La jurisprudencia colombiana ha establecido que existen diferencias cualitativas entre las sanciones penales y administrativas. Las sanciones administrativas buscan garantizar principios como igualdad e imparcialidad en la función pública, mientras que las sanciones penales protegen bienes sociales más amplios y buscan fines como la retribución y prevención. A pesar de estas diferencias, la jurisprudencia colombiana permite que se apliquen sanciones penales y administrativas por los mismos hechos, lo que puede generar riesgos para