Ley de tierras y latifundio

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  • 1. Estudios jurídicos:
  • 2. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO DE JUSTICIA Y LA EXTINCIÓN DEL LATIFUNDIO. PENSAMIENTOS DE BOLÍVAR, ZAMORA Y ROBINSON.
  • 3. El latifundio es una figura que se inicia con la conquista de este Continente a la llegada del Almirante Cristóbal Colón quien por Bulas Pontificias, otorgadas por el Papa a los Reyes Católicos de España, dio inicio al más gigantesco genocidio de la historia, no sólo sin cargo de conciencia alguna sino con la venia de Dios, Luego, sobrevino la repartición de las célebres encomiendas, donde se hicieron de todas las tierras de los conquistados.
  • 4. Venezuela Forma parte de un continente que fue sistemáticamente violentado y explotado por los europeos a partir de la invasión (no “descubrimiento”) de estas tierras que luego llamaron América, y que se inició con la llegada de Colón en 1492.
  • 5. En correspondencia con las ideas de uno de los grandes pensadores de América, el maestro Simón Rodríguez, se cree en la necesidad de desarrollar ideas y organizaciones originales, a partir de la realidad del pueblo. Sólo así se puede resistir las embestidas del poder y del capitalismo salvaje y el secuestro de las identidades culturales. .
  • 6. Cuando se habla de fenómenos como el latifundio, necesariamente hay que invocar al Libertador Simón Bolívar quien con una visión por demás precisa de esta problemática, en uno de sus tantos decretos específicamente el producido el 14 de diciembre de 1825, expresaba,:
  • 7. “Se devolverán a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos y sus títulos, cualquiera que sea que aleguen para poseerla los actuales tenedores”. Y continúa el indicado decreto: “Las tierras pertenecientes al Estado se repartirán entre los naturales del país, bajo desmesura y amojonamiento, adjudicándoseles en propiedad”... “Si al cabo de un año después de hecha la adjudicación y amojonamiento de las tierras, los beneficiarios con ellas no hubiesen emprendido el trabajo que demanda la estación del tiempo, y no den muestras de dedicación al trabajo, se les separará de la posesión.
  • 8. Se puede inferir sin lugar a dudas la intención del Libertador en cuanto al sentido, razón y propósito de lo que él concebía como fin social del uso de la tierra, como factor de desarrollo y crecimiento de un país. Es tan patente lo afirmado que una vez hecha la respectiva adjudicación, si el beneficiario no se dedicaba al trabajo requerido por la tierra, le era separada la posesión de la misma.
  • 9. Entre otras cosas, decretó la libertad de los esclavos y esclavas, así como también la devolución de sus tierras a los pueblos indígenas. Quiso también desarrollar la Reforma Agraria como consolidación de su política económica y social, pero los generales leguleyos de la época encontraron la fórmula para evadir su mandato. El Libertador quiso repartir el campo entre sus soldados, los héroes de la emancipación, los cuales eran pueblo, porque este simplemente era quien conformaba el ejército, decía. "los ejércitos se componen de hombres de carne y hueso, que necesitan de todo, y, por consiguiente, con pasiones que se deben satisfacer"
  • 10. Siendo el objeto de la ley hacer propietarios a los militares para recompensarlos, asegurarles la subsistencia, y darles estabilidad y arraigo en el país, ¿se logra esto entregándoles unos simples billetes, cuando no tienen medios de subsistir, cuando no hay bienes que subastar ni rematar, porque no se sabe siquiera cuáles son los nacionales, y cuando no pueden ocurrir a las capitales o pueblos distantes de las operaciones, que es donde deben hacerse las ventas?”
  • 11. Por su parte Ezequiel Zamora inicia la lucha armada por sus ideas al unirse a la insurrección campesina que arranca el 1. ° De septiembre de 1846, con el alzamiento de Francisco José Rangel. El contingente rebelde está formado por campesinos y esclavos, y su método de lucha expresa sus ideas.
  • 12. En la madrugada del 3 de septiembre ocupan la hacienda Yuma, propie-dad del político más reac-cionario de la República oligárquica, «los insurrec-tos libertan los esclavos, in-vitan a los peones a que se les incorporen, queman los títulos de propiedad y fusi-lan a los empleados de con-fianza de Ángel Quintero, y éste salva la vida porque se encuentra en Valencia» (Brito Figueroa, 119). No se trata, por tanto, de una mera asonada para dispu-tar prebendas políticas: se da libertad a los esclavos, y se queman los títulos de propiedad para destruir las pruebas y fundamentos ju-rídicos del sistema de latifundio.
  • 13. El horror a los oligarcas es asimismo una consigna eminentemente clasista contra la minoría detentadora del poder político y económico: adviértase que se la invoca en lugar de «horror al partido conservador». Tierras y hombres libres exige la libertad de los esclavos, considerados hasta ese momento propiedad privada de los dueños, y de las tierras, que conservan tal condición hasta el día de hoy. Tales consignas plantean una transformación total del modo de producción: el paso de la propiedad privada sobre hombres y tierras detentadas por una clase minoritaria, a la propiedad colectiva o bien en pequeñas parcelas trabajadas por hombres libres en su propio beneficio.
  • 14. Esta consigna es repetida en todos los documentos de los rebeldes ampliada como «Viva la libertad, Viva el Pueblo Soberano, Elección Popular, Horror a la Oli-garquía, Tierras y Hombres Libres». No se queda Zamora en las palabras. En cumplimiento de sus ideas, ordena aplicar en Barinas las medidas siguientes
  • 15. 1) Cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro puntos cardinales para uso común de cada pueblo, villa, ciudad o caserío. 2) Eliminación del sistema de cobrar arriendo por el uso de la tierra para fines agrícolas o pecuarios. 3) Fijar los jornales de los peones de acuerdo con las labores. 4) Que los amos de hatos empotreren diez vacas paridas, de modo permanente, en las tierras del común, para suministrar diariamente y de modo gratuito, una botella de leche a los hogares pobres.
  • 16. El Socialismo del siglo XXI en Venezuela bebe de tres fuentes, de estas tres referencias, que son esenciales para entender el proceso que ha permitido la conformación de nuestra sociedad: la gesta emancipadora republicana encabezada por el Libertador, Simón Bolívar; la revolución federal, representada por Ezequiel Zamora y el pensamiento de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador
  • 17. El proceso revolucionario actual se nutre de la raíz zamorana en diverso aspectos. Al igual que el caudillo popular, convoca a los venezolanos y venezolanas a retomar las banderas de nuestros libertadores, para conquistar la igualdad y nuestra verdadera independencia. Al igual que las luchas zamoranas por la tierra, el proceso de transformación actual de la sociedad venezolana es protagonizado por los sectores populares, es decir, el 80% de los venezolanos y venezolanas que han estado históricamente excluidos y excluidas de la toma de decisiones y de las riquezas nacionales. Por esta razón, el Gobierno Bolivariano desarrolla una política social incluyente, que se expresa en las Misiones y en el conjunto de políticas y programas sociales orientados a devolverles la dignidad a los venezolanos
  • 18. Por otra parte, Ezequiel Zamora es la principal fuente de inspiración del proceso de reforma agraria, guerra contra el latifundio y reparto de tierras entre los campesinos. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ha sido el instrumento legal empleado para enfrentar el latifundio. A su vez, la Misión Zamora es la encargada de avanzar en la reforma y en las políticas participativas para el desarrollo rural integral. Si bien, en esta ocasión la expropiación y el reparto se realizan bajo un marco de verdadera democracia, es porque este proceso ha producido un enfrentamiento con los descendientes de la oligarquía que en su tiempo Zamora enfrentó con las armas.
  • 19. Con estas raíces estamos formando el Socialismo del siglo XXI fundamentados en la Libertad, lucha al latifundio y la Educación, tres ejes fundamentales para el desarrollo de nuestros campesinos, y con esto dar a cada uno un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como lo manda nuestra Carta Magna en su artículo 2.
  • 20. El Estado Social de Derecho y de Justicia y la Extinción del Latifundio Hablar del problema de la propiedad y tenencia de tierra en un país como Venezuela cuyo espacio geográfico supera los novecientos mil kilómetros cuadrados, no es tan sencillo como pudiera parecer. Fundamentalmente, porque a lo largo de nuestra historia, el poder y la ambición de unos pocos han prevalecido sobre el interés y bienestar de las mayorías.
  • 21. Mientras no haya un justo reparto de las tierras, no podremos alcanzar el verdadero desarrollo del campo y consecuencialmente lograr la alimentación sustentable de la creciente población de nuestros países. Ante esta realidad se ha hecho indispensable y necesario el avocamiento por parte del Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, al promover dentro del marco legal Constitucional, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, la cual nace de la necesidad e interés de dar a la tierra el valor social que merece, con el fin de lograr los objetivos de igualdad previstos en nuestra Carta Magna.
  • 22. Desde que el presidente Hugo Chávez dio la orden de “execrar” el latifundio del país, todas las instituciones del área mancomunaron esfuerzos para la creación de estrategias idóneas que permitieran cumplir el objetivo propuesto. Primero, la creación de un Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en noviembre del 2001 que permitiera establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.
  • 23. En segundo lugar y como otra iniciativa del Gobierno Bolivariano para seguir profundizando la lucha contra el latifundio y por el rescate de la soberanía alimentaria, el Presidente de la República, Hugo Chávez, dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo para la Determinación de la Vocación de Uso de la Tierra Rural, publicado en Gaceta Oficial No. 38.126 del 14 de febrero de 2005. Posteriormente y en busca de perfeccionar la estrategia, se reforma la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo de este año suprimiendo los artículos 21, 23, 39, 74, 89 y 90 por contribuir poco a la consecución del objetivo planteado.
  • 24. Dispuesto a dar la pelea para incentivar la agricultura como medio de desarrollo social, garantizar la seguridad agroalimentaria y elevar la calidad de vida de la población campesina, el Gobierno Bolivariano ha emprendido cambios sustanciales en la estructura de la tenencia y uso de la tierra, mediante la aplicación del nuevo ordenamiento jurídico en materia de tierras y desarrollo agrario. Se cumple así con el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 306 establece: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente, fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra, mediante la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.
  • 25. Es papel del Estado garantizar al campesino una estructura de tenencia de la tierra que permita dotar de servicios básicos a los asentamientos y un plan integral de desarrollo que genere expectativas de progreso para el pequeño y mediano productor. Por eso, el rol del Estado es irremplazable para impulsar programas de reforma agraria. Sin intervenciones específicas y adecuadas del Estado, o de ciertas instituciones de la sociedad, prevalecerá la tendencia a la concentración de la tierra en manos de grupos o de individuos que le darán un uso distinto al del interés social.
  • 26. La lucha contra el latifundio se convierte en mandato de ley a través de la Constitución Nacional, que en su artículo 307 indica que “el régimen latifundista es contrario al interés social”, precisando que “los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tendrán derecho a la propiedad de la tierra”. Con esto, se pretende la eliminación íntegra de una práctica que es contraria a la justicia y al interés social.
  • 27. Las directrices constitucionales manifiestan la decisión fundamental hecha por el soberano de constituirse en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el cual la tierra y la propiedad no son privilegio de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de la solidaridad e igualdad de oportunidades. Otra de las finalidades del nuevo marco legal es el aseguramiento de la biodiversidad, la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario, así como la seguridad agroalimentaria de la presente y futuras generaciones.
  • 28. Ley de tierras: fundamento de la justicia campesina El Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sustenta el nuevo marco legal, en el que se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ello, se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria.
  • 29. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario deja claro, en su primer artículo, que el crecimiento económico debe ser enmarcado dentro de una “justa distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo”. Se someten a la normativa del marco legal, según señalan los legisladores, todas las tierras, tanto públicas como privadas, “con vocación para el desarrollo agroalimentario”. En este sentido, están incluidas las tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras, las propiedades de la República de dominio privado, las áreas baldías en jurisdicción de los diferentes Estados y Municipios, y las tierras privadas.
  • 30. Sobre la relación del Estado y la tenencia de la tierra también se pronuncia la ley. Se indica (artículo 8) que será el Estado venezolano el encargado de garantizar al campesino su incorporación al proceso productivo, estableciendo las condiciones adecuadas para la producción, promoviendo la estructuración de fundos, mediante la adjudicación de tierras. También se establece (artículo 9) que “el Estado organizará el servicio eficiente del crédito agrario, incorporando a las instituciones bancarias y financieras, públicas o privadas, existentes”, para potenciar el crecimiento del sector, creando de ser necesario instituciones estatales para que otorguen créditos en condiciones especiales.
  • 31. Cambios institucionales La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ordena la creación de tres institutos autónomos separados, en sustitución del Instituto Agrario Nacional: el Instituto Nacional de Tierras, la Corporación Venezolana Agraria y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. La nueva institucionalidad pretende dividir las distintas actividades, de acuerdo a las funciones que les corresponde cumplir. Instituto Nacional de Tierras. Se hace cargo de la regularización de las tierras con vocación agraria
  • 32. Corporación Venezolana Agraria. Cumple los objetivos de desarrollar, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agrario. Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Tiene la responsabilidad de contribuir con el desarrollo rural integral del sector agrícola en materia de infraestructura, capacitación y extensión
  • 33. Principales Logros Adjudicación de tierras al campesino. La Ley reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona que sea apta para el trabajo agrario Protección a la mujer del campo. También establece en el artículo 14 que serán beneficiarias preferenciales de adjudicación de tierras las ciudadanas que sean cabeza de familia. Beneficios sociales. El instrumento jurídico garantiza a los trabajadores del campo todos los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 16, lo cual mejora sustancialmente su condición social. Garantías para grupos asentados históricamente en áreas rurales. Según el artículo 17 de la Ley de Tierras, dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria, se garantiza la permanencia de los grupos de población asentados en las tierras que históricamente han ocupado
  • 34. Redistribución de las tierras ociosas. En vista de que la producción agraria y el desarrollo rural constituyen temas de interés nacional, la Ley estipula algunos mecanismos para confiscar aquellas tierras que, dadas sus condiciones óptimas para la producción, permanecen ociosas. Impuesto sobre tierras subutilizadas. La nueva Ley crea un impuesto que busca gravar la infrautilización de las tierras rurales, tanto privadas como públicas, , quedando excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto las tierras cubiertas de bosques naturales declarados por el Ejecutivo Nacional como tales (estos no podrán ser objeto de explotación y uso alguno). El artículo 106 define como tierras infrautilizadas aquellas que poseen vocación agrícola, pecuaria o forestal que no alcancen el rendimiento idóneo calculado según las disposiciones contenidas en la Ley.
  • 35. Marco Legal y Político La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Establece que el Estado venezolano se concibe como un estado democrático y social de derecho y de justicia, inspirado en tales principios, el texto constitucional, impone ciertos parámetros para desarrollar la política agraria venezolana, este nuevo Estado se diferencia de los Estados liberales, por cuanto la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad.
  • 36. · La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) En el año 2001, se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual establece las bases para el desarrollo rural integral y sustentable del sector agrícola, afectando el uso de todas las tierras públicas o privadas con vocación para la producción agroalimentaria, esta afectación no constituye ningún tipo de gravamen sino que se refiere a la ubicación del uso de tales tierras dentro de un marco jurídico distinto al derecho común, es decir, es una limitación a la propiedad privada por razones de utilidad pública o interés general
  • 37. El nuevo Estatuto Agrario, busca la incorporación del campesino al proceso productivo, preferentemente de forma cooperativa, es por ello que en su articulado de establece la creación de los fundos estructurados en los cuales se adjudica la tierra a los grupos organizados, así como los bienes muebles e inmuebles necesarios para la efectiva explotación, esta efectiva explotación no busca un enriquecimiento de los integrantes de las cooperativas, que se fundamente en la explotación del hombre por el hombre, sino que por el contrario esta debe ser una producción social, que beneficie a la mayoría de los integrantes de las comunidades establecidas en los alrededores de los fundos estructurados
  • 38. Código Civil venezolano Artículo 545° La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley. En concordancia con el 115 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela; Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
  • 39. · Ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria Para la construcción del Estado Social de justicia y bienestar que enuncia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, con preferencia de aquellos producidos en el país, sobre la base de las condiciones especiales propias de la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización social venezolana.
  • 40. · Ley orgánica para la ordenación del territorio Artículo 16.- También se consideran áreas bajo de régimen de administración especial, las siguientes áreas del territorio nacional que se sometan a un régimen especial de manejo: Zonas de Aprovechamiento Agrícola, compuestas por aquellas áreas del territorio nacional que por sus condiciones edafo climáticas deben ser resguardadas para su explotación agrícola, dentro de un régimen de mayor o menor preservación.
  • 41. Ley De Expropiación Por Causa De Utilidad Pública O Social · Artículo 1. La presente Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social, de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común
  • 42. · Ley Orgánica del Ambiente Artículo 62: La gestión para la conservación del suelo y del subsuelo debe realizarse atendiendo a los lineamientos siguientes: 1. La clasificación de los suelos en función de sus capacidades agroecológicas. 2. El uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras, a fin de evitar su degradación. Entre otros
  • 43. Código penal Artículo 471-A. Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenas, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte. La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.
  • 44. Los Derechos humanos La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario al estudiar la actividad agraria como un complejo de actos y de actividades, tiene presente igualmente como orientación para la interpretación de su normativa, La preeminencia de los Derechos humanos para concretizar en su aplicación los valores que implica el reconocimiento y el respeto de esos derechos, no solo individuales sino también de las colectividades nacionales y mundiales