Ley de Arbitraje
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Ley de Arbitraje Document Transcript

  • 1. Texto orientativo de la Ley de Arbitraje 60/2003 actualizada por la Ley 11/2011(publicada en el BOE el 21 de mayo de 2011*) Ley de Arbitraje Asociación Europea de Arbitraje, Aeade Campoamor, 18 3º 28004 Madrid www.aeade.org Junio 2011 *La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 1
  • 2. Cláusulas arbitrales recomendadas por AeadeCláusula arbitral recomendada“…Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que guarde re-lación con él -incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez,terminación, interpretación o ejecución- será resuelta definitivamente median-te arbitraje [de derecho/equidad], administrado por la Asociación Europea deArbitraje (Aeade), de conformidad con su Reglamento de Arbitrajevigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitralque se designe a tal efecto estará compuesto por [un único/tres] árbitro[s] y el idio-ma del arbitraje será el [español/otro]. La sede del arbitraje será [ciudad + país]…”Cláusula arbitral recomendada para la incorporación a los pliegos en elámbito de la contratación pública“…Toda controversia relativa a los efectos, ejecución, modificación,cumplimiento y extinción de este contrato será resuelta definitivamentemediante arbitraje administrado por la Asociación Europea de Arbitraje deMadrid (Aeade), de conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a lafecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral que sedesigne a tal efecto estará compuesto por [un único/tres] árbitro[s], sudesignación cuando sea realizada por la Secretaría de Aeade lo será de entrelos miembros que integran la lista de expertos del Tribunal Arbitral para laContratación Pública de Aeade, según el procedimiento establecido en elreglamento de Aeade, y el idioma del arbitraje será el español. La sede delarbitraje será [ciudad + país]…” 3
  • 3. Cláusula arbitral ex-post bilateral“Don/Doña… o Don/Doña… (indicar circunstancias personales y representacióncon la que actúan), partes en el contrato que después será descrito, solicitanmediante este escrito, someter a arbitraje de (derecho/equidad), administradopor la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, la resolución de la controversiaque mantienen en relación al citado contrato, renunciando al fuero judicial ycomprometiéndose a adoptar una actitud procesal de buena fe y a cumplir lasresoluciones y laudos arbitrales, sin perjuicio en su caso de los recursos legalesque les asistan.Las partes aceptan que el tribunal arbitral, que se designe a tal efecto, estécompuesto por (un único/tres) árbitro (s), y que su designación sea realizadapor la secretaría de Aeade según el procedimiento establecido. El idioma delarbitraje será el (español/otro) y la sede del arbitraje será (Madrid/otra).Las partes proceden a continuación a describir el contrato de que el arbitrajetrae causa y la controversia que las partes mantienen (hacer una descripcióndel contrato o relación jurídica y los términos de la controversia o diferencia).”Cláusula arbitral para arbitraje societario1- Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y lossocios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que seasu configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores,se resolverá definitivamente en el marco de la Asociación Europea de Arbitraje(Aeade), mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, de conformi-dad con su Reglamento y Estatutos. A Aeade se encomienda la administraciónde arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral.- Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en unamisma Junta o en un mismo Consejo de Administración, y basadas en causas Según el artículo  bis de la Ley /20, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003: “2. La introducción en los estatu-tos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos corres-pondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social. 3. Los estatutos sociales podrán establecerque la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o variosárbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral.” 4
  • 4. de nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y se decidirán en un mismoprocedimiento arbitral.- Aeade no nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos ar-bitrales de impugnación de acuerdos o de decisiones, hasta transcurridos cua-renta días desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, sifuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial delRegistro Mercantil.- En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Aeadefijará el número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos.- Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen hacen constar, como futu-ras partes, su compromiso de cumplir el laudo que se dicte. 5
  • 5. NOTA PREVIALa Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, facilita el texto orientativo de laLey de Arbitraje 60/2003 actualizada por la Ley /20. Se indican con dife-rentes tipos de letra ambas leyes: negrita para la Ley /20 y normal parala Ley 60/2003, añadiéndose en gris y cursiva el texto derogado anterior y lasreferencias al nuevo texto. 7
  • 6. PRESENTACIÓNEl pasado 2 de mayo de 20, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley/20, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, deArbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración Gene-ral del Estado. La Ley /20 contiene un artículo único bajo el título “Modifi-cación de la Ley 60/2033, de 23 de diciembre, de Arbitraje”.Lejos de ahondar en la polémica suscitada durante la tramitación parlamenta-ria, y sin ningún ánimo de hacer consideraciones o valoraciones de oportuni-dad tras poco más de siete años de vigor y armonía legal de la Ley 60/2003, esconveniente alabar el impulso que desde los poderes públicos se está dandoa una herramienta tan valiosa y positiva de solución de conflictos como es elarbitraje.Los cambios introducidos afectan, entre otras, a cuestiones tan relevantescomo la capacidad para ser árbitro, las funciones de apoyo y control, los plazospara invocar la declinatoria, los requisitos para que sea válido el convenio arbi-tral aplicado al arbitraje estatutario, la exigencia de seguro de responsabilidadcivil, el idioma del arbitraje, la validez del laudo firmado por mayoría o la extra-limitación parcial del laudo.Los profesionales del derecho, conscientes del cambio normativo y del aluviónde nuevas normas, leyes, o de su modificación, necesitan tener la certeza deque la ley que están estudiando, o trabajando para aplicarla a un caso concre-to, está actualizada con el fin de evitar errores formales en la aplicación de unanorma derogada.Es por ello que Aeade ha decidido ofrecer una fácil y accesible edición de bolsi-llo de la Ley de Arbitraje en la que profesionales como abogados, empresarioso juristas -por utilizar el término de la nueva redacción de la Ley /20- pue-dan apoyarse para que el acceso al arbitraje sea cómodo.Esperamos que este documento sea de su agrado y de utilidad. 9
  • 7. Texto orientativo de la Ley de Arbitraje 60/2003,de 23 de diciembre, actualizada por la Ley11/2011, de 20 de mayo, de Arbitraje y de re-gulación del arbitraje institucional en la Admi- nistración General del Estado. PREÁMBULO ILa vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, ha supuesto un avan-ce cualitativo de entidad en la regulación de esta institución, estableciendo unnuevo marco para el arbitraje interno e internacional que toma como referen-cia la Ley Modelo de la UNCITRAL, sobre el arbitraje comercial, aprobada el 21de junio de 1985.Sin ánimo de exhaustividad, los logros de esta Ley pasan por la formulaciónunitaria del arbitraje, el reconocimiento del arbitraje internacional, el aumentode la disponibilidad arbitral, sus reglas sobre notificaciones, comunicaciones yplazos, el apoyo judicial al arbitraje o su antiformalismo.Sin embargo, dentro del impulso de modernización de la Administración deJusticia, que también incluye la aprobación de una futura Ley de mediación enasuntos civiles y mercantiles, se trata ahora de modificar algún aspecto de laLey 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que en la práctica se ha mos-trado mejorable y que contribuya al fomento de los medios alternativos desolución de conflictos y, en especial, del arbitraje, al que las sentencias del Tri-bunal Constitucional 43/1988 y 62/1991 ya reconocieron la consideración de«equivalente jurisdiccional». 11
  • 8. IICon este propósito de impulsar el arbitraje, la presente Ley comienza por llevara cabo una reasignación de las funciones judiciales en relación con el arbitraje,tanto las funciones de apoyo, como el conocimiento de la acción de anulacióndel laudo y el exequátur de laudos extranjeros, que permita dar más uniformi-dad al sistema mediante una «elevación» de determinadas funciones. Se trata,en concreto, de las relativas al nombramiento y remoción judicial de árbitros,el conocimiento de la acción de anulación del laudo y la competencia para co-nocer el exequátur de los laudos extranjeros, que ahora se atribuyen a las Salasde lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, manteniéndoseen los Tribunales de Primera Instancia la competencia de ejecución. Estos cam-bios han llevado a dar una nueva redacción al artículo 8 de la Ley 60/2003, de23 de diciembre, de Arbitraje, así como a modificar la Ley de EnjuiciamientoCivil de 3 de febrero de 1881.La Ley también aclara, mediante la inclusión de dos nuevos preceptos en laLey 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las dudas existentes en relacióncon el arbitraje estatutario en las sociedades de capital. Con la modificaciónse reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas se planteen, y enlínea con la seguridad y trasparencia que guía la reforma con carácter general,se exige una mayoría legal reforzada para introducir en los estatutos socialesuna cláusula de sumisión a arbitraje. Junto a ello también se establece que elsometimiento a arbitraje, de la impugnación de acuerdos societarios, requierela administración y designación de los árbitros por una institución arbitral.Otras modificaciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, bus-can incrementar tanto la seguridad jurídica como la eficacia de estos procedi-mientos a la vista de la experiencia de estos últimos años. Con ello se pretendemejorar las condiciones para que definitivamente se asienten en España arbi-trajes internacionales, sin desdeñar que al tratarse de una regulación unitaria,también se favorecerán los arbitrajes internos. De la misma forma se procede areforzar el papel de las instituciones arbitrales, así como a una mejor estructu-ración del nombramiento de los árbitros, abriendo el abanico de profesionales,con conocimientos jurídicos que pueden intervenir en el mismo, cuando se tra-ta de un arbitraje de derecho. Pero, también, previendo, de forma expresa, quees posible la intervención de otro tipo de profesionales, no necesariamentepertenecientes a dicho campo del conocimiento, pues la experiencia interna-12
  • 9. cional plenamente asentada aconsejaba dicha reforma, y ello sin olvidar quede esa manera se produce un mayor acoplamiento a la «libre competencia»que reclaman las instituciones de la Unión Europea. También se concretan lasincompatibilidades, en relación con la intervención en una mediación, y se re-gula la necesidad de asegurar las responsabilidades.En cuanto a la sustanciación del procedimiento arbitral, se articula un nuevosistema respecto al idioma del arbitraje, con el que se incrementan las ga-rantías del procedimiento, al reconocerse la posibilidad de utilizar la lenguapropia por las partes, por los testigos y peritos, y por cualesquiera terceraspersonas que intervengan en el procedimiento arbitral. Respecto del laudo,las modificaciones se han centrado en el plazo y forma del laudo. Así, se mo-dula una solución, a favor del arbitraje, para los casos en que el laudo se dictafuera de plazo, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros. Tambiénse precisan sus formalidades y se exige siempre la motivación de los laudos.Además, se establece un remedio específico para poder rectificar la extrali-mitación parcial del laudo cuando se haya resuelto sobre cuestiones no so-metidas a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.La anulación y revisión del laudo también es objeto de reforma. La acción deanulación recibe una modificación relevante: a partir de ahora se procedea una mejor articulación del procedimiento. Por otro lado, tras la reforma,se elimina la distinción entre laudo definitivo y firme, estableciendo que ellaudo produce los efectos de cosa juzgada, aunque se ejerciten contra él lasacciones de anulación o revisión, lo que supone que puede ser ejecutadoforzosamente si no concurre cumplimiento voluntario. IIIEs de reseñar la importancia de la disposición adicional única de esta Ley, enla que se regula un cauce procedimental de carácter ordinario e institucionalpara resolver los conflictos internos entre la Administración General del Esta-do y sus Entes instrumentales, superando los actuales mecanismos de facto,ajenos al rigor jurídico y a la objetividad que son imprescindibles en una orga-nización que, por imperativo constitucional, ha de estar regida por el Derechoy actuar al servicio de los intereses generales bajo la dirección del Gobierno.La indudable naturaleza jurídico pública de las relaciones de organización enel seno de la Administración hacen imprescindible un procedimiento ordinario 13
  • 10. de resolución de conflictos como el que ahora se configura, más allá de solucio-nes meramente parciales como pueden ser las ofrecidas por una determinadalínea jurisprudencial que ha venido negando a los organismos autónomos le-gitimación para impugnar los actos de la Administración matriz; línea que hoyencuentra una confirmación legal en el artículo 20.c) de la Ley 29/1998, de 13de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.Se entiende que esos conflictos deben ser resueltos por el Gobierno por loque al efecto se crea una Comisión Delegada cuya presidencia se otorga alMinistro de la Presidencia, en su función coordinadora de la AdministraciónGeneral del Estado, siendo miembros natos el Ministro de Economía y Ha-cienda y el Ministro de Justicia. Asimismo, la secretaría se encarga al Ministe-rio de Justicia en atención a sus funciones y a la adscripción de los ServiciosJurídicos del Estado. IVAdicionalmente se modifica el artículo 722 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de permitir solicitar medidas cautelaresa quien acredite ser parte en un convenio arbitral con anterioridad a las ac-tuaciones arbitrales, posibilitando con ello una mayor compatibilidad entrelo que se establece en materia de arbitraje y en dicha norma.Por último, ligada a la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, deArbitraje se encuentra la reforma del artículo 52.1 de la Ley 22/2003, de 9de julio, Concursal. La nueva redacción se adapta a las soluciones comunita-rias en la materia y elimina la incoherencia existente hasta la fecha entre losdos apartados del artículo 52. Se pretende con ella mantener la vigencia delconvenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que,pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudorconcursal, podrían haberse planteado con independencia de la declaracióndel concurso.Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuan-tía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, lasacciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en pose-sión del deudor concursal y los litigios relativos a planes de reorganizaciónconcluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaración de aper-tura. No obstante lo anterior, se faculta al órgano jurisdiccional competen-14
  • 11. te, para suspender de efectos los pactos o convenios arbitrales previamentesuscritos, si entendiese que los mismos pueden suponer un perjuicio para latramitación del concurso. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS IEspaña se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonizacióndel régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional,para favorecer la difusión de su práctica y promover la unidad de criterios ensu aplicación, en la convicción de que una mayor uniformidad en las leyes regu-ladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de soluciónde controversias.La Ley 36/988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, es tributaria de esta vocación,ya antes manifestada explícitamente en el Real Decreto 094/98, de 22 demayo, que abrió las puertas al arbitraje comercial internacional, teniendo encuenta que «el incremento de las relaciones comerciales internacionales, enparticular en el área iberoamericana, y la inexistencia de adecuados serviciosde arbitraje comercial internacional en nuestro país determina que la utiliza-ción de la técnica arbitral por empresarios y comerciantes de la citada árease efectúe con referencia a instituciones de otro contexto cultural idiomático,con el efecto negativo que ello representa para España y la pérdida que paranuestro país significa la ruptura de las vinculaciones con los citados países enmateria de tan creciente interés común».Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocación y esa práctica, pero con lapretensión de producir un salto cualitativo. Así, su principal criterio inspira-dor es el de basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley Modeloelaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho MercantilInternacional, de 2 de junio de 985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL),recomendada por la Asamblea General en su Resolución 40/72, de  de di-ciembre de 985, «teniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del de-recho procesal arbitral y las necesidades de la práctica del arbitraje comercialinternacional». El legislador español sigue la recomendación de las NacionesUnidas, acoge como base la Ley Modelo y, además, toma en consideración lossucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisión con el propósito de in- 15
  • 12. corporar los avances técnicos y atender a las nuevas necesidades de la prácticaarbitral, particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y deadopción de medidas cautelares.La Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jurídicaseuropeo-continental y anglosajona producto de un cuidado estudio del dere-cho comparado.Su redacción no responde, por ello, plenamente a los cánones tradicionales denuestro ordenamiento, pero facilita su difusión entre operadores pertenecien-tes a áreas económicas con las que España mantiene activas y crecientes re-laciones comerciales. Los agentes económicos de dichas áreas adquirirán, portanto, mayor certidumbre sobre el contenido del régimen jurídico del arbitrajeen España, lo que facilitará y aun impulsará que se pacten convenios arbitralesen los que se establezca nuestro país como lugar del arbitraje. La Ley Modeloresulta más asequible a los operadores económicos del comercio internacio-nal, habituados a una mayor flexibilidad y adaptabilidad de las normas a laspeculiaridades de casos concretos surgidos en escenarios muy diversos.La nueva ley se dicta con conciencia de los innegables avances que su prece-dente, la Ley 36/988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, supuso para la regula-ción y modernización del régimen de esta institución en nuestro ordenamientojurídico. Durante su vigencia se ha producido una notable expansión del arbi-traje en nuestro país; ha aumentado en gran medida el tipo y el número derelaciones jurídicas, sobre todo contractuales, para las que las partes pactanconvenios arbitrales; se ha asentado el arbitraje institucional; se han consoli-dado prácticas uniformes, sobre todo en arbitrajes internacionales; se ha ge-nerado un cuerpo de doctrina estimable; y se ha normalizado la utilización delos procedimientos judiciales de apoyo y control del arbitraje.Sin embargo, las consideraciones hechas anteriormente revelan que, partien-do del acervo descrito, resulta necesario impulsar otro nuevo e importanteavance en la regulación de la institución mediante la señalada incorporación denuestro país al elenco creciente de Estados que han adoptado la Ley Modelo.Además, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 36/988 hapermitido detectar en ella lagunas e imperfecciones.El arbitraje es una institución que, sobre todo en su vertiente comercial inter-nacional, ha de evolucionar al mismo ritmo que el tráfico jurídico, so pena de6
  • 13. quedarse desfasada. La legislación interna de un país en materia de arbitraje hade ofrecer ventajas o incentivos a las personas físicas y jurídicas para que optenpor esta vía de resolución de conflictos y porque el arbitraje se desarrolle enel territorio de ese Estado y con arreglo a sus normas. Por consiguiente, tantolas necesidades de mejora y seguimiento de la evolución del arbitraje como laacomodación a la Ley Modelo hacen necesaria la promulgación de esta ley. IILa nueva regulación se sistematiza en nueve títulos.El título I contiene las disposiciones generales sobre arbitraje.El artículo  determina el ámbito de aplicación de la ley sobre la base de lossiguientes criterios:En primer lugar, se dejan a salvo, como no podía ser de otro modo, las disposi-ciones contenidas en convenios internacionales de los que España sea parte.En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje ordi-nario y arbitrajes especiales, esta ley pretende ser una ley general, aplicable,por tanto, íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulaciónespecial; pero también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvoen lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo quealguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad.En tercer lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje internoy arbitraje internacional, esta ley opta claramente por una regulación unitariade ambos.Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre dualismo (que el ar-bitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida por preceptosdistintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas excepciones,los mismos preceptos se apliquen por igual al arbitraje interno e internacional),la ley sigue el sistema monista. Son pocas y muy justificadas las normas en queel arbitraje internacional requiere una regulación distinta de la del arbitrajeinterno. Aun con la conciencia de que el arbitraje internacional responde enmuchas ocasiones a exigencias distintas, esta ley parte de la base —corrobo-rada por la tendencia actual en la materia— de que una buena regulación del 17
  • 14. arbitraje internacional ha de serlo también para el arbitraje interno, y vicever-sa. La Ley Modelo, dado que se gesta en el seno de la CNUDMI/UNCITRAL, estáconcebida específicamente para el arbitraje comercial internacional; pero suinspiración y soluciones son perfectamente válidas, en la inmensa mayoría delos casos, para el arbitraje interno. Esta ley sigue en este aspecto el ejemplo deotras recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que la Ley Modelono sólo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino para elarbitraje en general.En cuarto lugar, la delimitación del ámbito de aplicación de la ley es territorial.No obstante, hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de inter-vención judicial, que deben aplicarse también a aquellos arbitrajes que se de-sarrollen o se hayan desarrollado en el extranjero. El criterio, en todo caso, estambién territorial, puesto que se trata de normas procesales que han de seraplicadas por nuestros tribunales.El artículo 2 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio dela libre disposición, como hacía la Ley 36/988. Sin embargo, se reputa innece-sario que esta ley contenga ningún elenco, siquiera ejemplificativo, de materiasque no son de libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad deuna controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. Enprincipio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles. Es concebibleque por razones de política jurídica haya o pueda haber cuestiones que seandisponibles para las partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar sucarácter arbitrable. Pero ello excede del ámbito de una regulación general delarbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones específicas en otrostextos legales.Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce también la regla,para el arbitraje internacional, de que los Estados y entes dependientes deellos no puedan hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento jurídico. Sepretende con ello que, a estos efectos, el Estado sea tratado exactamente igualque un particular.El artículo 3 regula la determinación del carácter internacional del arbitraje,que resulta relevante para la aplicación de aquellos artículos que contienen re-glas especiales para los arbitrajes internacionales que se desarrollen en nues-tro territorio. Así, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento en8
  • 15. qué casos un arbitraje es internacional; lo que debe facilitar la interpretación yaplicación de esta ley en el contexto del tráfico jurídico internacional. Además,debe tenerse en cuenta que existen convenios internacionales cuya aplicaciónexige una definición previa del arbitraje internacional.La determinación del carácter internacional del arbitraje sigue sustancialmen-te los criterios de la Ley Modelo. A éstos resulta conveniente añadir otro: quela relación jurídica de la que dimana la controversia afecte a los intereses delcomercio internacional. Se trata de un criterio ampliamente desarrollado enotros ordenamientos, con el que se pretende dar cabida a supuestos en que,aunque no concurran los elementos anteriormente establecidos por la ley, re-sulte indudable su carácter internacional a la luz de las circunstancias del caso.Por otra parte, la ley evita la confusión que la pluralidad de domicilios de unapersona, admitida en otros ordenamientos, podría causar a la hora de determi-nar si un arbitraje es internacional o no.El artículo 4 contiene una serie de reglas de interpretación, entre las que tie-nen especial relevancia las que dotan de contenido a las normas legales dispo-sitivas de esta ley mediante la remisión, por voluntad de las partes, a la de unainstitución arbitral o al contenido de un reglamento arbitral. Así, esta ley parteen la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de la voluntadde las partes. Mas esa voluntad se entiende integrada por las decisiones quepueda adoptar, en su caso, la institución administradora del arbitraje, en virtudde sus normas, o las que puedan adoptar los árbitros, en virtud del reglamentoarbitral al que las partes se hayan sometido. Se produce, por tanto, una suertede integración del contenido del contrato de arbitraje o convenio arbitral, que,por mor de esta disposición, pasa a ser en tales casos un contrato normativo.De este modo, la autonomía privada en materia de arbitraje se puede mani-festar tanto directamente, a través de declaraciones de voluntad de las partes,como indirectamente, mediante la declaración de voluntad de que el arbitrajesea administrado por una institución arbitral o se rija por un reglamento ar-bitral. En este sentido, la expresión institución arbitral hace referencia a cual-quier entidad, centro u organización de las características previstas que tengaun reglamento de arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administración dearbitrajes. Pero se precisa que las partes pueden someterse a un concreto re-glamento sin encomendar la administración del arbitraje a una institución, encuyo caso el reglamento arbitral también integra la voluntad de las partes. 19
  • 16. El artículo 5 establece las reglas sobre notificaciones, comunicaciones y cóm-puto de plazos, que se aplican tanto a las actuaciones tendentes a poner enmarcha el arbitraje como al conjunto de su tramitación. Se regulan la forma, ellugar y el tiempo de las notificaciones y comunicaciones. Respecto del cómputode los plazos por días, se dispone que se trata de días naturales. Esta regla noes aplicable en el seno de los procedimientos judiciales de apoyo o control delarbitraje, en que rigen las normas procesales, pero sí a los plazos establecidos,en su caso, para la iniciación de dichos procedimientos, como, por ejemplo, elejercicio de la acción de anulación del laudo.El artículo 6 contiene una disposición sobre renuncia tácita a las facultades deimpugnación, directamente inspirada —como tantas otras— en la Ley Modelo,que obliga a las partes en el arbitraje a la denuncia tempestiva e inmediata delas violaciones de normas dispositivas, esto es, aplicables en defecto de volun-tad de las partes.El artículo 7, sobre intervención judicial en el arbitraje, es un corolario del de-nominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tribunalesconocer de las controversias sometidas a arbitraje. De este modo, la interven-ción judicial en los asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse a los procedi-mientos de apoyo y control, expresamente previstos por la ley.El artículo 8 contiene, directamente o por remisión, las normas de competen-cia objetiva y territorial para el conocimiento de todos los procedimientos deapoyo y control del arbitraje, incluso de aquellos que no se encuentran regula-dos en esta ley, sino en la de Enjuiciamiento Civil. Para el exequátur de laudosextranjeros se atribuye competencia a las Audiencias Provinciales, en vez de—como hasta ahora— a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con la finalidadde descargar a ésta y ganar celeridad. IIIEl título II regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin perjuicio dela aplicación de las normas generales sobre contratos en todo lo no específi-camente previsto en esta ley. En líneas generales, la ley trata de perfeccionarla legislación anterior, precisando algunos puntos que se habían revelado pro-blemáticos.20
  • 17. Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitosde forma del convenio arbitral.La ley refuerza el criterio antiformalista. Así, aunque se mantiene la exigenciade que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalida-des de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a losconvenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesa-riamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta posterior. Se daasí cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos medios de comunicacióny nuevas tecnologías. Se consagra también la validez de la llamada cláusulaarbitral por referencia, es decir, la que no consta en el documento contrac-tual principal, sino en un documento separado, pero se entiende incorporadaal contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo. Asi-mismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral sesuperpone a sus requisitos de forma. En lo que respecta a la ley aplicable alconvenio arbitral, se opta por una solución inspirada en un principio de con-servación o criterio más favorable a la validez del convenio arbitral. De estemodo, basta que el convenio arbitral sea válido con arreglo a cualquiera de lostres regímenes jurídicos señalados en el apartado 6 del artículo 9: las normaselegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el derechoespañol. La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenioarbitral. Respecto de este último, se mantiene la regla de que debe ser hechovaler por las partes y específicamente por el demandado a través de la declina-toria. Además, se precisa que la pendencia de un proceso judicial en el que sehaya interpuesto declinatoria no impide que el procedimiento arbitral se inicieo prosiga; de modo que la incoación de un proceso judicial no puede ser sinmás utilizada con la finalidad de bloquear o dificultar el arbitraje. Y se aclaraque la solicitud de medidas cautelares a un tribunal no supone en modo algu-no renuncia tácita al arbitraje; aunque tampoco hace actuar sin más el efectonegativo del convenio arbitral. Con ello se despeja cualquier duda que pudieresubsistir acerca de la posibilidad de que se acuerden judicialmente medidascautelares respecto de una controversia sometida a arbitraje, aun antes de queel procedimiento arbitral haya comenzado. Esta posibilidad es indudable a laluz de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es importante que se recoja tambiénen la legislación de arbitraje. Además, da cobertura a una eventual solicitud demedidas cautelares ante un tribunal extranjero respecto de un arbitraje regidopor la ley española. 21
  • 18. IVEl título III se dedica a la regulación de la figura del árbitro o árbitros. La leyprefiere las expresiones árbitro o árbitros a la de tribunal arbitral, que puedecausar confusión con los tribunales judiciales. Además, en la mayor parte delos preceptos la referencia a los árbitros incluye tanto los supuestos en que hayun colegio arbitral como aquellos en los que el árbitro es único.La ley opta por establecer que a falta de acuerdo de las partes se designará unsolo árbitro. Es ésta una opción guiada por razones de economía. En cuanto ala capacidad para ser árbitro, se opta por el criterio de la mayor libertad de laspartes, como es hoy la regla general en los países más avanzados en materiade arbitraje: nada impone la ley, salvo que se trate de personas naturales concapacidad de obrar plena. Serán las partes directamente o las institucionesarbitrales las que con total libertad y sin restricciones —no adecuadas a la rea-lidad del arbitraje— designen a los árbitros. Sólo para los casos en que resultenecesario suplir la voluntad de las partes, la ley prevé y regula las situacionesque pueden presentarse en la designación de los árbitros, para evitar la parali-zación del arbitraje. En estos casos es necesaria la actuación judicial, si bien sepretende, de un lado, que el procedimiento judicial pueda ser rápido y, de otro,dar criterios al Juez de Primera Instancia para realizar la designación. Muestrasde lo primero son la remisión al juicio verbal y la no recurribilidad separada delas resoluciones interlocutorias que el Juzgado dicte en este procedimiento, asícomo de la que proceda a la designación. Muestra de lo segundo es la reglaacerca de la conveniencia de que en los arbitrajes internacionales el árbitroúnico o el tercer árbitro sea de nacionalidad diferente a la de las partes. Debedestacarse, además, que el juez no está llamado en este procedimiento a reali-zar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbi-tral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permi-tirse, ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la reglade que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobresu propia competencia. Por ello, el juez sólo debe desestimar la petición denombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenioarbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe unconvenio arbitral; pero el juez no está llamado en este procedimiento a realizarun control de los requisitos de validez del convenio.Se establece el deber de todos los árbitros, al margen de quien los haya desig-22
  • 19. nado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partesen el arbitraje. Garantía de ello es su deber de revelar a las partes cualquierhecho o circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o inde-pendencia. Se elimina el reenvío a los motivos de abstención y recusación dejueces y magistrados, por considerar que no siempre son adecuados en materiade arbitraje ni cubren todos los supuestos, y se prefiere una cláusula general.Respecto del procedimiento de recusación, la premisa es una vez más la liber-tad de las partes, ya sea por acuerdo directo o por remisión a un reglamentoarbitral. En su defecto, se establece que sean el árbitro o los árbitros quienesdecidan sobre la recusación, sin perjuicio de poder hacer valer los motivos derecusación como causa de anulación del laudo. La posibilidad de acudir direc-tamente a los tribunales frente a la decisión desestimatoria de la recusacióntendría, sin duda, la ventaja de una certidumbre preliminar sobre la imparcia-lidad, pero se prestaría a una utilización dilatoria de esta facultad. Se estimaque serán mucho menos frecuentes los supuestos en que una recusación seráindebidamente desestimada y dará lugar a la nulidad de todo el procedimientoarbitral que los casos en que se formularían pretensiones inmediatas ante laautoridad judicial con la finalidad de dilatar el procedimiento.La ley se ocupa igualmente de otros supuestos que pueden conducir al cesede alguno de los árbitros en sus funciones y al nombramiento de sustituto.Se prevé la posibilidad de que en tales casos haya que repetir actuaciones yapracticadas, pero no se obliga a ello. VEl título IV se dedica a la importante cuestión de la competencia de los árbi-tros.El artículo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitrostienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrinaha bautizado con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley de988 ya consagraba en términos menos precisos. Esta regla abarca lo que seconoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato princi-pal, en el sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la delcontrato principal y que los árbitros tienen competencia para juzgar inclusosobre la validez del convenio arbitral. Además, bajo el término genérico decompetencia han de entenderse incluidas no sólo las cuestiones que estricta- 23
  • 20. mente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un pronun-ciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las relativas a las personas delos árbitros, que tienen su tratamiento propio). La ley establece la carga de quelas cuestiones relativas a la competencia de los árbitros sean planteadas a limi-ne. Ha de resaltarse que el hecho de que una de las partes colabore activamen-te en la designación de los árbitros no supone ningún tipo de renuncia tácitaa hacer valer la incompetencia objetiva de éstos. Es una lógica consecuenciade la regla de Kompetenz- Kompetenz: si son los árbitros los que han de deci-dir sobre su propia competencia, la parte está simplemente contribuyendo adesignar a quien o a quienes podrán decidir sobre dicha competencia. Lo con-trario abocaría a la parte a una situación absurda: debería permanecer pasivadurante la designación de los árbitros para poder luego alegar su falta de com-petencia sobrela controversia. La regla de la alegación previa de las cuestionesatinentes a la competencia de los árbitros tiene una razonable modulación enlos casos en que la alegación tardía está, a juicio de los árbitros, justificada, enla medida en que la parte no pudo realizar esa alegación con anterioridad yque su actitud durante el procedimiento no puede ser interpretada como unaaceptación de la competencia de los árbitros. Queda a la apreciación de losárbitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia seanresueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo.La ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos comoconsideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo;o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas.El artículo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestadde los árbitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser ex-cluida por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral;pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferibleno entrar a determinar el ámbito de esta potestad cautelar. Obviamente, losárbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las me-didas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismostérminos que si de un laudo sobre el fondo se tratara.Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una ver-tiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los árbitros la pri-mera, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga ni res-tringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y  de esta ley y en la Ley de24
  • 21. Enjuiciamiento Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial laadopción de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materiacautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principiode buena fe procesal. VIEl título V regula las actuaciones arbitrales. La ley vuelve a partir del principiode autonomía de la voluntad y establece como únicos límites al mismo y a laactuación de los árbitros el derecho de defensa de las partes y el principio deigualdad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como procesoque es. Garantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que sobreel procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto,aplicables sólo si las partes nada han acordado directamente o por su acepta-ción de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral.De este modo, las opciones de política jurídica que subyacen a estos preceptosquedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes.En lo que respecta al lugar del arbitraje, hay que destacar que se permite la ce-lebración de audiencias y de deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje.La determinación del lugar o sede del arbitraje es jurídicamente relevante enmuchos aspectos, pero su fijación no debe suponer rigidez para el desarrollodel procedimiento.El inicio del arbitraje se fija en el momento en que una parte recibe el requeri-miento de la otra de someter la controversia a decisión arbitral. Parece lógicoque los efectos jurídicos propios del inicio del arbitraje se produzcan ya en esemomento, incluso aunque no esté perfectamente delimitado el objeto de lacontroversia. Las soluciones alternativas permitirían actuaciones tendentes adificultar el procedimiento.La determinación del idioma o idiomas del arbitraje corresponde lógicamentea las partes y, en su defecto, a los árbitros. No obstante, salvo que alguna delas partes se oponga, se permite que se aporten documentos o se practiquenactuaciones en idioma no oficial del arbitraje sin necesidad de traducción. Conello se consagra una regla práctica muy extendida, que admite la aportación dedocumentos o declaraciones en otro idioma. 25
  • 22. En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones proce-sales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos términos. Al finy al cabo, la determinación del objeto de la controversia, siempre dentro delámbito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva. Sin embargo, lapráctica arbitral demuestra que quien inicia el arbitraje formula en todo casouna pretensión frente a la parte o partes contrarias y se convierte, por tanto,en actor; y ello sin perjuicio de que el demandado pueda reconvenir. Parece,por tanto, razonable que, sin perjuicio de la libertad de las partes, el procedi-miento arbitral se estructure sobre la base de una dualidad de posiciones entredemandante y demandado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser flexibili-zada a la hora de configurar los requisitos de los actos de las partes en defensade sus respectivas posiciones.De este modo, no se establecen propiamente requisitos de forma y contenidode los escritos de alegaciones de las partes. La función de la demanda y de lacontestación a que se refiere el artículo 29 no es sino la de ilustrar a los árbitrossobre el objeto de la controversia, sin perjuicio de alegaciones ulteriores. Noentran aquí en juego las reglas propias de los procesos judiciales en cuanto arequisitos de demanda y contestación, documentos a acompañar o preclusión.El procedimiento arbitral, incluso en defecto de acuerdo de las partes, se confi-gura con gran flexibilidad, acorde con las exigencias de la institución.Esa flexibilidad se da también en el desarrollo ulterior del procedimiento. Cabeque el procedimiento sea en ciertos casos predominantemente escrito, si lascircunstancias del caso no exigen la celebración de audiencias. Sin embargo, laregla es la celebración de audiencias para la práctica de pruebas. La ley tratade evitar, además, que la inactividad de las partes pueda paralizar el arbitrajeo comprometer la validez del laudo.La fase probatoria del arbitraje está también presidida por la máxima libertadde las partes y de los árbitros —siempre que se respeten el derecho de defensay el principio de igualdad— y por la máxima flexibilidad. La ley establece única-mente normas sobre la prueba pericial, de singular importancia en el arbitrajecontemporáneo, aplicables en defecto de voluntad de las partes.Estas normas están encaminadas a permitir tanto los dictámenes emitidos porperitos designados directamente por las partes como los emitidos por peritosdesignados, de oficio o a instancia de parte, por los árbitros, y a garantizar la26
  • 23. debida contradicción respecto de la pericia.Se regula igualmente la asistencia judicial para la práctica de pruebas, que esuna de las tradicionales funciones de apoyo judicial al arbitraje. La asistenciano tiene que consistir necesariamente en que el tribunal practique determina-das pruebas; en ciertos casos, bastará con otras medidas que permitan a losárbitros practicarlas por sí mismos, como, por ejemplo, medidas de asegura-miento o requerimientos de exhibición de documentos. VIIEl título VI se dedica al laudo y a otras posibles formas de terminación del pro-cedimiento arbitral. El artículo 34 regula la importante cuestión de qué normashan de aplicarse a la resolución del fondo de la controversia, sobre la base delos siguientes criterios: .o) La premisa es, una vez más, como en la Ley de988, la libertad de las partes. 2.o) Se invierte la regla que la ley de 988 conte-nía a favor del arbitraje de equidad. La preferencia por el arbitraje de derechoen defecto de acuerdo de las partes es la orientación más generalizada en elpanorama comparado. Resulta, además, muy discutible que la voluntad de laspartes de someterse a arbitraje, sin más especificaciones, pueda presumirseque incluya la de que la controversia sea resuelta en equidad y no sobre labase de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un tribunal.El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las partes lo hayanpactado expresamente, ya sea a través de una remisión literal a la «equidad»,o a términos similares como decisión «en conciencia», «ex aequo et bono»,o que el árbitro actuará como «amigable componedor». No obstante, si laspartes autorizan la decisión en equidad y al tiempo señalan normas jurídicasaplicables, los árbitros no pueden ignorar esta última indicación. 3.o) Siguien-do la orientación de los ordenamientos más avanzados, se suprime la exigenciade que el derecho aplicable deba tener relación con la relación jurídica o conla controversia, ya que se trata de un requisito de difusos contornos y difícilcontrol. 4.o) La ley prefiere la expresión «normas jurídicas aplicables» a la de«derecho aplicable», en la medida en que esta última parece englobar la exi-gencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico de un Estado, cuandoen algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios ordenamientos oreglas comunes del comercio internacional. 5.o) La ley no sujeta a los árbitrosa un sistema de reglas de conflicto. 27
  • 24. En la adopción de decisiones, cuando se trata de un colegio arbitral, y sin per-juicio de las reglas que directa o indirectamente puedan fijar las partes, semantiene la lógica regla de la mayoría y la de que a falta de decisión mayoritariadecide el presidente. Se introduce la norma que permite habilitar al presidentepara decidir cuestiones de procedimiento, entendiéndose por tales, a estosefectos, no cualesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino,más limitadamente, las relativas a la mera tramitación o impulso procesales.Se prevé la posibilidad de que los árbitros dicten un laudo sobre la base delcontenido de un previo acuerdo alcanzado por las partes. Esta previsión, quepodría reputarse innecesaria —dado que las partes tienen poder de disposi-ción sobre el objeto de la controversia—, no lo es, porque a través de su incor-poración a un laudo el contenido del acuerdo adquiere la eficacia jurídica deaquél. Los árbitros no pueden rechazar esta petición discrecionalmente, sinosólo por una causa jurídica fundada.La ley no hace sino dar cobertura legal a algo ya frecuente en la práctica y queno merece objeción alguna.En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal dela posibilidad de dictar laudos parciales, que pueden versar sobre alguna partedel fondo de la controversia o sobre otras cuestiones, como la competencia delos árbitros o medidas cautelares.La ley pretende dar cabida a fórmulas flexibles de resolución de los litigios queson comunes en la práctica arbitral. Así, por ejemplo, que primero se decidaacerca de si existe responsabilidad del demandado y sólo después se decida, sies el caso, la cuantía de la condena.El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo definitivo y, respecto de lacuestión que resuelve, su contenido es invariable.Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que —análogamente a lo dis-puesto para el convenio arbitral— la ley permite no sólo que el laudo constepor escrito en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino también queno conste en forma escrita, siempre que en todo caso quede constancia desu contenido y sea accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulaciónde los requisitos de forma del convenio arbitral como en la de los del laudo la28
  • 25. ley considera necesario admitir la utilización de cualesquiera tecnologías quecumplan los requisitos señalados. Pueden, pues, desarrollarse arbitrajes enque se utilicen tan sólo soportes informáticos, electrónicos o digitales, si laspartes así lo consideran conveniente.La ley introduce la novedad de que el plazo para emitir el laudo, en defecto deacuerdo de las partes, se compute desde la presentación de la contestación odesde la expiración del plazo para presentarla. Esta novedad responde a la ne-cesidad de que la celeridad propia del arbitraje sea adecuada a las exigenciasprácticas.Un plazo de seis meses desde la aceptación de los árbitros se ha revelado en nopocos casos de imposible cumplimiento y obliga en ocasiones a una tramita-ción excesivamente rápida o a la omisión de ciertos actos de alegación o, sobretodo, de prueba, por la exigencia de cumplir el plazo para dictar el laudo. Laley considera que es igualmente razonable que la prórroga del plazo pueda seracordada por los árbitros directamente y que no necesite el acuerdo de todaslas partes.El freno a un posible retraso injustificado en la decisión de la controversia seencuentra, entre otras causas, en la responsabilidad de los árbitros.En materia de condena en costas se introducen ciertas precisiones sobre sucontenido posible. Se suprime el carácter preceptivo de la protocolizaciónnotarial del laudo. Esta exigencia es desconocida en prácticamente todas laslegislaciones de arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo quealguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerar-lo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, válido y eficaz aunqueno haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acción deanulación transcurre desde su notificación, sin que sea necesario que la pro-tocolización, cuando haya sido pedida, preceda a la notificación. Y tampoco lafuerza ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolización, aunque enel proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá hacer valer por víade oposición la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumir-se excepcional.La ley contempla determinadas formas de terminación anormal del procedi-miento arbitral y da respuesta al problema de la extensión del deber de los 29
  • 26. árbitros de custodia de las actuaciones.En la regulación de la corrección y aclaración del laudo se modifican los plazos,para hacerlos más adecuados a la realidad, y se distingue en función de que elarbitraje sea interno o internacional, dado que en este último caso puede biensuceder que las dificultades de deliberación de los árbitros en un mismo lugarsean mayores. Se introduce además la figura del complemento del laudo parasuplir omisiones. VIIIEl título VII regula la anulación y revisión del laudo.Respecto de la anulación, se evita la expresión «recurso», por resultar técnica-mente incorrecta. Lo que se inicia con la acción de anulación es un proceso deimpugnación de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que losmotivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, comoregla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros. El elenco delos motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a instancia de parte se inspiranen la Ley Modelo. Se amplía el plazo para el ejercicio de la acción de anulación,lo que no ha de perjudicar a la parte que haya obtenido pronunciamientos decondena a su favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva.El procedimiento para el ejercicio de la acción de anulación trata de conjugarlas exigencias de rapidez y de mejor defensa de las partes. Así, tras una deman-da y una contestación escritas, se siguen los trámites del juicio verbal. IXEl título VIII se dedica a la ejecución forzosa del laudo.En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tantogenerales como específicas, sobre esta materia. Esta ley se ocupa únicamentede la posibilidad de ejecución forzosa del laudo durante la pendencia del pro-cedimiento en que se ejercite la acción de anulación.La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnación.Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un30
  • 27. ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias. La eje-cutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener lasuspensión de la ejecución mediante la prestación de caución para responder de lo de-bido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la demora en la ejecución. Setrata de una regulación que trata de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado. XEl título IX regula el exequátur de laudos extranjeros, compuesto por un únicoprecepto en el que, además de mantenerse la definición de laudo extranjerocomo aquel que no ha sido dictado en España, se hace un reenvío a los conve-nios internacionales en los que España sea parte y, sobre todo, al Convenio deNueva York de 958. Dado que España no ha formulado reserva alguna a esteconvenio, resulta aplicable con independencia de la naturaleza comercial o node la controversia y de si el laudo ha sido o no dictado en un Estado parte enel convenio. Esto significa que el ámbito de aplicación del Convenio de NuevaYork en España hace innecesario un régimen legal interno de exequátur delaudos extranjeros, sin perjuicio de lo que pudieran disponer otros conveniosinternacionales más favorables. TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESArtículo 1. Ámbito de aplicación.. Esta ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio es-pañol, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecidoen tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan disposicio-nes especiales sobre arbitraje.2. Las normas contenidas en los apartados 3, 4 y 6 del artículo 8, en el artículo9, excepto el apartado 2, en los artículos  y 23 y en los títulos VIII y IX deesta ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera deEspaña.3. Esta ley será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes. 31
  • 28. 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los arbitrajes labora-les.Artículo 2. Materias objeto de arbitraje.. Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre dispo-sición conforme a derecho.2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado ouna sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte nopodrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obli-gaciones dimanantes del convenio arbitral.Artículo 3. Arbitraje internacional.. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de lassiguientes circunstancias:a) Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengansus domicilios en Estados diferentes.b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arregloa éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones dela relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar con el que éstatenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las par-tes tengan sus domicilios.c) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a interesesdel comercio internacional.2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguna de las partestiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrechacon el convenio arbitral; y si una parte no tiene ningún domicilio, se estará a suresidencia habitual.Artículo 4. Reglas de interpretación.Cuando una disposición de esta ley:32
  • 29. a) Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facul-tad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral,a que adopte esa decisión, excepto en el caso previsto en el artículo 34.b) Se refiera al convenio arbitral o a cualquier otro acuerdo entre las partes,se entenderá que integran su contenido las disposiciones del reglamento dearbitraje al que las partes se hayan sometido.c) Se refiera a la demanda, se aplicará también a la reconvención, y cuando serefiera a la contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa recon-vención, excepto en los casos previstos en el párrafo a) del artículo 3 y en elpárrafo a) del apartado 2 del artículo 38.Artículo 5. Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de losactos de comunicación realizados dentro de un procedimiento judicial, se apli-carán las disposiciones siguientes:a) Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que hayasido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada ensu domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Asimismo, seráválida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio detelecomunicación electrónico, telemático o de otra clase semejante que per-mitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia desu remisión y recepción y que hayan sido designados por el interesado.En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ningunode esos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada ointentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que dejeconstancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o estableci-miento conocidos del destinatario.b) Los plazos establecidos en esta ley se computarán desde el día siguiente alde recepción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuerefestivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorroga-rá hasta el primer día laborable siguiente. Cuando dentro de un plazo haya depresentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido si el escrito se remite 33
  • 30. dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con posterioridad. Los pla-zos establecidos por días se computarán por días naturales.Artículo 6. Renuncia tácita a las facultades de impugnación.Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley ode algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo pre-visto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se consideraráque renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley.Artículo 7. Intervención judicial.En los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, salvo enlos casos en que ésta así lo disponga.Artículo 8. Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control delarbitraje.1. Para el nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente laSala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la ComunidadAutónoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar éste aún determinado,la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de losdemandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual enEspaña, la del domicilio o residencia habitual del actor, y si éste tampoco lostuviere en España, la de su elección.[Anterior redacción: 1. Para el nombramiento judicial de árbitros será com-petente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje; de no estaréste aún determinado, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera delos demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual enEspaña, el del domicilio o residencia habitual del actor, y si éste tampoco lostuviere en España, el de su elección.]2. Para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el Juz-gado de Primera Instancia del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubierede prestarse la asistencia.3. Para la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente el34
  • 31. del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar dondelas medidas deban producir su eficacia, de conformidad con lo previsto en elartículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.4. Para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competen-te el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado de acuerdocon lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley /2000, de 7 de ene-ro, de Enjuiciamiento Civil.[Anterior redacción: 4. Para la ejecución forzosa del laudo será competente elJuzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado, de acuerdo conlo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civily, en su caso, el previsto en el artículo 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de1881.]5. Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Sala delo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autóno-ma donde aquél se hubiere dictado.[Anterior redacción: 5. Para conocer de la acción de anulación del laudo serácompetente la Audiencia Provincial del lugar donde aquél se hubiere dictado.]6. Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros serácompetente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia dela Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frentea la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de lapersona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidia-riamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde aquelloslaudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos.Para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será compe-tente el Juzgado de Primera Instancia con arreglo a los mismos criterios.[Anterior redacción: 6. Para el exequátur de laudos extranjeros será compe-tente el órgano jurisdiccional al que el ordenamiento procesal civil atribuya laejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros.] 35
  • 32. TÍTULO II DEL CONVENIO ARbITRAL y SUS EfECTOSArtículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral.. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada aun contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de laspartes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayansurgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, con-tractual o no contractual.2. Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validezde dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normasaplicables a ese tipo de contrato.3. El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmadopor las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otrosmedios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. Se considerarácumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible parasu ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.4. Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitralque conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera delas formas establecidas en el apartado anterior.5. Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escri-tos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y nonegada por la otra.6. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido yla controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos estable-cidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenioarbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o porel derecho español.Artículo 10. Arbitraje testamentario.36
  • 33. También será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria parasolucionar diferencias entre herederos no forzosos o legatarios por cuestionesrelativas a la distribución o administración de la herencia.Artículo 11. Convenio arbitral y demanda en cuanto al fondo ante un Tribunal.1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impidea los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempreque la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez prime-ros días del plazo para contestar a la demanda en las pretensiones que setramiten por el procedimiento del juicio ordinario, o en los diez primeros díasposteriores a la citación para vista, para las que se tramiten por el procedi-miento del juicio verbal.[Anterior redacción: 1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo esti-pulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbi-traje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.]2. La declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuacionesarbitrales.3. El convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad alas actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un tribunal laadopción de medidas cautelares ni a éste concederlas.[Se añaden Artículo 11 bis y Artículo 11 ter]Artículo 11 bis. Arbitraje estatutario.1. Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que enellas se planteen.2. La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión aarbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votoscorrespondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida elcapital social. 37
  • 34. 3. Los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuer-dos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisiónde uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje yla designación de los árbitros a una institución arbitral.Artículo 11 ter. Anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles.1. El laudo que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de ins-cribirse en el Registro Mercantil. El “boletín Oficial del Registro Mercantil”publicará un extracto.2. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el RegistroMercantil, el laudo determinará, además, la cancelación de su inscripción, asícomo la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella. TÍTULO III DE LOS áRbITROSArtículo 12. Número de árbitros.Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea im-par. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro.Artículo 13. Capacidad para ser árbitro.Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejerciciode sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que pue-dan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrariode las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúecomo árbitro.Artículo 14. Arbitraje institucional.. Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designa-ción de árbitros a:38
  • 35. a) Corporaciones de Derecho público y Entidades públicas que puedan des-empeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras.[Anterior redacción: a) Corporaciones de derecho público que puedan desem-peñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras, y en particular elTribunal de Defensa de la Competencia.]b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se preveanfunciones arbitrales.2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propiosreglamentos.[Se añade el apartado 3]3. Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condicionesde capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, asícomo su independencia.Artículo 15. Nombramiento de los árbitros.1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban de-cidirse en equidad, cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro únicose requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal.Cuando el arbitraje se haya de resolver por tres o más árbitros, se requeriráque al menos uno de ellos tenga la condición de jurista.[Anterior redacción: 1. En los arbitrajes internos que no deban decidirse enequidad de acuerdo con el artículo 34, se requerirá la condición de abogado enejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario.]2. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designaciónde los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A falta deacuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal com-petente a petición de cualquiera de las partes. 39
  • 36. b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los dos árbitrosasí designados nombrarán al tercero, quien actuará como presidente del cole-gio arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días siguientesa la recepción del requerimiento de la otra para que lo haga, la designacióndel árbitro se hará por el tribunal competente, a petición de cualquiera de laspartes. Lo mismo se aplicará cuando los árbitros designados no consigan po-nerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días contados desdela última aceptación.En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán unárbitro y aquéllos otro. Si los demandantes o los demandados no se pusierande acuerdo sobre el árbitro que les corresponde nombrar, todos los árbitrosserán designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de laspartes.c) En el arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados por el tribu-nal competente a petición de cualquiera de las partes.3. Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acorda-do por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente elnombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas nece-sarias para ello.4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto en los aparta-dos anteriores se sustanciarán por los cauces del juicio verbal.5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecieque, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenioarbitral.6. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará unalista con tres nombres por cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccio-nar dicha lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos establecidos por laspartes para ser árbitro y tomará las medidas necesarias para garantizar su inde-pendencia e imparcialidad. En el supuesto de que proceda designar un solo ár-bitro o un tercer árbitro, el tribunal tendrá también en cuenta la convenienciade nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, ala de los árbitros ya designados, a la vista de las circunstancias concurrentes. A40
  • 37. continuación, se procederá al nombramiento de los árbitros mediante sorteo.7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre las cuestiones atri-buidas en este artículo al tribunal competente no cabrá recurso alguno.[Anterior redacción: 7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre lascuestiones atribuidas en este artículo al tribunal competente no cabrá recursoalguno, salvo aquellas que rechacen la petición formulada de conformidad conlo establecido en el apartado 5.]Artículo 16. Aceptación de los árbitros.Salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa, cada árbitro, dentro del plazode 5 días a contar desde el siguiente a la comunicación del nombramiento,deberá comunicar su aceptación a quien lo designó. Si en el plazo establecidono comunica la aceptación, se entenderá que no acepta su nombramiento.Artículo 17. Motivos de abstención y recusación.. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente eimparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal,profesional o comercial.2. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstanciasque puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e indepen-dencia. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes sin de-mora cualquier circunstancia sobrevenida. En cualquier momento del arbitrajecualquiera de las partes podrá pedir a los árbitros la aclaración de sus relacio-nes con algunas de las otras partes.3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que denlugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no po-see las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusaral árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, porcausas de las que haya tenido conocimiento después de su designación.[Se añade el apartado 4]4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro no podrá haber interve- 41
  • 38. nido como mediador en el mismo conflicto entre éstas.Artículo 18. Procedimiento de recusación.. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de losárbitros.2. A falta de acuerdo, la parte que recuse a un árbitro expondrá los motivosdentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de laaceptación o de cualquiera de las circunstancias que puedan dar lugar a dudasjustificadas sobre su imparcialidad o independencia. A menos que el árbitrorecusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corres-ponderá a los árbitros decidir sobre ésta.3. Si no prosperase la recusación planteada con arreglo al procedimiento acor-dado por las partes o al establecido en el apartado anterior, la parte recusantepodrá, en su caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo.Artículo 19. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones.. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer susfunciones, o por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razo-nable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Siexiste desacuerdo sobre la remoción y las partes no han estipulado un procedi-miento para salvar dicho desacuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:a) La pretensión de remoción se sustanciará por los trámites del juicio verbal.Se podrá acumular la solicitud de nombramiento de árbitros, en los términosprevistos en el artículo 5, para el caso de que se estime la de remoción.Contra las resoluciones definitivas que se dicten no cabrá recurso alguno.b) En el arbitraje con pluralidad de árbitros los demás árbitros decidirán lacuestión. Si no pudieren alcanzar una decisión, se aplicará lo dispuesto en elpárrafo anterior.2. La renuncia de un árbitro a su cargo o la aceptación por una de las partes desu cese, conforme a lo dispuesto en el presente artículo o en el apartado 2 del42
  • 39. artículo anterior, no se considerará como un reconocimiento de la procedenciade ninguno de los motivos mencionados en las citadas normas.Artículo 20. Nombramiento de árbitro sustituto.. Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro,se hará según las normas reguladoras del procedimiento de designación delsustituido.2. Una vez nombrado el sustituto, los árbitros, previa audiencia de las partes,decidirán si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas.Artículo 21. Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales.Provisión de fondos.. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, acumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidadpor los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. En losarbitrajes encomendados a una institución, el perjudicado tendrá acción direc-ta contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento queasistan a aquélla contra los árbitros.[Se añade el siguiente párrafo]Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la con-tratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, enla cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la con-tratación de este seguro o garantía equivalente a las Entidades públicas ya los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administracionespúblicas.2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la institución arbitral podránexigir a las partes las provisiones de fondos que estimen necesarias para atendera los honorarios y gastos de los árbitros y a los que puedan producirse en la admi-nistración del arbitraje. A falta de provisión de fondos por las partes, los árbitrospodrán suspender o dar por concluidas las actuaciones arbitrales. Si dentro delplazo alguna de las partes no hubiere realizado su provisión, los árbitros, antesde acordar la conclusión o suspensión de las actuaciones, lo comunicarán a las 43
  • 40. demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que les fijaren. TÍTULO IV DE LA COMPETENCIA DE LOS áRbITROSArtículo 22. Potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia.. Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia,incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenioarbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de lacontroversia. A este efecto, el convenio arbitral que forme parte de un contratose considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulacionesdel mismo. La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato noentrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral.2. Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponersea más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hechode haber designado o participado en el nombramiento de los árbitros impidaoponerlas. La excepción consistente en que los árbitros se exceden del ámbitode su competencia deberá oponerse tan pronto como se plantee, durante lasactuaciones arbitrales, la materia que exceda de dicho ámbito.Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad si lademora resulta justificada.3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo concarácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión re-lativas al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarsemediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se hayaadoptado. Si la decisión fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptasecon carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación no suspenderá elprocedimiento arbitral.Artículo 23. Potestad de los árbitros de adoptar medidas cautelares.. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia44
  • 41. de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesariasrespecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente alsolicitante.2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea laforma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecu-ción forzosa de laudos. TÍTULO V DE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARbITRALESArtículo 24. Principios de igualdad, audiencia y contradicción.. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficien-te oportunidad de hacer valer sus derechos.2. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obliga-das a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a travésde las actuaciones arbitrales.Artículo 25. Determinación del procedimiento.. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenirlibremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus ac-tuaciones.2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en estaLey, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad delos árbitros comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidadde las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración.Artículo 26. Lugar del arbitraje.. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta deacuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso y laconveniencia de las partes. 45
  • 42. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los árbitros podrán,previa consulta a las partes y salvo acuerdo en contrario de éstas, reunirse encualquier lugar que estimen apropiado para oír a los testigos, a los peritos o alas partes, o para examinar o reconocer objetos, documentos o personas. Losárbitros podrán celebrar deliberaciones en cualquier lugar que estimen apro-piado.Artículo 27. Inicio del arbitraje.Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandadohaya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se consi-derará la de inicio del arbitraje.Artículo 28. Idioma del arbitraje.1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas del arbitra-je. A falta de acuerdo, y cuando de las circunstancias del caso no permitandelimitar la cuestión, el arbitraje se tramitará en cualquiera de las lenguasoficiales en el lugar donde se desarrollen las actuaciones. La parte que ale-gue desconocimiento del idioma tendrá derecho a audiencia, contradiccióny defensa en la lengua que utilice, sin que esta alegación pueda suponer laparalización del proceso.Salvo que en el acuerdo de las partes se haya previsto otra cosa, el idioma olos idiomas establecidos se utilizarán en los escritos de las partes, en las au-diencias, en los laudos y en las decisiones o comunicaciones de los árbitros,sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero.En todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que intervengan en elprocedimiento arbitral, tanto en actuaciones orales como escritas, podránutilizar su lengua propia. En las actuaciones orales se podrá habilitar comointérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo ju-ramento o promesa de aquella.[Anterior redacción: 1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o losidiomas del arbitraje. A falta de acuerdo, decidirán los árbitros, atendidas lascircunstancias del caso. Salvo que en el acuerdo de las partes o en la decisiónde los árbitros se haya previsto otra cosa, el idioma o los idiomas establecidos46
  • 43. se utilizarán en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos y enlas decisiones o comunicaciones de los árbitros.]2. Los árbitros, salvo oposición de alguna de las partes, podrán ordenar que,sin necesidad de proceder a su traducción, cualquier documento sea aportadoo cualquier actuación realizada en idioma distinto al del arbitraje.Artículo 29. Demanda y contestación.. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por los árbitros ya menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto del contenido de lademanda y de la contestación, el demandante deberá alegar los hechos en quese funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensionesque formula, y el demandado podrá responder a lo planteado en la demanda.Las partes, al formular sus alegaciones, podrán aportar todos los documentosque consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras prue-bas que vayan a presentar o proponer.2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá modificaro ampliar su demanda o contestación durante el curso de las actuaciones ar-bitrales, a menos que los árbitros lo consideren improcedente por razón de lademora con que se hubiere hecho.Artículo 30. Forma de las actuaciones arbitrales.. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán si han de ce-lebrarse audiencias para la presentación de alegaciones, la práctica de pruebasy la emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamentepor escrito. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que nose celebren audiencias, los árbitros las señalarán, en la fase apropiada de lasactuaciones, si cualquiera de las partes lo solicitara.2. Las partes serán citadas a todas las audiencias con suficiente antelación ypodrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus representantes.3. De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos queuna parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo, sepondrán a disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales 47
  • 44. y otros instrumentos probatorios en que los árbitros puedan fundar su deci-sión.Artículo 31. Falta de comparecencia de las partes.Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin alegar causa suficiente ajuicio de los árbitros:a) El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán porterminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifiestesu voluntad de ejercitar alguna pretensión.b) El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continua-rán las actuaciones, sin que esa omisión se considere como allanamiento oadmisión de los hechos alegados por el demandante.c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas, losárbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento enlas pruebas de que dispongan.Artículo 32. Nombramiento de peritos por los árbitros.. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán nombrar, deoficio o a instancia de parte, uno o más peritos para que dictaminen sobrematerias concretas y requerir a cualquiera de las partes para que facilite alperito toda la información pertinente, le presente para su inspección todos losdocumentos u objetos pertinentes o le proporcione acceso a ellos.2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuan-do los árbitros lo consideren necesario, todo perito, después de la presenta-ción de su dictamen, deberá participar en una audiencia en la que los árbitrosy las partes, por sí o asistidas de peritos, podrán interrogarle.3. Lo previsto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de la fa-cultad de las partes, salvo acuerdo en contrario, de aportar dictámenes pericia-les por peritos libremente designados.Artículo 33. Asistencia judicial para la práctica de pruebas.48
  • 45. . Los árbitros o cualquiera de las partes con su aprobación podrán solicitar deltribunal competente asistencia para la práctica de pruebas, de conformidadcon las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. Esta asistenciapodrá consistir en la práctica de la prueba ante el tribunal competente o enla adopción por éste de las concretas medidas necesarias para que la pruebapueda ser practicada ante los árbitros.2. Si así se le solicitare, el tribunal practicará la prueba bajo su exclusiva direc-ción. En otro caso, el tribunal se limitará a acordar las medidas pertinentes. Enambos supuestos el tribunal entregará al solicitante testimonio de las actua-ciones. TÍTULO VI DEL PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO y DE LA TERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONESArtículo 34. Normas aplicables al fondo de la controversia.. Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expre-samente para ello.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el arbitrajesea internacional, los árbitros decidirán la controversia de conformidad conlas normas jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicacióndel derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, amenos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no asus normas de conflicto de leyes.Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán lasque estimen apropiadas.3. En todo caso, los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del con-trato y tendrán en cuenta los usos aplicables.Artículo 35. Adopción de decisiones colegiadas.. Cuando haya más de un árbitro, toda decisión se adoptará por mayoría, sal- 49
  • 46. vo que las partes hubieren dispuesto otra cosa. Si no hubiere mayoría, la deci-sión será tomada por el presidente.2. Salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en contrario, el presidente po-drá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso delprocedimiento.Artículo 36. Laudo por acuerdo de las partes.. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que pon-ga fin total o parcialmente a la controversia, los árbitros darán por terminadaslas actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si ambas partes lo solici-tan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdoen forma de laudo en los términos convenidos por las partes.2. El laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente y tendrála misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.Artículo 37. Plazo, forma, contenido y notificación del laudo.. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán la controver-sia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios.2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros deberán decidir lacontroversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentaciónde la contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazopara presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podráser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, me-diante decisión motivada. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la ex-piración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará a laeficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado, sin perjuicio dela responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros.[Anterior redacción: 2. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbi-tros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a lafecha de presentación de la contestación a que se refiere el artículo 29 o deexpiración del plazo para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes,este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos50
  • 47. meses, mediante decisión motivada.La expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará laterminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros. No obstante,no afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabili-dad en que hayan podido incurrir los árbitros.]3. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quie-nes podrán dejar constancia de su voto a favor o en contra. Cuando haya másde un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del colegioarbitral o sólo la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones dela falta de una o más firmas.A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el laudoconsta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y seanaccesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otrotipo.[Anterior redacción: 3. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado porlos árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya másde un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del colegioarbitral o sólo la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de lafalta de una o más firmas.A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el laudoconsta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean ac-cesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.]4. El laudo deberá ser siempre motivado, a menos que se trate de un laudopronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículoanterior.[Anterior redacción: 4. El laudo deberá ser motivado, a menos que las parteshayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los tér-minos convenidos por las partes conforme al artículo anterior.]5. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje,determinado de conformidad con el apartado  del artículo 26. El laudo se 51
  • 48. considerará dictado en ese lugar.6. Con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en ellaudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de losárbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representan-tes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administrado-ra del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral.7. Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el plazo que és-tas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas deun ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, dentrodel mismo plazo establecido en el apartado 2.8. El laudo podrá ser protocolizado notarialmente. Cualquiera de las partes, asu costa, podrá instar de los árbitros, antes de la notificación, que el laudo seaprotocolizado.Artículo 38. Terminación de las actuaciones.. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sobre notificación y, en sucaso, protocolización del laudo, y en el artículo siguiente, sobre su corrección,aclaración y complemento, las actuaciones arbitrales terminarán y los árbitroscesarán en sus funciones con el laudo definitivo.2. Los árbitros también ordenarán la terminación de las actuaciones cuando:a) El demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se opon-ga a ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solu-ción definitiva del litigio.b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.c) Los árbitros comprueben que la prosecución de las actuaciones resulta inne-cesaria o imposible.3. Transcurrido el plazo que las partes hayan señalado a este fin o, en su defec-to, el de dos meses desde la terminación de las actuaciones, cesará la obliga-ción de los árbitros de conservar la documentación del procedimiento.52
  • 49. Dentro de ese plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar a los árbitros quele remitan los documentos presentados por ella. Los árbitros accederán a lasolicitud siempre que no atente contra el secreto de la deliberación arbitral yque el solicitante asuma los gastos correspondientes al envío, en su caso.Artículo 39. Corrección, aclaración, complemento y extralimitación del lau-do.[Anterior redacción: Artículo 39. Corrección, aclaración y complemento del lau-do.]1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, salvo que laspartes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificacióna la otra, solicitar a los árbitros:a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de na-turaleza similar.b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resuel-tas en él.d) La rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando se haya re-suelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones nosusceptibles de arbitraje.[Anterior redacción: 1. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del lau-do, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá,con notificación a la otra, solicitar a los árbitros:a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de natu-raleza similar.b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltasen él.] 53
  • 50. 2. Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resolverán sobre las so-licitudes de corrección de errores y de aclaración en el plazo de diez días, ysobre la solicitud de complemento y la rectificación de la extralimitación, enel plazo de veinte días.[Anterior redacción: 2. Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resol-verán sobre las solicitudes de corrección de errores y de aclaración en el plazode 10 días, y sobre la solicitud de complemento en el plazo de 20 días.]3. Dentro de los 0 días siguientes a la fecha del laudo, los árbitros podránproceder de oficio a la corrección de errores a que se refiere el párrafo a) delapartado .4. Lo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las resoluciones arbitrales sobrecorrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo.[Anterior redacción: 4. Lo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las resolucio-nes arbitrales sobre corrección, aclaración y complemento del laudo.]5. Cuando el arbitraje sea internacional, los plazos de 0 y 20 días establecidosen los apartados anteriores serán plazos de uno y dos meses, respectivamen-te. TÍTULO VII DE LA ANULACIÓN y DE LA REVISIÓN DEL LAUDOArtículo 40. Acción de anulación del laudo.Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los tér-minos previstos en este título.Artículo 41. Motivos.. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulaciónalegue y pruebe:a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.54
  • 51. b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o delas actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valersus derechos.c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se hanajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrarioa una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se hanajustado a esta ley.e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.f) Que el laudo es contrario al orden público.2. Los motivos contenidos en los párrafos b), e) y f) del apartado anterior po-drán ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción de anulación deoficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya de-fensa le está legalmente atribuida.3. En los casos previstos en los párrafos c) y e) del apartado , la anulaciónafectará sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no sometidasa decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedansepararse de las demás.4. La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos me-ses siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección,aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de la resolución so-bre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla.Artículo 42. Procedimiento.1. La acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio verbal, sinperjuicio de las siguientes especialidades:a) La demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artículo399 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, acompañadade los documentos justificativos de su pretensión, del convenio arbitral y del 55
  • 52. laudo, y, en su caso, contendrá la proposición de los medios de prueba cuyapráctica interese el actor.b) El Secretario Judicial dará traslado de la demanda al demandado, para queconteste en el plazo de veinte días. En la contestación, acompañada de losdocumentos justificativos de su oposición, deberá proponer todos los mediosde prueba de que intente valerse. De este escrito, y de los documentos que loacompañan, se dará traslado al actor para que pueda presentar documentosadicionales o proponer la práctica de prueba.c) Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el Secre-tario Judicial citará a la vista, si así lo solicitan las partes en sus escritos de de-manda y contestación. Si en sus escritos no hubieren solicitado la celebraciónde vista, o cuando la única prueba propuesta sea la de documentos, y éstosya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o en el casode los informes periciales no sea necesaria la ratificación, el Tribunal dictarásentencia, sin más trámite.[Anterior redacción: 1. La acción de anulación se sustanciará por los caucesdel juicio verbal. No obstante, la demanda deberá presentarse conforme a loestablecido en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acompañadade los documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y, en su caso,contendrá la proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el ac-tor. De la demanda se dará traslado al demandado, para que conteste en elplazo de 20 días. En la contestación deberá el demandado proponer los mediosde prueba de que intente valerse. Contestada la demanda o transcurrido elcorrespondiente plazo, se citará a las partes a la vista, en la que el actor podráproponer la práctica de prueba en relación con lo alegado por el demandadoen su contestación.]2. Frente a la sentencia que se dicte no cabrá recurso alguno.Artículo 43. Cosa juzgada y revisión de laudos.El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar laacción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo estableci-do en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentenciasfirmes.56
  • 53. [Anterior redacción: Artículo 43. Cosa juzgada y revisión de laudos firmes.El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitarla revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para lassentencias firmes.] TÍTULO VIII DE LA EJECUCIÓN fORzOSA DEL LAUDOArtículo 44. Normas aplicables.La ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la Ley de Enjui-ciamiento Civil y en este título.Artículo 45. Suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución en casode ejercicio de la acción de anulación del laudo.. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción deanulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al tribunalcompetente la suspensión de la ejecución, siempre que ofrezca caución porel valor de la condena más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de lademora en la ejecución del laudo. La caución podrá constituirse en cualquierade las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada la solicitud de suspensión, el tri-bunal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución. Contra esta resoluciónno cabrá recurso alguno.2. Se alzará la suspensión y se ordenar á que continúe la ejecución cuandoconste al tribunal la desestimación de la acción de anulación, sin perjuicio delderecho del ejecutante a solicitar, en su caso, indemnización de los daños yperjuicios causados por la demora en la ejecución, a través de los cauces orde-nados en los artículos 72 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.3. Se alzará la ejecución, con los efectos previstos en los artículos 533 y 534 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando conste al tribunal que ha sido estimadala acción de anulación.Si la anulación afectase sólo a las cuestiones a que se refiere el apartado 3 del 57
  • 54. Disposición final tercera a la Ley 60/2003. Entrada en vigor. La presente leyentrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial delEstado».Disposición final tercera. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio,Concursal.Uno. Se modifica el número 4.º del artículo 8:«4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado exceptolas que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdicciónen el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 52, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitra-les, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión delas mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedansuponer un perjuicio para la tramitación del concurso.»Dos. El apartado 1 del artículo 52 pasa a tener la siguiente redacción:«1. La declaración de concurso, por sí sola, no afecta a los pactos de me-diación ni a los convenios arbitrales suscritos por el concursado. Cuando elórgano jurisdiccional entendiera que dichos pactos o convenios pudieransuponer un perjuicio para la tramitación del concurso podrá acordar la sus-pensión de sus efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los trata-dos internacionales.»Disposición final cuarta. Título competencial.Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado enmateria de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.Disposición final quinta. Entrada en vigor.La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el«boletín Oficial del Estado».58
  • 55. Edita: Asociación Europea de Arbitraje, Aeade C/ Campoamor, 8 3º, 28004 Madrid Imprime: GRAMAR Artes Gráficas C/ Alonso Núñez, 29, 28039 Madrid