1                      “La degradación de una utopía” *iCarlos Gaviria Díaz   1.         La forma de organización política...
23. aquello que reconoce como verdadero, y debe poder hacerlo sin perjuicios   para su vida, para su libertad o para su si...
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La degradación de una utopía carlos gaviria

  1. 1. 1 “La degradación de una utopía” *iCarlos Gaviria Díaz 1. La forma de organización política llamada “Estado de Derecho”, dentro de la cual nuestra Constitución se inscribe, persigue una finalidad tan plausible como clara: el imperio de la norma jurídica. La peculiaridad radica en que la capacidad vinculante de ésta, alcanza a los mismos que la crean, desdibujando así la odiosa línea que separa a los gobernantes de los súbditos. La igualdad ante la ley es, entonces, su valor más evidente. Pero no el único. La abolición de la arbitrariedad halla su más hondo sentido en la preservación de la libertad individual, entendida como la opción autónoma de cada quien, armonizada con la de los demás. La libertad, demarcada por la norma igualitaria, sintetiza el desiderátum de la filosofía demoliberal. Su ethos parece sustraído a cualquier cuestionamiento axiológico: conciliar la vocación social del hombre con la dignidad, que hace de cada persona un ser único e inintercambiable. 2. Si de lo que se trata es de propiciar la realización ética del individuo, la libertad es, en un primer momento, ausencia de coacción. Ejemplarizantes de esta fase son las llamadas “libertades espirituales”: libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de opinión, enraizadas, como atinadamente lo indica Helmut Coing (1), en el deber de veracidad que hace posible la vida comunitaria. Oigámoslo en sus apartes más significativos: “El hombre es un ser sociable; está determinado a vivir con otros. En el encuentro con sus prójimos se cumple su desarrollo espiritual. Por ello es al mismo tiempo un ser que se comunica, que manifiesta a otros lo que vive y lo que piensa…. Lo que el hombre comunica debe ser veraz; debe decir lo que piensa, el comportamiento externo debe estar de acuerdo con la actitud interna. Al servicio de esos deberes están las citadas libertades espirituales. Ellas protegen la manifestación de la ideología, de la opinión, de la fe religiosa. Tienden a eliminar la coacción de un ámbito en el que sólo pueda valer la convicción interna. Las libertades espirituales hacen innecesaria la hipocresía, la ficción de ideas inexistentes, la negación tácita o expresa de aquello que propiamente se piensa y se venera internamente. Recta y libremente debe el hombre confesar aquello que íntimamente venera,
  2. 2. 23. aquello que reconoce como verdadero, y debe poder hacerlo sin perjuicios para su vida, para su libertad o para su situación material”. (He subrayado).4. Más que un deber, la veracidad es una condición de convivencia armónica , puesto que para convivir tengo que comunicarme y sólo si lo que comunico es de veras lo que pienso, siento y vivo, puede el otro saber con certeza quién soy, y comportarse en consecuencia sin que sean defraudadas sus expectativas. Una sociedad que ofrezca a cada una de las personas que la constituyen, honestamente y sin reticencias, la posibilidad de ser veraces, es decir (¡paradójicamente!), que les allane el camino para el cumplimiento de un deber moral originario, satisface una condición esencial para lograr la armonía, tan anhelada por los utopistas de todas las épocas. Ciertamente hay sociedades que se aproximan a la realización de esa idea, pero la inmensa mayoría sin haber logrado tal proximidad, o sin siquiera buscarla, entona el epinicio para anunciar y festejar una victoria fraudulenta. Traicionan así, de raíz, los postulados que proclaman pues, de modo desvergonzado, infringen el deber cuyo cumplimiento dicen propiciar. Un propósito tan excelso como el que alienta al Estado de Derecho es trocado, en ellas, por otro mezquino y proditorio: el escamoteo de la coacción.5. El Estado totalitario ambiciona invadir las más secretas zonas de mi vida. No dejar librado a mi decisión autónoma el comportamiento más inocuo ni la más intima de mis vivencias. Me prescribe qué es lo que tengo que pensar, sentir, imaginar, de qué debo reírme y de qué no, es decir, no conforme con determinar de modo taxativo todos los actos de mi ser trivial, atenta violentar mi ser monástico, para decirlo en el lenguaje dilecto de Ortega y Gasset. En contraste ejemplar, el Estado de Derecho no sólo deja intactas esas zonas inaccesibles sino que hace declaración expresa de resguardarlas. Pero cuando los intereses materiales de la clase dirigente chocan con el ejercicio de las libertades (¡tan celosamente protegidas!) se recurre, para sofocarlas, a sutiles mecanismos que dejan indemne la fisonomía del sistema. No se puede permitir que ésta se deforme porque está aprestigiada por una idea que parece inatacable. El aparato logístico dispuesto, en teoría, para mantener esas esferas privilegiadas libres de toda coacción cambia sutilmente de finalidad. Ahora su función consiste en hacer imperceptible la violencia. No se apela, entonces, al ejercicio del poder desnudo sino a las presiones indirectas, verbigracia: la discriminación por encuadramiento ideológico. Que cada quien piense y opine conforme a los dictados de su conciencia, pero sólo
  3. 3. 3 quien opine y actúe a tono con los intereses materiales de los detentadores del poder, tiene acceso a los bienes que el Estado dispensa. Sólo cuando el hereje se subleva contra esos métodos arteros, los denuncia y los enfrenta, se recurre a la fuerza física.6. Pervertida así, la democracia, se trueca en una técnica desalmada, manipuladora de la coacción indirecta en beneficio de los intereses dominantes. Contra un sistema que infringe doblemente el sustrato axiológico que invoca, pues regateando la libertad a los heterodoxos falta también a la igualdad, no queda a éstos otra alternativa que disponer sus métodos de lucha dentro de una estrategia a tono con las posibilidades que ofrece el encubrimiento de la fuerza. Tan pronto como los más perspicaces advierten el engaño, hallan también el mecanismo defensivo: la mimesis. A la autenticidad se sustituye la simulación. El sistema cuya razón de ser radica en propiciar al individuo su realización moral plena, lo fuerza a mistificarse lo mismo que si viviera bajo un régimen abiertamente totalitario. Con una circunstancia adicional agravante: que el funcionamiento engañoso del mecanismo sólo lo captan los más sagaces. El hombre común es la primera víctima de la organización política que dice exaltarlo.7. Una vez que el Estado, o los usufructuarios del statu quo, descubren la actitud mimética, usada como artificio defensivo por algunos disidentes, reivindican el monopolio del engaño, denunciando y persiguiendo como herejes no sólo a los reales adversarios, sino a quienes, tomando en serio los valores que el sistema dice prohijar, reclaman coherencia de la acción política con la ideología. Porque nada tan incómodo y perturbador para una seudodemocracia como la actitud ética del demócrata integral que- intransigente ante la perversión del sistema- lo fiscaliza y lo convoca a rendir cuentas en nombre de la lealtad a los principios. Es la presa más apetecida de una táctica persecutoria excecrable que desde hace varias décadas tiene nombre propio: el macartismo. Poco espacio deja a la autenticidad, el sistema político inventado para estimularla. Quizás sea excesiva pero bien orientada la anotación que en ese sentido hace el agudo pensador venezolano Delgado Ocando (2):” El mandato de veracidad es incumplible, mientras la bondad del sistema político se mida en función del disimulo de la fuerza”.8. La pregunta que a estas alturas parece ineludible es ésta: ¿tienen alguna relación esas deshilvanadas reflexiones sobre ética y política con el asunto de que trata este libro, a saber, el Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el actual gobierno al Congreso de la
  4. 4. 4 República? Creo que cualquier lector atento ya habrá dado la respuesta. No obstante, me parece conveniente hacerla más explícita a partir del tema que se me adjudicó: los derechos civiles y garantías sociales. El momento crítico que hoy vive Colombia – a mi juicio, el más vergonzoso de su historia- puede describirse desde una perspectiva jurídica, como una escisión singular, casi paradigmática, entre el derecho formulado y el derecho en acción (“en el papel” y “en la vida” diría el realismo jurídico norteamericano). El primero, con las precariedades ajenas a toda obra humana, es, sin embargo, compatible con una vida comunitaria civilizada. Pero el segundo es, ni más ni menos, la negación brutal de aquél. Y es, en gran medida, el que prevalece. No son las normas constitutivas de nuestro régimen de derecho, desde luego perfectibles, las que nos han sumido en el atolladero angustioso en que nos encontramos. Son las prácticas depravadas que las han subrogado, las responsables de esta involución incontenible hacia el estado de naturaleza. Es la falta de una voluntad política eficaz la que dispone que el derecho válidamente establecido quede sin vigor, eclipsado por los actos ad-hoc, infractores de la filosofía del sistema político, pero más eficaces para la protección de los intereses económicos que tras de ella se agazapan.9. El contraste entre forma jurídica y realidad política es particularmente dramático en el campo de las libertades públicas, denominado en la constitución actual “De los derechos civiles y garantías sociales”. Puede ensayarse, a modo de penoso ejercicio, la confrontación de cada una de las normas que integran el Título III de nuestra Carta Fundamental, con la realidad que pretenden moldear, para advertir cómo ésta discurre por cauces totalmente distintos, si no antagónicos, a los que aquellas imperativamente le señalan. No vamos a intentar aquí esa tarea exhaustiva y desalentadora, porque ella excede los límites razonables de este escrito y, además, resulta innecesaria. Cualquier persona ecuánime y sensata puede llevarla a término. Basta con aducir unos pocos ejemplos, atinentes a algunas de las disposiciones más significativas que componen el Título. Verbigracia: que “Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en las leyes”. (Art.23). El derecho de Habeas Corpus –que allí consagra-, síntesis del respeto a lo más sagrado de la persona, ¿tendrá vigencia ordinaria entre nosotros? Quienes han instituido la práctica del allanamiento brutal y
  5. 5. 5 arbitrario como instrumento intimidatorio contra los enemigos políticos- muchas veces ciudadanos pacíficos y honestos- y la retención secreta de personas en lugares vedados por la ley y con propósitos vitandos, debe sonreír “piadosamente” ante la lectura de un texto tan noble como el que nuestra Constitución prohíja. Desventuradamente para muchos de nuestros legisladores y gobernantes y usufructuarios del régimen, basta con que la lectura del texto sea regocijante. Para eso se hizo. Para ser leído. Las necesidades prácticas irán señalando las ocasiones en que la desviación de él parece aconsejable. De similar factura es el artículo 38, que en cierta forma completa al anterior:”La correspondencia confiada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptadas ni registrados sino por la autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley con el único objeto de buscar pruebas judiciales”. Huelga decir que también en su eficacia dichas normas resultan afines. Otro tanto puede afirmarse, mutatis mutandi, del artículo 16, que define – ajustado a la ortodoxia democrática y liberal -, la función de los gobernantes dentro de un Estado de Derecho: “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Su texto es gratificante, pero su capacidad conformadora altamente dudosa.10. De los compromisos que el propio Estado “generosamente” contrae, no hay para qué hablar: “el que tenga ojos que mire y el que tenga oídos que oiga” dice el evangelista que enseñaba Jesús. “La asistencia pública es función del Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar”. (Art.19); “…La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado, y obligatoria en el grado que señale la ley… a partir del primero de enero de 1958, el gobierno invertirá no menos del 10 por ciento de su presupuesto general de gastos en educación pública”; “…Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social…” (art.32). El estilo, tiene toda la gracia de un texto del doctor López Michelsen. Y en su capacidad para transformar la realidad debe alborozar a su oponente el doctor Gómez Hurtado.
  6. 6. 6 11. Los derechos civiles y garantías sociales, que el Proyecto de Reforma Constitucional incrementa y afina, bajo los rubros “Derechos Civiles y Políticos” y “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” han sido genéricamente llamados “libertades burguesas”, denominación bastante impropia, pues constituyen logros humanos que todo régimen decente debe acoger y proteger. Pero en la medida en que se proyectan en una realidad social donde son irrealizables, devienen letra muerta. Por eso se les califica de “formales”. La función que entonces cumplen, hace parte de la estrategia encubridora de que nos hemos ocupado en este ensayo. A semejanza de los pobres vergonzantes, nuestra clase política enluce la fachada de la casa, para ocultar la miseria deplorable (espiritual y material) que hay que soportar de puertas para adentro. Si de lo que se trata es de crear un medio propicio para que el individuo pueda asumirse como ser ético (veraz) el cambio de las condiciones materiales es presupuesto ineludible. Y a esto no parece decidida nuestra clase dirigente. A la transformación radical de esas condiciones debe apuntar la lucha política que adquiere así un indiscutible sello ético. Si realmente se tiene voluntad de proteger las libertades espirituales, que se remueva el ambiente de terror, para lo cual no basta –ni es necesaria- una reforma constitucional. Mientras los derechos humanos sean meras categorías para pensar al hombre abstracto y no posibilidades reales del hombre concreto, el Estado de Derecho seguirá siendo una utopía inalcanzable y los mecanismos empleados para fingir su existencia, la más palmaría degradación de un ideal irrenunciable. iii Este documento está basado en la Constitución de 1886 pero es vigente para la Constitución actual. Fue tomadodel libro “Hacia una Reforma Constitucional” Gaviria Díaz, Carlos. Derechos civiles en la Constitución, Medellín,Periódico EL MUNDO, Universidad de Medellín, 1988.ii (1) Coing, Helmut: Fundamentos de Filosofía de Derecho, Ariel, Barcelona, 1961, pag. 184 y ss. (2) Delgado Ocando, J.M.: Una Introducción a la Ética Social Descriptiva. Ed. Luz, Maracaibo, 1965.

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