1. ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DE LA RAMA JURISDICCIONAL
ASONAL JUDICIAL NACIONAL
Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976
Filial CUT-Fenaltrase
CRECE LA INDIGNACIÓN POPULAR
LO QUE EMPIEZA MAL….TERMINA MAL. Este adagio popular, es exactamente
aplicable a lo que ha pasado con la propuesta de reforma a la Administración de
Justicia, impulsada por el Gobierno Nacional y su famosa mesa de Unidad Nacional.
Esa bandera aupada por Juan Manuel Santos, exministro del gobierno uribista y quien
se comprometió a cuidarle los “huevitos” a aquél, tenía el mismo tinte de la planteada
por Alvaro Uribe, propuesta que fue llevada en varias ocasiones al Congreso de la
República, donde por supuesto, ante la desfachatez del contenido y el momento
histórico que se vivía, signado por los constantes ataques del presidente contra la
Justicia, en especial, contra la Corte Suprema, debió de retirarla, pues saltaba de bulto
su interés por debilitarla y excluir a sus patrocinados de la investigaciones que aquella
realizaba, como los procesos seguidos a los parapolíticos, ministros, directores del
DAS, generales y secretarios de la presidencia.
Pero con el mismo afán y en cumplimiento de su compromiso con su antiguo “patrón”,
el ya presidente Santos, corrió a presentar el proyecto de reforma y ante la avalancha
de críticas y reparos, la retiró rápidamente, para tratar de comprometer en ella, a las
altas Cortes. Fue así como creó la Comisión Interinstitucional de Reforma a la Justicia,
la cual deliberó por espacio de ocho meses, hasta que el mes de agosto de 2011, sin
acuerdos en su interior y mucho menos, sin consenso alguno, la presentó al Congreso
de la República, con una sustentación bastante exótica, pues, manifestó que con ella,
se acabaría la impunidad, la congestión judicial y volvería eficiente la Administración de
justicia. Pero al estudiar su contenido, de inmediato, el lector se daba cuenta que no
existe en aquella un articulado coherente con la motivación, que permita superar alguna
de las graves falencias por la que atraviesa el Órgano Judicial, pero que si crea unas
figuras extrañas a la justicia, a la que se decía, se le iría a fortalecer, verbigracia, y sólo
para mencionar algunas de esas inconsistencias, se introdujo limitantes a la acción de
tutela, se le otorga mayor fuero penal a los militares, el Estado se despojaba de la
función de impartir justicia, pasándosela a los particulares, con la consecuente
privatización que aquello supone, se le quita a la Corte Suprema la posibilidad de seguir
investigando y juzgando a los aforados, se reforma el régimen de pérdida de
investidura, se amplía la injerencia del poder ejecutivo en la Rama Judicial, a través, de
la participación de éste en el organismo de gobierno, a la vez que mantiene y le otorga
mayores facultades a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con lo
cual, se tiene injerencia directa en las decisiones judiciales. Y es por ello, que nuestra
Organización, desde un principio, sin vacilación alguna, emprendió la quijotesca tarea
de develar el real contenido de la reforma, desentrañar y denunciar a quien y para qué
servía, a quienes les convendría tal proyecto y para donde iba el presidente Juan
Manuel Santos, con su afán reformador, quien como buen jugador de póker, realizó una
jugada maestra, pues, por un lado, le cuidaría los “huevitos” a Uribe y, por otro, le
entregaría al sector financiero y bancario una gran tajada de la Administración Judicial.
Luego de casi un año de discusiones en el Congreso, de aprobaciones a “pupitrazo”,
los flamantes senadores y representantes de la coalición de gobierno, la llamada Mesa
de la Unidad Nacional, aprueba la reforma constitucional, después de que una comisión
de ambas cámaras, llamada de conciliación, realiza los ajustes correspondientes
En cuanto foro se realizó a nivel local y nacional, denunciamos esas pretensiones del
gobierno, al igual, que en todas las audiencias realizadas en el congreso, bien en las
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regiones o en el mismo capitolio nacional, igual, convocamos a la academia, facultades
de derecho, estudiantes y profesores, logrando una sensibilización, que permitió la
permanente discusión con importantes centros de educación superior, quienes se
pronunciaron en contra de ese proyecto de acto legislativo. Al respecto, también se
realizaron innumerables reuniones con organizaciones de estudiosos del Estado y sus
instituciones, así como también, con personalidades independientes y de base de la
Rama Judicial, tales como: la Corporación de Jueces y Magistrados, la Asociación de
Empleados, los Colegios de Fiscales y Jueces, la Asociación Nacional de Abogados
Litigantes (Conalbos), los usuarios de la justicia, en fin, con la sociedad civil organizada,
lo cual incluyó también, a los periodistas y comentaristas de casi todos los medios
masivos de comunicación. Es en medio de todo ello, como surge el Observatorio
Nacional Permanente para la Administración de Justicia, el cual tuvo una labor
destacada en la lucha contra este inmoral acto legislativo.
A todo ello, el gobierno nacional y los congresistas, hicieron oídos sordos, siguieron
adelante con sus nefastos propósitos, hasta culminar con lo aprobado en la Comisión
Conciliadora, cuando el país se estremeció, al conocer las consecuencias inmediatas
que tendría al entrar en vigencia dicha reforma, a tal punto, que las redes sociales y los
medios de comunicación masiva, reaccionaron, todo lo cual llevó a un gran descontento
popular, lo que obligó al gobierno a un pronunciamiento de inmediato, por lo que Juan
Manuel Santos, que se encontraba en Brasil, interrumpió su visita y en un acto de
desesperación, al filo de la media noche de 19 de junio, realizó una alocución
televisada, en la que se lavó las manos, cual Poncio Pilato, le echó la culpa a los
congresistas conciliadores de tales desafueros y pretendió “pasar de agache” ante
semejante escándalo nacional e internacional.
Luego, ordena la no publicación o promulgación del Acto, siguiendo así en su política
desconocedora del Estado Social Democrático de Derecho, es decir, tratando de salir
del pantano, se hunde más en él. Tan consciente era que se trataba de una medida de
fuerza, de poder, que en tono autoritario, manifestó aquella noche “asumo toda la
responsabilidad al ordenar la no promulgación del acto”. Sobra cualquier comentario
para describir lo que estas palabras significan, tan sólo diremos, que con ellas le rompía
la médula al sistema constitucional colombiano, el que no le atribuye, en modo alguno,
tal función al jefe de Estado, cual es la de objetar proyectos reformatorios de la
constitución. Pasaron dos días y, el ya presidente de facto, realiza otra acción
desesperada, cita la Congreso a sesiones extraordinarias, para que éste revise el Acto
que acababan de aprobar. Ello, surte efecto y es así, como en una sesión ilegal e
inconstitucional, el dócil parlamento, cumple la tarea solicitada por el “supremo”.
A la luz de la Constitución y la ley, nada de ello podía realizarse, pero el mandatario,
mediante esa jugada política, que no jurídica, trata de conjurar la crisis generada por él,
pues a la propuesta impulsada por él, que de sí, ya blindaba a los parapolíticos y
corruptos del congreso, la Comisión de Conciliación, le agregó más “micos”, o mejor,
“orangutanes”, en tanto que éstos, sentían que el Ejecutivo los apoyaba, que además,
hacían parte de la famosa Mesa de la Unidad Nacional, lo que les daba o brindaba todo
el respaldo para arrasar con cualquier vestigio de moralidad o ética que le quedaba a
ese espurio congreso. Lo que no tuvieron en cuenta, es que la “la ambición rompe el
saco”, otro adagio popular que les cae a estos tramposos como “añillo al dedo”, pues
no sólo se blindaban los congresistas ante el actuar de la justicia, sino, que también
extendieron ese “fuero” a los secretarios de ambas cámaras (que no son elegidos por
voto popular), a los ministros (entiéndase a los de la Yidispolitica y Agro ingreso
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seguro), generales, magistrados de tribunal, directores de Departamentos, bueno, a
más de legislar en causa propia, es decir, en su propio beneficio, también realizaron
todo un festín de impunidad y de burla para el país.
Es aquí, donde entra Juan Manuel Santos, que ante la indignación popular
generalizada, que acaba con su famosa re-elección, les dice a sus “muchachos" que
“se les fue la mano”. No fue pues un gesto de gobierno preocupado por semejante
barbaridad, sino, la de un político que mide las consecuencias que acarrearía para su
campaña reeleccionista continuar con tal despropósito, por lo que tomó la decisión ya
comentada, así volviese “añicos” la desprestigiada y violada Constitución. El presidente
Santos sabía lo que pasaba, pues al fin y al cabo, fue el gestor de semejante
frankesteín y quien nombró los ministros que deberían hacer lo posible para que dicha
reforma pasara, por eso encargó a GERMAN VARGAS LLERAS y JUAN CARLOS
ESGUERRA, por eso ellos estuvieron tan activos durante todo el trámite y por eso,
luego de la conciliación, el último de los mencionados, le solicitó al Congreso que votara
tal esperpento, pues, según lo manifestó “era la mejor reforma que en el transcurso de
la vida republicana había realizado congreso algún”.
Nos alegramos porque por fin se hundió semejante esperpento, pero nos entristece,
porque para ello, se erosionó la Constitución, se generó una crisis institucional de tal
magnitud, que podríamos afirmar que hoy en nuestro país, no existe Estado
Democrático de Derecho! El Estado hizo crisis y el pueblo colombiano, tiene el deber de
pedir cuentas y reorganizar el modelo de país-estado que queremos. Tenemos un
sistema presidencialista que se erigió en el único y absoluto poder, un congreso
deslegitimado, corrupto y corruptor y una Rama Judicial, sin dirección, sin rumbo, con
unos magistrados avergonzados, que no tuvieron el pundonor de rechazar las
prebendas ofrecidas por aquellos otros dos poderes que se amangualaron para pisotear
el Estado Colombiano, al que sus compañeros hoy en la prisión, quisieron refundar con
los pactos realizados con grupos armados, que bañaron y siguen bañando con sangre,
todo el territorio patrio.
ASONAL, con esta presidencia, conformó e hizo parte del Comité de Impulso del
Referendo contra la recién aprobada reforma, pues de entrar esta en vigencia,
teníamos el compromiso histórico de conducir y orientar el descontento popular, con el
objeto de revocar tal acto ilegítimo e ilegal, pero una vez hundida, nuestra tarea tiene
que ir más allá, tenemos que encabezar un movimiento por la moralidad y la eticidad
del país, por la construcción de un verdadero Estado Social Democrático de Derecho,
que pasa por transformar este tipo de Estado presidencialista que entró en una
profunda crisis, con un gobierno y un congreso deslegitimados, abucheados, que por lo
mismo, no pueden seguir siendo el soporte del Estado-Nación.
El desprestigio y la impopularidad de los congresistas y de este gobierno, crece cada
vez más, el desempleo aumenta en las grandes ciudades, los servicios públicos son
inaccesibles para amplias capas de la población, crece la miseria en el campo y con
ello, el número de desplazados, generando grandes cinturones de miseria en las
ciudades, el sector salud está en crisis, cada vez más se le niega este derecho a los
sectores del régimen subsidiado, en fin, las condiciones para un gran cambio, están
más que dadas.
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Tenemos que tener memoria, para que no olvidar a aquellos que han traicionado el voto
con el que el pueblo los ungió para que los representara en el Congreso, por lo que
proponemos desde ya, la creación de un COMITÉ DE LA MEMORIA, para que
NUNCA se olvide quienes votaron la reforma y por qué NUNCA vuelvan a ser
depositarios del voto popular.
También, le proponemos al país, a la academia, a las organizaciones políticas,
sindicales y populares, a los estudiantes, a las amas de casa, es decir, al pueblo en
general, hacer una gran cruzada por la revocatoria del actual congreso, cambiar el
régimen presidencialista por un régimen parlamentario, fortalecer la independencia de
los poderes públicos y realizar las transformaciones que la Rama Judicial requiere, para
hacerla eficaz y eficiente, en especial, asignándole un rubro presupuestal, que garantice
su autonomía e independencia. Pero para ello, somos conscientes, no existe otra forma
o salida que la de una Asamblea Nacional Constituyente, pues este Congreso no está
legitimado para emprender las transformaciones que requiere el Estado Colombiano y
para conjurar el caos institucional en que nos sumergió el gobierno populista de Juan
Manuel Santos, quien ha demostrado hasta la saciedad, que vive improvisando en
todas la materias, que no tiene asesores idóneos y que sólo le interesa favorecer a sus
amigos de clase. Basta con observar lo que ha pasado con la reforma a la educación
superior, la de la salud, la tributaria, la pensional, la de justicia y las autorizaciones para
que los empresarios de las multinacionales mineras exploten los el suelo en las zonas
de reserva forestal e hídrica o la que tuvo que echar para atrás, cuando autorizó el
complejo turístico en plena reserva indígena del parque Tairona, en la Sierra Nevada de
Santa Marta. Está por verse lo que pasará con el Marco Jurídico para la Paz, acabado
de aprobar, la ley de tierras y el Código Unico Procesal.
¡ Y NO QUEREMOS Y NO NOS DA LA GANA … TENER UNA JUSTICIA MAS
PRIVATIZADA …Y SI QUEREMOS Y SI NOS DA LA GANA LUCHAR POR UNA
JUSTICIA LIBRE Y SOBERANA ¡
¡POR UNA REFORMA DEMOCRÁTICA A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA….UNIDAD , ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
¡CONTRA LOS CONGRESISTAS CORRUPTOS DEL CONGRESO QUE VOTARON
LA REFORMA A LA JUSTICIA……NI UN VOTO MAS..¡
ASONAL JUDICIAL……………..PRESENTE…PRESENTE….PRESENTE!!!!!!
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
LUIS FERNANDO OTALVARO CALLE
Presidente
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