Formato de juicio contencioso administrativo
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Formato de juicio contencioso administrativo Formato de juicio contencioso administrativo Document Transcript

  • (NOMBRE DE LA EMPRESA) V.S. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE CÓRDOBA Y ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE CÓRDOBA Y JEFE DEL SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LASALA REGIONAL DEL GOLFO DELH. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIAFISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TURNO.PRESENTE( Nombre de quien promueve ), en representación legal de ( Nombre dela empresa ), personalidad que acredito con el instrumento público que paratal efecto se acompaña y que se relaciona como prueba número 1 dentro delpresente escrito en el capítulo respectivo, y señalando como domicilio para oíry recibir notificaciones el ubicado en __________________. autorizando entérminos del artículo 5° de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo a los C.C. Licenciados en Derecho _______ (con cédulaprofesional número XXXXX), ________ (con cédula profesional númeroXXXXX), ________ (con cédula profesional número XXXXX, registrada con elnúmero XXXX, foja No. 92, del Libro XI de Registro de Cédulas Profesionalesque lleva la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Federal de JusticiaFiscal y Administrativa), respetuosamente comparezco y expongo:Que con el mencionado carácter de representante legal y con fundamento enlo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 13, 14, 15, 51, 52 y demás queresulten aplicables de la Ley Federal del Procedimiento ContenciosoAdministrativo, así como el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica delTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vengo a demandar que sedeclare la ilegalidad de la resolución contenida en el oficio No.600-71-2004-0028, emitida por la Administración Local Jurídica de Córdobapor medio de la cual se declara la validez de la resolución recurrida, así comola nulidad de la resolución contenida en el oficio 500-21-00-04-01-2004-6214,de fecha 25 de julio de 2003, emitida por la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, a través de la cual se determinan los créditos fiscalesnúmeros 212312, 212313, 212314 y 212315, en cantidad total de$1,144,891.57, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valoragregado, recargos y multas, en el periodo comprendido del 01 de enero de2003 al 31 de diciembre de 2003 y un reparto adicional de utilidades porpagar con importe de $89,501.18.
  • Dichas resoluciones son contrarias a derecho tal y como se demostrará conlos conceptos de impugnación que posteriormente se expresarán.A efecto de dar cumplimiento a los requisitos contemplados por el artículo 14de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, seproporcionan los siguientes datos:I.- NOMBRE DEL DEMANDANTE Y DOMICILIO PARA RECIBIRNOTIFICACIONES.Los que han quedado señalados en el proemio de esta demanda.II.- RESOLUCIONES IMPUGNADAS.La resolución contenida en el oficio 600-71-2003-0028, por medio de la cualla Administración Local Jurídica de Córdoba, confirma la resolución contenidaen el oficio 500-21-00-04-01-2003-6214, de fecha 25 de julio de 2003,emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, a travésdel cual se determinan los créditos fiscales números 212312, 212313, 212314y 212315, en cantidad total de $1,144,891.57, por concepto de impuestosobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, en el periodocomprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y unreparto de utilidades por pagar con importe de $89,501.18, misma que fuenotificada con fecha 23 de enero de 2004.Así como la resolución contenida en el oficio 500-21-00-04-01-2003-6214, defecha 25 de julio de 2003, emitida por la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, a través de la cual se determinan los créditos fiscalesnúmeros 212312, 212313, 212314 y 212315, en cantidad total de$1,144,891.57, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valoragregado, recargos y multas, en el periodo comprendido del 01 de enero de2003 al 31 de diciembre de 2003 y un reparto adicional de utilidades porpagar con importe de $89,501.18.III.- AUTORIDADES DEMANDADAS.A) El C. Administrador Local Jurídico de Córdoba dependiente del Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del artículo 3º. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.B) El C. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Córdoba dependiente del Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en la
  • fracción II, inciso a) del artículo 3º. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.C) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en términos de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. PROCEDENCIALa presente demanda se interpone dentro del término contemplado por elartículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de ProcedimientoContencioso Administrativo, en virtud de que la resolución que se impugna fuenotificada a esta parte actora con fecha 23 de enero de 2006. COMPETENCIAEs competente para conocer del presente juicio esa H. Sala Regional del Golfodel Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con loque establecen los artículos 14 fracción I, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Orgánicadel Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.IV. TERCERO INTERESADOCon fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de laFederación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que no existe, noobstante que la autoridad demandada al emitir las resoluciones impugnadasdeterminó una participación a los trabajadores en las utilidades. Así pues, taly como se demuestra a través del Concepto de Impugnación identificado conel número Noveno, mi mandante no cuenta con trabajadores, por lo que en laespecie no existen terceros interesados.Con fundamento en lo señalado por la fracción IV del artículo 14 de la citadaLey Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reproduzco lossiguientes:V. HECHOS1.- ( Nombre de la empresa ) es una sociedad civil legalmente constituidaconforme al Código Civil para el Estado de Veracruz, que año con año hacumplido con sus obligaciones fiscales.2.- Mediante sesión de fecha 6 de junio de 2003, el Consejo Directo de lasociedad ______, resolvió admitir como nuevos socios a el C. ______ y a el C.
  • ___________, siendo que una vez realizado el pago correspondiente a laspartes sociales adquiridas, se harían las anotaciones respectivas en el Libro deRegistro de socios.3.- Con fecha _______ se efectuó la trasferencia electrónica a la cuenta de lasociedad __________, la cantidad de _____________, proveniente de lacuenta bancaria abierta a nombre de ____________ y ____________,derivado de la adquisición, de cada una, de 8,500 partes sociales.4.- Mediante oficio número 324-SAT-30-IV-966, del 7 de Marzo de 2003 ynotificada el día 21 de Marzo de 2003, la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, le solicitó informes, datos y documentos, al ContadorPúblico Registrado ___________, con número de registro XXXX, para queexhibiera los papeles de trabajo con motivo de la auditoria que practicó sobrelos estados financieros de la contribuyente __________, correspondiente alejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de2003, para efecto de proceder y dar respuesta a los cuestionamientos quesobre el particular esa autoridad formuló.5.- Derivado del anterior hecho, con fecha 16 de Abril de 2003, se llevó a cabola revisión de los papeles de trabajo, levantándose el Acta de Aportación deDatos e Informes de fecha 16 de abril de 2003, con números de folio del 324-SAT-30-IV-C-02001-01 al 324-SAT-30-IV-C-02001-07.6.- La Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, determinó que nocontaba con los elementos necesarios (sin determinar cuales) que lepermitieran tener un conocimiento pleno de la situación fiscal, para efectos delImpuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado del contribuyente_________, razón por la cual mediante el oficio número 324-SAT-30-IV-3182,de fecha 14 de Agosto de 2003, mismo que fue notificado a mi representada,el día 15 de Agosto de 2003, se le solicitó para que exhibiera la declaración delejercicio comprendido del 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003, asícomo diversa documentación relativa a la misma.7.- El día 6 de Septiembre de 2003, mi representada mediante escrito de fecha5 de Septiembre de 2003, exhibió a la Administración Local de Auditoria Fiscalde Córdoba, la documentación que le fuera solicitada, mediante el oficionúmero 324-SAT-30-IV-3182, de fecha 14 de Agosto de 2003.8.- No obstante lo narrado en los hechos anteriores 3 y 4, la AdministraciónLocal de Auditoría Fiscal de Córdoba, mediante oficio número500-21-00-04-01-2006-1857, de fecha 28 de Febrero de 2006, mismo que fuenotificado a mi representada el día 29 de Febrero de 2006, solicitó más
  • información y documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendidodel 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003.9.- El día 27 de Marzo de 2003, mi representada mediante escrito de fecha 13de Marzo de 2003, exhibió a la Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, la documentación que le fuera solicitada, mediante el oficio número500-21-00-04-01-2003-1857, de fecha 28 de Febrero de 2006.10.- Mediante oficio número 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 5 de Juniode 2006 y notificada a mi representada el día 11 de Junio de 2006, laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, dio a conocer lasobservaciones determinadas como resultado de su revisión.11.- El día 8 de Julio de 2006, mi representada presentó ante laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, escrito de fecha 8 de Juliode 2006, mediante el cual se desvirtúan los hechos y omisiones consignadosen el oficio número 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 5 de Junio de 2006,en términos del artículo 48, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, conel cual se aportó la información y documentación necesarias para desvirtuarlas supuestas irregularidades detectadas por la autoridad fiscalizadora.12.- Con fecha 15 de Agosto de 2006, se notificó a mi representada laResolución número 500-21-00-04 01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006,emitida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, mediante elcual se determina en cantidad liquida los créditos fiscales 212312: 212313;212314 y 212315 a cargo de la recurrente en cantidad total de $1’114,891.57,por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregadoomitidos actualizados, Recargos y Multas por el ejercicio fiscal de 2003, sinestar debidamente fundada ni motivada.13.- Con fecha 17 de octubre de 2006, mi poderdante presentó recurso derevocación en contra de la resolución señalada en el punto anterior.14.- Con fecha 23 de enero de 2007, me fue notificada la resolucióncontenida en el oficio 600-71-2007-0028, por medio de la cual laAdministración Local Jurídica de Córdoba, confirma la resolución contenida enel oficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, emitidapor la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, a través del cualse determinan los créditos fiscales números 212312, 212313, 212314 y212315, en cantidad total de $1,144,891.57, por concepto de impuesto sobrela renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, en el periodocomprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y unreparto de utilidades por pagar con importe de $89,501.18.
  • En virtud de no estar de acuerdo con el actuar de la autoridad y con lasresoluciones que en esta vía se impugnan; con fundamento en lo dispuesto enel artículo 14 fracción VI de la Ley Federal del Procedimiento ContenciosoAdministrativo, a continuación hago valer los siguientes:VI. CONCEPTOS DE IMPUGNACIONPRIMERO: Procede que esa H. Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción IVdel Código Fiscal de la Federación declare la nulidad lisa y llana de lasresoluciones que por esta vía se impugnan, toda vez que la autoridaddemandada no fundo debidamente su competencia por razón de grado para laemisión de dicho acto de molestia.Como ese H. Tribunal Federal tiene conocimiento, en nuestro país el SupremoPoder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo yJudicial, según lo dispone el artículo 49 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.Por su parte, el Supremo Poder Ejecutivo en nuestro país se deposita en unsolo individuo, que se denomina “Presidente de los Estados UnidosMexicanos”, según lo establece el diverso artículo 80 también de nuestra CartaMagna.Es de explorado derecho, que el Poder Ejecutivo de la Unión a través delPresidente de la República se encarga de realizar la tarea administrativa delSupremo Poder Federal a que hace referencia el artículo 49 de nuestraConstitución, que consiste – según lo señala el maestro Gabino Fraga – enaquella que realiza el Estado bajo un orden jurídico, y que consiste en laejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicaspara casos individuales.1De dicha definición podemos concluir que el Presidente de la República, es elencargado de la satisfacción de los intereses colectivos de la nación por mediode la función administrativa, teniendo a su cargo todo un aparato u organismocomplejo para el desarrollo y cumplimiento de dicha función, que se denominaAdministración Pública Federal y de la cual es Titular.Así pues, el artículo 90 de nuestra Carta Magna establece que laAdministración Pública Federal se dividirá en centralizada y paraestatalconforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión. Además,1 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa, 25 Edición, P. 63. México 1986.
  • señala dicho artículo constitucional que la Ley Orgánica de referenciadistribuirá los negocios de orden administrativo de la Federación que estarán acargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, tal ycomo se lee de su transcripción: “Artículo 90: La Administración Pública Federal será Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.”Del artículo constitucional anteriormente transcrito, tenemos que la LeyOrgánica que al efecto expida el Congreso de la Unión, tendrá como finalidadla distribución de la tarea administrativa de la Federación, la cual estará acargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos(administración pública centralizada) y las entidades paraestatales(administración pública paraestatal).Es decir, todas las funciones administrativas de la Federación estarán a cargode las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y EntidadesParaestatales.Como es sabido, la Ley a que hace referencia el artículo 90 de nuestraConstitución Política es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,que es el ordenamiento que establece las bases de la organización de laAdministración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal.Dicha Ley, en su artículo 1º, establece que la Administración PúblicaCentralizada, la integran el Presidente de la República, las Secretarías deEstado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica delEjecutivo Federal, según se aprecia de la transcripción del citado artículo: “Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de la organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran al Administración Pública Centralizada. …”Ahora bien, el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración PúblicaFederal, señala que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de
  • los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de laUnión, existirán las siguientes dependencias:I.- Secretarías de Estado;2.- Departamentos Administrativos; y3.- Consejería JurídicaPor su parte, el artículo 11 de la misma Ley Orgánica antes citada, establecelo siguiente: “Artículo 11: Los titulares de las Secretarías de Estado y de los Departamentos Administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.”De todo lo hasta ahora expuesto, podemos concluir que la funciónadministrativa del nuestra Federación se encuentra a cargo del Presidente dela República, así como de las Secretarías de Estado, los DepartamentosAdministrativos, y las Entidades Paraestatales, las cuales ejercerán lasfunciones que les sean encomendadas en el ámbito de su competencia.En ese orden de ideas, el artículo 26 párrafo sexto de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal, prevé que el Ejecutivo de la Unión para eldespacho de los asuntos se apoyará en la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, y ésta a su vez, cuenta con las atribuciones previstas en el artículo31, fracción XI, de la ley en cita.Ésta última disposición, nos dice que una de las facultades de la Secretaría deHacienda y Crédito Público, es cobrar impuestos, contribuciones de mejoras,derechos, productos y aprovechamientos, y en general, vigilar y asegurar elcumplimiento de las obligaciones fiscales, precepto que para mayor claridad,a continuación se transcribe a la letra: “Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: …//… XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;”Del numeral transcrito tenemos que la facultad originaria para verificar elcumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, es de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, organismo que en principio estaría
  • facultado para que sea él quien exclusivamente lleve a cabo la verificación delcumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal.
  • Sin embargo, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal, dicha Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, puede contar con órganos administrativos desconcentrados, que lesestarán jerárquicamente subordinados y solo tendrán facultades específicassobre su materia y dentro de su ámbito competencial, precepto legal queexpresa lo siguiente: “Artículo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”De conformidad con dicho precepto legal, tenemos que la creación de órganosadministrativos desconcentrados queda al criterio o a la voluntad de laSecretaría de Estado atendiendo a sus necesidades, es decir, no puede sercreado por voluntad de un tercero, como puede ser el Poder Legislativo, sinoque debe haber una necesidad previa y justificada para su creación, en otraspalabras, los órganos auxiliares que dependan jerárquicamente de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, se crean con el propósito de atender y eficientarlas actividades propias de la Secretaría.De ahí que, si bien los titulares de las dependencias del Ejecutivo, acorde a losordenamientos reglamentarios y leyes que las crean pueden en el ámbitoadministrativo delegar sus facultades en funcionarios de inferior jerarquía, esrequisito indispensable para el ejercicio legal de dichas facultades delegadas,que estos últimos sean titulares de organismos legalmente establecidos, esdecir, que estén constituidos conforme a la ley, pues de otro modo dichosfuncionarios carecerían de legitimación pare ejercer las facultades delegadas.En el caso que nos ocupa, de la simple lectura que esa H. Sala Regional realicede la resolución impugnada, podrá conocer con claridad que el AdministradorLocal de Auditoría Fiscal de Córdoba, pretende dar validez a su actuación sinseñalar los preceptos legales en que se contengan la existencia legal delServicio de Administración Tributaria, como organismo desconcentrando de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, y como parte de la AdministraciónPública Federal Centralizada, así como tampoco aquellas disposiciones queseñalen que dicha Administración Local forme parte del citado Servicio deAdministración Tributaria, por lo que no justifica que se encuentre facultadapara el desempeño de las funciones administrativas a cargo de laAdministración Pública Federal.
  • En efecto, la competencia en razón de grado de la autoridad emisora de laresolución 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, que seimpugna en el presente juicio, se pretende fundamentar de la siguientemanera: “Esta Administración Local de Auditoria Fiscal de Córdoba, Veracruz, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, primer párrafo fracciones VII, XII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 2 primer párrafo en la parte relativa a las Administraciones Locales; 10 primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9 primer párrafo; fracción XXXI y último párrafo; 19 primer párrafo, Apartado A, fracción I; y último párrafo; en relación con el artículo 17 primer párrafo, fracción XVII; párrafos segundo y penúltimo, en la parte relativa a los Administradores Locales de Auditoría Fiscal; y 37 primer párrafo, Apartado A, fracción LVII, y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y Artículo Primero, primer párrafo, fracción LVII, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, modificado mediante Acuerdo publicado el 18 de Julio de 2008, en el mismo órgano oficial ….”Ahora bien, los artículos invocados por la autoridad en la resoluciónimpugnada establecen: LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA “Artículo 7.- El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: …//… VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones; …//… XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. …//… XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.”
  • REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA“Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia,el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientesunidades administrativas:..//…Artículo 10.- Los Administradores Centrales, Regionales, Localesy de las Aduanas, así como los Coordinadores, además de lasfacultades que les confiere este Reglamento, tendrán lassiguientes:I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI,XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII,XLVII y XLVIII del artículo anterior....//…Artículo 9.- Los Administradores Generales, además de lasfacultades que les confiere este Reglamento, tendrán lassiguientes:…//…XXXI.- Imponer sanciones por infracción a las disposicioneslegales que rigen la materia de su competencia.…//….Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que seestablece en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán sucompetencia dentro de la circunscripción territorial que al efectose determine en el acuerdo correspondiente, con excepción de lafacultad de notificar y la de verificación en materia de RegistroFederal de Contribuyentes y de cualquier padrón contemplado enla legislación fiscal y aduanera, las cuales podrán ejercerse entodo el territorio nacional. Asimismo, dichas unidades podránsolicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta,iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso,realizar los actos jurídicos correspondientes.”Artículo 19.- Compete a las siguientes unidades administrativasde la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dentro dela circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercerlas facultades que a continuación se precisan:A. Administraciones Locales de Auditoría Fiscal:I.- Las señaladas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII,XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XL y XLIII del artículo 17de este Reglamento.…//…
  • Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargode un Administrador Local, quien será auxiliado en el ejercicio delas facultades conferidas en este artículo por losSubadministradores Locales de Auditoría Fiscal “1”, “2”, “3”, “4”,“5”, “6”, “7” y “8”, Jefes de Departamento, Coordinadores deAuditoría, Enlaces, Supervisores, Auditores, Inspectores,Verificadores, Ayudantes de Auditor y Notificadores, así como porel personal que se requiera para satisfacer las necesidades delservicio.Artículo 17.- Compete a la Administración General de AuditoríaFiscal Federal:…//…XVII.- Determinar los impuestos y sus accesorios de carácterfederal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsablessolidarios y demás obligados, así como determinar los derechos,contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesoriosque deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere esteartículo.…//…Artículo 37.- El nombre y sede de las unidades administrativasregionales del Servicio de Administración Tributaria será elsiguiente:A. Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente,Jurídicas, de Recaudación y de AuditoríaFiscal:…//…LVII.- De Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz.…//…Las unidades administrativas regionales a que se refiere esteartículo tendrán la circunscripción territorial que se determinemediante acuerdo del Jefe del Servicio de AdministraciónTributaria.ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓNTERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DELSERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAARTÍCULO PRIMERO. Las Administraciones Generales deAsistencia al Contribuyente, de Auditoría Fiscal Federal, Jurídica yde Recaudación, tendrán su sede en la Ciudad de México, DistritoFederal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.…//….LVII. ADMINISTRACION LOCAL DE CORDOBA: Los municipios deAcultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga,Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda,Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán, Coetzala,Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín,Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, lxhuatlancillo, lxhuatlán delCafé, lxtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata,Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales,Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco,
  • San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tierra Blanca, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica, en el Estado de Veracruz. …//…A.- Del contenido de los artículos transcritos, claramente se puede observarque en ninguno de ellos se contempla o se señala que la Administración Localde Auditoría Fiscal de Córdoba, pertenezca a la Administración General deAuditoría Fiscal Federal ni al Servicio de Administración Tributaria, así como ala Secretaría de Hacienda de Crédito Público, como supuestamente lo señalaen el cuerpo de la resolución impugnada la autoridad demandada, toda vezque los dispositivos antes transcritos si bien señalan algunas facultadesmateriales de dichas Administraciones, en ninguna parte de ellas sedesprende que la autoridad demandada sea un organismo jerárquicamentedependiente en razón de grado de la Administración General de AuditoríaFiscal Federal ni del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría deHacienda y Crédito Público quien como ya se mencionó es quien tiene lasfacultades originarias para cobrar contribuciones y verificar el debidocumplimiento de las obligaciones fiscales.Efectivamente, como ese H. Tribunal Fiscal podrá apreciar de las disposicionesplasmadas en el cuerpo de la resolución impugnada, en ninguna de ellas seestablece que la autoridad demandada pertenezca o sea parte del Servicio deAdministración Tributaria o a alguna de sus Administraciones Generales oCentrales, y mucho menos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, locual deja en estado de indefensión a mi representada al no poder conocer siefectivamente la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, formaparte de dicho organismo o si es jerárquicamente superior o inferior a éste, osi pertenece jerárquicamente a alguna otra dependencia del Ejecutivo Federal,ya sea como organismo centralizado o paraestatal.Además, no podemos perder de vista que la autoridad demandada en laresolución que hoy se impugna, señala con meridiana claridad que seencuentra adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, delServicio de Administración Tributaria, pero nunca justifica dicha aseveración,ya que en ninguno de los artículos que cita como parte de la fundamentaciónde su competencia, se contempla dicha situación, lo cual deja a mi mandanteen estado de indefensión, ya que no basta el simple dicho de la demandadapara considerar que ésta forma parte del Servicio de Administración Tributariao de alguna de sus unidades administrativas, por lo que no se puede tener por
  • satisfecho el requisito de debida fundamentación de la competencia por razónde grado de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba.A continuación conviene transcribir la parte de la resolución impugnada en laque la demandada afirma ser parte de la Administración General de AuditoríaFiscal Federal: “Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, ….En esa tesitura, la autoridad demandada debió transcribir los artículos,fracciones, incisos y subincisos que establecieran la supuesta adscripción a laAdministración General de Auditoría Fiscal Federal que dice tener, y queademás ésta última forma parte del Servicio de Administración Tributaria, y ala Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que no ocurre en el casoque nos ocupa, por lo que mi mandante no está en posibilidades de conocer sila competencia por razón de grado se encuentra debidamente justificada, y sien verdad dicha autoridad se encontraba en posibilidades de emitir el acto demolestia que hoy se impugna, ya que tampoco se puede conocer si laAdministración General de Auditoría Fiscal Federal es un organismo autónomoe independiente de los otros tres citados, facultado para emitir la resoluciónimpugnada.B. A mayor abundamiento, tampoco en ninguno de los artículos citados enla resolución impugnada, se contempla la existencia del Servicio deAdministración Tributaria, lo cual es indispensable para determinar si dichoorganismo forma parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o dealguna otra dependencia de la Administración Pública Federal, con lo que mimandante desconoce totalmente si dicho organismo se encuentralegítimamente facultado para realizar aquellas funciones de carácteradministrativo y fiscal como lo es el acto de molestia que se recurre en elpresente juicio, cuya facultad originaria la tiene la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.Si bien en el cuerpo de la resolución impugnada se citan diversos artículosrelacionados con las facultades del Servicio de Administración Tributaria, enninguna parte de ella se plasma el fundamento legal que establezca quién esel Servicio de Administración Tributaria, cuál es su naturaleza jurídica, si esun organismo o no, en su caso qué tipo de organismo, si es privado o público,cómo fue creado, si forma parte de alguna otra dependencia, y en general la
  • disposición legal que permita a mi representada conocer frente a qué tipo deente legal se encuentra y si se encuentra legalmente facultado para emitiractos administrativos a la luz de lo establecido en los artículos de nuestraConstitución Federal y los diversos de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública Federal que citamos anteriormente.Como ese H. Tribunal sabe, las garantías individuales de legalidad y seguridadjurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, implican que losactos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos porautoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les deneficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamentedebe emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose, como parte delas formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo,acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación.Y no solo lo anterior, sino que es requisito esencial de todo acto de autoridadque se cite EXHAUSTIVAMENTE los fundamentos legales que facultan alservidor público a emitir dicho acto.Admitir lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que alno conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto ni el caráctercon que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinarsi su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo yes conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté enaptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que sefundó la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuaciónno se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o queéstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.Como esa H. Sala Regional lo podrá constatar, dentro de toda lafundamentación vertida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, dentro de la resolución impugnada, omite acreditar la existencia ycreación del Servicio de Administración Tributaria, así como su existenciacomo parte de dicho organismo y su adscripción a la Administración Generalde Auditoría Fiscal Federal, pues se limita a citar disposiciones que establecenalgunas de las facultades materiales de dichos organismos, sin embargo, nootorga aquellos fundamentos que establezcan su competencia por razón degrado.Como se citó anteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es laSecretaría de Estado que tiene facultades para efectuar el cobro decontribuciones y verificar el correcto cumplimiento de los gobernados a las
  • disposiciones fiscales, según lo dispuesto expresamente en la Ley Orgánica dela Administración Pública Federal, que recordaremos es el ordenamiento legalque por disposición expresa de nuestra Constitución (artículo 90) establece ladistribución de la tarea administrativa de la Federación.Luego entonces, si en el caso que nos ocupa, la resolución impugnadaconstituye un acto administrativo por medio del cual se pretende verificar yefectuar el cobro de contribuciones a mi mandante, era menester que en elcuerpo de la misma se citara, de existir, el fundamento legal que señalara alServicio de Administración como parte de dicha Secretaría, y a su vez a laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, como parte de ésteúltimo, pues al no hacerlo mi mandante desconoce si en realidad dichoorganismo cuenta con facultades para emitir actos relacionados con el cobrode contribuciones, requisito fundamental que no se cumple con citarsolamente el artículo 7° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.Lo anterior se afirma, pues tal y como se mencionó con antelación, el artículo31, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalestablece que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parteintegrante de la administración centralizada, le corresponde efectuar el cobrode impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos yaprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar yasegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, numeral que quedótranscrito en antecedentes.
  • Por lo tanto, si la autoridad demandada afirma estar adscrita a laAdministración General de Auditoría Fiscal Federal, y ésta a su vez formarparte del Servicio de Administración Tributaria, era necesario que se citarantodos los fundamentos legales que previeran dicha organización jerárquica, asícomo también que se citaran los numerales que establecieran, en su caso, quedicho Servicio de Administración Tributaria forma parte de una dependenciasuperior como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez quela competencia originaria para el cobro de contribuciones y verificar el correctocumplimiento a las disposiciones fiscales de los gobernados, corresponde adicha Secretaría según lo dispone categóricamente el artículo 31, fracción XIde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.En conclusión, tenemos que la autoridad demandada no fundamentadebidamente su competencia por razón de grado para emitir la resoluciónrecurrida, puesto que omitió citar el o los fundamento(s) legal(es) quejustifiquen su supuesta adscripción a la Administración General de GrandesContribuyentes, así como aquellos que contemplaran la existencia del Serviciode Administración Tributaria como órgano encargado de llevar a cabo actosque corresponden a la administración pública y en concreto, verificar elcumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, violándose asílo dispuesto en el artículo 38, fracción II del Código Fiscal de la Federación, enrelación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, deja a mi mandante enestado de indefensión al no conocer realmente si la Administración Local deAuditoría Fiscal de Córdoba, cuenta con atribuciones legales para emitir laresolución impugnada.Al respecto, resultan aplicables al caso que nos ocupa, las Tesis que acontinuación se trascriben: Registro No. 205463 Localización: Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 77, Mayo de 1994 Página: 12 Tesis: P./J. 10/94 Jurisprudencia Materia(s): Común
  • COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITOESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo unainterpretación armónica de las garantías individuales de legalidady seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privacióndeben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridadcompetente y cumplir las formalidades esenciales que les deneficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridadnecesariamente debe emitirse por quien para ello estéfacultado expresándose, como parte de las formalidadesesenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo,acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De locontrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión,ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridadpara emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, esevidente que no se le otorga la oportunidad de examinar sisu actuación se encuentra o no dentro del ámbitocompetencial respectivo, y es conforme o no a laConstitución o a la ley; para que, en su caso, esté enaptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la delapoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bienpuede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a lanorma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen encontradicción con la ley fundamental o la secundaria.”Registro No. 227604Localización:Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónIV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989Página: 605Tesis: XIII. 1o. J/4.JurisprudenciaMateria(s): ComúnCOMPETENCIA, FUNDAMENTACION DE LA. NECESIDAD DEHACERLO EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA. Lagarantía consagrada por el artículo 16 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que losactos de molestia, para ser legales, requieren entre otrosrequisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos porautoridad competente y cumpliéndose las formalidadesesenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa quetodo acto de autoridad necesariamente debe emitirse porquien está legitimado para ello, expresándose en el textodel mismo, el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorguetal legitimación; pues en caso contrario se dejaría al afectado enestado de indefensión para examinar si la actuación de laautoridad se encuentra dentro del ámbito competencialrespectivo, esto es, si tiene facultad o no para emitirlo.”No. Registro: 38,672PrecedenteÉpoca: QuintaInstancia: Segunda SecciónFuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004.Tesis: V-P-2aS-283Página: 192
  • DELEGACIÓN DE FACULTADES EN SUBADMINISTRADORES DE ADUANAS.- SU INDEBIDO EJERCICIO SI NO ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL.- Si bien los titulares de las dependencias del Ejecutivo, acorde a los ordenamientos reglamentarios y leyes que las crean, pueden en el ámbito administrativo delegar sus facultades en funcionarios de inferior jerarquía, es requisito indispensable para el ejercicio legal de dichas facultades delegadas que estos últimos sean titulares de organismos legalmente establecidos, es decir, que estén constituidos conforme a la ley, pues de otro modo dichos funcionarios carecerían de legitimación para ejercer las facultades delegadas. En esa tesitura, si en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se encuentra contemplada la unidad administrativa que esté a cargo del "Subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales" en las Aduanas, no se acredita la legitimación de tal funcionario para ejercer facultades delegadas. Cabe señalar que, el artículo 2° del citado Ordenamiento reglamentario, hace referencia a un concepto genérico de Subadministradores en las Aduanas, en plural, sin identificar ni prever la existencia concreta y singular del Subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; por tanto, si el acto impugnado ante el Tribunal, confirma un crédito fiscal determinado por dicho funcionario, actuando conforme delegación del Administrador, debe acreditarse en el juicio, su existencia legal dentro de esa Aduana, para que pueda reconocérsele competencia para emitir actos de autoridad; de no ser así, el acto combatido deviene ilegal por provenir de una autoridad inexistente. (21)”En ese orden de ideas, se solicita a esa H. Sala Fiscal se sirva declarar lanulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al actualizarse la causal denulidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal deProcedimiento Contencioso Administrativo, sin que con ello se prejuzgue sobrela facultad de la demandada para emitir una nueva resolución o se le obligueefectuar determinada actuación, ya que la misma sigue teniendo expeditas susfacultades de realizar tantos actos nuevos como considere necesarios, siemprey cuando cumpla con los requisitos que la ley le impone.Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la reciente Jurisprudencia 2ª./J.99/2007, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,de Junio de 2007, Tomo XXV, página 287, que textualmente señala: NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.- En congruencia con la jurisprudencia 2a./J.52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32,con el rubro: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.”, se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso,
  • no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que subsane la insuficiente fundamentación legal. Contradicción de tesis 32/2007 – SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.- 28 de marzo de 2007. Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 99/2007.- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete.De igual forma resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 52/2001,emitida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quelleva por rubro: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Noviembre de 2001. Tesis: 2a./J. 52/2001. Página: 32 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare
  • incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 92/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda. Tesis de jurisprudencia 52/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil uno.SEGUNDO.- Procede que esa H. Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, declare la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en eloficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de 25 de julio de 2006, al resultarviolatorio de las garantías de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídicaprevistas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con lodispuesto por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y lafracción IV del artículo 51 en relación con el diverso 52, fracción II, ambos dela Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que laautoridad demandada apreció en forma equivocada los hechos que motivaronla misma y aplicó de manera indebida lo dispuesto por el artículo 13 de la LeyFederal de Derechos del Contribuyente.Los numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosantes invocados establecen: “Artículo 14.- ... Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...” “Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...” (El realce es nuestro)Por su parte el artículo 38, Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente:
  • Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: …//… IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. …//… (El realce es nuestro).Es de explorado derecho, que tal y como lo establece el artículo 14Constitucional anteriormente transcrito, la garantía de audiencia estaintegrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica y que son a)La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) Laoportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima lascuestiones debatidas. De lo anterior se colige que mediante la conjugaciónindispensable de estas cuatro garantías se forma la garantía de audiencia, ypor tal motivo, es evidente que dicha garantía es susceptible de contravenirseal violarse una sola de las garantías que la integran.Al respecto resulta aplicable al caso concreto el siguiente criterioJurisprudencial emitido por el Pleno de nuestro más alto Tribunal de Justicia: No. Registro: 200,234 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995 Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
  • Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. (El realce es nuestro)Ahora bien, concentrémonos en el análisis de la garantía consistente en laobservación de las formalidades esenciales del procedimiento, pues es lagarantía violada por la autoridad fiscalizadora en el acto que se impugna en lapresente vía.En primer término, es importante mencionar que las citadas formalidades delprocedimiento, están vinculadas de manera inseparable con los derechos ogarantías procesales de las partes, es decir, con los derechos de acción y dedefensa.Por su parte, los principios de fundamentación y motivación se encuentraninsertos en los artículos 16 Constitucional e imponen el mandato hacia todaautoridad de que en ningún momento podrán ocasionar molestias en la esferajurídica de los gobernados, sino en virtud de mandamiento escrito deautoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
  • Es de explorado derecho que en nuestro sistema jurídico se está en presenciade una adecuada fundamentación y motivación, cuando en el texto mismo deun acto de autoridad por el que se ocasionan molestias a los contribuyentes,se citan los preceptos legales que resulten aplicables al caso concreto en elque se interviene, de tal suerte que el sujeto afectado tenga conocimientoexacto del sentido normativo dispuesto por la legislación que regula suconducta, para que así se produzca en él, la certeza jurídica indispensablesobre su situación legal, y de esa manera poder ponderar si la actuación de laautoridad es procedente conforme a derecho o no, toda vez que todo acto deautoridad debe apoyarse en una norma jurídica general y abstracta que seaexactamente aplicable al caso, la cual debe ser claramente expresada en eltexto del documento en que conste el acto de molestia.Así pues, la fundamentación en los actos de autoridad, es una exigencia queimpone el artículo 16 Constitucional a efecto de que se cumpla con el principiode seguridad jurídica para el afectado del acto de molestia. Por ello esindispensable, a la luz de nuestra Constitución, que en todo acto de autoridadtendiente a crear una situación jurídica nueva, modificar una existente o asuprimir la órbita jurídica del afectado, se citen los preceptos normativosexactos que sirvan de apoyo al proceder de la autoridad para que secumplimente dicho requisito de carácter constitucional, el cual salvaguarda eltrascendental evento, de que el afectado tenga pleno conocimiento de quedicho acto se encuentra ajustado a derecho. De ahí que al omitir motivar yfundamentar debidamente un acto de autoridad, el mismo resulta sercontrario a nuestra Carta Magna y por ende a las garantías constitucionalesque nos atañen.En ese contexto, la motivación consiste en la exigencia de que el Juez examiney valore los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos deconvicción de las circunstancias y modalidades del caso en particular loscuales deberán encuadrar dentro del marco general correspondienteestablecido en Ley al emitir su resolución, es decir, adecuar una normajurídica al caso particular.Para la adecuación de una norma jurídica, la autoridad debe aducir a losmotivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que debenmanifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas de dichocaso para que éste encuadre dentro de los supuestos normativos.Sirve de sustento a lo anterior las tesis y jurisprudencias emitidas por el PoderJudicial de la Federación y que a continuación se reproducen: Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
  • Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: IX, Enero de 1999Tesis: VI.2o. J/123Página: 660FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTECUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUESE APOYA. Todo acto de autoridad debe estarsuficientemente fundado y motivado, de manera que si losmotivos o causas que tomó en cuenta el juzgador paradictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la normaen que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito defundamentación y motivación que exige el artículo 16constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio degarantías.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José GalvánRojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia EstelaMartínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez.9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: MaríaEugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos RodríguezNavarro.Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 deseptiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: AntonioMeza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubrede 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.Secretario: José Zapata Huesca.Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 175, tesis 260, derubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.".Novena EpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: III, Marzo de 1996Tesis: VI.2o. J/43Página: 769FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debidafundamentación y motivación legal, deben entenderse, porlo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y porlo segundo, las razones, motivos o circunstancias especialesque llevaron a la autoridad a concluir que el caso particularencuadra en el supuesto previsto por la norma legalinvocada como fundamento.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. deC.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente:Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto GonzálezAlvarez.Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: ArnoldoNájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.
  • Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 denoviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: ClementinaRamírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia EstelaMartínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Séptima EpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Apéndice 2000Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJNTesis: 40Página: 46FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con elartículo 16 de la Constitución Federal, todo acto deautoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado ymotivado, entendiéndose por lo primero que ha deexpresarse con precisión el precepto legal aplicable al casoy, por lo segundo, que también deben señalarse, conprecisión, las circunstancias especiales, razones particulareso causas inmediatas que se hayan tenido en consideraciónpara la emisión del acto; siendo necesario, además, queexista adecuación entre los motivos aducidos y las normasaplicables, es decir, que en el caso concreto se configurenlas hipótesis normativas.Séptima Época:Amparo en revisión 8280/67.-Augusto Vallejo Olivo.-24 de juniode 1968.-Cinco votos.-Ponente: José Rivera Pérez Campos.Amparo en revisión 3713/69.-Elías Chahin.-20 de febrero de1970.-Cinco votos.-Ponente: Pedro Guerrero Martínez.Amparo en revisión 4115/68.-Emeterio Rodríguez Romero ycoags.-26 de abril de 1971.-Cinco votos.-Ponente: Jorge SarachoÁlvarez.Amparo en revisión 2478/75.-María del Socorro Castrejón C. yotros.-31 de marzo de 1977.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Carlos del Río Rodríguez.Amparo en revisión 5724/76.-Ramiro Tarango R. y otros.-28 deabril de 1977.-Cinco votos.-Ponente: Jorge Iñárritu.Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 52,Segunda Sala, tesis 73.“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOSADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16constitucional, todo acto de autoridad debe estarsuficientemente fundado y motivado, entendiéndose porlo primero que ha de expresarse con precisión el preceptolegal aplicable al caso y por lo segundo, que tambiéndeben señalarse con precisión, las circunstanciasespeciales, razones particulares o causas inmediatas quese hayan tenido en consideración para la emisión delacto, siendo necesario además, que exista adecuaciónentre los motivos aducidos y las normas aplicables, esdecir, que en el caso concreto se configure la hipótesisnormativa. Esto es, que cuando el precepto en comento
  • previene que nadie puede ser molestado en su persona,propiedades o derechos sino en virtud de mandamientoescrito de autoridad competente que funde y motive lacausa legal del procedimiento, está exigiendo a todas lasautoridades que apeguen sus actos a la ley, expresandode qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan deapoyo al mandamiento relativo. En materiaadministrativa, específicamente, para poder considerar unacto autoritario como correctamente fundado, esnecesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales ypreceptos que se estén aplicando al caso concreto, esdecir, los supuestos normativos en que se encuadra laconducta del gobernado para que esté obligado al pago,que serán señalados con toda exactitud, precisándose losincisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, yb).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgancompetencia o facultades a las autoridades para emitir elacto en agravio del gobernado.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A.28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: GustavoCalvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar,S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos.Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José MarioMachorro Castillo.Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 defebrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José GalvánRojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de laVivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993.Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:Vicente Martínez Sánchez.Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52.”“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE.Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad queestablece el artículo 16 de la Constitución Federal encuanto a la suficiente fundamentación y motivación de susdeterminaciones, en ellas debe citar el precepto legal quele sirva de apoyo y expresar los razonamientos que lallevaron a la conclusión de que el asunto concreto de quese trata, que las origina, encuadra en los presupuestos dela norma que invoca.Sexta Epoca, Tercera Parte:Volumen CXXXII, pág. 49. Amparo en revisión. 8280/67.Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Unanimidad de 5votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 9598/67.Oscar Leonel Velasco Casas. 1 de julio de 1968. Unanimidad de5 votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 7228/67.Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco,
  • Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 14, pág. 37. Amparo en revisión. 3717/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 28, pág. 111. Amparo en revisión. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. NOTA: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 402, pág. 666.”De las tesis transcritas se desprende que para que un acto de autoridad,respete las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas por losartículos 14 y 16 Constitucionales y se encuentre debidamente fundado ymotivado, debe citar los preceptos legales aplicables, además de mencionarlas razones lógico jurídicas que llevaron a concluir sobre la aplicabilidad dedichos preceptos, debiendo existir adecuación entre la hipótesis normativa ylas razones y motivos mencionados por la autoridad demandada.Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad fiscalizadora fue completamenteomisa en salvaguardar dichas garantías en favor de la ahora demandante talcomo se vera a continuación:En efecto, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con fecha 15de agosto de 2003, notificó a mi representada el oficio número 324-SAT-30-IV-3182, mediante el cual le solicitan los informes, datos y documentos que seindican, en dicho oficio.En ese sentido, mediante el oficio señalado en el párrafo anterior, la autoridadcon fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción II y segundopárrafo del Código Fiscal de la Federación, pretender dar inicio al ejercicio desus facultades discrecionales de comprobación, mediante la revisión degabinete o escritorio, también conocido como revisión secuencial, requiriendopor primera vez a mi mandante para que le exhibiera determinadainformación, documentación y datos, relativos al impuesto sobre la renta eimpuesto al valor agregado por el ejercicio comprendido entre el 1° de enerode 2003 y el 31 de diciembre de 2003, tal y como se desprende de latranscripción del señalado oficio que en la parte que interesa señala: Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, de la Administración General de
  • Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de AdministraciónTributaria, mediante oficio numero 324-SAT-30-IV-966 defecha 07 de Marzo de 2003, girado al C.P. _________, connúmero de registro XXXX, el cual fue notificado el día 21 deMarzo de 2003 (a la C. ___________, en su carácter de Terceroy en Calidad de Auxiliar Contable del Contador PublicoRegistrado _________, con domicilio en _______, quien seidentificó con credencial para votar folio 46589723, claveelectoral RHJY56022621M700, num. 096230374470, expedidapor el Instituto Federal Electoral año de registro 1991, previocitatorio número 17 de fecha 20 de marzo de 2003, entregadoa la misma persona) a quien, en los términos del artículo52-A fracción I incisos b) y c) del Código Fiscal de laFederación; se le cito para que exhibiera sus papeles detrabajo y se le solicitó información y documentos parallevar a cabo la revisión del dictamen de sus estadofinancieros que para efectos fiscales le formuló dichocontador público, por el ejercicio comprendido del 1 deenero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.…//….Derivado del análisis efectuado a la información ydocumentación proporcionada por el Contador publico__________, esta Autoridad no cuenta con los elementosnecesarios que permitan tener un conocimiento pleno de susituación fiscal, para efectos del Impuesto al Valor Agregado eImpuesto Sobre la Renta.Por lo que esta Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba con sede en Córdoba, Veracruz, de la AdministraciónGeneral de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio deAdministración Tributaria, para revisar el dictamen fiscalpresentado vía Internet que le fue formulado por el ContadorPublico ___________, con número de registro XXXX, respectoa sus estados financieros por el ejercicio fiscal comprendido del1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, confundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7°, fracciones VII, XII y XVIII de la Ley del Servicio deAdministración Tributaria, publicada en el Diario Oficialde la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformadapor Decreto publicado en el propio Diario Oficial de laFederación del 12 de junio de 2003; 2° primer y tercerpárrafos; 9° último párrafo; 18 primer párrafo, ApartadoA, fracción II; y penúltimo párrafo, en relación con elartículo 16, fracciones VIII y XI; segundo y penúltimopárrafos; 37 primer párrafo, Apartado A, fracción LVII,del Reglamento Interior del Servicio de AdministraciónTributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 6 de junio de 2003, reformado y modificado medianteDecretos publicados en el mismo órgano oficial el 12 demayo y 28 de noviembre de 2006 respectivamente, yArtículo Primero, segundo párrafo, fracción LVII, delAcuerdo por el que se establece la circunscripciónterritorial de las unidades administrativas del Serviciode Administración Tributaria, publicado en el DiarioOficial de la Federación del 2 de noviembre de 2003 ymodificado mediante acuerdo publicado en el mismoórgano oficial el 24 de mayo de 2006; así como en losartículos 33, último párrafo, 42, fracción II y segundopárrafo, 48 fracciones I, II y III y 52-A fracción II delCódigo Fiscal de la Federación y a efecto de ejercer las
  • facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción IV, del propio Código Fiscal de la Federación; le solicita que ante esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, con domicilio en Avenida 11 No. 1206 Col. San José, C.P. 94560 Córdoba, Ver., exhiba la documentación e información que a continuación se indica: …//… Para tal efecto, se le concede un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, inciso c) del mencionado Código Fiscal de la Federación. Se hace de su conocimiento que la documentación y/o información solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación vigente, deberá ser presentada dentro del plazo otorgado para tal efecto, es de hacerle notar que en caso de no cumplir con lo solicitado, su conducta se ubicaría en el supuesto previsto en la fracción I del artículo 85 del propio Código, misma que se sanciona conforme a lo establecido en el artículo 86, fracción I del mismo ordenamiento. (El realce es nuestro).De la transcripción anterior se desprende medularmente que la autoridadahora demandada manifestó lo siguiente: • Que con fecha 21 de marzo de 2007, en términos del artículo 52-A, fracción I, incisos b) y c) del Código Fiscal de la Federación; solicitó al Contador Público que dictamino los estados financieros de la ahora demandante por el ejercicio de 2003, que exhibiera sus papeles de trabajo y le solicitó información y documentos para llevar a cabo la revisión del dictamen de sus estados financieros que para efectos fiscales le formuló dicho contador público, por el ejercicio comprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. • Que derivado del análisis que dicha autoridad fiscalizadora efectuó a la información y documentación proporcionada por el C.P. _________, no contaba con los elementos necesarios que permitan tener conocimiento pleno de la situación fiscal de la ahora demandante, para efectos de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, relativos al ejercicio de 2003. • Que para efectos de revisar el señalado dictamen de sus estados financieros, por el ejercicio comprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, la autoridad hacendaria requirió a mi mandante para que, exhibiera determinada documentación, con fundamento con
  • lo dispuesto por los artículos 33, último párrafo, 42, fracción II y segundo párrafo, 48, fracciones I, II y III y 52-A fracción II del Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto por el artículo 42, fracción IV del referido ordenamiento legal.Así las cosas, en el caso concreto la Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba en el acto mediante el cual dio inicio a sus facultades decomprobación, fue totalmente omisa en informarle a mi representada, conmotivo del inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación, sobre suderecho a corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer este derecho,circunstancia que resultaba obligatoria para la referida autoridad en términosde lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos delContribuyente.En este sentido, es de explorado derecho que la ley es una herramienta y unatécnica que jurídicamente impone conductas obligatorias a la autoridad,estableciéndole márgenes de actuación que los convierte en sujetos obligados,delimitando procedimientos y plasmando la forma legítima para su actuar.En ese orden de ideas resulta que los derechos y garantías de loscontribuyentes son la contrapartida de la obligación de contribuir al gastopúblico de acuerdo a los principios plasmados en la Constitución.Ahora bien, en el caso concreto, resulta oportuno apuntar que la Ley Federalde Derechos del Contribuyente fue emitida para fortalecer los derechos yprerrogativas de los gobernados.Siguiendo ese orden de ideas, es claro que el espíritu del legislador al crear laLey Federal de los Derechos de los Contribuyentes tuvo como fin primordial elregular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en susrelaciones con las autoridades fiscales y el Sistema de la AdministraciónTributaria, reconociéndoles sus principales derechos y garantías. Dichoinstrumento normativo representa un importante avance en el controlde la legalidad de los actos de autoridad, y en el reconocimiento de losderechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los particulares delos medios idóneos para la defensa de los mismos, mediante elsometimiento del actuar de la autoridad a la ley, es decir, mediante elacatamiento del principio de legalidad.En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1° y 2°, fracción XIIde la referida Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, se desprendeque la finalidad de dicha Ley es regular los derechos y garantías básicas de loscontribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, lo cual se
  • corrobora, con la prerrogativa contenida en el diverso artículo 13 del referidoordenamiento legal, de ser informados, al inicio de cualquier procedimiento defiscalización, de sus derechos y obligaciones, tal como lo es corregir susituación fiscalAl respecto los referidos numerales disponen en la parte que interesa: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Los derechos y garantías consagradas en la presente Ley en beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios. Artículo 2. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: …//… XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. …//… Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado. …//… (El realce es nuestro).
  • Así pues, de los numerales antes transcritos, específicamente respecto delreferido artículo 13, se desprende el derecho de los contribuyentes a corregirsu situación fiscal, y del cual definitivamente deben ser informados desde elinicio de las facultades de comprobación a través del propio acto de autoridad,pues con el ejercicio de ese derecho los contribuyentes podrían, en caso deproceder, corregir su situación fiscal y evitarse engorrosos procedimientos,pues existe por ejemplo una reducción significativa de las multas queconforme al Código Fiscal de la Federación en su artículo 76 fracción I seríande un 40% de la contribución omitida, pasando con la Ley Federal de losDerechos de los Contribuyentes a establecerse en el equivalente al 20% o 30%de las contribuciones omitidas dependiendo de la época de pago.Es decir, el legislador busca brindar a los contribuyentes el derecho a corregirsu situación fiscal desde el inicio de las facultades de comprobación de laautoridad fiscalizadora, ya sea mediante la visita domiciliaria, o bien, a travésde la revisión de gabinete, derecho cuya observancia e información hacia elcontribuyente en el primer acto que implique el inicio de facultades decomprobación, no puede quedar al arbitrio o discrecionalidad de la autoridadhacendaria, en virtud de que dicho numeral establece expresamente laobligación de ésta de informar a los contribuyentes sobre el derecho quetienen de corregir su situación fiscal.Esto es, constituye una facultad reglada para la autoridad fiscal; por tal motivoestaba obligada a plasmar dicho artículo dentro del texto del propio acto deautoridad, es decir, dentro del texto del oficio de solicitud de información ydocumentación para que se encontrara debidamente fundado y motivado, porasí disponerlo de manera expresa el artículo 13 antes indicado, y no a travésde un documento anexo, como lo es la Carta de los Derechos delContribuyente.En efecto, el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos de losContribuyentes constituye una facultad reglada y por lo tanto obligatoria parala autoridad fiscal, pues establece el modo preciso en que debe proceder laautoridad, en este caso, dicho dispositivo legal obliga a la autoridad fiscal, aque desde el inicio de sus facultades de comprobación, informe alcontribuyente revisado acerca del derecho que tiene a corregir su situaciónfiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado, haciéndose evidenteque dicha obligación debe constar en el propio texto del acto de autoridad,resultando que este derecho de manera alguna puede quedar al arbitrio nidiscreción de la autoridad fiscalizadora, sino que opera de pleno derecho y porministerio de ley expreso.Ahora bien, es un hecho que los particulares tienen derecho a la legalidad en el
  • actuar de la autoridad, así como al acatamiento de los principios contenidos enla Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, por tal motivo esindispensable que estas garantías, y específicamente las relacionadas con lacorrección de su situación fiscal y sus beneficios sean informadas a loscontribuyentes oportunamente y que dicha comunicación se realice en elpropio acto de autoridad a través del cual la autoridad da inicio a susfacultades de comprobación, como expresamente lo establece el artículo 13 dela Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que sólo así sedaría un efectivo cumplimiento en el control de la legalidad y un mayorequilibrio entre los sujetos de la relación jurídico tributaria.Al respecto resulta aplicable por analogía el siguiente criterio jurisprudencialemitido por ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: No. Registro: 39,484 Precedente Época: Quinta Instancia: Primera Sección Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2003. Tesis: V-TA-1aS-33 Página: 530 LEY ADUANERA AUTORIDADES ADUANERAS. LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, POR AUTORIDADES ADUANERAS, NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL.- El artículo 152 de la Ley Aduanera vigente en 2003, en su primer párrafo, establece los casos en los que las autoridades aduaneras procederán a la determinación de contribuciones sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo en materia aduanera; en el segundo párrafo establece la obligación de esas autoridades de comunicarle al contribuyente por escrito o mediante acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen el incumplimiento en el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, los que ameriten la imposición de sanciones, otorgándole un plazo de diez días para ofrecer pruebas y alegar en su derecho; enseguida, en el tercer párrafo, establece el plazo, que no excederá de cuatro meses, para efectuar la determinación correspondiente. En estas condiciones, es evidente que dicho precepto regula un procedimiento y, por consecuencia, una vez que las autoridades aduanales ejercitan la facultad que les confiere, quedan vinculadas y obligadas con el contribuyente para emitir la determinación dentro del plazo indicado; luego esto último no es una facultad discrecional, sino reglada u obligatoria, pues el precepto en cuestión no deja a la libre apreciación de la autoridad aduanera su forma de proceder, sino que por el contrario, le impone la conducta específica a la que debe sujetarse, lo que además se justifica, ya que implica la culminación de dicho procedimiento y
  • respeto a la garantía constitucional prevista en el artículo 16 de la Carta Magna. (6) Juicio No. 1214/03-09-01-7/187/04-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de julio de 2004, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. KAntunil Alcyone Arriola Salinas. (Tesis aprobada en sesión privada de 10 de agosto de 2004) (El realce es nuestro).De la anterior tesis se desprende que, las autoridades hacendarias estánvinculadas y obligadas al cumplimiento de las obligaciones expresamenteprevistas en la ley, que no dejan lugar a la libre apreciación por parte de lasautoridades hacendarias, lo cual constituye una facultad reglada, en virtud deque la Ley expresamente les está imponiendo una conducta específica a la cualdeben de ajustarse, en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista por elartículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En ese sentido, es evidente que en el caso concreto, la obligación prevista porel artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes alseñalar expresamente que las autoridades fiscales deben dar a conocer, alinicio de sus facultades de comprobación, a los contribuyentes del derecho queestos gozan para corregir su situación fiscal y los beneficios de hacerlo, es unafacultad reglada que la Administración Local de Auditoría de Córdoba fuetotalmente omisa en dar cumplimiento, por lo que, esa H. Sala Fiscal deberádeclara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en virtud de talomisión, sin que resulte procedente que se deje a salvo las facultades de laautoridad para que vuelvan a emitir el acto de molestia en contra de mirepresentada. Sirve de sustento a lo anterior las siguientes Jurisprudenciasemitidas por el Poder Judicial de la Federación: No. Registro: 182,269 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Enero de 2004 Tesis: 2a./J. 2/2004 Página: 269 VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. SU CONCLUSIÓN CON INFRACCIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 239 DE ESE CÓDIGO. Cuando
  • la autoridad fiscalizadora ha continuado la visita domiciliaria o larevisión de gabinete o de escritorio hasta dictar la resoluciónliquidatoria, no obstante haber concluido el procedimientofiscalizador con infracción del artículo 46-A, primer y últimopárrafos, del Código Fiscal de la Federación, se actualiza lahipótesis de nulidad lisa y llana prevista en la fracción IVdel artículo 238 de ese Código, en virtud de que loshechos que motivaron la resolución no pueden tenervalor porque constan en actuaciones emitidas encontravención a la disposición aplicada. Ello es así, enprimer lugar, porque en términos del párrafo final del citadoartículo 46-A, la conclusión extemporánea de la visita o revisióntrae como consecuencia que en esa fecha se entienda terminaday que todo lo actuado quede insubsistente o sin valor legalalguno, es decir, como si la actuación de la autoridad no sehubiera realizado, y en segundo término, porque la resoluciónadministrativa se dictó con infracción de la facultad regladaestablecida en el primer párrafo del numeral últimamentealudido; de ahí que lo procedente es que el TribunalFederal de Justicia Fiscal y Administrativa, en susfunciones de tribunal de mera anulación y de plenajurisdicción, atienda tanto al control del acto de autoridady a la tutela del derecho objetivo, como a la protección delos derechos subjetivos del gobernado, conforme a lo cualdeberá declarar la nulidad lisa y llana de la resoluciónadministrativa con fundamento en la fracción II delartículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo cualimplica que la resolución administrativa quedarátotalmente sin efectos, y que la autoridad fiscalizadora nopodrá ocasionar nuevos actos de molestia alcontribuyente respecto del ejercicio o ejerciciosrevisados, sin que sea óbice para lo anterior el que no sehaya resuelto el problema de fondo, que la resoluciónadministrativa tenga su origen en el ejercicio defacultades discrecionales y que la infracción hayaocurrido dentro del procedimiento, habida cuenta que seestá en presencia de la violación de una facultad regladaque provocó la afectación de los derechos sustantivos deseguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y papelespersonales del particular, así como la insubsistencia detodo lo actuado, incluida la orden de visita o revisión.Contradicción de tesis 56/2003-SS. Entre las sustentadas por elCuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del PrimerCircuito y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en MateriaAdministrativa del Sexto Circuito y Segundo en la mismamateria del Segundo Circuito. 3 de diciembre de 2003.Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David GóngoraPimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.Tesis de jurisprudencia 2/2004. Aprobada por la Segunda Salade este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de enero dedos mil cuatro.Nota: En términos de la resolución de treinta de abril de dos milcuatro, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Cortede Justicia de la Nación en el expediente de aclaración desentencia en la contradicción de tesis 56/2003-SS, el rubro ytexto de la tesis 2a./J. 2/2004, publicada en el SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX,julio de 2004, página 516, sustituyen a los de ésta.No. Registro: 174,973
  • Tesis aislada Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006 Tesis: I.4o.A.519 A Página: 1880 SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TRATÁNDOSE DE UNA FACULTAD REGLADA LA SALA NO PUEDE DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. Cuando una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declara la nulidad de un acto administrativo basado en potestades regladas, no debe dejar a salvo las facultades de la autoridad administrativa ya que no se está ante un ejercicio discrecional de ellas. Tal es el caso de la respuesta a una consulta en materia fiscal, relativa a la interpretación de disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta para la distribución de dividendos o utilidades provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta, en que son categóricas las consecuencias, por lo que la autoridad se encuentra vinculada a actuar en cierto sentido, esto es, a dar respuesta a la consulta planteada y a liquidar las contribuciones que procedan. Esta hipótesis es distinta del ejercicio discrecional en que se otorga a la autoridad la posibilidad de determinar libremente el contenido de su actuación eligiendo, ad libitum, de entre varias alternativas que el ordenamiento concede, a partir de lo cual, puede aplicar o no las consecuencias de derecho previstas en la norma, según su prudente arbitrio. Por tanto, no es legalmente posible dejar a salvo las facultades de la autoridad demandada respecto de la reposición del acto impugnado cuando éste no tiene el carácter de discrecional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 86/2005. Consorcio Comex, S.A. de C.V. 28 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.En virtud de lo anterior, es que se evidencia la indebida aplicación de la leypor parte de la autoridad fiscalizadora y la consecuente violación a losprincipio de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16Constitucionales, en relación con el diverso artículo 38, fracción IV del CódigoFiscal de la Federación, así como los diversos 51 y 52 de la Ley Federal delProcedimiento Contencioso Administrativo, ya que ha quedado demostradoque la autoridad hacendaria fundó y motivó indebidamente el primer acto demolestia vertido en contra de mi representada, por lo que, con fundamento enlo hasta aquí expuesto procede que ese H. Tribunal declare la nulidad lisa yllana de la resolución contenida en el oficio 500-21-00-04-01-2006-6214,mediante la cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba ledetermina un crédito fiscal a mi mandante, en virtud de que dichadeterminación es ilegal al ser fruto de un acto viciado de origen, tal como lo esel oficio 324-SAT-30-IV-3182, de 14 de agosto de 2007, emitido por la misma
  • autoridad, mediante el cual dicha autoridad da inicio al ejercicio de susfacultades de comprobación, las cuales concluyeron con la determinación delcrédito fiscal referido en primer término, tal y como se comparte con lossiguientes criterios jurisprudenciales: ACTOS DE AUTORIDAD VICIADOS DE ORIGEN.- RESULTAN NULOS.- Es de explorado derecho que un acto de autoridad viciado de origen trae como consecuencia que todas las actuaciones posteriores derivadas de él sean nulas; por tanto, si se impugna una resolución que determina un crédito fiscal y cuyo antecedente lo constituye la orden de verificación que fue dejada sin efectos por haber sido emitida por autoridad incompetente, procede se declare la nulidad de aquélla. Revisión No. 52/86.- Resuelta en sesión de 5 de enero de 1990, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Esperanza M. Pérez”. ORDEN DE AUDITORIA. LA SENTENCIA FISCAL QUE DECLARA SU NULIDAD DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS. El procedimiento de auditoria encuentra su origen en la orden de visita que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se inicia con la notificación de dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las consecuencias legales de los hechos u omisiones que se advirtieron en la auditoría. Por tanto, si la nulidad de la resolución fiscal impugnada se suscitó a consecuencia de que la orden de auditoría que la antecedió contiene vicios, por haberse dictado en contravención de las disposiciones aplicadas o por haberse dejado de aplicar las debidas, tal nulidad debe ser lisa y llana, en términos del artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que al ser nula la orden de visita es nulo todo el procedimiento de fiscalización desde su origen y, en estas circunstancias, válidamente puede decirse que la autoridad fiscal no ha iniciado sus facultades de comprobación, pues éstas se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente a fin de comprobar si ha cumplido con las disposiciones fiscales, como lo señala el artículo 42 del citado cuerpo legal. Luego, la ilegalidad en la orden de auditoría impide que la nulidad se declare para efectos, como si se tratara de vicios en el procedimiento de fiscalización, puesto que tal decisión sólo puede justificarse ante un procedimiento que jurídicamente se inició, pero no respecto de aquél que no llegó a instaurarse por haber estado viciado desde su origen. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 1332/93. Decorex Cuauhtémoc, S.A. (Recurrente: Administrador Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 29 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. Revisión fiscal 1542/93. Deiman, S.A. de C.V. (Recurrente: Administrador de lo Contencioso "2" de la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 20 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
  • Revisión fiscal 1922/93. Restaurante Mazurka, S.A. (Recurrente: Administrador de lo Contencioso Administrativo "2" de la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 1o. de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. Revisión fiscal 1832/93. Club Imperial, S.A. (Recurrente: Administrador Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 5 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez de González. Revisión fiscal 1980/93. Refaccionaria Bonmart, S.A. (Recurrente: Administrador Central de lo Contencioso "1" de la Administración Central de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez de González.Así pues en virtud de lo antes expuesto, resulta procedente que esa H. Sala delTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad lisa yllana de la resolución que se impugna, tal y como se desprende el siguientecriterio jurisprudencial: Novena Epoca Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV, Marzo de 2002 Tesis: I.6o.A.33 A Página: 1350 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto
  • en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1684/2001. Mundo Maya Operadora, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Margarita Guerrero Osio. Secretaria: Patricia Maya Padilla.TERCERO.- Procede que esa H. Sala Regional del Golfo, con fundamento en lodispuesto por el artículo 51 fracción IV en relación con el diverso 52, fracciónII de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, declare lanulidad lisa y llana del la resolución contenida en el oficio número500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 5 de junio de 2006, emitida por laAdministración Local de Auditoria Fiscal de Córdoba, así como aquel contenidoen el oficio número 600-71-2007-0028, de 15 de enero de 2007, mediante lacual la Administración Local Jurídica de Córdoba resuelve el recurso derevocación intentado por mi mandante, en el sentido de confirmar el créditofiscal determinado a mi representada por la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, en cantidad total de $1’144,891.57, por concepto deimpuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargosy multas, en virtud de que el mismo se encuentra indebidamente fundado ymotivado en términos del artículo 38, fracción IV, y 132 del Código Fiscal de laFederación, toda vez que la autoridad demandada analizó los hechos demanera indebida y equivocada, al momento de emitir la resolución recaída alrecurso de revocación, violentando de igual forma la garantía de audienciaprevista en el artículo 14 constitucional en perjuicio de mi mandante.En ese tenor de ideas, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federaciónestablece los requisitos que deben contener los actos administrativos que sedeban notificar, requisitos que son necesarios a fin de salvaguardar laseguridad jurídica de los particulares frente al acto de molestia de autoridadesadministrativas, numeral que a continuación conviene transcribir: “Artículo 38: Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: I.- Constar por escrito en documento impreso o digital.
  • (…) II.- Señalar la autoridad que lo emite. III.- Señalar lugar y fecha de emisión. IV.- Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. V.- Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. (…)”Asimismo, resulta necesario transcribir lo dispuesto por el artículo 132 delCódigo Fiscal de la federación, mismo que es del tenor literal siguiente: “Artículo 132.-. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. (…)”Como se aprecia de la lectura de los numerales transcritos, uno de losrequisitos esenciales de los actos administrativos es que se encuentrendebidamente fundados y motivados, debiendo expresar la resolución, objeto opropósito de que se trate.El señalado requisito de debida fundamentación y motivación, se satisfacecuando en el cuerpo de los actos administrativos se citen los preceptos legalesaplicables al caso concreto y se señalen con precisión las circunstanciasespeciales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido enconsideración para la emisión del acto; pero además, es necesario que existaadecuación entre los motivos aducidos (situaciones jurídicas o de hecho) y lashipótesis contenidas en las normas aplicadas.De igual forma, tal y como se mencionó en el prefacio del presente agravio,tanto la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba mediante el oficionúmero 500-21-00-04-01-2006-6214, así como la Administración LocalJurídica de Córdoba, a través del oficio número 600-71-2007-0028, violaronen perjuicio de mi poderdante, lo dispuesto por el artículo 14 constitucional,pues las pruebas ofrecidas a fin de acreditar la real situación fiscal de lacontribuyente, no fueron debidamente valoradas ni en el proceso fiscalizador,
  • ni el recurso administrativo de revocación, respectivamente, por lo cual hacennugatoria la garantía de audiencia de la hoy actora.Ahora bien, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima Época, consultable enel Apéndice de 1995, Tomo III, Tesis 73, página 52, la cual señala losiguiente: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”Ahora bien, en el caso concreto, a fin de evidenciar la ilegalidad de la resoluciónimpugnada, se transcribe la parte que interesa: Se estiman insuficientes los argumentos de la recurrente, toda vez que, no desvirtúa con prueba alguna lo afirmado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, en la resolución controvertida, contenida en el oficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, respecto a que el importe de $19,700,000.00, es ingreso acumulable omitido para efectos fiscales, al no aportar,. En esta instancia elemento de prueba alguno o durante el procedimiento de revisión, la documentación comprobatoria que soporte sus registros contables que dieron origen a dichos ingresos presuntos omitidos, que permitiera determinar el carácter de los depósitos bancarios efectuados a la cuenta de cheques numero XXXXXX, de la institución crediticia SANTANDER SERFIN, S.A., abierta a nombre de la contribuyente ____________, por el ejercicio comprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. Ahora bien, el argumento de la recurrente en el sentido de que no hay irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones, pues, además de identificar en sus registros contables cada operación y sus características, cuenta con la documentación comprobatoria que se relaciona con dichas operaciones, deviene ineficaz por insuficiente, ya que tomando en consideración que del análisis a las constancias que obran en el expediente administrativo abierto por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, a nombre de la contribuyente ________, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, del Código Fiscal de la Federación, documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 130, del Código referido, por ser documentos públicos, en términos del artículo 129, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se aprecia que tal como lo señaló la autoridad fiscalizadora los registros de contabilidad no se encuentran debidamente soportados con documentación comprobatoria, no siendo suficiente prueba el hecho de que el monto de $19’700,000.00, se encuentre registrado en el estado de posición
  • financiera del dictamen, bajo el concepto de capital socialproveniente de aportaciones y en el libro Diario y mayor comoconcepto de suscripción al capital, ya que deben estarrespaldadas documentalmente con otros medios de prueba paradar validez a lo manifestado por la contribuyente.Lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto por ellegislador en el artículo 28, fracción I y último párrafo, del CódigoFiscal de la Federación, en relación con el diverso 26, fracción I,del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, queestablecen que los registros contables, deberán estar soportadoscon documentación comprobatoria, a fin de poder identificar laoperación, acto o actividad y sus características.En efecto, de una interpretación lógica y sistemática a lo previstoen la fracción I, del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación,en relación con la fracción I, del artículo 26, de su reglamento, seconcluye válidamente que cuando se trata de depósitoscontabilizados, resulta necesario, además del registro contable, larelación de la documentación comprobatoria, a fin de que puedaidentificarse la operación, acto o actividad con las distintascontribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas depago por la ley.Por lo que, si la recurrente no aportó durante el procedimientofiscalizador ni en este medio de defensa, la documentacióncomprobatoria fehaciente, que respalde los depósitos bancariosefectuados a la cuenta de cheques número ________, de lainstitución crediticia SANTANDER SERFIN, S.A., por el ejerciciocomprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de2003, abierta a nombre de la contribuyente _________ encantidad de $19’700,0000.00, es procedente conforme al artículo55, párrafo primero, fracción VI del Código Fiscal de laFederación, considerar ingresos acumulables omitidos, el importecitado.Por otra parte, es infundado el argumento, de la recurrente en elsentido de que, la autoridad fiscalizadora en ningún momentoexplicó las diferencias o irregularidades y alteraciones de la pólizade diario D-000084, de fecha 07 de junio de 2003, presentada eldía 06 de septiembre de 2007, y la póliza de diario D-000084 defecha 07 de junio de 2003, presentada el 08 de julio de 2006, nidel porqué los registros contables asentados en dichas pólizas, nocumplen con las condiciones de que los registros deban seranalíticos, identificando cada operación con la documentacióncomprobatoria, de tal forma que pueda identificarse plenamentecon las distintas contribuciones y tasas, además de que tampocoexpuso cómo debió ser su registro, pues es necesario precisarprimeramente que, la irregularidad observada por la autoridadfiscalizadora versa en que los registros contables de lacontribuyente se encuentran alterados, al haberse alterado dichapóliza, ya que expresó en el numeral 3, del apartado devaloración de las pruebas, a foja 84, de la resolucióncontrovertida, que la misma póliza de diario D-000084, de fecha07 de junio de 2003, exhibida en fechas distintas durante elprocedimiento fiscalizador, 06 de septiembre de 2007 y 08 dejulio de 2006, contienen diferencias, consistentes en ladescripción señalada por el abono a la cuenta 3000 006 0016001, en el concepto señalado por el cargo a la cuenta 1101 0020002 209 y en el concepto señalado por el abono a la cuenta3006 006 0016 001, como consta en el cuadro comparativoplasmado en la foja citada, de la resolución recurrida, diferenciasque en momento alguno fueron desvirtuadas en la presenteinstancia por la recurrente, aún cuando señale que la póliza de
  • diario referida, cumple con el requisito de contener registrosanalíticos, al identificar la operación realizada, consistente en laafectación de las cuentas contables de bancos y capital, cuandoes un hecho irrefutable que es distinta la póliza de diarioD-000084, de fecha 07 de junio de 2003, presentada el día 06 deseptiembre de 2007, de la póliza de diario D-000084, de fecha 07de junio de 2003, presentada el 08 de julio de 2006, por lo que alexistir una alteración en los registros contables de la recurrente,fue procedente que la autoridad fiscalizadora considerara que nose respaldó con documentación comprobatoria el depósito encantidad de $19,700,000.00, efectuado en fecha 07 de junio de2003.Asimismo, es insuficiente el argumento de la recurrente, en elsentido de que su contabilidad se encuentra debidamentesoportada con la documentación comprobatoria que se relacionacon sus operaciones, al asentar en los libros sociales a que laobligan las leyes, como lo es, el Libro de Registro de Socios y deAumento y/o Disminución de Capital, la inclusión de ______ y______, como socios solidarios de _______, el día 28 de mayo de2003, y en el acta de asamblea general ordinaria de socios, defecha 28 de mayo 2003, protocolizada el 29 de mayo de 2007, através de la cual se aprobó el aumento de capital en su partevariable en la cantidad de $7,000,000.00, mediante la emisión de7,000 partes sociales de voto limitado, Serie S-1, con valornominal de $1,000.00 por parte social, fijado la asamblea unvalor de suscripción y pago por el equivalente a $1,158.82moneda nacional, obteniendo recursos de terceros inversionistas,ya que el solo asiento de los registros de admisión de nuevossocios, así como la aprobación del aumento de capital, no eseficaz e idóneo para desvirtuar el importe total de $19,700,00.00son ingresos acumulables omitidos, porque deben estarsoportados documentalmente con otros medios de prueba paradarles validez y en la especie, los documentos descritos soncontradictorios a la Sesión de Consejo Directivo, de fecha 06 dejunio de 2003, pues fue a través de ésta que se admitió comosocios solidarios de la recurrente a ______ y _____, encumplimiento al segundo punto de la asamblea general ordinariade socios mencionada, por lo que es irregular la fecha de registrode las socias citadas el día 28 de mayo de 2003, es decir seregistraron como socias a ______ y ______, antes de seraceptadas en la Sesión de Consejo Directivo.Por otra parte, deviene ineficaz por infundado, el argumento deque a pesar de haber sido exhibido el Libro de Registro de Sociosy de Aumento y/o Disminución de Capital ante la autoridadfiscalizadora, sólo se mencionó en el oficio de observacionesnúmero 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 05 de junio de2006, que fue presentado y se devolvió el mismo, sin darleningún valor, pues, contrario a lo afirmado por la recurrente, delestudio que se realiza al oficio de observaciones citado, seaprecia que la autoridad fiscalizadora sí analizó y determinó elvalor probatorio del libro citado, toda vez que señaló que revisóla documentación e información proporcionada por el C. LuisEnrique Zamudio Toledano, representante legal de lacontribuyente revisada _________, y por el contador públicoregistrado _______, consistentes, entre otras, en ladocumentación comprobatoria del origen, uso y destino delcapital social, proveniente de aportaciones por un importe de$19,700,000.00, independientemente de ello, toda vez que larecurrente, mediante escrito presentado el 08 de julio de 2006,para desvirtuar el oficio de observaciones número500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 05 de junio de 2006,adjuntó copia certificada notarialmente del Libro de Registro de
  • Socios y Aumento y/o Disminución de Capital Social de lacontribuyente revisada __________ éste fue valoradodetalladamente por la autoridad fiscalizadora, en la resoluciónrecurrida, a fojas 81, 82 y 83, por lo que se desestima laafirmación de la recurrente, al haberse estudiado y valorado,dentro del momento procesal oportuno, tal probanza, confundamento en el artículo 48, fracción VI, del Código Fiscal de laFederación.Cabe señalar que, del análisis que realiza esta autoridadresolutota, a las copias certificadas de fecha 03 de julio de 2006,por el Titular de la Notaría Pública Número 7, de la demarcaciónnotarial de Córdoba, Veracruz, exhibidas por la recurrentedurante la revisión, integradas al expediente administrativoabierto por la Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, a nombre de la persona moral denominada__________, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno,conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 130,del Código citado, por ser un documento público, en términos delartículo 129, del Código Federal de Procedimientos Civiles deaplicación supletoria, consistentes en el Libro de Actas quecontiene la asamblea general ordinaria de socios, se aprecia quetal como lo señaló la autoridad fiscalizadora en las fojas 82 y 83,de la resolución recurrida, no se consignó en la referida acta deasamblea, la aceptación de los nuevos socios, el nombre de losmismos y el monto de su aportación, por lo que aún y cuando seplanteó entre otras cosas, admitir nuevos socios, así comoaumentar el capital social, al no llegar a ningún acuerdo respectoa la admisión de los nuevos socios, y al no citar el nombre de losnuevos socios que desean ingresar a la sociedad, es irregular queen el Libro de Registro de Socios y de Aumentos y/o Disminuciónde Capital Social, aparecen como socios solidarios las CC. _____y ______, el 28 de mayo de 2003, cuando la decisión de laadmisión de los socios, la Asamblea la concede al ConsejoDirectivo y la Sesión del Consejo Directivo, respecto de laadmisión como socios solidarios de ___________, de ______ y_______, se realizó el día 6 de junio de 2003, al igual de que losTítulos de las Partes Sociales Representativas del Capital Socialde ___________ emitidos a nombre de las socias _______ y______, ostenten la admisión con fecha 28 de mayo de 2003.Por lo anterior, resulta carente de alcance y valor probatorioalguno, para desvirtuar las irregularidades antes descritas, elescrito de fecha 28 de mayo de 2003, de las señoritas _____ y_______, que ofrece como prueba, la recurrente, el cual al noestar concatenado a las demás pruebas, en términos del artículo203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, sólo prueba afavor de la parte que quiere beneficiarse con él que carece decerteza jurídica, pues, en el Acta de Sesión del Consejo Directivode fecha 06 de junio de 2003, en la “RESOLUCIÓN CUARTA”, secita lo siguiente: “Se acuerda que una vez efectuado el pago delos Socios Solidarios, el Secretario realice las anotacionesrespectivas en el Libro de Registro de Socios, Aumento y/oDisminuciones de Capital Social, respectivo y al efecto se leemitan las Partes Sociales para cada uno de los Socios Solidarios,en términos de los Estatutos Sociales”, y siendo que el acta sesuscribió en fecha 06 de junio de 2003, el registro de los sociosen el referido Libro de Registro de Socios y Aumento y/oDisminuciones de Capital Social de la contribuyente___________, no se pudo efectuar la admisión de dichaspersonas, como socios solidarios, en la fecha de 28 de mayo de2003, porque en la asamblea general de socios de dicha fecha nose consigna la aceptación de los nuevos socios, el nombre de los
  • mismos y el monto de su aportación, lo cual quedó pendienteconforme al segundo punto de la orden del día.Por otra parte, con relación a los argumentos de que, al no existiren el Código Civil para el Estado de Veracruz, ninguna disposiciónlegal que regule el aumento de capital, se debe estar a loestablecido en el contrato de sociedad y a sus estatutos sociales,pretendiendo demostrar que al quedar estipulado en el décimoséptimo estatuto social, de la escritura constitutiva de la sociedadcivil denominada ___________, que es permitido el aumento decapital sin mayores formalidades que las establecidas en dichoestatuto, es que no se encuentra ni estará obligada a protocolizarlas actas de asamblea en las que se acuerde un aumento decapital social, ni mucho menos deberá inscribirlas en el RegistroPúblico de la Propiedad correspondiente.Al respecto, se destaca que, acorde con lo previsto por ellegislador en el Código Civil para el Estado de Veracruz, no existela obligación de protocolizar e inscribir el contrato de sociedad,en el Registro Público de la Propiedad, ni las reformas que sufraéste, sin embargo, en el caso de que se haya elevado a escriturapública, se tiene la obligación de inscribir en el Registro Públicode la Propiedad y de Comercio, al igual que todas las reformasque sufra dicho contrato, de conformidad con lo dispuesto por ellegislador en el artículo 2935, primer párrafo, fracción VI, delCódigo Civil para el Estado de Veracruz, por lo que, aún cuandoson susceptibles de ser variados los requisitos que todo contratode sociedad debe contener por así convenir a los intereses de sussocios, es un hecho irrefutable que con el aumento de socios y elincremento de capital, se está modificando la escritura públicarelativa al contrato de sociedad que inicialmente se creó, por loque, se deberá inscribir la reforma que sufra la misma; sin quesea jurídico afirmar que por haberse señalado en el décimoséptimo estatuto social de la escritura constitutiva que, elaumento y disminución de capital es permitido sin mayoresformalidades que las establecidas en dicho estatuto, y por ello, sepermita reformar el original contrato de sociedad que se elevó ala categoría de escritura pública, pues por ministerio de ley, sedeberá inscribir en el Registro, la reforma que sufra la escriturapública, máxime que el artículo 2936, del Código Civil para elEstado de Veracruz, establece que los documentos que se debanregistrar y no se hayan registrado, sólo producirán efectos entrequienes los otorgaron, pero no podrán producir perjuicios atercero.Bajo ese contexto, fue procedente que la autoridad revisora,desestimara el elemento de prueba ofrecido durante elprocedimiento fiscalizador, consistente en la copia delinstrumento público número 14,620 de fecha 29 de mayo de2007, pasado ante la fe del Notario Público No. 7, Licenciado JoséEnrique Álvarez Jácome, del distrito notarial de Córdoba,Veracruz, que contiene la asamblea general ordinaria de socios,por medio de la cual pretendió demostrar la contribuyente que,con fecha 28 de mayo de 2003, se acordó por parte de los sociosque integran la persona moral denominada ___________, laadmisión de nuevos socios, así como aumentar el capital de lasociedad en su parte variable en la cantidad de $7,000,000.00, yprima en colocación de partes sociales en cantidad de$700,000.00 en razón de que, no contiene tal afirmación y carecede valor probatorio suficiente, en cuanto a su alcance legal anteterceros, por la falta de su protocolización oportuna ante notariopúblico, y por la falta de inscripción en el Registro Público de laPropiedad y de Comercio, pues, la certificación del fedatariopúblico da eficacia probatoria de la fecha del instrumento, más no
  • de la del documento a que refiere, como lo es la fecha de laAsamblea General de Socios de la recurrente, y con su falta deregistro no otorga certeza jurídica frente a terceros ni produceefectos ante éstos, conforme al artículo 2936, del Código Civilpara el Estado de Veracruz.En tal virtud, se considera que al haberse protocolizado por elfedatario público, la asamblea general ordinaria de socios encomento, después de que la autoridad fiscalizadora requirió alcontador público registrado __________, de la información ydocumentación de la contribuyente dictaminada, a fin decerciorarse del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales alas que se encuentra afecta, que tales acontecimientos jurídicoscelebrados entre particulares, no puede producir efectos frente aterceros, como lo es la Administración Local de Auditoría fiscal deCórdoba, ante la falta oportuna de su certificación, toda vez quees un hecho irrefutable que, el documento protocolizado por elnotario público da la certeza a la materialidad del acto contenidoen el documento privado a través de su fecha, para tener unaprecisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo quese evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como seríaque se asentara una fecha de operación falsa, o un hecho que nose realizó.Además, se reitera que, al elevarse a escritura pública el contratode sociedad de la persona moral denominada ___________, setuvo la obligación de inscribir en el Registro Público de laPropiedad, la reforma que se hizo al capital social, toda vez quelas reformas que sufra dicha escritura, de conformidad con lodispuesto por el legislador en el artículo 2935, primer párrafo,fracción VI, del Código Civil para el Estado de Veracruz sedeberán inscribir en el Registro Público de la Propiedad, pues delo contrario no surtirán efectos ante terceros.Por otra parte, el argumento de la recurrente en el sentido de quela autoridad fiscalizadora se apoyó en la Ley General deSociedades Mercantiles, para fundar el oficio de observacionesnúmero 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 05 de junio de2006, y que confirma en la resolución recurrida, deviene ineficazpor insuficiente, pues si bien es cierto que dicha ley fue señaladacomo fundamento en el oficio de observaciones, no lo es así en laresolución recurrida, no obstante ello no afecta las defensas de lacontribuyente, ni trasciende en la fundamentación de laresolución recurrida, tomando en consideración que de cualquiermanera el oficio de observaciones sólo constituye los hechos uomisiones que entrañan incumplimiento de las disposicionesfiscales, por lo que no debe estar fundado, ya que nos e trata deuna resolución definitiva en la que se determinen las diferenciasde impuestos, recargos y sanciones que resulten procedentes; sinembargo, se debe tener presente que, en la especie resultaaplicable el artículo 2935, fracción VI, del Código Civil para elEstado de Veracruz, según quedó asentado en líneas anteriores.Bajo tales premisas, son infundadas e insuficientes lasargumentaciones asentadas a lo largo de su escrito derevocación, en el sentido de que la contabilidad se encuentrasoportada con la documentación comprobatoria, y por ende sedeba concluir que los depósitos efectuados a la cuenta bancarianúmero XXXXXX, de la institución crediticia SNATADER SERFIN,S.A., por el ejercicio del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembrede 2003, abierta a nombre de la contribuyente __________, enimporte total de $19,700,000.00, tienen como origen lascantidades que los nuevos socios aportaron al capital de larecurrente, pues aún cuando estén registradas en su contabilidad
  • y obre un escrito de ______ y ______, no es motivo suficientepara considerar que sí cumplió con los requisitos establecidos porel artículo 26, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de laFederación ya que es inobjetable la exigencia de que los registroscontabilizados, se deben relacionar con la documentacióncomprobatoria.Por otra parte, debe quedar claro que resulta insuficiente eloriginal del escrito de fecha 28 de mayo de 2003, suscrito por lasCC. _______ y ________, que se exhibe en la presente instancia,toda vez que carece de certeza jurídica, pues en términos delartículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles deaplicación supletoria, el documento privado que provenga de untercero, sólo prueba a favor de la parte que quiere beneficiarsecon él y contra su colitigante, cuando éste no lo objete, en casocontrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otraspruebas, las cuales en la especie no aportó la recurrente.Asimismo, son insuficientes el escrito libre de fecha 08 de julio de2006, así como las documentales adjuntas, presentadas el mismodía, en la oficialía de partes de la Administración Local deAuditoría Fiscal de Córdoba, bajo el número de folio 328, a travésde los cuales pretende desvirtuar los hechos y omisionesasentados en el oficio de observaciones número500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 05 de junio de 2006,pues, si bien es cierto que dicho escrito tiene relación con lasobservaciones que tuvo en consideración la autoridadfiscalizadora para determinar que el depósito efectuado a lacuenta de cheques XXXXX, de la Institución crediticiaSANTANDER SERFIN, S.A., abierta a nombre de la contribuyente__________, en cantidad de $9,700,000.00, por el ejerciciocomprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de2003, no son aportaciones de capital, sino ingresos, también lo esque durante el procedimiento fiscalizador y este medio dedefensa, no soporta con la documentación comprobatoriafehaciente los registros de su contabilidad, máxime que, deconformidad con los artículos 28, del Código Fiscal de laFederación, y 26, de su reglamento, la recurrente tiene a sucargo la obligación tributaria de identificar cada operación, acto oactividad y sus características, relacionándolas con ladocumentación comprobatoria.También, es insuficiente el argumento de la recurrente en elsentido de que al analizarse su contabilidad en la forma que haquedado expuesta en su escrito de recurso de revocación, searribe a la conclusión de que el depósito bancario realizado por______ y _____, a la cuenta bancaria XXXXX abierta en laInstitución de crédito Santander Serfin, S.A., a nombre de__________, en cantidad total de $19,700,000.00, corresponden$7,000,000.00 a aportaciones de capital, de $500,000.00, porparte de cada una de _____ y ______, y $700,000.00 a prima encolocación de partes sociales, $350,000.00 por parte de cada unade ______ y _______, y por lo tanto, no deben ser consideradoscomo ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre larenta, en virtud de las irregularidades que contienen losdocumentos a que alude y ofreció como pruebas el recurrente, eneste medio de defensa, lo que acredita que carecen de certeza,fehaciencia y eficacia jurídica, para desvirtuar los motivos yfundamentos de la resolución recurrida que pretende lacontribuyente.Por último, debe señalarse que no le resultan aplicables ni poranalogía, los criterios normativos 4/2004/CFF y 5/2004/CFF, queinvoca a su favor en su escrito de recurso de revocación, ya que
  • sólo reflejan el acuerdo de voluntades entre las partes, sin ningún efecto a terceros, a que se refieren en los casos de fusión y liquidación de sociedades, supuestos que nos e relacionan con la admisión de nuevos socios y el aumento de capital, cuando los documentos soporte de la contabilidad tienen irregularidades como en el presente asunto, las cuales han quedado explicadas en los párrafos anteriores. (El realce es nuestro).De la transcripción anterior se desprende que la autoridad fiscalizadora funday motiva su ilegal proceder en los siguientes argumentos: • Que el depósito bancario recibido por mi representada en el ejercicio revisado en cantidad de $19’700,000.00 por concepto de aumento de capital y pago de partes sociales de la parte variable del capital social de la hoy actora, por sus ahora socias, las C.C. ______ y ____, en realidad son ingresos no declarados correspondientes al ejercicio de 2003. • Manifiesta que es un ingreso acumulable la cantidad antes mencionada y no aportación a capital, en virtud de que el asiento correspondiente a la aportación a la parte variable de su capital social, que mi representada exhibió durante el proceso fiscalizador, supuestamente no cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales en cuanto a que dichos asientos deban ser analíticos, identificar cada operación, relacionándose con la documentación comprobatoria, de tal forma que puedan identificarse plenamente con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades libradas de pago por la Ley. • Señala que confirma la irregularidad observada por la autoridad fiscalizadora en el sentido de que los registros contables de mi mandante se encuentran alterados, al haberse alterado la póliza D-000084, de fecha 07 de junio de 2003, exhibida en fechas distintas durante el procedimiento fiscalizador, es decir con fecha 06 de septiembre de 2007 y 08 de julio de 2006, contienen diferencias, consistentes en la descripción señalado por el abono a la cuenta 3000 006 0016 001, en el concepto señalado por el cargo a la cuenta 1101 002 0002 209 y en el concepto señalado por el abono a la cuenta 3006 006 0016 001, en virtud de que a su ilegal consideración nunca se desvirtuaron tales diferencias en la fase administrativa. • Señala que, no obstante que mi representada exhibió en la fase administrativa el Libro de Registro de Socios y de Aumento y/o Disminución de Capital, donde se hace la inclusión de las C.C. ______ y _____ como socios solidarios de _________, así como el acta de
  • asamblea general ordinaria de socios de fecha 28 de mayo de 2003, mediante el cual se autoriza un aumento de capital en la parte variable en cantidad de $7’000,000.00, más una prima por colocación de partes sociales en cantidad de $700,000.00, no son el medio eficaz e idóneo para desvirtuar que el importe en cantidad de $9’700,000.00 son ingresos acumulables omitidos porque deben estar soportados documentalmente con otros medios de prueba para darles validez y que, además dichos documentos resultan contradictorios con la Sesión del Consejo Directivo, de fecha 6 de junio de 2003, en virtud de que a través de esta, fue que se admitió como socios solidarios a las C.C ______ y _____, por lo que, es irregular la fecha de registro de las señaladas socias, el día 28 de mayo de 2003, al ser registradas como socias antes de ser aceptadas en la Sesión del Consejo Directivo.• Manifiesta que del análisis efectuado a las copias certificadas del Libro de Actas que contiene la Asamblea General Ordinaria de Socios, tal y como lo señaló la fiscalizadora al emitir la resolución determinante del crédito fiscal, no se consignó en la referida acta de asamblea, la aceptación de nuevos socios, el nombre de los mismos, ni el monto de su aportación, por lo que al no llegar a acuerdo alguno respecto de la admisión de nuevos socios, es irregular que en el Libro de Registro de Socios y de Aumentos y/o Disminución de Capital Social, aparezcan como socios solidarios las C.C. ______ y ______, el 28 de mayo de 2003, cuando la decisión de la admisión de los socios se realizó hasta el 6 de junio del mismo año, así como los Títulos de las Partes Sociales representativas del capital social de ________, ostenta como fecha de admisión el 28 de mayo de 2003.• Manifiesta que, si bien es cierto de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Veracruz, no existe la obligación de protocolizar e inscribir el contrato de sociedad en el Registro Público de la Propiedad, ni las reformas que este sufra, pero que, en la caso de que se haya elevado a escritura pública, si se tiene la obligación de inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al igual que todas las reformas que sufra dicho contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 2935, primer párrafo, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Veracruz, por lo que, aún cuando son susceptibles de ser variados los requisitos que todo contrato de sociedad debe contener, por así convenir a los intereses de sus socios, el aumento de socios y el incremento de capital, modifica la escritura pública relativa al contrato que inicialmente creo la sociedad, por lo que, se deberá inscribir la reforma correspondiente, no obstante que expresamente en el Estatuto Social Décimo Séptimo de la escritura constitutiva de la parte actora se haya
  • señalado que, el aumento o disminución de capital es permitido sin mayores formalidades que las establecidas en el mismo. • En ese sentido, manifiesta que por ministerio de ley, se deberá inscribir en el registro la reforma que sufra la escritura pública, máxime que el artículo 2936 del referido ordenamiento legal establece que los documentos que se daban registra y no se hayan registrado, solo producirán efectos entre quienes los otorgaron, pero no podrán producir perjuicios a terceros. • Así mismo señala que, desestima el instrumento público número 14,620 de fecha 29 de mayo de 2007, pasado ante la fe del Notario Público No. 7, de Córdoba, Veracruz, que contiene la asamblea general ordinaria de socios, por medio del cual se pretende demostrar que con fecha 28 de mayo de 2003 se acordó por parte de los socios de mi representada, la admisión de nuevos socios, así como aumentar el capital de la sociedad en su parte variable, en la cantidad de $7’000,000.00, y prima en colocación de las partes sociales en cantidad de $700,000,000.00, por su falta de protocolización oportuna ante notario público, y por su falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. • Por otra parte señala, que en la especie no resultan aplicables ni por analogía, los criterios normativos 4/2004/CFF y 5/2004/CFF, invocados por mi representada en su escrito de interposición del recurso de revisión, en virtud de que los mismos sólo reflejan el acuerdo de voluntades entre las partes, sin efectos a terceros, en los casos de fusión y liquidación de sociedades, supuestos que no se relacionan con la admisión de nuevos socios y el aumento de capital, cuando los documentos soporte de la contabilidad tienen irregularidades, tal y como a su ilegal consideración sucede en la especie.Por lo hasta aquí expuesto, la litis en el presente juicio contenciosoadministrativo, se debe circunscribir en analizar si el depósito bancario recibidopor la parte actora proveniente de sus socias las C.C. _____ y ______, fue porconcepto de pago de las partes sociales respectivas, en virtud del aumento dela parte variable del capital social de mi representada, por haber seguido elprocedimiento que para tal efecto señalan los Estatutos de la ahora parteactora y si dicha aportación de capital está debidamente registrada en lacontabilidad de mi poderdante.En ese orden de ideas, las afirmaciones de la autoridad fiscal en el sentido deque el depósito bancario efectuado en la cuenta de mi mandante por concepto
  • de aumento de capital es ingreso acumulable resultan del todo ilegales, comose verá a continuación.A. Como es del conocimiento de esa H. Autoridad, el ingreso es el objeto delimpuesto sobre la renta. Al respecto el artículo 17 de la Ley del Impuestosobre la Renta, señala lo siguiente: Artículo 17. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. …//…El artículo antes transcrito señala que, para efectos del impuesto sobre larenta, las personas morales residentes en el país, incluyendo la asociación enparticipación y los establecimientos en el extranjero, tienen la obligación deacumular la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o decualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio.Asimismo, dicho numeral señala claramente que para las personas morales,no se consideraran ingresos los que obtengan los contribuyentes por aumentosde capital, por el pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidaspor la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar paravaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivode la revaluación de sus activos y de su capital.Así pues, como podemos advertir a través del numeral anterior el legisladorestableció expresamente, tanto lo que se debe entender por ingresoacumulable para efectos del impuesto sobre la renta, como el tipo de ingresosque no serán acumulables para la señalada ley, entre los que se encuentran losque obtengan las personas morales, como lo es esta actora, por aumentos decapital y por prima por colocación de acciones.
  • Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Primera Sala denuestro más alto Tribunal de Justicia. No. Registro: 173.470 Tesis aislada Materia(s):Administrativa Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXV, Enero de 2007 Tesis: 1a. CLXXXIX/2006 Página: 483 RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO" PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término "ingreso", ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto "ingreso", ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la mencionada Ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto "ingreso" regulado en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17. Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo Intecsis, S.A. de C.V. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
  • José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. (El realce es nuestro).Por su parte, la Norma de Información Financiera A-5 define a los ingresoscomo el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de unaentidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidado pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y,consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable,respectivamente.Ahora bien, la resolución recaída al recurso de revocación, se encuentraindebidamente fundada y motivada, en virtud de que, la autoridadfiscalizadora al emitir la misma realizó una incorrecta interpretación de loshechos, así como de las disposiciones legales aplicables, y valoróincorrectamente las pruebas ofrecidas y exhibidas tanto en el procesofiscalizador, como en el recurso de revocación, lo cual la llevo a considerar asu muy particular punto de vista, que existen irregularidades en lacontabilidad de mi representada las cuales, le imposibilitan el conocimiento desus operaciones, situación que no acontece en la especie, en virtud de que mipoderdante desde su constitución ha venido dando cabal cumplimiento a todasy cada una de las obligaciones a que se encuentra afecta como persona moral,entre ellas el cumplimiento de las obligaciones relativas a llevar la contabilidady efectuar los registros correspondientes en la misma, como a continuación seacreditará:El artículo 86, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que loscontribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el Título II, -De lasPersonas Morales-, de la Ley de referencia, deberán llevar la contabilidad deconformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así comoel Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma: Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma. Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, éstas deberán registrarse al tipo de cambio aplicable en la fecha en que se concierten. …//…En ese orden de ideas, el Código Fiscal de la Federación prevé lo siguienterespecto a la obligación de llevar contabilidad a cargo de las personasmorales:
  • Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas: I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el reglamento de este Código, los que deberán reunir los requisitos que establezca dicho reglamento. II. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas. III. Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes podrán procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado. IV. Llevarán un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados, según se trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. Dentro del concepto se deberá indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, donaciones, destrucciones, entre otros. V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca el reglamento de este Código. Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes. En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.Del artículo antes transcrito se desprende que los contribuyentes obligados allevar contabilidad deberán cumplir entre otros con las disposiciones siguientes:
  • *Llevar los sistemas y registros contables que señale el reglamento del Código,reuniendo los requisitos ahí establecidos.*Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentrode los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividadesrespectivas.*Asimismo, se consideran parte de la contabilidad los registros y cuentasespeciales a que obligan las disposiciones fiscales, o los que lleven loscontribuyentes, aún cuando no sean obligatorios, así como los libros y registrossociales a que obliguen otras leyes.Por su parte, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación señala lassiguientes obligaciones: Artículo 26. Los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I del artículo 28 del Código, deberán llevarse por los contribuyentes mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características particulares de su actividad, pero en todo caso deberán satisfacer como mínimo los requisitos que permitan: I. Identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquéllos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley. II. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión y el importe de la deducción anual. III. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. IV. Formular los estados de posición financiera. V. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación. VI. Asegurar el registro total de operaciones, actos o actividades y garantizar que se asienten correctamente, mediante los sistemas de control y verificación internos necesarios. VII. Identificar las contribuciones que se deben cancelar o devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales. VIII. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales. IX. Identificar los bienes distinguiendo, entre los bienes adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y productos
  • terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a la donación o, en su caso, a la destrucción. Tratándose de donativos en bienes que reciban las donatarias autorizadas de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, éstas deberán llevar además, un control de dichos bienes, que les permita identificar a los donantes, los bienes recibidos y entregados y, en su caso, los bienes destruidos que no hubiesen sido entregados a los beneficiarios de las donatarias. Asimismo, deberán llevar un control de las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación. El contribuyente deberá registrar en su contabilidad la destrucción o donación de las mercancías o bienes en el ejercicio en el que se efectúen. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de que los contribuyentes lleven además los registros a que les obliguen las disposiciones fiscales y utilicen, en su caso, las máquinas registradoras de comprobación fiscal a que hace mención el último párrafo del artículo 28 del Código. Artículo 27. Los contribuyentes, para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, podrán usar indistintamente los sistemas de registro manual, mecanizado o electrónico, siempre que se cumpla con los requisitos que para cada caso se establecen en este Reglamento. Los contribuyentes podrán llevar su contabilidad combinando los sistemas de registro a que se refiere este artículo. Cuando se adopte el sistema de registro manual o mecánico, el contribuyente deberá llevar cuando menos el libro diario y el mayor; tratándose del sistema de registro electrónico llevará como mínimo el libro mayor. Este artículo no libera a los contribuyentes de la obligación de llevar los libros que establezcan las leyes u otros reglamentos. Artículo 29. En el libro diario, el contribuyente deberá anotar en forma descriptiva todas sus operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o crédito que a cada una corresponda. En el libro mayor deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o crédito a cada cuenta en el período y su saldo final. Podrán llevarse libros diarios y mayores, particulares, por establecimientos o dependencias, tipos de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá existir el libro diario y el mayor general en que se concentren todas las operaciones del contribuyente.En ese sentido, en primer lugar, es de señalarse que mi representada hacumplido cabalmente entre otras, con la obligación prevista en el artículo 86,de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que los contribuyentes queobtengan ingresos de los señalados en el Título II de la Ley de la materia,como es el caso, deberán llevar la contabilidad de conformidad con el CódigoFiscal de la Federación y su Reglamento, así como el Reglamento de esta Ley,y efectuar los registros en la misma.
  • En ese orden de ideas, de la interpretación sistemática de las disposicioneslegales que han quedado transcritas y que regulan la obligación a cargo de loscontribuyentes de llevar la contabilidad y la forma en que ésta deberá llevarse,se desprende lo infundado del argumento vertido en la resolución recaída alrecurso de revocación interpuesto por mi mandante, pues en la contabilidad demi poderdante no hay irregularidad alguna que pudiera impedir ladeterminación de su situación fiscal.La Norma de Información Financiera A-1 define la contabilidad como unatécnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectaneconómicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamenteinformación financiera. Las operaciones que afectan económicamente a unaentidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.Asimismo, dicha norma señala que la Información Financiera emana de lacontabilidad, es una información cuantitativa, expresada en unidadesmonetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero deuna entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en latoma de decisiones económicas.A mayor abundamiento resulta aplicable al caso concreto la siguienteJurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que señala los documentos que comprenden la contabilidad: No. Registro: 169,610 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Mayo de 2008 Tesis: 2a./J. 85/2008 Página: 155 REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto establece los requisitos a cumplir cuando la autoridad fiscal practica una revisión de escritorio o gabinete, supuesto en el cual puede requerir al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado, la contabilidad, datos, informes o documentos necesarios para el ejercicio de sus facultades de comprobación, sin que pueda entenderse incluido en ese supuesto el requerimiento de documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, ya que tal disposición no prevé una facultad general a favor de la autoridad fiscal para solicitar toda la documentación que estime necesaria
  • para el ejercicio de sus facultades de comprobación, toda vez que la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, pues no contiene información sobre las obligaciones fiscales, sino referente a las operaciones o servicios contratados por el particular con alguna institución de crédito, como los enumerados en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, acorde con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad comprende los libros, registros contables, así como los comprobantes de cumplimiento de las disposiciones fiscales, de manera que dentro de ese tipo de documentación no puede entenderse incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Lo razonado no significa que la autoridad fiscal estuviera imposibilitada para obtener información de esa naturaleza, ya que el propio artículo 48 señala que ésta al practicar una revisión de gabinete podrá requerir información o documentos no sólo al contribuyente, sino también a terceros y, por su parte, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que las autoridades hacendarias federales podrán solicitar información a las instituciones de crédito por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales, de donde es claro que dichas autoridades podían obtener por ese medio, información referente a los estados de cuenta bancarios de contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete. Contradicción de tesis 23/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 23 de abril de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.En ese sentido resulta carente de cualquier sustento jurídico el argumentovertido por la autoridad en la resolución determinante del crédito fiscal, en elsentido de que los registro contables asentados en la pólizas de diarioD-000084, no cumplen con los requisitos establecidos en las disposicionesfiscales, pues no obstante que se menciona “que los mismos debe seranalíticos, identificar cada operación, relacionándose con la documentacióncomprobatoria, de tal forma que puedan identificarse plenamente con lasdistintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades libradas de pagopor la ley”; en ningún momento explica por qué los registros contablesasentados en la póliza diario de referencia, a su parecer no cumplen con dichascondiciones, y mucho menos expone cómo debió ser el registro para justificarsu dicho y restar valor a los registros asentados en la contabilidad de lacontribuyente revisada.El Código Fiscal de la Federación en su artículo 28, fracción II establece que losasientos en la contabilidad serán analíticos. Por su parte, el Reglamento dedicho Código en su artículo 26, fracción I dispone que los sistemas y registroscontables deberán identificar cada operación, acto o actividad y suscaracterísticas, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal
  • forma que aquéllos puedan identificarse con las distintas contribuciones ytasas, incluyendo las actividades libradas de pago por la Ley.Es el caso, que mi representada no muestra irregularidades en su contabilidadpues cuenta con los sistemas electrónicos y registros contables manuales en losque se asientan de manera analíticas las operaciones por ella realizada;asimismo, cuenta con la documentación comprobatoria de los asientoscontables, y con los libros que de acuerdo a su naturaleza lleva, como el Librode Registro de Socios y de Registro de Aumentos y/o Disminuciones del CapitalSocial, tal y como se demuestra a continuación.La póliza de diario D-000084 obtenida de los registros contables electrónicos demi representada identificada como prueba número 10 del capítulocorrespondiente de la presente demanda contenciosa administrativa, cumplecon el requisito de contener registros analíticos, pues en las mismas seidentifica cada una de las operaciones realizadas por mi mandante y queconsisten en la afectación de las cuentas contables de bancos y capital, esto es,en dicha póliza de diario se hace constar el aumento y disminución de lascuentas de la contabilidad que resultan afectadas por las operacionesrealizadas por mi poderdante, tanto que, en las mismas se reflejan los cargos ala cuenta 1101-002-0002 209, que corresponde a la cuenta tradicional XXXXX,por concepto de ______ y ______, con abonos a la cuenta3000-006-0016-001, que corresponde a la serie S-1, 28/05/05, por conceptode ______ y ______; y Aportaciones de _____ y ______, quedando claro quelas características de las operaciones realizadas entre mi representada y lasC.C. _____ y _______, corresponden a la aportación a la parte variable delcapital social que realizan las C.C. ______ y ________, a __________, y quele dan a las C.C. ______ y _______ el carácter de socias con participación enlas partes sociales serie S-1.Así mismo resulta del todo infundado el argumento vertido por la autoridaddemandada en el sentido de que confirmo la irregularidad observada por laautoridad fiscalizadora en el sentido de que los registros contables de mimandante se encuentran “alterados”, al haberse modificado la póliza de diarioD-000084, de fecha 07 de junio de 2003, exhibida en fechas distintas duranteel procedimiento fiscalizador, es decir con fecha 06 de septiembre de 2007 y 08de julio de 2006, en virtud de que muestran diferencias, consistentes en ladescripción señalada por el abono a la cuenta 3000 006 0016 001, en elconcepto señalado por el cargo a la cuenta 1101 002 0002 209 y en el conceptoseñalado por el abono a la cuenta 3006 006 0016 001, en virtud de que a suilegal consideración nunca se desvirtuaron tales diferencias en la faseadministrativa.
  • No es óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad hacendaria al emitir laresolución recaída al recurso de revocación de una forma dolosa e ilegal,pretende desconocer el contenido de la póliza de diario D-000084, de fecha 07de junio de 2007, ofrecida y exhibida por mi representada con fecha 6 deseptiembre de 2007, durante la fase administrativa y con fecha 8 de junio de2006, como anexo del escrito por el que se desvirtúan los hechos y omisionesasentados en la última acta parcial de visita domiciliaria, con el argumento deque no coinciden los datos contenidos en la póliza de diario, entregada endichas fechas, y que por lo tanto existe una alteración de los registroscontables, restando valor probatorio a dichas documentales.Así pues, dicha apreciación de la autoridad hacendaria resulta ilegal en virtudde que no existen tales irregularidades, dado que, como esa H. Sala lo podráconstatar del simple análisis que se sirva prestar a las constancias que seanexan al presente escrito inicial de demanda, la prueba documental que seofrece como anexo 10, constituye efectivamente la Póliza de Diario con númerode folio D-000084, mientra que la prueba documental que se exhibe comoanexo 11, constituye un documento manual que es parte del control interno dela compañía, que precisamente sirve de base para llevar a cabo el registrocontable que se asienta en la póliza de Diario D-000084.En relación a lo anterior el artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de laFederación señala que los sistemas y registros contables a que se refiere lafracción I del artículo 28 del Código, deberán llevarse por los contribuyentesmediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamientoque mejor convenga a las características particulares de su actividad. Asímismo, el artículo 27 del mismo Reglamento señala que los contribuyentes,para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, podrán usarindistintamente sistema de registro manual, mecanizado o electrónico, inclusocombinando los sistemas.En el caso que nos ocupa, es claro que manualmente se realizó un asiento oregistro en la póliza que acompaña el comprobante de la operación para queposteriormente se efectuara el asiento correspondiente en el sistemaelectrónico de la compañía, lo que resulta claro al analizar ambos documentos,mismos que coinciden en su totalidad por lo que no se pueden mutuamenterestar valor probatorio, al ser partes de la mecánica de registros contables delcontribuyente de donde se desprenden claramente la fecha, el folio, lareferencia, los números de cuenta en la que se realizan los cargos y los abonosy el concepto, datos que se insiste, concuerdan unos con otros.En adición a lo anterior, en la presente demanda contenciosa administrativa seofrece y exhibe como prueba número 12, la balanza de comprobación de
  • __________, correspondiente al periodo de junio del año de 2003, documentosque forman parte de la contabilidad de mi representada y que obran en poderde la autoridad fiscalizadora. En ese orden de ideas, del simple análisis que esaH. Sala Regional se sirva realizar a la balanza de comprobación podrá constarclaramente que en el mes de junio de 2003 en la cuenta de pasivo 3000 0060016 001 “Serie S-1 28/05/05” se refleja un saldo de $19,700,000.00 y en lamisma cuenta pero de la balanza de comprobación del mismo mes y año, elsaldo se incrementó en $19,700,000.00, situación que coincide con el depositobancario efectuado por las nuevas socias de la ahora actora en cantidad de$19,700,000.00 el día 6 de junio de 2003. Por lo que resulta evidente quecontrario a lo señalado por la autoridad hacendaria al resolver el recurso derevocación intentado por mi representada, los movimientos en la parte variabledel capital social de mi poderdante si se encuentran registrados en sucontabilidad en forma analítica.Asimismo, es importante manifestar que mi representada, además deidentificar en sus registros contables cada operación y sus características,también cuenta, en su contabilidad, con la documentación comprobatoria quese relaciona con dichas operaciones y que está integrada no sólo con labalanza de comprobación, registros contables, pólizas de diario y comprobantedel depósito bancario, documentación que analizada sistemática yarmónicamente permite identificar claramente y sin que quede lugar a dudasel Número de cuenta de mi poderdante y el Número de cuenta del cual serealizó la transferencia, el concepto, la cantidad a cargo y el abono, situaciónque no puede ser desconocida por la autoridad ahora demandada, sino que,en adición a lo anterior, mi mandante cuenta con los registros que constan enlos libros sociales que conforme a los Estatutos de la Sociedad Civil llevan,como lo son el Libro de Registro de Acciones y de Aumentos y/o Disminucionesde Capital, en el que se hizo constar la inclusión de las C.C. _______ y________, como socias de __________, así como por el Acta GeneralOrdinaria de Socios celebrada con fecha 28 de mayo de 2003 por la parteactora, misma que fue protocolizada mediante instrumento público número14,620, de fecha 29 de mayo de 2007, pasada ante la fe del Notario Públiconúmero 7 de la Ciudad de Córdoba, Lic. José Álvarez Jácome, mediante el cualse aprueba el aumento de capital social en su parte variable en cantidad de$7’000,000.00, (Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.), mediante la emisión de7,000 partes sociales (Serie S-1), para ser suscritas por socios solidarios, convalor de $1,000.00 (Un Mil pesos 00/100 M. N.), fijando un valor desuscripción y pago por el equivalente a $158.82 (Un mil ciento cincuenta yocho Pesos 82/100 M.N.), por cada una de las Partes Sociales, de acuerdo a laautorización de admisión de socios que acuerdo el Consejo Directivo, así comoel Acuerdo del Consejo Directivo de fecha 6 de junio de 2003, mediante el cual
  • dicho Consejo admite como nuevos socios a las C.C. _______ y _______; porser todos estos documentos integrantes de su contabilidad.En ese sentido, queda claro que analizando la contabilidad de mi representadaen la forma que ha quedado expuesta, la conclusión lógica es que el depósitobancario realizados por las C.C. _______ y ______ a la cuenta bancarianúmero 92000220209 abierta en la institución de crédito Santander Serfin,S.A. a nombre de ________, en cantidad de $19´700,000.00 corresponden aaportaciones de capital y por lo tanto no deben ser considerados comoingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta.No debe pasar por desapercibido que, suponiendo sin conceder, que lasupuesta “alteración” o diferencia entre los dos documentos a que se refiere laautoridad, consistente en que el documento que se llevó en forma manualpara posteriormente realizar el registro en el sistema de computo con el quemi representada lleva su contabilidad, tiene asentado en la columnadenominada REFERENCIA “Serie L-1” (ofrecida como prueba bajo el número11), y en la Póliza de Diario No. 18 folio D-000084 (ofrecida como prueba bajoel número 10), en la columna denominada DESCRIPCION se asienta “Serie S-¡28/05/05”, resulta evidente y es un hecho notorio que se trata de un error sinimportancia, en una letra en el documento previo al registro contable y que alrealizar el asiento correspondiente y definitivo en la Póliza de Diario secorrigió.Esa H. Sala al valorar estas pruebas debe considerar que la supuestaalteración a la que alude la autoridad fiscal, se trata solamente en una letra delas series de las partes sociales de la actora (L y S), pero el resto de los datosasentados coinciden plenamente, tales como el número de cuenta bancario,los montos, la fecha del asiento y número de póliza el concepto, y que ademascoinciden plenamente con la documentación que soporta los registroscontables, de donde en conjunto es evidente y claro qye en todo momento setrata de la aportación al capital de la quejosa y el correspondiente pago porsuscripción de partes sociales, por lo que las autoridades responsables, tantoen la revisión de dictamen como en el recurso de revocación, incurren en unrigorismo excesivo, sin fundamento, situación que solo demuestra el dolo ensu actuar y lo ilegal de las resoluciones impugnadas.Sirve de sustento a lo anterior, aplicadas por analogía las tesis dejurisprudencia que a continuación se reproducen: “No. Registro: 238,506 Tesis aislada Materia(s): Común Séptima Época Instancia: Segunda Sala
  • Fuente: Semanario Judicial de la Federación68 Tercera ParteTesis:Página: 51DOCUMENTOS. ERROR DE ESCRITURA EN ELLOS. DE ESTIMARSEQUE EXISTE, DEBE ATENDERSE A LO QUE REALMENTE SE TRATODE EXPRESAR, Y DESESTIMARSE LO QUE APARECE ESCRITOEQUIVOCADAMENTE.Si el quejoso dice que por un error mecanográfico en un escrito,se omitió una palabra que cambia el sentido del mismo, y deltexto del párrafo relativo se desprende claramente lo que sequiso decir, tal aclaración es atendible; luego, el mero errormecanográfico consistente en la omisión de una palabra noconstituye ni puede interpretarse como una manifestación devoluntad con efectos jurídicos en el juicio de amparo.Amparo en revisión 1445/73. Seguros Independencia, S.A. y otro(acumulados). 15 de agosto de 1974. Unanimidad de cuatro votos.Ponente: Carlos del Río Rodríguez.”(Énfasis y subrayado añadido).“No. Registro: 183,427Tesis aisladaMateria(s): AdministrativaNovena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVIII, Agosto de 2003Tesis: VIII.1o.53 APágina: 1818REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EL ERROR EN UNODE LOS DÍGITOS QUE COMPONEN LA HOMOCLAVE DELCAUSANTE, NO ACTUALIZA LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓNDEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LAFEDERACIÓN.El artículo citado establece lo siguiente: "Artículo 79. Son infraccionesrelacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: ...IV. No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por laautoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones ydemás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales yjurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la ley.". Ahorabien, en el invocado numeral se mencionan como únicos supuestos queactualizan la comisión de infracciones relacionadas con el registrofederal de contribuyentes, consistentes en no citar la clave del registro,o bien, utilizar una clave no asignada por la autoridad fiscal; en estatesitura, la multa impuesta al contribuyente por "asentarincorrectamente" en la parte frontal de la declaración de pagosprovisionales uno de los dígitos que componen la homoclave delregistro federal de contribuyentes, previamente asignada por laautoridad hacendaria, de manera alguna actualiza la comisión de lasinfracciones previstas en el precepto legal antes mencionado, en tantoque el señalamiento incorrecto de uno solo de esos dígitos no sepuede considerar como una conducta dolosa por parte delcausante, sino simplemente un error mecanográfico.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.Revisión fiscal 74/2003. Administrador Local Jurídico de Torreón en elEstado de Coahuila, en representación del Secretario de Hacienda yCrédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributariay otras. 23 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: MarcoAntonio Arroyo Montero. Secretario: Jacinto Faya Rodríguez.”(Énfasis y subrayado añadido).
  • “No. Registro: 196,233 Tesis aislada Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Mayo de 1998 Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.” (Énfasis y subrayado añadido).B. Por otra parte, resulta ilegal por infundado el argumento vertido por laautoridad demandada en el sentido de que el Libro de Registro de Socios y deAumento y/o Disminución de Capital, así como el acta de Asamblea GeneralOrdinaria de Socios de fecha 28 de mayo de 2003, mediante la cual seautoriza el aumento de capital de la parte variable de la sociedad en cantidadde $7’000,000.00, así como la prima por colocación de acciones en cantidadde $700,000.00, no son el medio eficaz e idóneo para desvirtuar que el
  • importa en cantidad de $19’700,000.00, son ingresos acumulables omitidosporque deben estar soportados documentalmente con otros medios de pruebapara darles validez, en virtud de que en la especie nos encontramos ante unasociedad civil.Así pues, de acuerdo a lo dispuesto por el Diccionario de la Real Academia dela Lengua Española, podemos definir a una sociedad civil de la siguientemanera: • Sociedad.- Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones; agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. Agrupación de comerciantes, hombres de negocios o accionistas de alguna compañía. • Civil.- Ámbito no público, sociedad de ciudadanos y sus relaciones y actividades privadas.En ese orden de ideas, podemos entender que una sociedad civil es la reunióno agrupación de ciudadanos, que constituyen una unidad distinta de cada unode sus individuos.En ese sentido, habrá una sociedad civil “cuando dos o más personas sehubiesen mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el fin deobtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, delempleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado”.2De lo anterior tenemos que la sociedad civil nace de un contrato, y que cadauna de las partes del contrato asume la obligación de satisfacer unaprestación, es decir de realizar una aportación, que su finalidad es la deobtener una utilidad apreciable en dinero, y que entre los socios se dividiránlas ganancias o perdidas que se obtengan por el uso de lo que cada unohubiere aportado.Así las cosas, y toda vez que como esa H. Sala Regional podrá constatar delsimple análisis que se sirva realizar a la Escritura Pública número 34,184 quese ofrece como prueba número 6 en el capitulo correspondiente del presenteescrito, mi representada constituyó una sociedad civil bajo las disposicionesdel Código Civil del Estado de Veracruz, en virtud de que la misma tuvo suorigen en un contrato celebrado por sus socios mediante el cual se obligan arealizar una aportación a la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad,pero sin realizar actos de comercio, que constituyan una especulacióncomercial.2 Piantoni, Mario Alberto, Quaglia, Alfredo Gustavo, Sociedades Civiles y Comerciales,Editorial Astrea, Argentina, 1977, pags. 9-10.
  • En ese tenor de ideas, desde su constitución la actuación de mi mandante haestado regulada por las disposiciones que al efecto señalen el Código Civil parael Estado de Veracruz, que específicamente dispone en el capítulocorrespondiente lo siguiente: ARTICULO 2621.- Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de fin común, de carácter preponderantemente lucrativo o económico, pero que no constituya una especulación comercial. ARTICULO 2622.- La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. ARTICULO 2623.- El contrato de sociedad debe constar por escrito; pero se hará constar en escritura pública, cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. ARTICULO 2624.- La falta de forma prescrita para el contrato de sociedad, sólo produce el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido, y a falta de convenio, conforme al Capítulo V de esta Sección; pero mientras que esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad, la falta de forma. ARTICULO 2626.- El contrato de sociedad debe contener: I.-Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse; II.-La razón social; III.-El objeto de la sociedad; IV.-El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que dispone el artículo 2624. ARTICULO 2627.- El contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzcan efectos contra tercero. ARTÍCULO 2628.- Las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de las sociedades mercantiles, quedan sujetas al Código de Comercio.En ese sentido, de acuerdo a nuestra legislación entendemos que por elcontrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar recursos oesfuerzos para realizar un fin común, de carácter lucrativo, pero que noconstituya una especulación comercial, así pues, las aportaciones de los sociospueden ser en dinero, bienes o en su industria.
  • El contrato de la sociedad debe constar por escrito y únicamente se exigiráque este se otorgue en escritura pública cuando la aportación de loso sociosconsista en la transferencia a la sociedad de bienes cuya enajenación debahacerse en escritura pública.La falta de la forma prescrita para el contrato de la sociedad, o bien de algunode los requisitos en el contrato de la sociedad, produce el efecto de que lossocios puedan pedir, en cualquier tiempo, la liquidación de la sociedad, peromientras esta liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectosentre los socios, pero estos no podrán oponer a terceros que hayan contratadocon la sociedad la falta de forma.Así mismo se señala que el contrato de sociedad debe contener los siguientesrequisitos: • Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. • La razón social. • El objeto de la sociedad; • El importe del capital social y la aportación de cada socio.Otro requisito que prevé el Código Civil para el Estado de Veracruz es quedicho contrato sea inscrito en el Registro de Sociedades Civiles. Así también seseñala que quedan sujetas al Código de Comercio las sociedades civiles quetomen la forma de las mercantiles.De lo anterior, esa H. Sala Regional no dudará en señalar que la demandantees una sociedad civil debidamente constituida conforme a las Leyes Mexicanas,y por lo tanto en su Contrato o Estatutos se expresa libremente la voluntad delas partes para actuar dentro de dicha unidad.Es decir, en materia contractual, la voluntad de las partes determina elalcance del contrato, por lo que si tal y como sucede en la especie, lavoluntad de las partes era celebrar un contrato de constitución de unasociedad civil, mediante el cual se pactó que el capital social podrá aumentaro disminuir sin necesidad de reformar los Estatutos sociales, con la únicaformalidad de que los aumentos o disminuciones se hagan en la forma ytérminos o condiciones señalados en los propios estatutos y en lo no previstopor lo acordado por la Asamblea General de Socios, señalando que losaumentos y disminuciones deberán inscribirse en el libro de registro que alefecto lleve la sociedad y así se expresó en el propio contrato, tal y como esaH. Sala Regional podrá constatar de la simple lectura que realice a dichocontrato.
  • Antes de entrar al análisis propio del contrato que nos ocupa, resultatrascendente el transcribir las disposiciones legales que resultan aplicables enmateria contractual dentro del Código Civil para el Estado de Veracruz lascuales establecen: Artículo 1727.- Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del contrato. Artículo 1729.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. (El realce es nuestro)De los numerales antes transcritos se desprenden los siguientes principios querigen en materia contractual: • Para la existencia de un contrato se requiere consentimiento y objeto. • Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento excepto que deban revestir una forma establecida por la ley. • Las partes están obligadas al cumplimiento de lo pactado en el contrato, así como de sus consecuencias, desque este se perfecciona.Otro principio que rige en materia contractual y que la autoridad demandadapasó por alto, es el relativo a la interpretación de los mismos, el cual seencuentra consagrado en el artículo 1784 del referido Ordenamiento Legal, elcual a la letra señala: Artículo 1784. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. (El realce es nuestro)Derivado del anterior, con el simple análisis que ese H. Órgano Colegiadorealice del contenido del contrato de la constitución de la sociedad _________,así como del diverso 1784 del Código Civil para el Estado de Veracruz, podráconstatar, por una parte, que la intención de los contratantes es clara y
  • no deja lugar a dudas, pues del contrato claramente se desprende que seestablecieron los elementos esenciales del mismo, esto es, se señala elobjeto materia del contrato, así como se expresa el libre consentimientode las partes para contratar, por lo que una vez que dicho contrato cumplecon los elementos de existencia, la autoridad demandada, estaba obligada aanalizar y tomar en cuenta su contenido al momento de emitir tanto laresolución determinante del crédito fiscal como la resolución recaída al recursode revocación.A mayor abundamiento, en lo conducente resultan aplicables las siguientesJurisprudencias emitas por el Poder Judicial de la Federación: No. Registro: 186,047 Jurisprudencia Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Septiembre de 2002, Tesis: 1a./J. 56/2002, Página: 88 CONTRATOS. INTERPRETACIÓN. LA CONDUCTA QUE OBSERVAN LAS PARTES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ES ELEMENTO FUNDAMENTAL .La conducta observada por las partes antes, durante y en la fase de ejecución del contrato, posee un valor relevante como medio de su interpretación, en razón del principio de coherencia y continuidad del contrato. Para acudir a dicho medio, es necesario que los actos de las partes tengan relevancia en relación con la voluntad contractual que de ellas ha de deducirse y con el sentido del contrato. Es menester, además, que esos actos sean comunes, o que, si se ejecutan por una sola parte, exista la aceptación expresa o tácita de la otra. Este "comportamiento interpretativo" arroja luz sobre la verdadera intención de los contratantes respecto a los alcances que quisieron dar al compromiso a cuyo cumplimiento quedaron sujetos. Acorde con ello, el artículo 1851 del Código Civil del Distrito Federal, contenido dentro del apartado de interpretación de los contratos, establece en su segundo párrafo, que: "Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.". Este precepto confirma la superioridad del elemento intencional, que ha de prevalecer sobre las palabras y sobre lo cual la conducta de las partes durante la vigencia del contrato es una valiosa fuente de interpretación. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 5224/2001. Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Leticia Araceli López Espíndola. Amparo directo 10244/2002. Miguel González Larriba. 20 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Ramiro Ignacio López Muñoz.
  • Amparo directo 4044/2003. Banco Nacional de México, S.A. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Amparo directo 15584/2003. Sergio Linares Van Hasselt. 19 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Amparo directo 16284/2003. Linda Yasmín Rich Rodríguez. 2 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. (El realce es nuestro)En consecuencia de lo anterior, es dable concluir que, en materiacontractual, la voluntad de las partes es ley suprema, siempre y cuandose respeten las disposiciones legales, situación que acontece en la especie,toda vez que el contrato mediante el cual se constituye mi representada, sellevó a cabo atendiendo los ordenamientos legales aplicables, esto es, entreotras cosas, cumpliendo con los elementos de existencia del mismo, señalandoel libre consentimiento de las partes para contratar, así como el objeto delmismo, tal y como se demuestra a continuación y que se desprende delanálisis que esa H. Sala Regional se sirva hacer al contrato que en vía deprueba se acompaña como anexo número 1.Tal y como se desprende de del Contrato que nos ocupa, el mismo contiene elacuerdo de voluntades (consentimiento) de los individuos que se constituye enla diversa entidad ___________ a efectos de formar una sociedad civil, en elcual se señalan como Estatutos esenciales del contrato los siguientes: “DECIMO PRIMERO.- PARA LA ADMISIÓN DE SOCIOS, A CUALQUIER DE LAS CLASES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO SEXTO, SE REQUIERE UNA SOLICITUD ESCRITA FIRMADA POR LA PERSONA SOLICITANDTE, ANEXANDO LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESOTS ESTATUTOS Y ESTA DEBE SER APOYADA POR DOS SOCIOS ACTIVOS. LA SOLICITUD DE INGRESO SERA PRESENTADA ANTE LA SOCIEDAD DE INGRESO SERA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO, QUIEN TENDRA LA FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR DICHA SOLICITUD, SIN TENER OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LA CAUSA, ASI MISMO PODRA ESTABLECER LAS MODALIDADES Y CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, PERO SU RESPUESTA DEBERA EFECTUARSE EN CUALQUEIRA DE LOS SENTIDOS DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES A LA PRESENTACIÓN. EL ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO SERA INAPELABLE. - - - ------------ --------------- ------ ...//… DECIMO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA VARIABLE, EL MONTO MAXIMO DEL
  • MISMO SERA ILIMITADO.- EL CAPITAL SOCIAL ESTARA REPRESENTADO POR PARTES SOCIALES NOMINATIVAS LIBERADAS INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CON UN VALOR NOMINAL DE MIL PESOS MONEDA NACIONAL CADA UNA DE ELLAS. LAS PARTES SOCIELS REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PROPIEDAD DE SOCIOS ACTIVOS SE DISTINGUIRA POR CORRESPONDER A LA CATEROGIA “A”, SE EMITIRAN EN DIFERENTES SERIES SEGÚN LA FECHA DE LA ASAMBLEA QUE APROBO EL INCREMENTO, SE DIFERENCIARA CADA SERIE DE LAS DEMAS POR UN DIGITO QUE SIGA EL ORDEN NUMERICO DE UNO EN ADELANTE, PODRAN SER EMITIDAS POR SIMPLE ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SIN QUE ELLO IMPLIQUE MODIFIACIÓN A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y TAMBIEN SERAN NOMINATIVAS. - - - - - - - - …//… DECIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS Y CONSIDERARA COMO TAL A QUIN APAREZCA REGISTRADO EN DICHO LIBRO, LAS ANOTACIONES EXTEMPORANEAS SOLO SURTIRAN EFECTO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ANOTACION QUEDE LEGALMENTE FIRME. - - - - - - - - - --------------- DECIMO SEPTIMO.- EL CAPITAL SOCIAL PODRA AUMENTAR O DISMINUIR SIN NECESIDAD DE REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON LA UNICA FORMALIDAD DE QUE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES SE HAGAN EN LA FORMA Y TERMINOS O CONDICIONES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, Y EN LO NO PREVISTO, POR LO ACORDADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEBERAN IN SCRIBIRSE EN EL LIBRO DE REGISTRO QUE AL EFECTO LLEVE LA SOCIEDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------“ …//…De lo anterior se desprende que, el contrato que fue exhibido tanto en la etapaoficiosa, como en la presente instancia, expresa la voluntad de las partes, esdecir su manifestación expresa respecto de los siguientes temas: • Respecto a la admisión de socios, únicamente requiere de que estos presente su solicitud escrita, apoyada por dos socios activo ante el Consejo Directivo, quien aceptara o rechazara la solicitud. • Fecha en que se considerara que quedan firmes las anotaciones que se realicen en el libro de registro de socios. • El capital social podrá aumentar o disminuir sin mayor formalidad que la expresamente prevista en sus estatutos y sin que sea necesario reformar estos.En este entendido, resulta evidente la ilegalidad de la resolución recaída alrecurso de revocación al no darle valor probatorio a los Estatutos de laSociedad y exigir mayores requisitos para la admisión de nuevos socios y para
  • los aumentos de capital de la sociedad que los manifestados libremente porlas partes en el Contrato de la Sociedad e incluso que los previstos por lapropia ley de la materia, que no dispone formalidad alguna al respecto.Así pues, la autoridad demandada no tiene razón alguna para señalar que elLibro de Registro de Accionistas y de Aumento y/o Disminución de Capital, asícomo el Acta de asamblea general ordinaria de socios de fecha 28 de mayo de2003, mediante la cual se autoriza el aumento de capital en la parte variableen cantidad de $7’000,000.00, son contradictorios a la Sesión del ConsejoDirectivo de fecha 6 de junio de 2003, en virtud de que fue en esta Sesióncuando se admitió como socios solidarios a las C.C. _______ y _______ y que,por ende deviene en ilegal su registro con fecha 28 de mayo de 2003.Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto en el Libro de Registro deAccionistas y de Aumento y/o Disminución de Capital de mi representada, seacento que se admitía a las C.C. ______ y ______, como nuevas socias, confecha 28 de mayo de 2003, también lo es que, atendiendo a sus Estatutos,dicha anotación surte efectos a partir de la fecha en que la misma quedefirme, esto es, con fecha 6 de junio de 2003, fecha en que la Sesión delConsejo Directivo las admitió como socias, por lo que es evidente que noexiste contradicción entre los datos asentados en dichos documentos quesoportan la operación realizada entre ___________ y sus socias las C.C.______ y ______, por lo cual la autoridad hacendaria estaba obligada aanalizarlos armónicamente, en conjunto con los registros contables que fueronexhibidos en la fase oficiosa y otorgarles valor probatorio pleno y enconsecuencia concluir que las aportaciones realizadas por las C.C. ______ y______, efectivamente constituyen un aumento a la parte variable del capitalde mi representada y por lo tanto, resulta ilegal que dicha autoridad hayaconsiderado dicha aportación como un ingreso.En ese mismo tenor de ideas, resulta ilegal la argumentación de la demandadaen el sentido de que es irregular que aparezcan en el Libro de Registro deAccionistas y de Aumento y/o Disminución de Capital, registradas con fecha28 de mayo de 2003, como socias las C.C. ______ y _______, si en el Acta deAsamblea General Ordinaria de Socios no se llego a acuerdo alguno sobre laaceptación de nuevos socios, el nombre de los mismos o el monto de suaportación, en virtud de que como esa H. Sala Fiscal y Administrativa podráconstatar del simple análisis que realice a la señalada acta de Asamblea,podrá advertir que los socios reunidos en ésta, expresamente señalan que noobstante que de la orden del día se desprende discutir la admisión de nuevossocios, quienes han presentado su solicitud de ingreso y cumplen con losrequisitos de los estatutos de consolidar los planes de expansión de lasociedad, atendiendo a las disposiciones de los Estatutos sea el Consejo
  • Directivo quien determine la aceptación o rechazo de la solicitud de ingreso delos socios.Por otra parte, resulta del todo carente de sustento jurídico el argumentovertido por la autoridad demandada al resolver el recurso de revocaciónintentado por mi poderdante en el sentido de que en el caso de que se hayaelevado a escritura pública el contrato de sociedad, si se tiene la obligación deinscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al igual quetodas las reformas que sufra dicho contrato, en términos de lo dispuesto por elartículo 2935, primer párrafo, fracción VI, del Código Civil para el Estado deVeracruz, no obstante que la escritura constitutiva señale que el aumento odisminución de capital es permitido sin mayores formalidades que lasestablecidas en el mismo, en virtud de que ilegalmente la autoridaddemandada esta desconociendo el alcance de los Estatutos sociales, que comoya se señaló anteriormente, al representar la voluntad de las partes, son leysuprema en materia contractual, por lo que resulta del todo ilegal quearbitrariamente la autoridad demandada pretenda contravenir lo dispuesto pordichos Estatutos y exigirle a mi representada mayores requisitos de forma quelos previstos en la ley.Así mismo, también resulta contraria a derecho la argumentación en que lademandada sustenta su resolución recaída el recurso de revocación, en elsentido de que, por ministerio de ley, se deberá inscribir en el registro lareforma que sufra la escritura pública, máxime que el artículo 2936 delreferido ordenamiento legal establece que los documentos que se deban y nose hayan registrado, solo producir efectos entre quienes los otorgaron, pero noproducirán perjuicios a terceros, en virtud de que como ya se ha señalado conanterioridad, el aumento de capital decretado por mi representada no es unacto susceptible de registrarse en el Registro Público de las Sociedades, envirtud de que, tal y como lo disponen sus Estatutos, no se requiere de dichaformalidad para que el mismo sea valido, así como tampoco el Código Civil deVeracruz prevé tal requisito para su validez, por lo que en el caso concreto elnumeral que cita la autoridad, no resulta aplicable.Por lo que en ese tenor de ideas, tampoco resulta conducente que la autoridadahora demandada desestimara el valor probatorio del instrumento públiconúmero 14,620, de fecha 29 de junio de 2007, pasada ante la fe del NotarioPúblico número 7 de la Ciudad de Córdoba, Lic. José Álvarez Jácome, quecontiene el Acta de Asamblea General Ordinaria en la que los socios de laempresa ________, aprueban el aumento de capital en cantidad de$7’000,000.00 (Siete Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) mediante laemisión de 7,000 partes sociales (serie S-1), decretadas a un precio de$1000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) por parte social, más una prima por
  • colocación de las partes sociales en cantidad de $700,000.00 (Setecientos Mil00/100 M.N.); por su falta de protocolización oportuna ante notario público, ypor falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,en virtud de que en el caso concreto el Código Civil para el Estado de Veracruzno prevé tales requisitos, tal y como ha quedado señalado previamente.En el caso que nos ocupa no aplica en virtud de que se niega lisa y llanamentecon el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que exista unadisposición legal que obligue a las sociedades civiles, como lo es la hoy actora,en inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio u otorgarante Notario Público sus aumentos de capital para que una autoridad fiscalcomo la que emite la ilegal resolución que por esta vía se impugna, quieradarles valor probatorio.A mayor abundamiento, se señala que las obligaciones de registro en elRegistro Público del Comercio se encuentran estipuladas en los artículos 16 y19 Código de Comercio, Ordenamiento Legal que en la especie no resultaaplicable, en virtud de que el mismo es únicamente aplicable para regular losactos comerciales, como dispone su artículo 1°, al respeto los artículos antesreferidos disponen: Artículo 1.- Los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables. Artículo 16.- Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados: …//… II.- A la inscripción en el Registro Público de Comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios; …//… Artículo 19.- La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio, y obligatoria para todas las sociedades mercantiles y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario. (El realce es nuestro)Así las cosas, se desprende que en virtud de que, la compañía es un SociedadCivil, no tiene la obligación de protocolizar ante notario público las Actas deAsamblea que celebre y mucho menos inscribirla en el Registro Público de laPropiedad y del Comercio.Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencia emitida por elPoder Judicial de la Federación, que si bien no es obligatoria para esaautoridad fiscal, si es funde de derecho:
  • Registro No. 241036 Localización: Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 109-114 Cuarta Parte Página: 161 Tesis Aislada Materia(s): Civil SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE. NO REQUIEREN MODIFICAR SU ESCRITURA SOCIAL PARA AUMENTAR O DISMINUIR SU CAPITAL. Es verdad que en términos de la fracción III del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar, entre otros asuntos, el aumento o reducción del capital social; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 de la citada legislación, que se refiere a las sociedades de capital variable, en éstas el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios y por admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en el propio capítulo III de dicho ordenamiento, con la circunstancia de que la razón legal de este último extremo, obedece a que en las sociedades de este tipo, resulta inadecuado el principio de permanencia constante del mismo monto del capital, puesto que dichos entes realizan negocios que por su especial naturaleza requieren, en diversos momentos de su existencia, cantidades absolutamente desiguales de capital y es en función de ello que el aumento o disminución del mismo, puede hacerse sin necesidad de modificar la escritura social y por tanto, sin que sea necesaria la celebración de la asamblea general extraordinaria de accionistas a que se refiere el primero de los preceptos citados con anterioridad, por lo que la única limitación es que dicho aumento o disminución se lleve a cabo en los términos del contrato social. Amparo directo 5973/74. Transportes del Pacífico, S.A. de C.V. 5 de junio de 1978. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Eduardo Lara Díaz. Genealogía: Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 138, página 101.C) Por otra parte resulta, contrario a derecho el argumento de la autoridaddemandada en el sentido de que en la especie no resultan aplicables loscriterios normativos 4/2004/CFF y 5/2004/CFF, en virtud de que los mismosreflejan el acuerdo de voluntades entre las partes, sin efectos a terceros, enlos casos de fusión y liquidación, los cuales no se relacionan al aumento decapital y admisión de nuevos socios, cuando los documentos soporte de lacontabilidad contienen irregularidades, en virtud de que como quedódebidamente acreditado en el apartado A) del presente concepto deimpugnación, la contabilidad de mi mandante no presenta irregularidadalguna, sino que cumple cabalmente con los requisitos previstos por el artículo28 del Código Fiscal de la Federación y 26 del Reglamento del referidoordenamiento legal, al asentarse de manera analítica las operaciones que se
  • realizan, por lo que al no acreditar tales irregularidades la autoridaddemandada, resultan aplicables por analogía los siguientes criteriosnormativos del Servicio de Administración Tributaria emitidos en el siguientesentido: 4/2004/CFF Momento en que se lleva a cabo la fusión, para efectos de la presentación del aviso ante las autoridades fiscales. Para efectos de la presentación del aviso a que se refiere el artículo 14-B, fracción I inciso a) del Código Fiscal de la Federación y 5-A, fracción II de su Reglamento, se entenderá que la fusión de las personas morales se lleva a cabo en la fecha en que se toma el acuerdo respectivo, o en su caso, en la fecha que se haya señalado en el propio acuerdo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, 178, 182, fracción VII, 200, 222, 223 y 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el artículo 21, fracción V del Código de Comercio y 1o. del Reglamento del Registro Público de Comercio. En consecuencia, se considera que para efectos de la presentación del aviso de fusión ante las autoridades fiscales, la fusión se lleva a cabo, en el momento en que es tomado dicho acuerdo en la asamblea extraordinaria de accionistas o el señalamiento en ésta de una fecha determinada, por ser éste el órgano supremo de las sociedades mercantiles. 5/2004/CFF Inicio del ejercicio de liquidación. Para efectos del artículo 22, fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y la forma oficial correspondiente, el ejercicio de liquidación de las personas morales inicia en el momento en que se llevó a cabo la asamblea extraordinaria en la que se tomó el acuerdo de disolución o, en su caso, en la fecha que se haya señalado en el propio acuerdo. La liquidación nace del acuerdo de disolución tomado en la asamblea general de accionistas, cuyas resoluciones, por ser el órgano supremo de las sociedades mercantiles, tienen validez y son obligatorias aún para los ausentes o disidentes. La protocolización ante notario público o la inscripción de las actas en el registro público del comercio son formalidades que deben revestir las actas que se levanten en asamblea extraordinaria. No obstante, esta falta no impide que produzca sus efectos y, dicha protocolización o la inscripción, puede ser demandada por cualquiera de los socios o por un tercero que resulte afectado en sus intereses jurídicos. Así, se tiene que la persona moral, por su propio acuerdo de disolución derivado de cualquiera de los motivos señalados en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, comienza a liquidarse a partir de ese momento y, por ello, resulta que el ejercicio de liquidación para efectos fiscales debe coincidir con la misma fecha. Lo anterior, tiene su fundamento en los artículos 11, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; 178, 182, fracción II, 200, 229, fracción III, 233, 234 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 21, fracción V y 26 del Código de Comercio.De los criterios transcritos se desprende que es el propio Servicio deAdministración Tributaria, quien ha reconocido que los acuerdos tomados por
  • el órgano supremo de las sociedades, que en este caso es la Asamblea Generalde Socios, surten efectos al momento en que se toman dichos acuerdosy no hasta el momento en que son protocolizados ante notario públicoo inscritos en el Registro Público correspondiente, por lo que resultaerrónea la apreciación de la autoridad fiscalizadora al resolver la resoluciónrecaída al recurso de revocación, en la que señala que el aumento de capitaldecretado en la Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada con fecha 28de mayo de 2003, no puede ser considerada como tal por la falta deprotocolización oportuna ante notario público.D) A manera de evidenciar aún más la ilegalidad de la resolución impugnada,se desprende que la misma es del todo incongruente, en virtud de que noobstante que la autoridad demandada al resolver el recurso de revocaciónilegalmente confirma el crédito fiscal determinado a mi mandante bajo unaserie de argumentos carentes de toda lógica y sustento jurídico, al pretenderque mi mandante de cumplimiento a sus caprichosas y arbitrariaspretensiones, en el sentido de exigir que mi mandante protocolice ante NotarioPúblico sus Actas de Asamblea y las Registre ante el Registro Público de laPropiedad y del Comercio, se desprende que la propia autoridad reconoceexpresamente a foja 9 de la resolución contenida en el oficio número600-71-2007-0028, que en términos de lo dispuesto por el Código Civil delEstado de Veracruz NO EXISTE LA OLBIGACIÓN DE PROTOCOLIZAR EINSCRIBIR EL CONTRADO DE SOCIEDAD EN EL REGISTRO PÚBLICO DELA PROPIEDAD, NI LAS REFORMAS QUE SUFRA ESTE, tal y como seseñala a continuación: Al respecto, se destaca que, acorde con lo previsto por el legislador en el Código Civil para el Estado de Veracruz, no existe la obligación de protocolizar e inscribir el contrato de sociedad, en el Registro Público de la Propiedad, ni las reformas que sufra éste, sin embargo, en el caso de que se haya elevado a escritura pública, se tiene la obligación de inscribir en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al igual que todas las reformas que sufra dicho contrato, de conformidad con lo dispuesto por el legislador en el artículo 2935, primer párrafo, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Veracruz, por lo que, aún cuando son susceptibles de ser variados los requisitos que todo contrato de sociedad debe contener por así convenir a los intereses de sus socios, es un hecho irrefutable que con el aumento de socios y el incremento de capital, se está modificando la escritura pública relativa al contrato de sociedad que inicialmente se creó, por lo que, se deberá inscribir la reforma que sufra la misma; sin que sea jurídico afirmar que por haberse señalado en el décimo séptimo estatuto social de la escritura constitutiva que, el aumento y disminución de capital es permitido sin mayores formalidades que las establecidas en dicho estatuto, y por ello, se permita reformar el original contrato de sociedad que se elevó a la categoría de escritura pública, pues por ministerio de ley, se deberá inscribir en el Registro, la reforma que sufra la escritura pública, máxime que el artículo 2936, del Código Civil para el Estado de Veracruz, establece que los
  • documentos que se deban registrar y no se hayan registrado, sólo producirán efectos entre quienes los otorgaron, pero no podrán producir perjuicios a tercero. (El realce es nuestro)Así las cosas, la confesión expresa de la autoridad constituye una pruebaplena dentro del procedimiento contencioso administrativo, en términos delartículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, elcual señala en la parte que interesa. “ARTÍCULO 46.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. …//…”Así pues, con fundamento en las manifestaciones antes vertidas, sedesprende, que el actuar de la autoridad ahora demandada fue del todo ilegal,en virtud de que ella misma esta reconociendo que el requisito quearbitrariamente pretende imponer a mi mandante no esta previsto en la Ley dela materia.Por lo antes expuesto y fundado se acredita plenamente la ilegalidad de laresolución impugnada por violar en perjuicio de ________, la garantía delegalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos en relación con el artículo 38, fracción IV del Código Fiscalde la Federación, toda vez que el oficio número 600-71-2007-0028, de fecha15 de enero de 2007, emitido por la Administración Local Jurídica de Córdoba,esta indebidamente fundado y motivado, por lo que en consecuencia procedeque esa H. Sala Fiscal y Administrativa declare la nulidad lisa y llana delmismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, fracción IV y 52,fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.CUARTO.- Procede que esa H. Sala Regional del Golfo, con fundamento en lodispuesto por el artículo 51 fracción IV en relación con el diverso 52 fracción IIde la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, declare lanulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio 600-71-2007-0028,de fecha 15 de enero de 2007, mediante la cual la Administración LocalJurídica de Córdoba resuelve el recurso de revocación intentado con mimandante, en el sentido de confirmar el crédito fiscal determinado a mirepresentada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba en
  • cantidad total de $1’144,891.57, por concepto de impuesto sobre la renta,impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, en virtud deque el mismo se encuentra indebidamente fundado y motivado en términos delartículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que laautoridad demandada analizó los hechos de manera indebida al momento deemitir la resolución recaída al recurso de revocación, en total contravención delo dispuesto por el artículo 55, fracción VI del Código Fiscal de la Federación,en relación con el diverso artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.Como ya se mencionó en el tercer concepto de violación de la presentedemanda contenciosa administrativa, el artículo 38 del Código Fiscal de laFederación establece los requisitos que deben contener los actosadministrativos que se deban notificar, requisitos que son necesarios a fin desalvaguardar la seguridad jurídica de los particulares frente al acto demolestia de autoridades administrativas.Así pues, en la especie, la resolución recaída al recurso de revocación que hoyse impugna, resulta violatoria de dichos principios, en virtud de que laautoridad apreció los hechos que la motivaron de manera equivocada, lo cualla llevó a emitir una resolución indebidamente fundada y motivada, como severá a continuación: III. En el apartado C, del agravio primero, del escrito de recurso de revocación, la recurrente argumenta la indebida fundamentación y motivación de la resolución recurrida, por el hecho de que la autoridad fiscalizadora determina como ingresos omitidos la cantidad de $11,599.00, depositados en efectivo, en la cuenta bancaria número XXXXX de la institución bancaria Santander Serfin, S.A., abierta a nombre de la contribuyente __________, por el ejercicio fiscal correspondiente del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, lo cual asegura es totalmente erróneo y falso, toda vez que se encuentran asentados en los registros contables, que afirma, la propia autoridad reconoce expresamente en el oficio de observaciones número 500-21-00-04-01-2006-4289, de ahí que las partidas asentadas en la contabilidad, no se pueden considerar omisiones. La afirmación de la recurrente es insuficiente, toda vez que si bien es cierto del oficio de observaciones número 500-21-00-04-01-2006-4289, se desprende que la cantidad de $11,599.00, por concepto de ingresos omitidos, se encuentra registrada en el Libro Diario y Mayor como depósitos en efectivo, también cierto es que a fojas de la 38 a la 41 de ese oficio, la autoridad fiscal especificó que su registro en contabilidad no se respaldó con documentación comprobatoria, de conformidad con lo previsto por el artículo 28, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 26, primer párrafo, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, de ahí que se considerarán ingresos según lo previsto en el artículo 55, párrafo primero, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, al advertirse irregularidades en
  • su contabilidad que imposibilitan el conocimiento de sus operaciones, preceptos legales que fueron invocados en la resolución recurrida, sin que la recurrente ofrezca prueba alguna tendiente a demostrar el origen de la cantidad de $11,599.00, que se depositó en efectivo, en a cuenta XXXXXX, a través de los respaldos documentales que justifiquen su registro contable y en consecuencia, se desestima su argumento, en términos del artículo 81 del Código Fiscal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. …//…. En consecuencia, contrario a lo que manifiesta la contribuyente, el precepto antes citado no señala que todo depósito en cuenta bancaria del contribuyente registrado en su contabilidad no pague el impuesto, sino que por el contrario, dispone que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por lo que se deben pagar contribuciones, en virtud de lo cual si bien es cierto que la contribuyente revisada registró en su contabilidad los depósitos efectuados en su cuenta bancaria en cantidad de $19,711,599.00, lo cierto es que los mismos presentaban irregularidades que no desvirtuó durante la revisión de que fue objeto y no acreditó de manera fehaciente que dichos depósitos correspondían al concepto de aportaciones de capital ni el origen de los depósitos en efectivo, en virtud de que los registros contables no se encontraron soportados con documentación comprobatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 26 primer párrafo, fracción I, de su reglamento, motivo por el cual, la autoridad revisora, con fundamento en el artículo 55, primer párrafo, fracción VI, del Código citado, determinó que los mismos corresponden a ingresos determinados presuntivamente, con lo que se comprueba lo infundado del presente argumento. (El realce es nuestro)De la anterior transcripción se desprende que la autoridad revisoramedularmente centro sus argumentos en los siguientes puntos: • Que mi representada se ubica en la causal de determinación presuntiva de su utilidad fiscal, en términos del artículo 55, primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación. • Que se le aplicará al total de los ingresos que le fueron determinados a mi representada, el coeficiente de utilidad del 39% el cual a consideración de la autoridad, es el que le corresponde por su tipo de actividad, en términos del artículo 90, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • En ese sentido, es que al emitir la resolución impugnada la autoridadilegalmente apoya la determinación presuntiva de ingresos con fundamento enel artículo 55, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, numeral queseñala: Artículo 55. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando: I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social. II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3% del costo de los inventarios. IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. V. No se tengan en operación las máquinas registradoras de comprobación fiscal o bien, los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal que hubieran autorizado las autoridades fiscales, los destruyan, alteren o impidan darles el propósito para el que fueron instalados. VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar.Del artículo antes transcrito se desprende que, las autoridades fiscales podrándeterminar presuntivamente ya sea la utilidad fiscal o bien el remanentedistribuible a los contribuyentes, señalando los siguientes supuestos:
  • *Cuando los contribuyentes se opongan u obstaculicen las facultades decomprobación de las autoridades fiscales, o bien, omitan presentar alguna desus declaraciones de impuestos.*Sus libros o registros de contabilidad, no presenten más del 3% de alguno delos conceptos de las declaraciones o no proporcionen los informes relativos alcumplimiento de las disposiciones fiscales.*Se omita el registró de operaciones, ingresos o compras o alteración delcosto por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio.*Se registren compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.*Omitan o alteren sus registros de existencias de inventarios o registrenexistencia a precios distintos del costo, siempre que el importe exceda el 3%del costo de inventarios.*No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven elprocedimiento que establezcan las disposiciones fiscales para el control de losmismos.*No estén operando, destruyan o den otro propósito a las máquinasregistradoras de comprobación fiscal o a los equipos de registro fiscal.*Irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de susoperaciones.Así pues, en la especie, al emitir la resolución por esta vía impugnada, laautoridad demandada, fundamenta la determinación presuntiva que finca a mipoderdante en la fracción VI del señalado numeral, misma que hace referenciaa irregularidades en la contabilidad del contribuyente que imposibiliten elconocimiento de operaciones, supuesto que no se surte en la especie, toda vezque, como ya quedó debidamente acreditado a través del Tercer Concepto deImpugnación, mi mandante desde el inicio de sus operaciones ha cumplidocorrectamente con sus obligaciones de llevar la contabilidad, en los términosque establece tanto el Código Fiscal de la Federación, así como la Ley delImpuesto sobre la Renta y sus respectivos Reglamentos.En ese tenor de ideas, y como esa H. Autoridad podrá constatar de lasconstancias que integran la revisión de gabinete, exhibió ante la autoridadrevisora toda las constancias, documentos, mecanismos y libros que integransu contabilidad, por lo que de un análisis integral y relacionado de dichosdocumentos la autoridad revisora estaba en posibilidades de conocerperfectamente las operaciones que realiza mi representada, en virtud de que,de los registros contables y documentación corporativa que se exhibieron en elproceso fiscalizador, no se desprende que exista irregularidad u omisiónalguna en su contabilidad.Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por elPoder Judicial de la Federación, que a continuación se relaciona: No. Registro: 182,200 Tesis aislada Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Febrero de 2004 Tesis: VI.3o.A.170 A Página: 1047 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. PREVIO AL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE ATENDERSE SI SE COLMARON O NO LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1998). De la interpretación del
  • artículo 55, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1998, se advierte que las autoridades hacendarias pueden determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos por los que deben pagar contribuciones; sin embargo, para que proceda el despliegue de dicha facultad se requiere forzosamente la concurrencia de dos requisitos, a saber: a) Que se adviertan irregularidades en la contabilidad del contribuyente (diferentes de las que el mismo precepto contempla en sus demás fracciones); y, b) Que esas irregularidades imposibiliten realmente el conocimiento de las operaciones realizadas en el periodo o ejercicio sujeto a revisión. Por consiguiente, en aquellos casos en los que la Sala Fiscal, antes de analizar los planteamientos de las partes sobre la satisfacción o no de tales requisitos, sin más concluye que la resolución determinante del crédito es ilegal porque las autoridades demandadas no se ajustaron a las reglas del procedimiento que establecen los artículos 56, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 62, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en el citado año, es evidente que contraviene los principios de congruencia y exhaustividad a que alude el diverso 237 del señalado código tributario, que obliga a conceder el amparo para efectos de que la Sala responsable se pronuncie en lo relativo, toda vez que antes de analizar el correcto o indebido procedimiento en la determinación de tal estimativa, de acuerdo con la litis planteada ante su potestad, debe definir si se cumplieron o no los referidos requisitos de procedencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 379/2003. Servicios Industriales y Agrícolas de México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado. (El realce es nuestro)De la tesis antes transcrita se desprende que, para que las autoridadesfiscales puedan realizar una determinación presuntiva de la utilidad fiscal delos ingresos del contribuyente, estas tienen que constatar fehacientementedos circunstancias:1.- Que existen irregularidades en la contabilidad, diferentes a las plasmadasen las otras fracciones del propio artículo 55 del Código Fiscal de laFederación.2.- Que las irregularidades encontradas efectivamente imposibiliten elconocimiento de las operaciones que realiza el contribuyente revisado por elperiodo o ejercicio en cuestión.Así pues, para que la resolución determinante de un crédito fiscal, que seapoya en una determinación presuntiva de ingresos, emitida en términos de lodispuesto por la fracción VI del artículo 55 del Código Fiscal de la Federación,se encuentre debidamente fundada y motivada, debe reunir ambascaracterísticas, es decir la autoridad revisora, en primer término deberádemostrar fehacientemente las irregularidades que encontró en la
  • contabilidad del contribuyente revisado, mismas que deben ser distintas a lasirregularidades señaladas expresamente en dicho numeral, y una vez que laautoridad revisora demostró la existencia de las irregularidades en lacontabilidad del contribuyente, debe de expresar los motivos por los cualesdichas irregularidades no le permiten conocer las operaciones que realiza elcontribuyente objeto de la revisión de escritorio, durante el periodo o ejerciciorevisado.Bajo esas consideraciones, esa H. Autoridad no dudará en concluir que ladeterminación presuntiva que realiza la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba y que ilegalmente reitera la Administración Local Jurídica deCórdoba, con fundamento en la fracción VI del artículo 55 del Código Fiscal dela Federación, resulta infundada en virtud de que, como se señalo en el primeragravio del presente ocurso, mi representada cuenta con todos los elementosde la contabilidad previstos en las disposiciones fiscales, y en consecuencia noincurre en irregularidad alguna, por lo que, de haber realizado un correcto yminucioso análisis, resulta inconcuso que, la autoridad demandante hubieraconcluido que el depósito bancario recibido por mi representada por parte desus socias las C.C. _______ y ______, no constituyen otra cosa que,aportaciones a la parte variable del capital social de mi poderdante, por elpago de las partes sociales que les corresponden al haber sido admitidas comosocias mediante la Sesión celebrada por el Consejo Directivo con fecha 6 dejunio de 2003, montos que en términos del artículo 17 de la Ley del Impuestosobre la Renta no son ingresos acumulables para efectos de la contribuciónque ahí se regula.En otro tenor de ideas, y siguiendo con el proceso de determinación presuntivaque llevó a cabo la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, y queconfirma la Administración Local Jurídica de Córdoba, encontramos que dichaautoridad aplicó lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 90 de la Ley delImpuesto sobre la Renta, que en la especie señala: Artículo 90. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican: I. Se aplicará 6% a los siguientes giros: Comerciales: Gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral. II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: Industriales: Sombreros de palma y paja.
  • Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chilessecos, azúcar, carnes en estado natural; cereales y granos engeneral; leches naturales, masa para tortillas de maíz, pan;billetes de lotería y teatros.Agrícolas: Cereales y granos en general.Ganaderas: Producción de leches naturales.III. Se aplicará 15% a los giros siguientes:Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores deproducción nacional; salchichonería, café para consumo nacional;dulces, confites, bombones y chocolates; legumbres, nieves yhelados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescosembotellados, hielo, jabones y detergentes, libros, papeles yartículos de escritorio, confecciones, telas y artículos de algodón,artículos para deportes; pieles y cueros, productos obtenidos delmar, lagos y ríos, substancias y productos químicos ofarmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal y arena,explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas ybarnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas ycámaras, automóviles, camiones, piezas de repuesto y otrosartículos del ramo, con excepción de accesorios.Agrícolas: Café para consumo nacional y legumbres.Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos, lagunas y ríos.IV. Se aplicará 22% a los siguientes rubros:Industriales: Masa para tortillas de maíz y pan de precio popular.Comerciales: Espectáculos en arenas, cines y campos deportivos.V. Se aplicará 23% a los siguientes giros:Industriales: Azúcar, leches naturales; aceites vegetales; cafépara consumo nacional; maquila en molienda de nixtamal,molienda de trigo y arroz; galletas y pastas alimenticias; jabonesy detergentes; confecciones, telas y artículos de algodón;artículos para deportes; pieles y cueros; calzado de todas clases;explosivos, armas y municiones; fierro y acero; construcción deinmuebles; pintura y barnices, vidrio y otros materiales paraconstrucción; muebles de madera corriente; extracción de gomasy resinas; velas y veladoras; imprenta; litografía yencuadernación.VI. Se aplicará 25% a los siguientes rubros:Industriales: Explotación y refinación de sal, extracción demaderas finas, metales y plantas minero-metalúrgicas.Comerciales: Restaurantes y agencias funerarias.VII. Se aplicará 27% a los siguientes giros:Industriales: Dulces, bombones, confites y chocolates, cerveza,alcohol, perfumes, esencias, cosméticos y otros productos detocador; instrumentos musicales, discos y artículos del ramo;joyería y relojería; papel y artículos de papel; artefactos depolietileno, de hule natural o sintético; llantas y cámaras;automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos delramo.
  • VIII. Se aplicará 39% a los siguientes giros: Industriales: Fraccionamiento y fábricas de cemento. Comerciales: Comisionistas y otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. IX. Se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes. Para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad fiscal determinada conforme a lo dispuesto en este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores.Del artículo antes transcrito se desprende que las autoridades fiscales paradeterminar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, podránaplicar a sus ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente lossiguientes coeficientes dependiendo de sus actividades: • 20% coeficiente genérico. • 6% en giros comerciales de gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral. • 12% en giros industriales como sombreros de palma y paja, y giros comerciales como abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, carnes en estado natural; cereales y granos en general; leches naturales, masa para tortillas de maíz, pan; billetes de lotería y teatros; agrícolas, como cereales y granos y ganaderos que produzcan leches naturales. • 15% en los giros Comerciales de Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; salchichonería, café para consumo nacional; dulces, confites, bombones y chocolates; legumbres, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados, hielo, jabones y detergentes, libros, papeles y artículos de escritorio, confecciones, telas y artículos de algodón, artículos para deportes; pieles y cueros, productos obtenidos del mar, lagos y ríos, substancias y productos químicos o farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas y cámaras, automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con excepción de accesorios; en giros Agrícolas de Café para consumo nacional y legumbres y en Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos, lagunas y ríos.
  • • 22% a los rubros Industriales de Masa para tortillas de maíz y pan de precio popular; Comerciales de Espectáculos en arenas, cines y campos deportivos. • 23% en giros Industriales de Azúcar, leches naturales; aceites vegetales; café para consumo nacional; maquila en molienda de nixtamal, molienda de trigo y arroz; galletas y pastas alimenticias; jabones y detergentes; confecciones, telas y artículos de algodón; artículos para deportes; pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; construcción de inmuebles; pintura y barnices, vidrio y otros materiales para construcción; muebles de madera corriente; extracción de gomas y resinas; velas y veladoras; imprenta; litografía y encuadernación. • 25% a los rubros Industriales de Explotación y refinación de sal, extracción de maderas finas, metales y plantas minero-metalúrgicas; Comerciales de Restaurantes y agencias funerarias. • 27% a los giros Industriales de Dulces, bombones, confites y chocolates, cerveza, alcohol, perfumes, esencias, cosméticos y otros productos de tocador; instrumentos musicales, discos y artículos del ramo; joyería y relojería; papel y artículos de papel; artefactos de polietileno, de hule natural o sintético; llantas y cámaras; automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo. • 39% a los giros Industriales: Fraccionamiento y fábricas de cemento; Comerciales de Comisionistas y otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. • 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes.Así pues, en el caso concreto, al emitir la resolución impugnada la autoridaddemandada, considera que, en virtud de las actividades que realiza mimandante, las cuales se desprenden de su acta constitutiva, encuadra en lasactividades a las que habrá de aplicarse el coeficiente del 39% sobre susingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, sin embargo, talconsideración de la autoridad resulta carente de cualquier sustento legal, envirtud de que como quedó explicado a través del tercer concepto deimpugnación hecho valer en el presente recurso el depósito recibido por mimandante en cantidad de $19’700,000.00 no constituyen un ingreso, por lo queno resultaba procedente tal determinación así como tampoco resultaprocedente la determinación presuntiva correspondiente a los depósitos enefectivo en cantidad total de $11,599.00
  • Ahora bien, y a fin de evidenciar más aún la ilegalidad de la resoluciónimpugnada, al encontrarse indebidamente fundada y motivada, se desprendeque resulta improcedente la aplicación del coeficiente del 39% sobre lasutilidades de mi representada, esto es, en el caso que, suponiendo sinconceder, esa H. Autoridad llegase a considerar que es legal la determinaciónpresuntiva, toda vez de acuerdo al objeto social señalado en el actaconstitutiva de mi representada, la cual cita la propia autoridad revisora, estacontribuyente realiza actividades de diversas ramas, por lo cual resulta ilegalque la señalada autoridad pretenda encuadrar todas sus actividades bajo esesupuesto.En el caso concreto, mi mandante realiza las siguientes actividades, de acuerdoa su objeto social:A).- La administración de toda clase de bienes y derechos con el fin depreservar e incrementar el patrimonio común.B).- Adquirir, enajenar, arrendar, dar o recibir en comodato, tomar y otorgar eluso y goce de cualquier titulo permitido por la ley, de bienes muebles einmuebles, así como todo tipo de derechos incluidos las marcas y demásmodalidades de la propiedad industrial.D).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso y aval, de cualquier tipo detítulos o valores mobiliarios que la ley permita.E).- La ejecución de todos los actos, así como la celebración de tipo decontratos y convenios que sean convenientes para los fines de la sociedad.Así pues, en el caso concreto, la determinación del coeficiente del 39% sobre lasupuesta utilidad fiscal determinada por la autoridad revisora resulta ilegal, envirtud de que incorrectamente encuadra todas sus actividades bajo la fracciónque hace referencia a: Fraccionamiento y fábricas de cemento; Comerciales deComisionistas y otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, cuando elobjeto principal de mi mandante es el señalado en el inciso a) de su objetosocial, es decir, la administración de toda clase de bienes y derechos con el finde preservar e incrementar el patrimonio común.Determinación que resulta indebidamente fundada y motiva, porque,suponiendo sin conceder, resultara procedente la determinación presuntiva deingresos, la autoridad debió de aplicar a la utilidad fiscal ilegalmentedeterminada el coeficiente que correspondiera a todas sus actividades o, por lomenos el que corresponde a su actividad preponderante, para el caso de que,por la pluralidad de actividades comprendidas en el objeto social de mipoderdante, no fuera posible encuadrarlas en un supuesto específico, aplicar elcoeficiente genérico del 20%. Al respecto sirve de apoyo la siguiente tesisemitida por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:
  • No. Registro: 4,812 Precedente Época: Segunda Instancia: Pleno Fuente: R.T.F.F. Año V. No. 37. Enero 1983. Tesis: II-TASS-4449 Página: 402 RENTA ESTIMATIVA.— APLICACION DEL COEFICIENTE GENERICO DE 15% REGULADO EN EL ARTICULO 33 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.— Si los giros del causante son de supermercados, tienda de ropa, restaurant y alquiler de locales comerciales, y la autoridad desconoce los ingresos obtenidos por la explotación de cada uno de esos giros, y como no están englobados todos ellos en una sola fracción del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fundadamente puede aplicar el coeficiente genérico del 15% regulado en el primer párrafo de dicho numeral, para determinar el ingreso global gravable del causante.(37) Revisión No. 260/82.— Resuelta en sesión de 18 de enero de 1983, por mayoría de 5 votos y 2 en contra.— Magistrado Ponente: Edmundo Plascencia Gutiérrez.— Secretaria: Lic. Juana G. Dávila Ojeda.QUINTO. Procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, en virtudde que la misma esta viciada de origen, al provenir de un ilegal proceso defiscalización que dio origen al crédito fincado a mi representada, se viola lodispuesto en los artículos 52 y 52-A de Código Fiscal de la Federación, enrelación con lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de laFederación, situación que conlleva a su a vez una trasgresión de las garantíasde legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de laConstitución Federal.En efecto, la resolución ahora impugnada contraviene lo dispuesto en elartículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación en relación con losartículos 52 y 52-A del mismo ordenamiento, toda vez que dentro del oficioque dio origen a la revisión efectuada a mi mandante, la autoridad fiscal noexpresa en forma clara y precisa las razones concretas por las cuales consideróque la información y documentación aportada por el auditor externo quedictaminó a mi representada en el ejercicio de 2003, no fueron suficientes paracomprobar el correcto cumplimiento por parte de mi representada a susobligaciones fiscales, máxime considerando el hecho de que la informaciónplasmada en los dictámenes emitidos por contadores públicos autorizadossobre los estados financieros de un contribuyente, se presume cierta salvoprueba en contrario .
  • Para mayor claridad se transcribe a continuación las manifestacionesefectuadas por la Administración Local de Auditoría de Córdoba, a foja 3 deloficio 324-SAT-30-IV-3182, de 14 de agosto de 2007, mediante el cual solicitainformes, datos y documentos a mi representada, señalando lo siguiente: Derivado del análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por el Contador publico ____________, esta Autoridad no cuenta con los elementos necesarios que permitan tener un conocimiento pleno de su situación fiscal, para efectos del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. Por lo que esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba con sede en Córdoba, Veracruz, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, para revisar el dictamen fiscal presentado vía Internet que le fue formulado por el Contador Publico ________, con número de registro XXXX, respecto a sus estados financieros por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, fracciones VII, XII y XVIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 2° primer y tercer párrafos; 9° último párrafo; 18 primer párrafo, Apartado A, fracción II; y penúltimo párrafo, en relación con el artículo 16, fracciones VIII y XI; segundo y penúltimo párrafos; 37 primer párrafo, Apartado A, fracción LVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2003, reformado y modificado mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial el 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006 respectivamente, y Artículo Primero, segundo párrafo, fracción LVII, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 2003 y modificado mediante acuerdo publicado en el mismo órgano oficial el 24 de mayo de 2006; así como en los artículos 33, último párrafo, 42, fracción II y segundo párrafo, 48 fracciones I, II y III y 52-A fracción II del Código Fiscal de la Federación y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción IV, del propio Código Fiscal de la Federación; le solicita que ante esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, con domicilio en Avenida 11 No. 1206 Col. San José, C.P. 94560 Córdoba, Ver., exhiba la documentación e información que a continuación se indica:De la transcripción anterior medularmente se desprende que la autoridadhacendaria manifestó que derivado del análisis efectuado a la información ydocumentación proporcionada por el Contador Público __________, quedictaminó los estados financieros de mi mandante por el ejercicio de 2003, no
  • cuenta con los elementos que le permitan tener un conocimiento pleno de lasituación fiscal de mi representada, para efectos de los impuestos sobre larenta y al valor agregado, sin motivar la razón de dicha conclusión.Ahora bien, dicho requerimiento de documentación resulta por demás ilegal,en virtud de que a través del diverso oficio 324-SAT-30-IV-966, de 7 de marzode 2007, emitido por la misma Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, requiere al C.P. ________ para revisar el dictamen fiscal queformuló respecto a los estados financieros de mi representada, señalando afoja 2 de la mencionada resolución lo siguiente: …deberá exhibir todos los papeles de trabajo relacionados con su auditoría (cuestionarios de control interno, programas de trabajo, circularización, archivo permanente, etc…)De las anteriores trascripciones se observa que la Autoridad Fiscal, durante elproceso de revisión que instauró, desconoce por completo el valor de lainformación y documentación aportada por el auditor externo de la hoy actora,y procede a solicitarle a ésta, en forma directa, información y documentaciónque cuya presentación en la especie era innecesaria –en virtud de haberle sidoproporcionada en forma correcta y completa por parte del auditor, toda lainformación y documentación que la autoridad solicitó-, limitándose para ellola demandada a afirmar en forma simple y llana que no obstante haberrecibido y efectuado el análisis y aclaración de la documentaciónproporcionada por el Contador Público Registrado, no contaba con loselementos necesarios para tener un conocimiento pleno de la situación fiscalde mi representada.En ese sentido, es claro que la Autoridad no motiva correctamente suproceder, al omitir expresar las razones concretas a partir de las cualesconsideró desvirtuados los hechos plasmados en el dictamen de los estadosfinancieros de mi representada, así como la validez de la información ydocumentación que el auditor en su momento presentó, ya que tal comoconsta en las propias actas relativas al desarrollo del proceso de fiscalización,el contador registrado que emitió el dictamen financiero de mi representada,en todo momento cumplió con los requerimientos que le fueron efectuados porla Autoridad Fiscal, allegando toda la información y documentación que le fuesolicitada al respecto.En ese sentido, es irrefutable que la Autoridad Fiscal, antes de proceder arequerir información y documentación en forma directa a mi representada,debió establecer claramente las razones por las cuales consideró desvirtuadala presunción de veracidad con que contaban los hechos plasmados por elauditor.
  • Efectivamente, la resolución hoy impugnada resulta ilegal y contraria aderecho toda vez que la misma esta viciada de origen, al no haber fundada ymotivada debidamente el requerimiento de documentación efectuado a mimandante, a través del oficio 324-SAT-30-IV-3182, de 14 de agosto de 2007,circunstancia que trae como consecuencia inevitable la nulidad lisa y llana dedicha resolución y, en consecuencia, de las demás resoluciones derivadas dela misma.A respecto, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, establece en suparte conducente lo siguiente: “ARTÍCULO 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: (...) IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate”.Del artículo anteriormente transcrito, claramente se desprende que todo actoadministrativo debe de estar debidamente fundado y motivado, entendiendopor fundamentación y motivación lo siguiente:Fundamentación: La expresión de los preceptos legales precisos que seanrealmente aplicables al caso en cuestión.Motivación: La expresión de las circunstancias especiales o razonesparticulares que se hayan tenido en consideración a efecto de emitirla resolución de la autoridad.Lo anterior se corrobora a su vez, a partir de lo establecido en diversas tesisjurisprudenciales, de entre las cuales se citan las siguientes:. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahin. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.
  • Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 deabril de 1977. Cinco votos”. Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis: 73, Página: 52FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Paraque la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece elartículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficientefundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellasdebe citar el precepto legal que le sirva de apoyo yexpresar los razonamientos que la llevaron a la conclusiónde que el asunto concreto de que se trata, que las origina,encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.Volumen CXXXII, pág. 49. Amparo en revisión. 8280/67. AugustoVallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: JoséRivera Pérez Campos.Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 9598/67. OscarLeonel Velasco Casas. 1o. de julio de 1968. Cinco votos. Ponente:Alberto Orozco Romero.Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 7228/67.Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa,D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: PedroGuerrero Martínez.Séptima Época, Tercera Parte, Volumen 14, pág. 37. Amparo enrevisión. 3717/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cincovotos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez, Volumen 28, pág. 111.Amparo en revisión. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero ycoags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge SarachoAlvarez.Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52”. (Enfasisde la actora).Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de1975Tomo: Parte III, Sección Administrativa, Tesis: 402,Página: 666“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con elartículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridaddebe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisiónel precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que tambiéndeben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales,razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido enconsideración para la emisión del acto; siendo necesario,además, que exista adecuación entre los motivos aducidosy las normas aplicables, es decir, que en el caso concretose configuren las hipótesis normativas.Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67.Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente:José Rivera Pérez Campos. Secretario: José Tena Ramírez.Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. ElíasChaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: PedroGuerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero.
  • Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno Flores. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma”. (Énfasis de la recurrente) Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102 Tercera Parte, Página 143Luego entonces, es claro que en todo momento la Autoridad debe motivar suactuar, traduciéndose dicha requisito en el caso concreto, en la obligación quetenía la demandada de expresar las razones específicas y los elementos dehecho a partir de los cuales consideró que los documentos aportados por elauditor externo de mi representada, no fueron suficientes para saber lasituación fiscal de mi mandante, máxime, se insiste, considerando lapresunción de veracidad con que cuentan los hechos afirmados en losdictámenes elaborados por contadores públicos sobre los estados financierosde los contribuyentes.En efecto, conforme al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, loshechos afirmados en los dictámenes elaborados por contadores públicos sobrelos estados financieros de los contribuyentes, gozan de presunción deveracidad, situación que la autoridad pasó por alto al no haber desvirtuado enningún momento, la validez o veracidad de la información que el auditor de mirepresentada le proporcionó.Para mayor claridad, se transcribe a continuación lo preceptuado por el citadoartículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la presunción deveracidad con que cuentan -salvo prueba en contrario- los hechos afirmadosen los dictámenes formulados por contadores públicos: “Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes…, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:A mayor abundamiento resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:
  • No. Registro: 247,752Tesis aisladaMateria(s):AdministrativaSéptima ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónTomo: 205-216 Sexta ParteTesis:Página: 183Genealogía:Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito,tesis 9, página 103DICTAMEN FORMULADO POR CONTADOR PUBLICOREGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO, EFECTOS DEL. PRESUNCION LEGALESTABLECIDA POR EL ARTICULO 85 DEL CODIGO FISCALDE LA FEDERACION DE 1967 SIMILAR AL DIVERSO 52DEL CODIGO VIGENTE. En el artículo 85 del Código Fiscal dela Federación de 1967, similar al 52 del Código Fiscal vigente, ellegislador dispuso que la presentación de un dictamenelaborado por contador público registrado ante la Secretaría deHacienda y Crédito Público, no impedía que las autoridadesfiscales ejercieran sus facultades de revisión y comprobación, ala vez que consagró en favor de los hechos afirmados en eldictamen, una presunción legal juris tantum de certeza. De laconciliación de estas dos afirmaciones depende la interpretacióncorrecta del numeral. Para comprender la razón por la cual losdictámenes que reúnen estas características no limitan lasfacultades de revisión y comprobación de las autoridadesfiscales, basta considerar que dichos dictámenesúnicamente son opiniones técnicas rendidas en virtud deun contrato de prestación de servicios profesionalescelebrado libremente entre dos particulares -el causante y elcontador en el libre ejercicio de su profesión- que no obliga a laautoridad hacendaria porque no son resoluciones provenientesde órganos de la administración que encarnen la voluntad delfisco, único titular de las facultades legales de revisión ycomprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales. Sonsimplemente manifestaciones de un auxiliar de laadministración que no está investido de función pública alguna,que permiten al contribuyente conocer con exactitud susituación contable, con la seguridad de que la opinión provienede un perito con la capacidad profesional y técnica que suponesu registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sinembargo, lo anterior no significa que el dictamen no surtadeterminados efectos jurídicos en favor del causante pues,precisamente, los hechos en él asentados están revestidos deuna presunción legal de certeza que admite prueba encontrario. En términos de los dispuesto por el artículo 82,fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, deaplicación supletoria al presente asunto al tenor de lo dispuestopor el diverso 5o. del Código Fiscal de la Federación, lapresunción legal de certeza tiene pleno valor probatorio, por loque produce la inversión de la carga de la prueba,liberando al contribuyente y obligando a la autoridadhacendaria a rendir las pruebas suficientes paraacreditar que los hechos asentados en el dictamen noson ciertos; esto quiere decir, que en el caso no opera la reglageneral de que quien afirme está obligado a probar, misma queimpondría ese deber al causante por tratarse de quien afirmalos hechos contenidos en el dictamen. Por el contrario,corresponde a la autoridad la carga probatoria de que no
  • son ciertos los hechos porque, a pesar de negarlos, desconoce la presunción legal que opera en favor del contribuyente, en razón de lo cual se surte una excepción al principio general. Conviene aclarar, sin embargo, que esta presunción opera respecto de los hechos -pues sólo éstos son materia de prueba- mas no sobre el derecho, razón que conduce a concluir que las opiniones e interpretaciones de los peritos no obligan a la administración ni constituyen resoluciones favorables al particular, porque los contadores no son expertos en cuestiones jurídicas, por lo que es el fisco el único titular de las facultades decisorias de la situación jurídico-fiscal del administrado. Entendidas así las cosas, la presunción legal de certeza de los hechos afirmados en los dictámenes no impide que las autoridades hacendarias ejerzan sus facultades de revisión y comprobación, bien a través de un examen del dictamen, bien directamente sobre la declaración o la contabilidad del contribuyente, y las demás que les concedan las leyes, pero sí les impone la carga de probar que no son ciertos los hechos asentados en tales dictámenes. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1044/84. Química Mexama, S. A. 28 de enero de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.Efectivamente, se reitera que los dictámenes e información proporcionada porel Contador Público registrado a las autoridades fiscales dentro del proceso defiscalización, se presumen ciertos por disposición de ley, y únicamentepierden esa presunción si se prueba lo contrario, lo anterior en virtud deconstituyen presunciones IURIS TANTUM, es decir que únicamente sepueden desvirtuar con prueba en contrario, situación que en la especie noacontece, ello en virtud de que las autoridades fiscales de ninguna maneradesvirtúan la veracidad de los dictámenes y de los documentos que le fueronaportados.Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: Quinta Época. Instancia: Pleno R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 7. Julio 2001. Tesis: V-P-SS-51 Página: 76 DOMICILIO FISCAL.- ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN "IURIS TANTUM".- La presunción establecida en el último párrafo del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que "el domicilio señalado en la demanda es el fiscal", como presunción iuris tantum sólo opera cuando no existe alguna prueba que demuestre lo contrario, lo cual puede hacer la autoridad; por lo tanto, si ésta exhibe copia certificada del "Formulario de Registro" que presentó el contribuyente ante ella, este documento destruye la presunción aludida, en virtud de que con él se prueba la ubicación del domicilio fiscal. (12)
  • Juicio No. 1327/99-04-02-8/312/00-PL-01-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 2 de agosto de 2000, por unanimidad de once votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte. (Tesis aprobada en sesión del 16 de febrero de 2001)Luego entonces, considerando lo dispuesto en el referido artículo 52 delCódigo Fiscal de Federación, es claro que la autoridad hacendaria debióexpresar en el caso concreto las razones particulares a partir de las cualesconsideró desvirtuada la veracidad de la información proporcionada por elauditor, justificando en consecuencia el hecho de haber pasado a requeririnformación y documentación en forma directa a mi representada, mas aún,cuando el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación establece un ordenen el procedimiento a seguir en el caso de una revisión efectuada a uncontribuyente que dictamina sus estados financieros.En particular el artículo 52-A establece al respecto lo siguiente: Artículo 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente: I. Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen, notificando al contribuyente copia del requerimiento respectivo, lo siguiente: a) Cualquier información que conforme a este Código y a su Reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público. c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal podrá requerir la información directamente al contribuyente cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, opinión negativa o con salvedades, que tengan implicaciones fiscales. La información, exhibición de documentos y papeles de trabajo, a que se refiere esta fracción, se solicitará al contador público por escrito, debiendo notificar copia de la misma al contribuyente. II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para observar la situación fiscal del contribuyente o si éstos no se presentaron en tiempo, dichas autoridades podrán requerir directamente al contribuyente la información y documentos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior; dicho requerimiento
  • se hará por escrito, debiendo notificar copia de la misma al contador público. III. Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de la misma al contribuyente. IV. Si una vez cumplido el orden establecido en las fracciones que anteceden, a juicio de las autoridades fiscales no fuera suficiente la información y documentación para observar la situación fiscal del contribuyente, se podrá practicar visita domiciliaria en los términos de este Código. La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente que dictamine sus estados financieros en los términos de este Código, cuyo único propósito sea el obtener información relacionada con un tercero no se considerará revisión de dictamen y respecto de ella no se aplicará el orden establecido en este artículo. Tratándose de pagos provisionales o mensuales, sólo se aplicará el orden establecido en este artículo respecto de aquéllos comprendidos en los períodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen.”En ese sentido es irrefutable que en el caso concreto, la autoridad seencontraba obligada a razonar y detallar las razones por las cuales estimó quela información y documentación aportad por el auditor externo no eransuficientes para conocer la situación fiscal de mi representada, antes deproceder a solicitar información en forma directa a la empresa, obligación queevidentemente no respetó la autoridad en flagrante contravención del artículo38 fracción IV en relación con los artículos 52 y 52-A del Código Fiscal de laFederación.En virtud de lo anterior, es de concluirse, que todo el proceso de fiscalizaciónse encuentra viciado de origen, por lo tanto todo lo actuado con posterioridada la emisión de dicho acto debe declararse nulo, tal y como en la especieacontece con la resolución que se impugna la cual se encuentra viciada deorigen, motivo por el cual esa H. Sala deberá declarar la nulidad lisa y llana dela resolución impugnada, tal y como se comparte con los siguientes criteriosjurisprudenciales: ACTOS DE AUTORIDAD VICIADOS DE ORIGEN.- RESULTAN NULOS.- Es de explorado derecho que un acto de autoridad viciado de origen trae como consecuencia que todas las actuaciones posteriores derivadas de él sean nulas; por tanto, si se impugna una resolución que determina un crédito fiscal y cuyo antecedente lo constituye la orden de verificación que fue dejada sin efectos por haber sido emitida por autoridad incompetente, procede se declare la nulidad de aquélla.
  • Revisión No. 52/86.- Resuelta en sesión de 5 de enero de1990, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente:Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Esperanza M. Pérez”.ORDEN DE AUDITORIA. LA SENTENCIA FISCAL QUEDECLARA SU NULIDAD DEBE SER LISA Y LLANA Y NOPARA EFECTOS. El procedimiento de auditoria encuentra suorigen en la orden de visita que tenga por objeto verificar elcumplimiento de las obligaciones fiscales, se inicia con lanotificación de dicha orden y culmina con la decisión de laautoridad fiscal en la que se determinan las consecuenciaslegales de los hechos u omisiones que se advirtieron en laauditoría. Por tanto, si la nulidad de la resolución fiscalimpugnada se suscitó a consecuencia de que la orden deauditoría que la antecedió contiene vicios, por habersedictado en contravención de las disposiciones aplicadas opor haberse dejado de aplicar las debidas, tal nulidaddebe ser lisa y llana, en términos del artículo 238,fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que alser nula la orden de visita es nulo todo el procedimientode fiscalización desde su origen y, en estas circunstancias,válidamente puede decirse que la autoridad fiscal no ha iniciadosus facultades de comprobación, pues éstas se inician con elprimer acto que se notifique al contribuyente a fin de comprobarsi ha cumplido con las disposiciones fiscales, como lo señala elartículo 42 del citado cuerpo legal. Luego, la ilegalidad en laorden de auditoría impide que la nulidad se declare paraefectos, como si se tratara de vicios en el procedimiento defiscalización, puesto que tal decisión sólo puede justificarse anteun procedimiento que jurídicamente se inició, pero no respectode aquél que no llegó a instaurarse por haber estado viciadodesde su origen.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVADEL PRIMER CIRCUITO.Revisión fiscal 1332/93. Decorex Cuauhtémoc, S.A. (Recurrente:Administrador Central de lo Contencioso de la AdministraciónGeneral Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público). 29 de septiembre de 1993. Unanimidad devotos. Ponente: María Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario:Manuel Rojas Fonseca.Revisión fiscal 1542/93. Deiman, S.A. de C.V. (Recurrente:Administrador de lo Contencioso "2" de la AdministraciónGeneral Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público). 20 de octubre de 1993. Unanimidad de votos.Ponente: María Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: ManuelRojas Fonseca.Revisión fiscal 1922/93. Restaurante Mazurka, S.A. (Recurrente:Administrador de lo Contencioso Administrativo "2" de laAdministración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría deHacienda y Crédito Público). 1o. de diciembre de 1993.Unanimidad de votos. Ponente: María Antonieta Azuela deRamírez. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.Revisión fiscal 1832/93. Club Imperial, S.A. (Recurrente:Administrador Central de lo Contencioso de la AdministraciónGeneral Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público). 5 de enero de 1994. Unanimidad de votos.Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María delConsuelo Núñez de González.Revisión fiscal 1980/93. Refaccionaria Bonmart, S.A.(Recurrente: Administrador Central de lo Contencioso "1" de laAdministración Central de lo Contencioso de la Secretaría deHacienda y Crédito Público). 13 de enero de 1994. Unanimidad
  • de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez de González.En efecto, resulta procedente se declare la nulidad lisa y llana de la resoluciónque se impugna, tal y como se desprende el siguiente criterio jurisprudencial: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1684/2001. Mundo Maya Operadora, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Margarita Guerrero Osio. Secretaria: Patricia Maya Padilla. Novena Epoca Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV, Marzo de 2002 Tesis: I.6o.A.33 A Página: 1350
  • En razón de lo anterior, y en virtud de la franca violación en que incurre lademandada, resulta procedente que se declare la nulidad lisa y llana de laresolución controvertida al actualizarse el supuesto previsto en los artículos 52y 52-A de Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 38 fracciónIV del Código Fiscal de la Federación y conforme a los artículos 51, fracción III,en relación con lo dispuesto por el 52, fracción II de la Ley Federal delProcedimiento Contencioso Administrativo.SEPTIMO.- Procede que esa H. Sala Regional del Golfo, con fundamento en lodispuesto por el artículo 51 fracción IV en relación con el diverso 52 fracción IIde la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, declare lanulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio 600-71-2007-0028,de fecha 15 de enero de 2007, mediante la cual la Administración LocalJurídica de Córdoba resuelve el recurso de revocación intentado por mimandante, en el sentido de confirmar el crédito fiscal determinado a mirepresentada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba encantidad total de $1’144,891.57, por concepto de impuesto sobre la renta,impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, en virtud deque el mismo se encuentra indebidamente fundado y motivado en términos delartículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que laautoridad demandada analizó los hechos de manera indebida al momento deemitir la resolución recaída al recurso de revocación, en total contravención delo dispuesto por el artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre laRenta.Como es del conocimiento de ese H. Sala Regional, el artículo 38 del CódigoFiscal de la Federación establece los requisitos que deben contener los actosadministrativos que deban notificarse, requisitos que son necesarios a fin desalvaguardar la seguridad jurídica de los particulares frente al acto demolestia de autoridades administrativas; así pues, uno de los requisitosesenciales de los actos administrativos es que se encuentren debidamentefundados y motivados.Dicho requisito de legalidad no se cumple en el caso cuyo análisis nos ocupa,en virtud de que la autoridad fiscalizadora no funda y motiva debidamente elrechazo de las deducciones realizadas por mí representada en el ejerciciofiscal revisado, por las diversas razones y argumentos jurídicos que seexpondrán a continuación.Como esa H. Sala Fiscal podrá apreciar de la lectura que realice a las páginas13 y 14 de la resolución impugnada contenida en el oficio 600-71-2007-0028,la autoridad resolvió que de la revisión efectuada a la hoy actora, éstasupuestamente dedujo gastos en exceso por los conceptos que se enlistan acontinuación, en virtud de que supuestamente no son estrictamente
  • indispensables para los fines de la empresa, al no vincularse con losingresos percibidos por la contribuyente en el ejercicio revisado y porla actividad que realiza cumplen con los requisitos que establecen lasdisposiciones fiscales para su correcta deducibilidad.Dichos gastos son por el concepto de gastos de operación bajo los siguientesrubros: 1) Papelería 2) Libros de apoyo. 3) Artículos menores consumibles. 4) Mantenimiento construcciones. 5) Viáticos y gatos de viaje. 6) Mantenimiento de equipo de transporte. 7) Servicios de fumigación. 8) Tarjetas telefónicas. 9) Juntas de trabajo. 10)Gastos Notariales. 11)Impresos. 12)Arrendamiento. 13)Cuotas organismos. 14)Donativos 15)Servicios de telecomunicaciones. 16)Deducciones de inversiones. 17)Auditoría. 18)Gastos financieros.A continuación se procede a realizar un análisis de todos los argumentosotorgados por la autoridad como supuesto motivo y fundamento para rechazarlos gastos antes mencionados, así como a enderezar los argumentos jurídicosen contra de ellos, con los que se demostrará la indebida fundamentación ymotivación de la resolución impugnada. Lo anterior deviene ineficaz por infundado, toda vez que el hecho de que la autoridad fiscalizadora haya señalado que los gastos en cantidad de $481,480.39, no son estrictamente indispensables para los fines de la empresa, al no vincularse con los ingresos percibidos por la contribuyente en el ejercicio revisado y por la actividad que realiza, obedece a que el impuesto sobre la renta es una contribución que grava la utilidad o ganancia de una persona física o moral en determinado ejercicio fiscal, y dicho gravamen se impone una vez que el contribuyente ha determinado cuáles fueron sus ingresos acumulables en el ejercicio, y que conceptos de deducción estuvo en posibilidad de disminuir a dichos ingresos, lo cual significa que el impuesto sobre la renta se limita a gravar la utilidad o ganancia real que el contribuyente obtiene en determinado ejercicio fiscal, lo que tiene su plena justificación, al tratar el legislador de evitar que el contribuyente pretenda disminuir a base del impuesto sobre la renta, con concepto de adquisiciones que no guardan una necesaria e inmediata relación con la actividad preponderante a la que se dedica la contribuyente. En ese sentido, si de la escritura pública 34,184, de fecha 22 de octubre de 2003, pasada ante la fe del Notario Público No. 17, Lic. Francisco Portilla Bonilla, de esta ciudad de Córdoba,
  • Veracruz, se desprende que el objeto de la sociedad es laadministración de toda clase de bienes y derechos con el fin depreservar el patrimonio común y de las facturas 12A81769,15766, 1985, 16758, 267609, 117015, 115385, 116444,115091, 118422, 118660, 119634, 433305, 122260, 120685,121790, 121173, 121386, 402519, 124773, 126177, 124389,497289, 511773, 488992, 501052, 128186, 517317, 129208,128914, 126877, 127391, 127619, 127078, 130194, 129995,130414, 96276, 137538, 136279, 796966, 833039, 817374,851104, 851133, 983465, 941003, 1129348, 23270G, D051208, 54792, A 231251, A230315, 649, 6501, 80, 85239,263415, 349077, 16758, 87416, 89400, 596768, KA-048120,53694, 551329, 541320, 551672, 96312, 692420, 84872,1.11E+08, 1105461, 16293, 1120247, 1.11E+08, 7767,1170079, 1129894, AN 128, 35D0036921, 142319, 20313,22828, 15246, 21590, 34380, 539, 95827, 2472596, 2472597,2561445, 166279, 45516, 4001, 2273, R 49097, R 91433, B19833, B 19837, A 0372, A 0508, CD 6975, 94990, 6093, W30615, 2, 2012, A 1368381 y A 1368380, se desprende quela cantidad de $481,480.39 fue por concepto depapelería, libros de apoyo, artículos menoresconsumibles, mantenimiento construcciones, otros,viáticos y gatos de viaje, mantenimiento de equipo detransporte, servicios de fumigación, tarjetas telefónicas,juntas de trabajo, gastos notariales, impresos,arrendamiento, cuotas organismos, donativos, otros,servicios de telecomunicaciones, deducciones deinversiones, auditoría y gastos financieros, es evidenteque dicho gasto y adquisición no resultan de sumanecesitad para que la recurrente realizara su actividadpreponderante, de ahí que esta autoridad resolutoraconsidere legal que la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, haya señalado en la resoluciónrecurrida contenida en el oficio500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de2006, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, que obra en el expediente administrativo abierto porla Administración citada, a nombre de la contribuyente___________, a la cual se le otorga valor probatorio pleno,conforme lo dispuesto por el artículo 130, párrafo tercero, delCódigo Fiscal de la Federación, por ser un documento público,en términos del artículo 129, del Código Federal deProcedimientos Civiles de aplicación supletoria, que lacontribuyente citada, dedujo indebidamente la cantidadde $481,480.39, en razón de que los gastos efectuadosen dicha cantidad por concepto de gastos de operaciónno son estrictamente indispensables para los fines de laempresa toda vez que no se vinculan con los ingresospercibidos por la contribuyente revisada en el ejerciciorevisado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley delImpuesto sobre la Renta.Además, en la especie, la recurrente percibió ingresos en elejercicio revisado, consistentes en conceptos de ServiciosPrestados e intereses obtenidos de bancos, por ende seconfirma que los gastos de operación que pretende deducir sonimprocedentes, por no se estrictamente indispensables para laactividad de la empresa.(El realce es nuestro).
  • A) Del análisis que esa H. Sala se sirva prestar a la resolución impugnadapodrá constar que la autoridad demandada rechaza la deducción efectuadapor mi representada por concepto de gastos de operación, en cantidad totalde $481,480.39, en virtud de que ilegalmente considera que los gastos noresultaba de suma necesidad para que mi poderdante realizara su actividadpreponderante, así como que los mismos no se vinculan con los ingresospercibidos por la actora en el ejercicio revisado, sin fundar y motivaradecuadamente la razón del rechazo de cada gasto en lo particular, así pues,la autoridad demandada nunca relaciona cada uno de los gastos rechazados(ya sea por mes, por concepto, por partida, etc.) con los fundamentos legalesque supuestamente se incumplieron, por lo que no existe adecuación entre lasrazones aducidas por la autoridad para el rechazo de las deducciones y lospreceptos legales invocados como fundamento de su determinación.De lo anterior se desprende que la autoridad demandada se limita a relacionaruna serie de razones y requisitos genéricos por los que, supuestamenterechazó las deducciones efectuadas por mi representada, sin embargo comopodrá apreciar esa H. Sala, la autoridad fiscal no satisface el requisito dedebida fundamentación y motivación, ya que no relaciona los gastosrechazados con el fundamento legal que supuestamente se incumplió, por loque, no existe adecuación entre las razones aducidas por la autoridad para elrechazo y los preceptos legales invocados como fundamento legal de sudeterminación.B) Por otra parte, la autoridad al emitir la resolución determinante del créditofiscal, rechaza la deducción de gastos por conceptos de operación en cantidadde $5,389.12 pesos, porque a juicio de la autoridad no se aportó ladocumentación comprobatoria, pero tampoco funda y motiva debidamentedicha situación.En virtud de lo anterior, es evidente la ilegalidad de las resolucionesimpugnada, en virtud de que de las mismas no se evidencia que la autoridadfunda y motiva debidamente el rechazo de las deducciones de gastos deoperación en cantidad total de $481,480.05 pesos antes referidos, puesto quese limita a señalar genéricamente que dichos gastos no resulta indispensablespara la actividad que desempeña mi mandante y que no están vinculados conlos ingresos del ejercicio revisado, pero sin motivar detalladamente la razónde cada rechazo en particular, lo cual la deja en completo estado deindefensión.En virtud de lo anterior, la autoridad no logra cumplir con el requisito dedebida fundamentación y motivación establecido en la fracción IV, del artículo38, del Código Fiscal de la Federación, debido a que nunca realiza el análisis
  • lógico jurídico mediante el cual exprese el motivo específico por el cualrechaza cada uno de los gastos y lo relacione con el artículo, fracción, párrafoe inciso que corresponda a la disposición legal que establezca el requisitosupuestamente no cumplido, por lo que en la especie no existe adecuaciónentre los motivos aducidos y las normas supuestamente aplicables, es decir, laautoridad no demuestra que en el caso concreto se configuren las hipótesisnormativas que cita como aparente fundamento de su actuación, requisitosine qua non para que se cumpla con los requisitos de legalidad antesmencionados: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”Por lo tanto, al simplemente plasmar la autoridad el listado del rechazo de lasdeducciones, deja en total estado de indefensión a mí representada, en virtudde que dicho rechazo esta indebidamente fundado y motivado, toda vez que laautoridad realiza un análisis parcial, ilegal y arbitrario, sin sustento legalalguno para rechazar dichos gastos, toda vez que el hecho de que los mismossean indispensables para la empresa, nada tiene que ver con los ingresosobtenidos en el ejercicio revisado, sino que basta con que los mismoscontribuyan incluso indirectamente con el objeto social de la empresa para serconsiderados como deducibles, tal como acontece en el caso que nos ocupacon los gastos que ilegal y arbitrariamente rechazó la autoridad demandada.A mayor abundamiento resultan plenamente aplicables al caso concreto lassiguientes Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación: No. Registro: 173,334 Tesis aislada Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007 Tesis: 1a. XXX/2007 Página: 637 DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. De la lectura de los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que las personas morales que tributan en los términos
  • del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Rentatienen la posibilidad de deducir, entre otros conceptos,los gastos estrictamente indispensables para los fines dela actividad del contribuyente. Las disposicionesmencionadas efectúan una mención genérica delrequisito apuntado, lo cual se justifica al atender a lacantidad de supuestos casuísticos, que en cada casoconcreto puedan recibir el calificativo de "estrictamenteindispensables"; por tanto, siendo imposible dar unadefinición que abarque todas las hipótesis factibles oestablecer reglas generales para su determinación,resulta necesario interpretar dicho concepto, atendiendoa los fines de cada empresa y al gasto específico de quese trate. En términos generales, es dable afirmar que elcarácter de indispensabilidad se encuentraestrechamente vinculado con la consecución del objetosocial de la empresa, es decir, debe tratarse de un gastonecesario para que cumplimente en forma cabal susactividades como persona moral y que le reporte unbeneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ellopodría tener como consecuencia la suspensión de lasactividades de la empresa o la disminución de éstas, esdecir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaríade estimular la actividad de la misma, viéndose, enconsecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir delos ingresos que se obtienen, son aquellos que resultannecesarios para el funcionamiento de la empresa y sinlos cuales sus metas operativas se verían obstaculizadasa tal grado que se impediría la realización de su objetosocial. A partir de la indispensabilidad de la deducción, sedesprende su relación con lo ordinario de su desembolso. Dichocarácter ordinario constituye un elemento variable, afectadopor las circunstancias de tiempo, modo y lugar -y, por ende, nosiempre es recogido de manera inmediata por el legislador, enrazón de los cambios vertiginosos en las operacionescomerciales y en los procesos industriales modernos-, pero quede cualquier manera deben tener una consistencia en lamecánica del impuesto. En suma, es dable afirmar que losrequisitos que permiten determinar el carácter deducible dealgún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios quebuscan ser objetivos, como son la justificación de laserogaciones por considerarse necesarias, la identificación de lasmismas con los fines de la negociación, la relación que guardanlos conceptos de deducción con las actividades normales ypropias del contribuyente, así como la frecuencia con la que sesuceden determinados desembolsos y la cuantificación de losmismos.Amparo en revisión 1662/2006. Grupo TMM, S.A. 15 denoviembre 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón CossíoDíaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.No. Registro: 185,660Tesis aisladaMateria(s): AdministrativaNovena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVI, Octubre de 2002Tesis: XIV.2o.68 APágina: 1443
  • RENTA. PARA DETERMINAR SI EL GASTO QUE EL CONTRIBUYENTE PRETENDE DEDUCIR ES ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA SUS FINES DEBE ATENDERSE A SU OBJETO SOCIAL (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN I, DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO). El artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé como deducciones autorizadas, los gastos que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, para lo cual debe atenderse al objeto de la persona moral, por ser éste el que marca la directriz de tal actividad y el que determinará si es preponderante o no la erogación para cumplir con sus fines, sin que obste que dichos desembolsos carezcan de una relación directa o inmediata con un ingreso, de modo causal, debido a que únicamente se requiere que contribuyan de modo indirecto a la obtención del mismo. Por ende, si en el acta constitutiva de la sociedad se pactó como parte del objeto social la promoción, superación y actualización de los conocimientos profesionales de los socios y asociados, los gastos que se realicen para satisfacer tales propósitos sí son estrictamente indispensables, en virtud de que tienden a satisfacer una necesidad del contribuyente y coadyuvan a alcanzar sus fines. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Revisión fiscal 18/2002. Administrador Local Jurídico de Mérida. 31 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. Secretaria: Leticia Evelyn Córdova Ceballos. (El realce es nuestro).Así pues, la autoridad demandada funda indebidamente el rechazo de losgastos de operación realizados a mí representada, en cantidad de$481,480.05 pesos, así como su correspondiente Impuesto al Valor Agregadosupuestamente no acreditable en cantidad de $60,677.64, que relaciona condichas deducciones, pues como se aprecia pretende que mí representadaadivine la motivación que tuvo la autoridad para rechazar en lo particular cadauno de los gastos que se hicieron deducibles en el ejercicio de 2003, lo cualimplica una clara violación a lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, delCódigo Fiscal de la Federación.La autoridad demandada se limita a señalar tajantemente que rechaza losgastos antes señalados por no resultar estrictamente indispensables para losfines de la actividad de mi representada, sin embargo, como podrá claramenteapreciar esa H. Sala Regional, la autoridad no cumple con el requisito dedebida fundamentación y motivación, ya que nunca relaciona cada uno de losgastos rechazados (ya sea por mes, por concepto, por partida, etc.) con losfundamentos legales que supuestamente se incumplieron, por lo que no existeadecuación entre las razones aducidas por la autoridad para el rechazo de las
  • deducciones y los preceptos legales invocados como fundamento de sudeterminación.De lo que se sigue que la autoridad actúa arbitrariamente al utilizar términosvagos e imprecisos que no brindan seguridad jurídica a mí mandante encuánto a las razones particulares que tuvo en cada caso para rechazar ladeducción de que se trate, por lo que se solicita a esa H. Autoridad se sirvadeclarar la nulidad lisa y llana de la resolución expresa impugnada, al adolecerde una indebida fundamentación y motivación.Al haberse demostrado que la resolución impugnada se encuentraindebidamente fundada y motivada, se solicita a esa H. Sala Fiscal se sirvadeclarar su nulidad lisa y llana con fundamento en lo dispuesto por el artículo52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo, al actualizarse en la especie la causal de nulidad prevista en eldiverso artículo 51, fracción IV, del mismo ordenamiento adjetivo, atendiendoa lo dispuesto por los criterios que a continuación se transcriben: Registro No. 187531. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Marzo de 2002. Página: 1350. Tesis: I.6o.A.33 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se
  • actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código.” Registro No. 194664. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Febrero de 1999. Página: 455. Tesis: VIII.2o. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa “SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS. En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la doctrina reconoce como "desvío de poder", la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.”En consecuencia, también resulta ilegal la determinación de Impuesto al ValorAgregado no acreditable en la resolución impugnada, debido a que el mismofue rechazado al estar relacionado con los gastos antes citados queilegalmente fueron determinados como no deducibles por la demandada, porlo que al quedar desvirtuados los razonamientos otorgados por la autoridadpara el rechazo de los mismos, es igualmente ilegal que la autoridad considereal impuesto al valor agregado que le fue trasladado a mí mandante al efectuarlos gastos ilegalmente rechazados, como un impuesto no acreditable, por loque se deberá también declarar la nulidad lisa y llana de la determinación de
  • Impuesto al Valor Agregado no acreditable que determina la fiscalizadora enla resolución controvertida.Por lo expuesto, se solicita a esa H. Sala Regional se sirva declarar la nulidadlisa y llana de la resolución impugnada, ya que esa H. Sala cuenta con todoslos elementos para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución contenidaen el oficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de 25 de julio de 2006, emitida porla Administración Local de Auditoría Fiscal de Campeche, al carecer de unadebida fundamentación y motivación, por ende es violatoria a lo dispuesto porel artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por lo que seactualiza en la especie la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracciónIV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.OCTAVO.- Procede que esa H. Sala fiscal y administrativa, con fundamento enlo dispuesto por el artículo 51 fracción IV en relación con el diverso 52 fracciónII de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, declare lanulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio 600-71-2007-0028,mediante la cual la Administración Local Jurídica de Córdoba resuelve elrecurso de revocación intentado con mi mandante, en el sentido de confirmarel crédito fiscal determinado a mi representada por la Administración Local deAuditoría Fiscal de Córdoba en cantidad total de $1’144,891.57, por conceptode impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, actualizaciones,recargos y multas, en virtud de que el mismo se encuentra indebidamentefundado y motivado en términos del artículo 38, fracción IV del Código Fiscalde la Federación, toda vez que la autoridad demandada analizó los hechos demanera indebida al momento de emitir la resolución recaída al recurso derevocación, en total contravención de lo dispuesto por los artículos 17 y 31,fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el diverso 5°de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.Como reiteradamente se ha venido exponiendo en la presente demanda, elartículo 38 del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos quedeben contener los actos administrativos que se deban notificar, requisitos queson necesarios a fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los particularesfrente al acto de molestia de autoridades administrativas; así pues, uno de losrequisitos esenciales de los actos administrativos es que se encuentrendebidamente fundados y motivados.Dicho requisito de legalidad no se cumple en el caso cuyo análisis nos ocupa,en virtud de que la autoridad fiscalizadora no funda y motiva debidamente laresolución recaída al recurso de revocación mediante la cual confirma que mimandante omitió declarar ingresos en cantidad total de $19’711,599.00, y quepor lo tanto mi representada omitió declarar el valor neto de sus actos o
  • actividades a la tasa del 15% por el ejercicio revisado por la referida cantidad,por las diversas razones y argumentos jurídicos que se expondrán acontinuación.Lo anterior es así ya que como se podrá observar del texto de la propiaresolución impugnada a foja 15 y siguientes, la autoridad consideró: Ahora bien, es ineficaz por insuficiente el argumento que vierte la recurrente, en el que señala que la indebida fundamentación y motivación de la resolución recurrida, deriva del hecho de que la autoridad fiscalizadora determinó que la hoy recurrente, omitió declarar el valor neto de los actos o actividades a la tasa del 15% por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, en cantidad de $19’711,599.00, para efectos del Impuesto al Valor Agregado, motivo de los depósitos de aportación de capital en cantidad de $19’700,000.00 y $11,599.00 por depósitos en efectivo, toda vez que contrario a lo señalado por la autoridad en el oficio de observaciones número 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 05 de junio de 2006 y la resolución recurrida, cumplió en todo momento con las disposiciones fiscales. …//… En consecuencia, al no haber contado la autoridad revisora con elementos suficientes que le permitieran tener un conocimiento pleno y certeza de que los depósitos en cantidad de $19’711,599.00, realmente corresponden al concepto de aportaciones de capital y depósitos en efectivo, puesto que la contribuyente no proporcionó la evidencia suficiente que respaldara lo asentado en su contabilidad con fundamento en los artículos 1°, primer párrafo, fracción II, segundo, tercero y cuarto párrafo y 39, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 51, del Reglamento de dicha Ley, determinó que dicho importe corresponde al Valor Neto de los Actos o Actividades a la Tasa 15%, por los cuales la contribuyente debe pagar el impuesto al Valor Agregado. …///… (El realce es nuestro)De la parte de la resolución impugnada anteriormente transcrita se desprendeel ilegal actuar de la demandada, tal y como se acredita a continuación: La autoridad demandada reitera su ilegal argumento respecto a que en laetapa oficiosa no contó con los elementos suficientes que le permitieran tenerun conocimiento pleno y la certeza de que los depósitos en cantidad de $19´711,599.00, constituyen aportaciones de capital y depósitos en efectivo, y queen virtud de que mi mandante no acreditó tales extremos, considera dichacantidad como un ingreso acumulable y en consecuencia, resulta procedentegravar dichos importe a la tasa del 15%.
  • Como esa H. Sala podrá constatar, la autoridad demandada reitera losdesafortunados razonamientos que concluyo al emitir el apartado II de laresolución impugnada, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, toda vezque toma como sustento las ilegales manifestaciones que vertió en dichoapartado, argumentos que han quedado plenamente desvirtuados en losconceptos de violación tercero, cuarto y sexto, por lo que la determinación delimpuesto al valor agregado resulta ilegal, en virtud de que no existe sustentojurídico alguno para llegar a tal determinación, dado que como se demostróanteriormente, mi mandante no omitió declarar ingresos, en virtud de que eldeposito en cantidad de $19’700,00.00 corresponde a un aumento de la partevariable del capital social de la contribuyente, y por lo tanto el mismo deninguna manera debe de ser considerado como un ingreso acumulable ymucho menos ser gravado bajo la tasa general del 15% del impuesto al valoragregado.Así pues, la demandada, en la resolución que por esta vía se impugna no sólomal interpreta y aplica de manera errónea la legislación fiscal, sino queademás como consecuencia de esto fundamenta indebidamente su ilegal yarbitraria actuación, haciéndose procedente que esa H. Sala declare la nulidadde dicha resolución por no encontrarse apegada a derecho, pues ha quedadodemostrado que la misma carece de los requisitos de fundamentación ymotivación que todo acto de autoridad debe cumplir.Al haberse demostrado que la resolución impugnada se encuentraindebidamente fundada y motivada, se solicita a esa H. Sala Fiscal se sirvadeclarar su nulidad lisa y llana con fundamento en lo dispuesto por el artículo52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo, al actualizarse en la especie la causal de nulidad prevista en eldiverso artículo 51, fracción IV, del mismo ordenamiento adjetivo, atendiendoa lo dispuesto por el criterio que a continuación se transcribe: “CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. INTERPRETACION DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 238 DEL. La fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, establece: "Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas". La actualización de esta fracción implica, en forma genérica, que la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación realizó el examen del fondo de la controversia planteada. Se presenta una violación sustancial de fondo porque los hechos que motivaron la resolución definitiva impugnada, no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, esto claro que representa la contravención de las disposiciones aplicables e incluso de aquellas que debiéndose aplicar, se omitieron. Sin embargo, también
  • contempla la nulidad de toda resolución definitiva quese dicta en contravención de las disposicionesaplicables o si se dejaron de aplicar las debidas. Loanterior se deduce fácilmente de la propia redacciónque el legislador le dio a esta fracción IV, toda vezque señala de manera optativa dos supuestosdiferentes de nulidad de la resolución impugnada, elprimero, si los hechos que la motivaron no serealizaron, fueron distintos o se apreciaron en formaequivocada, y el segundo, que el legislador distingue con lafase en sentido optativo "o bien" que se dicte encontravención de las disposiciones aplicables o cuandose hayan dejado de aplicar las debidas. Porque si hubierasido la idea del legislador fijar un sólo supuesto de anulaciónen esta fracción que estudiamos, la redacción utilizada seríaotra, es decir, no hubiera utilizado una frase optativa, sinoseñalado que los hechos que motivaron la resolucióndefinitiva, no existieron, se dieron en forma distinta o seapreciaron en forma equivocada, contraviniendo lasdisposiciones aplicables o dejando de aplicar las debidas. Deesta manera, atendiendo a la redacción del legislador,encontramos dos supuestos que aunque puedencomplementarse o darse juntos, también pueden existir eluno sin el otro. Respecto al primero, relativo a los hechosque motivaron la resolución definitiva, resulta claro que serefiere al fondo del asunto planteado, toda vez que el órganoadministrativo con facultades jurisdiccionales encargado deaplicar dicha disposición, esto es el Tribunal Fiscal de laFederación, será hasta el estudio del fondo del asunto, quese ocupe de los hechos que constituyen los antecedentes o labase de la cual partió la autoridad demandada para dictar suresolución, pero tratándose del segundo supuesto denulidad, contenido en el artículo 238, fracción IV del CódigoFiscal de la Federación, debemos aclarar dos puntosimportantes, el primero, que dicha hipótesis de nulidad serádeclarada sólo cuando ninguna de las otras se actualice, esdecir, cuando no exista incompetencia de la autoridad quedictó, ordenó o tramitó el procedimiento que deriva de laresolución impugnada; cuando no exista omisión derequisitos formales que exijan las leyes, afectando lasdefensas del particular y trascendiendo el resultado del fallo(fundamentalmente violaciones de forma en la resoluciónmisma, incluyendo la ausencia de fundamentación ymotivación); cuando no existan vicios del procedimiento queafecten las defensas del particular y trasciendan al sentidode la resolución (básicamente violaciones de forma en elprocedimiento del que emana la resolución impugnada); ypor último, el supuesto de que los hechos que motivaron laresolución impugnada no existieron, se dieron en formadistinta o se apreciaron en forma equivocada, toda vez que,al actualizarse cada una de estas hipótesis de nulidadimplica de manera tácita la contravención de lasdisposiciones aplicadas o la omisión de aplicar las debidas.El segundo punto importante que debemos aclarar, es que elsupuesto jurídico de nulidad que estudiamos, puede darse alanalizar y resolver el fondo del asunto planteado, o bien, sinllegar a resolver el fondo de la cuestión propuesta, en virtudde que dicha "contravención de las disposiciones aplicadas"o la omisión "de aplicar las debidas" impida al órganojurisdiccional pronunciarse sobre las cuestiones de fondoante él propuestas. Por consiguiente, podríamos decir queeste supuesto de nulidad establecido por el legislador, esuna puerta abierta para declarar la nulidad de todas aquellasresoluciones definitivas que se dicten en contravención a las
  • leyes aplicables al caso concreto y aquellas que se dicten dejando de aplicar las disposiciones legales que deban regir el acto o actos de la autoridad, que no constituyan una violación de las establecidas por las demás fracciones, porque resulta contrario a toda lógica jurídica, el reconocer la validez de una resolución que fue dictada en contravención a las disposiciones legales aplicables o con omisión de aplicar las debidas, bien sea que esta transgresión a las normas jurídicas se haya cometido en la propia resolución o en actos anteriores que sean preparatorios de dicha determinación.” (Énfasis añadido) TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 453/92. Raúl Efrén Cásares G. Cantón. 29 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Evaristo Coria Martínez. Revisión fiscal 203/92. Sacos Valvulados, S.A. de C.V. 11 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. (Énfasis añadido)NOVENO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II,resulta procedente declarar la nulidad lisa y llana de las resolucionesimpugnadas de fecha 25 de julio de 2006 y 15 de enero de 2007, alactualizarse lo dispuesto por la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal deProcedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la misma es ilegalal existir una indebida fundamentación y motivación, pues la autoridaddemandada funda su actuación en artículos que no son aplicables al casoconcreto.Lo anterior es así, tal y como se desprende del oficio número500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, emitido por laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, mediante el cual sedetermina un crédito fiscal a mi mandante, y además de un reparto deutilidades en cantidad de $89,501.18, en la parte que nos interesa: “En virtud de la Renta Gravable determinada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, procede aplicar la resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Diciembre de 1996, por lo que ésta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con fundamento en los artículos 523 fracción II, 526 y 122 segundo párrafo de la ley laboral invocada; 24 del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a las facultades otorgadas; en los artículos 2, primer párrafo, en la parte relativa a las administraciones locales; 19 primer párrafo apartado A, fracción I, y ultimo párrafo; en relación con el artículo 17 primer párrafo, Fracción XIX, párrafos segundo y penúltimo en la parte relativa a los Administradores Locales de Auditoría fiscal; 37 primer párrafo, apartado a, Fracción LVII, y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la
  • Federación el 22 de octubre de 2007; y artículo primero primer párrafo, fracción LVII, del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del servicio de administración tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, y modificado mediante Acuerdo publicado el 18 de julio de 2008, en el mismo órgano oficial. RESUELVE PRIMERO.- Se determina como Renta Gravable base del reparto de Utilidades de la contribuyente _________, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003, el importe de $895,011.89. SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las Empresas, aplicó el 10 % a la renta gravable determinada por lo que la contribuyente ciada, deberá efectuar el pago del reparto de utilidades a sus trabajadores en un total de $89,501.18. ”De la anterior transcripción medularmente se desprende que la autoridaddemandada manifestó: • Que con fundamento en las disposiciones del la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento determinó a mi mandante como Renta Gravable base para el reparto de utilidades, por el ejercicio revisado el importe de $895,011.84. • Que, con fundamento en artículo 1° de la Resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las Empresas, aplicó el l0% de la Renta Gravable determinada, imponiendo el pago del reparto de utilidades a supuestos trabajadores de mi representada, en un total de $89,501.18.Asimismo, la autoridad demandada confirmó lo anterior en el oficio600-71-2007-0028, de fecha 15 de enero de 2007, emitido por laAdministración Local Jurídica de Córdoba, mediante la cual se emite laresolución recaída al recurso de revocación RR102/08, que en su momentointerpuso la hoy actora, evidenciando aún mas la ilegalidad de la resoluciónimpugnada de acuerdo a lo siguiente:En primer lugar, es necesario señalar que, mi representada, ___________, esuna persona moral, Sociedad Civil la cual bajo protesta de decir verdad, confundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de laFederación, manifiesta que no cuenta con trabajadores a su cargo, por lo queno encuadra en las hipótesis normativas en las que la demandada basa suactuar para determinarle a mi mandante el pago de Reparto de Utilidad a susTrabajadores.En ese orden de ideas, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades dela Empresa, es un derecho consagrado el artículo 123 inciso e), fracción IX de
  • la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letraseñala lo siguiente: “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: … IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: … e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; … (El realce es nuestro).De la anterior transcripción se desprende que el precepto constitucional en citatiene como finalidad la protección a la clase trabajadora, al tutelar el derechoa una participación en las utilidades de las empresas, para lo cual se tomarácomo base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Leydel Impuesto sobre la Renta.Por su parte la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 117 a 131 y demásaplicables reiteran lo anterior, al determinar que se considerará como utilidadla renta gravable de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta; lossujetos exceptuados de cumplir con la obligación de repartir utilidades; loscasos en que debe efectuarse reparto adicional; la imposibilidad de hacersecompensaciones de los años de pérdidas con los de ganancia y de hacerdeducciones o establecer distinciones entre las empresas.Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis jurisprudenciales: No. Registro: 251,734 Tesis aislada Materia(s): Común Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 127-132 Sexta Parte Tesis: Página: 113 PARTICIPACION DE UTILIDADES. ASPECTOS LABORAL Y FISCAL Los preceptos que establecen derechos de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal, deben interpretarse de forma que cumplan sus altos fines de protección a la clase trabajadora, y en esta materia hay suplencia de la queja, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Por el contrario, en materia fiscal se debe aplicar una interpretación rigurosa de las normas que establecen cargas en contra de
  • los causantes, como lo establece el artículo 11 del Código Fiscal de laFederación. De esto se sigue que, al examinar las cuestiones que sobreparticipación de utilidades dictan las autoridades fiscales, se deben aplicardos raseros: uno para proteger en forma tutelar los derechos de lostrabajadores, y otro para proteger en forma estricta los derechos de loscausantes. Y aunque el artículo 123 constitucional, en su fracción IX, incisoe), señala que para determinar el monto de las utilidades se tomará comobase la renta gravable, también es que señala que los trabajadores podrán,ante autoridades de la Secretaría de Hacienda, formular las objeciones queestimen pertinentes. Pero en el amparo esas observaciones se debenexaminar con el espíritu tutelar de la legislación laboral. Lo que no implicaque para determinar diferencias en el pago del impuesto se deba perder devista la aplicación normativa estricta de que habla el artículo 11 del CódigoFiscal. De todo lo cual se tiene que concluir, para que la interpretación delas normas aplicables permita la operación normal de todas ellas, en lascondiciones especiales de mezclar cuestiones fiscales con obligacioneslaborales, que las resoluciones que recaigan respecto de las objecioneshechas por los trabajadores a la base gravable declarada por la empresadeberán ser examinadas con espíritu tutelar, para que surtan sus plenosefectos en materia laboral. Y para que puedan aprovechar a la autoridadfiscal en el campo de los créditos por diferencias de impuestos, lasautoridades fiscales se deberán preocupar por dar a sus resoluciones a lasobjeciones de los trabajadores una fundamentación estricta y rigurosa, entérminos del artículo 11 del Código Fiscal. Sólo en esta forma se tutelan losintereses de los trabajadores, protegidos por el artículo 123 constitucionalcon espíritu tutelar, y los derechos de los causantes protegidos por elartículo 31, fracción IV, constitucional, con un espíritu de interpretaciónestricta. Y de todo esto se concluye que el aprobar la resolución queresolvió favorablemente las objeciones de los trabajadores, para el efectodel reparto de utilidades, no implica que quede aprobado el cobro posteriorde posibles diferencias de impuesto, aspecto en el cual quedan a salvo losderechos de las empresas para alegar cuestiones de estricto derecho o desuplencia de la queja, que estima no satisfechas en la resolución anteriorque se refería a objeciones de los trabajadores sobre el reparto deutilidades. Es decir, la determinación de un ingreso gravable para que sirvade base al reparto de utilidades, con motivo de las objeciones de lostrabajadores, dejando a salvo los derechos del fisco para ejercernuevamente sus facultades, sólo podrá tener efectos en materia fiscal si sehan respetado las normas de estricto derecho establecidas en el artículo 11del Código Fiscal, que hablan de interpretación restrictiva, en relación conel artículo 76 de la Ley de Amparo, que prohíbe la suplencia de la queja enmateria fiscal.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMERCIRCUITO.Amparo en revisión 1151/78. Ingenio Tala, S. A. 15 de agosto de 1979.Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.No. Registro: 237,449JurisprudenciaMateria(s): AdministrativaSéptima ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación181-186 Tercera ParteTesis:Página: 101Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 17, página26.Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 572, página 413.REPARTO DE UTILIDADES. EL IMPUESTO DEL UNO POR CIENTOSOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJOPERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UNPATRON DEBE GRAVAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS A LOSTRABAJADORES POR ESE CONCEPTO. El asunto a dilucidar en elpresente caso es determinar si el reparto de utilidades puede considerarsecomo remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección de unpatrón y, por ende, si dicha participación se encuentra dentro de lahipótesis prevista por los artículos 48 y 95 de la Ley del Impuesto sobre laRenta que rigió hasta el 31 de diciembre de 1964, artículo 1o, fracción XIV,y 33 de la Ley de Ingresos de la Federación para 1965-1966, o seaafectada por el pago del uno por ciento sobre erogaciones por concepto deremuneración al trabajo personal (criterio que sustenta el Segundo TribunalColegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) o, por el contrario,si el citado reparto de utilidades se encuentra fuera de la hipótesis a que se
  • contraen los mencionados numerales por no quedar comprendido dentrodel precitado concepto de remuneración al trabajo personal (criterio quesostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del PrimerCircuito). Ahora bien, los artículos de las leyes invocadas instituyen untributo que asciende al uno por ciento, calculado sobre el total de laserogaciones hechas por concepto de remuneración al trabajo prestado bajola dirección y dependencia del patrón. La remuneración al trabajo personalcomprende varias especies: además de la prestación que podríamosdenominar original o fundamental que es el salario, incluye otrasprestaciones suplementarias o complementarias que puedan situarse bajoel rubro de "remuneraciones", como son, por ejemplo, la prima devacaciones, la de antigüedad, la de puntualidad, el fondo de ahorros y laparticipación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Que elconcepto de "remuneración" no se identifica con el "salario", ni se reduce aéste, es fácil advertirlo; si sólo el salario entraña (y no también otrasprestaciones, como la distribución de utilidades) una remuneración no seexplicaría, en modo alguno, la redacción adoptada por las correspondientesdisposiciones contenidas en los artículos 33 de la Ley de Ingresos de laFederación para mil novecientos sesenta y seis y 16 de la Ley que Reformay Adiciona Diversas Leyes Fiscales (publicada en el Diario Oficial de laFederación el 31 de diciembre de 1966), que dicen que "las personasfísicas, las morales o las unidades económicas que hagan pagos porconcepto de remuneración al trabajo personal, prestado bajo su dirección odependencia, causarán el impuesto con la cuota del uno por ciento, que seaplicará sobre el monto total de los pagos que efectúe aun cuando noexcedan del salario mínimo". Si "remuneración" fuera sinónimo de "salario",las normas, en lugar de expresar: "por concepto de remuneración", habríandicho: "por concepto de salarios", y en vez de hablar del uno por cientosobre el "monto total de los pagos que efectúen", habrían habladosimplemente del "monto total de los salarios que cubran". Si creemos quela palabra "remuneración" pertenece al patrimonio del habla común, lanoción relativa no se reduce al salario. Tiene aquel vocablo, en el lenguajevulgar, una connotación amplísima, dentro de la cual cabe con absolutanaturalidad, sin violencia alguna, la distribución a los trabajadores de lasutilidades de la empresa. En efecto, enseña el Diccionario de la AcademiaEspañola que "remunerar" (sinónimo de recompensar o galardonar) no sóloquiere decir reparar un daño o retribuir un servicio, sino que tambiénsignifica premiar favores, virtudes, beneficios, o méritos. Dentro delsignificado tan amplio de dicha palabra, resulta obvio que la participaciónde utilidades a los trabajadores constituye una de las numerosas formas deremunerar el trabajo. Por otra parte, si nos inclinamos a pensar que"remuneración", es un tecnicismo jurídico, habría que investigar si algunanorma, de carácter fiscal o de otra índole, directa o indirectamenterelacionada con el tema, limita o restringe la aceptación latísima delvocablo o reduce su connotación sólo al supuesto del salario. Peroobservamos que no es así, dado que, la inversa, la donación remuneratoria(la cual sin asomo de duda, implica una remuneración) es aquella "quehace en atención a servicios recibidos por el donante, y que éste no tieneobligación de pagar" (artículo 2336 del Código Civil). Ahora bien si hayremuneración hasta en los casos en que quien remunera no estájurídicamente obligado a pagar, con mayor razón la habrá cuando el querealiza la prestación sí se halla obligado a cubrirla, como es precisamente elcaso de la distribución de utilidades en favor de los trabajadores. El artículo95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que rigió hasta el treinta y uno dediciembre de mil novecientos sesenta y cuatro comprende dentro delconcepto de "remuneración" al trabajo personal, no sólo los sueldos,salarios y sobresueldos, sino todas las remuneraciones ordinarias y aun lasextraordinarias y, además, cualquier otra clase de ventajas, sean en dinero,en especie, en bonos de fundador o en partes sociales (fracción IV). Espatente que el mencionado artículo 95 no limita ni restringe el concepto deremuneración ni, menos aún, lo reduce sólo al supuesto del salario. Por otrolado, el artículo 48 de la ley de esta materia, que inició su vigencia elprimero de enero de mil novecientos sesenta y cinco, incluyó, expresa ycategóricamente, entre los distintos tipos de remuneración del trabajopersonal, la participación de utilidades. Esta norma y el artículo 95 antesmencionado no se invocan como fundamento ni como causa justificativa dela conclusión consistente en que la distribución de utilidades quedacomprendida dentro de lo que previenen las respectivas disposiciones delas diversas leyes de ingresos de la Federación, sino que se citanúnicamente para demostrar que la extensísima connotación del término"remuneración" no se ve reducida ni restringida por las disposicionesconexas, las cuales no limitan el concepto de remuneración a sólo lahipótesis del salario. En tales condiciones, aunque hay diferenciaentre salario y reparto de utilidades, debe decirse, sin embargo,que tienen un fundamento común, a saber: la existencia de larelación laboral y la prestación del servicio por quien percibe elsalario y tiene derecho a una parte en la distribución de lasganancias. Por consiguiente, es obvio que tal distribución se realiza
  • en atención al trabajo desempeñado, con motivo de mismo y acausa del propio trabajo; y resulta patente, también, que no se leconceda ni una mínima parte en la distribución relativa adeterminado año a quien no sea trabajador de la empresa, o a quienno haya laborado precisamente durante ese mismo año. Sentado loanterior, debe estimarse que la cuantía de la participación que en lasutilidades de la empresa le compete a cierto sujeto, sí está en proporcióndirecta con el trabajo que el mismo desempeñó, pues se toma enconsideración así el monto del salario de cada trabajador, con el número dedías que cada uno laboró en el año respectivo (artículo 100-M de la LeyFederal del Trabajo abrogada y 123 de la vigente); y, por ello, que elcriterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito enMateria Administrativa (Informe de la Suprema Corte de Justicia en 1974,III, páginas 84 a 86) no es el correcto. Además de lo que ya se ha dicho,resulta inaceptable aducir, como lo hace dicho tribunal, como bases parapretender concluir partiendo de ellas, que no es remuneración ladistribución de utilidades, que ésta es sólo un pago que se realiza encumplimiento de una disposición constitucional, que se trata de unaprestación especial que establece la fracción IX de la correspondientenorma de la Carta Magna, o que la repetida distribución de utilidades noremunera el trabajo personal, sino que "sólo" hace partícipe al obrero en elresultado económico de la empresa, como factor de la producción. Enefecto, los asalariados, que integran uno de los factores de la producción,tienen por ello, derecho de participar en las ganancias de la empresa, pueses notorio que tal participación se justifica precisamente porque, mediantesu trabajo, contribuyeron a la obtención de estas ganancias. Si ladistribución de utilidades a los trabajadores no puede estimarse comoretribución del esfuerzo del elemento empresarial, ni como remuneracióndel capital, tiene que considerarse como una remuneración suplementariapor razón de lo único que aportan los trabajadores, es decir, su fuerza detrabajo. Del mismo modo que los dividendos son una retribución por laparte que el capital le corresponde en la obtención de utilidades, la parteque a los trabajadores les incumbe en la distribución de éstas constituyeuna remuneración al trabajo. Que el salario se determine previamente, y laparticipación de utilidades se establezca al final del año; que aquélrepercuta en los gastos de la empresa y ésta, en cambio, no influya en lacuenta de resultados; que el salario entrañe un ingreso de percepción ciertay la distribución de las ganancias entre los trabajadores sea algo aleatorio,sólo demuestra que esta última no se identifica con el salario, pero de todoello no se infiere, ni puede inferirse, que la repetida distribución esté exentadel impuesto sobre el monto total de las erogaciones en concepto deremuneración al trabajo personal. Finalmente, tampoco es válida laargumentación que consiste en advertir que el artículo 16 de la Ley queReforma y Adiciona Diversas Leyes Fiscales (Diario Oficial de la Federacióndel 31 de diciembre de 1966) "no remite" al artículo 48 de la Ley delImpuesto sobre la Renta; y porque, según se hizo notar, es razonable citardicho precepto para demostrar que ni éste ni otras normas conexas con elproblema restringen o limitan en medida alguna la connotación amplísimadel vocablo "remuneración", ni reducen al caso del salario el significado dedicho vocablo. Por todas las consideraciones expuestas, debe prevalecer elcriterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito enMateria Administrativa.Contradicción de tesis 550/77. Tribunal Fiscal de la Federación. 18 deagosto de 1983. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio GonzálezMartínez. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco.Nota: Se publica esta tesis por acuerdo de la Sala. También aparece en laSéptima Epoca, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 86, bajo elrubro "UTILIDADES, REPARTO DE, A LOS TRABAJADORES. CAUSA ELIMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJOPERSONAL. CONTRADICCION DE TESIS.".No. Registro: 200,795Tesis aisladaMateria(s): LaboralNovena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaI, Junio de 1995Tesis: 2a. XLVI/95Página: 228COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS SOBREREPARTO DE UTILIDADES, DEBE DEFINIRSE ATENDIENDO A LAACTIVIDAD DE LA EMPRESA. Como el reparto de utilidades es underecho de los trabajadores a tener una participación en las ganancias delas empresas y correlativamente se traduce en una obligación de éstas, si
  • la participación ya está legalmente determinada, es exigible por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y dependerá de la naturaleza de la empresa a la que se le reclame dicha prestación, la determinación de la competencia federal o local. Por tanto, si la demandada es una empresa que se dedica a las industrias enumeradas en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional y 527 de la Ley Federal del Trabajo, el conocimiento de la demanda laboral tocará a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En todos los demás casos, a las Juntas Locales de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, según lo dispone el artículo 698 de la Ley Federal del Trabajo. Competencia 57/95. Entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí y la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas. 12 de mayo de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.Como se puede advertir de los artículos en mención, así como de lasjurisprudencias citadas con antelación, claramente se desprende que elReparto de Utilidades es un derecho de los trabajadores y una obligación delas empresas en su carácter de patrón, que surge como consecuencia de laexistencia de una relación laboral o de trabajo, es decir, cuando existela prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pagode un salario, tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley Federal delTrabajo. “ARTÍCULO 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.”Asimismo la Ley Federal del Trabajo, estable la definición de “trabajo” en suartículo 8, como a continuación se cita: ARTÍCULO 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.De acuerdo a lo anterior el derecho que tutela el artículo 123 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con losartículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo, en ningún momento seactualiza en el presente caso, pues como ya se ha mencionado, la empresa nocuenta con trabajadores, toda vez que la actora _________, cuya actividadprincipal es LA ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y DERECHOSCON EL FIN DE PRESERVAR E INCREMENAR EL PATRIMONIO COMÚN, contandoúnicamente con Socios, los cuales no tienen el carácter de trabajadores, tal ycomo esa H. Sala podrá advertir de sus Estatutos y de su Aviso de Inscripciónen el Registro Federal de Contribuyentes, que se anexan como pruebas a lapresente demanda.A lo anterior resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:
  • No. Registro: 173,442Tesis aisladaMateria(s): LaboralNovena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Enero de 2007Tesis: I.6o.T.308 LPágina: 2366SOCIOS O ASOCIADOS DE PERSONAS MORALES. SI EN LASFUNCIONES QUE REALIZAN NO SE ENCUENTRA EL ELEMENTOSUBORDINACIÓN, SINO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURADE AQUÉLLAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES. Si delacta constitutiva de una persona moral exhibida en el procedimiento laboralse advierte que la actora es asociada fundadora y secretaria del consejodirectivo, por lo que se encuentra vinculada a los resultados económicos dela empresa, es inconcuso que no puede tener la calidad de trabajadora porla circunstancia de que entre sus obligaciones como secretaria del consejodirectivo se encuentre la de "auxiliar al presidente en las funciones yactividades que éste le encomiende", porque ello no se equipara alelemento esencial de una relación de trabajo, como es la subordinación, esdecir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando,correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio,en términos del artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, queestablece como obligación de los trabajadores la de desempeñar el serviciobajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad seencuentra subordinado en todo lo concerniente al trabajo, sino que esaobligación de auxiliar al presidente es en su carácter de asociada, es decir,como parte de la estructura de la propia asociación.SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMERCIRCUITO.Amparo directo 7566/2006. Linda Lorena Ibarra García. 7 de septiembre de2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: EliaAdriana Bazán Castañeda.No. Registro: 217,911Tesis aisladaMateria(s): LaboralOctava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónX, Noviembre de 1992Tesis:Página: 245COOPERATIVA DE PRODUCCION, SUS SOCIOS NO DEBEN SERCONSIDERADOS TRABAJADORES DE LA MISMA. Si la sociedadcooperativa acredita que el demandante tiene la calidad de socio de lamisma, éste no puede alegar que además tenga el carácter de trabajador,en virtud de que de acuerdo a lo que dispone el artículo 56 de la LeyGeneral de Sociedades Cooperativas, los socios deben contribuir con sutrabajo para lograr el objetivo de la sociedad, es decir, que el servicio quele prestan sus socios no es como consecuencia de una relación laboral, sinocomo resultado de la obligación inherente a su calidad de socioscooperativistas. Por tanto, debe concluirse que no se dan los supuestos delartículo 20 de la Ley Federal del Trabajo para que puedan ser consideradoscomo trabajadores de la cooperativa.TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.Revisión fiscal 20/92. Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto Mexicanodel Seguro Social. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente:María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.Reitera criterio de la tesis publicada en la página 1597 del SemanarioJudicial de la Federación, Séptima Epoca, Tomo V COM-DEM.No. Registro: 243,652Tesis aisladaMateria(s): LaboralSéptima ÉpocaInstancia: Cuarta SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación76 Quinta Parte
  • Tesis: Página: 24 SOCIOS, CUANDO TIENEN EL CARACTER DE TRABAJADORES LOS, DE UNA SOCIEDAD. Los miembros de una sociedad sólo pueden ser considerados como trabajadores cuando no formen parte integrante de la empresa y no estén vinculados a los resultados económicos de la actividad misma. Amparo directo 5420/74. Francisco Gómez Campos. 23 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.De la anterior transcripción se desprende que, el precepto constitucional encita tiene como finalidad la protección a la clase trabajadora, al tutelar elderecho de estos a una participación en las utilidades de las empresas, para locual se tomará como base la renta gravable de conformidad con lasdisposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 117 a 131 y demásaplicables reiteran lo anterior al regular entre otros, los siguientes aspectos: • Se considerará como utilidad la renta gravable de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta; • Los sujetos exceptuados de cumplir con la obligación de repartir utilidades; • Los casos en que debe efectuarse reparto adicional; • La imposibilidad de hacerse compensaciones de los años de pérdidas con los de ganancia y de hacer deducciones o establecer distinciones entre las empresas.Resultan aplicables al caso concreto las siguientes jurisprudencias emitidas porel Poder Judicial de la Federación: No. Registro: 251,734 Tesis aislada Materia(s): Común Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 127-132 Sexta Parte Tesis: Página: 113 PARTICIPACION DE UTILIDADES. ASPECTOS LABORAL Y FISCAL Los preceptos que establecen derechos de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal, deben interpretarse de forma que cumplan sus altos fines de protección a la clase trabajadora, y en esta materia hay suplencia de la queja, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Por el contrario, en materia fiscal se debe aplicar una interpretación rigurosa de las normas que establecen cargas en contra de los causantes, como lo establece el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. De esto se sigue que, al examinar las cuestiones que sobre participación de utilidades dictan las autoridades fiscales, se deben aplicar dos raseros: uno para proteger en forma tutelar los derechos de los trabajadores, y otro para proteger en forma estricta los derechos de los causantes. Y aunque el artículo 123 constitucional, en su fracción IX, inciso e), señala que para determinar el monto de las utilidades se tomará como base la renta gravable, también es que señala que los trabajadores podrán, ante autoridades de la Secretaría de Hacienda, formular las objeciones que estimen pertinentes. Pero en el amparo esas observaciones se deben examinar con el espíritu tutelar de la legislación laboral. Lo que no
  • implica que para determinar diferencias en el pago del impuesto sedeba perder de vista la aplicación normativa estricta de que habla elartículo 11 del Código Fiscal. De todo lo cual se tiene que concluir, paraque la interpretación de las normas aplicables permita la operaciónnormal de todas ellas, en las condiciones especiales de mezclarcuestiones fiscales con obligaciones laborales, que las resoluciones querecaigan respecto de las objeciones hechas por los trabajadores a labase gravable declarada por la empresa deberán ser examinadas conespíritu tutelar, para que surtan sus plenos efectos en materia laboral.Y para que puedan aprovechar a la autoridad fiscal en el campo de loscréditos por diferencias de impuestos, las autoridades fiscales sedeberán preocupar por dar a sus resoluciones a las objeciones de lostrabajadores una fundamentación estricta y rigurosa, en términos delartículo 11 del Código Fiscal. Sólo en esta forma se tutelan los interesesde los trabajadores, protegidos por el artículo 123 constitucional conespíritu tutelar, y los derechos de los causantes protegidos por elartículo 31, fracción IV, constitucional, con un espíritu de interpretaciónestricta. Y de todo esto se concluye que el aprobar la resolución queresolvió favorablemente las objeciones de los trabajadores, para elefecto del reparto de utilidades, no implica que quede aprobado elcobro posterior de posibles diferencias de impuesto, aspecto en el cualquedan a salvo los derechos de las empresas para alegar cuestiones deestricto derecho o de suplencia de la queja, que estima no satisfechasen la resolución anterior que se refería a objeciones de los trabajadoressobre el reparto de utilidades. Es decir, la determinación de un ingresogravable para que sirva de base al reparto de utilidades, con motivo delas objeciones de los trabajadores, dejando a salvo los derechos delfisco para ejercer nuevamente sus facultades, sólo podrá tener efectosen materia fiscal si se han respetado las normas de estricto derechoestablecidas en el artículo 11 del Código Fiscal, que hablan deinterpretación restrictiva, en relación con el artículo 76 de la Ley deAmparo, que prohíbe la suplencia de la queja en materia fiscal.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DELPRIMER CIRCUITO.Amparo en revisión 1151/78. Ingenio Tala, S. A. 15 de agosto de 1979.Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.No. Registro: 237,449JurisprudenciaMateria(s): AdministrativaSéptima ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación181-186 Tercera ParteTesis:Página: 101Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 17,página 26.Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 572, página 413.REPARTO DE UTILIDADES. EL IMPUESTO DEL UNO POR CIENTOSOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJOPERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DEUN PATRON DEBE GRAVAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS ALOS TRABAJADORES POR ESE CONCEPTO. El asunto a dilucidar enel presente caso es determinar si el reparto de utilidades puedeconsiderarse como remuneración al trabajo personal prestado bajo ladirección de un patrón y, por ende, si dicha participación se encuentradentro de la hipótesis prevista por los artículos 48 y 95 de la Ley delImpuesto sobre la Renta que rigió hasta el 31 de diciembre de 1964,artículo 1o, fracción XIV, y 33 de la Ley de Ingresos de la Federaciónpara 1965-1966, o sea afectada por el pago del uno por ciento sobreerogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal (criterioque sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativadel Primer Circuito) o, por el contrario, si el citado reparto de utilidadesse encuentra fuera de la hipótesis a que se contraen los mencionadosnumerales por no quedar comprendido dentro del precitado conceptode remuneración al trabajo personal (criterio que sostiene el PrimerTribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Ahorabien, los artículos de las leyes invocadas instituyen un tributo queasciende al uno por ciento, calculado sobre el total de las erogacioneshechas por concepto de remuneración al trabajo prestado bajo ladirección y dependencia del patrón. La remuneración al trabajopersonal comprende varias especies: además de la prestación quepodríamos denominar original o fundamental que es el salario, incluye
  • otras prestaciones suplementarias o complementarias que puedansituarse bajo el rubro de "remuneraciones", como son, por ejemplo, laprima de vacaciones, la de antigüedad, la de puntualidad, el fondo deahorros y la participación de los trabajadores en las ganancias de laempresa. Que el concepto de "remuneración" no se identifica con el"salario", ni se reduce a éste, es fácil advertirlo; si sólo el salarioentraña (y no también otras prestaciones, como la distribución deutilidades) una remuneración no se explicaría, en modo alguno, laredacción adoptada por las correspondientes disposiciones contenidasen los artículos 33 de la Ley de Ingresos de la Federación para milnovecientos sesenta y seis y 16 de la Ley que Reforma y AdicionaDiversas Leyes Fiscales (publicada en el Diario Oficial de la Federaciónel 31 de diciembre de 1966), que dicen que "las personas físicas, lasmorales o las unidades económicas que hagan pagos por concepto deremuneración al trabajo personal, prestado bajo su dirección odependencia, causarán el impuesto con la cuota del uno por ciento, quese aplicará sobre el monto total de los pagos que efectúe aun cuandono excedan del salario mínimo". Si "remuneración" fuera sinónimo de"salario", las normas, en lugar de expresar: "por concepto deremuneración", habrían dicho: "por concepto de salarios", y en vez dehablar del uno por ciento sobre el "monto total de los pagos queefectúen", habrían hablado simplemente del "monto total de los salariosque cubran". Si creemos que la palabra "remuneración" pertenece alpatrimonio del habla común, la noción relativa no se reduce al salario.Tiene aquel vocablo, en el lenguaje vulgar, una connotación amplísima,dentro de la cual cabe con absoluta naturalidad, sin violencia alguna, ladistribución a los trabajadores de las utilidades de la empresa. Enefecto, enseña el Diccionario de la Academia Española que "remunerar"(sinónimo de recompensar o galardonar) no sólo quiere decir reparar undaño o retribuir un servicio, sino que también significa premiar favores,virtudes, beneficios, o méritos. Dentro del significado tan amplio dedicha palabra, resulta obvio que la participación de utilidades a lostrabajadores constituye una de las numerosas formas de remunerar eltrabajo. Por otra parte, si nos inclinamos a pensar que "remuneración",es un tecnicismo jurídico, habría que investigar si alguna norma, decarácter fiscal o de otra índole, directa o indirectamente relacionada conel tema, limita o restringe la aceptación latísima del vocablo o reduce suconnotación sólo al supuesto del salario. Pero observamos que no esasí, dado que, la inversa, la donación remuneratoria (la cual sin asomode duda, implica una remuneración) es aquella "que hace en atención aservicios recibidos por el donante, y que éste no tiene obligación depagar" (artículo 2336 del Código Civil). Ahora bien si hay remuneraciónhasta en los casos en que quien remunera no está jurídicamenteobligado a pagar, con mayor razón la habrá cuando el que realiza laprestación sí se halla obligado a cubrirla, como es precisamente el casode la distribución de utilidades en favor de los trabajadores. El artículo95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que rigió hasta el treinta yuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro comprendedentro del concepto de "remuneración" al trabajo personal, no sólo lossueldos, salarios y sobresueldos, sino todas las remuneracionesordinarias y aun las extraordinarias y, además, cualquier otra clase deventajas, sean en dinero, en especie, en bonos de fundador o en partessociales (fracción IV). Es patente que el mencionado artículo 95 nolimita ni restringe el concepto de remuneración ni, menos aún, loreduce sólo al supuesto del salario. Por otro lado, el artículo 48 de la leyde esta materia, que inició su vigencia el primero de enero de milnovecientos sesenta y cinco, incluyó, expresa y categóricamente, entrelos distintos tipos de remuneración del trabajo personal, la participaciónde utilidades. Esta norma y el artículo 95 antes mencionado no seinvocan como fundamento ni como causa justificativa de la conclusiónconsistente en que la distribución de utilidades queda comprendidadentro de lo que previenen las respectivas disposiciones de las diversasleyes de ingresos de la Federación, sino que se citan únicamente parademostrar que la extensísima connotación del término "remuneración"no se ve reducida ni restringida por las disposiciones conexas, lascuales no limitan el concepto de remuneración a sólo la hipótesis delsalario. En tales condiciones, aunque hay diferencia entre salarioy reparto de utilidades, debe decirse, sin embargo, que tienenun fundamento común, a saber: la existencia de la relaciónlaboral y la prestación del servicio por quien percibe el salario ytiene derecho a una parte en la distribución de las ganancias.Por consiguiente, es obvio que tal distribución se realiza enatención al trabajo desempeñado, con motivo de mismo y acausa del propio trabajo; y resulta patente, también, que no sele conceda ni una mínima parte en la distribución relativa adeterminado año a quien no sea trabajador de la empresa, o aquien no haya laborado precisamente durante ese mismo año.Sentado lo anterior, debe estimarse que la cuantía de la participación
  • que en las utilidades de la empresa le compete a cierto sujeto, sí estáen proporción directa con el trabajo que el mismo desempeñó, pues setoma en consideración así el monto del salario de cada trabajador, conel número de días que cada uno laboró en el año respectivo (artículo100-M de la Ley Federal del Trabajo abrogada y 123 de la vigente); y,por ello, que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado delPrimer Circuito en Materia Administrativa (Informe de la Suprema Cortede Justicia en 1974, III, páginas 84 a 86) no es el correcto. Además delo que ya se ha dicho, resulta inaceptable aducir, como lo hace dichotribunal, como bases para pretender concluir partiendo de ellas, que noes remuneración la distribución de utilidades, que ésta es sólo un pagoque se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, quese trata de una prestación especial que establece la fracción IX de lacorrespondiente norma de la Carta Magna, o que la repetidadistribución de utilidades no remunera el trabajo personal, sino que"sólo" hace partícipe al obrero en el resultado económico de laempresa, como factor de la producción. En efecto, los asalariados, queintegran uno de los factores de la producción, tienen por ello, derechode participar en las ganancias de la empresa, pues es notorio que talparticipación se justifica precisamente porque, mediante su trabajo,contribuyeron a la obtención de estas ganancias. Si la distribución deutilidades a los trabajadores no puede estimarse como retribución delesfuerzo del elemento empresarial, ni como remuneración del capital,tiene que considerarse como una remuneración suplementaria porrazón de lo único que aportan los trabajadores, es decir, su fuerza detrabajo. Del mismo modo que los dividendos son una retribución por laparte que el capital le corresponde en la obtención de utilidades, laparte que a los trabajadores les incumbe en la distribución de éstasconstituye una remuneración al trabajo. Que el salario se determinepreviamente, y la participación de utilidades se establezca al final delaño; que aquél repercuta en los gastos de la empresa y ésta, encambio, no influya en la cuenta de resultados; que el salario entrañe uningreso de percepción cierta y la distribución de las ganancias entre lostrabajadores sea algo aleatorio, sólo demuestra que esta última no seidentifica con el salario, pero de todo ello no se infiere, ni puedeinferirse, que la repetida distribución esté exenta del impuesto sobre elmonto total de las erogaciones en concepto de remuneración al trabajopersonal. Finalmente, tampoco es válida la argumentación que consisteen advertir que el artículo 16 de la Ley que Reforma y Adiciona DiversasLeyes Fiscales (Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de1966) "no remite" al artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;y porque, según se hizo notar, es razonable citar dicho precepto parademostrar que ni éste ni otras normas conexas con el problemarestringen o limitan en medida alguna la connotación amplísima delvocablo "remuneración", ni reducen al caso del salario el significado dedicho vocablo. Por todas las consideraciones expuestas, debeprevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado delPrimer Circuito en Materia Administrativa.Contradicción de tesis 550/77. Tribunal Fiscal de la Federación. 18 deagosto de 1983. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio GonzálezMartínez. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco.Nota: Se publica esta tesis por acuerdo de la Sala. También aparece enla Séptima Epoca, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 86, bajoel rubro "UTILIDADES, REPARTO DE, A LOS TRABAJADORES. CAUSA ELIMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJOPERSONAL. CONTRADICCION DE TESIS.".No. Registro: 200,795Tesis aisladaMateria(s): LaboralNovena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaI, Junio de 1995Tesis: 2a. XLVI/95Página: 228COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS SOBREREPARTO DE UTILIDADES, DEBE DEFINIRSE ATENDIENDO A LAACTIVIDAD DE LA EMPRESA. Como el reparto de utilidades es underecho de los trabajadores a tener una participación en las gananciasde las empresas y correlativamente se traduce en una obligación deéstas, si la participación ya está legalmente determinada, es exigiblepor medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y dependerá de lanaturaleza de la empresa a la que se le reclame dicha prestación, ladeterminación de la competencia federal o local. Por tanto, si la
  • demandada es una empresa que se dedica a las industrias enumeradas en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, constitucional y 527 de la Ley Federal del Trabajo, el conocimiento de la demanda laboral tocará a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En todos los demás casos, a las Juntas Locales de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje, según lo dispone el artículo 698 de la Ley Federal del Trabajo. Competencia 57/95. Entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí y la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas. 12 de mayo de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. (El realce es nuestro)Como se puede advertir tanto de los artículos en mención, así como de lasjurisprudencias transcritas con antelación, claramente se desprende que elReparto de Utilidades es un derecho único y exclusivo para los trabajadorescuya obligación de cumplimiento cae a cargo de las empresas en su carácterde patrón, que surge como consecuencia de la existencia de una relaciónlaboral o de trabajo, es decir, cuando existe la prestación de untrabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, tal ycomo lo establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. “ARTÍCULO 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.”Asimismo la Ley Federal del Trabajo, estable la definición de “trabajo” en suartículo 8, como a continuación se cita: ARTÍCULO 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.De acuerdo a lo anterior, el derecho que tutela el artículo 123 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con losartículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo, en ningún momento seactualiza en el presente caso, pues como ya se ha mencionado, la empresa nocuenta con trabajadores, toda vez que la actora __________, cuya actividadprincipal es LA ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y DERECHOSCON EL FIN DE PRESERVAR E INCREMENAR EL PATRIMONIO COMÚN,únicamente está constituida por Socios, los cuales de manera alguna puedeentenderse que tengan el carácter de trabajadores, tal y como esa H. Salapodrá advertir de la simple lectura que realice de sus Estatutos y de su Avisode Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que se anexan comopruebas a la presente demanda.
  • A lo anterior resulta aplicable las siguientes tesis jurisprudenciales, emitidaspor los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación: No. Registro: 173,442 Tesis aislada Materia(s): Laboral Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007 Tesis: I.6o.T.308 L Página: 2366 SOCIOS O ASOCIADOS DE PERSONAS MORALES. SI EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN NO SE ENCUENTRA EL ELEMENTO SUBORDINACIÓN, SINO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE AQUÉLLAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES. Si del acta constitutiva de una persona moral exhibida en el procedimiento laboral se advierte que la actora es asociada fundadora y secretaria del consejo directivo, por lo que se encuentra vinculada a los resultados económicos de la empresa, es inconcuso que no puede tener la calidad de trabajadora por la circunstancia de que entre sus obligaciones como secretaria del consejo directivo se encuentre la de "auxiliar al presidente en las funciones y actividades que éste le encomiende", porque ello no se equipara al elemento esencial de una relación de trabajo, como es la subordinación, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, en términos del artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que establece como obligación de los trabajadores la de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad se encuentra subordinado en todo lo concerniente al trabajo, sino que esa obligación de auxiliar al presidente es en su carácter de asociada, es decir, como parte de la estructura de la propia asociación. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 7566/2006. Linda Lorena Ibarra García. 7 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda. No. Registro: 217,911 Tesis aislada Materia(s): Laboral Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación X, Noviembre de 1992 Tesis: Página: 245 COOPERATIVA DE PRODUCCION, SUS SOCIOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS TRABAJADORES DE LA MISMA. Si la sociedad cooperativa acredita que el demandante tiene la calidad de socio de la misma, éste no puede alegar que además tenga el carácter de trabajador, en virtud de que de acuerdo a lo que dispone el artículo 56 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, los socios deben contribuir con su trabajo para lograr el objetivo de la sociedad, es decir, que el servicio que le prestan sus socios no es como consecuencia de una relación laboral, sino como resultado de la obligación inherente a su calidad de socios cooperativistas. Por tanto, debe concluirse que no se dan los supuestos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo para que puedan ser considerados como trabajadores de la cooperativa. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Revisión fiscal 20/92. Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. Reitera criterio de la tesis publicada en la página 1597 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tomo V COM-DEM. No. Registro: 243,652 Tesis aislada
  • Materia(s): Laboral Séptima Época Instancia: Cuarta Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 76 Quinta Parte Tesis: Página: 24 SOCIOS, CUANDO TIENEN EL CARACTER DE TRABAJADORES LOS, DE UNA SOCIEDAD. Los miembros de una sociedad sólo pueden ser considerados como trabajadores cuando no formen parte integrante de la empresa y no estén vinculados a los resultados económicos de la actividad misma. Amparo directo 5420/74. Francisco Gómez Campos. 23 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.Así las cosas, y toda vez que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68del Código Fiscal de la Federación mi mandante manifestó que no cuenta contrabajadores, y que por lo tanto la determinación de la Participación de losTrabajadores en las Utilidades devienen en ilegal, corresponde a la autoridaddemandada la obligación de probar tal circunstancia, la cual es jurídica ymaterialmente imposible en virtud de que no se pueden probar los hechosnegativos.En la especie, el referido numeral señala: Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.Asimismo, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: Quinta Época. Instancia: Sala Regional del Noroeste I (Tijuana, B.C.) R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001. Tesis: V-TASR-XXV-19 Página: 179 ARTÍCULO 68, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- ALCANCES Y CONSECUENCIAS.- De conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos de autoridad gozan de una presunción de legalidad; es decir, se presumen válidos a menos que se demuestre su ilegalidad. A su vez, en términos del propio numeral, el particular afectado por un acto administrativo puede negar lisa y llanamente los hechos en que se sustenta el acto y, de esta manera, revertir la carga procesal a la autoridad para que demuestre tales hechos. Sin embargo, esta regla general tiene sus excepciones, una vez fijada la contención, ya que el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles obliga al que niega, a probar sus pretensiones cuando su negativa envuelva la afirmación de otro hecho, o cuando pretenda desconocer la presunción legal que tenga a su favor el colitigante y/o cuando se desconozca la capacidad. De esta suerte, en torno a las diferentes hipótesis derivadas del artículo 68 del Código Fiscal, podemos considerar cuatro supuestos generales, con algunas variantes, a saber: 1.- el particular no desvirtúa los hechos del acto administrativo ni los niega lisa y llanamente; en este caso la presunción de legalidad del acto subsiste; 2.- el particular niega lisa y llanamente los hechos, pero la autoridad aporta medios de prueba que sustentan el acto; en esta hipótesis se dan dos variantes: 2.1.- la primer variante es el silencio del particular ante las pruebas de la autoridad: en este caso subsiste la presunción de la legalidad del acto; 2.2.- el particular
  • combate las pruebas de la autoridad: el resultado dependerá del alcance de la autoridad y/o de las objeciones del particular; 3.- el particular niega lisa y llanamente los hechos del acto y la autoridad es omisa en aportar las pruebas. Salvo que la negativa del particular envuelva la afirmación de un hecho, la nulidad del acto será evidente. 4.- Finalmente, el particular niega lisa y llanamente los hechos del acto administrativo, pero su negativa implica la afirmación de otro o varios hechos: en este caso, la carga de la prueba es del particular, respecto de los hechos que encierra su negativa. (18) Juicio No. 1023/99-01-02-1.- Sentencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste, de 30 de junio del 2000, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretaria: Lic. Eréndira Negrete Flores. (El realce es nuestro).En ese sentido, resulta del todo ilegal las resoluciones que hoy se impugnan,ya que a través de las mismas, la autoridad demandada pretende imponer ami representada una obligación que no le corresponde, basando su actuarúnicamente en la determinación de la Renta Gravable, sin cerciorarse queefectivamente le era aplicable la determinación de un pago por concepto deReparto de Utilidades, pues para que dicha determinación estuviera ajustada aderecho, mi representada tendría que contar con trabajadores a su cargo,situación que no se actualiza en el presente caso, por lo que esa H. Sala podráobservar la evidente ilegalidad de la resolución que se impugna, existiendo loselementos necesarios para que se declare la nulidad lisa y llana de la misma,de conformidad con el artículo 51 fracción IV, en relación con el diverso 52,fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.Ahora bien, suponiendo sin conceder, se considerara que mi representadacuenta con trabajadores a su cargo, es importante mencionar que el artículo16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue declarado inconstitucional porJurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que acontinuación se transcribe: Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXII, Octubre de 2005 Tesis: P./J. 114/2005 Página: 7 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002). Los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, al obligar a la quejosa a determinar y pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas sobre una "renta gravable" que no representa las ganancias o la utilidad fiscal
  • neta que aquélla percibió en el ejercicio fiscal, violan el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se desprende que la base para el cálculo de dicha prestación es la utilidad fiscal prevista en el artículo 10 de la ley citada, la cual se obtiene de restar las deducciones autorizadas del total de ingresos. Ello, porque los referidos artículos 16 y 17, último párrafo, señalan lineamientos distintos a los establecidos en el artículo 10 para el cálculo de la utilidad fiscal, lo cual origina que exista una base de participación en las utilidades empresariales que contraviene lo dispuesto en la norma constitucional citada. Amparo en revisión 77/2004. Cargill Servicios, S. de R.L. de C.V. 3 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Amparo en revisión 244/2004. Inmobiliaria Tamuín, S.A. de C.V. 3 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Amparo en revisión 388/2004. Servicios Administrativos Wal Mart, S. de R.L. de C.V. 3 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Amparo en revisión 398/2005. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero. 3 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo directo en revisión 1029/2005. Seguros Prodins, S.A. de C.V. 26 de septiembre de 2005. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. El Tribunal Pleno, el veintiséis de septiembre en curso, aprobó, con el número 114/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de septiembre de dos mil cinco.Criterio resuelto en el mismo sentido que la Jurisprudencia de la SupremaCorte de Justicia de la Nación antes transcrita, aparecen publicados en elSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mismos que también fueronsustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lossiguientes términos: Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X, Agosto de 1999 Tesis: P./J. 76/99 Página: 21 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. RENTA. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El precepto legal mencionado viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que el legislador federal carece de facultades para establecer que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pueda ser determinada sobre una base diversa a la señalada en el artículo 10 de la ley mencionada, es decir, distinta a la utilidad fiscal del contribuyente, contrariando así las garantías de fundamentación y motivación que se contienen en ese precepto constitucional, pues la materia de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, no requiere ser jurídicamente regulada, al existir desde el inicio de la vigencia del artículo 123 constitucional, el artículo 10 -o sus equivalentes- de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que regula la utilidad o renta gravable de las personas morales para tomarse como base para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Amparo en revisión 2077/97. Casa de Bolsa Santander México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 3019/97. Societé Generale México, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel
  • Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 3041/97. Procter & Gamble de México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: José Manuel Villeda Ayala. Amparo en revisión 3281/97. Chase Manhattan Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Chase. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: José Manuel Villeda Ayala. Amparo en revisión 575/98. Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 76/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Junio de 1999 Tesis: P./J. 48/99 Página: 6 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRARÍA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN, AL ESTABLECER UNA RENTA GRAVABLE DIVERSA A LA PREVISTA EN ÉSTE. Establece la norma constitucional que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta norma, que rige desde el 21 de noviembre de 1962, en que se publicó la reforma correspondiente, se refiere a la utilidad gravable que en ese año establecía el artículo 26 de la ley citada y que ahora se contiene bajo el concepto de utilidad fiscal en el artículo 10 de la misma. Por tanto, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer un procedimiento y conceptos diversos a los contemplados en el artículo 10, a fin de obtener la renta gravable para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y que arroja un resultado diferente al que se obtiene aplicando el procedimiento previsto para la determinación de la utilidad fiscal, viola la norma constitucional, máxime que ello implica obligar al patrón a participar a sus trabajadores de una utilidad diferente a la gravada por el impuesto sobre la renta y, por ende, distinta a su capacidad contributiva reflejada en la renta neta o utilidad obtenida de restar a los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas. Amparo en revisión 971/97. Afianzadora Inverméxico, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 1921/97. Inverméxico, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2077/97. Casa de Bolsa Santander México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 2188/97. Banco Santander de Negocios México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. Amparo en revisión 3019/97. Societé Generale México, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número 48/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.Como podrá apreciar ese H. Órgano Colegiado de los argumentos hasta aquíexpuestos, se desprende que el razonamiento y el punto jurídico por los cuales
  • la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara vía jurisprudencia lainconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sonlos siguientes:a) Que del artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que labase para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades delas empresas es la utilidad fiscal prevista en el artículo 10 de la Ley delImpuesto sobre la Renta.b) Que dicha utilidad fiscal se obtiene, en términos generales, de restar lasdeducciones autorizadas del total de ingresos.c) Que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al obligar adeterminar y pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de lasempresas sobre una renta gravable que no representa las ganancias o lautilidad fiscal neta que las empresas perciben en el ejercicio fiscal, viola elartículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.Por lo antes expuesto, es que esa H. Sala Regional del Tribunal Federal deJusticia Fiscal y Administrativa debe declarar la nulidad de la resoluciónimpugnada respecto de la parte que se solicita, aplicando por analogía lajurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de laNación que declara inconstitucional el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobrela Renta transcrita anteriormente, pues de la misma se deriva la ilegalfundamentación del acto impugnado.Es importante resaltar que resulta perfectamente legal la aplicación poranalogía o equiparación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justiciade la Nación si como en el presente caso los razonamientos jurídicos que secontienen en la jurisprudencia y el punto jurídico es exactamente igual a lalitis en el presente Juicio Contencioso; así se ha pronunciado vía jurisprudenciael Poder Judicial de la Federación, misma que a continuación se reproduce yque resulta de aplicación obligatoria para ese H. Tribunal Administrativo entérminos del artículo 193 de la Ley de Amparo de aplicación supletoria. Novena Epoca Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Junio de 1999 Tesis: VIII.2o. J/26 Página: 837 ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Es infundado que las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas, no puedan ser aplicadas por
  • analogía o equiparación, ya que el artículo 14 constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Amparo en revisión 236/93. Comisariado Ejidal del Poblado J. Guadalupe Rodríguez, Municipio de Nazas, Durango. 2 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretario: Alberto Caldera Macías. Amparo en revisión (improcedencia) 521/95. Sara Martha Ramos Aguirre. 7 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa. Amparo en revisión 431/97. Manuel Fernández Fernández. 15 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. Amparo directo 466/98. Laura Esther Pruneda Barrera. 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretaria: Martha Alejandra González Ramos. Amparo en revisión 661/98. Ricardo Garduño González. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.Con base en lo anterior, resulta jurídicamente viable concluir que alfundamentar la autoridad demandada su resolución en un precepto a todasluces inconstitucional (también interpretado de esa forma por nuestro MáximoTribunal), imponiendo a mi representada la obligación de repartir utilidades asus trabajadores sobre una base gravable que no refleja su verdaderacapacidad contributiva, atenta contra el principio de legalidad establecido en elartículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,adoptado por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.En virtud de lo anterior es que procede declarar la nulidad de la resolución quepor esta vía contenciosa administrativa se combate, toda vez que se dejaronde aplicar debidamente las disposiciones aplicables al caso, como lo es elartículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual se establece unprocedimiento diverso para efectos de determinar la base gravable, lo que traecomo consecuencia, una indebida fundamentación de la resolución impugnada,violando así los artículos 16 Constitucional, 38, fracción IV del Código Fiscal dela Federación, y 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con elartículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el contenido delartículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha sido declaradoinconstitucional por Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de laNación y no obstante ello, la autoridad demandada al emitir su resolución,fundamenta su resolución en dicho dispositivo.Es importante hacer notar a esa H. Sala Juzgadora que la inconstitucionalidaddel artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta declarada vía
  • jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación deviene de laviolación al artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer un procedimientodistinto para determinar la base gravable para efectos del cálculo de laparticipación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que obligaal patrón a participar a sus trabajadores de una utilidad diferente a la gravadapor el impuesto sobre la renta y por ende, ésta es distinta a su capacidadcontributivaPosiblemente la representación fiscal pretenderá aducir que ese H. TribunalFederal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para resolversobre temas de inconstitucionalidad de leyes o preceptos, argumentando queese H. Órgano Colegiado únicamente debe limitarse a estudiar la legalidad oilegalidad de actos administrativos; por lo tanto, merece la pena exponer losiguiente:Es importante señalar que esa H. Sala Regional del Tribunal Federal de JusticiaFiscal y Administrativa, al dictar su fallo sobre la nulidad de la resoluciónimpugnada por las razones legales anteriormente expuestas, no estarárealizando estudio alguno sobre cuestiones relacionadas con laconstitucionalidad de algún precepto jurídico, ya que por un lado, es por todosconocido en nuestro sistema de derecho que tal tarea se encuentracomisionada a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, y por otrolado, el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya ha sidodeclarado contrario a la Carta Magna por parte del Pleno de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, jurisprudencia que debe ser aplicada por analogía alcaso concreto, y por esta simple razón, obviamente no sería ese H. ÓrganoColegiado quien estaría declarando inconstitucional el multicitado precepto, yaque el estudio y determinación de su inconstitucionalidad lo realizó la SupremaCorte de Justicia de la Nación.En este sentido, esa H. Sala Juzgadora únicamente estaría aplicando laJurisprudencia que en términos del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparodebe tomar en consideración al momento de emitir sus fallos, más no estaríaresolviendo cuestiones de inconstitucionalidad de leyes o preceptos cuyacompetencia es de Tribunales pertenecientes al Poder Judicial de laFederación.En esa tesitura, los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo señalan losiguiente: “Artículo 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en
  • Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.” “Artículo 193.- La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales. ...” (El realce es nuestro)De la transcripción antes señalada, se desprende que los Tribunales del orden“Administrativo” están obligados a la aplicación de la Jurisprudencia delMáximo Tribunal de la República, carácter que sin lugar a dudas es inherente aesa H. Sala Regional, según se define en el artículo 1º de la Ley Orgánica delTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los siguientes términos: “Artículo 1º: El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.”En este orden de ideas, y conforme al sistema de competencias que establecela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 103,105, fracciones I y II, y 107 fracciones VII, VIII y IX, se conoce que en nuestrorégimen jurídico es facultad reservada del Poder Judicial de la Federación, elanálisis de la constitucionalidad o no de las disposiciones legales, así comohacer la interpretación directa de los propios preceptos constitucionales, lo quesin lugar a dudas excluye a otros órganos jurisdiccionales de esa competencia,entre ellos ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sinembargo, dicha circunstancia jurídica no le impide a esa H. Sala Regionalarribar a la conclusión de que determinado acto administrativo es ilegalcuando el mismo se apoye en disposiciones inconstitucionales quepreviamente fueron declaradas violatorias del Mandato Constitucional por losTribunales Judiciales Federales, en cuyo caso, conforme a los citadosnumerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, ese H. Tribunal simplementecumpliría con su deber u obligación de acatar la jurisprudencia de la SupremaCorte de Justicia de la Nación en términos de dichos dispositivos legales, sin
  • que tal cumplimiento implique de manera alguna el pronunciamiento ointerpretación constitucional de un artículo, pues se reitera que esa H. Sala delConocimiento únicamente estaría aplicando una Jurisprudencia y nodeterminando el alcance del precepto legal que se tilda contraventor a la LeyFundamental, situación que evidentemente se traduce en un aspecto de meralegalidad al verse transgredido el artículo 38 fracción III del CódigoImpositivo, en el sentido de que el acto administrativo se fundamenta conapoyo a un precepto que previamente fue calificado de inconstitucional pornuestra Suprema Corte de Justicia.Para robustecer lo anterior, es preciso citar el Precedente dictado porunanimidad de votos del Pleno de la Sala Superior de ese H. Tribunal Federalde Justicia Fiscal y Administrativa, que apareció publicado a página 28 de larevista que edita dicho Tribunal correspondiente al mes de Junio de 2003, enlos siguientes términos: INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO.- SU DECLARATORIA CONDUCE A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA QUE LA CITA COMO FUNDAMENTO.- Si bien es cierto que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene efectos derogatorios, y por ende, cualquier precepto legal que haya sido declarado inconstitucional por nuestro máximo Tribunal no pierde su vigencia en tanto no se siga el procedimiento legislativo correspondiente, por lo que la autoridad administrativa puede aplicar dicha disposición mientras no se derogue, no menos cierto es que al tenor del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta obligatoria para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, razón por la que si la parte actora esgrime en juicio que la resolución impugnada es ilegal porque se fundamenta en un precepto que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia, este Tribunal, en cumplimiento a la disposición de la Ley de Amparo en comento, debe acatar la jurisprudencia relativa y declarar la nulidad de la resolución impugnada. (2) Juicio No. 2098/00-11-03-9/724/00-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de junio de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta. (tesis aprobada en sesión de 18 de noviembre de 2002) FUENTE: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, correspondiente al mes de junio de 2003.A efecto de otorgar un mayor soporte jurídico al argumento anterior, tambiénes conveniente tomar en cuenta la interpretación que al efecto ha sostenido laSala Superior del antes H. Tribunal Fiscal de la Federación:
  • MULTAS.- SU NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD.-Cuando se invoque una Jurisprudencia establecida por laSuprema Corte de Justicia de la Nación en apoyo de uno de losconceptos de impugnación hechos valer en la demanda denulidad, y ésta sea efectivamente aplicable al puntocuestionado, el Tribunal Fiscal de la Federación está obligado asu acatamiento en los términos previstos por el artículo 192 dela Ley de Amparo, sin que ello implique pronunciarse sobre laconstitucionalidad de un acto administrativo, sino sólo sobre sulegalidad, tomando en cuenta para ello los preceptos normativosque los sustentan; luego entonces, cuando como en el caso sealega que los montos fijos en multas ya han sido declaradosinconstitucionales por Jurisprudencia firme del poder Judicial yse advierte que en la resolución impugnada se establecieronprecisamente multas fijas, siendo esto alegado por el actor en eljuicio, procede declarar su nulidad, por tener ésta su sustentoen preceptos legales estimados como inconstitucionales porórgano competente, y en observancia a lo previsto en la Ley deAmparo como norma adjetiva superior. (4)III-PS-I-95Recursos de Apelación No. 100(A)-I-361/96/906/95.- Resueltopor la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal dela Federación, en sesión de 8 de abril de 1997, por mayoría de 4votos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica deLamadrid.- Secretaria: Lic. Rosana E. de la Peña Adame. (tesisaprobada en sesión privada del 13 de junio de 1997).PRECEDENTES:III-PS-I-83Recurso de Apelación No. 100(A)-I.380/93/1096/95.- Resueltopor la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal dela Federación, en sesión de 22 de abril de 1997, por mayoría de4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: María delConsuelo Villalobos ortiz.- Secretario: Lic. Roberto Bravo Pérez.(Tesis aprobada en sesión privada del 6 de junio de 1997.)III-PSI-84Recurso de Apelación No. 100(A).I-370/96/900/95.- Resueltopor la Primera Sección de la Sala Superior del tribunal Fiscal dela Federación, en sesión de 22 de abril de 1997, por mayoría de4 votos a favor de la ponencia y 1 parcialmente en contra.-Magistrado ponente: María del Consuelo Villalobos Ortiz.-Secretario: Lic. Roberto Bravo Pérez. (Tesis aprobada en sesiónprivada del 6 de junio de 1997).III-PS-I-85Recurso de Apelación No. 100(A)-I-645-96/1101/95.- Resueltopor la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal dela Federación, en sesión de 22 de abril de 1997, por mayoría de4 votos de la ponencia y 1 parcialmente en contra.- MagistradaPonente: María del Consuelo Villalobos Ortiz.- Secretario:Roberto Bravo Pérez. (Tesis aprobada en sesión Privada del 6de junio de 1997).III-PS-I-86Recurso de Apelación No. 100(A)-I-660/96/901/95.- Resueltopor la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal dela Federación, en sesión de 22 de abril de 1997, por mayoría de4 votos a favor de la ponencia y 1 parcialmente en contra.-Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortiz.-Secretario: Lic. Roberto Bravo Pérez. (Tesis aprobada en sesiónprivada del 6 de junio de 1997).
  • Tesis de Jurisprudencia aprobada en sesión privada del 30 de enero de 1998.Al respecto, a continuación se transcribe la Jurisprudencia del SegundoTribunal Colegiado en Materia Administrativa del Octavo Circuito, publicada enel Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999,Novena Época, página 810, que a la letra señala lo siguiente: TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CASOS EN QUE POR EXCEPCIÓN PUEDE CONOCER DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS ADMINISTRATIVOS. Conforme al sistema de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 103, 104, fracción V, 105, fracciones I y II, y 107, fracciones VII, VIII y IX, es facultad reservada al Poder Judicial de la Federación, el análisis de la constitucionalidad o no de las disposiciones legales, así como hacer la interpretación directa de los preceptos constitucionales, lo que excluye a otros órganos jurisdiccionales de esa competencia, dentro de los que se encuentran el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que éste solo puede llegar a la conclusión de que determinado acto administrativo o fiscal es inconstitucional en los casos de excepción siguientes: a) que la interpretación constitucional de los preceptos impugnados haya sido establecida previamente por los tribunales de amparo en tesis jurisprudencial, en cuyo caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, el Tribunal Fiscal de la Federación está obligado a acatarla, pero tal cumplimiento no implica en modo alguno interpretación constitucional, ya que únicamente se trata de la aplicación de la jurisprudencia, pues no está determinando motu propio el alcance del precepto legal que se tilda como contraventor a la Carta Magna, sino que únicamente cumple con la obligación de acatar la jurisprudencia, lo que deriva en un aspecto de legalidad; lo anterior, siempre y cuando el criterio de la jurisprudencia sea aplicable exactamente al caso de que se trata, sin requerir de mayor estudio o de la expresión de diversos argumentos que los contenidos en la tesis relativa, pues, en tal caso, ya se está frente al análisis constitucional de la ley o artículo impugnados; y b) cuando el análisis constitucional sea en relación a violaciones procedimentales o formales, pues tal aspecto está permitido por el artículo 238, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, como una facultad ordinaria conferida al Tribunal Fiscal de la Federación con el propósito fundamental de controlar la legalidad de los actos administrativos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Revisión fiscal 467/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 11 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Eías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. Revisión fiscal 791/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración
  • Tributaria y de las autoridades demandadas. 11 de febrero de1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.Secretario: Rodolfo Castro León.Revisión fiscal 952/98. Administrador Local Jurídico de Ingresosde Torreón, en representación del Secretario de Hacienda yCrédito Público, del Presidente del Servicio de AdministraciónTributaria y de las autoridades demandadas. 25 de marzo de1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón.Secretario: Alberto Caldera Macías.Revisión fiscal 794/98. Administrador Local Jurídico de Ingresosde Torreón, en representación del Secretario de Hacienda yCrédito Público, del Presidente del Servicio de AdministraciónTributaria y de las autoridades demandadas. 15 de abril de1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Alvares Torres.Secretario: Antonio López Padilla.Revisión fiscal 838/98. Administrador Local Jurídico de Ingresosde Torreón, en representación del Secretario de Hacienda yCrédito Público, del Presidente del Servicio de AdministraciónTributaria y de las autoridades demandadas. 15 de abril de1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón.Secretario: Alberto Caldera Macías.Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, página 757, tesis968, de rubro: “TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDOPUEDE CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ACTOADMINISTRATIVO.JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL DE LAFEDERACION, AUN TRATÁNDOSE DE TEMAS DEINCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- El artículo 192 de laLey de Amparo en su primer párrafo dispone: “La jurisprudenciaque establezca la Suprema Corte de Jurisprudencia queestablezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno oen salas, es obligatoria para éstas en trantándose de la quedecrete el Pleno y además para los Tribunales Militares yJudiciales del orden común, los Estados y el Distrito Federal yTribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales”.Siendo el Tribunal Fiscal de la Federación un TribunalAdminstrativo, es claro que está obligado a acatar lajurisprudencia de nuestra Suprema Corte, tal comoexpresamente lo ordena el precepto de referencia; y aúncuando los temas de inconstitucionalidad de leyes son decompetencia exclusiva de los órganos del Poder Judicial Federal,la jurisprudencia que al respecto emita la Suprema Corte deJusticia, es obligatoria también para los tribunalesadministrativos, pues la Ley no hace excepción alguna; sin queello signifique que al practicarlas tales tribunales alteren y seexcedan en su competencia, pues no están pronunciándosesobre inconstitucionalidad de leyes, sino únicamente resolviendoque un acto de autoridad se encuentra indebidamente fundado,al apoyarse en una Ley o precepto declarado inconstitucional porel más alto Tribunal.Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del PrimerCircuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación delmes de Julio de 1992, p.378.
  • JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARALAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LAFEDERACION, ESTAS DEBERAN RESOLVER LA CUESTIONPLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA DEFINIDOSJURISPRUDENCIALMENTE. Si bien los aspectos deconstitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía deamparo, lo cierto es que a la responsable nada le impidepronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico,cuando tal planteamiento se apoya en una tesis dejurisprudencia exactamente aplicable a la hipotésis concretasometida a su consideración, de donde sólo puede entendersecumplida su función jurisdiccional al llevar al caso a estudio elrazonamiento propio del criterio invocado declarando así sunulidad, sin que tal subsunción normativa pueda considerarsecomo un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello,tan sólo significaría que observó el contenido del numeral 192de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que la vigencia de estadisposición no puede quedar supeditada a la consideración de laresponsable de que aun y cuando cierto aspecto jurídico hayasido abordado por la jurisprudencia o incluso, declaradainconstitucional una disposición legal, decidiera no pronunciarsebajo la premisa de que al hacerlo invadiría facultades que leestán vedadas; al contrario, su función jurisdiccional se reduce adeclarar la nulidad del acto que fue combatido, simplemente conla aplicación del criterio jurisprudencial al asunto sometido a sudecisión, esto es, sin evasivas de la litis resolverá la cuestiónefectivamente planteada mediante la comprobación de que eltema ya definido por la jurisprudencia, coincide o no con elpunto en controversia, tarea que de ninguna manera significaasumir directamente el conocimiento de apreciar laconstitucionalidad de un acto concreto, pues sobre ese tema noemitirá opinión alguna.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.Amparo directo 331/98. Miguel Hernando Barbosa Calderón. 27de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: AlbertoPérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos.Revisión Fiscal 57/2000.- Administrador Local Jurídico deIngresos de Mérida.- 21 de mayo de 2001.- Unanimidad deVotos.- Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de Tribunalautorizado por el Consejo de la Judicatura Federal paradesempeñar las funciones de Magistrado.- Secretario: RogerBaquedano López.Revisión fiscal 59/2000.- Administrador Local Jurídico deIngresos de Mérida.- 6 de junio de 2001.- Unanimidad deVotos.- Ponente: Gabriel Alonso Ayala Quiñónez.- Secretaria:Gilda Susana Sánchez Molina.Revisión fiscal 58/2000.- Administrador Local Jurídico deIngresos de Mérida, en representación del Secretario deHacienda y Crédito Público y otras.- 20 de junio de 2001.Unanimidad de votos.- Ponente: Rafael Quero Mijangos,secretario de Tribunal autorizado por el Consejo de la JudicaturaFederal para desempeñar las funciones de Magistrado.Secretaria: Juliana Martínez Cerda.Revisión Fiscal 62/2000.- Administrador Local Jurídico deIngresos de Mérida.- 15 de agosto de 2001.- Unanimidad devotos.- Ponente: Germán Escalante Aguilar, secretario detribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para
  • desempeñar las funciones de Magistrado.- Secretaria: MaríaElena Valencia Solís.LEY DE AMPARO. CASO EN QUE LA SALA REGIONAL DELTRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION ESTA OBLIGADA AOBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA QUE DECLARO LAINCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SIN QUE ELLOIMPLIQUE INVASION A LA COMPETENCIA RESERVADA ALFUERO FEDERAL. APLICACIÓN DEL ARTICULO 192 DE LA.El artículo 192 de la Ley de Amparo, establece que lajurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte deJusticia de la Nación es obligatoria para las Salas, los TribunalesUnitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, lostribunales militares y judiciales del orden común de los Estadosy del Distrito Federal; tribunales administrativos y del trabajo,locales y federales. Por tanto, cuando el pleno de la SupremaCorte de justicia de la Nación en jurisprudencia ha resuelto queun precepto es inconstitucional, la Sala respectiva está obligadaa resolver y declarar fundado, en su caso, el concepto deanulación que se haga valer al respecto, en debida observanciaa lo dispuesto por el citado precepto, sin que, por ello, se estimeque invade la competencia reservada al fuero federal, deconocer sobre inconstitucionalidad, pues lo único que estaríahaciendo con dicha conducta, es acatar, como es su obligación,la jurisprudencia emitida por el más alto Tribunal de laRepública.CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVADEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 1774/ 92. Banoro, S. C.N. 14 de mayo de 1992.Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero.Secretario: José Luis Fuentes Reyes.Octava Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, SemanarioJudicial de la Federación, Tomo: X, Octubre, Página 367.JURISPRUDENCIA, OBLIGATORIEDAD DE LA. El artículo192 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia queestablezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno,sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentosfederales o locales y tratados internacionales celebrados por elEstado Mexicano, es obligatoria tanto para ella, como para lasSalas que la componen, los Tribunales Unitarios y Colegiados deCircuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judicialesdel orden común de los Estados, Distrito y Territorios Federalesy Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales.El artículo 193 del mismo ordenamiento legal tiene idénticocontenido que el anterior, solamente que se refiere a las Salasde este Alto Tribunal; de ahí que únicamente en el caso de quela Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitidojurisprudencia estableciendo que una ley ordinaria es contraria ala Constitución, los tribunales del orden común deben dejar deaplicarla en acatamiento a dicha jurisprudencia.Amparo en revisión 2230/ 70. Marcelino de la Garza Quintanillay Antonia Quintanilla de la Garza. 8 de junio de 1972.Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.Quinta Epoca:Tomo XLVI, pág. 947. Amparo administrativo en revisión 2873/33/ 2ª. Cía. Mexicana de Bienes Inmuebles, S.A. 14 de octubrede 1935. Unanimidad de 4 votos.*
  • Tomo XLV, pág. 2042. Amparo administrativo en revisión 3323/ 31/ 1ª. Núñez de Quintana María. 1º. de agosto de 1935. 5 votos. Relator: Agustín Gómez Campos. Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 42 Cuarta Parte, Página 77. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte es obligatoria para el Tribunal Fiscal de la Federación. La naturaleza eminentemente jurisdiccional de las funciones que realiza dicho tribunal administrativo, el régimen de derecho que debe presidir al ejercicio de sus atribuciones y el pronunciamiento de sus sentencias, así como la subordinación jerárquica en que ha quedado colocado respecto a esta Suprema Corte mediante la institución de un recurso de revisión de sus mencionadas sentencias, implican la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Si el Tribunal Fiscal se apartara de la interpretación establecida por la Corte, quebrantaría un principio de economía procesal y determinaría dilaciones del procedimiento nocivas para los intereses de las partes y un recargo indebido de las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo demás, el mismo Código Fiscal reconoce tácitamente el carácter obligatorio de la jurisprudencia de la Corte cuando autoriza a la Procuraduría Fiscal o a sus agentes para formular pedimento en el sentido de que se pronuncie sentencia favorable al actor cuando se invoque una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instituida en cuestiones idénticas a las que se controviertan. Sólo existe agravio cuando alguna de las partes sufre un perjuicio en sus intereses jurídicos con motivo de la violación de la ley; mas la sujeción de un tribunal inferior a la jurisprudencia de la Suprema Corte implica cabalmente el cumplimiento de la ley, a menos que la hipótesis contemplada concretamente en el juicio rebasara el ámbito de la jurisprudencia. Si bien es cierto que el artículo 193 bis de la ley reglamentaria del juicio de amparo, declara obligatoria la jurisprudencia para tribunales judiciales federales y de los Estados y Juntas de Conciliación y Arbitraje, dado el carácter de tribunales orgánicamente administrativos inherente a estas últimas, es aplicable, por evidente analogía, al caso del Tribunal Fiscal de la Federación. Revisión fiscal 304/ 54. Procuraduría Fiscal de la Federación (Arroniz Castro Manuel). 25 de agosto de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Rivera. Quinta Época, Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXV, Página 1685.De la misma manera, ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa debe considerar que el Pleno de la Suprema Corte de Justiciade la Nación resolvió la contradicción de tesis 6/2002, denunciada por elAdministrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes y sustentadaentre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del PrimerCircuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa delPrimer Circuito, y que a continuación se reproduce y por medio de la cual sepronuncia en el sentido de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
  • Administrativa tiene el deber de aplicar la jurisprudencia sobreinconstitucionalidad de una Ley al juzgar la legalidad de una acto o resoluciónfundado en esa Ley: TESIS JURISPRUDENCIAL NÚM. 38/2002 (PLENO) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto 2002, página 5. JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que si al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión, se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le pone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación. Contradicción de tesis 6/2002.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del Décimo Cuarto Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito.- 26 de agosto de 2002.- Unanimidad de diez votos (Ausente Juventino V. Castro y Castro).- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.
  • LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, - - - - C E R T I F I C A : - - - - - - - - - - - - - - Que el Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de agosto en curso, aprobó, con el número 38/2002, la tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a veintinueve de agosto de dos mil dos. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto 2002, p.5.En atención a las jurisprudencias previamente transcritas, y en relación con lajurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citadaanteriormente que ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 16 de laLey del Impuesto sobre la Renta, se solicita respetuosamente a esa H. Sala delConocimiento declarar la nulidad del apartado correspondiente al Reparto deUtilidades contenido en la resolución impugnada por ser contrario a lodispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y a la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.DECIMO.- Procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, en virtudde que la autoridad demandada aplica indebidamente en perjuicio de mirepresentada lo dispuesto por el artículo 76, primer párrafo, fracción II, 81,fracción II y 82, fracción II, inciso e) todos del Código Fiscal de la Federaciónvigente en el ejercicio de 2006.Así pues, Como es del conocimiento de ese H. Órgano Colegiado, laimposición de las multas fiscales debe cumplir con los requisitos que acontinuación se señalan: • La existencia de una norma fiscal que ordene o prohíba cierta conducta. • Que el sujeto obligado por dicha norma adopte una conducta contraria a lo que establecen. • La propia norma u otra debe tipificar la falta fiscal, señalando que la comisión de esa conducta constituye infracción. • La multa debe estar expresamente prevista. • Su monto debe oscilar dentro de los parámetros fijados en la ley. • La autoridad sancionadora, debe señalar razones, motivos, consideraciones y situaciones de hecho y derecho que la llevaron a esa determinación.En principio de cuentas, y como ya ha quedado acreditado mi representada noefectuó la conducta infractora, en virtud de que, no omitió declarar ingresoalguno para efectos del impuesto sobre la renta, en virtud de que ha quedado
  • debidamente acreditado a través de la presente demanda que el deposito encantidad de $19’700,000.00 que recibió mi mandante fue una aportación alcapital realizada por sus socias las C.C. ______ y ______, por lo que es claroque mi representada no cometió la conducta infractora que pretendeimputarle la autoridad hacendaria.En otro orden de ideas, y suponiendo sin conceder que mi mandante hubieraincurrido en la supuesta conducta infractora, en la especie, la aplicación delartículo 76, fracción II del Código Fiscal de la Federación resulta violatoria delo dispuesto por el artículo 22 Constitucional que prohíbe la imposición demultas excesivas.En la especie los señalados numerales disponen: “Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales, mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, se aplicarán las siguientes multas: I… II.- Del 50% al 100% de las contribuciones omitidas, actualizadas, en los demás casos; ...” “Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multa, ni el decomiso de los bienes en casos de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. (El realce es nuestro)Así pues, es evidente que las multas ilegalmente determinadas a mirepresentada resultan excesivas, al tener como fundamento el artículo 76,fracción II del Código Fiscal de la Federación, pues para su determinación, laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, únicamente consideró losmontos de las contribuciones omitidas, sin tomar en cuenta otros elementoscomo son: la capacidad económica, la reincidencia, la conducta del infractor yen general cualquier elemento del que pueda inferirse la gravedad o no delhecho infractor.El referido numeral solamente considera como elemento para la determinaciónde la multa el monto de la contribución omitida, sin tomar en cuenta otroselementos, como son la capacidad económica, la reincidencia, la conducta del
  • infractor y en general cualquier elemento del que pueda inferirse la gravedado no, del hecho infractor, lo que lo torna inconstitucional. En la especie resultaaplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de laFederación: “MULTA FISCAL. LA REFORMA AL ARTICULO 76 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO HACE DESAPARECER EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD.- Aun cuando por reforma que se efectuó al artículo 76 fracción II del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario oficial el 20 de julio de 1992, se modificó la multa fija del 100% de las contribuciones omitidas, y en su lugar se estableció la aplicación de una multa del 70% al 100% como mínimo y máximo, por la omisión total o parcial en el pago de contribuciones; de cualquier manera la sanción que contempla dicha norma contiene vicios que contrarían el artículo 22 de la Constitución Federal, pues a propósito de multas, el Máximo Tribunal de la República tiene establecido criterio jurisprudencial número P./J.9/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 1995, bajo la voz de “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE”. cuyo texto es el siguiente: “De la acepción gramatical del vocablo “excesiva”, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo ilícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos, por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga la posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para sí determinar individualmente la multa que corresponda; de consiguiente, si en la especie la propia norma fiscal limita a la autoridad a imponer la multa tomando en cuenta únicamente la contribución omitida, pero sin facultarla para que considere otros elementos, como lo son la capacidad económica, la reincidencia y la conducta del infractor, y en general cualquier elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, que determine particularmente la que corresponda entonces debe entenderse que dicha sanción presenta vicio de constitucionalidad a que se refiere el criterio jurisprudencial apuntado; no obstante de que la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación establezca ahora un porcentaje del 70% al 100% de las contribuciones omitidas como mínimo y máximo para su imposición; pues la infracción y el monto que por ésta deba pagarse, continúa apoyándose solamente en base a las contribuciones omitidas, sin establecer las reglas que para su imposición deben considerar las autoridades hacendarias, que como se dijo, deben consistir en la facultad de examinar la capacidad económica, la reincidencia y la conducta del infractor, así como cualquier elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor. Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. VIII. 1º. J/11
  • Amparo directo 351/96. Salant, S.A.. 3 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretaria: Susana García Martínez. Amparo directo 145/97. Raúl Chairez Martínez. 25 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretaria: Susana García Martínez. Amparo directo 251/97. Constructora e Inmobiliaria Remi, S.A. de C.V.. 3 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Miguel Negrete García. Amparo directo 804/97. Antonio Guerra Alarcón. 12 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretaria: Susana García Martínez. Amparo directo 654/97. María Teresa Miranda Swoulferverger. 22 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia Hidalgo Córdova. Secretario: Francisco Javier Rocca Valdez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, correspondiente al mes de mayo de 1998.”En la especie, resulta plenamente aplicable el anterior criterio jurisprudencial,dado que prevalece el señalado vicio de inconstitucionalidad en el artículo 76,fracción II del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio de 2006,en virtud de que no permite a la autoridad hacendaria considerar otroselementos en la determinación de la multa, tales como la capacidadeconómica e incidencia del contribuyente, la gravedad del hecho infractor o dela conducta infractora, sino que se limita a considerar únicamente el montode la contribución omitida, tornando la multa impuesta en términos de esenumeral en excesiva, al no tomar en cuenta la verdadera y real capacidadeconómica de los contribuyentes.En merito de lo aquí expuesto, esa H. Sala Fiscal y Administrativa podráconstatar la ilegalidad en que incurrió la autoridad demandada al confirmar lavalidez de la referida multa al emitir la resolución recaída al recurso derevocación, misma que por igual se impugna a través de esta vía, no obstanteque la resolución determinante del crédito fiscal impone a mi poderdantediversas multas con fundamento en un artículo que resulta a todas lucesinconstitucional al determinar sanciones excesivas a los contribuyentes.En virtud de lo anterior, lo que procede es que esa H. Sala Fiscal, confundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II de la Ley Federal delProcedimiento Contencioso Administrativo, declare la nulidad lisa y llana de laresolución impugnada, al actualizarse la causal de anulación prevista por lafracción IV, del artículo 51 del referido ordenamiento legal.DECIMO.- Procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, en virtudde que la autoridad demandada aplica indebidamente en perjuicio de mirepresentada lo dispuesto por los artículos 75, 81, fracción II y 82, fracción II,
  • inciso e) todos del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio de2006.La autoridad demandada ilegalmente fincó a mi mandante la multa previstapor el artículo 82, fracción II, inciso e) por ubicarse, a su consideración, en elsupuesto infractor previsto por el artículo 81, fracción II, del Código Fiscal dela Federación, numerales que a la letra señala: Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias: …//… II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. …//… Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81, se impondrán las siguientes multas: …//… II. Respecto de la señalada en la fracción II: …//… e) De $2,375.001 a $7,918.00,1 por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales. …//..De los anteriores numerales se desprende que se actualiza dicho supuesto deinfracción cuando el contribuyente presente sus declaraciones, solicitudes,avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales incompletos o conirregularidades cuando lo haga a través de los medios electrónicos que señalela Secretaría de Hacienda y Crédito.Sin embargo, como ha quedado acreditado mi representada no efectuó laconducta infractora, en virtud de que, por una parte, no omitió declararingreso alguno para efectos del impuesto sobre la renta, toda vez que haquedado debidamente acreditado a través de la presente demanda que eldeposito en cantidad de $19’700,000.00 que recibió mi mandante fue unaaportación al capital realizada por sus socias las C.C. _______ y _______, por
  • lo que es claro que mi representada no cometió la conducta infractora quepretende imputarle la autoridad hacendaria, y por la otra, no resultaprocedente el rechazo de las deducciones que ilegalmente determino laautoridad hacendaria, por lo que a todas luces la determinación de las multasresultan ilegales, en virtud de que en la especie mi mandante no se ubica enninguna de las conductas infractoras que ilegalmente pretende determinarle laautoridad demandada.Por su parte, el señalado artículo 75 del Código Fiscal de la Federación señala: Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente: …//… V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida. (El realce es nuestro)El artículo antes transcrito establece la mecánica que las autoridadesfiscales deben seguir para la determinación de las multas, atendiendo alcarácter de la infracción.Sin embargo, la determinación de la mencionada multa resulta ilegal, toda vezque la misma carece de los requisitos de debida fundamentación y motivaciónprevistos por el artículo 75 del Código Tributario Federal, toda vez que mimandante nunca cometió la conducta infractora, tal y como ha quedadodemostrado a lo largo del presente escrito, por lo que procede enconsecuencia la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución tal y comose demuestra con el criterio que se cita a continuación: Quinta Época. Instancia: Segunda Sección R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2003. Tesis: V-P-2aS-254 Página: 32 MULTA MÍNIMA.- PARA SU APLICACIÓN ES SUFICIENTE CON COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LA CONDUCTA INFRACTORA.-
  • Cuando en la legislación se contempla como sanción la imposición de multas a las que se señala un límite máximo y otro mínimo, para su determinación y aplicación la autoridad está obligada a tomar en cuenta elementos tales como la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia siempre que se trate de multas que sobrepasen el límite inferior establecido, pues cuando se aplica la multa mínima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en diversas Jurisprudencias que en este supuesto basta con comprobar la conducta infractora para tener acreditada la motivación, y citar la disposición legal en que se encuentra prevista la sanción, para que se cumpla con la fundamentación, sin que sea necesario señalar las razones que llevaron a la autoridad a imponer la multa mínima, por lo que el agravio en que se manifieste que no se razonó la imposición de la multa mínima debe ser declarado infundado si en la resolución impugnada aparece que se comprobó la existencia de la infracción y que a ésta correspondió la aplicación de una multa prevista en el ordenamiento legal de que se trate. (5) Juicio No. 11941/02-17-11-2/467/03-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de junio de 2003, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic Juan Francisco Villarreal Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 24 de junio de 2003)Del criterio antes transcrito se desprende que para determinar la procedenciade una multa basta con que la autoridad demandada compruebe la conductainfractora para que ésta pueda considerarse como suficientemente motivada,sin embargo en la especie, la autoridad demandada en momento alguno lograacreditar tal circunstancia, ya que, como ha quedado demostradofehacientemente mi mandante no incurrió en la conducta infractora.En apoyo de lo anterior, se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial: Registro No. 228685 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 Página: 471 Tesis Aislada Materia(s): Administrativa “MULTAS FISCALES, MOTIVACION DE LAS. Si en la resolución mediante la cual se impusieron las multas al quejoso por infracciones o disposiciones fiscales, se señalaron los motivos en que se apoyó la autoridad para imponerlas, se dieron las razones por las cuales éstos resultaban procedentes y se especificaron los fundamentos legales en que se apoyó la autoridad para emitirlos, adecuándose las hipótesis legales al caso concreto, debe considerarse que dichas multas cumplen con el requisito de debida motivación. (Énfasis en lo subrayado) TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 183/89.- Industrial Texel, S.A. de C.V. por su representante.- 8 de junio de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Oscar Vázquez Marín.- Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.”
  • Con lo anterior, es evidente que se violan los principios de fundamentación ymotivación, en virtud de que la autoridad demandada impuso la mencionadamulta a la promovente sin acreditar que la misma hubiera realizado laconducta infractora.Es evidente entonces, que la resolución antes referida carece de los requisitosindispensables de fundamentación y motivación a que se refieren los artículos75 y 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ya que no semanifestaron ni expresaron en la misma los motivos, razones y circunstanciastendientes a acreditar que se actualizaba en la especie, el supuesto infractorprevisto por la fracción II del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación.Por lo anteriormente expuesto y fundado y debido a que la razón y el derechole asisten a mi representada, debe declararse la nulidad lisa y llana de laresolución impugnada, con fundamento en lo establecido por el artículo 38fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos, 51fracción IV y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo.Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por elPoder Judicial de la Federación: “MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DERIVA DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO. La interpretación sistemática del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que contiene una facultad reglada, en virtud de que en la disposición aludida se ha de considerar que al utilizar el legislador la inflexión verbal "aplicarán", lo hace con un sentido de obligatoriedad condicional al cumplimiento de requisitos, dado que en el caso específico se supone que la omisión en el pago de contribuciones fue descubierta por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Así pues, si la autoridad hacendaria descubre durante el ejercicio de alguna de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 del propio código tributario federal, que la contribuyente omitió total o parcialmente el entero de los impuestos sujetos a revisión, deberá de imponerse una sanción aplicando para ello los porcentajes a que se aluden en el dispositivo en estudio, según sea el supuesto en que se ubique el infractor, pues se está en presencia de una facultad reglada para la autoridad administrativa. Por tanto, si en el caso se admite que la imposición carece de la fundamentación y motivación legal a que se contrae el artículo 16 constitucional, en correlación con el artículo 38, fracción III, del código tributario federal, por consecuencia se actualiza el supuesto de anulación previsto en el artículo 238, fracción II, de ese código y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanción en comentario, en los términos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se
  • cumpla con los requisitos omitidos, al amparo de la fracción III del artículo 239 de esa legislación federal, y no como lo pretende indebidamente la quejosa, en el sentido de que la nulidad decretada debe ser en forma lisa y llana. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 64/2002. Orión Productos Industriales, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: Julia María del Carmen González GarcíaComo medios de convicción de parte de mi poderdante, se ofrecen y seexhiben las siguientes:VII. P R U E B A S1. Copia certificada de poder para pleitos y cobranzas de la persona quefirmará la demanda de nulidad.2. Original o Copia certificada de la Resolución contenida en el oficionúmero 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, emitidopor la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, mediante el cual sedeterminó un crédito fiscal a la empresa.3. Original o Copia certificada de la constancia de notificación del oficioreferido en el punto anterior.4. Original o Copia certificada de la resolución recaída al Recurso derevocación número RR102/08, contenida en el oficio número600-71-2007-0028, de fecha 15 de enero de 2007, emitido por laAdministración Local Jurídica de Córdoba.5. Original o Copia certificada de la constancia de notificación del oficioreferido en el punto anterior.6. Copia certificada del Libro de Registro de Socios y aumentos y/oDisminuciones de Capital Social de la empresa _________7. Copia certificada del Libro de Actas de la empresa ___________8. Copia certificada de las Partes Sociales S-1/001, emitidas a favor de___________.9. Copia certificada de las Partes Sociales S-1/002, emitidas a favor de__________.10. Copia certificada de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 6 de juniode 2003.
  • 11. Original de los registros contables en los que consta el registro de lasoperaciones realizadas por la empresa y sus Socios Solidarios ______ y______.12. Copia simple de las actas levantadas durante la visita domiciliaria.13.- Expediente administrativo antecedente de la resolución impugnada queobra en poder de la autoridad fiscal hoy demanda, mismo que esa H. Saladeberá requerir de manera conjunta con los documentos elaborados por estaparte actora y que obran en dicho expediente, en términos de lo dispuesto porel artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.14. La presuncional legal y humana en lo que favorezca a los intereses de mirepresentada.Por lo expuesto y fundado, a esa H. SALA REGIONAL DEL GOLFO DELTRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA,respetuosamente pido se sirva:PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos del presente ocurso conla personalidad con la que me ostento interponiendo demanda de nulidad entiempo y forma legales.SEGUNDO. Tener por ofrecidas y exhibidas las pruebas detalladas en elcapítulo respectivo y por autorizados a los profesionistas indicados en elproemio de la presente demanda.TERCERO. En su oportunidad declarar la nulidad lisa y llana de la resolucióncontenida en el oficio No. 600-71-2007-0028, por medio de la cual laAdministración Local Jurídica de Córdoba, confirma la resolución contenida enel oficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, emitidapor la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, a través del cualse determinan los créditos fiscales números 212312, 212313, 212314 y212315, en cantidad total de $1,144,891.57, por concepto de impuesto sobrela renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, en el periodocomprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y unreparto de utilidades por pagar con importe de $89,501.18, así como lanulidad de esta última resolución. Xalapa, Veracruz, México a ___ de ____ de 200_.
  • Protesto lo necesario._____________________(Nombre del Rep. Legal) Representante Legal(Nombre de la empresa)RFC. _________________