INTERPONE RECURSO                      DE AMPARO – SOLICITAMEDIDA CAUTELAR –                      HACE RESERVA DEL CASOFED...
Nacional y de la Ley Nro. 16986, contra la Secretaría deAmbiente del Ministerio de Ambiente, Agua y Energía delSuperior   ...
El        artículo             segundo          de       cada        resolucióndispuso     “Establecer               el   ...
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V.S. resulta competente para intervenir enlos presentes actuados, ello en virtud que la actora es unapersona pública estat...
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V.- Por las razones expuestas en los puntosprecedentes, la justicia federal con asiento en la Ciudadde Córdoba es competen...
dominante en el marco de las funciones asignadas a esteorganismo       u    otros      con   competencia          en    la...
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protección         de     los      intereses        económicos17,               y                                         ...
todas las acciones necesarias a los fines de desarrollar (ypermitir el desarrollo) de los mecanismos destinados a lapromoc...
dictado de las resoluciones 1026/12, 1027/12, 1028/12 y1029/12 por parte de la Secretaría de Ambiente, se observaque    la...
los servicios de comunicación audiovisual se considera unaactividad de interés público, de carácter fundamental parael des...
ideas,     sin    censura…25,        iii)    El      objeto   primordial    de     laactividad        brindada      por   ...
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los usuarios y de la actora (tal se desarrollará en lospuntos ii y iii).                Por     ello,     la        acción...
ii)   Esta    acción       es     procedente                   ante    actos        de   las           autoridades pública...
tipificadas           por      la            presencia            de        arbitrariedad,irrazonabilidad o ilegalidad man...
agotamiento de la referida                         instancia a los fines de laadmisibilidad de la presente acción.        ...
lesionen derechos constitucionales o hacer que los mismossean prontamente reparados.               Por      ello:     “Lue...
Por su parte, debe destacarse que la ComisiónNacional    de       Comunicaciones           en    la    Nota    Nro.       ...
En este contexto, vale remarcar que frente aun actuar lesivo y arbitrario, se enerva la vía del amparocomo remedio expedit...
iv.- Debe resaltarse que la AFSCA debe protegerlos      derechos       de     los        usuarios           de        los ...
derecho       constitucional             a     elegir           en        un     ámbito        decompetencia, y a poder go...
derecho   corresponde          estar    a     favor    de   la   libertad    decomercio y no del monopolio o la exclusivid...
las autoridades públicas destinada a garantizar mercadoslibres, participativos y no monopólicos.                      Y re...
acceder     libremente       al   prestador           que    –voluntariamente-elija.                    El artículo 42 de ...
autoridad       de   aplicación,          ya   que        le    impide   actuar    enejercicio de sus funciones legales y ...
En este caso          la medida cautelar que se dicte,resulta procedente pues de ese modo se suspenderían losefectos de   ...
Además con respecto a la actora, el daño esconcreto, ya que se impide que pueda ejercer sus funcionescomo autoridad de apl...
verosimilitud del derecho (previstos en el artículo 230 delCPCyCN),    sino    tan        solo    uno       de    ellos   ...
Por último, dadas las particularidades delcaso que nos ocupa, la contracautela podría ser válidamenteprestada a través de ...
8) Prueba.-Se acompaña la siguiente prueba documental:     1) Copia      de       las       Resoluciones           Nros.  ...
5.   Disponga de forma cautelar             la suspensión de los     efectos     de   las   resoluciones         1026/12, ...
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Recurso de amparo presentado por la AFSCA en justicia federal de Córdoba

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  1. 1. INTERPONE RECURSO DE AMPARO – SOLICITAMEDIDA CAUTELAR – HACE RESERVA DEL CASOFEDERAL.Sr. Juez Federal: Carlos Daniel Lencinas, en representacióndel Estado Nacional - Autoridad Federal de Servicios deComunicación Audiovisual- constituyendo domicilio legal enAv. Figueroa Alcorta 163, 6to. piso, de esta Ciudad deCórdoba, a VS respetuosamente me presento y digo: 1) Personería.- Que soy abogado Asistente del Cuerpo deAbogados del Estado, dependiente de la Procuración delTesoro de la Nación, en los términos del art. 66, 2° párrafode la Ley 24.946, tal como lo acredito lo acredito concopia de la Resolución No 80 de la Procuración del Tesoro dela Nación , debidamente juramentada.- Que en dicho carácter y siguiendo expresasinstrucciones de mi mandante, comparezco, pidoparticipación y dejo constituido el domicilio legal yacitado. 2) Objeto.- Que por medio de este escrito, vengo enrepresentación de la Autoridad Federal de Servicios deComunicación Audiovisual, AFSCA, a interponer Acción deAmparo en los términos del artículo 43 de la Constitución 1
  2. 2. Nacional y de la Ley Nro. 16986, contra la Secretaría deAmbiente del Ministerio de Ambiente, Agua y Energía delSuperior Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyodomicilio se denuncia en Richeri 2187, Barrio RogelioMartínez, de la Ciudad de Córdoba, provincia homónima. La acción de amparo se inicia comoconsecuencia de las Resoluciones Nros. 1026/12,1027/12,1028/12, 1029/12, dictadas -todas ellas- el 28 dediciembre de 2012 por la Secretaría de Ambiente dependientedel Ministerio de Ambiente, Agua y Energía del Gobierno dela Provincia de Córdoba, y notificadas a la EmpresaArgentina de Soluciones Satelitales –ARSAT SA (televisióndigital) el 21 de enero de 2013. A través de esas resoluciones, la Secretaríade Ambiente decidió suspender las operaciones de lasestructuras soporte para el equipamiento de comunicaciones,sitas en: Cerro de los Mogotes (ubicado en la Localidad deMalagueño, Departamento Santa María de la Pcia. deCórdoba); y en los municipios de Leones; Villa Dolores yVilla María, todos de la Pcia. de Córdoba.- El artículo primero de cada uno de los actosen cuestión, resolvió no autorizar el Aviso de Proyecto,atento que el mismo no cumplimenta con lo prescripto por elDecreto Nro. 2131, reglamentario de la Ley 7343. Los avisosno fueron autorizados en Cerro de Los Mogotes (Resolución1026/12); Leones (Resolución 1027/12); Villa Dolores(1028/12) y Villa María (Resolución 1029/12). 2
  3. 3. El artículo segundo de cada resolucióndispuso “Establecer el cese en forma inmediata yprecautoria de las operaciones de estructura soporte parael equipamiento de comunicaciones perteneciente a laEmpresa Argentina de Soluciones Satelitales –ARSAT SA(televisión digital)”. La resolución correspondiente acada municipio, suspende las operaciones de lasestructuras sitas en ellos, “hasta tanto se presente ladocumentación necesaria a los fines de cumplimentar losrequerimientos establecidos por la normativa vigente.”. El artículo tercero de cada acto determina que:“…a través de la Dirección de Control y FiscalizaciónAmbiental conjuntamente con el Área de AuditoríasAmbientales se tomen las medidas necesarias para darcumplimiento a lo dispuesto” por el artículo segundo decada resolución. La AFSCA no ha sido parte de los expedientesadministrativos1. No obstante ello, a la luz de lodispuesto por las resoluciones en cuestión, se advierte quela actora se encuentra afectada por lo ahí decidido. La medida adoptada por los resolutorioscitados, afecta a la AFSCA (autoridad de aplicación de laLey de Servicios de Comunicación Audiovisual, LSCA, Nro.26.522, conforme artículo 10), ya que la limita en elejercicio regular de sus funciones y atribuciones,1 El requerimiento habría sido llevado a cabo por ARSAT, empresaa cargo de “Asumir el rol estratégico en la implementación delas políticas de Estado en materia de telecomunicaciones,radiodifusión e Internet”, ver en la webhttp://www.arsat.com.ar/compania. 3
  4. 4. tendientes y destinadas a asegurar la libre difusión deideas y opiniones (artículo 2 y concordantes de la ley26.522), la regularidad en la transmisión de servicios decomunicación audiovisual (artículo 12 y concordantes), elacceso de la población a una mayor diversidad de canales ypluralidad de voces (artículos 1, 2 y concordantes de laLey), la libre competencia y la desmonopolización en elmercado comunicacional (artículo 12 inciso 13 yconcordantes de la ley) A través de esta acción, se pretende queV.S. resuelva que se continúen con las operaciones cuyocese se dispuso, ello a los fines (según el caso) que seinicien o se prosigan –a través de ellas- lastransmisiones de canales de TV públicos y privados. Asimismo, se solicita que dicte una medidacautelar, en los términos del artículo 230 del CPCyCN, alos fines que se suspendan los efectos de las resoluciones1026/12, 1027/12, 1028/12 y 1029/12 dictadas por laSecretaría de Ambiente dependiente del Ministerio deAmbiente, Agua y Energía del Gobierno de la Provincia deCórdoba, en cuanto disponen el cese de las operaciones (verartículo 2 de cada resolutorio), ya que su vigenciaproduce lesión concreta y manifiesta a los derechos,atribuciones y competencias constitucionales y legales demi mandante. 3) Competencia.- 4
  5. 5. V.S. resulta competente para intervenir enlos presentes actuados, ello en virtud que la actora es unapersona pública estatal, descentralizada y autárquica queestá bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (artículo10 de la Ley Nro. 26.522). i.- La competencia recae a favor de laJusticia Federal, ya que: “El carácter contenciosoadministrativo (federal) de una causa judicial se halladeterminado por la concurrencia de dos factores: elsubjetivo, que está dado por la circunstancia de ser parteen el conflicto un órgano de la Administración Pública, yel objetivo, que deriva de la norma o normasaplicables (Palacio, Lino Enrique "Derecho ProcesalCivil", Abeledo Perrot, T.II, cuarta reimpresión, Bs.As.1990, pág. 524) (Considerando V).”2.- Ello es así, ya que el carácter federal dela persona jurídica es la que determina el fuero y lajurisdicción federal a la que se va a someter en sedejudicial. ii.- En virtud de la materia objeto de esteamparo, también resulta competente la justicia federal, yaque la ley afectada por los actos cuestionados, y sobre lacual la actora tiene facultades de aplicación, es decarácter federal. Ello así, entre otras cuestiones, ya queel artículo 15 de la Ley 26.522 crea al Consejo Federal de2 Expte. 13.004/07, autos "Domus SCA c/BCRA -Resol. E 18253/07-(Expte. 42864/06) s/amparo ley 16.986", fallo del 11/03/2010,CNACAF, Sala IV. 5
  6. 6. Comunicación Audiovisual, el que posee diversas yespecíficas misiones y funciones con el fin de asesorar,promover y proponer el desarrollo de la actividad decomunicación audiovisual. Asimismo, debe destacarse que la norma (ley26.522) es federal, ya que la autoridad de aplicación dela misma es una Autoridad Federal, la cual lógicamenteejercerá competencias sobre leyes federales. Debe destacarse que se ha entendido que cuandouna ley federal es objeto de la controversia judicial, lacompetencia será del fuero federal, ya que “como resolviónuestro más Alto Tribunal en la causa “Eyheramendi,Lucrecia del Valle s/ Acción de Amparo”,… lo verdaderamentetrascendente para determinar la competencia federal, es lacircunstancia de que la causa, se halle o no directa einmediatamente regida por las normas contenidas en la leynacional para determinar la competencia federal ratione 3materiae.” . Es decir, la materia federal de la norma quedebe regir la situación, determina la competencia federal,lo que ocurre en el presente caso. iii.- Por otra parte, el juzgado federalcompetente es el que tiene asiento en la Ciudad de Córdoba,Provincia de Córdoba, ya que los actos administrativos quese cuestionan han sido dictados en esa ciudad, y con el fin3 EXPTE. N°:119/12, autos “Barbero Becerra, Aukha c/ CablevisiónS.A. Amparo”, Sentencia 109-2012. Cámara Federal de Apelacionesde Córdoba, Sala: A. 6
  7. 7. de producir efectos en localidades alcanzadas por esajurisdicción provincial. En este último sentido debe destacarse que seha entendido que es competente “la Cámara Federal deApelaciones con jurisdicción en el lugar en que secometió la presunta infracción”4. Siguiendo ese criterio,por analogía, debe considerarse que si se cuestiona unadecisión administrativa, la competencia federal va a recaeren la jurisdicción del lugar en la que se emitió el actoimpugnado. Ese último ha sido el criterio de la JusticiaFederal, la que ha sostenido que: “ Si el actoadministrativo impugnado a través de una acción de amparono produce efectos a múltiples administrados -Fallos:315:1738-, si él no tiene efectosexclusivamente patrimoniales -lo que hubiese obstadoa la declaración de incompetencia territorial de oficio(art. 4, último párrafo del C.P.C.C.N., supletoriamenteaplicable en materia de amparo de conformidad con loestablecido en el art. 17 de la ley 16.986) y si el mismose "exteriorizó" -es decir, se "notificó"- y produceefectos en una localidad de una Provincia corresponde4 Fallos: 245:57; 249:577; 292:337 y 301:479; también en esesentido CNACAF, Sala II, expte. Nro. 8.741/05, autos “Centro deCarniceros y Mataderos de Azul S.A. c/SAGP y A -Resol.1336 (Exp. S01: 229664/02)", fallo del 03/12/09 (Voto de la Dra.Herrera). 7
  8. 8. intervenir en su revisión al tribunal federalcon competencia en ese lugar (art. 4 de la ley 16.986).”5. Entre lo mencionado en el fallo transcripto enel párrafo anterior y la situación de autos existenconcretas similitudes, ya que:  El acto cuestionado produce efectos en una jurisdicción provincial.  Una de las personas que es parte de la contienda, mi mandante, es de carácter federal.  En ambos casos se planteó una acción de amparo. IV.- A mayor abundamiento, es importantedestacar que la Excma.Corte Suprema de Justicia de laNación sostuvo que: “al Instituto Autárquico Unificado deSeguridad Social… no le asiste el privilegio a ser juzgadopor los jueces locales, en tanto la cuestión que se debedilucidar en estas actuaciones no se vincula con elfuncionamiento orgánico de la entidad en si misma…”6. En el caso que nos ocupa, no se cuestiona elfuncionamiento orgánico interno de la Secretaría deAmbiente, sino una decisión de esta que impacta en lapersona jurídica estatal AFSCA, autoridad federal, extremoeste asimila la cuestión a lo resuelto por el tribunalcimero en el fallo parcialmente transcripto en el párrafoanterior.5 Expte. Nro. 12.908/08, autos "Druetta Hnos. S.A. c/ E.N.-S.A. y DS- ACUMAR Resol 82/08 s/Amparo ley 16.986", fallo del17/07/08 de la CNACAF, Sala I.6 Expediente P.322. XLVII. ORI, autos “Pettean, Elena Amalia yOtros C/ Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur,Provincia de”; pronunciamiento del 6 de diciembre de 2011. 8
  9. 9. V.- Por las razones expuestas en los puntosprecedentes, la justicia federal con asiento en la Ciudadde Córdoba es competente para intervenir en la presenteacción de amparo. 4) Legitimación.- La actora está legitimada para iniciar lapresenta acción de amparo. La AFSCA es la autoridad de aplicación de laLey 26.522 (artículo 10 de la Ley 26.522), siendocompetente para aplicar, interpretar y hacer cumplir laLSCA y sus normas reglamentarias7. Por ello, entre otras, son atribuciones dela AFSCA: a) Promover la difusión de los medios de 8comunicación audiovisual ; b) Desarrollar mecanismosdestinados a la promoción, desconcentración y fomento de lacompetencia con fines de abaratamiento, democratización yuniversalización del aprovechamiento de las nuevastecnologías de la información y la comunicación9; c)Garantizar el acceso igualitario de las personas usuarias alos medios de comunicación10; d) Promover y estimular lacompetencia y la inversión en el sector11; e) Prevenir ydesalentar las prácticas monopólicas, las conductasanticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición7 Artículo 12, inciso 1 de la ley 26.522.8 Artículo 1, 2 y concordantes de la Ley 26.522.9 Artículo 1, 2 y concordantes de la Ley 26.522.10 Artículo 1, 2 y concordantes de la Ley 26.522.11 Artículo 12, inciso 13 de la ley 26.522. 9
  10. 10. dominante en el marco de las funciones asignadas a esteorganismo u otros con competencia en la materia12; f)Promover la participación de los servicios de comunicaciónaudiovisual en el desarrollo de la Sociedad de laInformación y el Conocimiento13. i.- En lo atinente a su personería, lalegitimación activa de la AFSCA surge con claridad, ya quees un organismo descentralizado y autárquico en el ámbitodel Poder Ejecutivo nacional (artículo 10 de la ley26.522), que posee plena capacidad jurídica para actuar enlos ámbitos del derecho público y privado (artículo 11 dela LSCA). De lo señalado, en el párrafo anterior, surgeque la AFSCA es una persona jurídica que tiene capacidadpara ser parte en juicio, ello a los fines de hacer valersus derechos y poder ejercer sus atribuciones legales comoautoridad de aplicación de la ley 26.522. Así las cosas, en virtud de su carácter deorganismo estatal descentralizado, la AFSCA tienepersonería para ser parte en juicio en toda acción en laque participe en defensa de sus derechos y/o con el fin deejercer sus competencias y atribuciones emergentes de laLSCA. ii.- Con base a lo señalado precedentemente,la legitimación activa de la Autoridad Federal en el12 Artículo 12, inciso 13 de la ley 26.522.13 Artículo 12, inciso 5 de la ley 26.522. 10
  11. 11. presente caso surge en razón que se presenta ante V.S. através de la presente Acción de Amparo con el fin de exigirque se continúe con la situación de hecho y de derechoexistente, la que posibilitaba la realización detrasmisiones televisivas a través de las operaciones de lasestructuras que las resoluciones cuestionadas ordenaroncesar. La situación existente antes del dictado delas resoluciones en cuestión, permitía la difusión dedistintos canales de televisión a diversas localidades dela Provincia de Córdoba, transmisiones algunas de ellasprovistas por empresas privadas y otras por el Estado. Lo señalado en el párrafo anterior impacta –también- negativamente en los usuarios del servicio decomunicación audiovisual, ya que les impide acceder atransmisiones televisivas, extremo este que afecta suderecho: i) a la libre elección (artículo 42 CN14), ii) alacceso a los medios de comunicación15, iii) a ser 16destinatario de opiniones y voces distintas , iv) a la14 El artículo 42 de la Constitución Nacional en su segundopárrafo establece que: “Las autoridades proveerán a laprotección de esos derechos, a la educación para el consumo, ala defensa de la competencia contra toda forma de distorsión delos mercados, al control de los monopolios naturales y legales,al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a laconstitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.”.15 El acceso a los medios de comunicación implica una relación deconsumo protegida por el artículo 42 de la Constitución Nacionaly por las leyes dictadas al efecto de proteger a losconsumidores. En este sentido Lowenrosen, Flavio Ismael;“Derecho del Consumidor”, Tomo II, Editorial EdicionesJurídicas, Bs. As., 2008, página 176.16 El tercer párrafo del artículo 2 de la LSCA dice que “elobjeto primordial de la actividad brindada por los serviciosregulados en la presente es la promoción de la diversidad y la 11
  12. 12. protección de los intereses económicos17, y 18consecuentemente su derecho a la propiedad , en la medidaque para acceder a las transmisiones que le eran brindadasde forma gratuita por los soportes que dejaron de operar,deban contratar un servicio pago. La medida,indirectamente, termina beneficiando a los operadores quecobran por los servicios de televisión por cable. En este contexto se advierte una dobleafectación a las competencias de la AFSCA, ello en orden –por un lado- a que la decisión impide que se pueda prestarcon libertad el servicio de comunicación audiovisual endistintas localidades de Córdoba, extremo este que ademásde afectar el derecho constitucional a ejercer industrialícita19, también impide que se fomente la difusión deideas , la transmisión de distintas opiniones21 y 20 la librecompetencia en materia de comunicación22. Lo señalado en el párrafo anterior afecta elejercicio de competencias de la AFSCA, ya que en sucarácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.522, escompetente para llevar a cabo todas las medidas y disponeruniversalidad en el acceso y la participación, implicando elloigualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Naciónpara acceder a los beneficios de su prestación”.17 El artículo 42 de la Constitución Nacional protege de modoexpreso los intereses económicos de los usuarios y consumidores.18 El artículo 17 de la Constitución Nacional es un valladarcontra cualquier intento ilegítimo de afectar el derecho a lapropiedad de los administrados, destacándose que los usuariosestán alcanzados también por esta protección, ya que esta es labase sobre la cual se sostiene la tutela a sus intereseseconómicos consagrada por el artículo 42 de la Carta Magna.19 Artículo 14 de la CN.20 Artículo 2, 3 y concordantes de la LSCA.21 Artículo 2, 3 y concordantes de la LSCA.22 Artículo 1, 2, 3 y concordantes de la Ley 26.522. 12
  13. 13. todas las acciones necesarias a los fines de desarrollar (ypermitir el desarrollo) de los mecanismos destinados a lapromoción, desconcentración y fomento de la competencia confines de abaratamiento, democratización y universalizacióndel aprovechamiento de las nuevas tecnologías de lainformación y la comunicación. En virtud de las decisiones cuestionadasno se trasmiten en diversas jurisdicciones distintoscanales de televisión (públicos y privados). Estoclaramente impide que la Autoridad Federal pueda cumplircon los objetivos previstos en la LSCA, en cuanto apromover y universalizar la difusión de las transmisionestelevisivas, y fomentar la competencia23. Así las cosas, de forma contundente seaprecia que la medida destinada a impedir el funcionamientode los medios (antenas) utilizados para la transmisión delos servicios de comunicación, atenta contra las potestadesde la AFSCA, pues constituye un valladar para que sedifundan canales de TV, se promueva la competencia en elmedio comunicacional, y para que haya mas actores en elmercado, todas estas cuestiones que la actora debe promoveren su carácter de autoridad de aplicación de la ley. Se advierte, con claridad desde ese punto devista, la legitimación de la actora. Asimismo, en cuanto a la afectación a losderechos de los usuarios que emerge como consecuencia del23 Artículo 1 y 2 LSCA. 13
  14. 14. dictado de las resoluciones 1026/12, 1027/12, 1028/12 y1029/12 por parte de la Secretaría de Ambiente, se observaque la decisión contenida en esas normas les impediráacceder libremente a distintos medios de comunicación. Tal circunstancia colisiona con lascompetencias y atribuciones de la Autoridad Federal, ya queesta debe promover el amplio acceso a los medios decomunicación en condiciones de igualdad, lo que no seríaposible en la medida que quienes quieran accedergratuitamente a distintas transmisiones no puedan hacerlo.Ello así, en virtud que las mismas no serían provistas através de antenas de uso libre, cuyo cese ha sido dispuestopor los resolutorios dictados por la Secretaría deAmbiente, sino por sistemas pagos de TV a los queindirectamente benefician. Por otra parte debe destacarse que la medidaimpide que se prosiga brindando con continuidad yregularidad el servicio de comunicación audiovisual en todala provincia de Córdoba, ya que la suspensión del uso delas antenas es un obstáculo para que se transmitandistintos canales (públicos y privados). Esta situaciónafecta tanto a los difusores como a los usuarios, ya quelos primeros no pueden ejercer (en una jurisdicción) suactividad profesional, mientras que los segundos se venimpedidos de poder acceder a los medios de comunicación sinrestricciones. Asimismo no olvido que la ley 26.522 en suartículo 2do. establece que: “La actividad realizada por 14
  15. 15. los servicios de comunicación audiovisual se considera unaactividad de interés público, de carácter fundamental parael desarrollo sociocultural de la población por el que seexterioriza el derecho humano inalienable de expresar,recibir, difundir e investigar informaciones, ideas yopiniones. La explotación de los servicios de comunicaciónaudiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestiónestatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestiónprivada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidadde operar y tener acceso equitativo a todas las plataformasde transmisión disponibles.”. (las cursivas me pertenecen) Del texto de la ley, de su letra, se observaque la prestación de un servicio de comunicaciónaudiovisual si bien no es un servicio público, se trata deuna actividad considerada de interés público. Debe destacarse que la noción de interéspúblico no excluye la facultad del Estado de regular elservicio, y de propender a que este sea prestado a losusuarios en condiciones de calidad, continuidad,regularidad, universalidad e igualdad. Y eso es lo que promueve la LSCA cuandoestablece que: i)El Estado debe salvaguardar el derecho ala información, a la participación, preservación ydesarrollo del Estado de Derecho, así como los valores dela libertad de expresión24, ii) La promoción y garantía dellibre ejercicio del derecho a toda persona a investigar,buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e24 Artículo 2, párrafo 2 de la LSCA. 15
  16. 16. ideas, sin censura…25, iii) El objeto primordial de laactividad brindada por los servicios regulados en lapresente es la promoción de la diversidad y a universalidaden el acceso y la participación, implicando ello igualdadde oportunidades de todos los habitantes de la Nación para 26acceder a los beneficios de su prestación . Asimismo, y a fines de ampliar lodesarrollado en el párrafo anterior, vale receptar alsegundo párrafo del artículo 2do. la ley 26.522, el cualestablece que: “La condición de actividad de interéspúblico importa la preservación y el desarrollo de lasactividades previstas en la presente como parte de lasobligaciones del Estado nacional establecidas en elartículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A talefecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sussoportes resulta una actividad social de interés público,en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a lainformación, a la participación, preservación y desarrollodel Estado de Derecho, así como los valores de la libertadde expresión.”. A la luz del contexto normativo vigente, esimportante considerar que en el marco de las denominadasactividades de interés público los prestadores (al igualque el Estado) deben llevar a cabo actuares que garanticenla continuidad, regularidad y calidad del servicio, ello a25 Artículo 3, inciso a) de la Ley 26.522.26 Artículo 2do., tercer párrafo de la LSCA. 16
  17. 17. fin de asegurar la eficiente prestación a los usuarios27,dotándose a la Administración de facultades especiales parapoder velar por ello28. En el caso que nos ocupa, la Autoridad Federalcuenta con potestades y atribuciones específicas para queel servicio de comunicación se preste con continuidad;regularidad; universalidad y libre competencia, ello a losfines que tanto los proveedores como los usuarios puedanejercer sus derechos. En este contexto, reitero que el prestador deun servicio de comunicación audiovisual presta unaactividad que genera con los adquirentes o con quienesacceden al mismo una relación de consumo, tutelada por elartículo 42 de la Constitución Nacional. En el marco de esa relación de consumo (lanacida del servicio de comunicación audiovisual) se debeproteger y tutelar al usuario, ello a los fines deresguardar sus derechos constitucionales y legales, comoser: a) a la seguridad, b) a la propiedad, c) a lalibertad de elección, etc.. Para ello, toda autoridad deaplicación debe de modo continuo y constante actuar enpos de garantizar esos derechos de los usuarios.27 CNACYCF, Sala I, autos “Bettinotti, Alejandro Gabriel C/AguasArgentinas SA S/Medidas Preliminares y de Prueba Anticipada”,Causa Nro. 1445/98, fallo del 04/06/98.28 Barra, Rodolfo C.; “Hacia una interpretación restrictiva delconcepto jurídico de servicio público”, La Ley, 1982-B página373 y siguientes. 17
  18. 18. Y, en el caso que nos ocupa, la medidaadoptada obsta a que la AFSCA pueda sin cortapisas asegurarque los usuarios puedan acceder a distintas opciones decomunicación, y en condiciones igualitarias. En este contexto, se advierte que la decisiónimpide que la AFSCA cumpla con su cometido legal depermitir el acceso a todos los habitantes en condicionesde igual a los medios de comunicación. De lo expuesto surge con claridad que lasresoluciones cuestionadas impiden que la AFSCA puedaejercer con amplitud y libertad sus funciones yatribuciones como autoridad de aplicación de la LSCA, yde ahí su legitimación para ser parte actora en esta Acciónde Amparo. 5)Procedencia de la Acción de Amparo. La presente acción es procedente, ya que esla vía idónea y expedita para resolver la cuestióndebatida, la cual afecta los derechos constitucionales ylegales de mi mandante, como así también el de las personasa las que –como autoridad de aplicación- debe proteger, esdecir a los usuarios de los servicios de comunicaciónaudiovisual. i.- En principio debe destacarse que, en elcaso que nos ocupa, la Acción de Amparo es la vía idónea,ya que se afectan, claramente, derechos constitucionales de 18
  19. 19. los usuarios y de la actora (tal se desarrollará en lospuntos ii y iii). Por ello, la acción de Amparo resultaprocedente, ya que esta es un antídoto contra aquellasdecisiones que resultan contrarias y repugnantes al ordenconstitucional, y que, por ese motivo, causan daño a laspersonas, sean físicas o jurídicas, públicas o privadas. Debe destacarse que el artículo 43 de laConstitución Nacional, fruto de la reforma del año 1994,establece que: “Toda persona puede interponer acciónexpedita y rápida de amparo, siempre que no exista otromedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión deautoridades públicas o de particulares, que en forma actualo inminente lesione, restrinja, altere o amenace, conarbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantíasreconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Enel caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad dela norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podráninterponer esta acción contra cualquier forma dediscriminación y en lo relativo a los derechos que protegenal ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor,así como a los derechos de incidencia colectiva en general,el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones quepropendan a esos fines, registradas conforme a la ley, laque determinará los requisitos y formas de suorganización.”. De lo transcripto surge que: i) Cualquier persona puede presentar acción de amparo, 19
  20. 20. ii) Esta acción es procedente ante actos de las autoridades públicas o de particulares, iii) La vía del amparo es viable cuando se lesionen o restrinjan o amenacen derechos constitucionales, iv) El amparo es procedente cuando se afecte la libre competencia y/o los derechos de los usuarios. v) Esta vía es aplicable cuando sea el medio judicial idóneo. En el caso que nos ocupa, es importantedestacar que la AFSCA es una persona jurídica, extremo esteque la habilita a presentar esta acción; además el dañoproviene de actos y conductas públicas (de la Secretaría deAmbiente en este caso); medidas esas que impactannegativamente en los derechos constitucionales de losusuarios, como ser el de libre elección, y en los de estaAutoridad Federal que debe actuar de modo continuo yconstante a fin de propender a la eliminación de losmonopolios (naturales, legales y de hecho), ello enconjunción con lo establecido en el artículo 42 de laConstitución Nacional. De acuerdo a lo señalado en el párrafoanterior, concurren –en este caso- todos los recaudossuficientes para la procedencia de la vía del amparo. La utilización de la vía del amparo seencuentra reservada a delicadas y extremas situaciones enlas que, por la carencia de otros remedios aptos, peligrala salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo parasu apertura circunstancias de muy definida excepción, 20
  21. 21. tipificadas por la presencia de arbitrariedad,irrazonabilidad o ilegalidad manifiestas que configuren,ante la ineficacia de los procesos ordinarios, laexistencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmentereparable por esta acción urgente y expeditiva29. En este caso, es evidente que la gravedad dela situación es manifiesta, ya que el cese de operacionesdispuesto por las resoluciones cuestionadas, impide que losusuarios puedan acceder a canales de TV, lo que colisionacon el principio de libertad de elección y, además, con elde acceso irrestricto a los medios de comunicación,protegido esto por el articulo 2 de la LSCA y por losprincipios constitucionales ya citados Por ello, no hay dudas que, la vía del amparo,en este caso es procedente. Es más, debemos destacar que a partir de laConstitución del año 1994, se articularon mecanismos quegarantizan la interposición de la Acción de Amparo sinlimitaciones, restricciones, ni cortapisas. Es por ello quese entiende que el amparo es una vía expedita, para cuyapresentación no es necesario agotar la vía administrativa. Debe destacarse, a todo evento, que a estaparte no le es exigible el agotamiento de la víaadministrativa, dada su falta de intervención en dichasede, esto sin perjuicio de la innecesariedad del29 Fallos: 297:93; 298:328; 299:185; 302:299; entre muchos otros. 21
  22. 22. agotamiento de la referida instancia a los fines de laadmisibilidad de la presente acción. En este sentido se sostuvo que: “BidartCampos interpreta que la referencia que la normaconstitucional hace del "medio judicial más idóneo" y laomisión de aludir a las vías administrativas, equivale a noobstruir la procedencia del amparo por el hecho de queexistan recursos administrativos o de que no se hayaagotado una vía de reclamación administrativa previa(confr. Bidart Campos, "Tratado Elemental de DerechoConstitucional Argentino", T.VI, página 312).(Consid.4º).”30. La Justicia Federal de la Provincia deCórdoba sostuvo que: “No puede negarse la vía intentada,atento a la naturaleza de la cuestión debatida como a laurgencia del reclamo efectuado, so pretexto de laexistencia de otras vías o remedios judiciales oadministrativos, ya que ello implicaría un grave e 31irreparable daño al amparista” . Es decir, tanto la jurisprudencia del fuerofederal, como distinguida doctrina han entendido que la víadel amparo es procedente sin necesidad de agotar la víaadministrativa, ya que esta acción tiene carácter puramentepreventivo y procura, esencialmente, impedir que se30 Autos “Saluzzi Delia Susana c/ DINAMARC -Mº de Justicias/amparo ley 16.986”, Causa: 14.878/98, fallo del 17/09/98,CNACAF, Sala II31 Autos “Farías, César Mario c/ D.G.I. S/Amparo” (154-F-1993),fallo del 26-03-1993. 22
  23. 23. lesionen derechos constitucionales o hacer que los mismossean prontamente reparados. Por ello: “Luego de la reformaconstitucional de 1994 la eventual idoneidad de la víaadministrativa no puede ya ser levantada como escollo de laadmisibilidad formal de la acción de amparo.”32. En este contexto, surge que advertida (talsurge de lo antes desarrollado) la concurrencia de todoslos recaudos para la procedencia de la Acción de Amparo, esque no es necesario agotar vía administrativa alguna parael planteo de la misma. Así las cosas, se entiende que la acción deamparo intentada es procedente, y que la misma debe seradmitida en esta instancia, ya que es el remedio expeditoque permitirá que se reparen, con celeridad, los derechoslesionados de la actora y de los usuarios por los cuáles(conforme artículos 2, 3 y concordantes de la ley 26.522)ella debe velar. ii.- Es importante destacar que la decisiónadministrativa ha sido arbitraria, ello en virtud que delos actos administrativos (resoluciones 1026/12, 1027/12,1028/12 y 1029/12) no surgen cuáles son las causales queameritan la no autorización del Aviso de Proyecto, el cesede operaciones de las estructuras y en que incidiríannegativamente en la población.32 "Vázquez Kalf Eduardo Luis c/ EN -M° JusticiaSeguridad yDDHH-PFA DTO2744/93 s/ amparo ley 16.986", fallo del05/10/04, CNACAF, Sala I (voto del Dr. Bujan). 23
  24. 24. Por su parte, debe destacarse que la ComisiónNacional de Comunicaciones en la Nota Nro. 423 del29/10/2010 indica que se estaría 376,89 veces por debajodel límite establecido en la normativa vigente en nuestropaís, siendo esta situación coincidente con larecomendación de la Organización Mundial de la Salud. Se agregó que por los estudios realizados severifican que los niveles de Radiación No Ionizantes (RNI)que se generan están por debajo de los niveles aceptados ypermitidos. Así las cosas, es evidente que la autoridadcompetente a nivel nacional (con jerarquía técnicaespecífica) entendió que las antenas no generaban riesgoalguno y que su nivel de radiación era muy inferior a loslímites permitidos. Por ello, el rechazo al Aviso de Proyecto yla decisión de cesar la operación de las estructuras secontrapuso con los antecedentes mencionados en el párrafoanterior, pero, además, alteró una situación consolidada,ya que nada conducía a entender que se iba a disponer elcese del funcionamiento de las antenas. Esa decisión sorpresiva es arbitraria,entendiéndose que, la arbitrariedad, es conductaantijurídica de la administración, razón que torna lesivasu actuación. 24
  25. 25. En este contexto, vale remarcar que frente aun actuar lesivo y arbitrario, se enerva la vía del amparocomo remedio expedito e inmediato para la reparación de losderechos dañados. iii.- Es importante destacar que en el presentecaso no se exige un mayor debate para advertir lo lesivo dela medida adoptada, dañosa la decisión para los usuariosdel servicio de comunicación audiovisual, como también paralas autoridades administrativas competentes para haceraplicar la ley 26.522. Ello es así, ya que se encuentraninsertos dentro de la vía del amparo aquellos eventos deresolución sencilla, o con base a argumentosconstitucionales, sin perjuicio de que puedan generarsecuestiones opinables33. En este caso, la cuestión no posee excesivacomplejidad, y además la prueba que se presenta es directa,ya que de ella surge, sin que fuese necesario mayorevaluación, que los índices de radiación son inferiores alos máximos permitidos. En este contexto, y a la luz de lo expuesto,surge que la vía intentada es procedente.33 Sánchez, Fabio F.; “Los Reglamentos de Ejecución y susLímites”, Suplemento Derecho Administrativo, del Jueves 27 desetiembre de 2012, Nro. 6. 25
  26. 26. iv.- Debe resaltarse que la AFSCA debe protegerlos derechos de los usuarios de los servicioscomunicacionales y actuar en su defensa, de oficio o apedido de parte. En este sentido destáquese que surge delartículo 2do. de la Ley 26.522 que toda persona queacredite interés podrá requerir a la autoridad competenteel cumplimiento -por parte de los obligados- de lasprevisiones de la ley. Vale señalar, a todo evento, que diversosmedios se reunieron con el Presidente del Directorio de laAFSCA el día 30 de enero de 2013, y le manifestaron supreocupación con la decisión adoptada por la Secretaría deAmbiente de Córdoba, en cuanto impide a los usuarios delservicio de comunicación acceder a una pluralidad demedios. Asimismo, es importante resaltar que escompetencia de la AFSCA “Prevenir y desalentar lasprácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas,predatorias y/o de abuso de posición dominante...”34. Reitero, a los usuarios de los servicios decomunicación audiovisual se les afecta como consecuencia dela medida adoptada, el derecho constitucional a la libreelección. Ello así, pues la suspensión de la actividadde las antenas impedirá a que los usuarios de lasjurisdicciones alcanzadas por ellas puedan ejercer su34 Artículo 12, inciso 13 de la Ley 26.522. 26
  27. 27. derecho constitucional a elegir en un ámbito decompetencia, y a poder gozar de servicios en condiciones dedesmonopolización. En este sentido, debe destacarse queconstituye obligación de todas las autoridades estatales,llevar a cabo medidas destinadas a promover la librecompetencia35, la diversidad, la participación ciudadana yla desconcentración de los grupos de producción ycomercialización y de prestación de servicios. El mandato constitucional del art. 42 CN, hasido receptado por la Ley Nº 26.522, toda vez que a travésde ella se provee “...a la defensa de la competencia contratoda forma de distorsión de los mercados, al control de losmonopolios naturales y legales”36. Gordillo considera que tienen primacíaaquellas normas y actividades que promueven la librecompetencia. Al respecto señala que: “Dado el sosténconstitucional de las normas que tienden a ladesmonopolización y al derecho de la competencia, cabedarles prevalencia ante cualquier duda interpretativa quepudiere presentar una norma de cualquier rango menor. En35 “El artículo 42 de la Constitución Nacional tiene una dobleproyección: El derecho de los usuarios y consumidores a laprotección de sus intereses personales y económicos y elcorrelativo deber del Estado y de los proveedores de bienes yservicios de asegurarlos.”, CNACAF, Sala IV, 23/02/1999, “Uniónde Usuarios y Consumidores c/ Secretaría de Transporte y Otros”,Rev. La Ley del 17/09/999, SAd., página 28)36 Artículo 42 de la Constitución Nacional. 27
  28. 28. derecho corresponde estar a favor de la libertad decomercio y no del monopolio o la exclusividad.”37. Así las cosas, la decisión de hacer cesar laoperación de las estructuras y –consecuentemente- latransmisión de canales de televisión, es contraria a lamáxima que establece que las autoridades públicas deben, deinmediato y sin cortapisas, adoptar medidas tendientes apromover la competencia y a que existan mercados amplios,competitivos, en los cuales proveedores y los usuariospuedan intervenir y participar sin limitaciones, ello a losefectos que los segundos puedan elegir sin condicionantes alos primeros. La resolución de la Secretaría provincialgenera una posición dominio (por lo menos temporalmente)en el mercado del servicio audiovisual en lasjurisdicciones en las cuales ha impactado. Ello así, pues no se pueden incorporar nuevosactores comunicacionales, lo que restringe la oferta, laconcentra, todo esto en abierta oposición al espírituanitimonópolico, participativo y competitivo que emerge dela Carta Magna. Entonces, lo dispuesto por la accionada seopone al derecho a la libre elección, consagrado en laConstitución Nacional –artículo 42-, y a toda obligación de37 Gordillo, Agustín A.; “Tratado de Derecho Administrativo”,Tomo 2, VI – 15 - 9ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2009. 28
  29. 29. las autoridades públicas destinada a garantizar mercadoslibres, participativos y no monopólicos. Y reitero, es obligación legal de la AFSCApromover y estimular la competencia y la inversión en elsector comunicacional, y prevenir y desalentar lasprácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas,predatorias y/o de abuso de posición dominante. Por ello, la decisión provincial de hacercesar las operaciones de las estructuras, colisiona con lasfacultades de la AFSCA, ya que esa medida limita ladifusión de canales de TV en la Provincia de Córdoba,restringiendo la competencia y –consecuentemente- lalibertad de elección de los usuarios. v.- Por otra parte, debe destacarse que ala actora la afecta la decisión adoptada, ello en virtudque la misma le impide ejercer sus derechosconstitucionales que, como autoridad de aplicación de laley 26.522, debe llevar a cabo de modo constante, continuoy regular. Entre otras, las funciones de la AFSCA debenestar dirigidas a ampliar los mercados, promover la libredifusión38, restringir o eliminar las situacionesmonopólicas39 y monopsónicas, las oligopólicas yoligopsónicas que la concentración del mercado audiovisualpudiese generar, todo ello con el fin que la sociedad pueda38 Artículo 1, 2 y 12, inciso 13 de la ley 26.522.39 Artículo 12, inciso 13 de la ley 26.522. 29
  30. 30. acceder libremente al prestador que –voluntariamente-elija. El artículo 42 de la Constitución Nacional42 tiene una doble proyección: el derecho de los usuarios yconsumidores a la protección de sus intereses personales yeconómicos, y el correlativo deber del Estado deasegurarlos40 Debe destacarse, en este orden de ideas,que “es deber de las autoridades -tanto legislativas comoadministrativas y, en su defecto, judiciales- proveer lonecesario para garantizar los derechos de los usuarios yconsumidores a la protección de sus intereses económicos, ala libertad de elección y condiciones de trato equitativo ydigno como así también a la defensa de la competenciacontra toda forma de distorsión de los mercados, al controlde los monopolios naturales y legales y al de la calidad yeficiencia de los servicios públicos (conf. Gordillo,Agustín, "Derechos Humanos", 6° edición, Fundación deDerecho Administrativo, Buenos Aires, 2007, Capítulo VI,págs.5/8)”41. En este contexto, lo dispuesto por lademandada impacta negativamente en el accionar de esta40 Bidart Campos, Germán; "Tratado Elemental de DerechoConstitucional", T. VI, págs. 308/309; citado por el JuzgadoContencioso Administrativo Federal Nro. 6, Secretaría Nro. 12,autos "Unión de Usuarios y Consumidores c/ EN - SecretariaComunicaciones - Dto. 764/00 s/ amparo ley 16.986", fallo del 18de marzo de 2009, ver www.eldial.com.ar.41 Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 6, SecretaríaNro. 12, autos "Unión de Usuarios y Consumidores c/ EN -Secretaría Comunicaciones - Dto. 764/00 s/ amparo ley 16.986",fallo del 18 de marzo de 2009, ver www.eldial.com.ar. 30
  31. 31. autoridad de aplicación, ya que le impide actuar enejercicio de sus funciones legales y constitucionales. Porello, no le permite ejercer sus legítimas funcionestuitivas destinadas a proteger los derechosconstitucionales de las personas que acceden a losservicios audiovisuales. 6)Solicita Medida Cautelar.- Se solicita se dicte preventivamente una medidacautelar, que disponga, de inmediato, que se reanuden enforma precautoria las operaciones de estructura soportepara el equipamiento de comunicaciones perteneciente a laEmpresa Argentina de Soluciones Satelitales –ARSAT SA(televisión digital). La medida solicitada encuentra dos sustentos, asaber: i) El derecho pretendido es verosímil, ii) La demoraen resolver continuará afectando los derechos de losusuarios pero, también, los de la actora en su carácter deautoridad de aplicación de la ley 26.522. Ha sostenido la jurisprudencia que “laverosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiestade los elementos obrantes en la causa, resultandoimprocedente el análisis exhaustivo de las relaciones quevinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han deser dilucidadas con posterioridad”42.42 CNCyCF, sala III, 02/07/2004, La Ley, del 24/02/2005, Página 8 31
  32. 32. En este caso la medida cautelar que se dicte,resulta procedente pues de ese modo se suspenderían losefectos de decisiones administrativas que impiden que laactora pueda ejercer sus derechos constitucionales, comotambién impactan negativamente en los usuarios. La pretensión cautelar se funda, evidentemente,en la circunstancia que el cese de operaciones de lasestructuras en cuestión impide la trasmisión de canales deTV, lo que afecta a los consumidores y que les cercena olimita el mercado de prestadores de servicio decomunicación audiovisual, circunstancia esta que viola lonormado por el articulo 42do. de la Constitución Nacional,por la Ley Nº 24.240, por la Ley Nro. 26.522 (artículos1, 2, 3 y concordantes). Es dable señalar que para el dictado de unamedida como la que aquí se pretende, no es necesario elgrado de certeza propio de la sentencia, basta un gradomenor, resultando suficiente la comprobación de laapariencia o verosimilitud del derecho invocado. La medida solicitada es procedente, ya que esverosímil el derecho invocado (“fomus bonis iuris”) yexiste el peligro de un daño que continúa perpetuándose enel tiempo (“periculum in mora”). Ese daño que se continuaría en el tiempo, serelaciona con el hecho que los usuarios no puedan accedera canales de TV en las jurisdicciones en las cuáles sedispuso el cese del funcionamiento de las antenas. 32
  33. 33. Además con respecto a la actora, el daño esconcreto, ya que se impide que pueda ejercer sus funcionescomo autoridad de aplicación, competencias que la obligan apromover la difusión, la universalización de los serviciosaudio comunicacionales y el acceso de todos los sectores encondiciones de igualdad a los medios de comunicación. Los recaudos citados en el párrafo anterior“...se encuentran de tal modo relacionados que, a mayorverosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en lagravedad e inminencia del daño y viceversa, cuando existeel riesgo de un daño de extrema e irreparable, el riesgoacerca del “fumus” se puede atenuar.”43. “Las medidas cautelares no exigen el examende certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sinosolo su verosimilitud...” (autos citados ut supra). Siendoverosímil (esta parte diría palmaria y manifiesta) lailegitimidad del actuar de la accionada, se solicita queV.S. resuelva de modo positivo la medida cautelar requeridaen este caso, entendiéndose que, toda demora, consiente lasituación de ilegitimidad. Asimismo, en materia administrativa esimportante considerar que se ha entendido que a los finesde la procedencia de una medida cautelar no es necesario laconcurrencia de los dos recaudos, peligro en la demora y43 Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso.Administrativo Nº 2, Secretaria Nro. 2, autos “GrupoConcesionario del Oeste SA c/Municipalidad de MorónS/Sumarísimo”, Expte. Nro. 86.157. 33
  34. 34. verosimilitud del derecho (previstos en el artículo 230 delCPCyCN), sino tan solo uno de ellos ya que se puedesuspender la ejecución de un acto por razones de interéspúblico, o para evitar perjuicios graves al interesado, ocuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Esdecir, la concurrencia de los requisitos es excluyente, loque implica que la mera existencia de uno de ellos conducea que se pueda suspender, temporalmente, los efectos delacto que se cuestiona.44 Así las cosas, y en este estado desituación, surge con claridad que el dictado de una medidacautelar que suspenda los efectos de las resoluciones1026/12, 1027/12, 1028/12 y 1029/12, y que disponga lainmediata reanudación de las operaciones de estructurasoporte para el equipamiento de comunicacionespertenecientes a la Empresa Argentina de SolucionesSatelitales –ARSAT SA-, tendrá por fin evitar que seafecten los derechos constitucionales de la actora, y delos usuarios, los cuales estarán impedidos de acceder adiversos canales de TV durante todo el periodo en el cuálestén cesadas las operaciones. Esta situación, les produce un dañoirreparable a los consumidores, como también a la actora,pues esta no puede adoptar las medidas de acción directadestinadas a promover la universalización del sistema decomunicación audiovisual.44 Halperín, David; “Las sentencias del Tribunal Fiscal y laProhibición de Innovar”, Revista de Derecho Administrativo,1989, Tomo 1, Editorial Desalma, páginas 134, 136, 137 y 138. 34
  35. 35. Por último, dadas las particularidades delcaso que nos ocupa, la contracautela podría ser válidamenteprestada a través de una caución juratoria, lo cual así sesolicita a V.S. que sea dispuesto. 7) Cuestión de Puro Derecho. Prueba“in re ipsa”.- En el caso que nos ocupa, estamos ante unacuestión de puro derecho. La demandada, arbitrariamente,decidió “el cese en forma inmediata y precautoria de lasoperaciones de estructura soporte para el equipamiento decomunicaciones perteneciente a la Empresa Argentina deSoluciones Satelitales –ARSAT SA (televisión digital)”, loque afectó el derecho de los usuarios a acceder librementea los canales de TV y los de la actora a ejercer sinlimitantes ni cortapisas sus funciones y competenciaslegales, emergentes de la LSCA. La decisión tomada es una cuestión en depuro derecho, motivo por el cual se debe resolver sin mástrámite. Asimismo, la prueba –en general- emerge dela comisión del hecho mismo. Estamos, entonces, ante elsupuesto de prueba in re ipsa, es decir de aquella quesurge del hecho mismo que se cuestiona. Y, por ello, lacuestión es de puro derecho, extremo este que nos conducea entender, con mayor claridad, por que resulta procedentela acción de amparo intentada. 35
  36. 36. 8) Prueba.-Se acompaña la siguiente prueba documental: 1) Copia de las Resoluciones Nros. 1026/12, 1027/12, 1028/12 y 1029/12 dictadas por la Secretaría de Ambiente dependiente del Ministerio de Ambiente, Agua y Energía del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. 2) Copia de la Nota 423 de la Comisión Nacional de Comunicaciones. 9) Reserva del Caso Federal.- Ante el hipotético supuesto que, VS, dispongadenegar total o parcialmente lo pretendido en estademanda, hago expresa reserva de acudir ante lasInstancias Superiores y ante la Corte Suprema de Justiciade la Nación, a través de la vía del RecursoExtraordinario, en los términos del art. 14 de la Ley 48,como así también en los supuestos de arbitrariedad ygravedad institucional.- 10) Petitorio.-Por lo expuesto, a VS, respetuosamente, solicito que VS: 1. Me tenga por presentado y por parte en el carácter invocado. 2. Tenga por constituido el domicilio. 3. Disponga el traslado de ley del presente escrito. 4. Considere a la cuestión debatida de puro derecho. 36
  37. 37. 5. Disponga de forma cautelar la suspensión de los efectos de las resoluciones 1026/12, 1027/12, 1028/12 y 1029/2 de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente, Agua y Energía del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba,y disponga, en consecuencia, la reanudación de las operaciones de estructura soporte para el equipamiento de comunicaciones perteneciente a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales –ARSAT SA (televisión digital).6. Se tenga por acompañada la prueba mencionada en el punto 8.7. Se tenga por efectuada la reserva del caso federal.8. Se haga lugar a la acción de amparo, con expresa imposición de costas a la demandada.- PROVEER DE CONFORMIDAD, QUE SERA JUSTICIA 37

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