Acnudh version fina_spa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Acnudh version fina_spa

on

  • 404 views

 

Statistics

Views

Total Views
404
Views on SlideShare
404
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Acnudh version fina_spa Acnudh version fina_spa Document Transcript

  • Las mujeres en Colombia: frente a una política de discriminación y autoritarismo (Intervención como mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, octubre 28 de 2008)La superación de la violencia y la vigencia de los derechos humanos son inseparables dela transformación de relaciones sociales de dominación y subordinación. En un Estadodemocrático, la seguridad debe estar orientada no sólo a garantizar la ausencia deacciones armadas, en esencia, debe promover cambios en las relaciones socialesinjustas, en las cuales la violencia ha sido un mecanismo de control social, político ycultural, con efectos desproporcionados en la vida diaria de las mujeres. El gobiernocolombiano ha puesto en el centro de sus acciones la “Política de Defensa y SeguridadDemocrática”, con énfasis en la promoción de la seguridad para el Estado y en laprotección física de unos pocos sectores de la sociedad, desconociendo a sectoressociales históricamente excluidos y a la mayoría de las víctimas de la violenciasociopolítica; y frecuentemente generando altos niveles de inseguridad jurídica, social,económica, alimentaria, laboral, ambiental, etc.La persistencia de la crisis humanitaria y de derechos humanos, de la pobreza einequidad y de las violencias contra las mujeres evidencia que la política de SeguridadDemocrática y las políticas sociales, del actual gobierno, no han tenido efectos positivospara todas y todos los colombianos. Por el contrario, se constata una fuertemilitarización de la sociedad y de la vida cotidiana con efectos graves para la garantía yel respeto de los derechos humanos de las mujeres en lo público y lo privado. Laviolencia sociopolítica contra las mujeres y las niñas es sistemática y generalizada, ysigue siendo instrumento de persecución social y política, y un arma de guerra, usadapor los grupos que participan en las hostilidades (Fuerza Pública, grupos paramilitares yguerrillas)1. Los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las mujeres, songravemente vulnerados en un contexto de profundo irrespeto por los derechos humanosy el derecho humanitario: entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 1.314mujeres perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, deestas 179 fueron víctimas de desaparición forzada. En los casos en los cuales se conoceel presunto autor genérico de las violaciones, el 70% se atribuyó a la responsabilidad delEstado y a los grupos guerrilleros el 30%; por lo menos 82 mujeres fueron víctimas detortura. Las mujeres continúan siendo víctimas de secuestro: por lo menos 1.944mujeres perdieron su libertad víctimas de este delito, los grupos guerrilleros son lospresuntos autores de 564 de estos casos 2. El desplazamiento forzado tuvo un incrementodel 41% en el primer semestre del presente año, en relación con el mismo periodo para1 Por violencia sociopolítica, se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad, y la libertad personalproducidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de ladiscriminación hacia personas socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno. En este acápite, donde no sediga lo contrario, la fuente de las cifras es la base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas.2 Según datos de Fondelibertad, que es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de coordinar la políticacontra el secuestro y demás delitos atentatorios contra la libertad personal. La presunta autoría en los casos de las mujeres seatribuye en un 73,19% (1.423 víctimas) a grupos de delincuencia común, grupos guerrilleros y grupos paramilitares. De esta cifra, el39,63% (564 víctimas) se atribuyen a los grupos guerrilleros y el 6,11% a los paramilitares. También se conocen casos en los quehan participado agentes estatales en servicio o en retiro. No obstante, en las estadísticas oficiales no se divulgan los casos de tomade rehenes cometidos por agentes estatales. Los datos citados de Fondelibertad cubren el período comprendido entre enero de 2002y diciembre de 2007.
  • 20073, afectando cuantitativamente (53%)4 y cualitativamente de manera particular a lasmujeres que además de las condiciones históricas de discriminación por sus identidadesétnicas, sociales y de género, enfrentan esta condición de discriminación: la de servíctimas del desplazamiento forzado. El 98% de estos hogares se encuentra por debajode la línea de pobreza y el 81% por debajo de la línea de indigencia5.La militarización de la sociedad se da de forma concreta en el incremento del pie defuerza: algunos estudios calculan que, desde el 2002 a la fecha casi se ha duplicado elnúmero de soldados por cada 1.000 habitantes. Actualmente hay 4,9 soldados por cadacombatiente irregular (guerrillas y paramilitares). Las cifras muestran también unincremento de los combatientes de las guerrillas: por cada 100 combatientes puestosfuera de combate, las guerrillas reclutan 846. Es evidente que en Colombia hay unconflicto armado interno, con consecuencias concretas en los derechos de las mujeres,que el énfasis en lo militar, ha tenido como resultado el fortalecimiento de imaginariostradicionales en los cuales el uso de la violencia contra las mujeres no se cuestiona,porque se piensa que, todo es válido en la guerra y en el amor.La preeminencia de lo militar sobre lo civil, ha hecho que la Fuerza Pública se conviertaen una amenaza seria para el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Se haconstatado un aumento en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamenteatribuidas a la Fuerza Pública. Se triplicaron las detenciones arbitrarias: por lo menos483 mujeres fueron privadas de la libertad de manera arbitraria en los últimos cincoaños. Según reportes oficiales, tanto de la Fiscalía General de la Nación, como delInstituto Nacional de Medicina Legal, entre los grupos combatientes, el grupo depresuntos autores con mayor número de registros, en materia de violencia sexual, en losúltimos cinco años, es la Fuerza Pública 7. De acuerdo con análisis de ONG, laparticipación de la Fuerza Pública en hechos de violencia sexual casi se triplicó, entérminos porcentuales, en el último quinquenio con respecto al período inmediatamenteanterior8. En algunos casos, miembros de la Fuerza Pública cometieron actos deviolencia sexual acusando a la víctima de tener relaciones afectivas con guerrilleros ycomo medio para obtener información.La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, SeñoraLouise Arbour, durante su visita al país en el mes de septiembre de 2007 insistió en lanecesidad urgente de desmantelar el paramilitarismo. No obstante, muchas mujerescolombianas y sus organizaciones, en su mayoría campesinas, afrocolombianas eindígenas, siguen siendo atacadas por grupos paramilitares, en su intento por buscar larestitución de sus derechos en el marco de la llamada ley de “justicia y paz”. Los gruposparamilitares continúan cometiendo actos de violencia sexual para generar terror en lascomunidades y contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y de3 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), boletín número 74, Bogotá, 25 de septiembre de 2008, enwww.codhes.org4 Comisión Nacional de Seguimiento, Encuesta Nacional de Verificación, 25 de septiembre de 2008.5 Ibíd.6 José Fernando Isaza & Diógenes Campos, Modelos dinámicos de guerra: el conflicto colombiano, www.accefyn.org.co/PubliAcad/Periodicas/Volumen29/110/10_133_148.pdf.7 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), Informes periciales por presunto delito sexual, Colombia,2007, en www.medicinalegal.gov.co y; Corporación Sisma Mujer, Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en Colombia,Bogotá, Sisma Mujer, agosto de 2007, página 14.8 Comisión Colombiana de Juristas, La violencia contra las mujeres y las niñas en Colombia: agravada por la política de“seguridad” del Estado, Bogotá, mimeo, octubre de 2008.
  • desplazadas9. El poder de los grupos paramilitares está vigente, no sólo porque susestructuras militares siguen actuando, sino también porque se ha hecho evidente supenetración profunda en la sociedad y en el Estado.Algunos informes revelan que, en muchas zonas del país, grupos paramilitares hanaprovechado las condiciones de pobreza y exclusión que enfrentan las mujeres paracontrolar sus cuerpos y sus vidas a través de préstamos de dinero. Los testimonios dealgunas mujeres, dan cuenta de esta práctica, conocida como “paga diario” 10: “parasaldar la deuda se exige la entrega del cuerpo de las mujeres o de sus hijas”; “lospagos diarios han dado pie para que el fenómeno de la prostitución se acreciente”;“los paga diario son controlados por gente desmovilizada, llegan ofreciendo altassumas de dinero a las zonas de personas desplazadas”.Son las mujeres desplazadas las más frecuentes víctimas del “paga diario” como nuevaforma de esclavitud. Esto se debe, a la ausencia de una política estatal que prevenga eldesplazamiento forzado y garantice y proteja los derechos de las mujeres desplazadas.Esta situación de abandono ha sido constatada por la Corte Constitucional, entidad que através del auto 092 de 2008 ha buscado proteger los derechos de las mujeresdesplazadas y prevenir el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre susvidas.La relación entre las violencias contra las mujeres en lo público y lo privado, y laimpunidad en la casi totalidad de los casos, ha hecho que en Colombia para muchasmujeres los lugares cotidianos sean fuente de amenazas reales contra su vida eintegridad física y psicológica. La violencia intrafamiliar y la violencia sexual continúanafectando mayoritariamente a las mujeres y las niñas, con una importante incidencia ensu derecho a la vida: “En el período 2000 y 2005 se observan dos aspectos importantesen relación con los feminicidios –asesinatos de mujeres por su condición de mujer-. Enprimer lugar, el incremento en la tasa de mujeres asesinadas en el contexto de laviolencia en la familia, y en segundo lugar, que son asesinadas por sus parejasafectivas, compañeros o cónyuges”11. Del año 2001 al 2005 se presentó un incrementodel 10% en la tasa de mujeres asesinadas por causa de la violencia intrafamiliar. Lasmujeres son las víctimas mayoritarias de la violencia intrafamiliar (91,1%)12.Con la militarización de la sociedad y la vida cotidiana, las mujeres deben enfrentar, además delos obstáculos tradicionales, amenazas y riesgos adicionales para el ejercicio de su ciudadaníaplena. En estas condiciones la violencia contra las mujeres se reproduce y tanto el Estado comola sociedad subvaloran las violaciones a sus derechos y los impactos visibles y no visibles de lasmismas, garantizando así la impunidad y la tolerancia social que reproducen el círculo de laviolencia contra las mujeres en lo público y lo privado.9 La Corte Constitucional en el auto 200 de 2007 señaló la grave situación de riesgo en la que se encuentran organizaciones demujeres como La Ciudad de las Mujeres y la Liga de Mujeres Desplazadas, quienes han denunciado una fuerte presencia paramilitaren el municipio de Turbaco (Bolívar), sin que hasta la fecha se hayan implementado medidas de protección.10 Efectos de la desmovilización paramilitar en las vidas de las mujeres. Todas y todos programa radial 98.5 trasmitido el día 7 deseptiembre de 2008, en: www.unradio.unal.edu.co/Programas/005/001.html11 Olga Amparo Sánchez, Las Violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas,Bogotá, junio de 2008, pág. 45.12 Ibíd.
  • La militarización de la sociedad también se refleja en la forma como se establecen lasprioridades en el gasto público, el estado colombiano invierte cerca del 6.5% del PIB engasto militar13. Para el 2008 se calcula que del total de empleos en el sector público, el81,2% corresponde a servidores públicos asignados a labores de defensa, seguridad ypolicía. El total de la inversión en el sector seguridad es igual a la suma de la inversiónen salud, educación y saneamiento ambiental14. En un país con grandes deficiencias enla garantía del derecho a la salud, y en el cual la educación primaria no es universal, nigratuita, esto reduce las posibilidades de generar mejores condiciones de vida para lasmujeres y sus familias, especialmente para las víctimas del conflicto armado. Enmuchas regiones del país, la única autoridad presente es la militar, así que la vida de lasmujeres y las niñas está permanentemente expuesta a los abusos de poder que estogenera.Colombia es, el segundo país más inequitativo de la región con un índice de Gini del0,576%. A pesar del crecimiento económico (8,03%), el desempleo persiste (11,2%),afectando más a las mujeres: tasa de desempleo femenino es del 14,7% frente al 8.3%tasa de desempleo masculina. Además, entre 2001 y 2007, se han perdido 330.000empleos rurales15. El derecho a un trabajo digno es básico y estratégico para lasuperación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. En Colombia lasmujeres han entrado masivamente al mundo del trabajo cuando en éste se han recortadoderechos, a través de reformas legales, y del incremento de empleos precarios: en losúltimos seis años las cooperativas de trabajo asociado16 pasaron de 50.000 a casi500.00017. La precarización laboral se ha llevado a cabo particularmente en sectores conmano de obra mayoritariamente femenina: servicios (77,5%), textiles (60%),agroindustria (70%). Las mujeres en Colombia actualmente trabajan más y gananmenos, no tienen garantías para obtener recursos económicos permanentes, y enfrentangrandes dificultades para acceder la seguridad social18.Las políticas sociales son de carácter asistencialista, no permiten la democratización dela familia, re-naturalizan su rol social y exacerban la cultura patriarcal. Es el caso deFamilias en Acción, programa que hace a las mujeres responsables de lo que sucede alinterior de las familias como “Cuidadora Esencial” de la misma y no permite avanzarsobre los derechos de las mujeres reconocidos ampliamente en los tratadosinternacionales. Este programa refuerza los imaginarios sociales en torno al conceptotradicional de familia, creando en ellas y sus familias condiciones de dependenciapermanente. Aparentemente facilita la asistencia de hijos e hijas para su escolarizacióny alimentación, pero en la medida en que no se combina con políticas de productividad13 Op. cit., nota 6.14 Op. cit., nota 6.15 Escuela Nacional Sindical de Antioquia (ENS), Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,Crecimiento y déficit: La ficción del trabajo decente en Colombia, Informe Nacional del Trabajo Decente en el año 2007, Bogotá, 6de octubre de 2008.16 Las cooperativas de trabajo asociado son una modalidad de contratación de servicios a través de la cual, se rompe el vínculolaboral. No existe empleador, ni empleado porque las y los trabajadores “se asocian voluntariamente” para ofrecer sus servicios.Las y los trabajadores son responsables de su seguridad social y demás obligaciones que antes asumían las y los empleadores. Estascooperativas se han convertido en intermediarias laborales, en las que la organización sindical no es posible.17 Cecilia López Montaño, Informe para sustentar la ley de Transformación Social hacia una Nueva Política Social, presentado enSenado de la República, 2 de octubre de 2008.18 Campaña Comercio con Justicia: Mis derechos no se negocian: Más por menos, Bogotá, 2005
  • y generación de empleo, se convierten en políticas transitorias, sin el impacto que sebusca dentro de los criterios de desarrollo humano sostenible.El crecimiento económico del país ha sido interpretado por el gobierno nacional como resultadode la confianza para invertir en el país, a partir de la implementación de la Política de Defensa ySeguridad Democrática. Sin embargo, es evidente que este crecimiento no ha sido positivo paratoda la población colombiana, con él se ha beneficiado el sector privado, que ha transferido loscostos laborales a las trabajadoras, que se benefician de la deslaboralización y que ve aún, a losderechos como obstáculos para el desarrollo económico.El actual gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos de lasmujeres. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 19 ha querido convertirla participación de las mujeres en un instrumento funcional a las políticasgubernamentales, desconociendo que la participación es ante todo un derecho que elEstado debe garantizar y promover para avanzar en la construcción de la equidad degénero.La Consejería ha promovido una especie de “participación” en sus programas sin unaagenda propia de las mujeres y sin la posibilidad de incidir en el diseño y evaluación delos mismos; la concepción y la forma en que se implementan los programas no tienenun enfoque de derechos y no responden a las necesidades estratégicas de las mujeres. LaConsejería no ha hecho seguimiento a temas claves como la reforma laboral, la reformapolítica, la ley de “justicia y paz”, la ley de víctimas, la negociación del TLC conEstados Unidos, etc. Para, por lo menos, dimensionar los impactos que estas iniciativaslegislativas han tenido y/o tendrán en los derechos de las mujeres. Esta situación hagenerado un retroceso importante, no solo en la institucionalidad sino en la concepciónde políticas públicas a favor de las mujeres, que durante muchos años las organizacionesde mujeres lograron promover.Recomendaciones ♀ Es necesario promover la revisión de las leyes, políticas y programas gubernamentales para evaluar sus efectos reales en las mujeres y proponer mecanismos correctivos cuando sea necesario. ♀ Se debe garantizar el derecho a la participación femenina. La política de “Seguridad Democrática” debe revisarse a la luz de los derechos humanos de las mujeres. El Estado está obligado a desactivar las amenazas contra las mujeres y sus organizaciones así como, a propiciar el reconocimiento social de la participación femenina. ♀ Es indispensable que, se inste al Estado colombiano a poner fin, de manera inmediata a los hechos de violencia contra las mujeres que son atribuibles a la responsabilidad de agentes del Estado. ♀ Es de suma importancia que se inste al Estado colombiano a cumplir en su totalidad con las órdenes derivadas del auto 092 (prevención y protección de las mujeres en situación de desplazamiento).19 La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que fue redefinida por el Decreto 519 de 2003, a través del cual se leasignaron las funciones de promover la equidad entre mujeres y hombres; coordinar el proceso de concertación con las entidadespúblicas para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, programas y proyectos; y adelantar una política afavor de la mujer.
  • ♀ Se requieren acciones concretas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y superar así la impunidad en los delitos que las afectan particularmente, especialmente la violencia sexual y la violencia sociopolítica.♀ La política del Estado debería enfocar sus esfuerzos en garantizar sus plenos derechos a las mujeres en especiales condiciones de vulnerabilidad, como las desplazadas, indígenas, afrocolombianas y campesinas. Ellas deben ser prioridad tanto en las acciones positivas como en la transversalidad de género en las políticas públicas, promovidas por la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer.♀ La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe mantener sus esfuerzos para el cumplimiento de las múltiples recomendaciones que se han hecho al Estado colombiano para la garantía real y efectiva de los derechos humanos de las mujeres, en particular, aquellas que buscan la eliminación de la discriminación, la violencia y la impunidad.1. Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP2. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia - ANMUCIC.3. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJuSticia4. Colombia Diversa5. Comisión Colombiana de Juristas - CCJ6. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES7. Corporación Casa de la Mujer8. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE9. Corporación Humanas - Colombia10. Corporación Sisma Mujer11. Facultad de Filosofía de la Universidad de la Salle12. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos programa de derechos humanos y mujeres - ILSA13. La Alianza - Organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia.14. Liga de Mujeres Desplazadas15. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal Colombia16. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado17. Red Nacional de Mujeres18. Ruta Pacífica de las Mujeres