carácter infamante ínsito en la condenapenal. Incluso cuando termina con la absolución, el proceso penal implica unadura prueba para el imputado, en términos psíquicos, económicos e, incluso, deestima social”.Ahora bien, cuando la acusación se fundamenta en la declaración de culpabili-dad del imputado, sin que otros elementos probatorios hayan sido ingresados,existe la posibilidad de silencio y de retractación en la jurisdicción de juicio,por parte del imputado.Una excepción al principio de oralidad, establecido por lo prescrito por la in-fine del Art. 312, que declara sin valor cualquier otro elemento de prueba quepretenda ser incorporado al juicio por medio de lectura.El citado artículo dispone como sigue:Art. 312.- Excepciones a la oralidad. Pueden ser incorporados al juiciopor medio de la lectura: 1) Los informes, las pruebas documentales y lasactas que este código expresamente prevé; 2) Las actas de los anticiposde prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten al tribunal la com-parecencia personal del testigo, cuando sea posible; 3) Los informes deperitos, sin perjuicio de que los peritos deban concurrir para explicar lasoperaciones técnicas realizadas y las conclusiones a las que han llega-do; 4) Las declaraciones de co-imputados que se encuentren en rebeldía,registradas conforme a este código. Cualquier otro elemento de pruebaque pretenda ser incorporado al juicio por medio de la lectura, no tienevalor alguno.Enfrentado a la realidad procesal que implica el cambio de la declaración delimputado, o mejor dicho, su franca retractación, el ministerio público se veríaobligado a acudir a una interpretación extensiva del Art. 315.5 del Código Pro-cesal Penal: dispone ese texto, en relación con la continuidad y suspensión deldebate, que es posible suspenderlo por un máximo de diez (10) días cuandoalguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones sustancialesen el objeto de la causa, y hace indispensable una investigación suplementaria.Si la retractación se produjo durante la audiencia preliminar, se trataría de unafase procesal anterior a “los debates” propiamente dichos.No parece razonable que por “debates” deba entenderse la discusión argumen-
  • 73. 80tal sobre las pruebas ante el Magistrado Juez de la instrucción, como ocurría enel procedimiento criminal.Cuando el Legislador habla de “debates” hace referencia al principio del contra-dictorio que rige todo el proceso.De esa manera, debe entenderse que, como el juicio es oral, en cualquiera delas fases del proceso penal es posible “debatir”, y por tanto en cualquier etapa esposible “retractarse” de una declaración, aperturando asimismo la posibilidadde suspender el proceso para los fines de la investigación “suplementaria”, estoes, para que el ministerio público que acusó en base sobre la declaración delimputado, pueda, en preservación del derecho de defensa que, a su vez, garan-tiza la igualdad procesal, (Art. 11-CPP), encontrar prueba de cargo suficientey lícita. De todas formas el plazo para hacerlo (10 días) es realmente breve,aunque no se puede pretender su ampliación porque afectaría los plazos deduración del proceso.• El cambio de acto conclusivo del ministerio público (acusación) relacionado con la declaración del imputado.Existe la llamada “doctrina de los propios actos”, la cual impide que, el ministe-rio público, pueda actuar en franca contradicción o desconocimiento de actosanteriores de su propio ministerio, o realice variaciones al acto de tal mag-nitud que impliquen una clara incoherencia. Dicha doctrina “veda desplegaruna actividad procedimental que se reveló incompatible en una anterior”, pues“nadie puede válidamente ir contra sus propios actos”. Está claro que para acusarse requiere de elementos probatorios “suficientes” y “lícitamente obtenidos”, o“lícitos”.Entonces, si el ministerio público ya ha acusado, se supone que dichos elemen-tos existen y de ellos debe haber constancia en el escrito acusatorio, de estamanera ¿cómo se puede cambiar de acto conclusivo si ya se fundamentó unaacusación? ¿Cómo poder fundamentar posteriormente un dictamen de archi-vo si anteriormente se aseguró que existían elementos para acusar? Cómo sepuede decir en fecha posterior que dichos elementos ya no son suficientes ose evidenció una causal de archivo de las expuestas en el Art. 281 del CódigoProcesal Penal, que prescribe:El Ministerio Publico puede disponer el archivo del caso mediante dicta-men motivado, cuando: “1) No existen suficientes elementos para verifi-car la ocurrencia del hecho. 2) Un obstáculo legal impide el ejercicio de laacción. 3) No se ha podido individualizar al imputado. 4) Los elementos
  • 74. 81La Declaración del Imputadode pruebas resultan insuficientes para fundamentar la acusación, y noexiste razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos. 5)Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser consideradapenalmente responsable. 6) Es manifiesto que el hecho no constituye unainfracción penal. 7) La acción penal se ha extinguido. 8) Las partes hanconciliado. 9) Procede aplicar un criterio de oportunidad. En los casosde los numerales 1, 2, 3, y 4 el archivo no puede ser modificado, mientrasno varíen las circunstancias que lo fundamentaron, o se mantenga elobstáculo que impide el desarrollo del proceso. En los casos de los nu-merales 5, 6, 7, 8 y 9 el archivo extingue la acción penal. En todo casoel archivo pone fin a cualquier medida de coerción contra el imputado.”El ministerio publico está en la obligación de encontrar nuevas circunstanciasfácticas, que hagan evidente y necesaria la razón para dictar otro acto conclu-sivo distinto al ya emitido. Esa sería la única razón por la cual el ministeriopúblico puede cambiar su decisión de concluir una investigación con otro actodistinto al ya emitido. Por ejemplo: si el Ministerio Público acusa, pero luegosurgen nuevos testigos que demuestren la conducta del acusado, como nuncarealizada, o como presupuesto de un estado de necesidad o de legítima defen-sa, sería absurdo pretender continuar con la acusación y aumentar el perjuiciopara el imputado, y más aún si el Ministerio Público debe actuar de buena fe ycon la objetividad que entre otros textos le exige el Art. 260 del Código ProcesalPenal, cuando ordena que:ALCANCE DE LA INVESTIGACION: Es obligación del MinisterioPublico extender la investigación a las circunstancias de cargo, y tam-bién a las que sirven para descargo del imputado, procurando recogercon urgencia los elementos probatorios, y actuando en todo momentoconforme a un criterio objetivo”. Claro el margen de discrecionalidad esmínimo, y son circunstancias excepcionales las que justificarán el cam-bio de acto conclusivo del Ministerio Publico.Dado el carácter exclusivo del ministerio público en cuanto a realizar o no laacusación, se impone a las máximas autoridades de dicho ministerio públicosupervigilar a este funcionario y sus adjuntos y exigir motivos serios para dic-taminar archivo, se conocen casos excepcionales de dictámenes de archivo sinmotivos jurídicos válidos. Varios textos legales otorgan al ministerio publicoimportantes facultades legales en el Estado de Derecho, de manera especial alde la Ley Orgánica del ministerio publico No. 78/03 Promulgada el 21 de Abrildel 2003, que en su Artículo 6 dispone que:
  • 75. 82”El Ministerio Publico es un órgano del sistema de justicia, garante delEstado de Derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones.Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter pe-nal, en representación de la sociedad, de la puesta en movimiento y delejercicio de la acción pública, proteger a las víctimas y testigos, en el ám-bito de las actuaciones que realice, y ejercer y cumplir todas las demásatribuciones que le confieren las leyes. ”Es amplia y obligatoria la intervención del Ministerio Publico, a la luz de lostextos legales citados en representación de la sociedad, protege a las víctimasy a los testigo.Las atribuciones y facultades legales del ministerio publico, han sido elevadasa categoría Constitucional conforme la última modificación publicada el díaVeintiséis (26) del mes de enero del Año 2011, que en su Capitulo V, sobreel Ministerio Publico ha dispuesto: “Constitución dominicana. Artículo 169.-Definiciones y funciones. El ministerio público es un órgano del sistema de jus-ticia, responsable de la formulación e implementación de la política del Estadocontra la criminalidad, dirige la investigación penal, y ejerce la acción pública enrepresentación de la sociedad.”Más adelante, en su Párrafo I, dispone el mismo texto lo que sigue: “En el ejer-cicio de sus funciones, el Ministerio Público garantiza los derechos fundamentalesque asisten a ciudadanos y ciudadanas, y promoverá la resolución alternativade disputa, disponiendo la protección de víctimas y testigos y defenderá el interéspúblico tutelado por la Ley.”Conforme el artículo 170 de la Carta Magna, que trata sobre la autonomía yprincipios de actuación, “el ministerio publico goza de autonomía funcional,administrativa, y presupuestaria, ejerce sus funciones conforme a los principiosde legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad, de-pendencia jerárquica, objetividad y responsabilidad.”El órgano de gobierno del ministerio público lo es el Consejo General de Pro-curadores, integrado por el procurador general de la República, quien lo pre-sidirá, un procurador general adjunto; tres procuradores generales de corte deapelación; dos procuradores fiscales y un fiscalizador. A excepción del procu-rador general de la República, los miembros serán elegidos por tres años entresus pares.34La función del Ministerio Publico, como titular de la acción pública, despuésde la adopción del nuevo Código Procesal Penal y de la prohibición a las partes34Se han publicado por lo menos dos leyes “orgánicas” del Consejo Superior del Ministerio Público, en revisión al momento de remisión a imprenta deesta obra, por lo que no se citarán más extensamente.
  • 76. 83La Declaración del Imputadode presentar querella por la vía directa ante el magistrado-Juez de la Instruc-ción, se ha tornado vital para la investigación penal y lograr la sanción de losimputados.Irrevocabilidad del acto conclusivo del ministerio públicoEl principio de irrevocabilidad del acto conclusivo, consiste en que el minis-terio público, una vez ejercida la acción penal ante el órgano jurisdiccional nopuede desistir de ella, pues tiene la obligación de continuar hasta que haya de-cisión jurisdiccional que ponga fin al proceso. Dicho principio es de interéspúblico y se refiere a la irrevocabilidad de la acción penal, que cuya acción noes titular, el titular es la sociedad, el es un simple representante de la sociedada la que debe rendir cuentas de su actuación.Como enseña MARTÍNEZ GARNELO, “el principio es pura lógica fundamen-tal de fácil comprensión y de sólido fundamento jurídico, pues el ministeriopúblico no puede desistir de la acción penal porque no le pertenece como si setratara de un derecho patrimonial de carácter privado. 35VÁSQUEZ36recuerda que el ministerio público no actúa en nombre propiosino en representación de intereses públicos y por ello no puede disponer dela acción penal” el ius puniendi tiene carácter público, por lo que admitida laacusación no podría el ministerio público disponer de lo que ya pertenece alproceso”; y que es el Magistrado-Juez, quien debe decidir sobre la acusacióncon sujeción a la ley y al derecho.De su lado, ROXIN entiende que la acción pública no puede ser desistidacuando el tribunal que decide ha abierto el “procedimiento principal”. Agregaque si el procedimiento penal pende ya ante un tribunal y éste ha dispuesto suapertura, la fiscalía no puede sustraerlo del tribunal, que sería su actuación alcambiar su dictamen de acusación por otro de archivo, basado, por ejemplo, enun cambio radical de la declaración del imputado y la imposibilidad de obtenernuevos elementos incriminatorios.En atención a esta doctrina, se tiene que, a riesgo de la absolución prevista porel Art. 337 del Código Procesal Penal, que en su ordinal, primero, ordena quese dicte sentencia absolutoria, cuando no se haya probado la acusación, o estahaya sido retirada del juicio por el ministerio público.El ministerio publico puede percatarse de un error en la acusación, o insufi-ciencia de medios probatorios, y considerar que el acto conclusivo de acusarno debió producirse, o por verificarse una circunstancia nueva, posterior a la35GARNELO Jesús Martínez (2002). La investigación ministerial previa. México: Porrua. Pág. 22.36Vazquez Rossi, Jorge E. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Runconi. Tomo I, Pág. 343.37Roxin, Claus. (1997). Derechop Penal, Parte General. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Madrid: Civitas. Pág. 229.
  • 77. 84acusación, donde impone un cambio inmediato de la decisión del ministeriopúblico y la cesación de la acusación y de las medidas cautelares lo más prontoposible.El ministerio público no debe tener como norte sostener “a toda costa” la acu-sación, ya que el fin es la aplicación de justicia, y si las circunstancias fácticasdemuestran lo contrario, estará en la obligación de solicitar el archivo del ex-pediente, pues tiene como obligación legal, la objetividad en el desempeño desus funciones y debe proteger las garantías constitucionales del imputado, entreellas el debido proceso de ley.Naturalmente, ello no quiere decir que el ministerio público deba representarel interés del imputado, sino que debe representar los intereses de la sociedad,y debe exigir al tribunal, condenar al culpable cuando ello es procedente, comodebe propugnar por la absolución del inocente, ante la más mínima sombra deduda sobre su responsabilidad penal en los hechos objeto de juicio, y sobre lapresunción de inocencia y en base al principio de objetividad que debe dirigirlas actuaciones del ministerio publico. Distinto es el supuesto de retirar la acu-sación sin motivo alguno, en el sentido de no querer sostenerla en audiencia,no asistir al debate o plantear su retiro sin alegar alguna causal o circunstanciaque justifique su retiro. Esta práctica es frecuente en nuestro país. Ello no esposible, sobre la base del principio de irrevocabilidad del dictamen, pero nacela pregunta ¿qué debe hacer la victima de un retiro injustificado de la acusaciónpor parte del Ministerio Publico? Consideramos que ante el retiro de acusa-ción, sin motivos justificativos, sólo será posible exigir legalmente la responsa-bilidad civil, penal y disciplinaria del ministerio público.Así las cosas, lo que sí debe quedar claro es que la cautela, diligencia y objetivi-dad en la conducción de la investigación, debe ser el norte que guíe al ministe-rio público y a los órganos de policía; de esta forma se estará disminuyendo elriesgo de errar o evitar la condenación, así como la brecha entre la verdad realy material, y nos aproximaremos a la decisión que concluya la investigacióncon certeza jurídica. La posibilidad de plantear un cambio brusco en el actoconclusivo de acusación, será mínimo y tratar de lograr que la actuación delministerio público tenga fuerza suficiente para conseguir las pruebas u lograrel enjuiciamiento del imputado y conseguir la aplicación de justicia.
  • 78. 85La Declaración del ImputadoCapítulo IVLA DECLARACION DEL IMPUTADO EN ATENCIONA LA AUTORIDAD QUE LA RECIBELa Publicidad del Proceso PenalLa exposición pública de los imputados y los procesos que se les siguen enlos tribunales plantea un conflicto de intereses entre el derecho penal y elejercicio del periodismo en una sociedad democrática, conflicto que nopuede, de ninguna manera, ser resuelto con la descalificación de alguna de lasdos actividades en cuestión.Entre los doctrinarios modernos, como BOVINO que justifica claramente estaposición al afirmar que “la publicidad del proceso es una garantía irrestricta delimputado, relacionando directamente la publicidad con la exigencia constitu-cional del juicio por jurados, el cual “es, a la vez, una garantía del imputado… yun derecho político de los ciudadanos que consiste en la facultad de participaren las decisiones más relevantes de la administración de justicia”.38El hecho de que los procesos judiciales puedan ser objeto de información públi-ca o divulgación, se fundamentaría en el derecho a informar sin censura pre-via dispuesto por la Constitución dominicana en su artículo 49, ordinal 2, queordena que “Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentesnoticiosa, oficiales y privadas de interés público de conformidad con la Ley” demodo que los tribunales son fuentes noticiosas de interés público, pero es underecho cuyo ejercicio debe ser reglamentado por una ley adjetiva, en razón lapublicidad de un juicio en los medios noticiosos pudiera afectar el honora y laconsideración de las personas imputadas.La publicidad como elemento perjudicial en el proceso penal: justificación nor-mativa y jurisprudencialSe afirma que la publicidad de un juicio es perjudicial para el imputado, enla medida en que daña su imagen y prestigio, al presentarlo como un sujetocontrario al orden social, violándose el principio denominado “Estado de Ino-38BOVINO, Alberto. (1997) Publicidad del juicio penal: la televisión en la sala de audiencias. En: Libertad de Expresión y Derecho Penall. BuenosAires> Del Puerto. Pág. 11.
  • 79. 86cencia”, en virtud del cual: “toda persona acusada de delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad con sentencia irrevo-cable, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todaslas garantías necesarias para su defensa”.En este sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto In-ternacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericanasobre Derechos Humanos se han proclamado por el derecho a la presunciónde inocencia. Y resulta evidente que los procesos penales tienen importanciajudicial y extrajudicial, pues tienen trascendencia económica al convertirse enfuente importante para la venta de noticias en los medios de comunicación demasas. El inicio de la investigación penal; la situación legal de los imputados ylos autos de apertura a juicio o de no ha lugar, la fijación de las fechas del juicioo la persona misma de los imputados y cómplices de los juicios connotaciónpublica, atraen a los periodistas, que algunos se han especializado en la infor-mación judicial.Así las cosas, es común observar a los periodistas en los pasillos de las salasde audiencias y en los juzgados de Instrucción en busca de informaciones que,desde su punto de vista, son de interés para la población y desde el punto devista del imputado, dicha información difundida de forma prematura, pudieraafectar el honor, la consideración del imputado y de su familia.Los periodistas han sido acusados, reiteradamente, de invadir el proceso judi-cial en busca de elementos relacionados con las declaraciones de los imputados,las pruebas recogidas, la forma de su obtención y todo aquello que pueda con-vertir “en atractiva una noticia”. Imágenes y nombres de los imputados llenanlos espacios informativos de los medios noticiosos, realidad cotidiana, defen-dida por unos y cuestionada por otros, pero que en cualquiera de las dos cir-cunstancias el ejercicio del derecho a informar sobre asuntos jurisdiccionales,somos de opinión que deberá estar regulado por una ley adjetiva.El Magistrado-Juez forma su opinión sobre la responsabilidad penal, del análi-sis desapasionado, imparcial, y racional de los elementos probatorios incorpo-rados al proceso. Suponer que él permanece ajeno a la divulgación mediática;creer que él pudiera permanecer ajeno a la información noticiosa, que por to-das las vías posibles invade su conciencia, no resulta razonable. al contrario, eslógico suponer que el Magistrado Juez es afectado por el juicio mediático de losmedios de comunicación de masas.Tanto si la prensa quiere o no afectar los intereses de alguien, el Magistrado-Juez, con toda probabilidad, escuchará y leerá información sobre un proceso
  • 80. 87La Declaración del Imputadoque le tocará a él decidir. Concederá valor a la noticia, positiva o negativa; po-siblemente evaluara el compromiso entre la percepción pública y el sistema dejusticia en su totalidad, previendo los efectos que una decisión de absolución ocondena en el futuro pueda tener sobre su profesión.Para el Magistrado-Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia la influen-cia de la prensa en materia de justicia es innegable. Ha afirmado, por ejemplo:La prensa dominicana ha sido el gran soporte del proceso de reformajudicial de nuestro país; sus críticas y observaciones han estado presentesen todo el proceso que se inició en el año 1997; vigilante incansable dela conducta de los jueces, funcionarios y empleados; cuantas veces se hainiciado un movimiento de contra-reforma auspiciado por aquellos quehicieron de la justicia un abrevadero, donde satisfacían su sed de favoresy de intereses particulares, nuestra prensa salió al frente de ellos.39Asimismo, el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia sostuvoque los medios de comunicación son, sin lugar a dudas un excelente auxiliar dela Justicia en la medida que contribuye a una mejor, más ponderada y juiciosaadministración de ella por parte de sus funcionarios. Procede, en consecuencia,plantearse la incidencia de la divulgación o publicidad en los procesos penales,en cuanto se refiere a la formación de la opinión del juez.• El secreto en el proceso penal. Límites. Bien jurídico protegido. Crite-rios doctrinalesLa vinculación de una persona a una acción delictiva tiene un carácter dañinopara su personalidad e imagen personal, como consecuencia del estigma queconlleva en la sociedad estar vinculado en alguna acción de tipo penal.Por ello, pareciera absolutamente razonable que los medios de información nodeberían, solo en caso de evidente interés público, difundir imágenes y nom-bres de personas involucradas en una acción penal.• Bien jurídico protegido por el secreto en el proceso penalDefiniendo el bien jurídico protegido por la regulación del secreto en el proce-so penal. DERIO40afirma que:El contenido de la información periodística, el perjuicio que puede ori-ginar a las personas procesadas, la influencia nefasta que puede ejercersobre ciertas personas y el peligro que de todo pueda derivarse para toda39SUBERO Isa, Jorge. De la libertad de expresión en la Constitución Dominicana. Discurso pronunciado en ocasión de la IV Conferencia de Mediosde Comunicación: Construcción de la Noticia Judicial. Documento electrónico disponible en www.suprema.gov.do40DERIO, Enmanuel. (1983). Cuestiones éticas y jurídicas de la información., España: Ediciones Universidad de Navarra, Pág. 62.
  • 81. 88la sociedad, el interés que el público o parte el público parece demos-trar y el lugar que, en consecuencia la destinan los medios de infor-mación...todos esos elementos justifican que exista una preocupacióny se preste atención al asunto.• El secreto en el derogado Código de Procedimiento CriminalEn el Código de Procedimiento Criminal no existía ninguna norma que obli-gara a mantener en secreto la investigación penal, ni el juicio. La SupremaCorte de Justicia tuvo oportunidad de manifestarse sobre el secreto en la fasede instrucción, habiéndose manifestado lo siguiente:(…) El secreto de la “instrucción preparatoria”, es una forma de admi-nistrar justicia no escrita en el derecho dominicano. Muy por el con-trario, sin embargo, nuestra Constitución en su artículo 8, sí es claray precisa, indicando los formatos procesales que deben de tomarse encuenta para salvaguardar el derecho de defensa. (Sentencia de fecha 09de julio de 1998. B.J. No. 1052, Vol. I, Pág. 219).Sin embargo, al tratarse de un Auto de la Cámara de Calificación, la Corte deCasación entendió que:… los acusados pueden proponer ante los jueces del fondo todos los medios dedefensa tendientes a su descargo o a la modificación de la calificación que sehaya dado al hecho; además de que los autos decisorios de las cámaras de cali-ficación ordinarias, no están incluidos dentro de los fallos dictados en últimainstancia susceptibles de ser conocidos en Casación; omitiendo pronunciarserespecto del secreto en la instrucción.• El secreto en la legislación procesal penal vigente: fundamentoEn la actual legislación Procesal, sí existen disposiciones expresas sobre el se-creto. De hecho. el límite del secreto es la investigación preliminar: supera-do el estado inicial de la búsqueda de la verdad, el secreto cede paso al deberde información, esto es, interviene la libertad de información y de expresión,siempre que no se afecten ciertos bienes jurídicos como la seguridad nacionalo industrial, la reputación, la presunción de inocencia o similares garantías delimputado.De modo que el bien jurídico protegido con el secreto de la instrucción, o la po-sibilidad de restringir la publicidad durante la celebración del proceso, resulta:
  • 82. 89La Declaración del Imputado a) En cuanto al imputado: la dignidad, la honra, el derecho albuen nombre o prestigio del imputado; así como el estado de inocencia de quegoza hasta la evacuación de la sentencia definitiva; b) En cuanto al proceso: la divulgación de secretos que podríanafectar la industria, el comercio o la seguridad nacional.Lejos de ayudar al imputado, para que su juicio se desarrolle dentro de loscauces del debido proceso, la divulgación del juicio, como un exceso y viola-ción del principio de presunción de inocencia constitucional y procesal, quese constituye en un elemento distorsionante de la verdad, en la medida en quecondiciona el ánimo del Magistrado Juez y de la población y, se quiera o no,influir en el estado de ánimo del Magistrado apoderado.El ejercicio del periodismo al publicar el proceso penal, no debería constituirun obstáculo para el desarrollo de procesos judiciales, enmarcados en el debidoproceso, respetuosos de los derechos y garantías vinculados con la presunciónde inocencia; el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad todos decategoría constitucional.Asimismo, los procesos penales tampoco deberían ser un limite para el ejerci-cio el periodismo, entendido como la práctica profesional dirigida a informara la población de aquellos asuntos que le son de absoluto interés, pues su co-nocimiento de forma adecuada entraña un beneficio y no un perjuicio para lapoblación.Sobre todo, fundamentado en el alcance del secreto y la publicidad en el proce-so penal; considerando su delicada y peculiar relación durante la investigaciónpreliminar, el juicio de fondo hasta que se obtenga sentencia definitiva, conautoridad de cosa juzgada.El secreto en el proceso penal tiene como fundamento que al Magistrado Juez leinteresa la verdad tanto en los términos en que la expone el imputado como lostestigos, no será necesaria la presencia de personas ajenas al proceso, un públi-co que controle, terceros no involucrados en el litigio, sino tan sólo el indagado,los testigos, algunos asistentes y el ministerio público, es decir, los sujetos quesaben la verdad y los sujetos que buscan extraer esa verdad, ante el MagistradoJuez que podrá acreditar las pruebas y aplicar la Ley.El secreto de la investigación preliminar es una obligación del ministerio pú-blico, como resultado de las disposiciones del artículo 290 del Código ProcesalPenal (CPP), que terminantemente prescribe al respecto lo que sigue:
  • 83. 90Art. 290.- Carácter de las actuaciones. El procedimiento preparatoriono es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser exami-nadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes.Los abogados que invoquen un interés legítimo son informados por elministerio público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputadosque existan, con el propósito de que decidan si aceptan participar en elcaso.Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y lasdemás personas que, por cualquier motivo adquieran conocimiento delas actuaciones cumplidas, tienen la obligación de guardar discreción. Elincumplimiento de esta obligación es considerada falta grave. Cuando elimputado sea un funcionario público a quien se le atribuye la comisiónde una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o setrate de una infracción que afecta el patrimonio público, los medios decomunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que, a juiciodel ministerio público, no perjudiquen la investigación ni vulneren losderechos del imputado.Es claro, que nadie, excepto las partes, sus representantes y el Magistrado Jueztienen derecho a revisar el expediente en la fase de instrucción. Es eviden-te, que el periodista no puede tener acceso al expediente, y que en este casoparticular no es aplicable la norma constitucional de información sin censuraprevia. De hecho, además de crear una falta grave para el Ministerio Público encaso de violar el “secreto del sumario”, el texto procesal obliga a la discrecióninclusive de las partes involucradas.La información difundida en la prensa, sobre el contenido de la acusación, laidentidad de los imputados, las pruebas de cargo y descargo o cualquier otroaspecto relacionado que se pueda difundir, en la fase de investigación y de ins-trucción, constituye una falta para el ministerio publico a cargo de la investi-gación penal.El secreto en fase de investigación tiene como objetivo esencial, impedir que ladifusión prematura de ciertas informaciones estorbe el trabajo del MinisterioPúblico, impida la localización de las pruebas o la búsqueda de los cómpliceso coautores del hecho punible. Es necesario “actuar de manera tal que la infor-mación difundida no pueda perjudicar a los imputados ni implique el riesgo deinfluir sobre la decisión de los jueces que han de intervenir en el caso.41Los periodistas se cuidan de no hablar del culpable, sino del “presunto autor”, yla sola presentación de la información, la imagen del imputado, pudieran sus-tentar la creencia de la culpabilidad. Y todo esto se ha dicho. considerando quela información es veraz. Pero, ¿no puede ser falsa la información? Más aún, la41DERIO, Enmanuel. Obra citada. Pág. 63.
  • 84. 91La Declaración del Imputado“verdad” es la que resulta del proceso, por sentencia irrevocable, con la calidadde la cosa irrevocablemente juzgada.Se hace necesario determinar si el secreto en el proceso penal es parte de underecho más amplio, el de la intimidad personal, que es de origen constitucio-nal y, por tanto, debe ser protegido en todo momento y no puede ceder su lugarante situaciones concretas; en relación con el papel que cumplen los medios decomunicación en su actividad de informar sobre cuestiones de interés judicial.La pérdida de la intimidad de la persona humanaLa información periodística sobre un imputado sujeto a un proceso penal, esuna amenaza potencial a la perdida de la intimidad, como derecho de catego-ría constitucional, lesionado por el ejercicio periodístico, ha dado origen a lanecesidad de procurar protección judicial de aquellas áreas reservadas sobre elderecho al honor y a la intimidad, organizado por el Articulo 44 de la Cons-titución de la Republica, a fin de evitar la repercusión negativa que tendría lainformación, tanto en el ámbito social, como en el marco del proceso, familiar,y en algún tipo de sanción – formal o informal – por el grupo social al quepertenecen.Vivimos en un mundo dinámico, en el que la comuni-cación por diversos me-dios impresos y electrónicos, intenta persuadir nuestras opiniones, nuestrosgustos, inclinaciones políticas.El proceso de convicción pública operado por la pren-sa y los medios de co-municación de masas electróni-cas, se compone de los siguientes elementosacticos:_ La credibilidad de la fuente o del emisor del mensaje, en función de la inten-ción de persuadir._ Las características del mensaje en si mismo: la calidad de los argumentos, laclaridad y organización en la exposición, el énfasis del mensaje, si se basa enaspectos racionales o emocionales._ El canal de comunicación, visual, auditivo, impreso, directo.Ferrajoli sostiene que la híbrida unión de secreto y resonancia en la fase ins-tructoria y en la del juicio oral, implica para el imputado una doble desventaja,tanto del secreto como de la publicidad. Afirma que la primera fase, secreta ysustancialmente inquisitoria, tiende a la degradación del juicio contradictorioy a la consiguiente hipervaloración de las funciones inquisitivas sobre las juris-
  • 85. 92diccionales, cuestión que se agrava en cuanto que, en contraste con la falta depublicidad formal, la fase de investigación viene acompañada de una mayor pu-blicidad de hecho, ya que sólo a esta fase prestan atención más medios.42En la República Dominicana el juicio es lo que ha tenido más connotación pú-blica para los medios de comunicación de masas, y no la instrucción preparato-ria o investigación preliminar, tradicionalmente, no ha tenido tanta importan-cia para la prensa, naturalmente con sus excepciones.El citado autor tiene razón cuando refiere los llamados “rumores en torno alproceso”. Estos rumores –actualmente acrecentados por la desinformación oinformaciones a medias, o malintencionada, con claras tendencias, en la mayo-ría de los casos, a la presunción de culpabilidad del imputado, que brindan losmedios masivos de comunicación acerca de las actuaciones policiales y judi-ciales, en el proceso penal y la estigmatización que produce sobre el imputadono ya la imposición de pena sino el proceso en sí mismo. La publicidad seconvierte en:…una publicidad sólo de las acusaciones –la incriminación, la priva-ción de la libertad o quizá la prueba de cargo– y no también de lasdefensas, transformándose así su función de garantía frente al juez eninstrumento añadido de penalización social preventiva (…).Habrá entonces una publicidad máxima de las hipótesis acusatorias, que con-trasta con el secreto de la instrucción que cubre formalmente las pruebas y dela infravaloración pública del debate contradictorio, no obstante las formalida-des, solemnes y recíprocas, que le garantiza al imputado.Es una paradoja o, mejor, una lamentable contradicción del principio de publi-cidad, una paradoja en el sentido de una publicidad mal entendida o mal diri-gida, con fundamentos muy diferentes a los ético-políticos formulados desdeBeccaria hasta la actualidad. En la publicidad de hecho, como la ejercida porlos medios masivos de comunicación (y que consiste básicamente en el peda-zos de historia que normalmente hace un periodista de las actuaciones judicia-les), no se tiene en cuenta una garantía del imputado ni un derecho de controlciudadano respecto de las actuaciones del poder del Estado, en el sentido desujetarlo mediante la opinión pública, sino que directamente es un medio quepermite verificar si el sistema judicial funciona bien o mal, según la opinión pú-blica funciona bien en la medida en que haya más procesamientos, más prisiónpreventiva, más condenas a treinta años; y funciona mal en caso contrario, y larealidad procesal no siempre es así.42FERRAJOLI, Luigi. (1995) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, prólogo de N. Bobbio, trad. de P. Andrés Ibáñez.
  • 86. 93La Declaración del ImputadoEs insostenible tanto para el sistema de administración de justicia, como parala misma sociedad creer que condenar y encarcelar a los imputados, resolveráel problema de la criminalidad; igual que es maligno pretender controlar elpoder judicial desde las páginas de los periódicos o los micrófonos de algunasemisoras de radio o televisión. Esta publicidad con los llamados “hacedoresde opinión” en ocasiones puede ser una garantía ciudadana en contra de lapeligrosidad del imputado, y publicitar los actos de injusticia, pero también esuna garantía que permite controlar que el Estado por intermedio del ministeriopublico, en un acto de defensa contra “la ola de delincuencia”, pretenda hacerjusticia “encerrando delincuentes peligrosos”, sin dar cumplimiento al debidoproceso de Ley. El efecto inmediato es la estigmatización del proceso penal quesoporta el imputado.Entendido así, el proceso, y no la pena, se convierte “en la moderna estrategiadel control penal”, conclusión confirmada por la realidad judicial de hoy día:inflación de los procesos penales, prevalencia del número de presos en prisiónpreventiva sobre los presos con penas efectivas. La prisión preventiva es unapena en sí misma, anticipada, que genera una “culpabilidad preventiva”, sin jui-cio. Así, la sanción no es tanto la pena formal estatal, sino más bien una penainformal y más terrible: la difamación pública del imputado, que ofende irrepa-rablemente su honorabilidad y sus condiciones y perspectivas de vida y trabajo.La publicidad del proceso penal como un mal mayorLa publicidad del proceso, en consecuencia, se convierte en un mal mayor ypeor que el mal que trata de remediar. Utilizada de esa manera la prensa seconvierte, con ese proceder, en defensora del sistema penal. La solución nopuede ser la censura de todo tipo de información por parte de los medios decomunicación, relativas a causas penales: lo procedente es colocar en su justadimensión el principio de publicidad y la posibilidad de divulgación de los pro-cesos, respetando la intimidad y el honor personal.a) En primer término, considerando que la investigación penales secreta para los terceros, la publicidad debe estar totalmente prohi-bida en esta etapa del proceso. Totalmente prohibida en esta etapa delproceso.b) La publicidad durante la audiencia preliminar: el secretodebe mantenerse durante la etapa intermedia, es decir, hasta despuésde concluida la audiencia preliminar. Pero es de observar que, durantela audiencia preliminar, lo que debería prohibirse es la asistencia demedios de difusión a la audiencia, lo que en realidad no afecta la pu-
  • 87. 94blicidad porque en la sala de audiencias se celebran ordinariamentevarios procesos, por día, y estando llena de personas (otros impu-tados, sus abogados, familiares y allegados) no podría hablarse desecretismo.c) Durante la etapa de juicio, se defenderá la idea de que apartir de la evacuación del Auto de Apertura a Juicio los medios dedifusión puedan tener completo acceso al expediente, las pruebas yel proceso, sin limitaciones de ninguna especie.En la investigación penal, la publicidad busca promover una actuación positi-va sobre el desarrollo del juicio, en el sentido de lograr que los intervinientesactúen de la mejor manera, al saber que su actuación está sometida a la exposi-ción pública. De esta manera, la televisión, la radio y el periódico representanel control inmediato tanto porque llegan a un número indeterminado de perso-nas como porque tienen posibilidades de reproducción sobre lo que en realidadsucede en la sala de audiencia.Juicio mediático y presunción de inocenciaEl texto constitucional mantiene a la presunción de inocencia o estado de ino-cencia como un derecho fundamental del imputado. Es una clara derivación dela disposición constitucional en virtud de la cual (…) En consecuencia, todapersona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmentesu responsabilidad”.Esa norma, expuesta por el art. 69.3 de la Constitución política de la RepublicaDominicana, al crea en favor del imputado un verdadero derecho subjetivoa ser consideradas inocentes de cualquier imputación penal, mientras no sepresente prueba suficiente para destruir dicha presunción y mientras no hayasido juzgado y condenado y que la sentencia condenatoria adquiera la calidadde la cosa irrevocablemente juzgada. La presunción de inocencia, tiene tressignificados diferentes, a saber:1. Como concepto fundamental en torno al cual se construyetodo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamental-mente a establecer garantías para el imputado frente a la actuaciónpunitiva del Estado.2. Como postulado directamente referido al tratamiento delimputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de par-tirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir
  • 88. 95La Declaración del Imputadoal mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento delimputado durante el proceso penal.3. Como una regla directamente referida al juicio, con inciden-cia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa dela responsabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusa-ción, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad noqueda suficientemente demostrada.La Carta Magna sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos fun-damentales, entre ellos el derecho a la libertad -es un derecho subjetivo públi-co- el cual puede limitarse o perderse por la acción persecutora de los órganosde persecución de la acción penal, como el ministerio publico.Es claro, que en la jurisdicción de juicio la publicidad no está prohibida, lapublicidad juega, en ese entorno, un papel relevante, pero debe considerarsepor imperiosa necesidad que mientras no se produzca una acusación la pren-sa no tiene por qué enterarse de la investigación; como también que mientrasesa acusación no produzca una condena definitiva, cualquier opinión públicarespecto de la culpabilidad del imputado es, como mínimo pura especulaciónperiodística.La responsabilidad penal, sólo puede declararse mediante una sentencia firme,la cual además se erige como la única forma de imponer sanciones o penas ennuestro país.La responsabilidad penal se asienta en dos ideas fundamentales: 1) La exigen-cia de auténticos medios probatorios y, 2) El principio de libre valoración porparte del Magistrado-Juez apoderado. Este principio constituye un punto deimportancia, para establecer por sentencia condenatoria que el imputado seaculpable, es menester que la decisión sea definitiva.La exigencia de que nadie puede ser considerado culpable hasta que así se de-clare por sentencia condenatoria definitiva, contiene tres elementos básicos: 1. Una actividad investigativa del ministerio publico cumplida con eldebido proceso de Ley. 2. Que el resultado de la actividad investigativa materialice la aporta-ción de pruebas legítimamente obtenidas; 3. Que el tribunal celebre un juicio o proceso, con las garantías legalescorrespondientes, y emita respecto de la inocencia del imputado un
  • 89. 96criterio negador de la inocencia, es decir, que lo declare culpable, conlos medios de pruebas que destruyen la presunción de inocencia.Cuando su responsabilidad penal ha sido pronunciada por sentencia de unMagistrado Juez, con carácter definitivo, y partir de ese momento debería serconsiderado culpable y podrá presentarlo a la opinión pública, como tal.Antes de ese momento, el imputado goza de la presunción, que es un derechoiuris tantum –hasta prueba en contrario– y, por tanto, en el proceso ha de reali-zarse una actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdadprobada judicialmente.Para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia, es necesarioque de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficienciaprobatoria, o ausencia de pruebas, o que las obtenidas hayan sido obtenidas ile-gítimamente o que el razonamiento de inferencia sea ostensiblemente absurdoo arbitrario, debiendo quedar destruida la presunción de inocencia, cuandoexistan pruebas directas de cargo, o indiciarias con suficiente fiabilidad incul-patoria.La necesidad de afirmar la certeza de los cargos objeto de acusación recae sobreel ministerio público investigador, en cuanto titular de la acusación pública.Es el ministerio público quien habrá de reunir prueba suficiente y necesariapara destruir la presunción de inocencia.Por lo demás, acreditada las pruebas y la imputación hecha valer por el minis-terio público, corresponde al imputado, en caso que así lo entienda procedentesu defensa, probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la res-ponsabilidad penal. En el transcurso de la investigación, el ministerio públicose encuentra sometido al respecto absoluto de ciertas garantías y principios,entre las cuales resalta la de objetividad: su acción debe procurar no solamentelas pruebas que fundamenten la posible condena sino también las de descargoque puedan indicar que el imputado es inocente.Siendo así, no se comprende en absoluto cómo puede imponerse el principio dedivulgación publica en la etapa de investigación; cómo puede admitirse su vio-lación por parte de la prensa, ni cómo se asiste, pacíficamente, al espectáculode farándula judicial en que se pretende convertir los juicios penales. La Cortede Casación lo ha expresado estableciendo que el principio de la “presunciónde inocencia”, denominado también, “principio de inocencia” o “derecho a lapresunción de inocencia” … se fundamenta, en realidad, en un “estado jurídico
  • 90. 97La Declaración del Imputadode inocencia”, puesto que al ser un “estado”, va más allá de la mera presunción,toda vez que es consustancial con el ser humano, y por consiguiente, no debe serentendido éste, sólo como una conjetura o sospecha, sino como hecho que el dere-cho tiene por cierto, sin necesidad de que sea probado. Más importante aún, paralos fines de esta obra, es que la Corte de Casación admite que… ese “estado” nose destruye ni con el procesamiento ni con la acusación, sino con la decisióndefinitiva sobre la responsabilidad penal de quien se acusa y en cuanto a loshechos de la imputación (Sentencia N0. 214, del 31 de mayo de 2006, B.J.1146).Por derivación lógica, si el imputado no es todavía culpable, presentarle comotal en periódicos y noticiarios es un absurdo incalificable, cuyas pretensionesno pueden ser otras que la satisfacción del morbo público sobre el crimen. Estaapreciación se reafirma cada vez que esa divulgación se produce inclusive cuan-do el ministerio público no ha concluido la investigación mediante la solici-tud de Auto de Apertura a Juicio que, en virtud del Artículo 294 del CódigoProcesal Penal. Más claramente aún, la Corte de Casación afirma en la mismasentencia comentada que: (…) este principio o derecho fundamental del quegoza toda persona a quien se le imputa la comisión de una infracción, perma-nece hasta el momento en que se dicta en su contra una sentencia definitiva eirrevocable que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada.En las condiciones en que está planteada la intervención de la prensa puedeinducir prejuicio al Magistrado-Juez, prejuicio que se revela usualmente, me-diante las presunciones de culpabilidad. La condición de culpable no puedaexistir sin una previa declaración jurisdiccional de la culpabilidad penal, conla autoridad definitiva e irrevocable de cosa juzgada.La declaración de culpabilidad debe hacerse, mediante pronunciamiento desentencia firme, que dé término a un proceso judicial regular y legal.Juicio mediático e información verazUn límite específico a la libertad de expresión, es el relativo al derecho a lainformación y a la veracidad en la información recibida. En la actualidad, estáclaramente diferenciado el derecho a la libertad de expresión y el derecho arecibir información, en especial información pública.Estos son dos derechos fundamentales, relacionados entre sí, pero diferencia-bles, pues por lo que hace al primero, se puede manifestar una opinión cuya ve-racidad no pueda ser cuestionada, por considerarse que las opiniones no son niverdaderas ni falsas. En efecto, ante la manifestación de una opinión, el Tribu-
  • 91. 98nal Europeo de Derechos Humanos ha fijado la postura en el caso Oberschilckv. Austria en el sentido de que una opinión pública no puede ser verdadera nifalsa, porque corresponde a juicios de valor y en relación con éstos, no se puedeprobar su veracidad.Ahora bien, es cierto que una opinión es por definición subjetiva y que la ver-dad objetiva es difícil de encontrar, porque no será la verdad lo que se busquesino la veracidad en la información, que es una cuestión diversa, sin embargo,hay márgenes sobre lo que una verdad subjetiva se puede a su vez mover ya nuestro juicio, hay que tender incluso ante las opiniones, que se acerquenlo más posible a la veracidad, sin que pase desapercibido que desde luego lahistoria puede ser contada desde el punto de vista de los vencedores o de losvencidos y que estas dos posturas suelen ser, en cuanto a la arista donde se lemire, opuesta o radicalmente diversa, pero no se deja de estar dentro del mismoabanico de posibilidades y, fuera de ese espectro, la verdad se desvirtúa total-mente e inclusive la opinión pública puede llegar a dañar la honorabilidad uhonra de la persona imputada, pero aun no condenada.Por el contrario, en relación con el derecho a la información, allí sí se debe ten-der a salir de los márgenes de la opinión pública, sobre la que es difícil probarsu veracidad, porque el derecho a la información, implica por quien tiene laobligación de trasmitirla, que ésta sea veraz. Así “una consideración más socialde la libertad de expresión es la que surge del Artículo 5 de la Ley Fundamentalde Bonn, originando en la doctrina del Tribunal Federal Alemán, una valora-ción del llamado “derecho a la comunicación” no solamente como un derechofundamental, sino como una “función social” destinada a la búsqueda de laverdad”. No obstante, hay quienes estiman que la protección de la libertad deexpresión en la mayoría de las constituciones modernas está más relacionadacon el hecho de tener un electorado informado, que con las teorías liberalesacerca de la información sobre la verdad.Estos razonamientos denotan que existe una obvia confusión entre la libertadde expresión y la libertad de información que debe ser veraz, se concluiría queun ciudadano tiene derecho a información veraz en relación con las políticaspúblicas del Estado y sus funcionarios, en relación a la ejecutoria económica delos Alcaldes, senadores, diputados y magistrados-jueces. Al ciudadano siemprese le ha mentido, aunque tiene derecho a recibir información veraz de las insti-tuciones, de los políticos y de los funcionarios públicos, y en caso de no hacerloactualmente disponemos de acciones legales dirigidas a obtener una rendiciónde cuentas de un funcionario público, por ejemplo.
  • 92. 99La Declaración del ImputadoDeclaración del imputado ante la Policía NacionalLos funcionarios o agentes policiales tienen derecho a requerir del imputadosolamente los datos correspondientes a su identidad personal, si no está indi-vidualizado. Esta disposición del Artículo 103 del Código Procesal Penal ofrececobertura para la acción investigativa previa, limitada hasta la individualizacióndel imputado, cuando afirma textualmente: “Oportunidad y Autoridad compe-tente: El imputado no puede ser citado a los fines exclusivos de ser interrogado,ni ser obligado a declarar, salvo que voluntaria y libremente decida hacerlo.En este último caso, durante el procedimiento preparatorio, el imputado puededeclarar ante el ministerio publico, que tenga a su cargo la investigación. Losfuncionarios o agentes policiales, solo tienen derecho a requerir del imputado,los datos correspondientes a su identidad, cuando estos no se encuentran de-bidamente individualizados: Si manifiesta su deseo de declarar, se le hace saberde inmediato al ministerio publico correspondiente. Durante la audiencia y eljuicio el juez o el tribunal deben permitir, al imputado declarar cuantas vecesmanifieste interés en hacerlo, siempre que su intervención sea pertinente, y noaparezca como un medio dilatorio del procedimiento, y sin que está facultadade lugar a indefensión material”, de modo, que el imputado declara ante lasautoridades judiciales, si desea hacerlo, el éxito de la investigación del ministe-rio publico, depende del deseo que tenga el imputado en declarar sobre lo queconozca sobre el ilícito objeto de investigación.El Artículo 91 del Código Procesal Penal, ordena que “Los Órganosde Investigación y Auxiliares: ”Funciones: La Policía por iniciativa pro-pia en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Publico, debeinvestigar los hechos punibles de acción pública, impedir que se lleven acabo, completen o extiendan en su efectos, individualizar a los autores,y cómplices, reunir los elementos de pruebas útiles para determinar laverdad sobre la ocurrencia de los hechos, y ejercer las demás tareas, quele asignan su ley orgánica y este Código.”Individualizar al imputado es identificarlo correctamente, y el mandato generalque se cumple con ella es constitucional: se fundamenta primero que nada enel principio constitucional de la personalidad de las penas, en virtud del cualnadie puede ser condenado por el hecho de otro. La regla consiste en que sólose castigará a la persona por su hecho personal, por la infracción a la ley pe-nal, y dicha sanción deberá caer únicamente contra la persona responsable, demodo que nadie sea castigado por el hecho de otro, sólo podría ser condenadopor su hecho personal.
  • 93. 100El segundo elemento, de base lo define la imputación objetiva, pretende expli-car, a través de criterios lógico-valorativos, en cuáles circunstancias el DerechoPenal puede atribuir un resultado final al autor de una conducta o comporta-miento típico que se encuentra, indefectiblemente, ligado por un nexo causalcon aquél. Es así como, la imputación objetiva sostiene que, un resultado es ob-jetivamente imputable, cuando el autor ha creado un riesgo relevante, el cual serealiza en el resultado típico en su configuración concreta. Es por ello que estapostura puede clasificarse como teoría teleológico - normativa, trascendiendode esta manera, las limitaciones que implica la omisión de juicios valorativosen los procesos causales.En algunas legislaciones se establece expresamente que el imputadotiene el derecho a declarar o no sobre el hecho, y por lo tanto, tieneel deber de declarar sobre sus datos personales o “generales de ley”,como suelen designarse en nuestro país. El texto del Código ProcesalPenal no deja dudas en cuanto a que lo único que pueden pedir losfuncionarios y agentes policiales son “los datos correspondientes a suidentidad” (nombres, cédula, dirección, teléfono, etcétera) y ello sólo“si no está individualizado”. No pueden requerir absolutamente nin-guna información en relación al crimen que se investiga.Esta la sociedad desprotegida contra los antisociales y se respeta así el princi-pio de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, esto es, se respetael criterio de no autoincriminación, sin valorar lo que ello implica en la socie-dad, que ha llevado a algunos a sugerir que ni siquiera es posible requerir esosdatos personales del imputado, tal como lo postula ESER, para quien la obli-gación de declarar en relación con los datos personales parece, de todas manera,incompatible con el privilegio contra la autoincriminación. Si se toma en serio elprivilegio, no queda otro camino que el de reconocer al imputado a no declarar,sin restricciones, que también debe alcanzar sus datos personales.43Esa posturaextrema se fundamenta en que el imputado puede ofrecer datos falsos sobre suidentidad, y esa posibilidad no aparece sancionada en el texto procesal penal.Esa posibilidad, inclusive, induce a la utilización de mecanismos alternativosde comprobación de la información recabada con el imputado.Ahora bien en el futuro habrá que revisar que el derecho a la seguridad socialdebe estar por encima de los derechos de un imputado que ha dado muerte auna Joven estudiante para robar su Cámara Fotográfica. El sistema judicial de-ber ser más efectivo, proveer sentencia de calidad y que den adecuada respuestaa demanda de justicia que a diario hace la sociedad dominicana. De hecho, enEstados Unidos se ha aceptado que no se encuentran dentro del ámbito de lagarantía de no autoincriminación la obligación del imputado de entregar sus43ESER, Albin. (1998). Temas de Derecho Procesal Penal. Lima> IDEMSA, Pá26.
  • 94. 101La Declaración del Imputadohuellas digitales, de ser fotografiado y de otras diligencias de individualizaciónsimilares que no comprometen su integridad personal.Declaración del imputado ante el ministerio publicoAnte el ministerio público el imputado no solamente tiene derecho a declarar sidecide hacerlo, cuando es llamado por el funcionario, el Código le autoriza ne-garse a negarse declarar, salvo que voluntariamente decida hacerlo, ante quientenga a su cargo la investigación, en términos tales que el imputado declara silo desea, no es una obligación a su cargo declarar cuanto separa del crimen quese investiga.El Código Procesal Penal regula, la declaración del imputado ante el ministeriopúblico, de la siguiente manera:a) El derecho de declarar, que lo puede ejercer en cualquiermomento del procedimiento, y tiene también el derecho de guardarsilencio (Art. 102);b) La citación no puede ser exclusivamente para ser interrogadoni obligado a declarar (Art. 103). Esta expresión, “no puede ser obliga-do a declarar”, debe entenderse que no incluye la coacción a declarar,cuando, antes de presentar querella, la parte acusadora privada tratade obtener pruebas y lo hace constituyéndose en “denunciante”.Entonces, asistiendo al primer interrogatorio, se da por enterada de los mediosde defensa del imputado y pasa a constituirse en querellante. En ese supuesto,se recomendaría que si el Ministerio Público decide “entrevistar”, contra quienha recibido una denuncia, no lo haga en presencia del denunciante, que todavíano es parte del proceso.c) El derecho a contar con abogado defensor desde el primermomento de la declaración, sin cuya presencia es nula la declaracióndel imputado (Art. 104).d) La forma en que se debe producir la declaración, esto es, conprevia advertencia de la no autoincriminación, y textualmente el CPPdefine esa declaración como un medio para su defensa, por lo cualno tiene razón de ser que la jurisprudencia continúe considerando ladeclaración del imputado como un medio de prueba, conforme (Art.105-CPP).
  • 95. 102Otras regulaciones codificadas incluyen la forma correcta en que se debe in-terrogar al imputado, respetando las garantías constitucionales y la integridadfísica e intelectual del imputado, para mejor cumplimiento de los fines del pro-ceso penal.La declaración del imputado, debe hacerse constar en acta para poder hacerlavaler en juicio. Dicha acta deberá contener para su validez los siguientes ele-mentos:1º Lugar, fecha y hora.2º Nombre y apellidos del juez, fiscal, del imputado, del abogado defensory del resto de los participantes en el proceso.3º La comunicación al imputado de los derechos y facultades que el Có-digo Procesal Penal y la Constitución le otorga. Especialmente, deberáconstar la comunicación del derecho a abstenerse de declarar y que dichaabstención no podrá ser interpretada en su contra.4º El hecho en concreto que se le atribuye. Al respecto hay que indicar queno basta con consignar en el acta la expresión “se le hizo saber el hechoque se le imputaba”, sino que es necesario detallarlo.5º El contenido de la declaración libre y espontánea del imputado, procu-rando en la medida de lo posible usar su mismo lenguaje. En el supuestoque se abstuviere de declarar, en forma total o parcial, se anotará tambiénen el acta de audiencia.6º Las preguntas del fiscal, las del abogado y las del Magistrado-Juez y susrespuestas.7º La firma de los intervinientes o en su caso, la impresión digital. Si elimputado o alguno de los participantes al acto, no quisiesen o no supiesenfirmar, se expresarán los motivos.Si bien la elaboración del acta no compete al ministerio público, deberá estaratento a que la misma no contenga errores formales, solicitando, al instante,las modificaciones o enmiendas que entendiere necesarias. De lo contrario, ladeclaración que prestó el imputado no podrá leerse en juicio en el caso de queexistan contradicciones o que el acusado no quisiera declarar.
  • 96. 103La Declaración del ImputadoDeclaración del imputado ante el juez de la InstrucciónAnte el juez de la Instrucción o de fondo, o ante el ministerio publico el imputa-do tiene el derecho de declarar o abstenerse de hacerlo, y puede hacerlo cuantasveces manifieste interés, excepto si su intervención resulta impertinente o seutiliza como medio dilatorio.Declaración del imputado ante el juez de fondoEl imputado tiene derecho a declarar como forma de ejercer la defensa, quesupone poder escuchar el contenido de la acusación y la prueba de cargo ydescargo. Atendiendo a ello, se ha sostenido que existe “caducidad del derechoa declarar en el juicio”, cuando éste no se ej rce en la etapa inicial del proceso.Esta posición no parece estar sustentada legalmente.El imputado al declarar, está en la posibilidad de adaptar su declaración, comomedio de defensa, a lo que ha escuchado en el curso de juicio y la acusación delministerio publico, lo que le otorgaría a su versión un mayor valor probatorio.Incentivar al imputado a declarar al principio del proceso y plantear su versiónsobre los hechos, permitiría a los juzgadores valorar de mejor forma la credibi-lidad de la declaración, y podrían luego confrontarla con el resto de las pruebas.Declarar después de la presentación de las pruebas hace perder la posibilidadde confrontar la declaración con las demás pruebas, porque le permite al im-putado agregar a su declaración todos los elementos destinados a explicar, jus-tificar o desmentir las afirmaciones de los testigos o evitar incluir en su declara-ción componentes que sean contradictorios con las declaraciones más creíbles.El imputado de hecho conoce el contenido de la prueba por medio del accesoque ha tenido a la investigación del ministerio publico. No obstante, el princi-pal problema de este razonamiento, es que es contrario a la idea de que la decla-ración del imputado es un medio de defensa tal y como explícitamente lo esta-blece la ley. Esto porque, como hemos dicho, la defensa consiste precisamenteen la posibilidad de responder, de hacerse cargo, de contradecir la prueba y losplanteamientos de la parte acusadora y para hacer esto es oportuno cualquiermomento, especialmente aquellos posteriores a la presentación de la acusacióny la prueba. Es de hecho, después de la presentación de la prueba, el momentoen que el imputado cuenta con mayor información y tiene en consecuencia laoportunidad de responder la acusación de manera más completa, pormenori-zada y eficaz.El derecho a la defensa es una expresión de la autonomía individual, el imputa-do tiene derecho a ejercerla en el momento en que le parezca oportuno, negarle
  • 97. 104esta posibilidad es impedir ejercer el acto fundamental de su declaración, comosujeto procesal, precisamente en la etapa en que esta cobra su máxima expre-sión que es en el juicio oral, público y contradictorio.En consecuencia, reconocer el derecho a la defensa del imputado y su dere-cho a declarar como manifestación de la defensa, supone necesariamente, quepueda ejercerlo en cualquier momento del juicio, en especial después de la pre-sentación de la prueba de cargo, como parte de la presentación de la prueba dedescargo y como ejercicio del derecho de defensa.Y es esto precisamente lo que protege la norma al declarar que el imputadopuede declarar “en cualquier momento del procedimiento”, y que “durante lasaudiencias y el juicio, el juez o el tribunal deben permitir al imputado declararcuantas veces manifieste interés en hacerlo”. Por supuesto, que como en lasdemás actuaciones del imputado en el proceso, el ejercicio de su autonomía leacarrea consecuencias, algunas de las cuales son potencialmente desfavorables.Entre ellas se encuentra la obligación de someterse al contraexamen de partedel o de los acusadores o la posibilidad de lo que diga pueda ser usado en sucontra. Específicamente en relación con la oportunidad de la declaración, esclaro que prestarla en una etapa tardía del juicio puede suponer una merma enla credibilidad de algunas de sus afirmaciones, los jueces saben que el imputa-do declaró habiendo escuchado la prueba y sacarán de ello las consecuenciaslegales que correspondan.Testimonios Especiales• La declaración testimonial de los dementes (como “personas vulnerables”)Esta materia es regulada por el texto del artículo 202 del Código Procesal Penal,que ordena “Testimonios especiales: El testimonio de personas que se encuen-tran en circunstancias especiales de vulnerabilidad puede recibirse en privadoy con la asistencia de familiares o personas especializadas. Cuando se trate depersonas que no pueden expresarse fácilmente en español, o que adolezcan dealgún impedimento manifiesto, se pueden disponer las medidas necesarias,para que el interrogatorio se asistido por un intérprete, o traductor, o se ex-prese por escrito, o de la forma que facilite la realización de la diligencia.” Losenfermos pueden deponer como testigos, en la medida del tipo, característicasy grado de enfermedad que padezcan.La pregunta que se impone es, a saber si este paciente o interno, tiene la capa-cidad intelectiva suficiente o mínima para poder relatar hechos concretos que
  • 98. 105La Declaración del Imputadohaya visto u oído, los cuales serían de interés para la solución de algún proce-dimiento litigioso.Ahora, bien si mantiene algún tipo de anormalidad, pero esta se mantiene aje-na en la coherencia para relatar hechos que haya percibido por sus sentidos,según debidos análisis de especialistas, sería facultad del juez apoderado otor-garle valor probatorio a su declaración, si bien varios autores demuestran elpeligro de tal facultad.44Para hacer una inferencia razonable sobre las relaciones existentes entre unaenfermedad y un determinado acto, los jueces deben ser informados en detalle.No bastan las etiquetas que nada explican (esquizofrenia, paranoia, psicosis...).La explicación del origen, el desarrollo y las manifestaciones de las enferme-dades son funciones de los peritos. El valor probatorio del testimonio, procededel modo en que se fundamenta su opinión y de las razones que le llevan a es-tablecer sus conclusiones. Las inferencias últimas, las razones de causa a efecto,competen a los que enjuician los hechos.En la determinación de la aceptación o rechazo de un testigo, sea que el mismose encuentra privado de sus derechos por alguna enfermedad mental declara-da en juicio o se aduce esta para impedir su declaración, si el órgano judicialopina que existen suficientes elementos de duda, debería nombrar a un peritoexperto para que examine al testigo potencial y luego de un exhaustivo análisisdetermine y presente pruebas sobre si este puede prestar declaración o no congarantías sobre el tema de que se trate.Es la postura de Freedman, Kaplan y Sadock ya citada, dado que su estudiodemuestra que es una cuestión relativa, puesto que una persona puede estarcapacitada para hablar sobre determinados temas con absoluta facilidad, perodesorientarse y ser muy imprecisa con respecto a otros. En un procedimientojudicial, el experto puede facilitar en gran medida las decisiones, respecto deque se admita o no la declaración de que se trate.La declaración testimonial de Niños, Niñas y AdolescentesPor muchos años, se dudó acerca de la competencia de los testimonios vertidospor los niños, a causa tal vez del escepticismo en la comunidad legal, sobre lacapacidad de los niños para brindar un testimonio veraz, preciso y coherente.45Se ha dicho que los niños como testigos no son tan buenos como los adultospara observar y recordar acontecimientos, que son propensos a las fantasías,que son altamente sugestionables, que son relativamente incapaces de distin-guir entre realidad y fantasía y que son propensos a las fábulas.4644FREEDMAN, Alfredo et al. (2002). Obra citada. Pág. 2682.45Ver Art. 310 del Código del Menor, Ley 136-03.46GARRIDO y Marín, Eugenio et al. Evaluación de la credibilidad del testimonio: una revisión de los fundamentos teóricos, orígenes, evolución yestado actua del Análisis dde Contenido basado en Criterios. Lima: Grijley, Pág. 66.
  • 99. 106Para el derecho penal, el menor es la persona inimputable por razón de la edad,haciendo expresa referencia a su capacidad, a su discernimiento. En la histo-ria de la justicia de menores han existido múltiples intentos de encontrar unequivalente personal o psicológico al concepto de imputabilidad, es decir, ala existencia de plena responsabilidad. Los legisladores han entendido que esacapacidad que otorga responsabilidad penal no siempre se adquiere a la mismaedad, ni es válida en cualquier situación o circunstancia. Esto llevó a la prácticanormativa, en dejar muchas veces amplios intervalos, en lo que a la capacidadde un menor se refiera a criterio del Juez.Dejando de lado la falta de rigor científico que supone, que tal estimación nosea realizada por un profesional de la psicología del desarrollo humano, esteplanteamiento, en el fondo también entra en conflicto con el propio derechopenal,47dado que un código busca una precisión, una conducta típica a la cualaplicar el derecho, con respecto a la capacidad, al discernimiento, al raciocinio,a la madurez psíquica, a la capacidad de juicio o a la capacidad moral.En algunos países, si bien el Legislador intenta no dejar fuera algún testimonio,no reconociendo incapacidades particulares para ser testigo, es absurdo tam-bién que comparezcan a declarar niños de muy escasa edad. Por esto se con-sidera, que existe un primer momento que viene a tratar la capacidad para sertestigo, capacidad que se entiende por la posibilidad de percibir lo que aconteceen el respectivo entorno, a la retención de percepciones y a la reproducción enun momento posterior del conocimiento percibido.Pero, alcanzada esta capacidad testifical, se hace necesaria, la capacidad de dis-cernimiento que se puede obtener antes de la pubertad, dado que los menoresson personas en desarrollo.Al promulgarse la Convención sobre Derechos del Niño, se produce una trans-formación decisiva en las diferentes legislaciones internas de cada país, dadoque este estatuto de garantías jurídicas de la niñez repercute no solo sobre loselementos e instituciones clásicas, sino también sobre los derechos y deberes detodos los que lo rodean. El derecho a ser oído, tiene su recepción en el Art. 12de la Convención al establecer que “los estados partes garantizarán al niño...elderecho de expresar su opinión libremente...en función de la edad y la madurez...y se dará al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicialo administrativo...”,48al punto que el destacado constitucionalista argentino Dr.Bidart Campos afirma “ ...digno de todo elogio es el pedido fiscal que citó a unmenor de 15 años a prestar declaración indagatoria... ya que no debe verse endesmedro del menor imputado sino a la inversa, como la forma de darle la inter-vención necesaria, que por su edad tiene derecho, conforme a las reglas del debidoproceso...”. 4947FERRAN Casas. (1998). De Infancia y Perspectivas Psicosociales. Paidós, Pág. 233.48CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Art. 12, incisos 1 y 2.49BIDART Campos, Germán. (1993). La indagatoria de un menor de 15 años en una causa penal. En: El Derecho. 19 de noviembre. Pág. 4.
  • 100. 107La Declaración del ImputadoEn las legislaciones europeas, particularmente en las promulgadas después dela Convención, se pueden observar cambios que pueden llegar a contribuir enalguna medida, en la mayor participación de la niñez y la adolescencia en nues-tra sociedad.Es necesario superar ciertas incongruencias existentes en los sistemas legalespara lograr un valioso testimonio infantil. Algunos informes presentados anteel Comité de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Convención, porpaíses que la han ratificado, han estructurado la escala de edades reconocidaspara ejercer estos derechos en las diferentes legislaciones nacionales. Compa-rarlas entre sí desde la perspectiva infantil, nos permite visualizar rápidamentemuchas incongruencias de los sistemas de adultos para con sus menores. En laRepública Dominicana el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-centes no ha regulado el testimonio de niños tal como debería hacerlo.Muchos sistemas han mantenido o mantienen serias contradicciones internasentre las edades en que se exigen determinadas responsabilidades, y las queotorgan derechos relacionados, como en el caso de tener establecida la mayoríade edad penal antes que la civil. En algunos países, como en Argentina y lamisma República Dominicana, ante la realidad social del delito, se proponensoluciones atendibles, como la de disminuir la edad de imputabilidad penal,demostrando la incongruencia existente relacionada directamente con la plenacapacidad civil; dando una pseudo respuesta a la necesidad de soluciones parala delincuencia juvenil.Si los niños y niñas pueden ser una valiosa fuente de información para la justi-cia, hoy en día, parece estar en la transición del propio cuestionamiento.El problema que se han planteado los juristas desde tiempos remotos, posible-mente muchos antes que otros profesionales relacionados con la infancia, no esestrictamente el del interés de la información infantil, sino el de su capacidadpara expresarla adecuadamente la información.Aunque el tema ha sido estudiado en diferentes ámbitos, desde el florecimientode la psicología jurídica, se ha ido construyendo un corpus de investigacionesen relación directa con la niñez y su testimonio.El punto más discutido es el que se relaciona directamente con fiabilidad a lostestimonios vertidos por niños y niñas. Sus principales objeciones pueden serconsideradas en 6 categorías:- La memoria de los niños y niñas no es fiable.- Los niños y niñas son egocéntricos.
  • 101. 108- Los niños y niñas son altamente sugestionables.- Los niños y niñas tienen dificultad para distinguir entre realidad y fantasía.- Los niños y niñas hacen exposiciones falsas, particularmente acerca de agresiones sexuales.- Los niños y niñas no comprenden el deber de decir la verdad ante los funcionarios y magistrados. “...sería interesante imaginar, hasta que punto podemos asegurar, en cada uno de los fundamentos a la negativa de la declaración, si sería realmente mas fiable, si en lugar de niños, fueran adultos.” En base a estas objeciones, la postura opuesta ensaya algunas respuestas a sus fundamentos como estos:- la fiabilidad de los testimonios infantiles con relación a su memoria, depende de cómo se formulan las preguntas. La supuesta falta de fia bilidad no es razón suficiente como para utilizar el testimonio con cautela.- El egocentrismo infantil, se ha asociado a la debilidad mental. No obstante, el egocentrismo, según numerosas investigaciones, es algo natural en todas las personas, dejando de lado la edad en que se en cuentren.- La investigación psicológica ha demostrado que niños y niñas, como así también los adultos, pueden ser ciertamente sugestionados, pero este riesgo puede minimizarse en la entrevista con el especialista.- Hay pocos estudios en cuanto a establecer las condiciones de los niños y niñas en relación con la distinción entre realidad y fantasía, sin embargo, algunas de ellas establecen que no tienden a confundir lo que han imaginado o hecho con lo percibido. La única diferencia radica en que los niños son inferiores a los adultos discriminando acciones realizadas por ellos mismos, de las acciones que han imagi nado que ellos realizaban.- El tema de las alegaciones falsas de los niños y niñas es bastante com plejo. Seguramente, un menor de edad inmerso en el proceso de sepa ración de sus padres, puede ser manipulado por alguno de ellos; sin embargo, es más fácil descubrir una mentira infantil que una realizada por un adulto.
  • 102. 109La Declaración del Imputado- Los estadios del desarrollo moral infantil son actualmente mucho mejor comprendidos que hace algunas décadas atrás. Entre los tres y cuatro años, la inmensa mayoría de niños y niñas, ya tienen una idea clara sobre lo que es verdadero y lo que es falso. Incluso, son ca paces de comprender las implicaciones de mentir ante un tribunal.Algunos autores se sorprenden dado que existen tribunales donde antes deaceptar testimonios infantiles les exigen pruebas para evaluar su competencia yhonestidad, cuando dichas pruebas no se las utiliza para los adultos.Existen tres cuestiones que participan de amplios debates en la actualidad: elapoyo de expertos, la utilización de videos y el testimonio por medio de repre-sentante legal.En relación al apoyo de expertos para ayudar activamente a la niña o niño enprocesos legales está cada vez mas reconocido en las legislaciones de muchospaíses, aunque la práctica realmente desarrollada no siempre es congruente conlas intenciones de los textos legales.Muchos expertos sólo asumen la función de ser evaluadores neutrales que in-forman al juez de la realidad del niño, niña o su familia. Se necesita una figuradistinta al evaluador, al abogado defensor o de un posible terapeuta. Esta per-sona especialista, tiene que asumir la responsabilidad del bienestar general deniño o niña y de protegerle cuando interactúa con el sistema legal. A su vez, estapersona puede llegar a ser algún pariente o persona de afecto si está capacitadopara ejercer tal función en el medio legal, y si no está implicado en el proceso.En este sentido, son variadas las obras en las que establecen que el apoyo deexpertos supone la necesidad de que todos los juristas y profesionales que par-ticipan en procesos infantiles tengan una formación especializada adecuada,para poder situarse en la perspectiva del menor de edad como testigo y podercomprender su exposición.Las legislaciones de algunos países, entre otras muy particularmente las deCanadá y Dinamarca, permiten en la actualidad que los testimonios infantilessean grabados en videos, en presencia del juez o de otros testigos por él auto-rizados, con lo cual se eliminaría la presencia del niño o de la niña en la sala.Sin embargo, esta utilización de videos ha sido objeto de variados debates enpaíses como Estados Unidos, acusando que sólo sirven para mostrar versionesparciales o distorsionadas de la realidad.Tras estas afirmaciones, algunos autores sugieren la utilización de sistemas detelevisión de circuito cerrado, que permiten repreguntar al niño, sin necesidadde que permanezca en la sala.
  • 103. 110Otra propuesta relacionada es la realizada por el denominado Comité Pigotde Inglaterra, el cual propone utilizar no un video de una sola declaración,sino una serie de ellos que permite comparar la evolución de las declaracionesinfantiles. En cuanto al daño que pueda resultar a un niño o niña por su parti-cipación como testigo en un Tribunal, esto dependerá de:* La edad y el grado de desarrollo,* la presencia de psicopatologías,* el estado emocional,* la calidad de la ayuda de los adultos,* las peticiones de la sala del Tribunal,* la oportunidad de las preguntas,* el nivel de preparación, especialización y motivación del Juez,* el entendimiento del niño o niña sobre los procesos.Según la mayoría de los autores, la confrontación ante adultos inculpados oimplicados y las preguntas agresivas de un abogado acusador o del mismo juez,parecen ser algunas de las situaciones que más secuelas traumáticas puedendejar en niños o niñas que comparecen ante un tribunal.Cabe agregar que no sólo es importante que un niño no salga traumatizado desu intervención en un proceso judicial, sino también demostrar que su partici-pación en un proceso legal, reafirma su sensación de valía personal como futu-ro ciudadano que es. Desde la perspectiva del niño o la niña en procedimientoslegales, cabe diferenciar cuando se trata de un niño o niña víctima; cuando elniño o niña presunto infractor; cuando el niño o niña testigo de delitos y cuan-do el niño o niña parte de un conflicto.En Escocia, como resultado de varias investigaciones realizadas, se aportan ci-fras las cuales muestran que niños y niñas entre once y quince años, durante losnueve meses anteriores a la encuesta, un 33% habían sido testigos presencialesde algún accidente automovilístico, un 24% había estado implicado en algunaruptura familiar y un 64% había presenciado alguna vez algún tipo de pelea enla que alguien resultaba herido. Es también escocés un caso paradigmático: elSistema Judicial de Menores crea el famoso sistema de las children´s hearing o
  • 104. 111La Declaración del Imputado“audiencias infantiles”, sistema que se refiere a cualquier procedimiento legal enel que intervengan menores y se sienta en tres principios básicos:1. El principio de separación de prueba y la medida, dado que su ins-trumentación requiere habilidades distintas. Las audiencias infantilesactúan sólo cuando todas las partes están de acuerdo, o cuando noestándolo, sólo la policía presenta evidencias como resultado de supropio proceso de actuación independiente.2. El principio de bienestar del niño o niña, como orientador funda-mental de cualquier decisión y medida adoptada, principio que seconsolida con la conocida expresión del interés superior del niño.3. El principio de participación del niño y de la familia, esta últimacomo el contexto más próximo para atender al menor.Las audiencias infantiles escocesas se consideran como un método eficaz enel testimonio de menores, realizando el Reino Unido una sola reserva cuandofirmó la Convención de los Derechos del Niño, en relación directa contra laparticipación de representantes legales en este tipo de audiencias.50Es cierta-mente difícil que este sistema pueda ser importado a otros sistemas judiciales,particularmente a los que bebemos la tradición del derecho romano.El punto de referencia del niño o niña víctima, hoy en día, se incrementa enor-memente en todo tipo de violencia infantil. Pero, durante años se han plantea-do la pregunta hasta qué punto y en qué condiciones el testimonio de un niñoque alega haber sufrido abusos sexuales es válido. Las dudas sobre esta validezprovienen básicamente de:a) De la constatación de una elevada frecuencia de casos en losque el niño, tras afirmar en un primer momento, haber sido objeto deun abuso sexual, posteriormente se retracta.b) De el escaso desarrollo de las capacidades y habilidades cog-nitivas en niños de corta edad. La revelación del abuso sexual por par-te del niño, no es un hecho que surge repentinamente en un momentodeterminado, sino que es fruto de un proceso. En este proceso existencuatro etapas: 1) Negación del abuso; 2) Relato del abuso; 3) Retracta-ción, y 4) Reafirmación.La negación por parte del niño del abuso sexual se produce en dos momentos,uno de los cuales tiene lugar en la fase inicial de la investigación, cuando el pro-50Es interesante la reserva del Reino Unido a la Convención de los Derechos del Niño: “No está permitida la presencia de representantes legales enlos procedimientos seguidos por audiencias infantiles. Las audiencias infantiles han demostrado durante años ser una forma efectiva de enfrentarlos problemas de los niños de manera menos formal y con menor confrontación. Por lo cual, el Reino Unido, respecto al Art. 37d de la Convención,se reserva el derecho de continuar con el actual sistema de audiencias infantiles”.
  • 105. 112fesional está en contacto con el niño. Existen datos demostrando que sobre untotal de 116 notificaciones comprobadas de abuso sexual, el porcentaje de casosen los que el niño negó su ocurrencia fue del 72%. Tras múltiples entrevistas, un96% de estos niños, llegaron a reconocer su existencia. Pero, posteriormente, elniño puede volver a negar sus afirmaciones previas, o sea retractarse.Según estos datos, el 92% de los niños se retractaron en algún momento de lainvestigación. Este efecto de retractación se encuentra definido como parte deldenominado “síndrome de acomodación del abuso sexual infantil”. Este sín-drome contempla que es habitual que el niño se vea presionado por sus senti-mientos de culpa y por el sufrimiento de sus familiares, y sienta que tiene en supoder la responsabilidad de proteger o dañar a su familia.A partir de la ley de revisión de la protección de la evidencia en niños, Israelincluye la figura legal del interrogador juvenil, en su sistema jurídico, instru-mentando así el respeto a los derechos menores-víctimas de delitos sexuales,dentro del ámbito judicial.Posteriormente la República Federal Alemana (1986) y Canadá (1987) a travésde un “ Fallo de Suprema Corte de Justicia “ y de “algunas disposiciones del Sis-tema Judicial Canadiense, respectivamente incluyen otros métodos y técnicasdurante el testimonio de menores, tales como la grabación, audio y/o video conuso simultáneo de cámara de Gesell.Esta última modalidad técnica, permitió la presencia pasivo-observadora o ac-tiva, mediatizada en este último caso a través del Interrogador Juvenil, tantopor el Juez, el Fiscal, Asesor de Menores, Oficial de Investigaciones, abogadodefensor y cualquier otra persona facultada por el Juez para intervenir en elacto, cuyos adecuados marcos jurídicos, lingüístico y psicológico quedaron asífijados.En la provincia de Mendoza, República Argentina, en el año 1994, se realizóuna experiencia-piloto interdisciplinaria51que consistió por disposición deuna Jueza de Menores, en la intervención de una médica, con una niña de 9años, quien habría sido violada.La jueza resolvió dictar una resolución, estableciendo que la niña no declararíahasta que no estuviese en condiciones psíquicas para hacerlo, a criterio de losespecialistas. La preocupación de la jueza se basaba, en un primer momento, laniña habría declarado frente a la patrulla policial que la encontró abandonada.Durante diez días de trabajo intensivo, los especialistas abordaron a la niña ysu madre, aplicando la técnica de psicoprofilaxis. Cuando la jueza de menores51Citado por: MOLINA Centeno, Silvia. Cómo el testimonio del menor víctima de delitos sexuales puede transformarse en un acto reparatorio dela salud mental. Comentario a la Ley del 27 de abril de 1999, de la República Argentina. México: McGraw-Hill. Pág. 71.
  • 106. 113La Declaración del Imputado52FALLER, 190, 1993; Filip y cols., 1998; Jones y McQuiston, 1985, entre otras referencias.llamó a la niña a declarar en horario especial lo que aseguraba la intimidad delacto, con la presencia exclusiva de la madre, los menores y los profesionalesespecialistas, se tomó la decisión de efectuar la psicoprofilaxis del acto testimo-nial, dentro del ámbito tribunalicio, como una nueva aplicación en técnica a lasalud mental y aporte a la psicología y psiquiatría de la magistratura.Esta técnica psicológica pone la capacidad de anticipación respecto a una si-tuación ineludible de ser vivida y que provoca ansiedad y tensión emocional.Esclarece a través de la información, lo que pasivamente va a tener que aceptar,pero también lo que activamente puede realizar a fin de contribuir al éxito omayor efectividad en el procedimiento, siendo así un facilitador del mismo.En el caso particular de los niños, la técnica incluye tanto la verbalización comolas acciones lúdicas y la dramatización, de acuerdo a las características de laedad evolutiva, del desarrollo correlativo del lenguaje y de la personalidad delmenor. Si tal operación o proceso judicial, es realizado en lugar, tiempo y formainadecuados, sin tener en cuenta las características psicológicas y el períodoevolutivo, y la situación en la que se encuentra el menor-familia, sucede el he-cho institucional conocido como revictimización.A partir de esta experiencia interdisciplinaria, intra e inter institucional, la Su-prema Corte de Justicia de Mendoza gestionó la inscripción de la comisiónpara que se aplicara en los juzgados de Instrucción la Técnica de Psicoprofi-laxis, y así se avanzó en el tratamiento para la obtención de testimonios de ni-ños y niñas víctimas. Hoy en día, existe un amplio consenso, siempre y cuandosean entrevistados por personal competente y en lugares adaptados, que losniños son capaces de recordar, resisten a la sugestión y pueden proporcionar untestimonio creíble en relación al abuso.52El Testigo evasivoUn testigo evasivo es aquel que no tiene dificultad al responder preguntas plan-teadas por la parte que lo presenta, pero sí al responder en forma evasiva a suspreguntas. La evasión puede representarse de varias formas: El tono y compor-tamiento del testigo puede variar; Puede repetir sus preguntas o bien solicitarleque le repita la pregunta. También es posible que el testigo pueda ser lento almomento de responder a las preguntas. Frecuentemente, responde con frasescomo “no sé”, “no recuerdo”, “no puedo hacer memoria”, “no estoy seguro”, “yopodría”, “yo diría”, o evita responder directamente. En estos casos debe demos-trarse al testigo que usted tiene algún conocimiento sobre los hechos y quesabrá si él se desvía de la verdad.
  • 107. 114 Pregunta: Sr. F.F., ¿’había tres hombres sentados con usteden la taberna? Respuesta: Sí. Pregunta: Entre esas personas ¿están los acusados, “x” y “xx”? Respuesta: Sí. Preguntas: ¿”x” estaba sentado frente a usted? Respuesta: Sí. Pregunta: ¿”x” es delgado, de estatura mediana y piel en tono pálido? Respuesta: Sí. Pregunta: ¿Fue en ese momento en la taberna en el que Pablo le dijo a“h”, “Dejé el carro robado en el parqueo”? Respuesta: Eso creo.Repita la pregunta que no respondió el testigo, lo que le demostrará a este queusted no permitirá que él deje sin contestar la interrogante. Una falla del testigoal responder la pregunta puede afectar su credibilidad, por lo tanto, mencióneloen su discusión final cuando se refiera a la credibilidad. Pregunta: Sr. F.F: bebió usted tantas botellas de cerveza en la nocheentre las 8:00 y las 9:00? Respuesta: Bien, todos nosotros estábamos bebiendo. Pregunta: Sr. F.F., mi pregunta es, ¿bebió usted las 5 botellas de cervezadurante una hora? Respuesta: Eso creo. Pregunta: Sr. F.F., ¿bebió 5 botellas de cerveza durante la hora que es-tuvo en la cantina? Respuesta: Sí.Si el testigo continuamente falla al responder una pregunta, solicítele al Juez
  • 108. 115La Declaración del Imputadodel tribunal que le ordene al testigo responder la pregunta en cuestión. En ladiscusión final, mencione esta falla al responder al momento de discutir la cre-dibilidad del testigo. Pregunta: ¿Identificó a sutano como al hombre con el cuchillo? Respuesta: Sí, él no podía caminar y se veía ebrio. Pregunta: Señor Juez, le solicita al testigo que responda las pregun-tas planteadas y no de información voluntaria. Además, le pedimos, respetablejuez, que omita la última respuesta en sus deliberaciones.En todos los casos anteriores, usted puede decidir que la respuesta probable nosea mayor que la impresión negativa que el testigo está causando en los jueces.Si esto es verdad, entonces, no intente obtener mejores respuestas; continúe conpreguntas que él evade.Trate y busque tantas respuestas como sea posible del tipo “no puedo recordar”.Pregúntele al testigo si tiene dificultades para escuchar o entender sus pregun-tas. Al hacer esto, recuerde que debe preocuparse por el tono de voz que utili-ce, si usa un tono sarcástico con un testigo que parece débil, podría perder elimpacto de las respuestas. Finalmente, trate de obtener respuestas evasivas enalgunas de las preguntas en las que el testigo no tiene dificultad al respondercuando éstas son planteadas por la parte que lo presenta.En su discusión final, revise las respuestas del testigo para el tribunal.Explique como las evasiones afectan la confianza y credibilidad del testigo y sutestimonio.El tribunal deberá reconocer lo que el testigo está haciendo y tratar su testi-monio apropiadamente. Ejemplo: En este caso, Señoría, la parte civil tambiénes un testigo presencial. Si usted recuerda, cuando el fiscal interrogó al testigo,sus respuestas fueron efusivas. Cuando su abogado lo interrogó, considero queno pudo responder a preguntas con menos de 20 palabras. Bien, conmigo actúoincorrectamente. Cuando yo lo interrogué, apenas pude recibir respuestas a laspreguntas. Usé casi las mismas preguntas que su abogado utilizó. Y qué respuestaobtuve, “no sé” y “no recuerdo”.Testigo ArgumentativoAlgunas veces un testigo deseará exponer, explicar o discutir cada pregunta.Cuando un testigo discute con usted o responde sus preguntas con otras pre-
  • 109. 116guntas, haga particularmente preguntas cortas y claras. Cuando sea posible,recurra al uso de las preguntas cerradas Sí/No, o repita la pregunta e insista enrespuestas concretas o reestructure la pregunta de tal forma que se demuestraque el problema es con el testigo, no con la pregunta.Cuando el testigo responde a una pregunta y continua hablando, trate de acor-tar su participación, haciendo la siguiente pregunta. Si el testigo insiste en con-tinuar, pídale al tribunal que no considere la parte de la respuesta, que no serelaciona con la pregunta. Si esto continua, solicite al tribunal que amoneste altestigo para responder la pregunta realizada y únicamente eso.
  • 110. 117La Declaración del ImputadoGeneralidadesEn la legislación internacional los imputados gozan de ciertos derechos, yprerrogativas así como en el sis-tema dominicano desde el mismo mo-mento de la de-tención o arresto es necesario que se hagan valer ciertasnormas procesales inderogables. Así, se dice que en cualquier caso la legisla-ción dominicana dispone a favor del detenido, arrestado o imputado un con-junto específico de derechos y garantías cuya violación ocasiona la nulidad delproceso. Esos derechos están legalmente designados por el Art.95 del CódigoProcesal Penal, y son los siguientes, aun-que no limitativos:Art. 95.- Derecho.- Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicaciónde una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, dere-cho a:1) Ser informado del hecho que se le atribuye, con todas las circunstanciasde tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas quesean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los conte-nidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplica-bles;2) Recibir durante el arresto un trato digno y, en consecuencia, a que no sele apliquen métodos que entrañen violencia innecesaria o el uso excesivo ydesproporcionado de la fuerza;3) Conocer la identidad de quien realiza el arresto, la autoridad que lo or-dena y bajo cuya guarda permanece;4) Comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección y consu abogado para notificarles sobre su arresto y a que le proporcionen losmedios razonables para ejercer este derecho;Capítulo VDERECHOS Y GARANTIASQUE ASISTEN AL IMPUTADO
  • 111. 1185) Ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de suelección, y a que si no puede pagar los servicios de un defensor particular elEstado le proporcione uno;6) No auto incriminarse, en consecuencia, puede guardar silencio en todomomento sin que esto le perjudique o sea utilizado en su contra. En ningúncaso puede ser sometido a malos tratos o presión para que renuncie a estederecho ni ser sometido a técnicas o métodos que constriñan o alteren suvoluntad;7) Ser presentado ante el juez o el ministerio público sin demora y siempredentro de los plazos que establece este código;8) No ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidaden forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro; 9) Reunirse con sudefensor en estricta confidencialidad.La precedente enumeración de derechos del imputado, no es limitativa. El mi-nisterio público y los demás funcionarios y agentes encargados de hacer cum-plir la ley, así como los jueces, tienen la obligación de hacer saber al imputadode manera inmediata y comprensible sobre sus derechos, procurar su salva-guarda y efectividad.El funcionario o agente que vulnere, permita o instigue el atentado o violaciónde cualquiera de estos derechos es responsable y sancionado de acuerdo a loestablecido por la ley.Son nulos los actos de procedimiento realizados en violación de estos derechosy los que sean su consecuencia.Derechos Pre-procesales y ProcesalesLos derechos citados se dividen en dos: derechos y garantías que deben obser-varse antes de la realización del proceso (y se llaman “reglas pre-procesales”)y reglas que se deben observar durante el proceso (y se llaman entonces reglas“procesales”). Las reglas “pre-procesales” tienen por finalidad garantizar algúnderecho o libertad fundamental, y son, básicamente, las que siguen: - La prohibición de la entrada y registro domiciliario no judiciales(también llamado “registro de lugares” o “allanamiento”, regulado por el Art.180 del Código Procesal Penal);
  • 112. 119La Declaración del Imputado - La prohibición de la intervención de las comunicaciones, que sólopuede ser autorizada por un juez (Art. 192 del Código Procesal Penal).También pueden incluirse dentro de los derechos “pre-procesales” (o de losdetenidos y arrestados): - El impedimento de examen corporal sin autorización del juez (Art.99 del Código Procesal Penal); - El deber de informarle de la acusación en su propio idioma, para quela entienda; - El deber de permitirle comunicación con su familia, sus allegados,las personas que el detenido prefiera y sobre todo con su abogado (Art. 95.4 delCódigo Procesal Penal). - El derecho de no ser detenido más allá de un tiempo determinado(seis horas si se trata de restricciones ambulatorias, Art. 178-CPP, y 48 horaspara ser sometido a la justicia, plazo constitucional); - El derecho de no ser citado solamente a los fines de declarar, y desaber previamente para qué se le cita ante el Ministerio Público (Art. 223 delCódigo Procesal Penal.Los derechos “procesales” incluyen: - La defensa particular del caso por un profesional del derecho, paga-do por él mismo o por el Estado si no puede hacerlo; - El derecho de pedir la exclusión de las pruebas que considere ilícita-mente obtenidas (Art. 167-CPP); - El derecho de recusar al juez o al ministerio público por parcialidad(Art. 90-CPP). - El derecho de declarar cuanto quiera y cuantas veces quiera en sudefensa (Art. 319-CPP); - El derecho de recurrir las decisiones que le afecten (según los Arts. 416, 417,418, 419 y 420-CPP; y Art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Hu-manos, entre otros).
  • 113. 120Otras Garantías del DetenidoLas garantías de la detención reconocen el derecho a la libertad y a la seguridad,pues nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo esta-blecido en la ley y en los casos y en las formas previstas en ella.• La duración máxima de la detención preventivaLa detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente nece-sario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento delos hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, eldetenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.La detención preventiva es, sin duda alguna, una medida que tiende a garanti-zar la puesta a disposición judicial de una persona sospechosa de haber come-tido un delito a fin de que el juez competente determine si procede la prisiónprovisional o la libertad.Con respecto a esta garantía de la temporalidad de la detención, debe hacersealguna puntualización. El plazo al que queda sujeto un detenido es el “estric-tamente necesario para la averiguación de los hechos”, que, obviamente, puedeser inferior a 48 horas.En caso contrario, es decir que la averiguación de los hechos no pueda llevar-se a cabo en esas 48 horas, entra en juego el límite temporal impuesto por laConstitución. En resumen, toda persona detenida debe ser informada de formainmediata y de modo que le sea comprensible, en su propio idioma, de sus de-rechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar;y en cualquier caso no puede ser retenida más allá de las 48 horas sin ser tra-ducida a la acción de la justicia. La Constitución vigente resuelve el problemasuscitado por la aplicación del plazo de sometimiento de 24 horas del CPP, aldisponer específicamente que ese plazo es de 48 horas.EXPLICACION DE ALGUNOS DERECHOS DEL IMPUTADO• La presunción de inocenciaAparte de lo ya dicho, del examen de la Constitución se desprende que la garan-tía jurisdiccional en la aplicación del Derecho penal se ha constitucionalizadode modo expreso. Hay una declaración explícita de que sólo los tribunales pue-den imponer penas y de que han de hacerlo por medio del proceso, tal comoresulta de varios artículos constitucionales, entre ellos el Art. 40 del CódigoProcesal Penal, que garantiza el derecho a la liberta. Los derechos del imputado,
  • 114. 121La Declaración del Imputadoque se expusieron, al tratar el Art. 95 del Código Procesal Penal, son derechosconstitucionales que se resumen en tres grandes derechos principales, por asídecirlo: a) El derecho a la tutela judicial efectiva (es decir, a que un juez o tri-bunal conozca la causa y provea la decisión conforme a derecho); b) El derecho al juez natural sea el que conozca el caso (es decir, a queel juez y el tribunal hayan sido constituidos antes de la infracción, no pudiendoser juzgado por jueces o tribunales constituidos especialmente para enjuiciar-lo), c) El derecho a un proceso debido, que incluye todos los otros dere-chos ya vistos (es decir, el derecho a ser informado de la acusación formulada;el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas la garan-tías; el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa; elderecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpable y el derechoa que se presuma su inocencia.Luzón Cuesta, citado por CARDENAS observa atinadamente sobre la presun-ción de inocencia que:(…) la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se haelevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee su efica-cia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraproce-sales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autoro no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por otrolado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, coninflujo decisivo en el régimen jurídico de la prueba53.La presunción de inocencia sienta sus bases en postulados que denotan su na-turaleza. Es así que siguiendo la doctrina descrita por MONTAÑÉS54se entien-de la Presunción de Inocencia como Garantía Básica del debido Proceso Penal.Así, la presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto fundamentalen torno al cual se construye el modelo de proceso penal, concretamente elproceso penal de corte liberal, en el que se establecen garantías para el imputa-do. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia constituye, en el ámbitolegislativo, un límite al legislador frente a la configuración de normas penalesque implican una presunción de culpabilidad y conllevan para el acusado lacarga de probar su inocencia.53CARDENAS Rioseco, Raúl. (2006) La Presunción de Inocencia. México: Porrúa, Pág. 23.54MONTAÑES Pardo, Miguel A. (1999) La presunción de inocencia. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Pamplona, España: Aranzadi, Pág. 38.
  • 115. 122el imputado es inocente y, en consecuencia, reducir al mínimo las medidas res-trictivas de derechos del imputado durante el proceso.•La Presunción de Inocencia como Regla de Juicio del ProcesoLa principal vertiente del derecho a la presunción de inocencia es su significadocomo regla probatoria del proceso penal.La presunción de inocencia, en este sentido, puede considerarse como una re-gla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con inci-dencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual la prueba completa de laculpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponién-dose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientementedemostrada.•La Presunción de Inocencia como Presunción “Iuris Tantum”En cuanto presunción “iuris tantum”, la presunción de inocencia determina laexclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier per-sona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hastaque así se declare en Sentencia condenatoria, al gozar, entre tanto, de una pre-sunción “Iuris Tantum” de ausencia de culpabilidad, hasta que su conducta seareprochada por la condena penal, apoyada en la acusación pública o privada,que aportando pruebas procesales logre su aceptación por el Juez o Tribunal,en relación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendoresponsable al sujeto pasivo del proceso55.Sí, el principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada prác-tica del Derecho Penal y su ejecución; es decir, el Derecho Procesal Penal, noobstante, el objetivo de este análisis es el de determinar cuán importante puederesultar en su adecuada aplicación.Alcances de la Presunción de InocenciaLa presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros unagarantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por SAN MARTÍN56presenta tres alcances:1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo unmodelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a estable-cer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal.55MONTAÑES Pardo, Miguel A. (1999). Obra citada. Pág. 43.56SAN MARTIN Castro, César. (1999). Derecho Procesal Penal. Lima: Grijley, Pág. 67.
  • 116. 123La Declaración del Imputado2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputadodurante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea deque el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidasrestrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso.3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la senten-cia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, laprueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministradapor la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabi-lidad no queda suficientemente demostrada.El derecho a la tutela judicial efectivaTodas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces ytribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en nin-gún caso, pueda producirse indefensión. Dicho precepto reconoce el derechode acción del que son titulares, en la actividad jurisdiccional penal, tanto losciudadanos como el Ministerio Público.Ese derecho a la tutela judicial efectiva implicaría también el derecho a quese establezca un recurso contra la sentencia que condena a una persona. Esreconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,al señalar que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho aque el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos aun tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, así como lo refiere elCódigo Procesal Penal en los artículos 21, 416 y 417.El derecho al juez ordinario predeterminado por la leyEste derecho al “juez natural” afecta a cuestiones como la existencia o no dejurisdiccionales especiales y ad-hoc. Significa que el órgano judicial haya sidocreado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de ju-risdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso, yque su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial oexcepcional, que es la razón por la cual se abolieron los Consejos de Guerra queanteriormente conocían los casos de derecho penal militar.El derecho a la defensa y asistencia de abogadoNo es sólo un derecho fundamental del imputado, sino algo más: para el tri-bunal la presencia del imputado es un deber ineludible y para el imputado underecho no renunciable, es decir, un derecho-. Además, si el imputado debe es-
  • 117. 124tar presente, es necesario que sea juzgado contando con una defensa apropiadapara poder hacer frente a la acusación.Derecho a un proceso debido a) El derecho a ser informado de la acusación formuladaEste derecho comprende dos aspectos: uno de contenido y otro temporal. Elprimero se refiere a la información que debe recibir el imputado (el hecho pu-nible del que se le considera autor con todas sus circunstancias, así como de losderechos que le asisten).Esto es, el imputado tiene el llamado derecho de información, pues toda per-sona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le seacomprensible, de sus derechos y de las razones de su detención. b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todaslas garantías.El derecho a un proceso público, oral y contradictorio es una exigencia consti-tucional y legal que no puede ser violado: los juicios deben celebrarse en salasabiertas al público, a menos que excepcionalmente se cierren las puertas, conparticipación de la prensa y la ciudadanía, para evitar juicios secretos. c) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensaLa presunción de inocencia libra al acusado de la necesidad de probar, pero nole impide hacerlo, ni rebatir las pruebas de la acusación. Por ello, pese a que enel proceso penal rige el principio de investigación oficial, las partes (defensay acusación) pueden realizar alegaciones fácticas y puede probar las mismas.Los medios de prueba que podrían hacerse valer en un juicio según nuestralegislación procesal son: - Interrogatorio de las partes.- Documentos públicos.- Documentos privados.- Dictámenes de peritos.- Reconocimiento judicial.- Interrogatorio de testigos.
  • 118. 125La Declaración del ImputadoTambién se admiten los medios de reproducción de la palabra, el sonido y laimagen, así como los instrumentos que permitan archivar y conocer o repro-ducir las palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo confines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. Y, en general, cual-quier otro medio del que pudiera obtenerse certeza sobre los hechos relevan-tes, condicionado a que hayan sido acreditados desde la fase de investigación,instrucción y juicio oral, público y contradictorio y a excepción de lo dispuestopor el Art. 330-CPP, que regula las nuevas pruebas de la manera siguiente:Art. 330.- Nuevas pruebas. El tribunal puede ordenar, excepcionalmen-te y a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el cursode la audiencia surgen circunstancias nuevas que requieren esclareci-miento.Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y a no res-ponder las preguntasEl derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable constituyengarantías o derechos instrumentales del genérico derecho de defensa, al queprestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce preci-samente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer unaimputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el procesoen la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningúncaso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, adeclarar contra sí mismo o a confesarse culpable ni a responder las preguntasde la acusación”. Queda así configurado el derecho a guardar silencio.Forma parte taxativa del Código Procesal Penal, que la establece en su Art. 14,en virtud del cual se torna imperativo presumir inocente a toda persona some-tida a juicio, y por tanto ella debe ser tratada como tal hasta tanto una sentenciairrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dichapresunción.Igualmente, el texto dispone que en la aplicación de la ley penal son inadmisi-bles las presunciones de culpabilidad, aspecto que también fue precisado porla Resolución Vinculante No. 1920/2003 de la Suprema Corte de Justicia do-minicana.DERECHOS Y GARANTÍAS DE LEYES ADJETIVAS• El recurso de habeas corpus conforme con Código ProcesalPenal
  • 119. 126El recurso de habeas es un derecho consagrada por la Constitución y que estáinstituido en el Código Procesal Penal, con el objetivo de preservar los derechosconsignados principal, aunque no exclusivamente, en el Art. 71 de la Constitu-ción, pues el mismo persigue averiguar las acusas de la prisión o privación dela libertad para que en el caso de que no se hayan cumplido las formalidadesconstitucionales antes señaladas el detenido sea puesto en libertad de inmedia-to. En principio, toda persona privada de su libertad tiene derecho a solicitary a que otra persona solicite, que se expida en su favor un mandamiento dehabeas corpus.Según hemos visto, el habeas corpus conoce de las formalidades de la prisiónpero no debe conocer del fondo mismo de la causa, tal y como lo ha dicho demanera reiterada la Suprema Corte de Justicia, pese a lo cual esto no siempre seha cumplido. He aquí varias sentencias de la SCJ.En los recursos de habeas corpus los jueces no juzgan el fondo del caso penal,sino que exclusivamente son apoderados por los detenidos para que deter-minen si su detención ha sido dispuesta en forma regular y por funcionariosautorizados por la ley…”. (Sentencia del 11 de marzo de 1968, .J. 688, Pág.623).En otra sentencia dijo “el procedimiento instituido por la Ley de Habeas Cor-pus…. No constituye un juicio al fondo que pueda culminar en una sentenciacondenatorio”. (Sentencia del 20 de enero de 1986, B.J. No. 698, Pág. 94).En ese mismo sentido tenemos que “Las facultades de los jueces de habeas cor-pus se reducen a determinar si en el encarcelamiento se ha observado las forma-lidades establecidas por la ley;… y en último análisis, si existen o no motivos quehagan presumir la culpabilidad del detenido…”. (Sentencia del 11 de marzo de1959, B.J. 584, Pág. 597).De acuerdo a ello, “no le corresponde al juez de habeas corpus fallar sobre la cul-pabilidad o no del imperante…” (como afirma la sentencia del 310 de agosto de1971, B.J. No. 729, Pág. 2,516). A pesar de todo esto, se tiene un caso en el cualun juez apoderado de un habeas corpus se declaró competente para conocer elfondo. Se trata de un recurso interpuesto ante la Tercera Cámara de lo Penaldel Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a raíz de lo cual dichoTribunal, en la persona de su Juez-Presidente dictó la sentencia de fecha 21 demarzo de 1984, cuyo dispositivo dice: Se sobresee el conocimiento del presenterecurso de Habeas Corpus, interpuesto por los imperantes IPP, y RdlS, en razónde que este Tribunal VA A CONOCER EN EL DÍA DE HOY EL FONDO delexpediente a cargo de los impetrantes. De manera que en este caso hay lugarpara hablar de una desnaturalización del recurso de habeas corpus.
  • 120. 127La Declaración del ImputadoEn otro orden de ideas, queremos señalar que aunque prima facie, este recursoaparenta ser de fácil ejercicio en los términos de ley, por parte de cualquierciudadano ajeno al quehacer jurídico, en términos reales, el ejercicio de esterecurso se hace sumamente difícil para una persona no versada en materia deDerecho, y en la mayoría de los casos personas que no saben leer ni escribir.De manera que hay razón para afirmar que en nuestro país, el ejercicio delrecurso de habeas corpus es una especie de derecho formal, pero no real, porcuanto la ley no ofrece medios expeditos para que el mismo pueda ser ejercita-do en los términos de facilidad que expresa la ley a favor de los dominicanos yextranjeros que residen en nuestro país.Sostenemos además que es un derecho restringido, tanto por las razones anteseñaladas como por el hecho de la gran ignorancia del pueblo en cuanto a nues-tra estructura jurídica, a la cual no escapa este recurso. A nivel de pueblo seignora lo que es una instancia, que es por donde empieza el procedimiento dehabeas corpus, se la cree como algo sumamente excelso e inaccesible, cuandoen verdad ésta no es más que una simple carta.Puede afirmarse también que otra de las razones que hacen que este recurso nosea ejercido comúnmente por los ciudadanos motu propio, sin tener que valer-se de abogados, radica en la oscuridad de la terminología empleada en la ley, lacual la hace aparecer como inentendible ante el pueblo común.Derechos y Garantías Consagradas por Resoluciones y Jurisprudencia de la Su-prema Corte de Justicia.• Sobre el Cuerpo del DelitoEs una práctica generalizada en los juzgados de Instrucción el hecho de enviar ala jurisdicción de juicio a los acusados aún cuando no haya cuerpo del delito, locual viene a constituir una monstruosidad jurídica ya que la Suprema Corte deJusticia se ha pronunciado al respecto a través de distintas sentencias las cualesserán expuestas a continuación.La Suprema Corte de Justicia estableció el principio de que cuando en la co-misión de un crimen o un delito figuran armas, ellas deben ser ocupadas porel fiscal y mostradas al procesado. (Sentencia de marzo, 1973, B.J. No. 748, Pág.658). En ese mismo sentido tenemos la sentencia que sentó el precedente deque las armas que son ocupadas como cuerpo del delito deben ser presentadasal procesado, pues de lo contrario se impone el descargo. (Sentencia de Junio,1973, B.J. 751, Pág. 1,744).
  • 121. 128He aquí uno de sus considerandos:Considerando: que en efecto, como regla general, cada vez que en la co-misión de un crimen o un delito figuren armas u otros objetos conformea los artículos 35 y 39 del Código de Procedimiento Criminal, dichasarmas u objetos deben ser ocupados por el fiscal y presentadas al proce-sado a al apoderado que puede nombrar para fines de reconocimiento,de todo lo cual se extenderá acta…, que el cumplimiento de las referidasformalidades es imperativo para una buena y eficaz administración dejusticia penal, tratándose sobretodo, como en el caso ocurrente, de unaacusación en que los objetos materiales que figuraban en el hecho, con-forme a esa acusación (armas de fuego) constituían la esencia mismade la infracción.. Casando la sentencia impugnada.De manera que esta jurisprudencia mantenida hasta nuestros días viene a cons-tituir una garantía para todos aquellos acusados en donde el cuerpo del delitoes un arma y debe mantenerse con todos sus efectos legales. Esta jurisprudenciaenaltece el coraje de los magistrados de aquel momento y debe servir de para-digma a los futuros Magistrados, por el desafió que implicó su sentencia.El Concepto “Derechos Humanos”Pueden definirse como valores inherentes a las personas, que les permitendesarrollarse en condiciones de igualdad, dignidad y libertad y que están re-flejados como derechos y facultades en las Constituciones, leyes, convenios ytratados internacionales que los reconocen y protegen.Se define también como Derechos Humanos el conjunto de normas y precep-tos legales basados en los valores de libertad, igualdad y dignidad que poseentodos los seres humanos, sin importar género, raza, religión, edad, condiciónsocial, condición económica o cualquier otra característica.El tema concerniente a los derechos humanos dejó de estar relegado del interésEstatal y de considerarse como dominio reservado, toda vez que su manejo sehacía bajo la concepción de soberanía clásica y el principio de no intervenciónderivado del ejercicio de Esta, para transformarse en un asunto de interés uni-versal, precisamente por el reconocimiento de la dignidad del hombre, aspec-to dado, como consecuencia de una serie de acontecimientos históricos, entreellos, el más relevante, la segunda guerra mundial acaecida a mediados del sigloXX, suscitando la necesidad de crear mecanismos o instrumentos jurídicos queposibilitaran reconocer aquella serie de derechos inherentes a Los seres hu-manos y que estaban siendo objeto de vulneración por parte de los Estados enguerra.
  • 122. 129La Declaración del ImputadoLos Derechos Humanos son la expresión jurídica de un ideal de coexistenciahumana racionalmente aceptable; un modelo sociopolítico fundamentado enla moral y la ética. Por eso mismo no pueden considerarse, exclusivamente, unproducto cultural. No cabría suponer, por tanto, que si las convicciones cultu-rales de la sociedad occidental fueran otras, sería posible un sistema políticoen el cual no existieran los derechos que hoy se reconocen como “humanos”, yello por la elemental comprobación de que esos derechos no son relativos; nopueden ser objeto de negación y no dependen de un momento histórico aun-que hayan sido confirmados sólo en la época moderna. Se parte, pues, de unaconcepción fundacionalista de los derechos humanos, en contraposición a lastesis contra modernas, afirmando, por ejemplo, que para Habermas:Los derechos fundamentales, tanto los que garantizan libertades indi-viduales como los de participación política, fundamentan el estatutociudadano, estatuto que entretanto se ha vuelto autorreferencial, en lamedida que habilita a los ciudadanos unidos democráticamente a con-formar su propio estatus mediante la auto legislación. A largo plazo,sólo un proceso democrático que procure un adecuado y justo reparto dederechos puede ser considerado como legítimo y producir solidaridad.Para permanecer como una fuente de solidaridad social, el estatuto deciudadano debe conservar un valor de uso que se traduce en un efectivoejercicio de los derechos sociales, ecológicos y culturales57.Hay que señalar que la expresión incluye actualmente, de manera necesaria,los tradicionales derechos y libertades fundamentales, es decir, los llamadosderechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales.Los primeros suponen en general una actitud pasiva o negativa del Estado, di-rigida a respetar, a no impedir y a garantizar el libre y no discriminatorio gocede esos derechos.Llamados por algunos derechos de la segunda generación, aparecen muchosdespués, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Suponen laconsideración de las necesidades económicas, sociales y culturales de los in-dividuos e implican una actitud activa, positiva del Estado para realizar lasacciones dirigidas a satisfacer esas necesidades. El autor acepta que esta líneadivisoria entre estas dos categorías no es absolutamente clara y precisa en elcaso de algunos derechos, como por ejemplo, el de los Derechos sindicales, elderecho de propiedad en ciertas acepciones, etcétera. Pero esta clasificación esútil y responde a una realidad innegable, fundamentada en el Estado Social yDemocrático de Derecho a que se refiere el Artículo 7 de la Constitución de laRepública.57Cfr. MASSINI Correas, C.I. (1994). Filosofía del Derecho. El derecho y los derechos humanos. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, Pág. 105.
  • 123. 130Hoy, con algunas destacadas excepciones, no se niega el carácter jurídico delos derechos económicos; sociales y culturales, ni se discute la afirmación deque integran el concepto actual de los Derechos Humanos. Esto ha sido reco-nocido así por el Derecho Internacional, tanto en su ámbito universal comoconsecuencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el de los DerechosCiviles y Políticos y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de lasConvenciones Internacionales del Trabajo de la OIT y de los textos emanadosde la UNESCO; como en el ámbito regional, como por ejemplo, en el caso de laConvención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José y del proyectode Convención Africana sobre Derechos Humanos.Individualmente considerados es indiscutible que un derecho de protecciónal medioambiente sólo es posible luego de la industrialización, y por tanto secorresponde con un estadio cultural específico de la humanidad. Pero vistos deconjunto, los derechos humanos son un cuerpo jurídico inescindible de las fa-cultades naturales del hombre; una muestra de sus haberes racionales dado quehan sido determinados (y pueden ser invocados) en virtud del uso exclusivo dela luz natural de la razón.La aceptación de los derechos humanos y el desarrollo de medidas e instrumen-tos jurídicos destinados a dotar a los sistemas jurídicos de formas de protecciónefectiva, permiten hablar hoy de la soberanía de los derechos y de las personas.Se puede afirmar que la estructura del derecho internacional estuvo concebidaen función de los Estados y al margen de la persona y la dignidad humana has-ta mediados del siglo XX; a partir de entonces, es imposible negar el caráctersupraestatal de los derechos humanos, lo cual implica la universalización deprincipios y la ejecución de los fines y funciones del Estado a favor de éstos,definiendo la gobernabilidad democrática y constitucional58.Nuestra conciencia es la depositaria de esa evolución del pensamiento y esapercepción moral que denominamos derecho natural, que vive en nuestro serinterno y, por lo tanto, es inherente e inalienable.MARITAIN afirma que Es la ley natural la que nos prescribe nuestros deberesmás fundamentales y en virtud de la cual toda ley obliga, y es también la que nosasigna nuestros derechos fundamentales59.No en balde se afirma que la lucha por los derechos humanos está empeñadadesde los primeros tiempos de que se tiene noticia.58Citado por: SERNA, P. (1989) Modernidad, postmodernidad y derecho natural: un iusnaturalismo posible. España: Serie Persona y Derecho,Pág. 168.59MARITAIN, Jacques. Los derechos del hombre: cristianismo y democracia. Ediciones Palabra. Pág. 57.
  • 124. 131La Declaración del Imputado60ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS. La repercussion de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cap. II, Pág. 3.La historia registra el empeño de los visionarios y los profetas, los filósofos,los legisladores, los hombres de estado y los mártires en proclamar el anheloconstante de más libertad60.La aspiración a la trascendencia aparece como una exigencia vital del ser hu-mano y se convierte en un estilo de vida que no sólo respeta a la creación yal espíritu divino que es su origen sino también a nuestros semejantes en eseconcepto cristiano que nos iguala.Esta igualdad cobra carácter jurídico en los instrumentos internacionales y na-cionales de derechos humanos que reconocen nuestra trascendencia inherentee inalienable en la vida económica, social y política de nuestras sociedades.Individualmente considerados es indiscutible que un derecho de protecciónal medioambiente sólo es posible luego de la industrialización, y por tanto secorresponde con un estadio cultural específico de la humanidad. Pero vistos deconjunto, los derechos humanos son un cuerpo jurídico inescindible de las fa-cultades naturales del hombre; una muestra de sus haberes racionales dado quehan sido determinados (y pueden ser invocados) en virtud del uso exclusivo dela luz natural de la razón.Los “Nuevos Derechos”.A los derechos indicados, el citado autor entiende que se deben añadir losllamados derechos de la solidaridad o derechos de la tercera generación que,como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la Libertad, elderecho a la libre determinación de los pueblos, a un medio ambiente sano yecológicamente equilibrado, a beneficiarse del patrimonio común de la Huma-nidad, etc., son la consecuencia de las nuevas necesidades del hombre y de lacolectividad humana en el actual grado de su desarrollo y evolución histórica.Esos derechos se caracterizan por exigir para su conceptualización un gradomayor de solidaridad humana que los otros derechos humanos y por el hechode ser al mismo tiempo derechos individuales y colectivos.Ahora bien, el Estado naciente de estos derechos hace que en el campo interna-cional aunque ya se ha hecho mención de ellos en algunas resoluciones de orga-nismos internacionales, por ejemplo, la Resolución 4 (XXXIII) de la Comisiónde derechos Humanos, no están reglamentados en la forma en que lo están losderechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.En otro sentido, tenemos que el concepto de Derechos Humanos es muchomás amplio de lo que uno pueda imaginarse, pues en nuestro medio al referirse
  • 125. 132a ellos se hace pensando sólo en los derechos civiles y políticos. Además, debenotarse que siendo el Derecho una ciencia social, sujeta a los cambios socialesy a la voluntad de los hombres, estos derechos tan avanzados no encuentranaplicación real en países subdesarrollados como el nuestro caracterizados porla precariedad en las condiciones materiales de existencia de las instituciones.Derechos humanos, constitucionalización y proceso penalLas nuevas tendencias del pensamiento jurídico en el mundo hoy más que nun-ca se refieren al tema de las garantías judiciales que deben tener los ciudadanosde un Estado y específicamente aquellos que actúan como sujetos procesalesdentro de una investigación de carácter penal. El proceso penal como herra-mienta para el control social propio del poder punitivo que tiene el Estadodebe estar en completa armonía con todos aquellos principios de respeto a ladignidad humana.En República Dominicana, ese proceso de incorporación de derechos funda-mentales al proceso penal, que podría denominarse de “constitucionalizacióndel proceso”, se da de manera definitiva con la votación del Código ProcesalPenal. En efecto, a partir de su promulgación, se generó un mayor grado depluralidad, participación y respeto a las garantías fundamentales de los impu-tados, características que marcan a grandes rasgos la ley 76-02, robustecida porla modificacion de la Constitución de la Republica publicada el veintiséis (26)de enero del años dos mil once (2011).La vigencia del debido proceso y el Estado social-democrático de derecho sehizo valer a través de principios reguladores del ejercicio del poder penal es-tatal, mediante una más extensa gama de mecanismos de protección legal, asícomo un catálogo bastante amplio de los derechos del ciudadano, incluyendo,por primera vez en la legislación dominicana, la posibilidad de defensa de losderechos “colectivos y difusos” –denominación que contiene los derechos hu-manos medioambientales, entre otros– por organizaciones de la sociedad civil.De igual manera, se establecieron mecanismos de protección para la defensade todos los derechos y se incluyeron los tratados internacionales como uncriterio de interpretación de las diferentes normas legales, y en su artículo 1, elCódigo Procesal Penal estableció no solamente la vigencia interna del derechointernacional, sino además su aplicación directa por parte de los tribunales dela República, al disponer:Art. 1.- Primacía de la Constitución y los tratados. Los tribunales, alaplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de laRepública y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por
  • 126. 133La Declaración del Imputadolos órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principiosson de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su juris-dicción y prevalecen siempre sobre la ley. (…)Aparece, entonces el derecho procesal penal entendido como aquel conjuntode mecanismos, normas, acciones, y procedimientos que consagra el legisladorcomo el medio más efectivo de materializar el ejercicio de los derechos funda-mentales. Es necesario entender que todo este proceso de “constitucionaliza-ción” es consecuencia no sólo de lo ya esbozado con la creación de un nuevocuerpo normativo contentivo de una amplia gama de garantías, sino además,de la necesidad de minimizar o reducir la intervención del poder punitivo es-tatal en la sociedad.Puede afirmarse entonces que nos encontramos ante un cuerpo normativo queen la teoría propende por la realización de los fines sociales del Estado, entreellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes con-sagrados en la constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo a travésdel uso proporcionado del poder punitivo del estado y dentro del marco de ladignidad y solidaridad humana. En efecto, la consagración constitucional delprocedimiento penal se presenta cuando en una carta política o sustantiva se lereconocen a toda persona, entre otros derechos, que su causa sea conocida demanera pública, que se concluya dentro de un plazo razonable, por un tribunalindependiente e imparcial constituido previamente a la infracción; a que sepresuma inocente hasta que su responsabilidad haya sido legalmente declarada;a que se le informe de la acusación que contra ella versa; a disponer de defensa;y más aún, cuando se incorporan en ella instituciones procesales.Todo ello obliga al poder público, en ejercicio de su potestad punitiva, no sólo aabstenerse frente a posibles violaciones de los derechos, sino a actuar positiva-mente para garantizar el debido respeto y eficacia de aquellos derechos que enla práctica pueden ser vulnerados en los procesos penales, de forma que el juezdebe interpretar el derecho siempre a través de la óptica de los derechos consti-tucionales. El derecho fundamental al debido proceso en materia penal consti-tuye una limitación esencial al poder punitivo del estado en cuanto comprendeel conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente señaladas paraasegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en lainvestigación y juzgamiento de las conductas punibles, o de otros derechos quepuedan verse afectados.Los principios de legalidad y proporcionalidad aplicados a la prueba fluyen de lapropia idea del “Estado de Derecho”
  • 127. 134La presunción de inocencia es sin duda uno de los derechos más importantescon que cuenta todo individuo; para desvirtuar esta presunción es necesariodemostrar la responsabilidad de la persona con apoyo en pruebas debidamentecontrovertidas, dentro de un trámite que asegure la plenitud de las garantíasprocesales sobre la imparcialidad del juzgador y la total observancia de las re-glas predeterminadas en la ley para el proceso.La Suprema Corte de Justicia, por vía de reglamento especial (Resolución No.1920/2003) ha ampliado el ámbito de comprensión de este derecho al señalarpor ejemplo, que esta presunción es en realidad un “estado”, no meramente unasuposición, acompaña a la persona hasta el momento en que se le condene envirtud de una sentencia firme, con lo cual se vulneraría en los casos en que auna persona no se le comunique de modo oportuno la existencia de una in-vestigación preliminar en su contra, de forma que pueda ejercer su derecho dedefensa.La Corte de Casación ha sentado su posición en diversas sentencias y más aunen sentencia de unificación y ha sido clara en sostener que este principio es underecho absoluto del imputado y que no debe ceder ante ningún otro elementoni principio.Y así se podría seguir enumerando muchos otros derechos, que en realidadsólo responden a aquella exigencia de la Constitución Política, que en su artí-culo 38, el Estado social de derecho “reconoce el respeto por la dignidad hu-mana”, que es norma rectora y de la que se desprenden todos los principios enmención. Ahora bien, dichas disposiciones han sido plenamente aseguradasbajo imperativos que obligan a que sus preceptos sean cumplidos por encimadel ordenamiento jurídico interno, y si dicho ordenamiento jurídico internose opone a la normativa internacional, entonces devendría totalmente nulo.Semejante sistema no es aceptado a unanimidad por la doctrina, ni penal niconstitucional.De hecho, lo que existe en torno al tema es pura contención, disensión y di-visión conceptual, que esta investigación tratará en lo adelante plantear suopinión. Y ello es así porque en el ámbito interno de los Estados se reconoce,por su lado, la tendencia cada vez más recurrente a atribuir a los instrumentosinternacionales destinados a proteger los derechos humanos un rango consti-tucional o, incluso, supraconstitucional.De esta forma, su respeto no sólo se impone al legislador y al juzgador, sinoque se constituye en un importante límite para el ejercicio del propio PoderConstituyente Derivado. Por ejemplo, quedó en evidencia cuando el Gobierno
  • 128. 135La Declaración del Imputadode Costa Rica solicitó una opinión consultiva de la Corte Interamericana deDerechos Humanos respecto a la adecuación de un proyecto de reforma cons-titucional en materia de nacionalidad a la Convención Americana de DerechosHumanos, la que derivó de la sentencia OC-4/84, de 19 de enero de 1984.Los puntos consultados en aquella oportunidad se referían a la eventual pug-na entre el proyecto de reforma constitucional y el derecho a la nacionalidad,asegurado por el artículo 20 de la Convención, así como a la contradicción quepodría producirse entre las disposiciones del aludido proyecto y el derecho aque no se impongan discriminaciones arbitrarias, también garantizado por elreferido pacto internacional.Convencion Interamericana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jose, 1969.(Res. 739, G. O. 9460 11 de febrero, 1978)De acuerdo con nuestro Derecho Constitucional, las convenciones internacio-nales suscritas por el Estado, adquieren fuerza de Ley tan pronto hayan sidoaprobadas por el Congreso.El artículo 128 de la Constitución en su literal d, precisando las facultades delPresidente de la Republica expresa que una de ellas, que es “celebrar y firmartratados o convenciones internacionales, y someterlos a la aprobación del Con-greso, sin lo cual no tendrían validez ni obligarían a la República”.De modo que esta convención deben ser tenidas como si fueran leyes internas.La defensa públicaLa implementación del proceso penal trajo como consecuencia importantescambios en el orden de la defensa por los “abogados de oficio”, actualmentedenominados “defensores públicos”. Al respecto se votó la ley 277 del doce deagosto de 2004, en virtud de la cual se crea la Oficina Nacional de Defensa Pú-blica, con la finalidad de proporcionar defensa y asesoramiento técnicos a losimputados que por cualquier causa carezcan de abogado, y también llevar acabo cualquier acción que, conforme a la política institucional, tienda a asegu-rar los derechos de los asistidos.No es un auxiliar de la justicia, sino debe ejercer su función en atención a lograrla solución más favorable al imputado, prestan do servicios de defensa tantodirectamente como a partir de la solicitud que le efectúen los jueces, prestandoservicio gratuito.
  • 129. 136Derecho a IndemnizaciónEn su artículo 10 de la citada Convención prescribe que toda persona tienederecho a ser indemnizada conforme a la Ley en caso de haber sido condenadaen sentencia firme (es decir con autoridad de cosa juzgada) por error judicial.Derecho a recurrir ante organismos internacionalesCualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legal-mente reconocida en uno o más Estados Miembros puede presentar a la Comi-sión de Derechos Humanos (de la OEA) peticiones que contengan denunciaso quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte (art.44). Losúnicos requisitos para que un ciudadano cualquiera pueda recurrir ante la OEAson los siguientes, según el artículo 44 de la Convención.a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción in-terna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmentereconocidos;b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fechaen que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de ladecisión definitiva;c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente deotro procedimiento de arreglo internacional, yd) que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, eldomicilio y la firma de la persona o del representante legal de la entidadque somete la petición.Las disposiciones de los literales a y b no se aplican cuando: - No exista en la legislación interna del Estado de que se trateel debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegaha sido violados; - No se hayan permitido al prevenido lesionado en sus dere-chos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido deagotarlas, - Cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre losmencionados recursos.
  • 130. 137La Declaración del ImputadoLa Corte Interamericana de Derechos HumanosLa Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial au-tónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la apli-cación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanosy de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979.Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida com-petencia en materia de derechos humanos. En noviembre de 1969 se celebróen San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobreDerechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Or-ganización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americanasobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al habersido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miem-bro de la OEA.A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han adheridoa la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras,Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denun-ció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicacióndirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998.Pacto Internacional de los Derecho Civiles y Politicos de la ONU. (Res. 648, G. O.9451, nov. 12, 1977)Este pacto contiene muchos preceptos comunes a la Convención Interameri-cana ya estudiada, por lo que sólo tocaremos los aspectos no contenidos enaquélla.• Derecho a reparación e indemnizaciónSegún este pacto, toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa,tendrá el derecho efectivo a obtener reparación (Art. 9.5).Asimismo, establece que cuando una sentencia condenatoria firme haya sidoúltimamente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse produ-cido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un errorjudicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentenciadeberá ser indemnizada, conforme a la ley (art.14.6).
  • 131. 138Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos(Res. 693, G. O. 9454, del 10 de diciembre, 1977)Establece el Protocolo que todo individuo que alegue una violación de cual-quiera de sus Derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos losrecursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité deDerechos Humanos de la ONU una comunicación escrita (art.2). Los únicosrequisitos para recurrir son que: a) El mismo asunto no haya sido sometido ya a otro procedimiento deexamen o arreglo internacionales; y, b) El individuo haya agotado todos los recursos de la jurisdiccióninterna. (No se aplicará esta norma cuando la tramitación de los recursos seprolongue injustificadamente).El Comité pondrá toda comunicación que sea sometida en conocimiento delEstado Parte del que se afirme que ha violado el Pacto; y en un plazo de seismeses, ese Estado deberá presentar al Comité, por escrito, explicaciones en lasque se aclare ese asunto.Las razones de que los dominicanos no hagan uso de este derecho, radica anuestro entender, en el desconocimiento del mismo, pues este derecho junto alos otros similares que se encuentran en los demás pactos, son desconocidos,incluso, por muchos abogados. Se hace necesario, dar a conocer al pueblo estosderechos, como forma de repeler los abusos, en pos de la justicia accesible a losfines de lograr una tutela judicial efectiva.Después de haber terminado la investigación que hemos presentado, resultanecesario exponer en esta parte las ideas fundamentales a retener, es decir, lasconclusiones, así como las recomendaciones que estimamos procedentes for-mular con lo cual aspiramos hacer un mínimo aporte a la problemática tratada,por lo menos es nuestro punto de vista. La jurisprudencia dominicana ha es-tablecido de manera reiterada que cuando en un proceso penal no existen máspruebas que las declaraciones del acusado, éstas deben ser creídas en todas suspartes. No obstante, los jueces del fondo, a la hora de valorar las declaracionesde un acusado que no han sido contradichas por ninguna otra prueba, pareceninclinados por la condenación.En ese mismo sentido, tenemos que La Suprema Corte de Justicia ha estable-cido que las declaraciones que los reos se hacen mutuamente y que no sonconfirmadas por pruebas testimonios legales, dejan de tener valor en Derecho
  • 132. 139La Declaración del Imputadopenal por reputarse interesadas. Criterio éste que ha sido mantenido desde elsiglo pasado hasta nuestros días.En otro orden, es una práctica generalizada en los juzgados de Instrucción, elhecho de enviar a la jurisdicción de Juicio a los acusados aún cuando no hayacuerpo del delito, lo cual viene a constituir una monstruosidad jurídica ya quela Suprema Corte de Justicia ha mantenido el principio de que “las armas queson ocupadas como cuerpo del delito deben ser presentadas al procesado, pues delo contrario se impone el descargo”.La Policía Nacional, cuyo único papel que le confieren las leyes es el de servircomo auxiliar de la Justicia actuando bajo las órdenes de los funcionarios judi-ciales competentes, El ministerio publico se arroga funciones que no le com-peten, como son las de interrogar al acusado, instrumentar expedientes y hastacalificar los hechos, cuando en términos legales: estas son atribuciones exclusi-vas del ministerio público y de los Magistrados Jueces.Nuestra legislación contempla un gran catalogo de derechos a favor del acu-sado, pero los mismos son desconocidos en su mayoría por los ciudadanos,siendo ésta la causa de que los mismos no sean reclamados en los momentosoportunos; y al mismo tiempo, quizás este desconocimiento sea la causa de quese comentan atropellos y abusos en contra de los imputados.En ese mismo sentido, al acusado, además de los derechos que les confiere laConstitución y las leyes adjetivas, les asisten los derechos y garantías prove-nientes de acuerdos internacionales. En ese orden tenemos lo que sigue.• Según la Convención Interamericana de Derechos Humanosde la OEA, el acusado puede recurrir ante la Comisión de DerechosHumanos de la OEA para presentar denuncias o quejas en casos deviolación de sus derechos. Pero además, según la misma convención,el acusado tiene derecho a obtener indemnización en caso de habersido condenado en sentencia firme por error judicial.• De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos de la ONU, toda persona que haya sido ilegalmente detenidao presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Se estableceasí mismo, que cuando una sentencia condenatoria firme ha sido re-vocada a causa de error judicial, la persona que haya sufrido una penacomo resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada. Conformecon el Protocolo Facultativo del Pacto antes mencionado, todo indi-viduo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enu-
  • 133. 140merados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internosdisponibles, podrá someter a la consideración del Comité de Dere-chos Humanos de la ONU una comunicación escrita denunciando laviolación.Vamos a pasar ahora a exponer algunas recomendaciones, que consideramosde sumo interés. Somos de opinión que la administración de Justicia debe serobjeto de una profunda revisión y constante fiscalización por parte de la Supre-ma Corte de Justicia que es el organismo a quien corresponden estas funciones.Pero ante la inercia e ineficiencia que ha mostrado el más alto Tribunal de laRepública para el cumplimiento de sus funciones, nos permitimos hacer la si-guiente recomendación.Proponemos la creación de un Patronato Nacional para una Sana Administra-ción de Justicia. Dicho Patronato estará compuesto por un representante de laIglesia Católica, quien la presidiría, un representante del Ministerio Público,un representante del Colegio Dominicano de Abogados, un representante delComité Dominicano para la Defensa de los derechos Humanos, un Psicólogo,un Psiquiatra, así como un sociólogo y un periodista en representación del Co-legio de Periodistas.Las funciones a cargo del Patronato serían exclusivamente: a) velar porque tri-bunales den cumplimiento al debido proceso de ley, b) vigilar el trato de queson objeto los acusados y detenidos por parte de los organismos represivosdel Estado, c) realizar visitas a las cárceles, cuarteles y lugares donde se alojendetenidos a fin de conocer el estado de higiene, alimentación, etc., y hacer lasrecomendaciones de lugar, d) velar por el cumplimiento de las disposicionesconstitucionales, y las provenientes de las leyes adjetivas, primordialmente enlo concerniente al plazo de las 48 horas y al plazo de 60 días para la conclusióndel proceso penal.El organismo podrá interrelacionarse con otras instituciones afines ya sean pri-vadas o estatales preocupadas por la realidad judicial y penitenciaria de nuestropaís, como serían la Dirección General de Prisiones, Policía Nacional, Procu-raduría General de la República, Colegio Dominicano de Abogados, ComitéDominicano para la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación de Estu-diantes de Derecho, etc. Los fondos para el funcionamiento de dicho patronatopodrían ser cubiertos por el sector público, así como aportaciones del sectorprivado.Se nos ocurre recomendar, además, la divulgación a través de los medios decomunicación de masas, especialmente la radio y la televisión, todos estos de-
  • 134. 141La Declaración del Imputadorechos y prerrogativas que asisten al ciudadano a fin de darlos a conocer alpueblo, pues se nota un gran desconocimiento acerca de los mismos, ya queaunque existan estos derechos, si no son conocidos, es como si no existieran.Proponemos igualmente que cada emisora se le exija incluir en su programa-ción diaria una sección especial dedicada a orientaciones jurídicas, la cual es-taría dirigida por abogados en coordinación con las escuelas de Derecho, puesentendemos que el Estado, como único propietario de las ondas hertzianas, ypor la obligación constitucional que le asiste de educar al pueblo y propender asu desarrollo, debe darle un mejor uso a estos medios.Para garantizar la integridad física y la sinceridad de las declaraciones vertidasen la Policía por los detenidos, debe institucionalizarse el hecho de que los in-terrogatorios deben ser realizadas por un representante del Ministerio Públicocomo manda la ley, pues ninguna ley confiere facultad a la Policía para realizarlos mismos, sino que esto es competencia exclusiva de los funcionarios del mi-nisterio público en ocasión de la investigación. Son estas pues las conclusionesy recomendaciones que hemos juzgado pertinentes retener. En cuanto a las re-comendaciones no nos sentimos muy optimistas de que sean acogidas y muchomenos aplicadas, ya que sabemos cómo es nuestro medio, pero es nuestro de-ber plantear lo que entendemos son soluciones a nuestros problemas judiciales.Declaración Universal de Derechos HumanosLa Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948,regula dos aspectos jurídicos cruciales, respecto de la declaración del imputa-do: en su artículo 5, prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes y lastorturas, lo que se relaciona directamente con los impedimentos genéricos deobtención de confesiones mediante coacción física, media o psicológica de quetrata la normativa procesal penal.En su Artículo 10, la Declaración consagra el derecho a ser oído en justicia, porun tribunal independiente e imparcial. Ese derecho contiene en sí mismo, ex-plicando en toda su extensión, el derecho a declarar en el proceso respondien-do la acusación, como un derecho fundamental del imputado cuya violación es,esencialmente, una violación de debido proceso de ley.
  • 135. 143La Declaración del ImputadoCapítulo VIVALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIONDE COIMPUTADOS Y TERCEROSEl Código Procesal Penal no establece reglas claras sobre la declaracióndel coimputados, quienes podrían, teóricamente, colaborar en el procesopara la identificación de otros autores principales o cómplices y con elloobtener un trato procesal más favorable.Tal situación no significa que no puedan prestar declaración y que ésta no pue-da ser valorada en juicio, aunque con unos criterios de control y seguridad deatendibilidad sin duda más cuidadosos. Nuestro ordenamiento procesal se sus-tenta en la premisa de la amplia posibilidad o capacidad de declarar de quienestienen información relevante en un caso penal determinado.El coimputado, como tal, tiene reconocido el derecho instrumental al silen-cio y los demás que derivan de la garantía de defensa procesal, de particularrelevancia constitucional. Sin embargo, ese derecho se ejerce dentro de lími-tes razonables que no importen un desconocimiento de su contenido esencial.Como el derecho al silencio está en función a la protección del entorno jurí-dico de un imputado, cesa cuando la causa concluyó. En tanto se está bajo laprotección del ne bis in idem y, en concreto, de la cosa juzgada, es obligatorioal coimputado declarar sobre los hechos por lo que se pronunció el órganojurisdiccional, cuando es convocado por un tribunal para que declare respectode la intervención de otras personas respecto de los mismos hechos por los quefue imputado.Ahora bien, cuando la causa paralela está en trámite las circunstancias de sutestimonio, sin duda, cambian sensiblemente. En efecto, llamado el coimpu-tado a otro tribunal para deponer por los mismos hechos punibles, mantienevigente el derecho al silencio. Debe entenderse que en su exposición hará valersiempre sus puntos de vista defensivos.Si el coimputado se abstuvo de declarar en el proceso paralelo podrá ejercer esederecho en el juicio en el que es convocado como testigo –siempre, claro está,
  • 136. 144que se trate de los mismos hechos punibles o que se refiera a otros hechos enlos que pueda temer la formulación de cargos en su contra–.Asimismo, si negó los cargos está en su derecho de hacer valer el derecho alsilencio en el juicio paralelo, en tanto esa negativa responde a su estrategia pro-cesal que debe respetarse en todo momento, por ser el derecho de defensa deorigen constitucional.Otro es el caso en los supuestos en que el coimputado se ha sometido a unprocedimiento de colaboración eficaz, conformidad procesal, terminación an-ticipada, precedidos de una aceptación y relato de los cargos incluso en sedepreliminar –lo expuesto, todos ellos, en esa fase preliminar ha sido ratificada ensede jurisdiccional–, o la confesión sincera que importa aceptación de cargos yun relato circunstanciado de su participación y la de otras personas. Lo centralde estos supuestos procesales es que el coimputado, de uno u otro modo, bajoel principio del consenso, libre e informadamente, técnicamente renunció alderecho al silencio, el mismo que sólo podría ser objeto de retractación si sepresenta un supuesto de dolo, engaño, amenazas u otro especialmente relevan-te. En consecuencia, en esos supuestos en el juicio paralelo no es posible quese invoque el derecho al silencio, pues ello vulneraría el principio que invocó–con lo que ello implica respecto a los beneficios procesales y de derecho penalmaterial que entrañan.Ante la ausencia de normas reguladoras sobre las declaraciones de los coimpu-tados, la doctrina y la jurisprudencia han venido conformando un cuerpo dedoctrina acerca de los requisitos que deben reunir las mismas para poder otor-garles eficacia probatoria. Según MITTERMAIER61es natural que el cómplicese incline a hacer recaer sobre su coautor una parte de su propia falta; tiene,pues un interés directo en declarar de una manera contraria a la verdad.Se han visto algunos criminales que, cuando han conocido no poder librarse dela pena, se han esforzado en su desesperación en arrastrar a otros ciudadanos alabismo donde ellos mismos caían; otros, designan como cómplices a inocentes,con el sólo fin de apartar las sospechas de aquellos que, realmente, han tomadoparte en el delito, y hacer la instrucción más embrollada y difícil, o también conla esperanza de alcanzar, complicando a personas de alta posición, un trata-miento menos riguroso.Sigue diciendo el citado profesor “pero el legislador renunciaría gratuitamente almedio único, en más de un caso, de llegar a convencer al verdadero culpable, obs-tinado en negar los hechos, si rehusara absolutamente todo valor a la deposicióndel cómplice… tal es el caso en que el culpable ha confesado desde luego plena-61MITERMAIER, Karl A. Tratado de la Prueba en Materia Criminal. Hammurabi, Pág. 353.
  • 137. 145La Declaración del Imputadomente su crimen, cunado su deposición contra su cómplice no encierra reticenciaalguna que haga sospechar para sí alguna ventaja directa”.Argumentando que tal sería también el caso en que el nombre del cómplice hasido llanamente designado, sin que haya habido sugestión de parte del magis-trado instructor; a no ser así podría temerse que el acusado hiciera una designa-ción falsa, aprovechándose de la ocasión que se le ofrecía para dar otra direccióna las sospechas; una condición esencial para la validez del testimonio es la certezade que no existe enemistad entre él y el individuo a quien nombra.Es fin, necesario que repita en el careo, en su presencia, las inculpaciones quele imputa o que persevere en sus palabras, después de tener conocimiento de lacondena que se le impone, porque entonces ya no tiene interés en acusar a otro.Pero, agregamos nosotros, que aún en este caso, las declaraciones del acusadono pueden tener un carácter definitivo sino que pueden ser utilizadas comosimple indicios contra los presuntos coautores citados por el acusado, a sabien-das de que se ha admitido con reiteración la validez como prueba de cargo hábilpara desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, de las declaracionesde los coimputados, por estimar que están fundadas ordinariamente en un co-nocimiento extraprocesal y directo de los hechos, y que la circunstancia de lacoparticipación delictiva no las invalida, constituyendo únicamente un dato atener en cuenta por el Tribunal a la hora de ponderar su credibilidad en funciónde los particulares factores concurrentes en los hechos.Concluye el citado profesor en el sentido de que si se han llenado todas estascondiciones particulares, si además se han satisfecho todas las evidencias a lacredibilidad del testimonio en general, la deposición del cómplice tendrá plenovalor. Criterio el cuál entendemos no debe ser absoluto según sostuvimos an-teriormente. Existe pleno acuerdo cuando se propone que el inculpado contraquien se sigue una información por razón de un crimen no puede ser oído bajojuramento, y nada autoriza una excepción tan grave a favor de los cómplices.Sus declaraciones, no pueden, según las mismas reglas, tener valor, sino agre-gadas a otros medios de convicción; y entonces es llegado el caso de aplicar losprincipios que expondremos más adelante…, pero, repetimos, una legislaciónbuena, obrará cuerdamente, no admitiendo más que las que pueden hacer ple-na fe en ciertas circunstancias que el juez apreciará plenamente.Como se observará más adelante al tratar la jurisprudencia dominicana, lasideas de MITTERMAIER han ejercido una notable influencia en nuestra Su-prema Corte de Justicia, pudiendo afirmarse que han sido acogidas en todas suspartes. El planteamiento coincide con la práctica jurídica inglesa en la cual “eljuez advierte siempre a los jurados que no deben condenar por la simple declara-ción de un cómplice”.
  • 138. 146Ello es y tiene que ser así, porque si respecto de sí mismo la declaración delacusado no hace prueba completa, si no está robustecida por otras pruebas,sería ilógico darle un alcance mayor cuando se trata de probar con aquélla ladeclaración del hecho ajeno. Cuando el acusado confeso imputa un hecho decomplicidad a un tercero, sin que este tercero haya sido mencionado en el pro-ceso, como tal tiene en si semejante inculpación, grandes motivos de descréditopues, si ningún acto del proceso hace presumir que un cómplice no sujeto aproceso es inculpado por el imputado en esa calidad, todas las hipótesis dementira tienen mayor y más fácil acceso en el ánimo del juez; podrá creersemás en el influjo de la corrupción, de la enemistad, del deseo de liberarse de laimputación. Esta posición es, según nuestro entendimiento, más objetiva quela de MITTERMAIER, aunque no vemos ninguna diferencia o contradicciónentre ambos planteamientos.Cabe señalar que los principios anteriores, son verdades axiomáticas, ya quela declaración de todo acusado en un juicio penal, es parte de su defensa, y ladefensa en si, no es la prueba de ningún hecho.Por ello, nuestra ley procesal penal no consigna ninguna disposición en la cualse prescriba en términos formales y categóricos el interrogatorio del acusado,sino que se limita exponer en uno de sus textos que éste será siempre, conjun-tamente con su defensor el ultimo en usar la palabra.Cabe señalar que hay autores de crítica criminal que consideran que la declara-ción del acusado confeso respecto del hecho ajeno, acompañada de otros me-dios, puede ser dotada de valor probatorio según los hechos y circunstanciasde cada caso.• Criterio de la Jurisprudencia francesaYa la legislación francesa había sentado definitivamente los principios antesseñalados. Para nuestro Derecho, como para el de todos los países de derechoromano, no sólo ha de tener cuidado el juez al apreciar la declaración de unacusado que trata de complicar o arrojar cargos sobre un tercero o sobre otroacusado, en razón de que el acusado no es un testigo, sino que más aun la decla-ración que él presta contra el mismo, ha de ser tenida y considerada con sumaprudencia por el juzgador.• Declaración del coacusadoDe esta manera, para que la declaración de un coacusado, al igual que la deun testigo, pueden tener todo su valor y ser estimadas en toda la sinceridad
  • 139. 147La Declaración del Imputadoque podría ser doble reconocérselas, es preciso que se produzcan en condi-ciones tales que el examen de ellas, desde todo punto de vista, concluyan, enun solo vértice sui credibilidad. Así, si bien las declaraciones prestadas en lainstrucción preparatoria por un coacusado o por un testigo, deben ser tenidascomo suficientes para el enjuiciamiento, no es menos cierto que sólo cuandotales declaraciones han sufrido el calor del debate público y contradictorio, y elbloqueo desde diversos ángulos en el juicio, puede decirse si una declaración essuficientemente creíble o mendaz.Decisiones jurisprudenciales definitorias sobre el valor de la declaración delcoimputadoNuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho que “en materia penal está prohibi-do aplicar condenaciones cuando las pruebas no son evidentes y el acusado seaprovecha de la duda que pueda surgir en la conciencia del juez”. (27 de enero1893, G. O. 994. Vide además, misma Corte, 1 de marzo 1893, G. O.998; di-ciembre 16, 1889, G. O. 816). Asimismo ha dicho la SCJ que “El juez debe aco-ger las declaraciones del acusado cuando no sean contradichas por los testigos”.“Cuando el proceso es insuficiente y esta insuficiencia no puede ser cubiertapor la deposición de los testigos, procede que se acepte la declaración del acu-sado en todos sus extremos”, (20 de febrero, 1981, G. O. 873), jurisprudenciaexcepcional que merece aplicación por todos los tribunales de nuestro país. Enese mismo tenor tenemos que en su sentencia del 27 de enero de 1893, G. O.994, se lee lo siguiente:“Considerando: que a los jueces está prohibido pronunciar condenacio-nes en materia penal, si las pruebas admitidas en derecho, entre las cua-les figura en primer término la testimonial, no son claras, precisas y detal manera convincentes, que la conciencia del juez quede tranquila por-que ninguna sobra de duda la oscurece; que fundado el tribunal a-quoen puros indicios y presunciones, por graves que ellos pudieran ser, havulnerado los más sagrados principios que sirven de égida a la seguridadpersonal de los ciudadanos y violado las reglas más elementales del de-recho penal, que sólo admite pruebas fehacientes concretas, claras y tanprecisas que convenzan al acusado del delito o crimen que se le imputa.”El 16 de diciembre de 1989, la SCJ dictaba una sentencia publicada en la G. O.816, y que entre en sus considerandos precisa: “que es un principio de derechopenal, que el juez debe acoger todo aquello que favorezca al acusado: que en elpresente caso las declaraciones del acusado no están contradichas por las de lostestigos, lo que obliga a acogerlas y a aceptar como una verdad que el homicidioperpetrado por él ….es de los que el derecho califica de legitima defensa”….
  • 140. 148Continuando con este recuento jurisprudencial, se tiene que “…y así como eljuez no puede absolver al que por su conocimiento privado es inocente, si por elconocimiento público que suministran las alegaciones y pruebas judiciales, apa-rece plenamente probada su culpabilidad; tampoco puede condenar por su reco-nocimiento privado al verdadero delincuente, cuyo delito no aparece suficiente-mente probado en el juicio; porque el juez no obra o procede según su concienciapuesto que no debe formularla por su propio sentir sino por las pruebas públicasque se producen en el juicio, “justa allegatta et probata”63.Tales principios han tenido rigurosa aplicación en las decisiones rendidas porla SCJ. Como prueba de ello, es digna de mención la sentencia del 19 de no-viembre de 1969, (B.J. No. 708, Pág. 115) en la que el supremo tribunal alexaminar la inexistencia de contradicciones entre el procesado y los testigos ydemás pruebas aportadas a la encuesta penal, concluyó anulando la sentenciaimpugnada por haber desnaturalización de los hechos de la causa dándole unalcance que no tenía a la declaración del procesado y pronunciando su incul-pabilidad.Respecto al caso anterior, la Corte de Apelación de La Vega, actuando comotribunal de envió, dictó el 6 de agosto de 1970 una sentencia en la que hizo apli-cación fiel del principio ya jurisprudencialmente elaborado en forma definitivade que “cuando las pruebas son insuficientes y ninguna contradice la declaracióndel procesado, se hace imperativo acoger ésta en todos sus extremos”.La última decisión que alude al tema pronunciada por la SCJ data del 1974 enla cual se precisa que cuando hay otros elementos de prueba en el proceso, “losjueces no pueden descargar al prevenido basándose en su propia declaración,sino que deben ponderar todos los elementos de prueba existentes”. (B.J. No.768, Pág. 2911).Todos estos principios se mantienen invariables hasta la fecha, pues desde la úl-tima sentencia de la SCJ en ese sentido que es la de 1974 no hemos encontradoninguna otra que venga a contravenir las anteriores. Es más, tampoco hemosencontrado a favor. Lo que indica que en este aspecto la situación actual denuestra jurisprudencia es tal y cual ha sido expuesta, y se mantiene constantela jurisprudencia. La última decisión que alude al tema pronunciada por la SCJdata del 1974 en la cual se precisa que cuando hay otros elementos de prueba enel proceso, “los jueces no pueden descargar al prevenido basándose en su propiadeclaración, sino que deben ponderar todos los elementos de prueba existentes”.A nuestro entender este es uno de los casos sui generis, en donde la jurispru-dencia dominicana se ha mantenido invariable, pues como sabemos, es fre-63Gatón Richiez., Carlos. La Jurisprudencia en la República Dominicana, Pág. 221.
  • 141. 149La Declaración del Imputadocuente entre nosotros los cambios jurisprudenciales, e incluso se han dado ca-sos de sentencias que no solo han venido a variar otras sino que más grave aún,las han venido a contradecir.De manera que en este sentido ha venido a constituir un gran merito para laSuprema Corte de Justicia el haber mantenido incólumes estos principios quedesde el siglo pasado han venido siendo consagrados en un mismo espíritu,pues ellos reposan en un alto sentido de justicia estando en concordancia conlas finalidades mismas del Derecho Penal Moderno, el cual tiende a humanizarcada día más la situación gravosa que desde épocas antiguas ha venido recayen-do sobre los acusados. Saludamos esta posición, y la consideramos avanzada,esperando que no sea variada, sino por el contrario, cada vez más robustecidaa favor de los derechos del imputado.En el proceso penal ordinariamente se tropieza uno con declaraciones de unprocesado en enjuiciamiento múltiple, que implica a los demás acusados o tien-de a proclamar su inocencia, o bien, tiende a complicar en el mismo a personasno procesadas, es decir, a terceros.Según la exposición contenidas en este parte, puede concluirse que está ple-namente admitido por la doctrina, por la jurisprudencia francesa y por la do-minicana, que la declaración de un coacusado no puede por si sola, servir debase a una sentencia condenatoria en materia penal respecto de su compañerode proceso, ni puede en estas condiciones servir como evidencia respecto de laconducta de un tercero. A nuestro entender, este es un avance de nuestra juris-prudencia, con lo cual demostramos que no sólo nos limitamos a reproducir lajurisprudencia francesa, es demostración de que estamos avanzando, creandonuestros propios principios jurisprudenciales.El vigente CPP no tiene una regulación expresa en materia de declaración delcoimputado y, más aún, cuando éstos deban declarar en procesos conexos, enque haya sido citado en una causa por un hecho diferente posterior, ni porel mismo hecho pero bajo otra imputación. Tampoco contiene reglas sobre ladeclaración del coimputado en el mismo proceso que el imputado principal(diferenciación testimonial de autores y cómplices).Tal situación no significa que no puedan prestar declaración y que ésta no pue-da ser valorada en juicio, aunque con unos criterios de control y seguridadcuidadosos. Nuestro ordenamiento procesal se sustenta en la premisa de la am-plia posibilidad o capacidad de declaración de quienes tienen relación al casoobjeto de investigación y juicio.
  • 142. 150El coimputado, como tal, tiene reconocido el derecho instrumental al silencio ylos demás que derivan de la garantía de defensa procesal, de particular relevan-cia constitucional, particularmente con respecto del procedimiento instituidoen los artículos 102 y siguientes del Código Procesal Penal.El CPP ordena que toda persona tiene la obligación de comparecer a la ci-tación y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo lasexcepciones de ley, excepción hecha de la responsabilidad penal del declarante,caso en el cual la obligación de declarar cesa de inmediato, todo según el Art.194-CPP. Otro es el caso en los supuestos en que el coimputado se ha sometidoa un procedimiento de colaboración eficaz, dando su conformidad procesal ala terminación anticipada mediante los acuerdos parcial y pleno, el criterio deoportunidad o la suspensión del proceso, precedidos de una aceptación y relatode los cargos incluso ante el Ministerio Público. Si ello es ratificado ante el juez,se trataría de una “confesión sincera” que implica responsabilidad procesal paralos coimputados.No existe en República Dominicana una ley de colaboración eficaz que regule,con más amplitud, el tema de las declaraciones de coimputados en el procesopenal, y no sabemos que entre las diferentes propuestas para modificar el CPPexista alguna conforme lo que se ha expuesto hasta este momento.Con el presente enfoque, que es nuestra opinión sobre el derecho procesalpenal de nuestro País, sobre el valor probatorio de la declaración de un impu-tado, como medio de prueba o medio de defensa, según las circunstancias fác-ticas del caso, y los derechos constitucionales del imputado, el momento parala acreditación de las pruebas, el rol del Ministerio Publico, todas institucionesde orden público, cuyo objetivo final es lograr una adecuada administración dejusticia y lograr el respeto al debido proceso de ley.En sus manos nos permitimos dejar este humilde aporte doctrinal y nos per-mitimos dejarles en libertad de producir las criticas que entiendan oportunas,siempre con el propósito final de lograr con nuestra opinión, cambios, mejoríao modificación de la diversa problemática que afecta el ejercicio profesional delderecho en la Republica Dominicana
  • 143. 151La Declaración del ImputadoBIBLIOGRAFIAALSINA, Hugo (1956): Tratado Teórico Práctico de Derecho ProcesalCivil y Comercial.BACIGALUPO, Enrique. (1994) La Impugnación de los hechos probadosen la Casación Penal. Buenos Aires.BECARIA, Cesare. (1984) De los delitos y las penas. Buenos Aires, Orbis,.BIDART Campos, Germán. (1993). La indagatoria de un menor de 15años en una causa penal . El Derecho, 19 de noviembre.BINDER, Alberto (1993). Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Hoc. Buenos Aires.BINDER, Alberto. (2000) El incumplimiento de las formas procesales.Ad-Hoc Buenos Aires.BOVINO, Alberto. (1997) Publicidad del juicio penal: la televisión en lasala de audiencias. En «Libertad de expresión y derecho penal», Ed. DelPuerto, Buenos Aires.CÁRDENAS Rioseco Raúl F. (2006) La Presunción de Inocencia, Edito-rial Porrúa S.A., 2da. Edición, Pág. 23, México.CARNELUTTI, F. (1949) Lecciones sobre Proceso Penal. 2a. Ed., I, Roma,Ateneo.CAROCCA P., Alex. (1998) Garantía Constitucional de la Defensa Proce-sal. Barcelona, Bosch.CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DEL NIÑO.COUTURE, Eduardo (1966): Fundamentos del Derecho Procesal.DALLOZ. Repertoire Methodique et Alphabetique de Legislation, de
  • 144. 152Doctrine et de Jurisprudence”, Ju-risprudence Generale, T. 36,”PREUVE”,Págs. 892 y 893, Nos. 99 a 107.DE MAURO, (1959). Manual de Derecho Procesal Penal. 3a. cd., Roma,Jandi Sapi,.DERIO, Emmanuel. (1983) Cuestiones éticas y jurídicas de la informa-ción. Ediciones Universidad de Navarra.DÍEZ-PICAZO, Luis (2000). El Poder de acusar. Misterio Fiscal y Consti-tucionalismo. Ariel Derecho. Barcelona.ESER, Albin. (1998) Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima,IDEMSA.ESPARZA L., Iñaki. (1995). El principio del proceso debido. Barcelona,Bosch.FENECH,Miguel. (1960). Derecho procesal penal, 3a. Ed.. I, Barcelona,Lanor.FERRAJOLI, Luigi. (1995) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,prólogo de N. Bobbio, trad. de P. Andrés Ibáñez.FERRÁN Casas. (1998) Perspectivas psicosociales, Ed. Paidós.GARNELO Jesús Martínez (2002). La investigación ministerial previa.Editorial Porrua. México.GARNELO, Jesús Martínez (2002). La investigación ministerial previa.Editorial Porrua. México.GARRIDO Martín, Eugenio y Masip Palleja, Jaume, en el V Congreso deEvaluación Psicológica sobre la “Evaluación de la credibilidad del testi-monio: Una revisión de los fundamentos teóricos, orígenes, evolución yestado actual del Análisis de Contenido basado en Criterios (CBCA) “GHERI, Gonzalo G., Sobre la Justificación post-liberal de los derechoshumanos. Universidad Católica del Perú.GIMENO Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor; CORTES Domín-
  • 145. 153La Declaración del Imputadoguez, Valentin. (1999) Derecho Procesal Penal. Madrid, Colex.HUERTAS Marín, M. (1999) El sujeto pasivo del proceso penal como ob-jeto de la prueba. Barcelona. Bosch.KIRSCH, Stefan. (2000) ¿Derecho a no autoinculparse? En: La insosteni-ble situación del Derecho Penal. Editorial Comares, Granada.MAIRE, Héctor en: La Doctrina de los Propios Actos y la AdministraciónPública. Depalma, Buenos Aires, 1994.MARITAIN, Jacques. Los derechos del hombre: cristianismo y democra-cia, Ediciones Palabra.MASSINI Correa, Carlos I. (1994) Filosofía del derecho. El derecho y losderechos humanos, Buenos Aires, Abeledo-Perrot.MITTERMAIER, Karl Joseph Anton. (2001). Tratado de la Prueba enMateria Criminal. Ed. Jurídica Universitaria. México.MOLINA Centeno de Mada, Silvia (1999) “Cómo el testimonio del me-nor víctima de delitos sexuales puede transformarse en un acto reparato-rio de la salud mental” en La Ley del 27 de abril de 1999, de la RepúblicaArgentina.MONTAÑÉS Pardo, Miguel Ángel. (1999) La Presunción de Inocencia.Análisis doctrinal y jurisprudencial, Pamplona, España, Editorial Aran-zadiMONTAÑÉS Pardo, Miguel Ángel. (1999) La Presunción de Inocencia.Análisis doctrinal y jurisprudencial, Pamplona, España, Editorial Aran-zadi.MONTERO Aroca, Juan (2002). La prueba en el proceso civil.MONTON Redondo, Alberto. (1995) Derecho jurisdiccional. Vol. III: ElProceso Penal. Barcelona, Bosch.NACIONES UNIDAS: La repercusión de la Declaración Universal de De-rechos Humanos. En línea.PELLERANO Gómez, Juan M. (2005). Derecho Procesal Penal,Ediciones Capeldom.
  • 146. 154PLASCENCIA Villanueva, Raúl. @008) Los medios de prueba en materiapenal; en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. Nueva SerieAño XXVIII, Nº 83.REVILLA, José A. (2009) El interrogatorio del imputado.SAN MARTÍN Castro César. (1999) Derecho Procesal Penal, Editora Ju-rídica Grijley, Tomo I.SERNA, P. (1989). Modernidad, posmodernidad y derecho natural: uniusnaturalismo posible, Persona y derecho, España, vol. 20, p. 168 (espe-cialmente nota 34).SORENSEN y Snow, de Ochotorena, J de Paoul y Arruabarrena Madaria-ga, M. I.. (2006). Ed. Masson, 1996. Pág.179.STEIN, Friedrich: El conocimiento privado del juez.SUBERO Isa, Jorge. De la Libertad de Expresión en la Constitución Do-minicana. Discurso pronunciado en ocasión de la IV Conferencia Mediosde Comunicación: Construcción de la Noticia Judicial. Documento elec-trónico. www.suprema.gov.do.TIJERINO Pacheco, José María (1989). Acerca de la Declaración del Im-putado. Buenos Aires, Lexis-Nexis. 4ª. Ed. Pág. 6,VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Magali (2001), en: El Ministerio Público y ladisponibilidad de la acción penal. Cuartas Jornadas de Derecho ProcesalPenal UCAB. Pág. 97.VÉLEZ Mariconde, Alfredo. Estudios de Derecho Procesal Penal,Tomo II.ZAGREBELSKY, Gustavo. La crucifixión y la democracia. Barcelona,Ariel.TERAN, Marco. La Prueba Ilícita. En línea Disponible en www.enj.org Tomado de: www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial /PAGINAS/D.P.Penal.89.htm.
  • 147. 155La Declaración del ImputadoLEYES Y JURISPRUDENCIARepública Dominicana. Suprema Corte de Justicia, so-bre La sana critica,B.J. 559, Pag. 230.República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, Bol;etines judiciales.Constitución 2010. Pg Ediciones. Santo Domingo, R.D.CODIGO PROCESAL PENAL, Ley 76-02. Maximo Díaz Ediciones. San-to Domingo, R.D.Resolución No. 1920/2003 de la Suprema Corte de Justicia sobre los Me-dios probatorios.República Dominicana. Suprema Corte de Justicia. Sentencia del 28 dejulio de 1998. B.J. 1052, Pág. 346.Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la regla probatoria“justa allegatta et probata”, digna de mención la sentencia del 19 de no-viembre de 1969. B. J. No. 708, Pág. 115.Jurisprudencia de la SCJ que ha dicho “El juez debe acoger las declara-ciones del acusado cuando no sean contradichas por los testigos”. (20 defebrero, 1981, G. O. 873).Jurisprudencia de la Corte de Apelación de Santiago de fecha 27 de enerode 1893, G. O. 994.Otros documentos• COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA, Asociación de Cien-cias Penales. (1997) Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal. SegundaEdición Ampliada, San José, Costa Rica.• Organización de Naciones Unidas. Declaración Universal de Dere-chos Humanos, del 10 de diciembre del 1948.• Compendio de los Principales Documentos Jurídicos Internacionalesque garantizan Los Derechos fundamentales de las personas publicadopor el Comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la Justiciay PARME del año 2005.• Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, Séptima EdiciónRevisada, de la Doctora Dora Nevares Muñiz de enero 2004.
  • 148. 156• Código Procesal Penal Tomo I y Tomo II por un Juez en Ejercicio delMagistrado Lic. Francisco Ortega Polanco.• Código Procesal Penal publicado por el Comisionado de apoyo a lareforma y modernización de la Justicia, por la Escuela Nacional de la Ju-dicatura y por el CONAEJ. 2002-2004• Los Plazos en el Código Procesal Penal del Lic. Máximo Matos Feliz.• Conferencias Inéditas de Julio Maier publicado por el Comisionadode apoyo a la reforma y modernización de la Justicia y PARME Mayo2008.• Código Procesal Penal Anotado del Magistrado Dr. Ignacio PascualCamacho.• Código Penal de la Republica Dominicana.• Cadena de Custodia como Garantía de Legalidad Probatoria, de JoséMiguel Minier Almonte publicado por el Comisionado de apoyo a la re-forma y modernización de la Justicia y por la Comisión Nacional de eje-cución de la Reforma Procesal Penal, (CONAEJ).• Diccionario Jurídico de Raymond Guillen y Jean Vicent, Editorial Te-mis del 1996.• Código Procesal Penal colombiano (Decreto Núm. 2700, de noviem-bre 30 de 1991).• Código Procesal Penal costarricense.• Código Procesal Penal de Córdoba, Argentina (Ley 8.123, del 5 dediciembre de 1991).• Código de Procedimiento Criminal de Puerto Rico.• Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivarianade Venezuela.• Estudio del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA). Re-formas Procesales Penales en América Latina: Resultados del Proyecto
  • 149. 157La Declaración del Imputadode Seguimiento, IV etapa, Coordinador del Proyecto: Cristián Riego R.Documento electrónico.• Memoria de la Fiscalia del Tribunal Supremo de España, sobre la leyde enjuiciamiento criminal..• Código del Menor Ley 136-03.• Pedro de Ellero, De la Certidumbre en los Juicios Criminales. P.369.• El Nacional de Ahora, 19 de junio, 1986, p.12 sobre la forma de laPolicía Nacional arrancar la confesión..• Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH sobre lasituación de los derechos humanos en la República Dominicana (2001).• Los Diez Mandamientos de La Ley de Dios.
  • 150. 159La Declaración del ImputadoANEXOSResolución No. 3869-2006Reglamento para el Manejo de la PruebaEn Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente cons-tituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Hugo Álvarez Valencia,Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda ReyesPérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Cas-tellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, PedroRomero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria Ge-neral, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingode Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de diciembre del año 2006, años 163°de la Independencia y 143° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, lasiguiente resolución:Atendido, que el artículo 8, numeral 2, letra j) de la Constitución de la Repú-blica Dominicana prevé como parte del debido proceso la observancia de losprocedimientos establecidos por la ley con el objetivo de garantizar la cele-bración de un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa;Atendido, que de acuerdo al artículo 3, numeral 2, de la Constitución, laRepública Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Interna-cional general y americano en la medida en que sus poderes públicos lashayan adoptado;Atendido, que el Código Procesal Penal de la República Dominicana no hacereferencia expresa al contra interrogatorio, utilizado en los sistemas procesalesde tipo acusatorio como mecanismo para rebatir o contradecir la prueba de laparte contraria, ejerciendo así eficazmente, en igualdad de armas, sus mediosde defensa como ha sido previsto en los instrumentos internacionales;Atendido, que el artículo 326 del Código Procesal Penal de la República Domi-nicana hace referencia al interrogatorio directo, tanto por la parte que presentael testigo como por las demás partes;
  • 151. 160Atendido, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su ar-tículo 14, numeral 3, establece que: “Durante el proceso, toda persona acusadade un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías míni-mas: …e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener lacomparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en lasmismas condiciones que los testigos de cargo”, sentando de este modo el contrainterrogatorio;Atendido, que se precisa, en consecuencia, la reglamentación de este impor-tante modo de interrogatorio para así dar oportunidad a las partes de rebatiren igualdad de armas la prueba presentada por la contraparte, sobre todo, latestimonial y la pericial;Atendido, que la normativa procesal penal, prohíbe las preguntas impertinen-tes, capciosas y sugestivas, pero no establece de forma clara la manera de obje-tar dichas preguntas, así como el comportamiento inadecuado de las partes enel debate, y el modo de presentación de ciertas pruebas;Atendido, que la forma de presentación y utilización de la prueba en sus distin-tas categorías, exige especial reglamentación;CAPÍTULO IDisposiciones GeneralesArtículo 1. DENOMINACIÓN.La presente resolución se denomina “Reglamento para el Manejo de los Mediosde Prueba en el Proceso Penal”.Artículo 2. OBJETO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO.El presente reglamento tiene por objeto y alcance unificar los criterios relativosa la presentación de los diversos medios de prueba adaptada a las etapas delproceso penal, a la luz de las disposiciones de la normativa constitucional yprocesal penal vigentes.Artículo 3. DEFINICIONES.A los fines de este reglamento los términos que se indican a continuación seinterpretan de acuerdo con las siguientes definiciones:a) Prueba admisible: Característica necesaria del elemento de prueba parasu incorporación al proceso sobre la base de su legalidad, utilidad, perti-nencia y relevancia.
  • 152. 161La Declaración del Imputadob) Acreditación: Mecanismo utilizado durante una audiencia para la au-tenticación o identificación de los medios de prueba recibidos y exhibidoscon el propósito de convencer al juez o tribunal respecto a su credibilidad.c) Autenticación: Mecanismo mediante el cual se sientan las bases para laadmisión como prueba de un objeto o documento.d) Base probatoria: Mecanismo utilizado durante la audiencia mediante ladeclaración de un testigo o perito a fin de incorporar objetos, documentosy otros medios de prueba.e) Calificación de perito: Mecanismo utilizado por las partes a fin de pro-porcionar al tribunal la información necesaria para establecer la calidadhabilitante respecto del tema de tipo científico o técnico para el cual hasido propuesto el testigo pericial.f) Conocimiento personal: Condición necesaria para admitir la relaciónde hecho presentada a través de prueba testimonial no pericial.g) Declaración: Exposición de la existencia o inexistencia sobre un hechoo situación de derecho.h) Defensa de coartada. Aquella que mediante evidencia clara y convin-cente logre establecer la imposibilidad material de que el imputado seaautor, coautor o cómplice del hecho que se le atribuye.i) Elementos de prueba: Conjunto de indicios y/o evidencia física que sos-tiene la pretensión de una parte.j) Estipulación: Acuerdo bajo supervisión judicial que implica un desisti-miento formal de las partes de hacer oposición sobre la cuestión tratada.k) Evidencia física: Cualquier cosa, desde objetos a trazas microscópicas quepueda ofrecer cualquier tipo de indicio relevante para la investigación.l) Impugnación: Técnica utilizada por las partes a fin de afectar de formanegativa la credibilidad del testigo o perito u otro medio de prueba, o paralograr su exclusión del debate.m) Incorporación de pruebas: Acto judicial de introducir los elementosde prueba obtenidos por las partes.
  • 153. 162n) Integridad de la prueba: Condición necesaria para la admisibilidad deuna evidencia física mediante el establecimiento de una cadena de cus-todia.o) Interrogatorio: Se refiere al examen de testigos o peritos a través depreguntas dirigidas a establecer la existencia de un hecho alegado.p) Legitimación de la prueba: Admisión por parte del tribunal de los ele-mentos de prueba aportados por las partes, luego de un examen previorespecto a su legalidad y pertinencia.q) Materia privilegiada: Se trata de derechos de confidencialidad que tieneel testigo para negarse a prestar información considerada secreta por ha-ber sido recibida con expectativa de confidencialidad, siempre que la leyle acuerde tal derecho.r) Objeción: Es el mecanismo legal que puede ser utilizado por las partesdurante el conocimiento de una causa a los fines de manifestar su oposi-ción a la formulación de una pregunta o respuesta, argumento, actitud delos sujetos procesales considerada indebida o a la presentación de eviden-cia inadmisible y cualquier otra actuación contraria a la reglamentaciónprocesal.s) Oferta de pruebas: Se refiere a la acción material de una parte de poneren conocimiento de las demás, la prueba que habrá de presentar en laaudiencia correspondiente.t) Prueba circunstancial: Se refiere a aquella que prueba un hecho del cualse infieren otros.u) Prueba demostrativa o ilustrativa: Se refiere a aquella utilizada paraexplicar, clarificar o visualizar un hecho a través de cualquier medio ilus-trativo.v) Prueba directa: Aquella que por sí sola demuestra la existencia de unhecho en controversia.w) Prueba preconstituida: Se refiere a aquella prueba elaborada por laparte que la presenta con miras a su utilización en la eventualidad de unproceso posterior.x) Prueba real: Aquella que forma parte de los hechos del caso.
  • 154. 163La Declaración del Imputadoy) Rehabilitación de testigo: Mecanismo mediante el cual la parte que pre-sentó a un testigo impugnado procura reestablecer su credibilidad o la desu testimonio.z) Testigo reticente: Persona citada a declarar como testigo que no compa-rece o que se niega a satisfacer el objeto de la citación.aa) Testigo hostil: Testigo o persona que al prestar declaración, varía sutestimonio respecto de otro que haya formulado anteriormente, ya seapor ante otra autoridad o jurisdicción, como al proponente.bb) Síndrome de la mujer maltratada: Afección de tipo psicológico, pro-vocada en la mujer por su pareja, por medio de violencia ejercida sobreésta como patrón de conducta, que por su frecuencia e intensidad ha dis-minuido su autoestima y anulado su capacidad de percibirse a sí mismacomo un ente con los valores y derechos inherentes a su condición huma-na, provocándole una obnubilación total o parcial de sus sentidos.cc) Supuestos exculpatorios: Conjunto de circunstancias utilizadas por elimputado como medio de defensa, con el propósito de desvirtuar la acu-sación sobre la base de la legitimidad y justificación de su actuación.dd) Valor probatorio: El peso que merece al juzgador determinada evi-dencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todoslos elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y perti-nencia, d conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal.ee) Interrogatorio Re-directo: Segundo interrogatorio realizado por laparte proponente del testigo o perito, a los fines de rehabilitar su credi-bilidad, luego de este haber sido sometido al contra-interrogatorio por laparte adversa.ff) Re-Contra interrogatorio: Segundo interrogatorio realizado al testigoo perito, por la adversa al que lo propone a los fines de reafirmar su im-pugnación.
  • 155. 164CAPÍTULO IIDel Alcance de la Presentación De PruebaA. Procedimientos PreparatoriosArtículo 4. Para la valoración de la prueba en las audiencias relativas a Medidasde Coerción deben ser observadas las disposiciones contenidas en los artícu-los 284 del Código Procesal Penal y 10 de la Resolución núm. 1731 del 15 deseptiembre del 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que crea el Re-glamento sobre Medidas de Coerción y Celebración de Audiencias durante laEtapa Preparatoria. Igualmente, en lo relativo a las audiencias sobre resoluciónde peticiones y objeciones, y cualquier otra vista a celebrarse durante la etapapreparatoria, serán observadas las previsiones contenidas en la supraindicadaresolución, al tenor de lo dispuesto por el artículo 3 de la misma. La presenta-ción de la prueba dependerá del fundamento sobre el cual descansa la cuestiónde que se trate.B. Audiencia PreliminarArtículo 5. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR.De conformidad con la oferta de pruebas realizada por las partes, a los únicosfines de determinar la suficiencia de la acusación, el Juez de la Instrucción valo-rará la utilidad de las mismas. La oferta, presentación y producción de pruebasen la audiencia preliminar dependerá de la cuestión a dilucidar, ya sea paradeterminar la suficiencia de la acusación, para desvirtuarla o para validar losacuerdos realizados entre las partes. A esos efectos, el juez podrá permitir elempleo de aquellos medios de prueba necesarios para la solución de las contro-versias del caso concreto, siempre y cuando se trate de cuestiones de hecho quesurjan de la investigación de la parte acusadora y de los aportes materiales delas demás partes. De existir algún aspecto jurídico relacionado con la admisi-bilidad de la prueba, tales como su licitud, pertinencia o utilidad, el juez podráautorizar un debate limitado sobre la cuestión planteada.Artículo 6. PRESENTACIÓN DE SUPUESTOS EXCULPATORIOS Y DEFENSADE COARTADA.Con el propósito de desvirtuar la acusación, conforme a la oferta de prueba,el imputado o el tercero civilmente demandado, en los casos aplicables, pue-den presentar supuestos exculpatorios y defensa de coartada tales como causasjustificantes, excluyentes de responsabilidad, síndrome de la mujer maltratada,entre otras. Los supuestos exculpatorios pueden ser presentados en esta etapa
  • 156. 165La Declaración del Imputadodel proceso. Luego de evaluar la petición de la parte, el juez permite la presen-tación de prueba para sostener sus pretensiones de acuerdo con las disposicio-nes del presente reglamento.Artículo 7. VALORACIÓN DE LA OFERTA DE PRUEBA EN LA AUDIENCIAPRELIMINAR.A los fines de determinar la admisión de la prueba ofrecida por las partes enesta fase, corresponde al juez evaluar su legalidad, utilidad, pertinencia y re-levancia a la luz de las circunstancias alegadas y conforme a los criterios devaloración de la prueba previstos en el Código Procesal Penal. El juez está obli-gado a equilibrar la oferta y eventual presentación de la prueba necesaria paravalorar la suficiencia de la acusación. A esos efectos vela porque no se filtrenplanteamientos dilatorios, no pertinentes o irrelevantes a la cuestión particularque se pretende presentar. En el ejercicio de su poder de dirección de la audien-cia, evita el abuso en el manejo de la prueba.JUICIO ORALCAPÍTULO III:Organización de la Prueba en el JuicioArtículo 8. De conformidad con las previsiones del artículo 305 del CódigoProcesal Penal y los artículos 22 y siguientes de la Resolución núm. 1734-2005del 15 de septiembre del 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia, la re-cepción, marcado, custodia y preservación de los medios de pruebas son dela responsabilidad de la Secretaria (o) del tribunal, quien una vez recibido elorden de presentación de los medios de pruebas, requiere a las partes que seandepositadas.Una vez recibidos los medios de pruebas, la secretaria (o) procede a inventariarlospara su presentación en audiencia, utilizando un marcado que garantice su indivi-dualización real y efectiva respecto de cualquier otro medio probatorio.Para esos efectos debe utilizar un sello que contenga el nombre del tribunal,el número de proceso, el orden de la prueba establecido en número o letra, lafirma de la secretaria (o), la fecha y hora de la recepción y la parte que realizóel depósito de la misma.
  • 157. 166CAPITULO IVDe Los Medios de Prueba y la Dinámicapara su PresentaciónArtículo 9. La dinámica para la presentación de la prueba depende del medioprobatorio a ser producido en el plenario.Artículo 10. PRESENTACIÓN DE PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL.De conformidad con las disposiciones del artículo 326 del Código Procesal Pe-nal, la presentación de prueba testimonial en el juicio de fondo se realiza de lasiguiente forma:a) El juez formula al testigo o al perito las advertencias sobre su deber dedeclarar la verdad y las consecuencias legales de no hacerlo.b) Prestación de juramento o promesa de acuerdo a lo establecido en elartículo 325 del Código Procesal Penal lo cual debe realizar el juez.c) La parte proponente procede a la acreditación del testigo o calificaciónde perito, mediante preguntas dirigidas a establecer su identificación yaspectos relativos a su credibilidad personal y conocimiento científico.d) Se procede al interrogatorio directo.e) Finalizado el interrogatorio directo, el testigo o el perito queda a dispo-sición de las demás partes para fines de la realización del contra interro-gatorio por la parte que le sea adversa.f) Cuando excepcionalmente durante el contra interrogatorio surgencuestiones que a juicio de la parte proponente del testigo o del perito,puedan afectar su credibilidad o su testimonio, ésta puede practicar un in-terrogatorio redirecto con el propósito de rehabilitarlo. Igualmente puedehacer uso de esta facultad en caso de que haya omitido algún cuestiona-miento sobre un aspecto relevante.g) La práctica de un redirecto puede dar lugar a un recontra interrogatoriopor la parte a quien le sea adversa.Artículo 11. DEL INTERROGATORIO DIRECTO.Se conoce como interrogatorio directo aquél que lleva a cabo la parte proponentedel testigo o el perito, así como aquellas que no tengan intereses contrapuestos.
  • 158. 167La Declaración del ImputadoEn procura de que se mantenga la transparencia procesal, las preguntas que seformulen al testigo o al perito por la parte proponente no pueden ser sugestivasde la contestación que se espera de él. Esta regla no aplica al interrogatoriodirecto de testigos hostiles. Conforme a las circunstancias particulares del casoconcreto, el juez o tribunal puede permitir la utilización de preguntas sugesti-vas cuando se interroga un testigo hostil, personas con dificultad en la com-prensión o expresión o cuando por razones de pudor el testigo sea renuente acontestar.Artículo 12. DEL CONTRA INTERROGATORIOLas partes adversas tienen la facultad de interrogar al testigo o al perito pormedio de preguntas tendentes a aclarar cuestiones de hecho, impugnarlo en sucredibilidad o en su testimonio. A diferencia de lo dispuesto para el interroga-torio directo, durante el contra interrogatorio pueden realizarse preguntas enforma aseverativa o inducida. Excepcionalmente, cuando en el contra interro-gatorio exista la necesidad de cuestionar en base a un elemento no establecidocon anterioridad, se puede realizar conforme a las reglas del interrogatorio di-recto. Terminado el contra interrogatorio, la parte que propone al testigo puedesolicitar al juez la realización del re-directo. De igual manera la parte adversapuede solicitar la realización de re-contra interrogatorio.Artículo 13. PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL; LA CALIFICACIÓNDEL PERITO.El perito es interrogado bajo los mismos términos y condiciones establecidospara el testigo, salvo en lo relativo a su calificación. La parte que presenta al pe-rito está obligada a realizar este trámite, de manera que se permita que tanto eltribunal como las demás partes del proceso, puedan apreciar si el mismo reúnetodos los requisitos legales para ostentar dicha calidad. A estos fines la califica-ción procura establecer su competencia pericial para determinar si satisface lossiguientes requisitos de capacidad:• Conocimiento especializado en la ciencia, arte o técnica sobre la cualdeclarará;• Credenciales;• Pericia o experiencia en el campo específico en que basa su opinión.Le corresponde al proponente del perito, llevar a cabo su calificación frente altribunal, la cual consiste en extraer del perito la información necesaria a los
  • 159. 168fines de establecer su calidad, capacidad e idoneidad para deponer respecto deltema de tipo científico para el cual ha sido ofertado.Artículo 14. El dictamen pericial puede ser impugnado sobre la base de la con-fiabilidad del método o tecnología utilizados a través del contra interrogatorio.Artículo 15. VALORACIÓN DE LA OPINIÓN O DICTAMEN PERICIAL.La valoración judicial de la opinión o dictamen pericial está sujeta a la confiabi-lidad del método o técnica utilizado por el perito para sostenerlo. A esos efectosel juez evalúa, entre otros factores, la capacidad profesional del perito, la validezen la comunidad científica del método de análisis practicado, la consideracióndel margen del error en su aplicación al caso concreto, la integridad y univer-salidad de la muestra.Artículo 16. IMPUGNACIONES DE TESTIGOS O PERITOS DURANTEEL CONTRA INTERROGATORIO.La impugnación puede realizarse, entre otros aspectos, a los fines de atacar lacredibilidad de un testigo o de un perito o su testimonio.Artículo 17. CAUSAS DE IMPUGNACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIALY PERICIAL.Durante el contra interrogatorio el testigo o el perito puede ser impugnado,entre otras, por las siguientes causas:1. Carácter fantasioso, contrario a las leyes naturales o de otra forma re-futable del testimonio.2. Deficiencias en la capacidad perceptiva.3. Existencia o sospecha de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidadpositiva o negativa.4. Manifestaciones o declaraciones anteriores, incluidas las hechas a ter-ceros o entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorioshechos durante las vistas ante el juez de la instrucción.5. Demostración de un patrón de conducta en cuanto a la mendacidad.6. Contradicciones en el contenido de la declaración.
  • 160. 169La Declaración del Imputado7. La calidad habilitante y competencia, para el caso exclusivo del perito.Artículo 18. EFECTOS DE LA IMPUGNACIÓN.La existencia de una causa de impugnación no tiene el efecto de excluir el testi-monio del testigo o del perito. La impugnación es un factor a considerarse porel juez o tribunal en el ejercicio de su sana crítica.Artículo 19. PRESENTACIÓN DE OBJETOS Y DOCUMENTOS COMO MEDIODE PRUEBA.Para el conocimiento del juicio, el medio de prueba previamente identificado,debe estar disponible en la sala de audiencia. Para la presentación de objetos ydocumentos se observa el procedimiento siguiente:a. La parte proponente procede a incorporar su prueba material o docu-mental a través de un testigo idóneo.b. Acto seguido, mediante la declaración del deponente, se establecen lasbases probatorias para la autenticación del objeto o documento que sepretende acreditar. En ese orden, le corresponde a la parte proponenteestablecer a través del testimonio del testigo o del perito, todo lo relativo alas bases probatoria del objeto o documento que le está siendo presentada,sin que en ningún caso pueda recibir auxilio de quien lo propuso.c. La parte que aporta el objeto o documento, lo muestra al testigo o alperito con la autorización previa del tribunal.d. Cuando se trate de documentos públicos, su autenticación se hace porla sola verificación del cumplimiento de los requisitos legales exigidospara la validez del documento en cuestión.CAPÍTULO VDe Las ObjecionesArtículo 20. FUNDAMENTOS PARA OBJETAR.Las partes pueden objetar toda actividad procesal contraria al debido procesogarantizado en la Constitución de la República, los tratados y convencionesinternacionales que se refieran a la protección de los derechos humanos y a lasgarantías procesales, el Código Procesal Penal y demás leyes referentes al tema,así como las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Además
  • 161. 170de las causas previstas por el artículo 326 del Código Procesal Penal, las partespueden objetar durante el interrogatorio de testigos, la formulación de pre-guntas argumentativas, repetitivas, especulativas, compuestas, no responsivaso que asuman hechos probados. Asimismo puede ser objetada, entre otras, laintroducción de prueba no pertinente, la forma de introducir los medios deprueba, prueba no autenticada, prueba sobre la cual no se hayan sentado lasbases y materia privilegiada. La parte que presenta la objeción debe fundamen-tarla de modo que el juez o tribunal resuelva la controversia.Artículo 21. DINÁMICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OBJECIONES.La presentación de las objeciones se realiza de la siguiente manera:a. En el instante en que se produce el supuesto objetable, la parte interesa-da plantea verbalmente la objeción a quien preside el tribunal.b. El presidente del tribunal, si lo considera necesario, requiere de la parteproponente de la objeción que la fundamente.c. Acto seguido, si el presidente del tribunal lo considera necesario, otorgala palabra a la parte objetada a los fines de que pueda ejercer el derecho aréplica, sin coartar el derecho de defensa que asiste a las partes.d. Si el juez acoge la objeción, la declara con lugar y ordena la correcciónde la situación objetada. En caso contrario, declara que no ha lugar y or-dena la continuación del proceso.CAPÍTULO VIDisposiciones FinalesArtículo 22. FUERZA VINCULANTEEl presente reglamento es de aplicación obligatoria y uniforme en todos losdepartamentos y distritos judiciales.Artículo 23. APLICACIÓN SUPLETORIA.Para los casos y situaciones no previstos por el presente reglamento, se aplicande manera supletoria las reglas del derecho común.
  • 162. 171La Declaración del ImputadoArtículo 24. VIGENCIA.Este reglamento entrará en vigor treinta (30) días después de su publicación.Esta a cargo de la Suprema Corte de Justicia realizar las diligencias pertinentespara la capacitación del personal.Artículo 25. COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN.Ordena comunicar la presente resolución a la Dirección General para los Asun-tos de la Carrera Judicial y a la Procuraduría General de la Republica para finesde su cumplimiento, y que sea publicada en el Boletín Judicial para su generalconocimiento.Suprema Corte de Justicia. Fin.
  • 163. 173La Declaración del ImputadoResolución Núm. 116/2010 del 18 de febrero de 2010 que reglamenta el Procedi-miento para obtener las declaraciones de las personas en condiciones de vulne-rabilidad, víctimas o testigos en los Centros de Entrevistas. Modifica el artículo3 y agrega párrafo al artículo 21 de la Resolución núm. 3687-2007.Dios, Patria y LibertadRepública DominicanaEn nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, dicta en Cámara deConsejo la siguiente resolución:Atendido, que la ley adjetiva especial para la protección de los derechos fun-damentales de los niños, niñas y adolescentes y la norma procesal penal con-templan el uso de medios técnicos en la audición de personas en condición devulnerabilidad, víctimas o testigos, con el fin de prevenir cualquier daño posi-ble, de ahí la necesidad de que el Poder Judicial adapte o adecúe instalacionesy equipos a tales fines;Atendido, que ante el incremento de los abusos sexuales y otros delitos contrala dignidad de la persona humana, las autoridades judiciales han identificadocomo necesidad prioritaria la instalación de medios tecnológicos que permitanla obtención de las declaraciones de las personas en condición de vulnerabili-dad, víctimas o testigos, a fin de evitar la revictimización, garantizando así laseguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos;Atendido, los efectos negativos que produce la victimización secundaria de laspersonas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos, hacen necesarioadoptar medidas tendentes a proteger y garantizar sus derechos;Atendido, que es preciso modificar el artículo 3, numeral 2.4 dela Resoluciónnúm. 3687-2007 en lo relativo a la edición y a la distorsión de la cara o imagende la persona menor de edad, toda vez que el video o imagen resultante debequedar grabado de forma íntegra;Atendido, que en consideración a lo anterior y ante el proceso de instalación deCentros de Entrevistas para la obtención de las declaraciones de tales personas,es preciso modificar, en lo que sea necesario, las Resoluciones núms. 3869-2006y 3687- 2007, dictadas por esta Suprema Corte de Justicia;Por tales motivos,
  • 164. 174RESUELVE:Artículo 1: Objeto: Reglamenta el procedimiento para la obtención de las decla-raciones de personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos, en losCentros de Entrevistas, según Protocolo que se anexa a la presente resolución,formando parte íntegra de la misma;Artículo 2: Modifica el artículo 3, numeral 2.4 de la Resolución núm. 3687-2007, para que en lo sucesivo diga de la manera siguiente:“Art. 3, numeral 2.4: El interrogatorio debe ser grabado en formato audiovisual,y será consignado en acta levantada al efecto, que debe ser firmada y certificadapor la secretaria del tribunal, previa comprobación de su autenticidad por eltécnico actuante. Dicha grabación forma parte esencial del caso y debe teneruna etiqueta conteniendo advertencia sobre su uso restringido, a fin de garanti-zar que sirva para todas las fases e instancias procesales, debiendo observarse elprincipio de confidencialidad sobre la identidad de la persona menor de edad,sin perjuicio del derecho de las partes a examinar el contenido del acta y lagrabación.”Artículo 3: Agrega al artículo 3, numeral 2, de la Resolución núm. 3687-2007, elnumeral 5, para que se lea de la manera siguiente:“5. Cuando el interrogatorio a la persona en condición de vulnerabilidad, víc-tima o testigo se realice en un Centro de Entrevistas, deberá observarse el si-guiente procedimiento:Párrafo I.- El interrogatorio será grabado en formato audiovisual, sin interrup-ción y sin editar. Se harán dos originales del video contentivo de la declaración,etiquetados como Primer Original y Segundo Original, haciendo constar en laetiqueta su autenticidad con la firma y sello de la persona Encargada del Centrode Entrevistas, así como la advertencia de su carácter confidencial y prohibi-ción sobre la alteración y difusión de su contenido.Párrafo II.- El Primer Original será conservado en los archivos del Centro deEntrevista, bajo la responsabilidad de la persona encargada del Centro. El Se-gundo Original será entregado al ministerio público encargado de la investi-gación, previa firma de la Carta Compromiso por la que asume su seguridad,conservación inalterable y confidencialidad, quedando éste obligado a presen-tarlo en las etapas del proceso en que sea requerido como medio de prueba y agarantizar la cadena de custodia sobre la prueba.Párrafo III. Del Primer Original sólo podrá hacerse una copia ulterior cuan-do, por destrucción total o parcial, o desaparición del Segundo Original, sea
  • 165. 175La Declaración del Imputadorequerido a la persona Encargada del Centro de Entrevistas, por decisión debi-damente motivada de/la juez/a competente, en cuyo caso se fijará una etiquetaindicativa de que sustituye el Segundo Original, con indicación de la fecha y elnúmero de la decisión que autorizó la realización de la copia, la cual será entre-gada al ministerio público, previa firma de la Carta Compromiso.Párrafo IV. Durante la entrevista, la secretaria del tribunal que la ha solicitadolevantará acta en la que hará constar los nombres y calidades de las personaspresentes, las actuaciones llevadas a cabo en el área de observación, así comolas declaraciones de la persona entrevistada. La secretaria del tribunal entrega-rá copia certificada del acta así levantada a las partes involucradas en el proce-so, debiendo consignar en la misma la advertencia del carácter confidencial desu contenido.“Artículo 4: Agrega un párrafo al artículo 21 de la Resolución núm. 3869-2006,para que en lo sucesivo se lea de la manera siguiente: “Párrafo: El video re-sultante de la entrevista será exhibido en la vista, audiencia o juicio, de con-formidad con el artículo 329 del Código Procesal Penal, mediante el uso detecnología adecuada, en la fase de producción de la prueba, a puertas cerradas,en aplicación de las disposiciones del artículo 308 del citado texto de ley.”Artículo 5: Ordena comunicar la presente resolución a los jueces de la instruc-ción, a los jueces de los tribunales colegiados, a los jueces de las Cámaras Pe-nales de los Juzgados de Primera Instancia, a los Jueces con Plenitud de Juris-dicción, a los jueces de las Cámaras Penales de las Cortes de Apelación y de lasCortes de Apelación con plenitud de jurisdicción, a los jueces de los tribunalesy Cortes de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, a los jueces de los Juzga-dos de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes, a los Jueces de Paz, alProcurador General de la República, a la Oficina Nacional de Defensa Públicay a la Dirección General de la Carrera Judicial.Artículo 6: Ordena publicar la presente resolución en el Boletín Judicial. Así hasido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámarade Consejo, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,Capital de la República, el jueves (18) de febrero del año dos mil diez (2010),años 166° de la Independencia y 146° de la Restauración.
  • 166. 176Jorge A. Subero IsaEglys Margarita EsmurdocHugo Álvarez ValenciaMargarita A. TavaresDarío O. Fernández EspinalEnilda Reyes PérezDulce Ma. Rodríguez de GorisJulio Aníbal SuárezVíctor José Castellanos EstrellaAna Rosa Bergés DreyfousEdgar Hernández MejíaPedro Romero ConfesorNos., Secretaria General, certifico que la presente resolución ha sido dada yfirmada por los Jueces que figuran más arriba, el mismo día, mes y año en élexpresados.-Grimilda AcostaSecretaria General
  • 167. 178El Dr. Nelson Rafael Santana Artiles nació el 10 de marzo delaño 1958 en la sección los uveros de villa Vásquez, provincia deMontecristi.Es hijo del señor Tomas Santana y de la señora María Atiles, cur-só sus primeros estudios en la escuela “Los Uveros” de Villa Vás-quez, Montecristi en los años 1965-1973, los estudios secundarioslos realizó en el liceo Secundario “Pedro Antonio Pimentel”, enlas Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, del 1973 al 1977.En los años 80 ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Do-mingo (UASD) de donde se gradúa de Doctor en Derecho en el año 1986.En el año 1996 fue evaluado por la Suprema Corte de Justicia para ocupar el cargo de juez dela Corte de Apelación de Montecristi y aprobó dicha evaluación con una puntuación de 80puntos.En su larga experiencia profesional ha sido fiscalizador del municipio de Villa Vásquez, Mon-tecristi en el año 1986.Es profesor universitario de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) desde1989 hasta la fecha, de Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal.En sus Veinticinco (25) Años de ejercicio Profesional ha desarrollado Tesis que han creadoJurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia.Es asesor de tesis de grado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),desde 1989 en su calidad de profesor investigador.Ha publicado diversos artículos en periódicos nacionales entre los que se pueden citar:La creación de los tribunales agrarios. “El Caribe”, 3-5-1986Los Préstamos Agrícolas. “Listín Diario”, 27-4-1985Borrón y Cuenta Nueva “El Nuevo Diario”, 6-7-1986.Ha dictado charlas y conferencias a nivel nacional entre las que podemos citar:“Perspectiva de desarrollo turístico de la línea noroeste”, en la asociación de profesionales deMontecristi, en el 1992.“La reforma agraria hoy”, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), 7 y 8 deAbril de 1995.“La ley 50-88, punición y prevención”, Villa Vásquez, Fundenor en el año 1995.“Perspectiva de los derechos humanos’, en Montecristi, en el 2000.Charla sobre el tema “Los Derechos Humanos del Detenido”, en la Universidad Autónoma deSanto Domingo el 11 de junio de 1992.Charla sobre el tema “Los Derechos Humanos de la Victima”, en la Universidad NacionalPedro Henríquez Ureña (UNPHU), el 4 de febrero del 1997, entre otras.