Formato de juicio contencioso administrativo

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Formato de juicio contencioso administrativo

  1. 1. (NOMBRE DE LA EMPRESA) V.S. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE CÓRDOBA Y ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE CÓRDOBA Y JEFE DEL SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LASALA REGIONAL DEL GOLFO DELH. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIAFISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TURNO.PRESENTE( Nombre de quien promueve ), en representación legal de ( Nombre dela empresa ), personalidad que acredito con el instrumento público que paratal efecto se acompaña y que se relaciona como prueba número 1 dentro delpresente escrito en el capítulo respectivo, y señalando como domicilio para oíry recibir notificaciones el ubicado en __________________. autorizando entérminos del artículo 5° de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo a los C.C. Licenciados en Derecho _______ (con cédulaprofesional número XXXXX), ________ (con cédula profesional númeroXXXXX), ________ (con cédula profesional número XXXXX, registrada con elnúmero XXXX, foja No. 92, del Libro XI de Registro de Cédulas Profesionalesque lleva la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Federal de JusticiaFiscal y Administrativa), respetuosamente comparezco y expongo:Que con el mencionado carácter de representante legal y con fundamento enlo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 13, 14, 15, 51, 52 y demás queresulten aplicables de la Ley Federal del Procedimiento ContenciosoAdministrativo, así como el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica delTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vengo a demandar que sedeclare la ilegalidad de la resolución contenida en el oficio No.600-71-2004-0028, emitida por la Administración Local Jurídica de Córdobapor medio de la cual se declara la validez de la resolución recurrida, así comola nulidad de la resolución contenida en el oficio 500-21-00-04-01-2004-6214,de fecha 25 de julio de 2003, emitida por la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, a través de la cual se determinan los créditos fiscalesnúmeros 212312, 212313, 212314 y 212315, en cantidad total de$1,144,891.57, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valoragregado, recargos y multas, en el periodo comprendido del 01 de enero de2003 al 31 de diciembre de 2003 y un reparto adicional de utilidades porpagar con importe de $89,501.18.
  2. 2. Dichas resoluciones son contrarias a derecho tal y como se demostrará conlos conceptos de impugnación que posteriormente se expresarán.A efecto de dar cumplimiento a los requisitos contemplados por el artículo 14de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, seproporcionan los siguientes datos:I.- NOMBRE DEL DEMANDANTE Y DOMICILIO PARA RECIBIRNOTIFICACIONES.Los que han quedado señalados en el proemio de esta demanda.II.- RESOLUCIONES IMPUGNADAS.La resolución contenida en el oficio 600-71-2003-0028, por medio de la cualla Administración Local Jurídica de Córdoba, confirma la resolución contenidaen el oficio 500-21-00-04-01-2003-6214, de fecha 25 de julio de 2003,emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, a travésdel cual se determinan los créditos fiscales números 212312, 212313, 212314y 212315, en cantidad total de $1,144,891.57, por concepto de impuestosobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, en el periodocomprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y unreparto de utilidades por pagar con importe de $89,501.18, misma que fuenotificada con fecha 23 de enero de 2004.Así como la resolución contenida en el oficio 500-21-00-04-01-2003-6214, defecha 25 de julio de 2003, emitida por la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, a través de la cual se determinan los créditos fiscalesnúmeros 212312, 212313, 212314 y 212315, en cantidad total de$1,144,891.57, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valoragregado, recargos y multas, en el periodo comprendido del 01 de enero de2003 al 31 de diciembre de 2003 y un reparto adicional de utilidades porpagar con importe de $89,501.18.III.- AUTORIDADES DEMANDADAS.A) El C. Administrador Local Jurídico de Córdoba dependiente del Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del artículo 3º. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.B) El C. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Córdoba dependiente del Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en la
  3. 3. fracción II, inciso a) del artículo 3º. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.C) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en términos de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. PROCEDENCIALa presente demanda se interpone dentro del término contemplado por elartículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de ProcedimientoContencioso Administrativo, en virtud de que la resolución que se impugna fuenotificada a esta parte actora con fecha 23 de enero de 2006. COMPETENCIAEs competente para conocer del presente juicio esa H. Sala Regional del Golfodel Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con loque establecen los artículos 14 fracción I, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Orgánicadel Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.IV. TERCERO INTERESADOCon fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de laFederación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que no existe, noobstante que la autoridad demandada al emitir las resoluciones impugnadasdeterminó una participación a los trabajadores en las utilidades. Así pues, taly como se demuestra a través del Concepto de Impugnación identificado conel número Noveno, mi mandante no cuenta con trabajadores, por lo que en laespecie no existen terceros interesados.Con fundamento en lo señalado por la fracción IV del artículo 14 de la citadaLey Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reproduzco lossiguientes:V. HECHOS1.- ( Nombre de la empresa ) es una sociedad civil legalmente constituidaconforme al Código Civil para el Estado de Veracruz, que año con año hacumplido con sus obligaciones fiscales.2.- Mediante sesión de fecha 6 de junio de 2003, el Consejo Directo de lasociedad ______, resolvió admitir como nuevos socios a el C. ______ y a el C.
  4. 4. ___________, siendo que una vez realizado el pago correspondiente a laspartes sociales adquiridas, se harían las anotaciones respectivas en el Libro deRegistro de socios.3.- Con fecha _______ se efectuó la trasferencia electrónica a la cuenta de lasociedad __________, la cantidad de _____________, proveniente de lacuenta bancaria abierta a nombre de ____________ y ____________,derivado de la adquisición, de cada una, de 8,500 partes sociales.4.- Mediante oficio número 324-SAT-30-IV-966, del 7 de Marzo de 2003 ynotificada el día 21 de Marzo de 2003, la Administración Local de AuditoríaFiscal de Córdoba, le solicitó informes, datos y documentos, al ContadorPúblico Registrado ___________, con número de registro XXXX, para queexhibiera los papeles de trabajo con motivo de la auditoria que practicó sobrelos estados financieros de la contribuyente __________, correspondiente alejercicio fiscal comprendido del 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de2003, para efecto de proceder y dar respuesta a los cuestionamientos quesobre el particular esa autoridad formuló.5.- Derivado del anterior hecho, con fecha 16 de Abril de 2003, se llevó a cabola revisión de los papeles de trabajo, levantándose el Acta de Aportación deDatos e Informes de fecha 16 de abril de 2003, con números de folio del 324-SAT-30-IV-C-02001-01 al 324-SAT-30-IV-C-02001-07.6.- La Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, determinó que nocontaba con los elementos necesarios (sin determinar cuales) que lepermitieran tener un conocimiento pleno de la situación fiscal, para efectos delImpuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado del contribuyente_________, razón por la cual mediante el oficio número 324-SAT-30-IV-3182,de fecha 14 de Agosto de 2003, mismo que fue notificado a mi representada,el día 15 de Agosto de 2003, se le solicitó para que exhibiera la declaración delejercicio comprendido del 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003, asícomo diversa documentación relativa a la misma.7.- El día 6 de Septiembre de 2003, mi representada mediante escrito de fecha5 de Septiembre de 2003, exhibió a la Administración Local de Auditoria Fiscalde Córdoba, la documentación que le fuera solicitada, mediante el oficionúmero 324-SAT-30-IV-3182, de fecha 14 de Agosto de 2003.8.- No obstante lo narrado en los hechos anteriores 3 y 4, la AdministraciónLocal de Auditoría Fiscal de Córdoba, mediante oficio número500-21-00-04-01-2006-1857, de fecha 28 de Febrero de 2006, mismo que fuenotificado a mi representada el día 29 de Febrero de 2006, solicitó más
  5. 5. información y documentación correspondiente al ejercicio fiscal comprendidodel 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre de 2003.9.- El día 27 de Marzo de 2003, mi representada mediante escrito de fecha 13de Marzo de 2003, exhibió a la Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, la documentación que le fuera solicitada, mediante el oficio número500-21-00-04-01-2003-1857, de fecha 28 de Febrero de 2006.10.- Mediante oficio número 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 5 de Juniode 2006 y notificada a mi representada el día 11 de Junio de 2006, laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, dio a conocer lasobservaciones determinadas como resultado de su revisión.11.- El día 8 de Julio de 2006, mi representada presentó ante laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, escrito de fecha 8 de Juliode 2006, mediante el cual se desvirtúan los hechos y omisiones consignadosen el oficio número 500-21-00-04-01-2006-4289, de fecha 5 de Junio de 2006,en términos del artículo 48, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, conel cual se aportó la información y documentación necesarias para desvirtuarlas supuestas irregularidades detectadas por la autoridad fiscalizadora.12.- Con fecha 15 de Agosto de 2006, se notificó a mi representada laResolución número 500-21-00-04 01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006,emitida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, mediante elcual se determina en cantidad liquida los créditos fiscales 212312: 212313;212314 y 212315 a cargo de la recurrente en cantidad total de $1’114,891.57,por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregadoomitidos actualizados, Recargos y Multas por el ejercicio fiscal de 2003, sinestar debidamente fundada ni motivada.13.- Con fecha 17 de octubre de 2006, mi poderdante presentó recurso derevocación en contra de la resolución señalada en el punto anterior.14.- Con fecha 23 de enero de 2007, me fue notificada la resolucióncontenida en el oficio 600-71-2007-0028, por medio de la cual laAdministración Local Jurídica de Córdoba, confirma la resolución contenida enel oficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, emitidapor la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, a través del cualse determinan los créditos fiscales números 212312, 212313, 212314 y212315, en cantidad total de $1,144,891.57, por concepto de impuesto sobrela renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas, en el periodocomprendido del 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y unreparto de utilidades por pagar con importe de $89,501.18.
  6. 6. En virtud de no estar de acuerdo con el actuar de la autoridad y con lasresoluciones que en esta vía se impugnan; con fundamento en lo dispuesto enel artículo 14 fracción VI de la Ley Federal del Procedimiento ContenciosoAdministrativo, a continuación hago valer los siguientes:VI. CONCEPTOS DE IMPUGNACIONPRIMERO: Procede que esa H. Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción IVdel Código Fiscal de la Federación declare la nulidad lisa y llana de lasresoluciones que por esta vía se impugnan, toda vez que la autoridaddemandada no fundo debidamente su competencia por razón de grado para laemisión de dicho acto de molestia.Como ese H. Tribunal Federal tiene conocimiento, en nuestro país el SupremoPoder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo yJudicial, según lo dispone el artículo 49 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.Por su parte, el Supremo Poder Ejecutivo en nuestro país se deposita en unsolo individuo, que se denomina “Presidente de los Estados UnidosMexicanos”, según lo establece el diverso artículo 80 también de nuestra CartaMagna.Es de explorado derecho, que el Poder Ejecutivo de la Unión a través delPresidente de la República se encarga de realizar la tarea administrativa delSupremo Poder Federal a que hace referencia el artículo 49 de nuestraConstitución, que consiste – según lo señala el maestro Gabino Fraga – enaquella que realiza el Estado bajo un orden jurídico, y que consiste en laejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicaspara casos individuales.1De dicha definición podemos concluir que el Presidente de la República, es elencargado de la satisfacción de los intereses colectivos de la nación por mediode la función administrativa, teniendo a su cargo todo un aparato u organismocomplejo para el desarrollo y cumplimiento de dicha función, que se denominaAdministración Pública Federal y de la cual es Titular.Así pues, el artículo 90 de nuestra Carta Magna establece que laAdministración Pública Federal se dividirá en centralizada y paraestatalconforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión. Además,1 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa, 25 Edición, P. 63. México 1986.
  7. 7. señala dicho artículo constitucional que la Ley Orgánica de referenciadistribuirá los negocios de orden administrativo de la Federación que estarán acargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, tal ycomo se lee de su transcripción: “Artículo 90: La Administración Pública Federal será Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.”Del artículo constitucional anteriormente transcrito, tenemos que la LeyOrgánica que al efecto expida el Congreso de la Unión, tendrá como finalidadla distribución de la tarea administrativa de la Federación, la cual estará acargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos(administración pública centralizada) y las entidades paraestatales(administración pública paraestatal).Es decir, todas las funciones administrativas de la Federación estarán a cargode las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y EntidadesParaestatales.Como es sabido, la Ley a que hace referencia el artículo 90 de nuestraConstitución Política es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,que es el ordenamiento que establece las bases de la organización de laAdministración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal.Dicha Ley, en su artículo 1º, establece que la Administración PúblicaCentralizada, la integran el Presidente de la República, las Secretarías deEstado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica delEjecutivo Federal, según se aprecia de la transcripción del citado artículo: “Artículo 1.- La presente Ley establece las bases de la organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran al Administración Pública Centralizada. …”Ahora bien, el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración PúblicaFederal, señala que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de
  8. 8. los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de laUnión, existirán las siguientes dependencias:I.- Secretarías de Estado;2.- Departamentos Administrativos; y3.- Consejería JurídicaPor su parte, el artículo 11 de la misma Ley Orgánica antes citada, establecelo siguiente: “Artículo 11: Los titulares de las Secretarías de Estado y de los Departamentos Administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.”De todo lo hasta ahora expuesto, podemos concluir que la funciónadministrativa del nuestra Federación se encuentra a cargo del Presidente dela República, así como de las Secretarías de Estado, los DepartamentosAdministrativos, y las Entidades Paraestatales, las cuales ejercerán lasfunciones que les sean encomendadas en el ámbito de su competencia.En ese orden de ideas, el artículo 26 párrafo sexto de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal, prevé que el Ejecutivo de la Unión para eldespacho de los asuntos se apoyará en la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, y ésta a su vez, cuenta con las atribuciones previstas en el artículo31, fracción XI, de la ley en cita.Ésta última disposición, nos dice que una de las facultades de la Secretaría deHacienda y Crédito Público, es cobrar impuestos, contribuciones de mejoras,derechos, productos y aprovechamientos, y en general, vigilar y asegurar elcumplimiento de las obligaciones fiscales, precepto que para mayor claridad,a continuación se transcribe a la letra: “Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: …//… XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;”Del numeral transcrito tenemos que la facultad originaria para verificar elcumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, es de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, organismo que en principio estaría
  9. 9. facultado para que sea él quien exclusivamente lleve a cabo la verificación delcumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal.
  10. 10. Sin embargo, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal, dicha Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, puede contar con órganos administrativos desconcentrados, que lesestarán jerárquicamente subordinados y solo tendrán facultades específicassobre su materia y dentro de su ámbito competencial, precepto legal queexpresa lo siguiente: “Artículo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”De conformidad con dicho precepto legal, tenemos que la creación de órganosadministrativos desconcentrados queda al criterio o a la voluntad de laSecretaría de Estado atendiendo a sus necesidades, es decir, no puede sercreado por voluntad de un tercero, como puede ser el Poder Legislativo, sinoque debe haber una necesidad previa y justificada para su creación, en otraspalabras, los órganos auxiliares que dependan jerárquicamente de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, se crean con el propósito de atender y eficientarlas actividades propias de la Secretaría.De ahí que, si bien los titulares de las dependencias del Ejecutivo, acorde a losordenamientos reglamentarios y leyes que las crean pueden en el ámbitoadministrativo delegar sus facultades en funcionarios de inferior jerarquía, esrequisito indispensable para el ejercicio legal de dichas facultades delegadas,que estos últimos sean titulares de organismos legalmente establecidos, esdecir, que estén constituidos conforme a la ley, pues de otro modo dichosfuncionarios carecerían de legitimación pare ejercer las facultades delegadas.En el caso que nos ocupa, de la simple lectura que esa H. Sala Regional realicede la resolución impugnada, podrá conocer con claridad que el AdministradorLocal de Auditoría Fiscal de Córdoba, pretende dar validez a su actuación sinseñalar los preceptos legales en que se contengan la existencia legal delServicio de Administración Tributaria, como organismo desconcentrando de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, y como parte de la AdministraciónPública Federal Centralizada, así como tampoco aquellas disposiciones queseñalen que dicha Administración Local forme parte del citado Servicio deAdministración Tributaria, por lo que no justifica que se encuentre facultadapara el desempeño de las funciones administrativas a cargo de laAdministración Pública Federal.
  11. 11. En efecto, la competencia en razón de grado de la autoridad emisora de laresolución 500-21-00-04-01-2006-6214, de fecha 25 de julio de 2006, que seimpugna en el presente juicio, se pretende fundamentar de la siguientemanera: “Esta Administración Local de Auditoria Fiscal de Córdoba, Veracruz, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, primer párrafo fracciones VII, XII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 2 primer párrafo en la parte relativa a las Administraciones Locales; 10 primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9 primer párrafo; fracción XXXI y último párrafo; 19 primer párrafo, Apartado A, fracción I; y último párrafo; en relación con el artículo 17 primer párrafo, fracción XVII; párrafos segundo y penúltimo, en la parte relativa a los Administradores Locales de Auditoría Fiscal; y 37 primer párrafo, Apartado A, fracción LVII, y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y Artículo Primero, primer párrafo, fracción LVII, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, modificado mediante Acuerdo publicado el 18 de Julio de 2008, en el mismo órgano oficial ….”Ahora bien, los artículos invocados por la autoridad en la resoluciónimpugnada establecen: LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA “Artículo 7.- El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: …//… VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones; …//… XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. …//… XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.”
  12. 12. REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA“Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia,el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientesunidades administrativas:..//…Artículo 10.- Los Administradores Centrales, Regionales, Localesy de las Aduanas, así como los Coordinadores, además de lasfacultades que les confiere este Reglamento, tendrán lassiguientes:I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI,XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII,XLVII y XLVIII del artículo anterior....//…Artículo 9.- Los Administradores Generales, además de lasfacultades que les confiere este Reglamento, tendrán lassiguientes:…//…XXXI.- Imponer sanciones por infracción a las disposicioneslegales que rigen la materia de su competencia.…//….Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que seestablece en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán sucompetencia dentro de la circunscripción territorial que al efectose determine en el acuerdo correspondiente, con excepción de lafacultad de notificar y la de verificación en materia de RegistroFederal de Contribuyentes y de cualquier padrón contemplado enla legislación fiscal y aduanera, las cuales podrán ejercerse entodo el territorio nacional. Asimismo, dichas unidades podránsolicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta,iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso,realizar los actos jurídicos correspondientes.”Artículo 19.- Compete a las siguientes unidades administrativasde la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dentro dela circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercerlas facultades que a continuación se precisan:A. Administraciones Locales de Auditoría Fiscal:I.- Las señaladas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII,XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XL y XLIII del artículo 17de este Reglamento.…//…
  13. 13. Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargode un Administrador Local, quien será auxiliado en el ejercicio delas facultades conferidas en este artículo por losSubadministradores Locales de Auditoría Fiscal “1”, “2”, “3”, “4”,“5”, “6”, “7” y “8”, Jefes de Departamento, Coordinadores deAuditoría, Enlaces, Supervisores, Auditores, Inspectores,Verificadores, Ayudantes de Auditor y Notificadores, así como porel personal que se requiera para satisfacer las necesidades delservicio.Artículo 17.- Compete a la Administración General de AuditoríaFiscal Federal:…//…XVII.- Determinar los impuestos y sus accesorios de carácterfederal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsablessolidarios y demás obligados, así como determinar los derechos,contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesoriosque deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere esteartículo.…//…Artículo 37.- El nombre y sede de las unidades administrativasregionales del Servicio de Administración Tributaria será elsiguiente:A. Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente,Jurídicas, de Recaudación y de AuditoríaFiscal:…//…LVII.- De Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz.…//…Las unidades administrativas regionales a que se refiere esteartículo tendrán la circunscripción territorial que se determinemediante acuerdo del Jefe del Servicio de AdministraciónTributaria.ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓNTERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DELSERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAARTÍCULO PRIMERO. Las Administraciones Generales deAsistencia al Contribuyente, de Auditoría Fiscal Federal, Jurídica yde Recaudación, tendrán su sede en la Ciudad de México, DistritoFederal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.…//….LVII. ADMINISTRACION LOCAL DE CORDOBA: Los municipios deAcultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga,Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda,Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán, Coetzala,Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín,Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, lxhuatlancillo, lxhuatlán delCafé, lxtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata,Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales,Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco,
  14. 14. San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tierra Blanca, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica, en el Estado de Veracruz. …//…A.- Del contenido de los artículos transcritos, claramente se puede observarque en ninguno de ellos se contempla o se señala que la Administración Localde Auditoría Fiscal de Córdoba, pertenezca a la Administración General deAuditoría Fiscal Federal ni al Servicio de Administración Tributaria, así como ala Secretaría de Hacienda de Crédito Público, como supuestamente lo señalaen el cuerpo de la resolución impugnada la autoridad demandada, toda vezque los dispositivos antes transcritos si bien señalan algunas facultadesmateriales de dichas Administraciones, en ninguna parte de ellas sedesprende que la autoridad demandada sea un organismo jerárquicamentedependiente en razón de grado de la Administración General de AuditoríaFiscal Federal ni del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría deHacienda y Crédito Público quien como ya se mencionó es quien tiene lasfacultades originarias para cobrar contribuciones y verificar el debidocumplimiento de las obligaciones fiscales.Efectivamente, como ese H. Tribunal Fiscal podrá apreciar de las disposicionesplasmadas en el cuerpo de la resolución impugnada, en ninguna de ellas seestablece que la autoridad demandada pertenezca o sea parte del Servicio deAdministración Tributaria o a alguna de sus Administraciones Generales oCentrales, y mucho menos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, locual deja en estado de indefensión a mi representada al no poder conocer siefectivamente la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, formaparte de dicho organismo o si es jerárquicamente superior o inferior a éste, osi pertenece jerárquicamente a alguna otra dependencia del Ejecutivo Federal,ya sea como organismo centralizado o paraestatal.Además, no podemos perder de vista que la autoridad demandada en laresolución que hoy se impugna, señala con meridiana claridad que seencuentra adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, delServicio de Administración Tributaria, pero nunca justifica dicha aseveración,ya que en ninguno de los artículos que cita como parte de la fundamentaciónde su competencia, se contempla dicha situación, lo cual deja a mi mandanteen estado de indefensión, ya que no basta el simple dicho de la demandadapara considerar que ésta forma parte del Servicio de Administración Tributariao de alguna de sus unidades administrativas, por lo que no se puede tener por
  15. 15. satisfecho el requisito de debida fundamentación de la competencia por razónde grado de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba.A continuación conviene transcribir la parte de la resolución impugnada en laque la demandada afirma ser parte de la Administración General de AuditoríaFiscal Federal: “Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, ….En esa tesitura, la autoridad demandada debió transcribir los artículos,fracciones, incisos y subincisos que establecieran la supuesta adscripción a laAdministración General de Auditoría Fiscal Federal que dice tener, y queademás ésta última forma parte del Servicio de Administración Tributaria, y ala Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que no ocurre en el casoque nos ocupa, por lo que mi mandante no está en posibilidades de conocer sila competencia por razón de grado se encuentra debidamente justificada, y sien verdad dicha autoridad se encontraba en posibilidades de emitir el acto demolestia que hoy se impugna, ya que tampoco se puede conocer si laAdministración General de Auditoría Fiscal Federal es un organismo autónomoe independiente de los otros tres citados, facultado para emitir la resoluciónimpugnada.B. A mayor abundamiento, tampoco en ninguno de los artículos citados enla resolución impugnada, se contempla la existencia del Servicio deAdministración Tributaria, lo cual es indispensable para determinar si dichoorganismo forma parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o dealguna otra dependencia de la Administración Pública Federal, con lo que mimandante desconoce totalmente si dicho organismo se encuentralegítimamente facultado para realizar aquellas funciones de carácteradministrativo y fiscal como lo es el acto de molestia que se recurre en elpresente juicio, cuya facultad originaria la tiene la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.Si bien en el cuerpo de la resolución impugnada se citan diversos artículosrelacionados con las facultades del Servicio de Administración Tributaria, enninguna parte de ella se plasma el fundamento legal que establezca quién esel Servicio de Administración Tributaria, cuál es su naturaleza jurídica, si esun organismo o no, en su caso qué tipo de organismo, si es privado o público,cómo fue creado, si forma parte de alguna otra dependencia, y en general la
  16. 16. disposición legal que permita a mi representada conocer frente a qué tipo deente legal se encuentra y si se encuentra legalmente facultado para emitiractos administrativos a la luz de lo establecido en los artículos de nuestraConstitución Federal y los diversos de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública Federal que citamos anteriormente.Como ese H. Tribunal sabe, las garantías individuales de legalidad y seguridadjurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, implican que losactos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos porautoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les deneficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamentedebe emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose, como parte delas formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo,acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación.Y no solo lo anterior, sino que es requisito esencial de todo acto de autoridadque se cite EXHAUSTIVAMENTE los fundamentos legales que facultan alservidor público a emitir dicho acto.Admitir lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que alno conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto ni el caráctercon que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinarsi su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo yes conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté enaptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que sefundó la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuaciónno se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o queéstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.Como esa H. Sala Regional lo podrá constatar, dentro de toda lafundamentación vertida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal deCórdoba, dentro de la resolución impugnada, omite acreditar la existencia ycreación del Servicio de Administración Tributaria, así como su existenciacomo parte de dicho organismo y su adscripción a la Administración Generalde Auditoría Fiscal Federal, pues se limita a citar disposiciones que establecenalgunas de las facultades materiales de dichos organismos, sin embargo, nootorga aquellos fundamentos que establezcan su competencia por razón degrado.Como se citó anteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es laSecretaría de Estado que tiene facultades para efectuar el cobro decontribuciones y verificar el correcto cumplimiento de los gobernados a las
  17. 17. disposiciones fiscales, según lo dispuesto expresamente en la Ley Orgánica dela Administración Pública Federal, que recordaremos es el ordenamiento legalque por disposición expresa de nuestra Constitución (artículo 90) establece ladistribución de la tarea administrativa de la Federación.Luego entonces, si en el caso que nos ocupa, la resolución impugnadaconstituye un acto administrativo por medio del cual se pretende verificar yefectuar el cobro de contribuciones a mi mandante, era menester que en elcuerpo de la misma se citara, de existir, el fundamento legal que señalara alServicio de Administración como parte de dicha Secretaría, y a su vez a laAdministración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, como parte de ésteúltimo, pues al no hacerlo mi mandante desconoce si en realidad dichoorganismo cuenta con facultades para emitir actos relacionados con el cobrode contribuciones, requisito fundamental que no se cumple con citarsolamente el artículo 7° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.Lo anterior se afirma, pues tal y como se mencionó con antelación, el artículo31, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federalestablece que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parteintegrante de la administración centralizada, le corresponde efectuar el cobrode impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos yaprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar yasegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, numeral que quedótranscrito en antecedentes.
  18. 18. Por lo tanto, si la autoridad demandada afirma estar adscrita a laAdministración General de Auditoría Fiscal Federal, y ésta a su vez formarparte del Servicio de Administración Tributaria, era necesario que se citarantodos los fundamentos legales que previeran dicha organización jerárquica, asícomo también que se citaran los numerales que establecieran, en su caso, quedicho Servicio de Administración Tributaria forma parte de una dependenciasuperior como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez quela competencia originaria para el cobro de contribuciones y verificar el correctocumplimiento a las disposiciones fiscales de los gobernados, corresponde adicha Secretaría según lo dispone categóricamente el artículo 31, fracción XIde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.En conclusión, tenemos que la autoridad demandada no fundamentadebidamente su competencia por razón de grado para emitir la resoluciónrecurrida, puesto que omitió citar el o los fundamento(s) legal(es) quejustifiquen su supuesta adscripción a la Administración General de GrandesContribuyentes, así como aquellos que contemplaran la existencia del Serviciode Administración Tributaria como órgano encargado de llevar a cabo actosque corresponden a la administración pública y en concreto, verificar elcumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, violándose asílo dispuesto en el artículo 38, fracción II del Código Fiscal de la Federación, enrelación con los artículos 14 y 16 Constitucionales, deja a mi mandante enestado de indefensión al no conocer realmente si la Administración Local deAuditoría Fiscal de Córdoba, cuenta con atribuciones legales para emitir laresolución impugnada.Al respecto, resultan aplicables al caso que nos ocupa, las Tesis que acontinuación se trascriben: Registro No. 205463 Localización: Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 77, Mayo de 1994 Página: 12 Tesis: P./J. 10/94 Jurisprudencia Materia(s): Común
  19. 19. COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITOESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo unainterpretación armónica de las garantías individuales de legalidady seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privacióndeben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridadcompetente y cumplir las formalidades esenciales que les deneficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridadnecesariamente debe emitirse por quien para ello estéfacultado expresándose, como parte de las formalidadesesenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo,acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De locontrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión,ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridadpara emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, esevidente que no se le otorga la oportunidad de examinar sisu actuación se encuentra o no dentro del ámbitocompetencial respectivo, y es conforme o no a laConstitución o a la ley; para que, en su caso, esté enaptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la delapoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bienpuede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a lanorma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen encontradicción con la ley fundamental o la secundaria.”Registro No. 227604Localización:Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónIV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989Página: 605Tesis: XIII. 1o. J/4.JurisprudenciaMateria(s): ComúnCOMPETENCIA, FUNDAMENTACION DE LA. NECESIDAD DEHACERLO EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA. Lagarantía consagrada por el artículo 16 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que losactos de molestia, para ser legales, requieren entre otrosrequisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos porautoridad competente y cumpliéndose las formalidadesesenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa quetodo acto de autoridad necesariamente debe emitirse porquien está legitimado para ello, expresándose en el textodel mismo, el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorguetal legitimación; pues en caso contrario se dejaría al afectado enestado de indefensión para examinar si la actuación de laautoridad se encuentra dentro del ámbito competencialrespectivo, esto es, si tiene facultad o no para emitirlo.”No. Registro: 38,672PrecedenteÉpoca: QuintaInstancia: Segunda SecciónFuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004.Tesis: V-P-2aS-283Página: 192
  20. 20. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN SUBADMINISTRADORES DE ADUANAS.- SU INDEBIDO EJERCICIO SI NO ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL.- Si bien los titulares de las dependencias del Ejecutivo, acorde a los ordenamientos reglamentarios y leyes que las crean, pueden en el ámbito administrativo delegar sus facultades en funcionarios de inferior jerarquía, es requisito indispensable para el ejercicio legal de dichas facultades delegadas que estos últimos sean titulares de organismos legalmente establecidos, es decir, que estén constituidos conforme a la ley, pues de otro modo dichos funcionarios carecerían de legitimación para ejercer las facultades delegadas. En esa tesitura, si en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se encuentra contemplada la unidad administrativa que esté a cargo del "Subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales" en las Aduanas, no se acredita la legitimación de tal funcionario para ejercer facultades delegadas. Cabe señalar que, el artículo 2° del citado Ordenamiento reglamentario, hace referencia a un concepto genérico de Subadministradores en las Aduanas, en plural, sin identificar ni prever la existencia concreta y singular del Subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; por tanto, si el acto impugnado ante el Tribunal, confirma un crédito fiscal determinado por dicho funcionario, actuando conforme delegación del Administrador, debe acreditarse en el juicio, su existencia legal dentro de esa Aduana, para que pueda reconocérsele competencia para emitir actos de autoridad; de no ser así, el acto combatido deviene ilegal por provenir de una autoridad inexistente. (21)”En ese orden de ideas, se solicita a esa H. Sala Fiscal se sirva declarar lanulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al actualizarse la causal denulidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal deProcedimiento Contencioso Administrativo, sin que con ello se prejuzgue sobrela facultad de la demandada para emitir una nueva resolución o se le obligueefectuar determinada actuación, ya que la misma sigue teniendo expeditas susfacultades de realizar tantos actos nuevos como considere necesarios, siemprey cuando cumpla con los requisitos que la ley le impone.Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la reciente Jurisprudencia 2ª./J.99/2007, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,de Junio de 2007, Tomo XXV, página 287, que textualmente señala: NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.- En congruencia con la jurisprudencia 2a./J.52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32,con el rubro: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.”, se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso,
  21. 21. no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que subsane la insuficiente fundamentación legal. Contradicción de tesis 32/2007 – SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.- 28 de marzo de 2007. Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 99/2007.- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete.De igual forma resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 52/2001,emitida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quelleva por rubro: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Noviembre de 2001. Tesis: 2a./J. 52/2001. Página: 32 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare
  22. 22. incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 92/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda. Tesis de jurisprudencia 52/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil uno.SEGUNDO.- Procede que esa H. Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, declare la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en eloficio 500-21-00-04-01-2006-6214, de 25 de julio de 2006, al resultarviolatorio de las garantías de audiencia, legalidad, seguridad y certeza jurídicaprevistas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con lodispuesto por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y lafracción IV del artículo 51 en relación con el diverso 52, fracción II, ambos dela Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que laautoridad demandada apreció en forma equivocada los hechos que motivaronla misma y aplicó de manera indebida lo dispuesto por el artículo 13 de la LeyFederal de Derechos del Contribuyente.Los numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosantes invocados establecen: “Artículo 14.- ... Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...” “Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...” (El realce es nuestro)Por su parte el artículo 38, Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente:
  23. 23. Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: …//… IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. …//… (El realce es nuestro).Es de explorado derecho, que tal y como lo establece el artículo 14Constitucional anteriormente transcrito, la garantía de audiencia estaintegrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica y que son a)La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) Laoportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima lascuestiones debatidas. De lo anterior se colige que mediante la conjugaciónindispensable de estas cuatro garantías se forma la garantía de audiencia, ypor tal motivo, es evidente que dicha garantía es susceptible de contravenirseal violarse una sola de las garantías que la integran.Al respecto resulta aplicable al caso concreto el siguiente criterioJurisprudencial emitido por el Pleno de nuestro más alto Tribunal de Justicia: No. Registro: 200,234 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995 Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
  24. 24. Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. (El realce es nuestro)Ahora bien, concentrémonos en el análisis de la garantía consistente en laobservación de las formalidades esenciales del procedimiento, pues es lagarantía violada por la autoridad fiscalizadora en el acto que se impugna en lapresente vía.En primer término, es importante mencionar que las citadas formalidades delprocedimiento, están vinculadas de manera inseparable con los derechos ogarantías procesales de las partes, es decir, con los derechos de acción y dedefensa.Por su parte, los principios de fundamentación y motivación se encuentraninsertos en los artículos 16 Constitucional e imponen el mandato hacia todaautoridad de que en ningún momento podrán ocasionar molestias en la esferajurídica de los gobernados, sino en virtud de mandamiento escrito deautoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
  25. 25. Es de explorado derecho que en nuestro sistema jurídico se está en presenciade una adecuada fundamentación y motivación, cuando en el texto mismo deun acto de autoridad por el que se ocasionan molestias a los contribuyentes,se citan los preceptos legales que resulten aplicables al caso concreto en elque se interviene, de tal suerte que el sujeto afectado tenga conocimientoexacto del sentido normativo dispuesto por la legislación que regula suconducta, para que así se produzca en él, la certeza jurídica indispensablesobre su situación legal, y de esa manera poder ponderar si la actuación de laautoridad es procedente conforme a derecho o no, toda vez que todo acto deautoridad debe apoyarse en una norma jurídica general y abstracta que seaexactamente aplicable al caso, la cual debe ser claramente expresada en eltexto del documento en que conste el acto de molestia.Así pues, la fundamentación en los actos de autoridad, es una exigencia queimpone el artículo 16 Constitucional a efecto de que se cumpla con el principiode seguridad jurídica para el afectado del acto de molestia. Por ello esindispensable, a la luz de nuestra Constitución, que en todo acto de autoridadtendiente a crear una situación jurídica nueva, modificar una existente o asuprimir la órbita jurídica del afectado, se citen los preceptos normativosexactos que sirvan de apoyo al proceder de la autoridad para que secumplimente dicho requisito de carácter constitucional, el cual salvaguarda eltrascendental evento, de que el afectado tenga pleno conocimiento de quedicho acto se encuentra ajustado a derecho. De ahí que al omitir motivar yfundamentar debidamente un acto de autoridad, el mismo resulta sercontrario a nuestra Carta Magna y por ende a las garantías constitucionalesque nos atañen.En ese contexto, la motivación consiste en la exigencia de que el Juez examiney valore los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos deconvicción de las circunstancias y modalidades del caso en particular loscuales deberán encuadrar dentro del marco general correspondienteestablecido en Ley al emitir su resolución, es decir, adecuar una normajurídica al caso particular.Para la adecuación de una norma jurídica, la autoridad debe aducir a losmotivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que debenmanifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas de dichocaso para que éste encuadre dentro de los supuestos normativos.Sirve de sustento a lo anterior las tesis y jurisprudencias emitidas por el PoderJudicial de la Federación y que a continuación se reproducen: Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
  26. 26. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: IX, Enero de 1999Tesis: VI.2o. J/123Página: 660FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTECUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUESE APOYA. Todo acto de autoridad debe estarsuficientemente fundado y motivado, de manera que si losmotivos o causas que tomó en cuenta el juzgador paradictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la normaen que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito defundamentación y motivación que exige el artículo 16constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio degarantías.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José GalvánRojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia EstelaMartínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez.9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: MaríaEugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos RodríguezNavarro.Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 deseptiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: AntonioMeza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubrede 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.Secretario: José Zapata Huesca.Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 175, tesis 260, derubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.".Novena EpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: III, Marzo de 1996Tesis: VI.2o. J/43Página: 769FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debidafundamentación y motivación legal, deben entenderse, porlo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y porlo segundo, las razones, motivos o circunstancias especialesque llevaron a la autoridad a concluir que el caso particularencuadra en el supuesto previsto por la norma legalinvocada como fundamento.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. deC.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente:Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto GonzálezAlvarez.Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: ArnoldoNájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.
  27. 27. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 denoviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: ClementinaRamírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia EstelaMartínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.Séptima EpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Apéndice 2000Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJNTesis: 40Página: 46FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con elartículo 16 de la Constitución Federal, todo acto deautoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado ymotivado, entendiéndose por lo primero que ha deexpresarse con precisión el precepto legal aplicable al casoy, por lo segundo, que también deben señalarse, conprecisión, las circunstancias especiales, razones particulareso causas inmediatas que se hayan tenido en consideraciónpara la emisión del acto; siendo necesario, además, queexista adecuación entre los motivos aducidos y las normasaplicables, es decir, que en el caso concreto se configurenlas hipótesis normativas.Séptima Época:Amparo en revisión 8280/67.-Augusto Vallejo Olivo.-24 de juniode 1968.-Cinco votos.-Ponente: José Rivera Pérez Campos.Amparo en revisión 3713/69.-Elías Chahin.-20 de febrero de1970.-Cinco votos.-Ponente: Pedro Guerrero Martínez.Amparo en revisión 4115/68.-Emeterio Rodríguez Romero ycoags.-26 de abril de 1971.-Cinco votos.-Ponente: Jorge SarachoÁlvarez.Amparo en revisión 2478/75.-María del Socorro Castrejón C. yotros.-31 de marzo de 1977.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Carlos del Río Rodríguez.Amparo en revisión 5724/76.-Ramiro Tarango R. y otros.-28 deabril de 1977.-Cinco votos.-Ponente: Jorge Iñárritu.Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 52,Segunda Sala, tesis 73.“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOSADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16constitucional, todo acto de autoridad debe estarsuficientemente fundado y motivado, entendiéndose porlo primero que ha de expresarse con precisión el preceptolegal aplicable al caso y por lo segundo, que tambiéndeben señalarse con precisión, las circunstanciasespeciales, razones particulares o causas inmediatas quese hayan tenido en consideración para la emisión delacto, siendo necesario además, que exista adecuaciónentre los motivos aducidos y las normas aplicables, esdecir, que en el caso concreto se configure la hipótesisnormativa. Esto es, que cuando el precepto en comento
  28. 28. previene que nadie puede ser molestado en su persona,propiedades o derechos sino en virtud de mandamientoescrito de autoridad competente que funde y motive lacausa legal del procedimiento, está exigiendo a todas lasautoridades que apeguen sus actos a la ley, expresandode qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan deapoyo al mandamiento relativo. En materiaadministrativa, específicamente, para poder considerar unacto autoritario como correctamente fundado, esnecesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales ypreceptos que se estén aplicando al caso concreto, esdecir, los supuestos normativos en que se encuadra laconducta del gobernado para que esté obligado al pago,que serán señalados con toda exactitud, precisándose losincisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, yb).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgancompetencia o facultades a las autoridades para emitir elacto en agravio del gobernado.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A.28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: GustavoCalvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar,S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos.Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José MarioMachorro Castillo.Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 defebrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José GalvánRojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de laVivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993.Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:Vicente Martínez Sánchez.Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52.”“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE.Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad queestablece el artículo 16 de la Constitución Federal encuanto a la suficiente fundamentación y motivación de susdeterminaciones, en ellas debe citar el precepto legal quele sirva de apoyo y expresar los razonamientos que lallevaron a la conclusión de que el asunto concreto de quese trata, que las origina, encuadra en los presupuestos dela norma que invoca.Sexta Epoca, Tercera Parte:Volumen CXXXII, pág. 49. Amparo en revisión. 8280/67.Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Unanimidad de 5votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 9598/67.Oscar Leonel Velasco Casas. 1 de julio de 1968. Unanimidad de5 votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.Volumen CXXXIII, pág. 63. Amparo en revisión. 7228/67.Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco,
  29. 29. Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 14, pág. 37. Amparo en revisión. 3717/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 28, pág. 111. Amparo en revisión. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. NOTA: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 402, pág. 666.”De las tesis transcritas se desprende que para que un acto de autoridad,respete las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas por losartículos 14 y 16 Constitucionales y se encuentre debidamente fundado ymotivado, debe citar los preceptos legales aplicables, además de mencionarlas razones lógico jurídicas que llevaron a concluir sobre la aplicabilidad dedichos preceptos, debiendo existir adecuación entre la hipótesis normativa ylas razones y motivos mencionados por la autoridad demandada.Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad fiscalizadora fue completamenteomisa en salvaguardar dichas garantías en favor de la ahora demandante talcomo se vera a continuación:En efecto, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con fecha 15de agosto de 2003, notificó a mi representada el oficio número 324-SAT-30-IV-3182, mediante el cual le solicitan los informes, datos y documentos que seindican, en dicho oficio.En ese sentido, mediante el oficio señalado en el párrafo anterior, la autoridadcon fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción II y segundopárrafo del Código Fiscal de la Federación, pretender dar inicio al ejercicio desus facultades discrecionales de comprobación, mediante la revisión degabinete o escritorio, también conocido como revisión secuencial, requiriendopor primera vez a mi mandante para que le exhibiera determinadainformación, documentación y datos, relativos al impuesto sobre la renta eimpuesto al valor agregado por el ejercicio comprendido entre el 1° de enerode 2003 y el 31 de diciembre de 2003, tal y como se desprende de latranscripción del señalado oficio que en la parte que interesa señala: Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, de la Administración General de
  30. 30. Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de AdministraciónTributaria, mediante oficio numero 324-SAT-30-IV-966 defecha 07 de Marzo de 2003, girado al C.P. _________, connúmero de registro XXXX, el cual fue notificado el día 21 deMarzo de 2003 (a la C. ___________, en su carácter de Terceroy en Calidad de Auxiliar Contable del Contador PublicoRegistrado _________, con domicilio en _______, quien seidentificó con credencial para votar folio 46589723, claveelectoral RHJY56022621M700, num. 096230374470, expedidapor el Instituto Federal Electoral año de registro 1991, previocitatorio número 17 de fecha 20 de marzo de 2003, entregadoa la misma persona) a quien, en los términos del artículo52-A fracción I incisos b) y c) del Código Fiscal de laFederación; se le cito para que exhibiera sus papeles detrabajo y se le solicitó información y documentos parallevar a cabo la revisión del dictamen de sus estadofinancieros que para efectos fiscales le formuló dichocontador público, por el ejercicio comprendido del 1 deenero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.…//….Derivado del análisis efectuado a la información ydocumentación proporcionada por el Contador publico__________, esta Autoridad no cuenta con los elementosnecesarios que permitan tener un conocimiento pleno de susituación fiscal, para efectos del Impuesto al Valor Agregado eImpuesto Sobre la Renta.Por lo que esta Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba con sede en Córdoba, Veracruz, de la AdministraciónGeneral de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio deAdministración Tributaria, para revisar el dictamen fiscalpresentado vía Internet que le fue formulado por el ContadorPublico ___________, con número de registro XXXX, respectoa sus estados financieros por el ejercicio fiscal comprendido del1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, confundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7°, fracciones VII, XII y XVIII de la Ley del Servicio deAdministración Tributaria, publicada en el Diario Oficialde la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformadapor Decreto publicado en el propio Diario Oficial de laFederación del 12 de junio de 2003; 2° primer y tercerpárrafos; 9° último párrafo; 18 primer párrafo, ApartadoA, fracción II; y penúltimo párrafo, en relación con elartículo 16, fracciones VIII y XI; segundo y penúltimopárrafos; 37 primer párrafo, Apartado A, fracción LVII,del Reglamento Interior del Servicio de AdministraciónTributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 6 de junio de 2003, reformado y modificado medianteDecretos publicados en el mismo órgano oficial el 12 demayo y 28 de noviembre de 2006 respectivamente, yArtículo Primero, segundo párrafo, fracción LVII, delAcuerdo por el que se establece la circunscripciónterritorial de las unidades administrativas del Serviciode Administración Tributaria, publicado en el DiarioOficial de la Federación del 2 de noviembre de 2003 ymodificado mediante acuerdo publicado en el mismoórgano oficial el 24 de mayo de 2006; así como en losartículos 33, último párrafo, 42, fracción II y segundopárrafo, 48 fracciones I, II y III y 52-A fracción II delCódigo Fiscal de la Federación y a efecto de ejercer las
  31. 31. facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción IV, del propio Código Fiscal de la Federación; le solicita que ante esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz, con domicilio en Avenida 11 No. 1206 Col. San José, C.P. 94560 Córdoba, Ver., exhiba la documentación e información que a continuación se indica: …//… Para tal efecto, se le concede un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, inciso c) del mencionado Código Fiscal de la Federación. Se hace de su conocimiento que la documentación y/o información solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación vigente, deberá ser presentada dentro del plazo otorgado para tal efecto, es de hacerle notar que en caso de no cumplir con lo solicitado, su conducta se ubicaría en el supuesto previsto en la fracción I del artículo 85 del propio Código, misma que se sanciona conforme a lo establecido en el artículo 86, fracción I del mismo ordenamiento. (El realce es nuestro).De la transcripción anterior se desprende medularmente que la autoridadahora demandada manifestó lo siguiente: • Que con fecha 21 de marzo de 2007, en términos del artículo 52-A, fracción I, incisos b) y c) del Código Fiscal de la Federación; solicitó al Contador Público que dictamino los estados financieros de la ahora demandante por el ejercicio de 2003, que exhibiera sus papeles de trabajo y le solicitó información y documentos para llevar a cabo la revisión del dictamen de sus estados financieros que para efectos fiscales le formuló dicho contador público, por el ejercicio comprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. • Que derivado del análisis que dicha autoridad fiscalizadora efectuó a la información y documentación proporcionada por el C.P. _________, no contaba con los elementos necesarios que permitan tener conocimiento pleno de la situación fiscal de la ahora demandante, para efectos de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, relativos al ejercicio de 2003. • Que para efectos de revisar el señalado dictamen de sus estados financieros, por el ejercicio comprendido del 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, la autoridad hacendaria requirió a mi mandante para que, exhibiera determinada documentación, con fundamento con
  32. 32. lo dispuesto por los artículos 33, último párrafo, 42, fracción II y segundo párrafo, 48, fracciones I, II y III y 52-A fracción II del Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto por el artículo 42, fracción IV del referido ordenamiento legal.Así las cosas, en el caso concreto la Administración Local de Auditoría Fiscal deCórdoba en el acto mediante el cual dio inicio a sus facultades decomprobación, fue totalmente omisa en informarle a mi representada, conmotivo del inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación, sobre suderecho a corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer este derecho,circunstancia que resultaba obligatoria para la referida autoridad en términosde lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos delContribuyente.En este sentido, es de explorado derecho que la ley es una herramienta y unatécnica que jurídicamente impone conductas obligatorias a la autoridad,estableciéndole márgenes de actuación que los convierte en sujetos obligados,delimitando procedimientos y plasmando la forma legítima para su actuar.En ese orden de ideas resulta que los derechos y garantías de loscontribuyentes son la contrapartida de la obligación de contribuir al gastopúblico de acuerdo a los principios plasmados en la Constitución.Ahora bien, en el caso concreto, resulta oportuno apuntar que la Ley Federalde Derechos del Contribuyente fue emitida para fortalecer los derechos yprerrogativas de los gobernados.Siguiendo ese orden de ideas, es claro que el espíritu del legislador al crear laLey Federal de los Derechos de los Contribuyentes tuvo como fin primordial elregular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en susrelaciones con las autoridades fiscales y el Sistema de la AdministraciónTributaria, reconociéndoles sus principales derechos y garantías. Dichoinstrumento normativo representa un importante avance en el controlde la legalidad de los actos de autoridad, y en el reconocimiento de losderechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los particulares delos medios idóneos para la defensa de los mismos, mediante elsometimiento del actuar de la autoridad a la ley, es decir, mediante elacatamiento del principio de legalidad.En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1° y 2°, fracción XIIde la referida Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, se desprendeque la finalidad de dicha Ley es regular los derechos y garantías básicas de loscontribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, lo cual se
  33. 33. corrobora, con la prerrogativa contenida en el diverso artículo 13 del referidoordenamiento legal, de ser informados, al inicio de cualquier procedimiento defiscalización, de sus derechos y obligaciones, tal como lo es corregir susituación fiscalAl respecto los referidos numerales disponen en la parte que interesa: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Los derechos y garantías consagradas en la presente Ley en beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios. Artículo 2. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: …//… XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. …//… Artículo 13.- Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado. …//… (El realce es nuestro).
  34. 34. Así pues, de los numerales antes transcritos, específicamente respecto delreferido artículo 13, se desprende el derecho de los contribuyentes a corregirsu situación fiscal, y del cual definitivamente deben ser informados desde elinicio de las facultades de comprobación a través del propio acto de autoridad,pues con el ejercicio de ese derecho los contribuyentes podrían, en caso deproceder, corregir su situación fiscal y evitarse engorrosos procedimientos,pues existe por ejemplo una reducción significativa de las multas queconforme al Código Fiscal de la Federación en su artículo 76 fracción I seríande un 40% de la contribución omitida, pasando con la Ley Federal de losDerechos de los Contribuyentes a establecerse en el equivalente al 20% o 30%de las contribuciones omitidas dependiendo de la época de pago.Es decir, el legislador busca brindar a los contribuyentes el derecho a corregirsu situación fiscal desde el inicio de las facultades de comprobación de laautoridad fiscalizadora, ya sea mediante la visita domiciliaria, o bien, a travésde la revisión de gabinete, derecho cuya observancia e información hacia elcontribuyente en el primer acto que implique el inicio de facultades decomprobación, no puede quedar al arbitrio o discrecionalidad de la autoridadhacendaria, en virtud de que dicho numeral establece expresamente laobligación de ésta de informar a los contribuyentes sobre el derecho quetienen de corregir su situación fiscal.Esto es, constituye una facultad reglada para la autoridad fiscal; por tal motivoestaba obligada a plasmar dicho artículo dentro del texto del propio acto deautoridad, es decir, dentro del texto del oficio de solicitud de información ydocumentación para que se encontrara debidamente fundado y motivado, porasí disponerlo de manera expresa el artículo 13 antes indicado, y no a travésde un documento anexo, como lo es la Carta de los Derechos delContribuyente.En efecto, el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos de losContribuyentes constituye una facultad reglada y por lo tanto obligatoria parala autoridad fiscal, pues establece el modo preciso en que debe proceder laautoridad, en este caso, dicho dispositivo legal obliga a la autoridad fiscal, aque desde el inicio de sus facultades de comprobación, informe alcontribuyente revisado acerca del derecho que tiene a corregir su situaciónfiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado, haciéndose evidenteque dicha obligación debe constar en el propio texto del acto de autoridad,resultando que este derecho de manera alguna puede quedar al arbitrio nidiscreción de la autoridad fiscalizadora, sino que opera de pleno derecho y porministerio de ley expreso.Ahora bien, es un hecho que los particulares tienen derecho a la legalidad en el
  35. 35. actuar de la autoridad, así como al acatamiento de los principios contenidos enla Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, por tal motivo esindispensable que estas garantías, y específicamente las relacionadas con lacorrección de su situación fiscal y sus beneficios sean informadas a loscontribuyentes oportunamente y que dicha comunicación se realice en elpropio acto de autoridad a través del cual la autoridad da inicio a susfacultades de comprobación, como expresamente lo establece el artículo 13 dela Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que sólo así sedaría un efectivo cumplimiento en el control de la legalidad y un mayorequilibrio entre los sujetos de la relación jurídico tributaria.Al respecto resulta aplicable por analogía el siguiente criterio jurisprudencialemitido por ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: No. Registro: 39,484 Precedente Época: Quinta Instancia: Primera Sección Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2003. Tesis: V-TA-1aS-33 Página: 530 LEY ADUANERA AUTORIDADES ADUANERAS. LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, POR AUTORIDADES ADUANERAS, NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL.- El artículo 152 de la Ley Aduanera vigente en 2003, en su primer párrafo, establece los casos en los que las autoridades aduaneras procederán a la determinación de contribuciones sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo en materia aduanera; en el segundo párrafo establece la obligación de esas autoridades de comunicarle al contribuyente por escrito o mediante acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen el incumplimiento en el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, los que ameriten la imposición de sanciones, otorgándole un plazo de diez días para ofrecer pruebas y alegar en su derecho; enseguida, en el tercer párrafo, establece el plazo, que no excederá de cuatro meses, para efectuar la determinación correspondiente. En estas condiciones, es evidente que dicho precepto regula un procedimiento y, por consecuencia, una vez que las autoridades aduanales ejercitan la facultad que les confiere, quedan vinculadas y obligadas con el contribuyente para emitir la determinación dentro del plazo indicado; luego esto último no es una facultad discrecional, sino reglada u obligatoria, pues el precepto en cuestión no deja a la libre apreciación de la autoridad aduanera su forma de proceder, sino que por el contrario, le impone la conducta específica a la que debe sujetarse, lo que además se justifica, ya que implica la culminación de dicho procedimiento y
  36. 36. respeto a la garantía constitucional prevista en el artículo 16 de la Carta Magna. (6) Juicio No. 1214/03-09-01-7/187/04-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de julio de 2004, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. KAntunil Alcyone Arriola Salinas. (Tesis aprobada en sesión privada de 10 de agosto de 2004) (El realce es nuestro).De la anterior tesis se desprende que, las autoridades hacendarias estánvinculadas y obligadas al cumplimiento de las obligaciones expresamenteprevistas en la ley, que no dejan lugar a la libre apreciación por parte de lasautoridades hacendarias, lo cual constituye una facultad reglada, en virtud deque la Ley expresamente les está imponiendo una conducta específica a la cualdeben de ajustarse, en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista por elartículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En ese sentido, es evidente que en el caso concreto, la obligación prevista porel artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes alseñalar expresamente que las autoridades fiscales deben dar a conocer, alinicio de sus facultades de comprobación, a los contribuyentes del derecho queestos gozan para corregir su situación fiscal y los beneficios de hacerlo, es unafacultad reglada que la Administración Local de Auditoría de Córdoba fuetotalmente omisa en dar cumplimiento, por lo que, esa H. Sala Fiscal deberádeclara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en virtud de talomisión, sin que resulte procedente que se deje a salvo las facultades de laautoridad para que vuelvan a emitir el acto de molestia en contra de mirepresentada. Sirve de sustento a lo anterior las siguientes Jurisprudenciasemitidas por el Poder Judicial de la Federación: No. Registro: 182,269 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Enero de 2004 Tesis: 2a./J. 2/2004 Página: 269 VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. SU CONCLUSIÓN CON INFRACCIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 239 DE ESE CÓDIGO. Cuando
  37. 37. la autoridad fiscalizadora ha continuado la visita domiciliaria o larevisión de gabinete o de escritorio hasta dictar la resoluciónliquidatoria, no obstante haber concluido el procedimientofiscalizador con infracción del artículo 46-A, primer y últimopárrafos, del Código Fiscal de la Federación, se actualiza lahipótesis de nulidad lisa y llana prevista en la fracción IVdel artículo 238 de ese Código, en virtud de que loshechos que motivaron la resolución no pueden tenervalor porque constan en actuaciones emitidas encontravención a la disposición aplicada. Ello es así, enprimer lugar, porque en términos del párrafo final del citadoartículo 46-A, la conclusión extemporánea de la visita o revisióntrae como consecuencia que en esa fecha se entienda terminaday que todo lo actuado quede insubsistente o sin valor legalalguno, es decir, como si la actuación de la autoridad no sehubiera realizado, y en segundo término, porque la resoluciónadministrativa se dictó con infracción de la facultad regladaestablecida en el primer párrafo del numeral últimamentealudido; de ahí que lo procedente es que el TribunalFederal de Justicia Fiscal y Administrativa, en susfunciones de tribunal de mera anulación y de plenajurisdicción, atienda tanto al control del acto de autoridady a la tutela del derecho objetivo, como a la protección delos derechos subjetivos del gobernado, conforme a lo cualdeberá declarar la nulidad lisa y llana de la resoluciónadministrativa con fundamento en la fracción II delartículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo cualimplica que la resolución administrativa quedarátotalmente sin efectos, y que la autoridad fiscalizadora nopodrá ocasionar nuevos actos de molestia alcontribuyente respecto del ejercicio o ejerciciosrevisados, sin que sea óbice para lo anterior el que no sehaya resuelto el problema de fondo, que la resoluciónadministrativa tenga su origen en el ejercicio defacultades discrecionales y que la infracción hayaocurrido dentro del procedimiento, habida cuenta que seestá en presencia de la violación de una facultad regladaque provocó la afectación de los derechos sustantivos deseguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y papelespersonales del particular, así como la insubsistencia detodo lo actuado, incluida la orden de visita o revisión.Contradicción de tesis 56/2003-SS. Entre las sustentadas por elCuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del PrimerCircuito y los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en MateriaAdministrativa del Sexto Circuito y Segundo en la mismamateria del Segundo Circuito. 3 de diciembre de 2003.Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David GóngoraPimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.Tesis de jurisprudencia 2/2004. Aprobada por la Segunda Salade este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de enero dedos mil cuatro.Nota: En términos de la resolución de treinta de abril de dos milcuatro, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Cortede Justicia de la Nación en el expediente de aclaración desentencia en la contradicción de tesis 56/2003-SS, el rubro ytexto de la tesis 2a./J. 2/2004, publicada en el SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX,julio de 2004, página 516, sustituyen a los de ésta.No. Registro: 174,973

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