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25 06-12 25 06-12 Presentation Transcript

  • CAPACIDADSANCIONADORA DEL ESTADO PRECISIONES CONSTITUCIONALES
  • LA POTESTAD SANCIONADORA Facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, al estar vedada para la administración pública las sanciones consistentes en privación de libertad.
  • CARACTERES Carece de un marco legal general que sirva de aplicación supletoria a los regímenes especiales disciplinarios. En el ordenamiento jurídico administrativo Peruano está sujeta a un marco general establecido en la Ley Nº 27444 de Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales de carácter sectorial View slide
  • RAZONES PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD DE SANCIÓN Necesidad de monopolizar la potestad de sanción del Estado . Racionalizar y someter la potestad a los mecanismos de limitación y control del poder Bases constitucionales que sustenta la capacidad de sanción View slide
  • BASES CONSTITUCIONALES QUESUSTENTA LA CAPACIDAD DE SANCION. La facultad de sanción es inherente, porque a través de ella la Administración, puede cumplir sus fines acorde a lo dispuesto en el Art. 44º Const. es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales, la seguridad de la población, el bienestar general.
  • LA POTESTAD DE SANCIÓN COMO FACULTAD DELEGADA La atribución de un autónomo poder sancionador a la Administración, la convierte en juez y parte. El poder sancionador de la Administración es una potestad esencialmente limitada, y sometida al control jurisdiccional.
  • LÍMITES CONSTITUCIONALES Principio de legalidad. Principio de motivación del acto administrativo sancionador. Principio de proporcionalidad
  • LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Es un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático (arts. 3º y 43º Const.), como un tipo de Estado el poder público está sometido al Derecho y por ello, la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción
  •  La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los artículos 3º y 43º de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción
  •  la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad (…)”. (Fundamento Jurídico N.º 31).
  •  Principio de legalidad y subprincipio de taxatividad en el derecho administrativo sancionador El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. La Constitución lo consagra en su artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley
  •  el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.
  •  El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.
  •  El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo sancionador El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho. Base: Const. Arts. 3º, 43º, 200°, El principio de razonabilidad: valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión.
  •  El principio de proporcionalidad aplicado al control de la potestad de sanción de la Administración. En la actuación de la Administración, el principio de proporcionalidad cobra importancia debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el interés general o el bien común. Ellas deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación: derechos fundamentales, dignidad de las personas.
  •  El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa;
  •  En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación
  • SEMEJANZAS ENTRE CAPACIDAD SANCIONADORA Y DISCIPLINARIA Constituyen manifestaciones administrativas de la capacidad punitiva del Estado, de carácter no jurisdiccional. El ejercicio de ambas potestades corresponde a entidades de carácter administrativo, no jurisdiccional. La potestad disciplinaria constituye un poder de coacción para proteger la propia organización de la Administración Pública.
  • CONCEPTO DE POTESTAD DISCIPLINARIA instrumento de autotutela que utiliza la administración para efecto de garantizar y asegurar que la función pública se realice en interés de todos y conforme a los principios constitucionales…” “La potestad sancionadora reconocida a la administración asume dos modalidades: la disciplinaria (frente a los funcionarios que violan los deberes y prohibiciones), y la correccional (por las infracciones de los particulares a las obligaciones o restricciones en materia de higiene, tránsito, financiera, fiscal, etc.)….”
  • PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA Los principios que orientan la potestad sancionadora regulan las facultades de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a imponerse a los administrados. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida –adicionalmente– por los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, causalidad, presunción de licitud, entre otros.
  • Nen bis in idem Análisis constitucional
  •  ALCANCES GENERALES El derecho peruano ha incorporado como parte de su legislación administrativa, el principio del ne bis in idem., el numeral 10 del artículo 230º de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley Nº 27444, señala que “No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena o una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”. unos sostienen que este principio de alguna manera está incorporado en los incisos 2 y 13 del artículo 139º de la Constitución Política del Estado (principio de legalidad y debido proceso)
  • ACERCA DE LA DENOMINACION Algunos autores utilizan la nominación de non bis in idem, mientras que otros optan por la expresión ne bis in idem. Se sostiene que entre ambos términos xisten diferencias en cuanto a sus efectos La LPAG optó por denominarlo como non bis in idem.
  • FUNDAMENTO JURIDICO DEL NE BIS IN IDEM La clausula 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica que señala “ El inculpado absuelto, por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos” De igual manera la clausula 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa “ Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento de cada país”
  •  Ne bis in idem“Nadie puede se enjuiciado por los mismos hechos que hayan sido juzgados por resolución firme de un tribunal penal”. Non bis in idem,“Nadie puede ser juzgado doblemente por un delito”
  •  El ne bis in idem tendría mayor amplitud de concepto, pues habla de “los mismos hechos” mientras que el segundo es más restrictivo, pues sólo se refiere a “delitos”; sin embargo, se observa que ambos conceptos se usan indistintamente, pues sus efectos tienen la misma Trascendencia, no dos veces de lo mismo”.
  •  De la lectura del artículo 8.4 de la Convención se desprende que la prohibición del doble enjuiciamiento es procedente si se cumplen con los siguientes requisitos: Se trate del mismo inculpado Que la ley haya dictado sentencia absolutoria Que la sentencia absolutoria sea firme Que el nuevo juicio tenga por objeto los mismos hechos
  • NE BIS IN IDEM – MEDIO DE EXCEPCIÓN PROCESAL O GARANTÍA CONSTITUCIONAL Este se encuentra considerado dentro de las garantías jurisdiccionales, precisamente en el mismo nivel de los llamados principios de proporcionalidad, principio de buena fe y de seguridad jurídica, conocidos como principios generales del Derecho; y de los principios procesales conocidos como: nulla poena sine lege, nulla poena sine iudicio, presunción de inocencia, principio del juez natural y el del derecho de defensa. Siendo esto así, puede asumirse que el principio del ne bis in idem no es subsidiario de las demás garantías que protegen la libertad individual, pues no es un principio accesorio, sino que existe antes de él, es un “regulador” del proceso judicial o del procedimiento administrativo.
  • ALGUNOS ALCANCES JURISPRUDENCIALES , lo que se protege es la prohibición de doble sometimiento o doble persecución, lo que implica que el Estado tiene una sola oportunidad de instruir un procedimiento contra el sujeto que ha violado las normas de protección “del orden social”. Esta prohibición, es conocida en la jurisprudencia de EEUU como double jeopardy clause. En efecto, la jurisprudencia de Estados Unidos de Norteamérica, también ha sentado muchos precedentes en materia de aplicación del principio del ne bis in idem que incluso derivó que se incorpore a la 5ta. Enmienda de la Constitución política de éste país, una cláusula disponiendo que “Nadie será sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que puede causarle la pérdida de la vida o de algún miembro”.
  • PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM Articulación penal-administrativa, teniendo en cuenta que muchas de las conductas penales encuentran su complemento en el derecho administrativo sancionador. Tenemos por ejemplo, los delitos tributarios, los de información privilegiada, estos delitos, conocidos en doctrina como delitos especiales, tienen su complemento en la legislación administrativa
  •  Tiende a ser un mecanismo de coordinación en la actuación de todos los órganos sancionadores, a fin de que la aplicación del principio, en sus términos actuales no pueda causar un efecto perverso o pernicioso desde todos los puntos de vista. Debe existir comunicación entre el órgano judicial y el administrativo, para que en los casos donde no existe relevancia penal, se pueda decidir si debe iniciarse o continuar el expediente sancionador administrativo.