El documento describe cómo el diario chileno La Nación, que originalmente pertenecía mayormente a accionistas privados, fue efectivamente controlado por el gobierno de Pinochet a través de la compra de acciones preferentes a nombre de funcionarios gubernamentales. Esto le permitió al gobierno dominar el directorio y aprobar los balances pendientes. Más tarde, las acciones fueron transferidas a empresas estatales como Radio Nacional, dando al gobierno el control de facto sobre el diario aunque la propiedad fuera privada.