Ley de Protección a Periodistas de SLP

  • 231 views
Uploaded on

A partir de la Página 92 encontrarán la Ley de Protección a Preiodistas aprobada recientemente en el Congreso del Estado de San Luis Potosí

A partir de la Página 92 encontrarán la Ley de Protección a Preiodistas aprobada recientemente en el Congreso del Estado de San Luis Potosí

More in: News & Politics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
231
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. GACETA PARLAMENTARIASección UnoSesión Ordinaria No. 2325 abril 2013
  • 2. Minuta Proyecto de Decreto
  • 3. IniciativasHONORABLE CONGRESO DEL ESTADOSEXAGÉSIMA LEGISLATURAP R E S E N T EMARIANELA VILLANUEVA PONCE, Diputada integrante de ésta LX Legislatura, en ejercicio delas atribuciones que me confieren los artículos 61 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15, fracción I, 130 y 131 de la Ley Orgánicadel Poder Legislativo; así como 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del Estado, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativaque propone reformar los artículos 89, 90 y 91, y adicionar un artículo 91 bis, de y ala Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, de acuerdo a lasiguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOSDe acuerdo con el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, elMunicipio es la organización político-administrativa que sirve de base a la divisiónterritorial y organización política de los estados miembros de la federación, queresponde a la idea de una organización comunitaria, con gobierno autónomo, que nace pormandato de la misma Carta Magna.El órgano ejecutivo del gobierno del municipio es el ayuntamiento, y las autoridadesprincipales que lo integran son el presidente municipal o alcalde, los regidores y lossíndicos.Los ayuntamientos también tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes enmateria municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos depolicía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas deobservancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen laadministración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones yservicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.Por otra parte, también por disposición constitucional, los municipios tienen a su cargolas funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado,tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección,traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto;panteones; rastro; calles, parques y jardines, y su equipamiento; seguridad pública entérminos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal ytránsito; así como las demás que las legislaturas locales determinen según lascondiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, y su capacidadadministrativa y financiera.Para ello, los municipios, en términos de las leyes federales y estatales relativas,están facultados para: (i) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes dedesarrollo urbano municipal; (ii) participar en la creación y administración de susreservas territoriales; (iii) participar en la formulación de planes de desarrolloregional; (iv)autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito desu competencia; (v) otorgar licencias y permisos para la construcción; (vi) participaren la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración yaplicación de programas de ordenamiento de esta materia; (vii) intervenir en la
  • 4. formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afectensu ámbito territorial; y, (viii) celebrar convenios para la administración y custodia delas zonas federales.Independientemente de las facultades, atribuciones y obligaciones que impone nuestraCarta Magna a los municipios, los ayuntamientos deben de tomar sus decisiones a travésde las reuniones de sus integrantes, en lo que se denomina Cabildo, en sesión y como uncuerpo colegiado de gobierno, pero también se dividen en comisiones que derivan, deacuerdo al artículo 31, inciso c), fracción IV, de la Ley Orgánica cuya modificación sepretende, en los ramos de la administración municipal.No obstante lo anterior, la ley no determina cuales son las ramas de la administraciónmunicipal, aunque pueden desprenderse de sus facultades y atribuciones, obligaciones ysus funciones propias, lo que permite integrarlas con cierta flexibilidad para laatención de los asuntos.En ese orden de ideas y considerando además que nos encontramos inmersos en una serie dereformas estructurales a nivel federal, tanto en materia de educación, económica,financiera, de transparencia y rendición de cuentas, en materia de derechos humanos yrecientemente en materia de amparo, por citar algunos ejemplos, se hace indispensableadecuar el funcionamiento de la administración municipal para impulsar un mayordesarrollo, contribuir a una mejor organización y poder atender así, de la mejor maneraposible, todos los asuntos y las problemáticas de la sociedad en el ámbito municipal.De esta manera y con esos antecedentes, propongo reformar los artículos 89, 90 y 91 dela Ley Orgánica del Municipio Libre, y adicionar un artículo 91 bis del mismo cuerpo deleyes, a efecto de modernizar la administración municipal, atendiendo sobretodo a lasreformas recientes de las que he dado cuenta en párrafos anteriores.En consecuencia, en primer término y considerando la técnica legislativa, se proponeordenar la lista de comisiones edilicias en orden alfabético, dado que es la forma másfácil y clara de enlistarlas, sin que tenga que ver con cuestiones de importancia, quefinalmente resultan inequitativas.En segundo lugar, se modifican algunas de las denominaciones de las comisiones, paraincluir en su función los temas a que se refieren las reformas estructurales que estánteniendo lugar en el país.En tercer término, se propone la creación de algunas comisiones que no existían y que esindispensable para la buena administración municipal. Sin que ello implique que no seatendían esos temas, puesto que podían estar incluidos en otras comisiones; aunque comose encuentra la ley actualmente, la misma no hace referencia a las atribuciones de cadacomisión en particular.Al mismo tiempo, la presente iniciativa propone establecer de manera clara la forma deintegración de cada una de las comisiones, lo que no existía en la ley vigente,considerando el perfil y la experiencia de sus miembros.De la misma manera y con el objeto de mejorar la administración municipal, se proponeincluir en un segundo párrafo del artículo 91 de la Ley en cita, las responsabilidadesde las comisiones.Además de lo anterior, y considerando que la transparencia y la rendición de cuentas esde gran trascendencia para mantener plenamente informados a los ciudadanos sobre laadministración y manejo de todos los recursos públicos, también se impone ahora la
  • 5. obligación a las comisiones de presentar informes al cabildo sobre su actuación,actividades y desempeño, de manera trimestral.Y, finalmente, se propone también la creación del artículo 91 bis con el objeto de quelas comisiones puedan citar, previa autorización del ayuntamiento, es decir, delCabildo, a cualquiera de los titulares de las dependencias administrativas municipales,para conocer cuando se requiera, el estado que guardan los asuntos de su competencia,así como solicitar al Secretario del Ayuntamiento, la información necesaria para atenderlos asunto que les sean encomendados a cada comisión.Todo lo anterior, sin duda permitirá un mejor manejo de la hacienda municipal, un mejordesarrollo de su administración, pero sobretodo, una mayor participación de susintegrantes en la atención de los asuntos municipales, para el mejor desempeño de susatribuciones, lo que invariablemente debe redituar en una mayor satisfacción de laciudadanía en general.Por las razones expuestas, propongo a esta Soberanía la siguiente:INICIATIVADEDECRETOPRIMERO. Se reforman los artículos 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libredel Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:ARTICULO 89. En la primera sesión del año en que se instale el Ayuntamiento, seprocederá a nombrar de entre sus miembros a los que formarán las comisiones permanentes,mismas que vigilarán el ramo de la administración que se les encomiende; dichascomisiones serán las siguientes:I. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;II. Alumbrado y Obras Públicas;III. Comercio, Anuncios y Espectáculos;IV. Contraloría y responsabilidades;V. Cultura, Recreación, Deporte y Juventud;VI. De Atención a Niñez, Mujeres y Grupos Vulnerables;VII. De Derechos Humanos y Participación Ciudadana;VIII. Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas;IX. Ecología;X. Educación Pública y Bibliotecas;XI. Gobernación;XII. Hacienda Municipal;XIII. Justicia y legislación municipal;
  • 6. XIV. Mercados, Centros de Abasto y Rastro;XV. Planeación, Desarrollo y Equipamiento Urbano;XVI. Policía Preventiva, Vialidad y Transporte;XVII. Protección Civil;XVIII. Protección animal;IX. Salud Pública y Asistencia Social;XX. Servicios; yXI. Turismo.ARTICULO 90. Además de las comisiones señaladas en el artículo anterior, podrán crearseotras en atención a las necesidades del propio Ayuntamiento; cuando algún asunto loamerite se integrarán comisiones temporales o especiales, mismas que conoceránexclusivamente del asunto que motive su creación.Todas las comisiones se conformarán de forma plural y proporcional, teniendo en cuentael número de sus integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las mismas; ensu integración se deberá considerar el conocimiento, profesión, ocupación, vocación yexperiencia de los integrantes del ayuntamiento.ARTICULO 91. Las comisiones carecerán de facultades ejecutivas y podrán ser modificadaspor el voto de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.Las comisiones del ayuntamiento serán responsables de estudiar, examinar y proponer aéste los acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la administración públicamunicipal, así como de vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre elcumplimiento de las disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo.Las comisiones deberán entregar al ayuntamiento, en sesión ordinaria, un informetrimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajoy gestiones realizadas.Los asuntos, disposiciones y acuerdos que no se turnen expresamente a una comisión,quedarán al cuidado de la Comisión de Gobernación que estará a cargo del PresidenteMunicipal.SEGUNDO. Se adiciona el artículo 91 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre paraquedar como sigue:Artículo 91 bis. Previa autorización del ayuntamiento, las comisiones podrán llamar acomparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales, a efecto deque les informen, cuando así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de sudependencia.Las comisiones podrán solicitar al Secretario del Ayuntamiento, a través del presidentede la comisión, la información necesaria con el propósito de que puedan atender losasuntos que les han sido encomendados, o que les son propios en ejercicio de susfunciones, quien deberá entregarla de forma oportuna.
  • 7. TRANSITORIOSUNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o de septiembre del año 2015, salvo quelos Ayuntamientos del Estado quieran adoptarlo y aprobarlo antes de tal fecha, en cuyocaso será el cabildo el que señale la fecha de su entrada en vigor, posterior a supublicación en el Periódico Oficial del Estado.San Luís Potosí, S. L .P., Abril 08, 2013.DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE.
  • 8. 10 de abril de 2013Ciudadanas y ciudadanos legisladores integrantes de la LX Legislatura del Congreso delEstado de San Luis Potosí.C.C. Secretarios de las Comisiones.P r e s e n t e s.José Mario de la Garza Marroquín ciudadano potosino en pleno ejercicio de los derechospolíticos que me reconoce de forma amplia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deSan Luis Potosí y en particular su artículo 61 respecto del derecho de iniciar leyes; enconformidad con lo preceptuado en los artículos 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado; y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración deesta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionarsegundo párrafo al artículo 5to. De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública delEstado de San Luis Potosí, con la finalidad de contemplar excepción de observancia a ladisposición relativa a la protección de la información confidencial cuando exista lanecesidad fundada de auditar políticas, programas, transacciones, o movimientosadministrativos, financieros o de cualquier índole en los que se empleen recursos públicosen beneficio de una persona física o moral, con base en la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl artículo 17 bis de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que: “En elEstado de San Luis Potosí es prerrogativa de todas las personas, conocer y acceder a lainformación pública, con las excepciones previstas en esta Constitución y en la ley de la materia.Del mismo modo, toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o susbienes, asentada en archivos, bases de datos y registros públicos o privados de quienes tengan elcarácter de entes obligados conforme a la ley, así como a actualizar, rectificar, suprimir o manteneren reserva dicha información, en los términos de la ley. En cualquier caso, la ley protegerá a laspersonas contra cualquier lesión en sus derechos, resultante del tratamiento de sus datospersonales”.Innegablemente, la distinción de la vida pública y la vida privada es un rasgo de modernidad en elEstado democrático. Derecho a la información, transparencia, protección de datos personales yrendición de cuentas forman de manera engarzada, un constructo conceptual que en muchoexplica la naturaleza y profundidad de cada uno de ésos ámbitos. A la fiebre por transparentarlotodo, se ha sucedido la intentona de algunos gobiernos por mantener algunos asideros deopacidad que bajo el argumento de la protección de los datos personales, ningunean el derecho dela sociedad a informarse sobre asuntos de naturaleza pública. En el extremo de lo que ErnestoGarzón Valdés explica de la siguiente manera: “La no distinción entre intimidad y privacidad sueleser la fuente de discusiones poco fecundas o de enfoques morales que atribuyen al derecho a la
  • 9. privacidad una jerarquía pre-jurídica, es decir, que lo volvería inmune a toda regulación jurídicopositiva”.Los procesos de toma de decisiones públicas que realiza el gobierno siempre ocurre conpersonas, de forma que al interpretar de forma parcial e interesada la confidencialidad de asuntosinherentes a la vida personal, privada e íntima, los gobiernos sacrifican de plano el derecho a lainformación, sin necesidad de escudriñar el verdadero alcance del interés público y sin mayorreflexión sobre los aspectos que sí podrían ser informados y los que no.Al respecto, me permito citar una tesis aislada expuesta por el Ministro Sergio A. VallsHernández el 7 de octubre del 2009, al abundar sobre los límites efectivos de la protección dedatos personales para las personas públicas o notoriamente conocidas, en oposición al interéspúblico contenido en el derecho a la información de los ciudadanos:Las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, obien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección onotoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objetode mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente. En estascondiciones, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares,al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre esepersonaje público, en aras del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor oreputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas privadas o particulares, porque aquéllas hanaceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajoestándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad.La tesis del jurista es relevante al definir que la protección de datos personales opera en unadinámica distinta en quienes deciden jugar en la arena pública un rol protagónico, por eso sólohecho, también consienten un mayor nivel de injerencia pública en su intimidad, lo cual resultaconsistente en cuanto a la línea argumentativa que precede a esta iniciativa de reforma, que no serefiere a la posición social de una persona pública, sino a la aceptación de beneficiarse conrecursos públicos en satisfacción de una pretensión privada. Difícilmente podrá encontrarse unasunto de mayor incumbencia para los ciudadanos que saber cómo y en qué se gastan susimpuestos.Vale la pena reflexionar a manera de ejemplo, sobre la decisión del ayuntamiento de lacapital en la administración 2012-2015 de despedir a doce empleadas que habrían resultadobeneficiarias de operaciones estéticas pagadas con recursos públicos y de las cuáles no se sabequiénes son, qué tipo de intervenciones se practicaron, cuándo y dónde se llevaron a cabo, cuántocostaron, ni quiénes autorizaron o realizaron las mismas, secrecía sostenida bajo el argumento deque los datos relativos a la salud y al expediente médico son información confidencial que nopuede ser del dominio público salvo autorización expresa de las aludidas o sus representanteslegales. Desde nuestro punto de vista, ése argumento esgrimido resultaría impecable siempre queel costo de los tratamientos de cirugía plástica hubiesen sido solventados con cargo al peculio delas personas que se las practicaron, sin embargo, al haberse hecho con el auspicio de la haciendamunicipal y violentando la legalidad vigente, es obvio que esta información no podría ser secreta
  • 10. en virtud de la preeminencia del interés público y la legalidad a la que están obligadas lasautoridades.Tal como lo argumenta Fernando Escalante Gonzalbo al precisar que“Privado no quiere decir secreto, público no quiere decir abierto de modo inmediato e indiscriminado, para cualquiera. Nuestrosentido común dice que lo privado debe estar más o menos protegido, a salvo de cualquier intromisión, mientras que lo público debeser visible, transparente; en la práctica, tenemos la sensación de que ocurre lo contrario: del gobierno en adelante, las institucionespúblicas resultan oscuras, no podemos saber lo que sucede en ellas, mientras que nuestra vida privada está sujeta a toda clase decontroles y sistemas de vigilancia”.Esta mediación que permita valorar en que momento los datos personales pueden abrirse alescrutinio público, desde nuestro punto de vista lo debería definir la propia decisión del particularal recibir un beneficio del presupuesto estatal, en virtud de la conciencia de que ello implica laposibilidad del público de conocer la mayor cantidad de detalles inherentes y necesarios queexpliquen la lógica racional de ése proceso de toma de decisiones en los que un privado realizóacciones afirmativas tendientes a obtener lucro con el patrimonio de todos. Quedando demanifiesto que cuando aceptas recibir un beneficio que proviene del erario público, en ése actovoluntario también admites excepciones a tu privacidad y aceptas implícitamente que tus datospuedan difundirse merced el derecho a la información pública que tienen la sociedad.Ello ocurre, continuando con Escalante Gonzalbo, porque “en términos generales, ladiscusión sobre las condiciones prácticas que justifican la intervención pública reposa sobre unconsenso social sólido, se refiere a daños que para todos, o casi todos, resultan obvios y por esoadquiere la forma de una evaluación técnica. Lo importante es que ningún ámbito de los queclasificamos como privados es ajeno a dichas limitaciones”.El tráfico de influencias, el desvío de fondos públicos, el abuso en los recursos bajoresguardo de un empleado gubernamental, o el uso en beneficio particular de informaciónprivilegiada, está encontrando en la protección de datos personales un argumento comodín paraevitar dar publicidad a información que teóricamente es de todos los ciudadanos, pues de todoslos ciudadanos es la obligación de pagar los impuestos de donde se obtienen los recursos con queun particular puede obtener un negocio, una ganancia o un beneficio.Héctor Faúndez Ledesma, al explicar en su obra “Los límites de la libertad de expresión”,explica de forma contundente que no puede aspirarse a las “mieles” de ser figura pública, sinaceptar el escrutinio crítico que ello conlleva. O como en este caso, no se puede aspirar a losréditos que otorgan los recursos públicos, sin aceptar la necesidad de auditarlos, enfáticamente,cuando existe la presunción fundada de que se han empleado de forma indebida o incluso ilegal:En estas condiciones, la legislación que se propone debe ponderar, para autorizar la publicidad de información sobre datospersonales, el interés público que existe sobre dicha información, así como la condición del implicado en el hecho objeto de lainformación: ello permitiría distinguir cuándo la publicidad de alguna información afecta la vida privada de las personas o cuándopuede considerarse la invasión a esa vida privada o a la intimidad de los gobernados. Asimismo, dicha legislación permitirá justificarla publicidad de cierta información sobre datos personales, cuando su titular lo sea una persona pública, es decir, un político, unartista, un deportista, o bien una persona que busca publicidad y se deleita siendo el centro de atracción. Dentro de este contexto seubican también a aquellas personas que de manera implícita o explícita renuncian a su derecho a la vida privada y buscan un poco depublicidad, ya sea para sí mismo, para sus ideas o para las causas por las que lucha.
  • 11. En síntesis, consideramos de la mayor prioridad para atender las demandas de la sociedad,profundizar en los límites que debe tener la protección de datos personales cuando se presume lautilización indebida de los fondos públicos, procurando clasificar aquella información que sípodría ser del conocimiento público, en atención del interés colectivo y la pertinencia social depublicar información que por excelencia debería ser de dominio público, además de la definiciónde los "datos sensibles" que permitan delimitar la información susceptible de ser publicada,porque no olvidemos que el principio de máxima publicidad es justamente, un contrapeso a losexcesos del poder y su mendaz discurso protector de los datos personales, cuando en realidad loque defiende es la opacidad de la arbitrariedad.En este tenor, aplica lo que Jesús Rodríguez Zepeda considera variable crítica para justificarlas decisiones públicas: “La prueba de la publicidad es, finalmente, una prueba de veracidad paralos argumentos, acciones y normas de la vida política. Si un gobernante decide mantener ocultaslas razones de una decisión, no sólo está tratando como menores de edad a sus posiblesinterlocutores ciudadanos, sino que está aceptando que si tales razones se hicieran visibles, ladecisión se haría imposible. La publicidad es, así, una protección contra la mendacidad(costumbre de engañar) de los políticos”.Con fundamento en las disposiciones legales invocadas y motivado en los antecedentes yargumentos desarrollados, se propone a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:PROYECTO DE DECRETOÚNICO. Se adiciona segundo párrafo al artículo 5to. De la Ley de Transparencia y Acceso a laInformación Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍTITULO SEGUNDODE LOS PRINCIPIOS E INTERPRETACIONCAPITULO UNICOARTICULO 5º. Toda la información creada, administrada o en posesión de los entes obligados, es un bien públicocuya titularidad radica en la sociedad; por tanto, debe estar a disposición de cualquier persona, salvo aquélla quepor la afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en la presente Ley, deba resguardarse por sucarácter reservado o confidencial.Cuando una persona, física o moral, reciba cualquier ganancia, prestación, exención o prerrogativa queimplique un beneficio económico particular a costa del erario público, sea en numerario, en especie o entratamientos especiales, quedará por el sólo hecho de recibirlos, sujeta a que las autoridades revisen yauditen esas operaciones. Toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por elprincipio de máxima publicidad. Al beneficiarse con recursos públicos, las personas físicas o moralesaceptan que toda la información relacionada con esa prestación es de interés público y por ende,auditable y como tal, no podrá tener en ningún caso el carácter de reservada, ni podrá aplicarse sobre lamisma ningún criterio de secrecía.
  • 12. TRANSITORIOSPRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el PeriódicoOficial del Estado de San Luis Potosí.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.A T E N T A M E N T ELic. José Mario de la Garza Marroquín.Ciudadano Potosino.
  • 13. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,P R E S E N T E S.La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional, de la LX Legislatura; con fundamento en los artículos, 61 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 62y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta AsambleaLegislativa, iniciativa con Proyecto de Decreto que insta reformar el artículo 75 en sus fracciones I y VI, delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, mismaque sustento en la siguienteEXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa iniciativa es proposición formal que se impulsa por los actores u órganos facultados legalmente; en estecaso, ante el Congreso del Estado, para someter a estudio la creación, reforma, adición, derogación, oabrogación de disposiciones constitucionales o normativas y representa el acto que detona el procesolegislativo.Constituye la iniciativa primera fase del proceso legislativo; por ello es preciso seguir la metodologíapreviamente concebida para su elaboración y presentación, es decir, debido a su trascendencia debe sernotificada con antelación a los diputados, a través de la Gaceta Parlamentaria, a fin de que se impongan desu contenido, la analicen y puedan en determinado momento participar en su análisis y potencial aprobacióno rechazo al seno de las comisiones, forme o no, parte de éstas.Por tanto, debe ser requisito sine qua non, acreditar su inserción en el órgano de notificación en razón de suimportancia, ya que de no cumplir ésta indispensable condición, resta sentido a toda propuesta.En tal tenor, la formalidad en cuanto a la presentación de las iniciativas, se contiene en el Reglamento para elGobierno Interior del Congreso del Estado y, en virtud a ello, resulta precisar lo tocante a la presentación delas mismas; a mayor abundamiento, se transcribe el artículo 75 de nuestro libro reglamentario:“ARTICULO 75. El procedimiento que seguirán las iniciativas presentadas al Congreso, será el siguiente:I.- Serán recibidas en la Oficialía de partes; además de su dispositivo de almacenamiento de datos, enoriginal y tres copias, una de las cuales será firmada de recibida y devuelta al proponente;II.- La Oficialía Mayor las turnará a la Directiva del Congreso para su registro;III.- El registro de las iniciativas se hará del conocimiento del Pleno, y el Presidente las turnará por escrito yen dispositivo de almacenamiento de datos, a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen;IV.- El dictamen de las comisiones se discutirá en el Pleno luego de su lectura; ésta podrá ser dispensada poracuerdo del Pleno, siempre que se haya publicado con la debida antelación en la Gaceta Parlamentaria;V.- (DEROGADA, P.O. 13 DICIEMBRE DE 2011)VI.- La dispensa de trámites en el procedimiento de las iniciativas, sólo será posible por acuerdo expreso delas dos terceras partes de los diputados presentes en el recinto oficial.”En consecuencia, queda claro que las iniciativas “deben” presentarse en la oficialía de partes, a efecto de serremitidas al área correspondiente para su publicación en la Gaceta Parlamentaria; sin embargo, no se precisael momento de presentación que debe, por lógica, ser previo a la remisión a los diputados por conducto de suincorporación en la página internet del Congreso del Estado, toda vez que se señala claramente en lafracción VI del artículo invocado, que la dispensa de trámites en el procedimiento de iniciativas, sólo será
  • 14. posible por acuerdo expreso de las dos terceras partes de los diputados presentes en el recinto oficial, por loque es dable especificar el término de presentación.En ese tenor, si la Gaceta Parlamentaria debe notificarse con cuarenta y ocho horas de anticipación a lacelebración de las sesiones, con sustento en el artículo 142 fracción I de nuestra norma orgánica, lapresentación de las mismas debe llevarse a cabo cuando menos con noventa y seis horas de anticipación ala celebración de cada sesión.Lo anterior, en aras de evidenciar congruencia parlamentaria y, sobre todo, para coadyuvar al trabajooperativo de las áreas técnicas implicadas.En razón de los argumentos expuestos, planteo la reforma del artículo 75 en sus fracciones I y VI, delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.PROYECTO DE DECRETOÚNICO. Se REFORMA el artículo 75 en sus fracciones I y VI, del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del Estado, para quedar como sigueARTÍCULO 75. …I. Serán recibidas en la oficialía de partes con por lo menos noventa y seis horas de anticipación a la sesión;en que las conozca el Pleno además de su dispositivo de almacenamiento de datos, en original y tres copias,una de las cuales será firmada de recibida y devuelta al proponente;II a V …VI. La dispensa de trámites en el procedimiento de las iniciativas, sólo será posible por acuerdo expreso delas dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. No podrán presentarse iniciativas en la sesión, siéstas no fueron previamente incluidas en la Gaceta Parlamentaria, a excepción de la dispensa enunciada.T R A N S I T O R I O SPRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.DIP. RUTH NOHEMÍ TISCAREÑO AGOITIASan Luis Potosí, S.L.P., 11 de abril 2013
  • 15. 15 de abril de 2013.Ciudadanas y ciudadanos legisladores integrantes de la LX Legislatura del Congreso delEstado de San Luis Potosí.C.C. Secretarios de las Comisiones.P r e s e n t e s.José Mario de la Garza Marroquín ciudadano potosino en pleno ejercicio de los derechospolíticos que me reconoce de forma amplia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deSan Luis Potosí y en particular su artículo 61 respecto del derecho de iniciar leyes; enconformidad con lo preceptuado en los artículos 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado; y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración deesta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar párrafosexto al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí;reformar los artículos 57, 133, 138, 149 y la fracción III del 157, todos del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; y reformar la fracción IX del artículo21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, conla finalidad de Incorporar diversos mecanismos vinculatorios que aseguren el correctodesahogo del trabajo parlamentario en comisiones y garanticen la efectiva rendición decuentas a la que están obligados las y los legisladores potosinos, con base en la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOSDecía Norberto Bobbio que el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder queda vacío, el genioturinés refería esta idea para explicar la necesidad de interdisciplinariedad entre la Teoría Políticay la Teoría del Derecho, pero también es afortunada para expresar el argumento de que si unanorma jurídica carece de mecanismos vinculatorios o de fuerza que aseguren su cumplimiento através de la imposición de sanciones para quienes omiten sus obligaciones legales, entonces debeadmitirse que esa ley tendría un carácter meramente declarativo, careciendo de vigencia efectiva,y sin posibilidades de concretar su objeto.El carácter de coercitividad de las normas jurídicas es, como lo sabemos todos los practicantes delDerecho, una de las principales características que diferencian a esta disciplina de la moral. Lasanción por parte de un poder público es, entre otras condiciones esenciales, lo que le da lacualidad de jurídica a la norma, y desde una perspectiva de derecho positivo, es también una delas premisas que le permiten adquirir la condición de vigente. Sin embargo, Hans Kelsen sostieneque la vigencia de una norma pertenece al orden del deber ser, y no al del ser, esto significa que unanorma es vigente con el sólo hecho de ser escrita, publicada y sancionada por un poder público,pero la existencia de una norma vigente no necesariamente significa que la disposición seaefectivamente observada, puesto que la eficacia implica la circunstancia de que una conducta
  • 16. humana conforme a la norma se verifique en el orden de los hechos. Por eso suele afirmarse quepara que una norma sea válida es necesario que posea efectos jurídicos.En el conjunto de leyes, reglamentos, y disposiciones administrativas que diseñan alconjunto de instituciones públicas que conforman el gobierno, es innumerable la cantidad denormas que a lo mucho expresan buenas intenciones sobre la forma en que se desearía secomportaran los servidores públicos, pero que al carecer de instrumentos que fuercen a losmismos sujetos a cumplirlas, se quedan en meras declaraciones vacías de contenido y sin mayorobservancia.En el caso del Poder Legislativo de San Luis Potosí, las escasas disposiciones sancionadorasdel comportamiento ordinario de nuestros legisladores locales se limitan a establecer algunasreglas generales sobre la asistencia a las sesiones del Pleno, así como su respectiva justificación,pero muy poco o nada se dice, sobre la forma en que los diputados deben cumplir con la tarea mássensible que deben desempeñar, por la que se les eligió y por la que devengan una dieta enrepresentación política de sus ciudadanos: legislar.Como puede apreciarse a simple vista, al confrontar la información pública de oficio de laLX Legislatura con las prescripciones que les establece su legislación orgánica y reglamentaria,puede apreciarse que una gran cantidad de obligaciones no se cumplen, en tanto que en otroscasos se incumple la obligación de mantener actualizada esa información.La transparencia gubernamental es una de las cualidades más importantes de cualquiersistema político que se precie de ser democrático. Uno de los más grandes teóricos de la rendiciónde cuentas y el derecho a la información pública, Andreas Schedler, sostiene que la rendición decuentas se ha vuelto entonces una exigencia ubicua en el mundo de la política democrática. Todosestamos de acuerdo con que democracia implica rendición de cuentas. En México, en lo particular,coincidimos en que, después de décadas de gobierno irresponsable, el establecimiento deinstituciones y prácticas efectivas de rendición de cuentas representa una de las primerasaspiraciones de la joven democracia.Pero para rendir cuentas no sólo es necesario que las autoridades tengan la disposición deinformar y que el marco normativo condicione esa conducta, porque sin una respuesta queexprese satisfacción o inconformidad con lo que se informa por parte de los ciudadanos laecuación estaría incompleta, siguiendo a Schedler la nocion de rendición de cuentas tiene dosdimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobresus decisiones y de justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad desancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos(enforcement).Respecto del trabajo en comisiones, la ausencia de mecanismos vinculatorios es tal, que unaenorme cantidad de “obligaciones” de los legisladores en el seno de las comisiones carecen de unacontraprestación que asegure que esas tareas se cumplan diligentemente, por lo que siemprequeda al juicio de los propios diputados cumplir o no sus normas, en la conciencia de que sideciden no hacerlo, nada, absolutamente nada, pasará.En primer lugar, lo que pretende esta iniciativa es establecer que asistir a las reuniones detrabajo en comisiones es otra de las obligaciones del legislador, y no como actualmente se disponeque solamente lo sea la asistencia a las asambleas plenarias. Por otra parte, en esta iniciativa se
  • 17. prevé que las comisiones que no dictaminen una iniciativa tengan una sanción consistente en unseñalamiento público (mismo que nadie desearía por la merma de imagen pública que conlleva)en virtud de la omisión de una obligación legislativa. Pues si bien es cierto que los legisladores sonlibres en definir si aprueban o desechan una iniciativa, y que si no lo hicieran en un determinadolapso, esta caería en el supuesto de caducidad legislativa, de lo que se trata no es de que lacaducidad sea una forma de legitimar el famoso mecanismo llamado comúnmente “lacongeladora”, sino todo lo contrario, que las iniciativas con mayor profundidad y viabilidadsobrevivan, y las que se traten de todo lo contrario no pervivan, pero en uno y otro caso, lo que serequiere es el trabajo dedicado de las comisiones de dictamen. Por otra parte, en la legislaciónvigente se ordena que las comisiones presenten plan general de trabajo e informes de gestiónlegislativa, sin precisar las implicaciones en caso de que ello no se realice.Esta iniciativa específica en quien recae la obligación en ambos casos y además precisa cuáles sonlas consecuencias jurídicas de esas eventuales omisiones. Por otra parte, se regula la debidaasistencia de los legisladores a las reuniones de trabajo de las comisiones de las que forma parte yse define una sanción en caso de falta, puesto que no es posible que si un legislador puede formarparte de cuando mucho cuatro comisiones según el artículo 86 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo, y las comisiones deben sesionar al menos una vez al mes, según el artículo 149 delReglamento, significa que en promedio los legisladores deberían asistir a cuatro reuniones decomisión en promedio. Ahora bien, suponiendo que las comisiones de las que forme parte sean delas que concentren mayor carga de trabajo legislativo, al elevar ése número al triple, el número dereuniones de comisión sería de doce reuniones de este tipo en un periodo de treinta días, ademásde considerar que cuando el legislador esté en período ordinario habría que sumar una sesión depleno semanal, misma que quedaría sin efecto en los recesos del Congreso. Fuera de estasobligaciones, el legislador puede desempeñar su trabajo en los tiempos y modalidades que mejorle parezcan. Como puede verse, las obligaciones que se le imponen al legislador para desempeñarsu trabajo son mínimas, de ahí que resulte francamente ofensivo que siendo tan laxas susobligaciones, en muchos casos, éstas ni siquiera se cumplan.Previendo estas situaciones, Schedler refiere que es necesario contar con instrumentos queaseguren el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas, es asíque surge el concepto de enforcement, término que carece de equivalente preciso en castellano y quedescribe un conjunto de actividades orientadas hacia la observancia de la ley. Quiere decir, enesencia: hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza. Lo que nos importa aquí es su aspectoimpositivo, el esfuerzo por asegurar el cumplimiento con las normas por medio de la imposición desanciones. Es lamentable que para que las leyes se cumplan sea necesario un correlativosancionador que las haga verdaderamente eficaces. Ello forma parte de nuestra incipiente culturade la legalidad en la que lo primero que solemos decir al recibir una disposición, es preguntar siésta es en verdad obligatoria y si existe alguna forma alternativa que nos evite atenderla.En el contexto del Seminario Internacional Estado, Democracia y Construcción deCiudadanía en América Latina, la destacada académica Soledad Loaeza sostuvo que en laactualidad, uno de los obstáculos fundamentales para el afianzamiento de la democracia, sobre todoen México, es la debilidad del Estado de Derecho y en particular la carencia de una cultura de lalegalidad.
  • 18. No se puede estar más de acuerdo con la idea de que uno de los grandes pendientes de nuestraconsolidación democrática es la consolidación del Estado de Derecho y la preminencia de unacultura de la legalidad en los gobernantes y los gobernados.En tanto ello ocurra, o más bien para que eso suceda, es necesario que se determinenmecanismos que den fuerza vinculante a la ley. En esta iniciativa se prevé que si un presidenteincumple en convocar a su comisión a sesionar al menos una vez al mes pueda ser relevado de esaresponsabilidad, que si los convocados no asisten sean sancionados económicamente por elincumplimiento de su deber, y que si las iniciativas no son dictaminadas en los plazos quedetermina la ley, exista una amonestación pública para los responsables de la omisión para lo cualse propone también una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Muchos ciudadanos estamos convencidos de que si queremos construir un marconormativo verdaderamente vigente es necesario que en la propia legislación se contemplen losefectos jurídicos de no cumplir con el deber, y para el caso de los gobernantes no es menosimportante que para los ciudadanos. Valga decir que si no hubiera una sanción para quien no pagaimpuestos lo más probable es que casi nadie los pagaría y el Estado carecerá de elementos paracumplir con sus fines y por ende de sentido. De eso es de lo que se trata esta iniciativa, de evitaresos ejercicios de rendición de cuentas que nada más exponen una conducta inapropiada, sinimponer los castigos correspondientes, frecuentemente se ven como ejercicios débiles de rendición decuentas, como ejercicios inocuos, sin garra, que se quedan a la mitad. Si camina de la mano con laimpunidad, la rendición de cuentas aparece más como un acto de simulación que una restricción realal poder.Con fundamento en las disposiciones legales invocadas y motivado en los antecedentes yargumentos desarrollados, se propone a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:PROYECTO DE DECRETOPRIMERO. Se adiciona sexto párrafo al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo delEstado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:ARTICULO 92. El turno de los asuntos que se presenten al Congreso del Estado, se hará conforme a lacompetencia que determina la presente Ley para cada comisión. En caso de que algún diputado disienta delturno determinado por el Presidente de la Directiva, solicitará que el mismo sea puesto a la consideración de laAsamblea para que ésta determine lo conducente.… .… .… .… .En el caso de las iniciativas, además de lo previsto en el presente artículo, cuando no sean dictaminadasen los términos que establece esta Ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el
  • 19. presidente de la Directiva amonestará públicamente a los integrantes de la comisión en falta, y laversión documental de la misma deberá ser publicada en la página web del H. Congreso del Estado.SEGUNDO. Se reforman los artículos 57, 133, 138, 149 y la fracción III del 157, todos delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para quedarcomo sigue:ARTICULO 57. Es obligación de los diputados asistir a todas las sesiones que celebre el Congreso, así como ala totalidad de reuniones de las comisiones y comités de los que forme parte.ARTICULO 133. Al final de cada periodo ordinario de sesiones, y a más tardar en quince días naturales, lascomisiones y comités deberán presentar a través de su presidente un informe por escrito a la Directiva,especificando los asuntos resueltos, los que sigan en trámite, y los que en su caso hayan quedado sin materia; aefecto de que aquélla cuente oportunamente con la información necesaria, para la elaboración de los informesanuales que debe rendir el Congreso. Si los presidentes de comisión no rindieran este informe a laDirectiva ésta deberá hacerlo del conocimiento del Pleno en la primera sesión del período ordinariosiguiente, y amonestar públicamente al legislador omiso, y la versión documental de la misma deberáser publicada en la página web del H. Congreso del Estado.ARTICULO 138. Las comisiones y comités deberán elaborar anualmente un plan general de trabajo, quecontenga las actividades a desarrollar, especificando las que requieran la asignación de recursos materiales ofinancieros, determinando el presupuesto que sea necesario para la realización de las mismas; el cual deberánpresentar por conducto de su Presidente a la Junta, a más tardar la tercera semana del mes de noviembre decada año, a fin de que ésta lo considere al elaborar a su vez el presupuesto anual del Congreso del Estado. Encaso de que el plan general de trabajo no se entregara en tiempo y forma, la comisión dispondrá delmismo presupuesto asignado en el año fiscal anterior, y el requerido para cualquier actividad queexceda al mismo será descontado del rubro de apoyo parlamentario que tenga asignado en loparticular el legislador omiso.ARTICULO 149. Las comisiones y comités del Congreso del Estado deberán reunirse cuando menos una vez almes, para tratar los asuntos que les sean turnados por el Presidente de la Directiva en los periodos ordinarios,o por el Presidente de la Diputación Permanente en los recesos del mismo. El presidente de la comisióndeberá convocar a los demás integrantes en los términos de este artículo, y si no lo hiciera, ello serámotivo suficiente para que cualquier diputado que forme parte de la misma solicite a la Junta deCoordinación Política el relevo en la función de presidencia del legislador omiso.ARTICULO 150. Para que las comisiones y comités puedan llevar a cabo la reunión, se requerirá la presenciade la mitad más uno de sus integrantes, y para que los acuerdos tomados sean válidos, el voto de la mitad másuno de los diputados presentes; en caso de empate, el presidente de la comisión o comité tendrá voto decalidad. Si un legislador no asistiera a una reunión de comisión sin causa justificada, el presidente de lamisma, o en su caso el secretario, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta de Coordinación Políticapara que sea descontado un día de dieta al legislador omiso.ARTICULO 157. El presidente de cada comisión dará cuenta a los integrantes de la misma, de los asuntos quehayan sido turnados a ésta a partir de la última reunión de la comisión, proporcionándoles a los diputados quelo soliciten, copias fotostáticas de los expedientes relativos; asimismo, previo acuerdo con los integrantes de lamisma, determinará:I. … ;
  • 20. II. … y,III. Si son para estudio y dictamen, en este caso, cuando se trate de iniciativas de reformas, adiciones,derogaciones o abrogación de leyes, éstas deberán ser resueltas en un término no mayor de seis mesescontados a partir de la fecha de turno; respecto a las iniciativas de nuevos ordenamientos, podrán solicitarse ala Directiva hasta dos prórrogas de tres meses cada una, cuando por la naturaleza de las mismas, la comisiónestime fundado llevar a cabo, consultas, foros, realizar análisis comparativos o investigaciones de cualquierotra naturaleza; pero en ningún caso el término deberá exceder de un año. Cuando una iniciativa no seadictaminada en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo y éste Reglamento, elpresidente de la Directiva amonestará públicamente a los integrantes de la comisión en falta, y laversión documental de la misma deberá ser publicada en la página web del H. Congreso del Estado.TERCERO. Se reforma fracción IX del artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a laInformación Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:ARTICULO 21. Además de la señalada en los artículos 18 y 19 de esta Ley, el Poder Legislativo deberáponer a disposición del público, de oficio, y en forma completa y actualizada, la siguiente información:I. … ;II. … ;III. … ;… ;IX. Amonestaciones públicas, y resoluciones diversas tomadas por las comisiones de gobierno interior y legislativas,por el Pleno o la Diputación Permanente;X. … yXI. …TRANSITORIOSPRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el PeriódicoOficial del Estado de San Luis Potosí.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.A T E N T A M E N T ELic. José Mario de la Garza Marroquín.Ciudadano Potosino.
  • 21. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,P R E S E N T E S.La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada integrante del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos, 61 de laConstitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 de la Ley Orgánica delPoder Legislativo; 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto aconsideración de esta Asamblea Legislativa, iniciativa con Proyecto de Decreto que insta reformarel artículo 83, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San LuisPotosí, que sustento en la siguienteEXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa Comisión de Derechos Humanos es un organismo constitucional autónomo de participaciónciudadana, dotado de plena independencia presupuestal, técnica, y de gestión; tiene por objetoesencial la protección, defensa, observancia, promoción, estudio, difusión, y educación en, y paralos derechos humanos de toda persona que se encuentre en el territorio del Estado.Es el ente encargado del estudio, fomento, divulgación, observancia, protección y respeto de losderechos previstos en el orden jurídico mexicano, así como del conjunto de instrumentos, órganosy mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos que han sido consagrados y,proclamados por el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la Organización de lasNaciones Unidas, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de laOrganización de Estados Americanos.Para cumplir sus fines, además de la atención a denuncias sobre violación de derechos humanos,se establecen en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San LuisPotosí lineamientos que lo facultan para ello.En tal tenor, el artículo 83 de la norma sustantiva invocada preceptúa:“ARTÍCULO 83. La víctima tiene derecho preferente para denunciar ante la Comisión, el actoviolatorio de Derechos Humanos, pero no se trata de un acto personalísimo y la denuncia de loshechos la podrá hacer cualquier otra persona a petición de la víctima, en este caso, la víctimaactuará como quejoso durante el trámite que se dé a la denuncia.”Dicha estipulación reconoce el derecho a denunciar ante la Comisión, todo acto violatorio dederechos humanos, y da la concesión a quienes conocen de esos actos y no solamente a lasvíctimas; empero, no fija plazo para realizar tal denuncia.Por tanto, es clara la intención del legislador de otorgar el reconocimiento del derecho de todociudadano, a presentar denuncias o quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, noobstante que no sea la víctima quien lo haga, pues el bien jurídico tutelado son los derechoshumanos per se; en tal virtud para consolidar dicha acción es pertinente la inclusión en la normade la temporalidad para la presentación de aquéllas, ya que a nivel federal si se estipula ésta en eldispositivo 26 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que textualmenteseñala:
  • 22. “Artículo 26.- La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que sehubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejosohubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de infraccionesgraves a los derechos humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante unaresolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedadpuedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.”Por lo que fijar el plazo de un año para la presentación de la queja, así como la salvedad en casode situaciones de excepción, como son, las infracciones graves a los derechos humanos, y lasviolaciones de lesa humanidad, se brinda certeza a los ciudadanos, pero también a lasautoridades y servidores públicos.Consecuentemente es necesario la inclusión de plazos en ordenamiento local en congruencia alos estipulados a nivel federal, para estar en condiciones de certeza, tanto a los ciudadanos, comoa las autoridades y servidores públicos, en cuanto a las presuntas violaciones de derechoshumanos.En razón de los argumentos expuestos, planteoPROYECTO DE DECRETOÚNICO. Se REFORMA el artículo 83 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos delEstado de San Luis Potosí, para quedar como sigueARTÍCULO 83. La víctima tiene derecho preferente para denunciar ante la Comisión, dentro delplazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimenviolatorios de Derechos Humanos, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de losmismos; pero no se trata de un acto personalísimo y la denuncia de los hechos la podrá hacercualquier otra persona a petición de la víctima, en este caso, la víctima actuará como quejosodurante el trámite que se dé a la denuncia.En casos excepcionales, tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la Comisiónpodrá ampliar el plazo a que alude el párrafo anterior, mediante una resolución razonada.No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser consideradosviolaciones de lesa humanidad.T R A N S I T O R I O SPRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficialdel Estado.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.DIP. RUTH NOHEMÍ TISCAREÑO AGOITIASan Luis Potosí, S.L.P., 12 de abril 2013
  • 23. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LX LEGISLATURA DELH. CONGRESO DEL ESTADOP R E S E N T E S.EUGENIO GOVEA ARCOS, miembro de esta LX Legislatura, y representante de la RepresentaciónParlamentaria del Movimiento Ciudadano con fundamento en los artículos, 61 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado de San Luís Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del Estado de San Luis Potosí, me permito someter a la consideración de esta HonorableSoberanía iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de San LuisPotosí, de conformidad con la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOSLa conducción de vehículos automotores por quien ha consumido bebidas alcohólicas es unproblema de alcance mundial que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Saludcausa 2.5 millones de muertes cada año, secuelas de incapacidad y daño psicológico a lasvictimas colaterales de quienes causan esos accidentes.Para determinar el alcohol en la sangre se utiliza la medida internacional conocida como BAC (ensus siglas en ingles Blood Alcohol Concentration) y que se traducen como concentración dealcohol en sangre/aliento.El factor BAC se determina al procesar los datos de alcohol ingerido, la velocidad en que se ingierey el peso de la persona, la cantidad de alcohol contenido en la sangre se registra en miligramos dealcohol por cada cien milímetros de sangre.Para determinar la alcoholemia, pueden emplearse: probador de alcohol en el aliento; prueba desaliva; análisis de orina o sangre. Esta medición es la evidencia para en su caso, sancionar aquienes conduzcan un vehículo habiendo consumido bebidas con contenido alcohólico.En nuestro estado se han implementado programas para que las personas no conduzcan enestado de ebriedad, o con aliento alcohólico, así como acciones de verificación sobre tododurante los fines de semana, con el fin de contribuir a que disminuya el número de accidentes quese puedan presentar por combinar el alcohol con el volante.La Ley de Transito para el Estado de San Luis Potosí, contempla tanto el aliento alcohólico como elestado de ebriedad, sin embargo su determinación no obedece a valores previstos en eseordenamiento.El conducir un vehículo en estado de ebriedad se encuentra tipificado como delito en el CódigoPenal para el Estado de San Luis Potosí sin embargo la Ley de Transito del Estado, no prevé dentrode las obligaciones de los conductores el abstenerse de manejar en estado de ebriedad o conaliento alcohólico.Desde su origen el REPUVE (Registro Público Vehicular), no establece como obligación a su cargode los propietarios de vehículos, por ello se propone en esta iniciativa
  • 24. De la revisión de la norma jurídica que ocupa a esta iniciativa, se desprenden una serie de errores yomisiones en su redacción vigente, por lo que se plantean además una serie de reformas yadiciones a fin de contribuir al perfeccionamiento de la Ley.Para mayor entendimiento de la propuesta se expone el siguiente cuadro comparativoLey de Tránsito del Estado de San Luis PotosíTexto Vigente IniciativaARTICULO 6°…I. Agente de tránsito: policía a cargo de lavigilancia del tránsito, así como de la aplicación desanciones por infracciones a las disposiciones delreglamento de tránsito. La calidad de agente detránsito se acreditará con la credencial que seexpida en los términos del artículo 33 de la Ley deSeguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; esde carácter funcional y competencial y esindependiente del nivel que se tenga en la escalajerárquica y cargo en los reglamentos respectivos;II. Aliento alcohólico: es determinado mediante laprueba de alcoholimetría y ésta evidencia laingesta de bebidas alcohólicas leve, dando comoresultado a la persona apta para manejar;III. Amonestación: prevención que se hace a unindividuo para que se abstenga de hacer algo quese califique como infracción a este Ordenamiento;IV. Apercibimiento: hacer saber al ciudadano lasconsecuencias resultado de determinadas actos uomisiones de su parte por quebrantar esteOrdenamiento;V. Automóvil: se refiere a un vehículoautopropulsado por un motor propio y destinado altransporte de personas y carga;VI. Autotransportista: persona física o moraldebidamente autorizada para prestar serviciopúblico o privado de autotransporte;VII. Bicicleta: el aparato impulsado exclusivamentepor la fuerza humana, que consta de dos o másruedas alineadas, donde una o más personas sepueden sentar o montar sobre un asiento. Unabicicleta es un vehículo cuando se la utiliza en lavía pública;VIII. Ciclovía, ciclopista o vía ciclista: vía públicaespecializada para la circulación de bicicletas. LasARTICULO 6°…I. Agente de tránsito: policía a cargo de lavigilancia del tránsito, así como de la aplicación desanciones por infracciones a las disposiciones delreglamento de tránsito. La calidad de agente detránsito se acreditará con la credencial que seexpida en los términos del artículo 34 de la Ley delSistema de Seguridad Pública del Estado de SanLuis Potosí; es de carácter funcional y competencialy es independiente del nivel que se tenga en laescala jerárquica y cargo en los reglamentosrespectivos;II. Alcoholímetro: Dispositivo para medir la cantidadde alcohol que presenta en el aire espirado por unapersona.III. Aliento alcohólico: Condición física y mental quese presenta en una persona cuando por la ingestade alcohol etílico su organismo contiene menos de0.05 gramos de alcohol por litro de sangre o hasta0.24 moléculas de alcohol en aire espirado,mediante la prueba de alcoholimetría, dandocomo resultado a la persona apta para manejar.IV. Amonestación: prevención que se hace a unindividuo para que se abstenga de hacer algo quese califique como infracción a este Ordenamiento;V. Apercibimiento: hacer saber al ciudadano lasconsecuencias resultado de determinadas actos uomisiones de su parte por quebrantar esteOrdenamiento;VI. Automóvil: se refiere a un vehículoautopropulsado por un motor propio y destinado altransporte de personas y carga;VII. Autotransportista: persona física o moraldebidamente autorizada para prestar serviciopúblico o privado de autotransporte;VIII. Bicicleta: el aparato impulsado exclusivamentepor la fuerza humana, que consta de dos o más
  • 25. ciclovías pueden ser urbanas o interurbanas ybidireccionales o unidireccionales, según se permitaen ellas la circulación en uno o en los dos sentidos.También podrán ser de uso exclusivo parabicicletas, o de uso compartido con otros modos omedios de transporte no motorizados;IX. Conductor: persona que conduce, maneja otiene control físico de un vehículo en la vía pública;X. Desguace: desmontar o deshacer cualquierestructura, especialmente automóviles;XI. Dictamen: conclusión a la que ha llegado elperito tras el análisis de objeto de prueba deacuerdo al arte, ciencia o técnicas por éldominadas;XII. Dirección: dirección de Seguridad Pública delEstado;XIII. Dispositivos para el control de tránsito:señalamientos, marcas, semáforos y otros mediossimilares que se utilizan para regular y guiar eltránsito de personas, semovientes y vehículos;XIV. Elemento: funcionario de la Dirección Generalde Seguridad Pública del Estado, con atribucionesoperativas para vigilar el tránsito de vehículos ypeatones;XV. Estacionamiento: espacio destinado y permitidopara ubicar un vehículo en la vía pública en el carriladyacente a las aceras, o fuera de la vía pública,centros comerciales, en cocheras, lotes y edificios;XVI. Estado de ebriedad: condición física o mentalocasionada por la ingesta de bebidas alcohólicas,que se manifiesta en una persona mediantealteraciones en el sistema nervioso central. Dandoa conocer resultado que la persona no está aptapara manejar;XVII. Estudios técnicos: aquéllos que se realizan porprofesionistas, expertos o peritos en la materia;XVIII. Flotilla: cuando cinco o más vehículos, o másunidades de un mismo propietario, sea personafísica o moral, y cuenten con la misma disposiciónde colores o la misma razón social;ruedas alineadas, donde una o más personas sepueden sentar o montar sobre un asiento. Unabicicleta es un vehículo cuando se la utiliza en lavía pública;IX. Ciclovía, ciclopista o vía ciclista: vía públicaespecializada para la circulación de bicicletas. Lasciclovías pueden ser urbanas o interurbanas ybidireccionales o unidireccionales, según se permitaen ellas la circulación en uno o en los dos sentidos.También podrán ser de uso exclusivo parabicicletas, o de uso compartido con otros modos omedios de transporte no motorizados;X. Conductor: persona que conduce, maneja otiene control físico de un vehículo en la vía pública;XI. Desguace: desmontar o deshacer cualquierestructura, especialmente automóviles;XII. Dictamen: conclusión a la que ha llegado elperito tras el análisis de objeto de prueba deacuerdo al arte, ciencia o técnicas por éldominadas;XIII. Dirección: dirección de Seguridad Pública delEstado;XIV. Director: Titular de la Dirección General deSeguridad Pública del EstadoXV. Dispositivos para el control de tránsito:señalamientos, marcas, semáforos y otros mediossimilares que se utilizan para regular y guiar eltránsito de personas, semovientes y vehículos;XVI. Elemento: funcionario de la Dirección Generalde Seguridad Pública del Estado, con atribucionesoperativas para vigilar el tránsito de vehículos ypeatones;XVII. Engomado. Elemento de alta seguridad que seadhieren a las ventanas de los vehículos parapermitir la identificación de elementos relacionadoscon el mismoXVIII. Estacionamiento: espacio destinado ypermitido para ubicar un vehículo en la vía públicaen el carril adyacente a las aceras, o fuera de lavía pública, centros comerciales, en cocheras, lotesy edificios;
  • 26. XIX. Hecho de tránsito: choque de un vehículo enmovimiento contra otro vehículo u otro bienmueble, inmueble o semoviente; volcaduras yatropellamiento de personas;XX. Hidrante: boca de riego o tubo de descarga delíquidos con válvula;XXI. Infracción: conducta que lleva a cabo unconductor, peatón o pasajero, que transgredealgunas disposiciones de esta Ley, o losreglamentos, y que tiene como consecuencia unasanción;XXII. Licencia de conducir: documento que laautoridad estatal competente otorga a unapersona para conducir un vehículo;XXIII. Número de identificación vehicular NIV:combinación de diecisiete caracteres asignados alvehículo al momento de su fabricación, o su registroen el padrón nacional;XXIV. Parte: acta y croquis que debe elaborar unperito en hechos de tránsito;XXV. Pasajero: la persona que se encuentra abordo de un vehículo y no tiene carácter deconductor;XXVI. Peatón: persona que transita a pie por la víapública o zonas privadas con acceso al público, ocamina asistiéndose de aparatos, o de vehículos noregulados por esta Ley, en el caso de las personascon discapacidad;XXVII. Perito en hechos de tránsito: es toda aquellapersona especializada cuyo objetivo es reconstruirun hecho de tránsito terrestre, con bases técnicaspara emitir un dictamen, en el que se establece lascausas que dieron origen al mismo;XXVIII. Permiso para circular sin placas y tarjeta decirculación: documento otorgado por la autoridadcompetente destinado a individualizar al vehículo ya su dueño, con el objeto de que pueda circulartemporalmente;XXIX. Placa: plancha de metal en que figura elnúmero de matrícula, que permite individualizar unvehículo, expedida por la autoridad competente;XIX. Estado de ebriedad: Condición física y mentalque se presenta en una persona cuando por laingesta de alcohol etílico su organismo contiene 0.5gramos de alcohol por litro en la sangre o 0.25moléculas de alcohol en aire espirado a por litro,mediante la prueba de alcoholimetría, dandocomo resultado que la persona no está apta paramanejar.XX. Estudios técnicos: aquéllos que se realizan porprofesionistas, expertos o peritos en la materia;XXI. Flotilla: cuando cinco o más vehículos, o másunidades de un mismo propietario, sea personafísica o moral, y cuenten con la misma disposiciónde colores o la misma razón social;XXII. Hecho de tránsito: choque de un vehículo enmovimiento contra otro vehículo u otro bienmueble, inmueble o semoviente; volcaduras yatropellamiento de personas;XXIII. Hidrante: boca de riego o tubo de descargade líquidos con válvula;XXIV. Infracción: conducta que lleva a cabo unconductor, peatón o pasajero, que transgredealgunas disposiciones de esta Ley, o losreglamentos, y que tiene como consecuencia unasanción;XXV. Licencia de conducir: documento que laautoridad estatal competente otorga a unapersona para conducir un vehículo;XXVI. Número de identificación vehicular NIV:combinación de diecisiete caracteres asignados alvehículo al momento de su fabricación, o su registroen el padrón nacional;XXVII. Parte: acta y croquis que debe elaborar unperito en hechos de tránsito;XXVIII. Pasajero: la persona que se encuentra abordo de un vehículo y no tiene carácter deconductor;XXIX. Peatón: persona que transita a pie por la víapública o zonas privadas con acceso al público, ocamina asistiéndose de aparatos, o de vehículos noregulados por esta Ley, en el caso de las personascon discapacidad;
  • 27. XXX. Registro público vehicular: es un registro deinformación a nivel nacional que tiene comopropósito otorgar seguridad pública y jurídica a losactos que se realicen con vehículos que circulen enterritorio nacional, mediante la identificación ycontrol vehicular, además de brindar servicios deinformación públicos;XXXI. Secretaría: secretaría de Seguridad Públicadel Estado;XXXII. Tarjeta de circulación: documento oficialexpedido por la autoridad competente queidentifica al vehículo por sus características eindividualiza al propietario;XXXIII. Vehículo: son aquellos automotores,remolques y semirremolques terrestres, sobre el cualtoda persona u objeto puede ser transportado poruna vía, excepto los ferrocarriles, los militares yaquellos que por su naturaleza sólo pueden serdestinados a usos agrícolas e industriales;XXXIV. Vehículos chatarra: los que se encuentren endepósitos vehiculares por un periodo mayor a unaño y que, por sus condiciones físicas y mecánicas,se consideran inservibles o inadecuados parareincorporarse a la circulación;XXXV. Vehículos de emergencia: patrullas,ambulancias, vehículos de bomberos y cualquierotro vehículo que haya sido autorizado por laautoridad estatal para portar o usar sirena y torretasde luces rojas, blancas, azules y ámbar;XXXVI. Vehículos equiparables a chatarra: todovehículo que circunstancialmente se encuentren enla vía pública en desuso y que, por sus condicionesfísicas o mecánicas, o de desvalijamiento, sepresume que se encuentre en estado deabandono;XXXVII. Vehículos especiales: grúas, vehículos deapoyo, de auxilio, y cualquier otro vehículoquehaya sido autorizado por la Secretaría para usarsirena, torretas de luces, blancas, azules y ámbar, yXXXVIII. Vías públicas: avenidas, calzadas, plazas,calles, parques, andadores, caminos, bulevares,callejones de acceso, ciclo pistas y banquetas; asícomo los caminos vecinales, carreteras, brechas,desviaciones, veredas, senderos, acotamientos,derechos de vía, los puentes que unan a las víaspúblicas y a las zonas de protección de ambos,destinados al tránsito de vehículos, peatones ysemovientes.XXX. Perito en hechos de tránsito: es toda aquellapersona especializada cuyo objetivo es reconstruirun hecho de tránsito terrestre, con bases técnicaspara emitir un dictamen, en el que se establece lascausas que dieron origen al mismo;XXXI. Permiso para circular sin placas y tarjeta decirculación: documento otorgado por la autoridadcompetente destinado a individualizar al vehículo ya su dueño, con el objeto de que pueda circulartemporalmente;XXXII. Placa: plancha de metal en que figura elnúmero de matrícula, que permite individualizar unvehículo, expedida por la autoridad competente;XXXIII. Prueba de alcoholimetría: Procedimientollevado a cabo por la autoridad con el fin dedeterminar si una persona presenta alientoalcohólico ó estado de ebriedad, mediante el usodel alcoholímetro o algún otro sistema de medición.XXXIV. Registro público vehicular: es un registro deinformación a nivel nacional que tiene comopropósito otorgar seguridad pública y jurídica a losactos que se realicen con vehículos que circulen enterritorio nacional, mediante la identificación ycontrol vehicular, además de brindar servicios deinformación públicos;XXXV. Reglamento de Tránsito. Reglamento de laDirección General de Tránsito.XXXVI. Secretaría: secretaría de Seguridad Públicadel Estado;XXXVII Tarjeta de circulación: documento oficialexpedido por la autoridad competente queidentifica al vehículo por sus características eindividualiza al propietario;XXXVIII. Vehículo: son aquellos automotores,remolques y semirremolques terrestres, sobre el cualtoda persona u objeto puede ser transportado poruna vía, excepto los ferrocarriles, los militares yaquellos que por su naturaleza sólo pueden serdestinados a usos agrícolas e industriales;
  • 28. XXXIX. Vehículos chatarra: los que se encuentrenen depósitos vehiculares por un periodo mayor a unaño y que, por sus condiciones físicas y mecánicas,se consideran inservibles o inadecuados parareincorporarse a la circulación;XL. Vehículos de emergencia: patrullas,ambulancias, vehículos de bomberos y cualquierotro vehículo que haya sido autorizado por laautoridad estatal para portar o usar sirena y torretasde luces rojas, blancas, azules y ámbar;XLI. Vehículos equiparables a chatarra: todovehículo que circunstancialmente se encuentren enla vía pública en desuso y que, por sus condicionesfísicas o mecánicas, o de desvalijamiento, sepresume que se encuentre en estado deabandono;XLII. Vehículos especiales: grúas, vehículos deapoyo, de auxilio, y cualquier otro vehículo quehaya sido autorizado por la Secretaría para usarsirena, torretas de luces, blancas, azules y ámbar, yXLIII. Vías públicas: avenidas, calzadas, plazas,calles, parques, andadores, caminos, bulevares,callejones de acceso, ciclo pistas y banquetas; asícomo los caminos vecinales, carreteras, brechas,desviaciones, veredas, senderos, acotamientos,derechos de vía, los puentes que unan a las víaspúblicas y a las zonas de protección de ambos,destinados al tránsito de vehículos, peatones ysemovientes.ARTICULO 8°…I. El titular del poder del Ejecutivo de EstadoII…III. La Dirección General de Seguridad PúblicaARTICULO 8°…I. El titular del poder Ejecutivo de EstadoII…III. El DirectorARTICULO 9°…I. a II…III. La dirección de seguridad pública municipal detránsito o su equivalenteSe considera que las direcciones de seguridadpública municipal, de tránsito, o su equivalente, seacual sea la denominación que se les dé en losreglamentos municipales, son un cuerpo deseguridad pública en los términos del artículo 21fracción II de la Ley del Sistema de SeguridadPública del Estado de San Luis Potosí.…ARTICULO 9°…I. a II…III. El DirectorSe considera que las direcciones de seguridadpública municipal, de tránsito, o su equivalente, seacual sea la denominación que se les dé en losreglamentos municipales, son un cuerpo deseguridad pública en los términos del artículo 22fracción II de la Ley del Sistema de SeguridadPública del Estado de San Luis Potosí.…ARTICULO 15. Son atribuciones del titular de tránsitomunicipal, dentro de su jurisdicción territorial:I. a IX…ARTICULO 15. Son atribuciones del Director detránsito municipal o su equivalente, dentro de sujurisdicción territorial:I. a IX…ARTICULO 45……ARTICULO 45……
  • 29. I. a III…IV. En la ejecución de operativos conjuntos en lostérminos del artículo 8° de la Ley de SeguridadPública del Estado de San Luis Potosí.I. a III…IV. En la ejecución de operativos conjuntos en lostérminos del artículo 8° de la Ley del Sistema deSeguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.TITULO SEPTIMODE LOS PEATONES, DE LOS CICLISTAS, DE LAEDUCACION VIAL, DE LOS CONDUCTORES,Y DE LAS ESCUELAS DE MANEJOCapítulo IIDe los ConductoresARTICULO 72…I. a la VIII…IX. Conservar la distancia de seguridad entrevehículo y vehículo, la cual es directamenteproporcional a la velocidad de desplazamiento,tomando en cuenta las condiciones del camino ydel vehículo, yX. Las demás que señalen las disposiciones jurídicasy administrativas aplicables.TITULO SEPTIMODE LOS PEATONES, DE LOS CICLISTAS, DE LAEDUCACION VIAL, DE LOS CONDUCTORES,Y DE LAS ESCUELAS DE MANEJOCapítulo IIDe los ConductoresARTICULO 72…I. a la VIII…IX. Conservar la distancia de seguridad entrevehículo y vehículo, la cual es directamenteproporcional a la velocidad de desplazamiento,tomando en cuenta las condiciones del camino ydel vehículo;X. Abstenerse de conducir vehículos en estado deebriedad y con aliento alcohólico, o en cualquierestado de intoxicación ;XI. Registrar su vehículo ante el Registro PúblicoVehicularXII. Presentar su vehículo y acreditarsatisfactoriamente la revisión de emisionesanticontaminantesXIII. Las demás que señalen las disposicionesjurídicas y administrativas aplicables.Con base en la anterior exposición de motivos, se presenta a la consideración de esta HonorableAsamblea, el siguiente:PROYECTODEDECRETOArtículo Primero. Se REFORMA los artículos 6° fracciones I a XXXVIII, 8° fracción I y III, 9° fracción III ysegundo párrafo, 15 párrafo primero, 45 fracción IV y 72 fracciones IX, X; se ADICIONAN fraccionesXXXIX, XL, XLI, XLII y XLIII al artículo 6°, fracciones XI, XII y XIII al artículo 72, de y a la Ley Transito delEstado de San Luis Potosí los que quedaran de la siguiente forma:ARTICULO 6°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:I. Agente de tránsito: policía a cargo de la vigilancia del tránsito, así como de la aplicación desanciones por infracciones a las disposiciones del reglamento de tránsito. La calidad de agente detránsito se acreditará con la credencial que se expida en los términos del artículo 34 de la Ley deSeguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; es de carácter funcional y competencial y es
  • 30. independiente del nivel que se tenga en la escala jerárquica y cargo en los reglamentosrespectivos;II. Alcoholímetro: Dispositivo para medir la cantidad de alcohol que presenta en el aire espirado poruna persona.III. Aliento alcohólico: Condición física y mental que se presenta en una persona cuando por laingesta de alcohol etílico su organismo contiene menos de 0.05 gramos de alcohol por litro desangre o hasta 0.24 moléculas de alcohol en aire espirado, mediante la prueba de alcohometría,dando como resultado a la persona apta para manejar.IV. Amonestación: prevención que se hace a un individuo para que se abstenga de hacer algoque se califique como infracción a este Ordenamiento;V. Apercibimiento: hacer saber al ciudadano las consecuencias resultado de determinadas actos uomisiones de su parte por quebrantar este Ordenamiento;VI. Automóvil: se refiere a un vehículo autopropulsado por un motor propio y destinado al transportede personas y carga;VII. Autotransportista: persona física o moral debidamente autorizada para prestar servicio públicoo privado de autotransporte;VIII. Bicicleta: el aparato impulsado exclusivamente por la fuerza humana, que consta de dos o másruedas alineadas, donde una o más personas se pueden sentar o montar sobre un asiento. Unabicicleta es un vehículo cuando se la utiliza en la vía pública;IX. Ciclovía, ciclopista o vía ciclista: vía pública especializada para la circulación de bicicletas. Lasciclovías pueden ser urbanas o interurbanas y bidireccionales o unidireccionales, según se permitaen ellas la circulación en uno o en los dos sentidos. También podrán ser de uso exclusivo parabicicletas, o de uso compartido con otros modos o medios de transporte no motorizados;X. Conductor: persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo en la vía pública;XI. Desguace: desmontar o deshacer cualquier estructura, especialmente automóviles;XII. Dictamen: conclusión a la que ha llegado el perito tras el análisis de objeto de prueba deacuerdo al arte, ciencia o técnicas por él dominadas;XIII. Dirección: dirección de Seguridad Pública del Estado;XIV. Director: Titular de la Dirección General de Seguridad Pública del EstadoXV. Dispositivos para el control de tránsito: señalamientos, marcas, semáforos y otros mediossimilares que se utilizan para regular y guiar el tránsito de personas, semovientes y vehículos;
  • 31. XVI. Elemento: funcionario de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, conatribuciones operativas para vigilar el tránsito de vehículos y peatones;XVII. Engomado. Elemento de alta seguridad que se adhiere a las ventanas de los vehículos parapermitir la identificación de elementos relacionados con el mismo.XVIII. Estacionamiento: espacio destinado y permitido para ubicar un vehículo en la vía pública enel carril adyacente a las aceras, o fuera de la vía pública, centros comerciales, en cocheras, lotes yedificios;XIX. Estado de ebriedad: Condición física y mental que se presenta en una persona cuando por laingesta de alcohol etílico su organismo contiene 0.5 gramos de alcohol por litro en la sangre o 0.25moléculas de alcohol en aire espirado a por litro, mediante la prueba de alcoholimetría, dandocomo resultado que la persona no está apta para manejar.XX. Estudios técnicos: aquéllos que se realizan por profesionistas, expertos o peritos en la materia;XXI. Flotilla: cuando cinco o más vehículos, o más unidades de un mismo propietario, sea personafísica o moral, y cuenten con la misma disposición de colores o la misma razón social;XXII. Hecho de tránsito: choque de un vehículo en movimiento contra otro vehículo u otro bienmueble, inmueble o semoviente; volcaduras y atropellamiento de personas;XXIII. Hidrante: boca de riego o tubo de descarga de líquidos con válvula;XXIV. Infracción: conducta que lleva a cabo un conductor, peatón o pasajero, que transgredealgunas disposiciones de esta Ley, o los reglamentos, y que tiene como consecuencia una sanción;XXV. Licencia de conducir: documento que la autoridad estatal competente otorga a una personapara conducir un vehículo;XXVI. Número de identificación vehicular NIV: combinación de diecisiete caracteres asignados alvehículo al momento de su fabricación, o su registro en el padrón nacional;XXVII. Parte: acta y croquis que debe elaborar un perito en hechos de tránsito;XXVIII. Pasajero: la persona que se encuentra a bordo de un vehículo y no tiene carácter deconductor;XXIX. Peatón: persona que transita a pie por la vía pública o zonas privadas con acceso al público,o camina asistiéndose de aparatos, o de vehículos no regulados por esta Ley, en el caso de laspersonas con discapacidad;XXX. Perito en hechos de tránsito: es toda aquella persona especializada cuyo objetivo esreconstruir un hecho de tránsito terrestre, con bases técnicas para emitir un dictamen, en el que seestablece las causas que dieron origen al mismo;
  • 32. XXXI. Permiso para circular sin placas y tarjeta de circulación: documento otorgado por laautoridad competente destinado a individualizar al vehículo y a su dueño, con el objeto de quepueda circular temporalmente;XXXII. Placa: plancha de metal en que figura el número de matrícula, que permite individualizar unvehículo, expedida por la autoridad competente;XXXIII. Prueba de alcoholimetría: Procedimiento llevado a cabo por la autoridad con el fin dedeterminar si una persona presenta aliento alcohólico ó estado de ebriedad.XXXIV. Registro público vehicular: es un registro de información a nivel nacional que tiene comopropósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulenen territorio nacional, mediante la identificación y control vehicular, además de brindar servicios deinformación públicos;XXXV. Reglamento: Reglamento de la Dirección General de TránsitoXXXVI. Secretaría: secretaría de Seguridad Pública del Estado;XXXVII. Tarjeta de circulación: documento oficial expedido por la autoridad competente queidentifica al vehículo por sus características e individualiza al propietario;XXXVIII. Vehículo: son aquellos automotores, remolques y semirremolques terrestres, sobre el cualtoda persona u objeto puede ser transportado por una vía, excepto los ferrocarriles, los militaresyaquellos que por su naturaleza sólo pueden ser destinados a usos agrícolas e industriales;XXXIX. Vehículos chatarra: los que se encuentren en depósitos vehiculares por un periodo mayor aun año y que, por sus condiciones físicas y mecánicas, se consideran inservibles o inadecuadospara reincorporarse a la circulación;XL. Vehículos de emergencia: patrullas, ambulancias, vehículos de bomberos y cualquier otrovehículo que haya sido autorizado por la autoridad estatal para portar o usar sirena y torretas deluces rojas, blancas, azules y ámbar;XLI. Vehículos equiparables a chatarra: todo vehículo que circunstancialmente se encuentren en lavía pública en desuso y que, por sus condiciones físicas o mecánicas, o de desvalijamiento, sepresume que se encuentre en estado de abandono;XLII. Vehículos especiales: grúas, vehículos de apoyo, de auxilio, y cualquier otro vehículo que hayasido autorizado por la Secretaría para usar sirena, torretas de luces, blancas, azules y ámbar, yXLIII. Vías públicas: avenidas, calzadas, plazas, calles, parques, andadores, caminos, bulevares,callejones de acceso, ciclo pistas y banquetas; así como los caminos vecinales, carreteras, brechas,desviaciones, veredas, senderos, acotamientos, derechos de vía, los puentes que unan a las víaspúblicas y a las zonas de protección de ambos, destinados al tránsito de vehículos, peatones ysemovientes.
  • 33. ARTICULO 8°…I. El titular del poder Ejecutivo de EstadoII…III. El DirectorARTICULO 9°…I. a II…III. El DirectorSe considera que las direcciones de seguridad pública municipal, de tránsito, o su equivalente, seacual sea la denominación que se les dé en los reglamentos municipales, son un cuerpo deseguridad pública en los términos del artículo 22 fracción II de la Ley del Sistema de SeguridadPública del Estado de San Luis Potosí.…ARTICULO 15. Son atribuciones del Director de tránsito municipal o su equivalente, dentro de sujurisdicción territorial:I. a IX…ARTICULO 45……I. a III…IV. En la ejecución de operativos conjuntos en los términos del artículo 8° de la Ley del Sistema deSeguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.ARTICULO 72…I a IX…X. Abstenerse de conducir vehículos en estado de ebriedad y con aliento alcohólico, o encualquier estado de intoxicación.XI. Registrar su vehículo ante el Registro Público VehicularXII. Presentar su vehículo y acreditar satisfactoriamente la revisión de emisiones anticontaminantes
  • 34. XIII. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.TRANSITORIOSPRIMERO. Este decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficialdel Estado.SEGUNDO. La obligación a que se refiere la fracción XI del artículo 72 cobraran vigencia a partir de1° enero del 2014.TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.Diputado Eugenio Govea Arcos
  • 35. San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de abril de 2013CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,P R E S E N T E.S.El que suscribe Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Diputado de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultadque me confiere el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 130, 131, y 133 de laLey Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso del Estado presento a la consideración de este Honorable Congreso, iniciativa queREFORMA el articulo 17 y articulo 23 de la Ley de Fomento Artesanal del Estado de San Luis Potosí,conforme a la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOSLa producción artesanal representa un componente importante del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo.La importancia de esta producción no radica en los productos artesanales por sí mismos, sino en lapreservación de las competencias y los conocimientos que permiten su creación.Todo esfuerzo de salvaguardia de las técnicas artesanales tradicionales debe orientarse, no a conservar losobjetos artesanales, –por hermosos, valiosos, raros o importantes que éstos puedan ser– sino a crearcondiciones que alienten a los artesanos a seguir produciendo objetos artesanales de todo tipo y a transmitirsus competencias y conocimientos a otros, sobre todo a los miembros más jóvenes de sus propiascomunidades.Muchos de los artesanos viven en lugares en donde no existen las condiciones mínimas para que puedangenerar ingresos sustentables por medio de la producción de artesanías. A continuación se analizará más afondo el siguiente problema: artesanos en pobreza no cuentan con las condiciones para generaringresos sostenibles, mismo que se desglosa en el árbol del problema.La mayor parte de los artesanos venden a precios muy bajos su trabajo, su producción y venta se concibentanto para el autoconsumo como para el intercambio en una economía de trueque, donde no se establececlaramente un valor económico al trabajo.En general, las localidades en donde residen los artesanos no cuentan con instituciones de crédito, por lo quelos artesanos deben generar estrategias para poder financiar su producción, la gran mayoría trabaja confinanciamiento propio y en muchos de los casos el financiamiento propio se origina de la venta de algún biende la familia.La producción artesanal en nuestra Entidad sin la menor duda es muy rica con un gran valor histórico ycultural, por lo que la Ley de Fomento Artesanal del Estado de San Luis Potosí, ha sido un instrumentolegislativo de gran importancia para garantizar el apoyo a los artesanos del Estado de San Luis Potosí, enespecial a través de la casa del artesano, que durante los últimos años ha brindado un importante apoyo a losartesanos de San Luis Potosí, sin embargo analizando la citada legislación, vemos que no hay una menciónespecifica de las comunidades indígenas del Estado de San Luis Potosí, las cuales si bien no son los únicosproductores artesanales, si representen un importante numero, y además son potosinos en situación muydifícil y que por tanto requieren de un gran apoyo del Estado para poder salir adelante.Lo mismo sucede con el registro de artesanos, es importante tener claridad del origen de las artesaníasincluso de las que proceden de comunidades indígenas, pudiendo además con ello tener una documentaciónque pudiera en un momento dado permitirnos el registro de patrimonio cultural del Estado.
  • 36. Por lo expuesto y fundado, pongo respetuosamente a la consideración del Pleno, el siguientePROYECTODEDECRETOUNICO. Se REFORMA el artículo 17 y fracción I del artículo 23 de la Ley de Fomento Artesanal delEstado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:ARTICULO 17. La Casa contará con un Consejo Consultivo para el Desarrollo Artesanal del Estado, integradopor representantes de artesanos de comunidades indígenas, organizaciones de artesanos de la Entidad ydemás miembros de las comunidades académica, cultural y artística vinculadas con la actividad artesanal.ARTICULO 23. …I. Datos generales del artesano como son: nombre, fecha de nacimiento, domicilio, artesanía que fabrica,mercado en el que comercializa sus productos, temporada alta de ventas, y en su caso comunidad y grupoétnico al que pertenece, entre otros que se consideren necesarios para completar dicho registro;TRANSITORIOSPRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial delEstado.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.ATENTAMENTEDIP. CHRISTIAN JOAQUIN SANCHEZ SANCHEZ.
  • 37. CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,P R E S E N T E.S.El que suscribe, DIPUTADO JOSÉ EDUARDO CHÁVEZ AGUILAR, integrante de la fracción parlamentariadel Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de SanLuis Potosí, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 61 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo enel Estado, 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a laconsideración de ésta Honorable Soberanía, INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONASMIGRANTES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, al tenor de la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOSConsiderando que una de las prioridades de la Sexagésima Legislatura ha sido la búsqueda constante en lasmejores condiciones de vida de los habitantes y de garantizar el estado de derecho de ellos y, de todas laspersonas que se encuentren en territorio potosino, y en concordancia con las políticas nacionales y acuerdosde índole Internacional, se ha venido trabajando en conjunto con la formulación e instrumentación de políticasy de acciones que permitan la modernización integral y permanente del marco jurídico, a fin de optimizar lastareas que a éste Honorable Congreso le corresponden y acorde a la realidad de nuestra Entidad.El Estado de San Luis Potosí se ha caracterizado por ser una de las entidades que presentan mayor volumende flujo migratorio de personas que tienen como destino final los Estados Unidos de América, considerando lamigración de potosinos y extranjeros, situación que se ha acrecentado de manera considerable en los últimosaños ya que toman como paso nuestro territorio, razón por la cual se hace indispensable reforzar las tareasde control migratorio, seguridad, auxilio y protección de su vida e integridad física.Asimismo el ingreso, tránsito y estancia de mexicanos y potosinos que regresan a sus hogares en diversasépocas anuales, requieren de una constancia y atención en la regulación de su flujo migratorio en un marcode respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos, esto en concordancia con la normativafederal, mediante la contribución del desarrollo y la preservación de la soberanía y seguridad nacional.Si bien es cierto que existen instituciones gubernamentales o bien organizaciones autónomas nogubernamentales a quienes se les ha canalizado y quienes han venido desarrollando y aplicando políticasestratégicas, tomando como base el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionalesy extranjeros, otorgándoles asesoría jurídica y asistencia social cuando lo requieren en casos de riesgos porfenómenos naturales o intentos de abuso y atropellos por parte de autoridades y particulares, principalmente,en defensa y salvaguarda de esos derechos humanos independientemente de su nacionalidad y su condiciónde documentados o indocumentados, no han sido suficientes dadas las lagunas normativas existentes para lacumplimentación de éste objetivo.No obstante a lo anterior, y aún cuando estas instituciones en la actualidad cuentan con los elementosnecesarios para brindar a este sector de la sociedad una procuración hacia el respeto y salvaguarda de losderechos inherentes a todo ser humano, resulta necesario instrumentar acciones mediante la creación deleyes, que de manera permanente enfoquen sus prioridades a atender las necesidades que demandandiversos sectores de la sociedad, como aquellos relacionados con el flujo de Inmigrantes que transitan por elEstado hacia el norte del país o bien los que regresan a su territorio de origen.Es por ello que en concordancia con la política exterior con la que se conduce nuestro país, la protección delos derechos humanos de los individuos, y en particular los derechos de los migrantes, deben de serrespetados y protegidos, independientemente de su condición migratoria, y de esa manera en un acto de
  • 38. justicia, atender de forma expedita y con prioridad los actos que vulneren su esfera jurídica, con la finalidadde fomentar mayor conciencia en las autoridades estatales, municipales y en la población en general, sobrela condición de vulnerabilidad que enfrentan los inmigrantes y transmigrantes, así como nuestros propiospaisanos potosinos, y de igual manera la importancia de respetar sus derechos.En la búsqueda de esa protección a su esfera jurídica se plantea esta iniciativa de Ley la cual tiene comoprincipal pretensión, el reconocimiento de un mínimo de derechos para los migrantes potosinos y extranjeros,en su calidad de seres humanos, así como las mínimas facultades y obligaciones para las autoridadesestatales y municipales para con ellos.Esta iniciativa contiene 48 Artículos en 6 Títulos, en donde se encuentran plasmados: DisposicionesGenerales, del Objeto y aplicación de la Ley, de la Concurrencia de Competencia, derechos y Obligacionesde las Personas Migrantes, de las Sanciones, de las Autoridades para la Atención a Migrantes, susAtribuciones y del Registro de Personas Migrantes.LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTESPARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍTÍTULO PRIMERODISPOSICIONES GENERALESCAPÍTULO ÚNICODEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEYARTÍCULO 1º. La presente Ley es de observancia general, válida en todo el territorio del Estado de San LuisPotosí, sus disposiciones son de orden público, estableciendo lo relativo a la política de migración.ARTÍCULO 2º. Esta Ley tiene por objeto regular lo relativo al ingreso, salida, permanencia y tránsito depotosinos y extranjeros al territorio del estado de San Luis Potosí, considerando el apoyo y coordinación conlas autoridades estatal y municipal para fortalecer estrategias y acciones concretas para atender el fenómenomigratorio en el estado, mediante el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes,potosinos y extranjeros, sin distinción de nacionalidad, género, etnia, idioma, religión, condición social,situación migratoria, con atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas ypersonas de la tercera edad, o cualquier otra circunstancia.ARTÍCULO 3º. Se establecen como bienes jurídicos a tutelar con la presente Ley, la vida, la dignidad, lasposesiones y propiedades, o todo aquello que ponga en riesgo la integridad de las personas migrantes.ARTÍCULO 4º. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de laSecretaría General de Gobierno; para lo que podrá auxiliarse y coordinarse con las dependencias estatalescuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la materia migratoria; y a los ayuntamientos, en el ámbitode sus respectivas competencias.ARTÍCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:I. Secretaría General: al titular del órgano dependiente del Ejecutivo quien deberá formular y dirigir lapolítica en materia de migración, tomando en cuenta las problemáticas presentadas por losayuntamientos, organismos autónomos, y de la sociedad civil.II. Deportado: al potosino que es expulsado de un país extranjero;III. Emigrante: al potosino que decide salir del país con el propósito de residir en el extranjero;IV. Inmigrado: al extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país;
  • 39. V. Inmigrante: al nacional que originario de otra Entidad federativa, se establece de manera permanenteen el territorio estatal, independientemente de su edad, sexo o actividad; y al extranjero que se internalegalmente en el Estado con el propósito de radicar en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado;VI. Instituto: al Instituto de Atención a Migrantes;VII. Ley: a la presente Ley;VIII. Migrante: persona que cruza las fronteras o límites de una región geográfica, que está fuera delterritorio del Estado de su nacionalidad o ciudadanía y no sujeto a su protección jurídica,encontrándose en el territorio de otro Estado;IX. Repatriado: las personas migrantes potosinas que de mutuo propio retornen al país con destino a supoblación natal, independientemente del tiempo que hayan residido en el extranjero;X. Transmigrante: al extranjero en tránsito por el territorio estatal hacia otro país, yXI. Turista: al extranjero autorizado por la Secretaría de Gobernación para visitar el país, con fines derecreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas, ni lucrativas, contemporalidad máxima de seis meses improrrogables, sin estar autorizado para realizar actividadeseconómicas, políticas o sociales de cualquier tipo.ARTÍCULO 6º. Quedan excluidos del régimen de esta Ley, los asuntos de competencia federal.TÍTULO SEGUNDODE LA CONCURRENCIA DE COMPETENCIACAPÍTULO ÚNICODE LA CONCURRENCIA DE COMPETENCIAARTÍCULO 7º. Las autoridades y servidores públicos del Estado y municipios, en el ámbito de susrespectivas atribuciones, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para el oportuno y eficazcumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.ARTÍCULO 8º. Las dependencias y entidades, estatal y municipales, coadyuvarán con la Secretaría Generalde Gobierno, de conformidad con la normatividad que las rige, en la planeación, operación y seguimiento delos diversos programas y acciones que se implementen cuyo destino sea la atención del migrante.ARTÍCULO 9º. En relación con la atención y apoyo a los migrantes, son atribuciones generales del titular delPoder Ejecutivo, así como de los ayuntamientos, mismas que podrán ejecutarse de manera directa o porconducto de las dependencias correspondientes, las siguientes:I. Realizar campañas y difundir mensajes en medios de comunicación masiva que fomenten el desaliento acruzar de manera ilegal las fronteras, promoviendo el retorno voluntario y la reintegración a suscomunidades de origen;II. Promover y prestar servicios de asistencia social, entre los que se incluyan programas que impulsen elregreso seguro a sus lugares de origen, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a lasnormas técnicas relativas;III. Impulsar y apoyar las acciones de las instituciones de los sectores público, social y privado, cuyo objetosea la prestación de servicios de asistencia social y, en general, de atención y apoyo a los migrantes;IV. Proporcionar atención y protección a las personas migrantes víctimas de delitos, fomentando la culturade la denuncia;V. Celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos mediante los cuales se establezcan losmecanismos de coordinación, colaboración y concertación que permitan la participación de los sectorespúblico en todos sus niveles y modalidades, social y privado, en materia de atención y protección amigrantes;VI. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la prevención y erradicación del tráfico de personas, y laexplotación de personas migrantes;
  • 40. VII. Formular y aplicar políticas de atención a personas migrantes, para lo cual deberán asignarse laspartidas presupuestales necesarias y suficientes para su operación;VIII. Promover las igualdad de oportunidades, yIX. Las demás que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.ARTÍCULO 10. El Ejecutivo del Estado, incluirá anualmente en la iniciativa de Ley de Presupuesto deEgresos que envíe al Congreso del Estado, la propuesta de recursos necesarios para la aplicación de lapolítica y las acciones a los que esta Ley se refiere.ARTÍCULO 11. La atención, protección, asesoría, apoyos o servicios otorgados por las instituciones públicasestatales y/o municipales del Estado serán gratuitos.TÍTULO TERCERODE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MIGRANTESCAPÍTULO ÚNICODE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MIGRANTESARTÍCULO 12. Los migrantes nacionales y extranjeros gozarán de los derechos establecidos en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberanode San Luis Potosí, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, yen las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.ARTÍCULO 13. Todos los migrantes tienen el mismo derecho de ser beneficiarios en el otorgamiento yprestación de bienes y servicios derivados de las políticas, programas y acciones de atención a migrantes.ARTÍCULO 14.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que impida el otorgamiento y prestación debienes y servicios derivados de las políticas y acciones de atención a migrantes.ARTÍCULO 15. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad de residencia y a la seguridad jurídica ensu Estado de origen, destino, tránsito o retorno.ARTÍCULO 16. El libre tránsito es un derecho de toda persona, y es deber de cualquier autoridad promoverloy respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en elterritorio estatal, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidas enlas disposiciones jurídicas aplicables.ARTÍCULO 17. Todo migrante tiene derecho a recibir asistencia de las autoridades del Estado en caso derepatriación voluntaria, forzosa y, fuera del territorio de esta entidad federativa, en los casos de desastresnaturales, terrorismo u otros que afecten su salud, seguridad e integridad física, así como, cuando sea elcaso, de traslado de cadáveres al Estado.ARTÍCULO 18. Toda persona migrante podrán acceder a los servicios educativos previstos por los sectorespúblico y privado, independientemente de su situación migratoria, y conforme a las disposiciones legales yreglamentarias aplicables.ARTÍCULO 19. Las personas migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de servicio médico provistopor los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, y conforme a lasdisposiciones legales y reglamentarias aplicables.
  • 41. ARTÍCULO 20. Los oficiales del Registro Civil no podrán negar a las personas migrantes,independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil, ni la expediciónde las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.ARTÍCULO 21. Las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho alreconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, así como enlos tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano.ARTÍCULO 22. En toda circunstancia, independientemente de su situación migratoria, las personasmigrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derechoal debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con lasdisposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.En los procedimientos que sean parte los menores migrantes, se tendrá en cuenta su edad y privilegiará elinterés superior de los mismos.ARTÍCULO 23. Cuando una persona migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o noentienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de suidioma o lengua, para facilitar la comunicación.ARTÍCULO 24. Toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y violatorias de losderechos de las personas migrantes, respecto a las conductas presuntamente delictivas, ya seadirectamente, o por medio de su representante, aun tratándose de menores de edad, de igual manera podrápresentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.TÍTULO CUARTODE LAS SANCIONESCAPÍTULO ÚNICODE LAS SANCIONESARTÍCULO 25. El servidor público que incurra en infracciones a esta Ley, actos ilícitos por acción u omisiónde cualquier tipo contra las personas migrantes mexicanos o extranjeros, y sus familiares, quedará sujeto a loestablecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí.ARTÍCULO 26. Asimismo todo particular que violente alguna de las disposiciones en esta Ley contenidas sesujetará a las leyes civiles y penales aplicables.TÍTULO QUINTODE LAS AUTORIDADES PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTESCAPÍTULO ÚNICODE SUS ATRIBUCIONESARTÍCULO 27. El Instituto de Atención a Migrantes deberá establecer un programa permanente paradisminuir los procesos de migración, y las acciones específicas de apoyo, promoción y protección, para loque deberá:I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración rural y urbana hacia otras entidadesfederativas o el extranjero, así como la migración de extranjeros por el territorio potosino y sus efectos;II. Coordinar con las dependencias y entidades federales, estatal y los ayuntamientos a fin de mejorar lasalternativas de desarrollo y la creación de la infraestructura de servicios adecuada en el medio rural y
  • 42. urbano, para el mejoramiento y la prestación de servicios de educación básica y los servicios de salud,para arraigar en sus localidades de origen a las comunidades de migrantes o a los núcleos depoblación propensas a este fenómeno social;III. Estimular y promover la creación de oportunidades de empleos, la organización y funcionamiento deunidades productivas, cooperativas, integradoras y sociedades de producción en las comunidadesrurales que les permitan lograr un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales con lafinalidad de generar permanencia de los habitantes de las diversas localidades;IV. Establecer las oficinas de representación en el extranjero que se consideren convenientes, a fin de quebrinden apoyo a las personas migrantes;V. Establecer convenios y mecanismos de colaboración, apoyo y entendimiento con las autoridadeslocales del extranjero y consulares mexicanas;VI. Promover e impulsar programas para reforzar los lazos de solidaridad y de identidad con el Estado, conla participación de organizaciones de migrantes, organizaciones no gubernamentales e institucioneseducativas;VII. Promover la agrupación de las personas emigrantes en asociaciones, federaciones, clubes uorganizaciones similares;VIII. Promover la realización de obras públicas con la participación de las personas migrantes;IX. Establecer una línea telefónica gratuita que facilite la gestión de los trámites relativos al apoyo yprotección de las personas emigrantes;X. Establecer un portal electrónico que facilite la orientación, protección, apoyo, gestión de trámites yquejas de los emigrantes, así como facilitar la comunicación electrónica;XI. Promover el establecimiento de mecanismos que permitan las mejores condiciones en calidad, tiempo yprecio en la transferencia de fondos provenientes del extranjero, yXII. Recibir toda la información recabada respecto a los servicios brindados por las autoridades estatales amigrantes, para la realización de un registro y base de datos, con fines estadísticos y de control en elEstado.ARTÍCULO 28. Para la vigilancia y el cumplimiento de esta Ley la persona titular de la Secretaría de Saluddel Estado, tendrá las siguientes atribuciones:I. Establecer todas las acciones necesarias y vigilar que todo migrante que así lo solicite o requiera se lerespete el derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público yprivado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;II. Realizar un registro que contenga información por parte de los migrantes con respecto a su nombre,procedencia, domicilio en su lugar de origen y en general, de todos aquellos datos que pudierenfacilitar, con la finalidad de la realización de una base de datos, con fines estadísticos para la regulacióny control de personas migrantes en el Estado;III. Proporcionar la información establecida en la fracción anterior al Instituto de Atención a Migrantes en elEstado, quien será el responsable de la concentración de información de atención y prestación deservicios a las personas migrantes en el Estado con fines estadísticos, yIV. Las que del ámbito de su competencia se consideren necesarias para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 29. Para la vigilancia y cumplimiento de esta Ley la persona titular de la Secretaría de Turismodel Estado, tendrá las siguientes atribuciones:I. Transmitir en su sector la política de administración pública en materia de migración en todas susmodalidades;II. Proponer una campaña dentro de su sector en donde se difundan los derechos y obligaciones delturista, yIII. Las que del ámbito de su competencia se consideren necesarias para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 30. Para el cumplimiento de esta Ley la persona titular de la Secretaría del Trabajo y PrevisiónSocial del Estado, tendrá las siguientes atribuciones:
  • 43. I. Incentivar la creación de fuentes de empleo con especial énfasis en las demarcaciones con más altoíndice de migración;II. Crear medidas de apoyo y capacitación laboral, yIII. Las que en el ámbito de su competencia se consideren necesarias para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 31. Para el cumplimiento de esta Ley, la persona titular de la Procuraduría General de Justicia delEstado, tendrá las siguientes atribuciones:I. Garantizar en todo momento la prevalencia de los derechos humanos en los términos planteados en elpresente ordenamiento;II. Cerciorarse que en todo procedimiento en que se inicie una averiguación previa en contra de unapersona extranjera, sea asistida debidamente en su lengua originaria, e informado de sus derechosfundamentales y del procedimiento de que se trate, yIII. Las que en el ámbito de su competencia se consideren necesarias para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 32. Para el cumplimiento de esta Ley, la persona titular del Instituto de Desarrollo Humano ySocial de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, o su equivalente, tendrá las siguientesatribuciones:I. Divulgar toda la información relacionada con la migración a fin de generar arraigo, permanencia ypertenencia de los habitantes de las diversas localidades, yII. Las que en el ámbito de su competencia se consideren necesarias para el cumplimiento de la presenteLey.ARTÍCULO 33. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta Ley, la persona titular de laSecretaría de Desarrollo Social y regional del Estado, tendrá las siguientes obligaciones:I. Mejorar las alternativas de desarrollo y la creación de la infraestructura de servicios adecuados en losmedios rural y urbano, asegurando la prestación de servicios de educación básica y salud, encoordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal ymunicipal competentes, para arraigar en sus localidades de origen a las personas migrantes, o a losnúcleos de población propensos a este fenómeno social;II. Promover la realización de obras públicas con la participación de las personas migrantes, yIII. Las que del ámbito de su competencia se consideren necesario para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 34. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta Ley, la persona titular de laSecretaría de Educación del Gobierno del Estado, tendrá las siguientes obligaciones:I. Difundir toda la información relacionada con la migración a fin de generar arraigo, permanencia ypertenencia de los habitantes de las diversas localidades, yII. Las que en el ámbito de su competencia se consideren necesarias para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 35. Para el cumplimiento de esta Ley, la persona titular del Consejo Estatal de Población, tendrálas siguientes atribuciones:I. Recabar los informes y datos estadísticos que se requieran ; y solicitar el auxilio de las demás autoridadesen el ámbito de su competencia;II. Propiciar la investigación en materia de migración en todas sus modalidades en las instituciones deeducación Superior en el Estado, yIII. Las que en el ámbito de su competencia se consideren necesarias para los fines de la presente Ley.ARTÍCULO 36. El Plan Estatal de Migración, será elaborado y presentado por el Instituto de Atención aMigración y deberá contener:I. Un estudio en donde se plasmen y justifiquen las principales problemáticas, los objetivos, tiempos ylíneas de acción prioritarias;II. Los subprogramas, lineamientos y estrategias, diseñadas a partir de un enfoque integral;
  • 44. III. Los apoyos y estímulos, que se consideren oportunos;IV. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;V. Los mecanismos de evaluación, yVI. Los instrumentos de difusión y comunicación.ARTÍCULO 37. Para formular la conducción de las políticas de migración, los programas de la administraciónpública y de los municipios, el ejercicio de los instrumentos de políticas, los lineamientos técnicos y demásdisposiciones aplicables, se deben observan los siguientes criterios:I. Garantizar los derechos a que se refiere esta Ley;II. Proteger y apoyar a los sujetos de esta Ley, a partir de garantizar su desarrollo social y humano condignidad;III. Fomentar la participación ciudadana, así como de los sectores social y privado, en los ámbitos,estatal y municipal, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas en beneficio delos sujetos de esta Ley;IV. Fomentar la participación de los sectores social y privado en las acciones de capacitación ysensibilización de autoridades, sobre el fenómeno de migración;V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales, y especialmente de menores encondiciones de orfandad e indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad;VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de las personas migrantes y propiciar la reintegraciónfamiliar, yVII. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de esta Ley y sus comunidades de origen.ARTÍCULO 38. En la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se deberá considerar la política de migraciónque se establece, de conformidad con esta Ley, y las demás disposiciones en la materia.ARTÍCULO 39. Las dependencias y entidades de la administración pública, y los municipios, seránresponsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley, en las políticas, programas yacciones que sean de su competencia; para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización haciaestas dependencias y autoridades, con el fin de que todo servidor público tenga conocimiento de losderechos a favor de las personas migrantes, y de su forma de ejercicio.ARTÍCULO 40. El traslado en forma colectiva de las y los trabajadores potosinos, que sean contratados paralaborar en otra Entidad federativa, o en el extranjero independientemente de las acciones que realice elGobierno Federal, deberá ser vigilado y coordinado por el Gobierno del Estado, a efecto de garantizar en todomomento el trato respetuoso y digno de las personas migrantes, a través de los Ayuntamientos Municipalesquienes estarán obligados a las siguientes acciones:I. Vigilar, Inspeccionar y Constatar la legalidad de los particulares y/o empresa que realice acciones dereclutamiento dentro de su territorio;II. Informar de manera inmediata a la autoridad competente, si se encuentra alguna irregularidad u actoilegal, para la investigación correspondiente, yIII. Asesorar al potosino el procedimiento de reclutamiento requerido.ARTÍCULO 41. Elaborar un padrón de permisionarios y propietarios de unidades que se dediquen al trasladode personas migrantes, en cualquiera de las modalidades previstas en esta Ley.ARTÍCULO 42. Las dependencias y entidades de la administración pública que ejerzan acciones que lesconfieran otros ordenamientos, cuyas disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustaránsu ejercicio a los criterios de atención a personas migrantes y en ella incluidos, así como a las disposicionesde los reglamentos, normas técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive.TÍTULO SEXTO
  • 45. DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS MIGRANTESCAPÍTULO ÚNICODEL REGISTROARTÍCULO 43. Para fines estadísticos, de identificación, evaluación e implementación de las políticaspúblicas de protección, se crea el Registro de Personas Migrantes en el Estado de San Luis Potosí, a cargodel Instituto.ARTÍCULO 44. Cualquier autoridad estatal y municipal que otorgue a un migrante algún beneficio de loscontemplados en esta ley, deberá preguntarle si desea ser inscrito en el Registro Estatal de Migrantes, paratal efecto deberá contar con los formatos adecuados para realizar dicha inscripción.ARTÍCULO 45. El trámite de registro será gratuito e incondicional, y sólo estará sujeto al otorgamiento de lainformación solicitada.ARTÍCULO 46. Toda persona migrante tiene el derecho de inscribirse en el Registro de las PersonasMigrantes del Estado de San Luís Potosí..TRANSITORIOSPRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial delEstado.SEGUNDO. La Procuraduría General de Justicia en el Estado, creará la fiscalía especializada en delitoscometidos en contra de personas migrantes, de acuerdo a lo que dispone esta Ley.TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.A T E N T A M E N T ESan Luis Potosí, S.L.P., a 17 de abril del 2013DIP. JOSÉ EDUARDO CHÁVEZ AGUILAR
  • 46. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA SEXAGESIMALEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADOP R E S E N T E S .Juan José Jover Navarro, Diputado integrante de esta LX Legislatura por la RepresentaciónParlamentaria del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57,fracción I, 61 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62,65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, me permitosometer a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente iniciativa que CREA laLEY PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, conbase en la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOSEn la Entidad, por razones jurídicas o bien por cuestiones económicas hay una cantidadimportante de predios rústicos que sus poseedores no han obtenido el título que les amparela propiedad del inmueble.Dentro de los problemas sociales que afectan sensiblemente a nuestra Sociedad está elrelativo a la inseguridad del individuo en la Tenencia de la tierra en el ámbito Rural y Suburbano; motivado por la carencia de un Título que legitime los Derechos sobre la propiedady por lo mismo no se tenga la posibilidad de obtener los beneficios de los Programas socialescomo PROCAMPO, entre algunos otros.El artículo 27 es uno de los preceptos fundamentales de nuestra Constitución de 1917; en élse conforman las bases fundamentales del constitucionalismo social en materia de tenenciade la tierra y apegados a dichos mandatos buscamos mediante la presente iniciativareforzar la seguridad jurídica para los propietarios y poseedores del suelo nacional. En elmencionado precepto constitucional, el Constituyente vertió los más altos anhelos delpueblo y que han tenido una gran trascendencia porque conllevan al régimen depropiedad y enaltecen la cuestión agraria y nuestra misión es emitir líneas normativas queredunden en el beneficio de los poseedores y propietarios de la tierra.En el permanente acercamiento con la ciudadanía, hemos recibido innumerablessolicitudes para crear o ampliar los programas de beneficio social que contemplan laregularización de los predios rústicos, principalmente en los municipios mayoritariamenterurales, donde aún sus poseedores y propietarios no tienen la seguridad jurídica necesariasobre su patrimonio de siembra o de desarrollo agrícola.Con esta Ley, pretendemos la simplificación del procedimiento que se siga ante laautoridad competente, para demostrar que se cumplen con las condiciones exigidas parala prescripción de bienes inmuebles, a través de ello se dará acceso a la ciudadanía a unajusticia pronta y expedita.
  • 47. ¿A quiénes se busca beneficiar con esta Ley? A poseedores de Pequeña Propiedad, queno exceda de 20 (treinta) hectáreas, a quienes no posean títulos de Propiedad y a los queteniendo título, estos estén viciados jurídicamente. Pero fundamentalmente sentar las baseslegales para que la ciudadanía se sienta escuchada y protegida por sus representantes, asícomo atendida por las diferentes esferas gubernamentales.En atención a lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, elsiguiente:PROYECTO DE DECRETO:ARTICULO PRIMERO. Se CREA la LEY PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS EN ELESTADO DE SAN LUIS POTOSI, para quedar como sigue:LEY PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOSEN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSICapítulo PrimeroDisposiciones GeneralesARTICULO 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objetoestablecer las bases, supuestos y reglas a que debe sujetarse el procedimiento especialpara la regularización de la pequeña propiedad de predios rústicos, ubicados en el estadode San Luis Potosí.ARTICULO 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran predios rústicos aquellos que con talcarácter estén inscritos en el padrón catastral y estén destinados a la explotación decarácter agropecuario, de igual manera, aquellos que no reúnan las características omodalidades de un predio urbano en los términos de la ley de la materia.ARTICULO 3. Son susceptibles de regularización, los predios rústicos cuyo valor de avalúocatastral no exceda de treinta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente de lazona elevado al año.ARTICULO 4. No podrán acceder a los beneficios de la presente ley:I. Los propietarios o poseedores de predios rústicos que tengan más de dos predios, salvoaquellos casos en que la Secretaría General de Gobierno del Estado así lo autorice, porexistir división o separación decretada por autoridad competente, de la que resulten tres omás predios; y,
  • 48. II. Los propietarios o poseedores de predios que, sin contar con sistemas de infraestructuraurbana, sean producto del fraccionamiento de un predio rústico, donde notoriamente setracen vialidades o servidumbres de paso, formando en conjunto una lotificación irregular.ARTICULO 5. Son autoridades en la aplicación de la presente ley:I.- El Poder Ejecutivo del Estado;II.- El Poder Judicial del Estado; yIII.- Los ayuntamientos o concejos municipales, en su caso, de la entidad.Capítulo SegundoDel Procedimiento de RegularizaciónARTICULO 6. Para la regularización de predios rústicos de propiedad particular, ubicados enel estado de San Luis Potosí, se establece un procedimiento especial para justificar laposesión como medio para acreditar el dominio, que se sujetará a las bases, supuestos yreglas del presente capítulo.ARTICULO 7. El que haya poseído un predio rústico, con las condiciones y requisitos exigidospor los artículos 1096, 1097, 1098, 1099, y 1100 del Código Civil para el Estado de San LuisPotosí, y no tenga título de propiedad, podrá justificar la posesión como medio paraacreditar el dominio, en los términos de la presente ley; siempre y cuando el predio rústicono exceda de veinte hectáreas de riego o su equivalente en otras calidades, conforme a loseñalado por la Ley de la materia.ARTÍCULO 8. Quien posea un predio rústico, por el tiempo y con las condiciones paraprescribirlo y no tenga título de propiedad, aún cuando exista el registro a favor de otrapersona, podrá demostrar su posesión, en los términos de la presente Ley, para adquirir lapropiedad por vía de prescripción.Si posee dos o más predios sin título, sólo podrá tramitar la titulación de uno de ellos.ARTICULO 9. Quienes se encuentren en el supuesto señalado en el artículo anterior,exclusivamente por conducto de programas que establezca el Gobernador del Estado, através de la Secretaría de Gobierno, podrán acudir ante el juez de primera instancia civil,juez mixto de primera instancia o juez menor, según corresponda, para demostrar quecumplen con las condiciones exigidas para la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles.ARTICULO 10. A su escrito inicial el promovente, además de señalar la ubicación, superficietotal, medidas y colindancias del predio rustico, nombres y domicilio de sus colindantes,acompañará los siguientes documentos:
  • 49. I. Certificado del Registro Público de la Propiedad que acredite la no inscripción del bienque pretende prescribir o de haber inscripción a favor de persona alguna, en los últimosveinte años;II. Certificado, en su caso, de inscripción del bien inmueble en el padrón catastral, paraefectos del impuesto predial; yIII. Plano topográfico del bien inmueble sujeto a regularización, por perito legalmenteautorizado por la Secretaria de Finanzas o por la autoridad fiscal municipal, en su caso.El promovente podrá acompañar, en su caso, los demás documentos públicos o privadosque estime procedentes, tanto en relación al bien inmueble como a la posesión del mismo.ARTICULO 11. En el escrito inicial, a que se refiere el artículo anterior, el promovente señalaráel nombre y domicilio, de por lo menos dos personas avecindadas en el lugar en donde seencuentre el bien inmueble, objeto de regularización, para que rindan testimonio sobre laposesión que se pretende acreditar.ARTICULO 12. Si del certificado del Registro Público de la Propiedad se desprende inscripcióndel bien inmueble en favor de persona alguna, el juez ordenará realizar la notificación y, ensu caso, correr traslado del escrito inicial en el domicilio del titular; así como a loscolindantes, concediéndose un término de cinco días hábiles para que manifiesten lo que asu interés convenga.Tratándose de notificación personal y se ignore el domicilio de la persona que haya de sernotificada, será necesaria la publicación de un edicto, para que ésta surta sus efectos.ARTiCULO 13. Admitido el escrito inicial y, en su caso, la manifestación de los colindantesconforme al artículo anterior, el juez acordará el desahogo de la testimonial ofrecida, lacual deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificacióndel acuerdo.ARTICULO 14. El juez estudiará el escrito inicial, analizará la documentación que seacompañó a la misma y valorará la testimonial, procediendo a dictar resolución en untérmino no mayor de quince días hábiles.El juez procurará que el procedimiento especial sea lo más expedito posible, sin embargo,deberá asegurarse, por los medios a su alcance, sobre el valor de las afirmaciones delpromovente y de las pruebas rendidas.ARTICULO 15. La resolución que dicte el juez que conozca del procedimiento especial,tendrá el carácter de resolución declarativa que justifica la posesión como medio para
  • 50. acreditar el dominio del predio rustico, motivo de la regularización, y de inmediatoordenará su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.ARTICULO 16. Si durante el curso del procedimiento, hasta antes de que se dicte laresolución de fondo, el titular que apareciere en el certificado del Registro Público de laPropiedad o un tercero manifiestan oposición fundada a juicio del juez, el procedimientoespecial se tendrá por concluido sin ulterior recurso, dejando a salvo los derechos delsolicitante inicial, para hacerlos valer en la vía que proceda de conformidad con el Códigode Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.ARTICULO 17. Con base en el programa respectivo, a efecto de hacer del conocimiento dela ciudadanía el trámite iniciado y de que los interesados puedan hacer valer lo que a suderecho convenga, la Secretaría de Gobierno del Estado, deberá mandar publicar, poruna sola ocasión, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado y en losestrados de las presidencias municipales que correspondan, lo siguiente:I. Los datos del promovente;II. Los datos del inmueble con su localización; yIII. El nombre de la persona a favor de quien esté registrado el inmueble, en su caso.ARTICULO 18. A falta de disposición expresa en la presente ley, se aplicarán de manerasupletoria, en lo procedente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para elEstado de San Luis Potosí, respectivamente.ARTICULO 19. Los encargados del Registro Público de la Propiedad procederán al registrode las resoluciones que les envíe el juez para ese efecto.ARTICULO 20. El Poder Judicial informará, para los efectos conducentes, al Poder Ejecutivodel Estado y a los ayuntamientos sobre los procedimientos especiales de regularización depredios rústicos, de que conozcan los jueces.Capítulo TerceroDisposiciones ComplementariasARTICULO 21. El Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, a través de laSecretaria de Gobierno, implementará las medidas necesarias para que el Registro Públicode la Propiedad extienda los certificados y proceda a la inscripción de los predios rústicosregularizados, con oportunidad.ARTICULO 22. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el ejercicio de sus facultades,proveerá lo necesario para expeditar el desahogo de los procedimientos a que se refiereesta ley.ARTICULO 23. Los ayuntamientos y, en su caso, los concejos municipales de la entidad, en elámbito de su competencia, acordarán las medidas conducentes para cumplir con el
  • 51. objeto de esta ley y para la eficiente expedición de la documentación que proceda, apetición de los interesados.ARTICULO 24. El Poder Ejecutivo del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y losayuntamientos, podrán suscribir convenios para establecer mecanismos de coordinación ycolaboración, para el mejor cumplimiento de las facultades que les competen, en lostérminos de esta ley.ARTICULO 25. El procedimiento de regularización de predios rústicos, la inscripción en elcatastro, el registro de la resolución que dicte el juez y la expedición de certificadosprovenientes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la publicacióndel edicto, no causarán impuesto o derecho alguno de carácter estatal o municipal; paralo cual el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones,dictarán las medidas conducentes para tal efecto.ARTICULO 26. Queda prohibido el uso de los programas que la presente Ley señala, confines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usoindebido de ellos, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley de lamateria.ARTICULO 27. En materia de procedimiento y respecto de notificaciones, caducidad,términos y valoración de pruebas, se aplicará supletoriamente el Código de ProcedimientosCiviles del Estado de San Luis Potosí.TRANSITORIOSARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de supublicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.ARTICULO SEGUNDO.- Los poseedores de predios rústicos podrán optar por el procedimientoespecial de regularización previsto en esta ley o por los procedimientos vigentes aplicables.Reitero a Ustedes, Diputados Secretarios, las seguridades de mi distinguida consideración.En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de abril de 2013AtentamenteDiputado Juan José Jover NavarroRepresentante de la Fracción Parlamentariadel Partido del Trabajo
  • 52. PODER LEGISLATIVO LOCAL SEXAGÉSIMALEGISLATURA DIPUTADOS SECRETARIOS,PRESENTESDiputados, Crisógono Sánchez Lara y Jaén Castilla Jonguitud, con sustento en los artículos, 57 fracciónXLVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 131 fracción II, de la LeyOrgánica del Poder Legislativo, promovemos Iniciativa que propone abrogar la Ley de Prevención Escolar delEstado y Municipios de San Luis Potosí; para que en su lugar se establezca una nueva Ley de Prevención ySeguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí.EXPOSICION DE MOTIVOSEl 13 de Septiembre de 2012, a propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza integrantede LIX Legislatura del Congreso del Estado, y con el fin de generar una cultura de autocuidado,corresponsabilidad y participación social para la prevención escolar, se publicó la Ley de Prevención Escolardel Estado y Municipios de San Luis Potosí; contribuyendo en ese momento con la realidad que vivían losestudiantes que habitan en la entidad.Sin embargo el derecho no es estático, cambia y se mejora, se tiene que adelantar a los acontecimientos obien, preverlos. Es por ello, que desde la visión del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, es unaobligación proponer una nueva legislación, la cual se denominará Ley de Prevención y Seguridad Escolar delEstado y Municipios de San Luis Potosí.Estableciendo conceptos como cultura de paz, derechos humanos, tolerancia, justicia, los cuales han tenidoen los últimos veinte años un importante desarrollo teórico y práctico, tanto en centros docentes de distintosniveles de aprendizaje, por medios formales y no formales, como en instituciones multilaterales y organismosinternacionales. Existen numerosos materiales didácticos y estudios teóricos y algunos países hanincorporado la Educación para la Paz en los programas educativos. Asimismo, tuvieron lugar importantesreuniones mundiales cuyos resultados han servido para señalar las principales tendencias y sugerir planes deacción: Montreal y Viena 1993; La Haya (su excelente llamamiento se concentra en buena medida en laeducación para la paz) 1997; la Declaración y el Programa de Acción para una Cultura de Paz,unánimemente aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 de septiembre de 1999.El aumento de los conflictos interétnicos e interculturales, el racismo y la xenofobia; la ampliación de labrecha que existe entre ricos y pobres; la exclusión y marginalidad de más del 60% de la humanidad; ladestrucción del medio ambiente; la progresiva violación de los derechos humanos; el genocidio silencioso delhambre; el nihilismo1de una parte considerable de la juventud de las sociedades más acomodadas, ladrogadicción, el alcoholismo, la anorexia y otras formas de evasión autodestructiva, plantean a las nuevasgeneraciones el desafío de equipararse con valores y destrezas que les permitan actuar con una nueva visióna favor de la vida, de su propia vida y de la dignidad de todos los seres humanos2.1nihilismo.(Del lat. nihil, nada, e -ismo).1.m. Negación de todo principio religioso, político y social.2. m. Fil. Negación de toda creencia. (Diccionario de la Lengua Española; Real Academia Española)2 Educación para la paz, Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO Educación XX1, núm 6, 2003, p.p. 17-24; Universidad Nacional de Educación a Distancia,España.Es por ello que la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza propone dar un giro total en cuanto a laprevención y seguridad escolar, estableciendo conceptos más humanos, ello para que las nuevasgeneraciones tengan claro y se habitúen a conceptos como democracia, justicia, derechos humanos,
  • 53. tolerancia, respeto a la diversidad cultural, la preservación del ambiente, la prevención y resolución de losconflictos, la reconciliación, la no violencia y pero sobre todo, dando realce a la cultura de paz.De igual forma, la presente legislación contribuye al cumplimiento de instrumentos internacionales ratificadospor nuestro país, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone en el artículo 19 que losEstados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadaspara proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malostratos o explotación, incluido abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, deun representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.Otro aporte de la presente iniciativa es, que busca evitar los problemas que giran en torno al Acoso Escolarfigura que en los últimos años ha ido en aumento en nuestro País, así como en gran parte del mundo, de talmodo que se crea un título especial regulando la materia en mención, además de establecer el título deSanciones para el Personal Escolar donde se agrega una serie de disposiciones que buscan se cumpla conlas presente Ley, de modo que no sea tolerado el acoso escolar, a su vez se tomen las medidas necesariasen materia de prevención y seguridad; y, no sea ocultada ninguna información sobre los casos de acoso quese susciten dándose aviso inmediato a los padres o tutores de los autores, de los cómplices y de las víctimas.De la misma manera la presente iniciativa de Ley busca que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcanen un ambiente armonioso, sano y seguro, para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de lacomunidad; a su vez, también se busca que las madres y padres de familia, de común acuerdo con lasautoridades escolares, municipales y estatales, participen activamente en acciones que coadyuven a unambiente social sano y seguro, en donde nuestros estudiantes se desenvuelvan seguros de no sermolestados en sus personas y pertenencias.En resumidas cuentas, la finalidad de la presente propuesta, no es otra más que los escolares dejen de tenertemor por su integridad física o mental, promoviendo la práctica de valores, respeto mutuo, la solidaridadentre la comunidad escolar y se logre con ello alcanzar una educación de calidad.PROYECTO DE DECRETOUNICO. Se abrogara Ley de Prevención Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y en su lugar seexpide la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedarcomo sigue:LEY DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTADOY MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍTITULO PRIMERODISPOSICIONES GENERALESCapítulo UnicoArtículo 1º.- La presente Ley es de orden público, interés social, y observancia general en el Estado yMunicipios de San Luis Potosí. Su objeto es generar un ambiente de seguridad y orden en la comunidadescolar y su entorno como base para el desarrollo de las actividades educativas y de los estudiantes, a travésde la cultura de la paz, la prevención y del desarrollo de programas y acciones específicos en la materia.Los programas y actividades relacionados con la prevención y seguridad escolar son de carácter obligatorio.Corresponde la aplicación de esta Ley a las autoridades estatales y municipales, así mismo en lo quecorresponda esta Ley aplica a organizaciones de los sectores público, privado y social, instituciones
  • 54. educativas, consejos escolares de participación social en la educación, comités de prevención y seguridadescolar, asociaciones de padres de familia y de estudiantes y, en general, para los habitantes de la Entidad.Artículo 2º.- La presente ley tiene por objeto:I. Establecer las normas que regirán las acciones y programas en materia de prevención y seguridadescolar;II. Determinar las bases de coordinación entre las diversas autoridades que guardan relación con lasmaterias de la prevención, seguridad y protección civil del ámbito escolar;III. Fomentar la creación de vínculos permanentes entre los diversos actores que interactúan en elámbito de la comunidad escolar y la sociedad;IV. Establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia,violencia de género, discriminación, trata, hostigamiento, intimidación, acoso, acoso escolar,abuso y en general, cualquier acto que atente contra los derechos humanos y vulnere la dignidadde los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas, de modo que se genere unambiente de tranquilidad en la comunidad escolar y su entorno; yV. Consignar las bases para el funcionamiento de los Comités de Prevención y Seguridad Escolarencargados de diseñar y aplicar las políticas derivadas de los programas en materia de prevencióny seguridad escolar.Artículo 3º.- Son principios rectores del presente ordenamiento, y constituyen el marco conforme al cual lasautoridades deben plantear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto de acciones paragarantizar un ambiente seguro, libre de violencia y de acoso escolar en las instituciones educativas y suentorno:I. La cultura de la paz;II. La cohesión comunitaria;III. La coordinación interinstitucional;IV. El enfoque de derechos humanos, especialmente aquellos que protegen a las mujeres, pueblosindígenas, personas con discapacidad, migrantes y demás grupos en situación de vulnerabilidad;V. El interés superior de la infancia;VI. La interdependencia e integralidad;VII. La no discriminación;VIII. La perspectiva de género;IX. La prevención de la violencia;X. La Interculturalidad y reconocimiento de la diversidad;XI. La resolución pacífica de conflictos;XII. El respeto de la dignidad humana y solidaridad;XIII. La transversalidad de las políticas públicas;XIV. El principio pro-persona;XV. La tolerancia;XVI. La democracia y el dialogo, y el respeto a la libertad de expresión, opinión e información.Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:I. Acoso Escolar.- Conductas de diversa naturaleza como burlas, amenazas, intimidaciones, agresionesfísicas y psicológicas, aislamiento sistemático e insultos, que tienden a originar problemas que serepiten y prolongan durante cierto tiempo dentro o fuera del establecimiento educativo, incluyendo losmedios tecnológicos. En donde existe un abuso de poder, al estar provocada por un agresor, apoyadogeneralmente por un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa; quien no puede salir porsi misma de la situación, la cual provoca maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a
  • 55. un mal de carácter grave; la cual se repite debido a la ignorancia o pasividad de las personas querodean a los agresores y a las víctimas omitiendo intervenir directamente;II. Comité de Prevención y Seguridad Escolar.- Conjunto de personas cuyo objetivo es promover laconstrucción de una cultura de la paz y de la prevención encaminada a disminuir los factores quepongan en riesgo la integridad física, emocional y la seguridad de los miembros de la comunidadescolar, así como fortalecer los factores de protección que permitan la anticipación, la atención y lasuperación de situaciones que puedan atentar contra el desarrollo integral y armónico de losestudiantes y que vayan en detrimento de sus capacidades y de su aprendizaje;III. Comunidad Escolar.- El conjunto de personas que comparten espacios educativos, dentro de loscuales se consideran a alumnos, docentes, personal de apoyo y administrativo, personal de serviciosgenerales, padres de familia, y autoridades educativas;IV. Cultura de la Paz.- El conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, modos de vida yacción que inspirándose en ella, reflejan el respeto de la vida, de la persona humana, de su dignidad ysus derechos, el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad,justicia, democracia, solidaridad, tolerancia y entendimiento tanto entre los pueblos, como entre losgrupos y las personas; por medio del diálogo, la cooperación, el compromiso con el arreglo pacífico delos conflictos, el respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombresy del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información.V. Discriminación entre la comunidad educativa.- Todo trato diferenciado, distinción, exclusión orestricción desfavorable e inmerecido que basado en el origen étnico o nacional, sexo, edad,discapacidad, condición social o económica, de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tenga por efecto impedir o anular elreconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real y oportunidades de las personas queintegran la comunidad escolar; considerando que la discriminación puede presentarse en la dimensiónpersonal cuando se origina entre dos o más personas, es institucional cuando se refiere alfuncionamiento de los órganos y estructuras del Estado o instituciones privadas, y se consideraestructural, cuando el acto discriminatorio se presenta de forma sistemática en las estructurassociales;VI. La Coordinación Interinstitucional.- Los mecanismos de coordinación, cooperación, apoyo mutuo eintercambio de acciones entre las diversas instancias de gobierno, conforme sus propios ámbitos deactuación y autoridad; que permitan la sincronización y unificación de acciones por medio deesquemas basados en el pragmatismo, el compromiso y la confianza, con la finalidad de generar unproceso de elaboración conjunta de políticas entre los diferentes niveles de gobierno. En el caso delos ayuntamientos de los municipios con presencia indígena, sus autoridades deberán actuar comoinstancias de intermediación entre las autoridades educativas con las comunidades y pueblosindígenas de la región. Respetando el derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas,tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la informaciónpública. En dichos espacios se procurará el diálogo y la intermediación que permitan tanto el respetoa los valores, creencias, costumbres, prácticas culturales y religiosas de los pueblos indígenas, cómoel respeto a los derechos humanos de sus integrantes, generando las condiciones para que lascomunidades indígenas participen en el diseño, desarrollo y aplicación de los programas y lasacciones que permitan modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, conmiras a alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índoleque atente contra los derechos humanos de las personas especialmente, niñas, niños, mujeres,personas con discapacidad, migrantes y demás grupos en situación de vulnerabilidad.VII. Personal Escolar.- El personal docente, personal de apoyo y administrativo, personal de serviciosgenerales y autoridades educativas dentro de un plantel;VIII. Personal de Apoyo.- Es el recurso humano que coadyuva, en forma directa, con la ejecución de lasfunciones sustantivas de la academia. Se trata del personal fijo que asiste al profesor en las diferentesactividades requeridas en los laboratorios, en las prácticas de campo, en las investigaciones, enacción social, entre otros;
  • 56. IX. Personal de Servicios Generales.- Incluye servicios de conserjería, mantenimiento, seguridad, etc., esdecir aquellos que no realizan funciones que tienen que ver directamente con la administración;X. Plan de Intervención.- Es el programa de apoyo a las víctimas;XI. Plantel escolar, escuela o centro escolar.- el establecimiento público o privado, donde se brindaeducación básica, media superior y superior;XII. Secretaría.- la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí;XIII. Prevención Escolar.- las estrategias y modalidades de acción necesarias para aminorar y/o eliminarlas causas y condiciones relacionados con conductas antisociales, así como de circunstanciaspropicias que impliquen un riesgo a la comunidad escolar, al interior y en el entorno del planteleducativo; coordinadas por las autoridades competentes, y;XIV. Seguridad Escolar.- la condición referida al resguardo de la integridad física, afectiva y social de losintegrantes de la Comunidad escolar, al interior y en el entorno que rodea la escuela, derivada delconjunto de acciones preventivas y de atención, coordinadas por la autoridad competente en lamateria.XV. Tolerancia.- el respeto y la aceptación de las ideas, creencias o prácticas de los demás, así como laaceptación de la diversidad de culturas, que en ninguna caso podrá justificar ni la violación de losderechos humanos ni vulnerar la dignidad de las personas.XVI. Violencia de género.-La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impidegravemente que gocen de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres, constituyecualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,patrimonial, económico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado,pudiendo presentarse en el familiar, laboral, docente, o social.Artículo 5º.- Los programas y acciones de enlace escolar, de prevención y de seguridad, tenderánprincipalmente a:I. Fomentar la cultura de la paz y la de respeto a los derechos humanos, la tolerancia, legalidad, de laprevención y la denuncia;II. Favorecer la cohesión entre compañeros y erradicar las situaciones de exclusión, s través deldesarrollo de habilidades para la cooperación;III. Enseñar a condenar y rechazar toda forma de violencia, como una grave amenaza a los derechoshumanos;IV. Desarrollar alternativas a la violencia, mediante la generación de espacios y procedimientosalternativos en el sistema escolar que permitan la expresión de las discrepancias y la resolución deconflictos sin recurrir a la violencia;V. Fortalecer los valores, como parte de la formación educativa entre los alumnos, maestros y padres defamilia, para hacer de los planteles educativos lugares tranquilos, de sano desarrollo y convivencia;VI. Detectar, diagnosticar, y atender las conductas, hechos y circunstancias específicas que en cadaplantel educativo constituyen pocos de atención que deban ser resueltos de forma inmediata paraprevenir la generación de riesgos en la comunidad escolar; yVII. Considerar tres niveles de prevención dirigidos a la población en general; niñas, niños y jóvenes enriesgo elevado de violencia y a quienes ya han participado de actividades consideradas comoviolentas.Artículo 6º.- Además de las leyes federales y convenciones internacionales ratificadas por México,relacionadas con los derechos humanos de los jóvenes, adolescentes y niños, en lo no previsto por esta ley,serán de aplicación supletoria:I. La Ley Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí;II. La Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí;III. La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de San Luis Potosí;
  • 57. IV. La Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí;V. La Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí;VI. La Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí;VII. El Código Penal del Estado de San Luis Potosí;VIII. El Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí;IX. El Código Civil del Estado de San Luis Potosí;X. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí;XI. La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de San Luis Potosí;XII. La Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado y Municipios de San LuisPotosí;XIII. La Ley para prevenir y erradicar la discriminación para el Estado de San Luis Potosí;XIV. La Ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas en el Estado de San Luis Potosí;XV. La Ley reglamentaria del artículo 9º de la Constitución Política del Estado, sobre los derechos y lacultura indígena;XVI. Ley de prevención y atención a la violencia familiar;XVII. La Convención sobre los Derechos del Niño;XVIII. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;XIX. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;XX. El Convenio Internacional del Trabajo Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en PaísesIndependientes;XXI. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; yXXII. Las demás disposiciones vigentes y aplicables en la materia.TITULO SEGUNDODE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESCOLARCapítulo UnicoArtículo 7º.- El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, de acuerdo a su ámbito de competencia,adoptarán las medidas y acciones en materia de prevención escolar con la participación de los sectorespúblico, privado y social, en los términos de esta ley, su reglamento y demás instrumentos normativosrelacionados con ella.Artículo 8º.- Son autoridades en materia de prevención escolar:I. El Gobernador del Estado;II. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado;III. El Secretaría de Cultura;IV. La Secretaría de Salud en el Estado;V. El Secretario de Seguridad Pública en el Estado;VI. El Procurador General de Justicia del Estado;VII. El Director General de Protección Civil;VIII. Los ayuntamientos del Estado;IX. Las unidades municipales de protección civil; yX. Los Comités de Prevención y Seguridad Escolar.Artículo 9º.- Al Gobernador del Estado le corresponde, en materia de prevención y seguridad escolar, elejercicio de las siguientes atribuciones:I. Dictar y conducir la política y establecer los criterios en materia de prevención y seguridad escolar enel estado y las disposiciones inherentes a su instrumentación;II. Celebrar convenios de coordinación y ejecución a fin de cumplir los objetivos de la presente ley;
  • 58. III. Orientar las políticas de prevención escolar de manera transversal, a fin de que dentro de los propiosprogramas de las instituciones estatales se consoliden acciones y apliquen recursos en formaespecífica, para la reducción de factores de riesgo, yIV. Las demás atribuciones que conforme a ésta y las demás disposiciones legales aplicables lecorrespondan.Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado:I. Celebrar a través de su Titular acuerdos con los ayuntamientos de la Entidad a fin de cumplir elobjetivo de la presente Ley;II. Proponer al Gobernador del Estado la política pública en materia de prevención y seguridad escolar afin de cumplir el objetivo de la presente ley;III. Proponer que en la toma de decisiones, en materia de esta ley, las autoridades o instanciasrespectivas consideren las necesidades específicas para cada una de las regiones del Estado;IV. Proponer que en la toma de decisiones, en materia de esta ley, las autoridades o instanciasrespectivas consideren las necesidades específicas para cada una de las regiones del Estado.V. Instalar y poner en funcionamiento los comités de prevención y seguridad escolar;VI. Llevar el registro de los comités de prevención y seguridad escolar en la Entidad;VII. Aplicar y desarrollar programas y, realizar las acciones que le competen en materia de prevención yseguridad escolar, con perspectiva de género e interculturalidad, coordinándose, en su caso, con lasdemás dependencias de la administración estatal, según sus respectivas esferas de competencia, ocon los municipios de la Entidad y con la sociedad en general;VIII. Motivar y facilitar la organización de los miembros de la Comunidad escolar en los diversos niveleseducativos para el cumplimiento del objeto de esta ley, estimulando su participación en elfortalecimiento de valores e intervención en las causas que generan la inseguridad;IX. Establecer las medidas que garanticen la seguridad en los centros educativos, de modo que, exista unambiente libre de violencia y acoso escolar;X. Entregar al Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar al inicio del ciclo escolar un informeestatal de los patrones de violencia estructural, acoso escolar y recomendaciones emitidas por losComités de Prevención y Seguridad Escolar. Dicho informe contendrá los datos concentrados de losinformes generales anuales de patrones de violencia estructural y acoso escolar emitidos por losComités de Prevención y Seguridad Escolar, segregados por sexo, edad, pertenencia étnica o c acualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, conducta, municipio, comunidad y lugar en el quese presentó el hecho. El cual además contendrá las acciones más destacadas propuestas por losComités a fin de prevenir y erradicar dichas conductas.XI. Contar con el diagnóstico de la situación que prevalezca al interior y exterior de los centros escolares,a fin de aplicar programas de prevención y seguridad para el mejor cumplimiento del objeto de estaley, así como apoyar y asesorar a los comités de prevención y seguridad escolar y, en su caso, a loscomités escolares, y;XII. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Educación:I. Promover la cultura de paz, el diálogo y la cooperación;II. Definir los objetivos y programas en el ámbito cultural y recreativo;III. Impulsar la protección y conservación del patrimonio cultural del Estado;IV. Difundir información de objetos, monumentos, lugares históricos y artísticos, zonas arqueológicasy sitios de interés por su belleza natural en el Estado;V. Fomentar las relaciones de orden cultural;
  • 59. VI. Estimular el apoyo a nuestra cultural en el fortalecimiento de las fiestas tradicionales, nuestraartesanía, gastronomía, expresiones musicales y danzas tradicionales de cada región ycomunidad;VII. Difundir y promover las culturas étnicas del Estado, en un marco de absoluto respeto;Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación:I. Promover hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar problemas de salud,e intervenir en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de prevención de enfermedadesy accidentes, así como acciones de respeto a la dignidad de la persona;II. Fomentar el desarrollo de actitudes y conductas que permitan participar en la prevención deenfermedades individuales, colectivas y accidentes, y la autoprotección de los riesgos que pongan enpeligro la salud;III. Proporcionar conocimientos sobre las causas de las enfermedades, y de los daños provocados porlos efectos nocivos del ambiente en la salud;IV. Orientar y capacitar preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, planificaciónfamiliar y salud reproductiva, riesgo de automedicación, prevención de la farmacodependencia, usoadecuado de los servicios de salud, prevención, cuidados paliativos y rehabilitación, y detecciónoportuna de enfermedades;V. Procurar, en materia de prevención de la farmacodependencia, la coordinación de acciones con lassecretarías de Educación y de Seguridad Pública, y;VI. Ejercer las demás atribuciones que ésta Ley y demás disposiciones legales aplicables le competan,de manera coordinada con las dependencias idóneas de los órdenes de gobierno estatal y municipal.Artículo 13.- Corresponde al Secretario de Seguridad Pública:I. Aplicar y desarrollar programas, y realizar las acciones que le competen en materia de prevención yseguridad escolar;II. Celebrar acuerdos en materia de prevención y seguridad escolar en coordinación con lasdependencias del Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de competencia, y con losmunicipios de la Entidad y con la sociedad;III. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, cuando así lo soliciten losComités de Prevención y Seguridad Escolar;IV. Las demás atribuciones que sean necesarias a fin de cumplir el objeto de la presente ley, expresadoen el artículo 2º de la misma.Artículo 14.- Corresponde al Procurador General de Justicia del Estado:I. Aplicar la presente ley con base a sus atribuciones;II. Coordinarse y auxiliarse de las autoridades y entidades auxiliares previstas en la presente Ley, para elcumplimiento del objeto de la misma, en coordinación con los Comités de Prevención y SeguridadEscolar en la difusión de acciones tendientes a la prevención del delito en la comunidad escolar;III. Ejercer las demás atribuciones que conforme a ésta ley y demás disposiciones legales aplicables lecompetan.Artículo 15.- Corresponde a la Dirección General de Protección Civil del Estado:I. Promover la cultura de protección civil, organizar y desarrollar acciones, observando los aspectosnormativos de operación, coordinación y participación con las autoridades señaladas en esta Ley yprocurando la extensión de la educación y capacitación entre las comunidades escolares;
  • 60. II. Promover la inserción de los temas de la protección civil en las plantillas curriculares de educaciónbásica, media, técnica y superior de las Instituciones Educativas del Estado;III. Fomentar la participación de las autoridades enunciadas en esta Ley, en acciones encaminadas aincrementar la cultura, educación y capacitación de las comunidades educativas en materia deprotección civil;IV. Establecer los planes y programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de lanormalidad, frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de agentes perturbadores;V. Promover el desarrollo de planes y programas para la formación de especialistas en la materia y lainvestigación de las causas y efectos de los desastres, en los planteles de educación superior y en losorganismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, yVI. Las demás que la presente ley, así como otras disposiciones le asignen, en coordinación con lasdependencias estatales y municipales correspondientes.Artículo 16.- Corresponde a los ayuntamientos del Estado:I. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad escolar, con los cuerpospreventivos y los centros educativos;II. Aplicar los programas de prevención social del delito en coordinación con los centros escolares quedependan del municipio;III. Propiciar la organización de eventos en los que se destaque y estimule la participación de losmiembros de la comunidad a favor de la prevención y seguridad escolar;IV. Coordinarse permanentemente con la Secretaría, para aplicar en la Comunidad escolar los programasexistentes relativos a la disminución de factores de riesgo;V. Promover y fomentar la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversiasrelacionadas en el ámbito escolar;VI. Proveer, conforme a la disponibilidad presupuestal aprobada en la mejora de espacios públicos, deinfraestructura vial y de señalización en las calles aledañas a los espacios educativos para resguardarla integridad de los miembros de la comunidad escolar;VII. Auxiliar a petición de los comités de prevención y seguridad en las revisiones a que se refiere elartículo 34 de esta ley;VIII. Instruir a la Unidad Municipal de Protección Civil para que participe en las acciones que seimplementen para la prevención escolar en los planteles educativos;IX. Establecer los mecanismos de coordinación con las comunidades y pueblos indígenas de la región.Respetando el derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias yaspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública;X. Impulsar tanto el respeto a los valores, creencias, costumbres, prácticas culturales y religiosas de lospueblos indígenas, cómo el respeto a los derechos humanos de sus integrantes;XI. Impulsar la participación de las comunidades en el diseño, desarrollo y aplicación de los programas ylas acciones que permitan modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otraíndole que atenten contra los derechos humanos de las personas especialmente, niñas, niños,mujeres, personas con discapacidad, migrantes y demás grupos en situación de vulnerabilidad; yXII. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.Artículo 17.- Corresponde a las unidades municipales de protección civil:I. Promover la cultura de protección civil, organizar y desarrollar acciones, observando los aspectosnormativos de operación, coordinación y participación con las autoridades señaladas en esta Ley yprocurando la extensión de la educación y capacitación entre las comunidades escolares, y;II. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan, encoordinación con las autoridades estatales y las dependencias municipales correspondientes.
  • 61. TITULO TERCERODE LOS AUXILIARES EN MATERIA DE PREVENCION Y SEGURIDADESCOLARCapítulo UnicoArtículo 18.- Son auxiliares en materia de prevención escolar en los planteles educativos y su entorno:I. El Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar;II. Los Comités de Prevención y Seguridad Escolar; yIII. Los demás integrantes de los sectores público, privado y social que de forma voluntaria decidanauxiliar en materia de prevención y seguridad escolar.Artículo 19.- El Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar estará integrado por:I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá o la persona que él designe para representarlo;II. El Secretario de Educación, quien fungirá como Secretario Técnico;III. El Secretario de Seguridad Pública;IV. El Secretario de Salud;V. El Secretario de Cultura;VI. El Procurador General de Justicia del Estado;VII. El Director General de Protección Civil;VIII. Un representante de los padres de familia;IX. Al menos un presidente municipal de uno de los municipios con mayor presencia indígena; yX. Representantes Magisteriales de las secciones sindicales en el Estado.Artículo 20.- El Presidente del Consejo Estatal podrá invitar a los servidores públicos, representantes de losComités de Prevención y Seguridad Escolar, especialistas en la materia y miembros de la sociedad civil quede conformidad con los temas a tratar resulte necesario.El Consejo tendrá anualmente cuando menos dos sesiones ordinarias, la primera deberá celebrarse al iniciodel período escolar, con el objeto de aplicar un diagnóstico de la situación que prevalezca al interior y exteriorde los centros escolares y generar el Programa de Prevención y Seguridad Integral Escolar; y la segunda, alconcluir el ciclo escolar del año a fin de evaluar los resultados del programa aplicado en el ciclo que concluyó.Asimismo podrá celebrar sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario previa convocatoria delSecretario Técnico.Artículo 21.- El Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar tendrá las siguientes funciones:I. Coadyuvar con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en la elaboración de la propuestade políticas públicas en materia de prevención y seguridad escolar; con base en el informe estatal delos patrones de violencia estructural, acoso escolar y recomendaciones emitidas por los Comités dePrevención y Seguridad Escolar;II. Auxiliar a la Secretaría de Educación en la organización del Registro Estatal de Comités dePrevención y Seguridad Escolar;III. Promover la colaboración del personal escolar con los padres de familia en actividades tendientes apropiciar la sana y tranquila convivencia, a través de la prevención escolar en los planteles;
  • 62. IV. Proponer estímulos y otorgar reconocimientos a alumnos, maestros, directivos y empleados de laescuela, que se distingan por su participación social en bien de las labores preventivas de seguridadescolar;V. Promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de loseducandos en las materias de seguridad y prevención Escolar;VI. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civily la emergencia escolar;VII. Alentar el interés familiar y comunitario en la protección de los alumnos, así como del plantel escolar ysu entorno;VIII. Contribuir a reducir los factores sociales y físicos que inciden en riesgos para la comunidad escolar;IX. Realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares;X. Coordinar la integración y funcionamiento de los comités de prevención y seguridad escolar;XI. Respaldar las labores de los comités de prevención y seguridad escolar, y;XII. Realizar un Plan de IntervenciónXIII. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.Artículo 22.- Los comités de prevención y seguridad escolar son instancias de apoyo de las autoridadesencargadas de aplicar la presente Ley, que interactúan con las distintas autoridades previstas en la misma, através de su representante.Artículo 23.- En cada escuela de educación pública dependiente de la Secretaría de Educación, se constituiráun Comité de Prevención y Seguridad Escolar.Las escuelas particulares de educación básica, media superior y superior, que cuenten con autorización yreconocimiento de validez oficial de estudios, otorgados por la Secretaria, respectivamente, se sujetarán a lasdisposiciones que ésta emita en la materia.En el caso de las instituciones de educación pública que dependan de la autoridad educativa federal, o de lasuniversidades autónomas con domicilio en el Estado de San Luis Potosí, el Poder Ejecutivo de la Entidad, porconducto de la Secretaría, podrá celebrar los convenios de colaboración necesarios para la aplicación de lapresente Ley.En el caso de escuelas situadas en los municipios con presencia indígena se realizarán las accionesnecesarias para incluir la participación de la población indígena a fin respetar sus derechos.Artículo 24.- El Comité de Prevención y Seguridad Escolar será coordinado por el Consejo Estatal dePrevención y Seguridad Escolar y la persona titular del plantel educativo o quien a designe, debiendointegrarlo con el número de miembros que requieran las necesidades de cada escuela; dentro de los cualesse contemplará personal docente, padres de familia, y alumnos, dándose preferencia a la participación deestos últimos, como parte de su proceso formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del niveleducativo.El comité será Presidido por la persona titular del plantel educativo o a quien designe, y preferentemente seintegrara con dos miembros del personal docente, un padre o madre de familia representante de cada salóny por lo menos, dos alumnos que se encuentren en el ultimo nivel escolar del plantel.Las decisiones en este comité deberán adoptarse por la mayoría de miembros presentes y sesionará cuandosus integrantes lo determinen.La persona titular del plantel educativo o quien designe, y que pertenezca al Comité de Prevención ySeguridad Escolar, será quien lo represente ante el Consejo Escolar correspondiente.
  • 63. Artículo 25.- Las actividades que lleven a cabo los comités de prevención y seguridad escolar, que involucrenacciones específicas de carácter permanente por parte de las autoridades, deberán formalizarse previamentemediante la suscripción de convenios de colaboración que realice la Secretaría con las autoridadescompetentes.Artículo 26.- Corresponde a los Comités de Prevención y Seguridad Escolar:I. Elaborar diagnóstico de riesgos del plantel, comunidad escolar y sitios aledaños, para lo cual podránhacer encuestas, registros, y otras acciones para tal fin;II. Diseñar y aplicar medidas preventivas que propicien un entorno escolar sano y confiable para laeducación, así como dar seguimiento a todas las acciones en la materia;III. Instrumentar un programa de medidas de seguridad y protección, atendiendo a las característicasespeciales propias de cada centro escolar;IV. Fomentar, en la Comunidad escolar, la cultura de la paz, y de denuncia ciudadana de aquellasacciones delictivas o contrarias a la legalidad;V. Llevar a cabo las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar laviolencia, el hostigamiento, y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones;VI. Elaborar un acta antes de finalizar el ciclo escolar que contenga el resultado de la evaluación alinforme general anual de patrones de violencia estructural y acoso escolar que entregue la Direccióndel Plantel; las recomendaciones realizadas a la Dirección del Plantel para prevenir y erradicar dichasconductas durante el próximo ciclo escolar .VII. Verificar que se haga entrega en la institución educativa de un boletín informativo que difunda lasnormas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la prohibición de todo tipo de violenciafísica y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido porcualquier medio incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidadeducativa;VIII. Denunciar o presentar queja ante las autoridades competentes de cualquier acto de violencia, asícomo de hechos presuntamente delictivos y de que se tenga conocimiento;IX. Canalizar a las diversas instituciones gubernamentales los requerimientos necesarios para laprevención y seguridad escolar que contribuyan a la disminución de factores de riesgo, atención decasos particulares, así como la realización de actividades de carácter formativo e informativo;X. Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre las autoridades escolares y de seguridadpública para el cumplimiento de esta ley;XI. Proponer al directivo del plantel correspondiente, gestione ante quien corresponda los recursos paracubrir las necesidades que en materia de prevención y seguridad escolar requiera el plantel;XII. Canalizar ante las autoridades competentes, denuncias de violencia física, o cualquier tipo de abuso,ya sea emocional, físico o sexual, del que sea víctima algún miembro de la Comunidad escolar;XIII. Proponer y opinar respecto de los criterios y acciones en materia de prevención escolar;XIV. Informar a la autoridad sobre establecimientos comerciales y/o negocios, en general, que a juicio desus miembros constituyan un riesgo para la seguridad escolar, y en caso de detectar irregularidades,hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes;XV. Proponer al Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar que otorgue reconocimientos a losmiembros de la Comunidad escolar y de la sociedad en general, que se distingan por su valor cívico yparticipación social en bien de las labores preventivas de Seguridad Escolar, así como a sus propiosmiembros;XVI. Gestionar ante la autoridad municipal respectiva, en coordinación con la Asociación de Padres deFamilia de cada plantel, la instalación de alumbrado, infraestructura vial y señalización en el perímetrodel centro escolar;XVII. Solicitar a la autoridad competente, con apego a las disposiciones aplicables, el tratamiento másadecuado que deberá darse a tapias, bardas e inmuebles en general que, por su estado y condiciones
  • 64. físicas, representen un peligro, o sean susceptibles de ser usados para actividades ilícitas en riesgode la Comunidad escolar;XVIII. Promover y difundir, entre la comunidad escolar, las actividades y capacitaciones que realiza elComité de Prevención y Seguridad Escolar;XIX. Promover, a través de las autoridades competentes, la información a los miembros de la Comunidadescolar sobre el uso adecuado de los materiales que existan en el centro educativo que puedan poneren peligro la integridad física de los integrantes de la misma comunidad;XX. Fungir como mediadores en casos de controversias relacionadas con el ámbito escolar de sucompetencia, y;XXI. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.Artículo 27.- Corresponde al titular del plantel educativo o a quien designe, en su calidad de representanteante el Comité de Prevención y Seguridad Escolar de su plantel:I. Propiciar el respeto a la dignidad de los alumnos;II. Promover el respeto a la propiedad pública y privada;III. Fomentar la convivencia entre alumnos y personal docente, basada en la confianza y el respetomutuo;IV. Establecer, en coordinación con la autoridad del ramo, programas permanentes de formación einformación, que aborden, entre otros, los temas de:a) Cultura de la paz y la legalidad;b) Promoción de valores;c) Equidad y género;d) Interculturalidad;e) Prevención de adicciones;f) Prevención de violencia social y/o escolar;g) Educación sexual;h) Promoción de medidas de autocuidado;i) Violencia intrafamiliar;j) Educación vial;k) Uso responsable del servicio telefónico de emergencias;l) Primeros auxilios y de protección civil,m) Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de seguridad y prevenciónescolar.V. Vigilar el aspecto sanitario del plantel educativo a su cargo;VI. Promover el consumo de alimentos nutritivos;VII. Promover el respeto al entorno y al cuidado del medio ambiente;VIII. Contar con un botiquín de primeros auxilios;IX. Contar con una línea telefónica de emergencia;X. Colocar en lugar visible los números de emergencia;XI. En coordinación con la autoridad correspondiente, establecer programas relativos a la prevención yseguridad escolar;XII. Promoción de la cultura democrática;XIII. Promoción de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y de pensamiento;XIV. Promoción de la cultura de la no violencia en todas sus formas;XV. Promoción de los principios fundamentales en derechos humanos, y;XVI. Las demás acciones que conforme a esta ley y otras disposiciones aplicables le correspondan.
  • 65. Artículo 28.- La constitución y el funcionamiento de los comités de prevención y seguridad escolar se regiránpor la reglamentación que al efecto se expida y conforme a las siguientes bases:I. La persona titular de la Dirección del plantel en coordinación con el Consejo Estatal de Prevención ySeguridad Escolar, tendrá la responsabilidad organizativa en la integración del Comité de Prevencióny Seguridad Escolar. Compartirá la responsabilidad sobre el funcionamiento y desarrollo de los planesde trabajo del mismo, ante la comunidad y la autoridad competente;II. Los miembros del Comité de Prevención y Seguridad Escolar podrán ser sustituidos, debiendocomunicarlo por escrito el titular del plantel a la Secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes apartir de que ocurra la sustitución;III. La representación del cuerpo de alumnos deberá elegirse de entre aquellos que se distingan por suespíritu de servicio a la comunidad, debiendo corresponder a ambos géneros, en su caso;IV. Por cada miembro de del Comité de Prevención y Seguridad Escolar podrá haber un suplente, quiensustituirá al titular en sus ausencias, sin formalidad adicional alguna; yV. La representación de alumnos deberá estar integrada sólo por aquellos que cuenten con laautorización previa y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad en los términos de la legislaciónaplicable.Artículo 29.- Sin perjuicio de las atribuciones que les establece la presente ley, los Comités de Prevención ySeguridad Escolar promoverán:I. La participación de los vecinos y los miembros de la Comunidad escolar en la consolidación de losprogramas y actividades relativos a la prevención y seguridad escolar;II. El desarrollo de programas y acciones de prevención de la violencia y el acoso escolar, para lo cualse tomará en cuenta el informe general anual de patrones de violencia estructural que entregará lapersona titular de la Dirección del plantel un mes antes de finalizar el ciclo escolar y lasrecomendaciones realizadas por el Comité de Prevención y Seguridad Escolar;III. El apoyo para la elaboración por duplicado del acta de evaluación y recomendaciones hechas por elComité de Prevención y Seguridad Escolar, la entrega un original al Secretario de Educación en sucarácter de Secretario Técnico del Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar y el archivo yresguardo del duplicado;IV. La colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger a los estudiantes del plantel escolar, asícomo el patrimonio y entorno escolares, especialmente, estos últimos, en periodos vacacionales ydías inhábiles;V. La participación de la autoridad municipal en las actividades de prevención y seguridad escolar;VI. La difusión de acciones en materia de protección civil al interior de los planteles, y;VII. Las demás que, siendo compatibles con esta ley y sus reglamentos, sean necesarios u oportunospara el cumplimiento de sus objetivos.TITULO CUARTODE LA SEGURIDAD ESCOLARCapítulo UnicoArtículo 30.- Los miembros de la Comunidad escolar, a través del Comité de Prevención y Seguridad Escolar,cuando detecten cualquier deterioro del inmueble o instalaciones del centro escolar que ponga en riesgo o enpeligro la salud o integridad física de los miembros de la misma comunidad, lo harán del conocimiento deldirectivo del plantel escolar correspondiente.Artículo 31.- Con el fin de detectar, dentro del centro escolar, la posesión de sustancias u objetos prohibidoscatalogados en el reglamento interior del centro educativo, el Comité de Prevención y Seguridad Escolardeberá convenir con el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, para que autorice de manera
  • 66. expresa, las revisiones a las pertenencias de los estudiantes, las cuales se examinarán detalladamente enpresencia de los alumnos sujetos a revisión y padres de familia.De llevarse a cabo esta práctica, deberán tomarse en cuenta las disposiciones enunciadas en el artículo 7ºde esta Ley.Artículo 32.- El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar promoverá la participación de la comunidadescolar para incentivar programas de prevención y de seguridad escolar.TITULO QUINTODEL ACOSO ESCOLARCapítulo UnicoArtículo 33.- La autoridad educativa deberá dar aviso de manera inmediata a las autoridades competentesacerca de cualquier conducta tipificada en el código penal del que sea víctima algún miembro de laComunidad escolar, procediendo conforme al Plan de Intervención que deberá expedir el Consejo Estatal dePrevención y Seguridad Escolar.Artículo 34.- En los procedimientos para aplicar las sanciones o medidas disciplinarias se adoptarán lasmedidas necesarias para que al menos uno de los padres o tutores se encuentre presente. El procedimientodeberá garantizar el derecho del niño o niñas a ser escuchado. La autoridad educativa estimulará:I. El respeto a los derechos humanos, el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de suidioma, y sus valores,II. El desarrollo de la capacidad de empatía,III. Señalará expresamente el rechazo a la violencia como una grave amenaza a los derechos humanos y ala dignidad de la persona, propiciará que el agresor tome consciencia del problema que afecta alindividuo, a la comunidad y al nivel de justicia necesario para garantizar la protección de los derechosdel propio agresor.Artículo 35.- Las sanciones o medidas disciplinarias, que en su caso, la autoridad competente debe aplicarpara los autores y en su caso cómplices de acoso escolar o represalias, que se define en esta Ley serán lassiguientes:I. Amonestación privada.- Advertencia verbal mediante un reporte escrito de manera preventiva que sehace al autor o cómplice sobre las consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frentea una futura reincidencia, la autoridad deberá reunirse de forma separada con la víctima a fin deescucharle, manifestarle expresamente el rechazo institucional a cualquier forma de violencia yevaluar su situación a fin de en su caso realizar las medidas para su recuperación, informándolo porescrito a sus padres;II. Tratamiento.- Obligación del autor o cómplice a dar cumplimiento a la medida correctiva a que hayalugar, privilegiando las medidas que busquen la reparación del daño; la autoridad deberá informar alos padres del agresor las medidas y acciones institucionales para apoyar al agresor a modificar supatrón de conducta. De igual forma y por separado, se informará a los padres de la víctima lasmedidas y acciones institucionales para apoyarlo a salir de la situación de vulnerabilidad y lograr surecuperación física y psicológica.III. Suspensión de clases.- Una vez realizadas las acciones institucionales tendientes a apoyar al agresoren la modificación de su patrón de conducta y siendo este recurrente se procederá al cese temporalde asistencia a clases, acompañada de las tareas que, de acuerdo al programa de estudio vigente,deba realizar durante el tiempo que determine la persona titular de la dirección escolar, y;
  • 67. IV. Transferencia a otra escuela.- Previo a la baja definitiva, la escuela deberá verificar las acciones quese establecieron para prevenir y corregir la conducta del autor o cómplice y, cuando se compruebeque existe reincidencia en la misma, se canalizará al Sistema Educativo para su reubicación.Artículo 36.- Las personas titulares de las Direcciones escolares o su designado serán los responsables deaplicar, previa investigación, la sanción correspondiente; así como de generar las acciones para modificar lospatrones de conducta del agresor, la protección a la víctima y el diseño de un proceso que permita a lavíctima salir de su situación de vulnerabilidad.Establecerán las medidas adecuadas que permitan generar un archivo y analizar los patrones de conductarecurrentes a fin de implementar esquemas para erradicarlos.Artículo 37.- Las personas titulares de las Direcciones escolares tendrán la responsabilidad de elaborar unacta de los hechos en la que se recaben los datos segregados por sexo y edad de los involucrados, el lugarde los hechos, las circunstancias principales y las medidas institucionales dictadas. Dichas actas deberánresguardarse bajo estricta confidencialidad a fin de proteger la identidad de los infantes y jóvenesinvolucrados. En ellas se anotarán periódicamente observaciones sobre los resultados de la intervencióninstitucional en la conducta del agresor y la víctima.Artículo 38.- Las personas titulares de las Direcciones escolares un mes antes de finalizar el ciclo escolarentregarán al Comité de Prevención y Seguridad escolar de su plantel un informe general anual de patronesde violencia estructural y acoso escolar. El cual recogerá la información de los patrones de conducta violentarecurrentes e incidentes graves. Así mismo, contendrá únicamente datos abstractos y generales, quepermitan elaborar un diagnóstico y evaluar las medidas estructurales a implementar hacia el próximo cicloescolar a fin de prevenir y erradicar dichas conductas.TITULO SEXTODE LAS SANCIONES PARA EL PERSONAL ESCOLARCapítulo UnicoArtículo 39.- El personal escolar se hará acreedor a una sanción cuando:I. Tolere o consienta el acoso escolar o represalias;II. No tome las medidas para prevenir e intervenir en los casos de acoso escolar o represalias;III. Tolere o consienta por parte del personal directivo de un centro educativo, que maestros o personalde apoyo realicen conductas de acoso o violencia en contra de los escolares por cualquier medio;IV. Oculte a los padres o tutores de los autores, cómplices o víctimas, los casos de acoso escolar orepresalias;V. Oculte a los padres o tutores de los autores, cómplices o víctimas, los casos de acoso escolar orepresalias, en que hubiesen incurrido sus hijos o tutelados;VI. Proporcione información falsa o oculte información a las autoridades competentes, sobre hechos deviolaciones a esta Ley;VII. Cometa otra acción u omisión contrarías a este ordenamiento, y;VIII. Se viole la confidencialidad de los datos contenidos en los expedientes únicos.Artículo 40.- Para el personal escolar que incumpla con las disposiciones establecidas en esta Ley se prevénlas siguientes sanciones:I. Reporte en su expediente personal;II. Suspensión en el ejercicio de sus labores docentes o administrativas, hasta por un año, sin goce desueldo, y sin ser computado para efectos de antigüedad, e;
  • 68. III. Inhabilitación para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por un año o más, o enforma definitiva.La Secretaría podrá apercibir de manera privada a la institución educativa que incumpla con las obligacionesde esta Ley, amonestarla públicamente cuando reincida en el incumplimiento o proceder a su clausuracuando las dos sanciones anteriores hayan sido insuficientes para subsanar el incumplimiento.TITULO SEPTIMODEL RECURSOCapítulo UnicoArtículo 41.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad, dictadas con fundamento en las disposicionesde esta Ley y demás que de ésta deriven, podrá interponerse los recursos previstos en las leyes aplicables.TRANSITORIOSPRIMERO. La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado emitirá la normatividad necesaria para coadyuvar a la prevención yseguridad escolares en términos de esta Ley.TERCERO. Se derogan las disposiciones normativas de igual o inferior jerarquía jurídica que se opongan a lapresente Ley.San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de abril de 2013DIP. CRISOGONO SANCHEZ LARA DIP. JAEN CASTILLA JONGUITUD
  • 69. H. CONGRESO DEL ESTADOSEXAGÉSIMA LEGISLATURADIPUTADOS SECRETARIOSPRESENTES.Diputado Martín Álvarez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en lo estipulado por los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deSan Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, pongo a consideraciónde esta Soberanía Iniciativa de Decreto que propone modificar disposiciones de las leyes de, DesarrolloUrbano; y Fomento a la Vivienda, ambas de esta entidad federativa.Exposición de MotivosLa obtención, manejo, aprovechamiento y distribución del agua, se ha convertido en uno de los principalesproblemas actualmente. Sin tal recurso, los grupos de seres vivos y/o humanos asentados en cualquier áreageográfica, se verían en situaciones críticas para lograr su supervivencia. Ello, puesto que somos conscientesque tal recurso se encuentra íntimamente ligado a la satisfacción de la gran mayoría de las necesidadessociales, que su disponibilidad tanto en cantidad como en calidad, es una de las condiciones básicas parala existencia de adecuado desarrollo integral.Como preámbulo de este instrumento legislativo, cito parte del artículo 4° de la Constitución Federal, la cualestablece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumopersonal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.Tal como lo definen algunas investigaciones realizadas y publicadas por el Instituto Nacional de Ecología,hay dos movimientos naturales del agua, llamados comúnmente en conjunto, como ciclo hidrológico:1. Ascendente por evaporación, y2. Descendente por las precipitaciones (escorrentía superficial y subterránea)Cabe destacar que de la llamada escorrentía se abastecen cuerpos hídricos como ríos y lagos; otra parte seescurre e infiltra a los mantos subterráneos para abastecer los acuíferos, mismos que son irracionalmenteexplotados, sin tomar en cuenta el tiempo que demora en llegar hasta aquéllos depósitos naturales.Ahora bien, parte fundamental del citado ciclo hidrológico es la precipitación, cuya actividad se definecomo las partículas de agua líquidas o sólidas que caen desde la atmósfera hacia la superficie terrestre;misma que es calculada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al término del año quese reporta.Cada anualidad entre los meses de junio y septiembre, caen en México aproximadamente 1,500 miles demillones de metros cúbicos en forma de precipitación, descrita en párrafos que anteceden. Del agua que serecibe, más del 70% sufre la llamada evapotranspiración es decir, el regreso a la atmósfera de las partículasde agua contenidas en la superficie terrestre, llámese la que se encuentra en mares, ríos, lagos, lagunas, y laprocedente de la tierra como resultado de la transpiración de seres vivos y plantas. Casi el 23%, no sufre esecambio y escurre por la superficie; y el 5% se infiltra al subsuelo.En este orden de ideas, explico que la precipitación se mide en la cantidad de litros que caen por metrocuadrado (mm). La SEMARNAT calculó que en el Estado de San Luis Potosí hasta el último registro anual(2011), cayeron 922 mm, o bien 922 litros por metro cuadrado de agua procedente de la precipitaciónpluvial; si tomamos en cuenta lo ya expuesto, aproximadamente se evapotranspiran 645 litros por metrocuadrado.
  • 70. Expuesto lo anterior, refiero que actualmente existen serias discrepancias entre las medidas implementadas otendientes a implementar para la conservación y preservación del vital líquido, respecto de la disponibilidadque puedan tener las generaciones futuras. La escasez se incrementa con el paso del tiempo, por lo cualconsidero de suma importancia llevar a cabo las acciones necesarias que sirvan de ayuda a fin de preservaren la mayor medida posible el recurso, para su disfrute posterior.Actividades como la reutilización son la base de un buen manejo sostenible. Ello se encuentra ya establecidoen la Norma Oficial Mexicana 015-CONAGUA-2007, la cual entre otras cosas, señala la importancia deaprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad de aguasubterránea a través de la infiltración artificial; la Norma Oficial en cita por su parte, conceptualiza aguas deescurrimiento superficial como aquellas derivadas de las aguas pluviales que transitan por la superficieterrestre y las que transitan por azoteas, tejados o techumbres de zonas habitacionales, áreas comerciales eindustriales, libres de residuos peligrosos al ser captadas en un cuerpo receptor.Nuestra entidad se considera como una zona geográfica donde la escasez de agua está presente la granparte del año; derivado de ello, al no disponer del recurso tanto en calidad como en cantidad, considerodebe recurrirse al agua de lluvia como un medio alterno de abastecimiento.Actualmente la legislación local no reglamenta la construcción de edificios y/o viviendas sustentables.Promovamos pues la implementación de acciones de ésta naturaleza, incluir en las leyes aplicablesdisposiciones que permitan una mayor disponibilidad del multicitado elemento, así como elaprovechamiento sustentable de los recursos proporcionados por la naturaleza.Se puede visualizar entonces, un sistema de captación de agua recibida por precipitación pluvial que sirvapara colectarla de manera fácil, segura y limpia para consumo humano, así como sus actividades básicas.La intercepción de agua de lluvia es una opción tecnológica y económicamente sencilla, la cual satisfaríagran parte de la demanda actual.Por lo anterior, mi propuesta consiste en incluir en las leyes locales de, Desarrollo Urbano; y Fomento a laVivienda, la disposición que obligue a quienes desarrollen proyectos de construcción de cualquier tipo,incluyendo claro los habitacionales o de vivienda, promuevan el desarrollo sustentable, mediante laimplementación de medidas y acciones encaminadas a conservar y mejorar el medio ambiente, y aaprovechar en la mayor medida posible, los recursos naturales.Finalmente, considero que en temas de cuidado y preservación medioambiental, la responsabilidad estado-sociedad es compartida; por lo que para avanzar en el mejoramiento del mismo, la base primordial es unaadecuada y correcta información y educación en dicho ámbito.ProyectodeDecretoPRIMERO. Se REFORMA el artículo 219 en su fracción VI; y ADICIONA las fracciones VII, y VIII, por lo queactuales VI a VII, pasan a ser VI a IX, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.ARTICULO 219. …I. a V. …VI. …
  • 71. ……Las cisternas serán completamente impermeables, tendrán registros con cierre hermético y sanitario y seubicarán un metro y medio, cuando menos, de cualquier tubería permeable de aguas negras;VII. Los responsables de todo tipo de construcción, incluyendo la habitacional, tendrán la obligación deintroducir métodos tecnológicamente ambientales, de captación y recuperación del agua recibida porprecipitación pluvial, para su aprovechamiento y reúso;VIII. Quienes se encarguen de desarrollar proyectos de construcción, tendrán la obligación de aprovechar laenergía renovable, tanto para la iluminación como para el calentamiento, así como aplicar diseños quepermitan la ventilación natural, yIX. …SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 40 en sus fracciones V y VI; y ADICIONA la fracción VII al mismo numeral,de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:ARTICULO 40. …I. a IV. …V. La observancia de las condiciones climatológicas que prevalezcan en la localidad;VI. La observancia de los criterios para evitar la contaminación del suelo y del ambiente, yVII. La introducción de métodos tecnológicamente ambientales, de captación y recuperación del aguarecibida por precipitación pluvial, para su aprovechamiento y reúso; así como aplicar diseños que permitanaprovechar la energía renovable, para la iluminación, el calentamiento y la ventilación natural.TRANSITORIOSPRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.San Luis Potosí, Abril 22, 2013Dip. Martín Álvarez Martínez
  • 72. CC. DIPUTADOS SECRETARIOSDEL HONORABLE CONGRESODEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIPRESENTE:JOSE FRANCISCO MARTINEZ IBARRA, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de laRevolución Democrática de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de laConstitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica delPoder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del Estado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presenteiniciativa que insta REFORMAR el artículo 61 en su segundo párrafo, 87 en sus fracciones VII y VIII,suprimiendo la actual fracción IX, y ADICIONAR el artículo 87 BIS de y a la Ley de Tránsito del Estado deSan Luis Potosí; con base en la siguienteEXPOSICION DE MOTIVOSEs necesario normar desde la ley, el uso de grúas y depósitos de vehículos cuyos poseedores han incurridoen una infracción de tránsito, a fin de evitar cualquier abuso de las autoridades frente al ciudadano, pues enmuchos de los casos, aún y cuando sea procedente el aseguramiento del vehículo no es necesario el uso degrúas cuyo cobro oscila entre los quinientos a los mil quinientos pesos dependiendo la distancia, y quefinalmente repercute en mayor grado en la economía del infractor y de manera por demás ilógica resultamayor que la multa impuesta que originó la infracción.Conforme el artículo 6 de la Ley de Tránsito del Estado, se entiende por infracción la conducta que lleva acabo un conductor, peatón o pasajero, que transgrede algunas disposiciones de esta Ley, o los reglamentos,y que tiene como consecuencia una sanción; además el artículo 84 del mismo ordenamiento enumera lassanciones en multa y suspensión temporal o cancelación de los derechos derivados de licencias o permisosespeciales para conducir vehículos de motor, haciendo la apreciación de que si el infractor fuere jornalero,obrero o trabajador, sólo podrá ser sancionado con una multa que no exceda del importe de un salario diariovigente en la Entidad; en el caso de los trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente aun día de su ingreso, con lo que se aprecia el principio de proporcionalidad tributaria, sin embargo deja fueralas erogaciones periféricas que rodean a la sanción, y que pueden ser evitadas en bien del ciudadanos, comoes el caso del pago de grúa, que sin ser sanción es la afectación más grave para el infractor o presuntoinfractor, por ello es que se proponen que, en casos de que sea procedente el aseguramiento de vehículo, elposeedor tenga el derecho original de llevarlo manejando hasta el depósito que se le indique, evitando unacto adicional de molestia que conlleva la complicación del problema para el ciudadano.Ahora bien, esta iniciativa también tiene como objeto que, el poder legislativo se aplique en el estudio ysolución del problema que resulta del hecho de que, aún y cuando las autoridades municipales tengan en suLey de ingresos el cobro de servicio de grúa, así como de pensión por día, con las tarifas que en sumomento fueron revisadas y aprobadas por ésta soberanía, la verdad indica que, al momento de que, lamisma autoridad municipal requiere para la aplicación de la sanción de tránsito, el uso de grúa y de pensión,en lugar de aplicar las tarifas autorizadas por el Congreso del Estado, deja que el infractor tenga que pactarsiempre en desventaja con el prestador de servicio de grúa el costo de arrastre y pensión, es decir, quepuede desencadenar en un escenario de corrupción, en el cual, el agente seguridad pública confunciones de tránsito en forma legítima ordena el arrastre del vehículo mientras un particular se aboca alcobro arbitrario de sus servicios cuya ejecución en principio corresponde a la autoridad, por lo anterior, esque se propone que, siempre que sea necesario el uso de grúa y depósito de vehículo, el pago de elloscorran por cuenta del infractor, debiendo cubrirlos directamente ante la autoridad y no ante el prestador deservicios, pues es la autoridad que con la finalidad de cumplir con sus atribuciones solicita el servicio y no elciudadano, con ello se hará cumplir las leyes de ingresos en relación a estos rubros y también representa una
  • 73. herramienta al ciudadano de carácter administrativo, pues le permitirá hacer valer sus derechos cuando elcobro de grúa y pensión rebasen las tarifas autorizadas por esta soberanía, lo que en la actualidad no esposible por ser cobros de carácter privado.A continuación presento, cuadro comparativo, en el cual se plasma la presente iniciativaAsí está actualmente Así se propone en ésta iniciativaARTICULO 61. Los vehículos que hayan sidopuestos en depósito podrán ser entregados cuandosea presentada la orden de liberación, emitida por laautoridad competente, misma que será expedidabajo el cumplimiento de los requisitos necesarios.Además de lo anterior, se deberá proporcionar elpago correspondiente al prestador del servicio; paratales efectos, la tarifa se considerará por díacompleto; si no llegara a completarse el día secobrará de manera proporcional por fracción de hora.ARTICULO 61.Los vehículos que hayan sido puestosen depósito podrán ser entregados cuando seapresentada la orden de liberación, emitida por laautoridad competente, misma que será expedida bajoel cumplimiento de los requisitos necesarios.Además de lo anterior, se deberá proporcionarcomprobante oficial de haber cubierto ante laautoridad, el pago correspondiente al prestadordel servicio; para tales efectos, la tarifa seconsiderará por día completo; si no llegara acompletarse el día se cobrará de manera proporcionalpor fracción de hora.ARTICULO 87. El personal perteneciente a loscuerpos de seguridad pública con funciones detránsito, podrá inmovilizar o arrastrar el vehículo a lapensión o lote de vehículos que correspondan,en loscasos siguientes:I. En la probable comisión de algún delito, siempre ycuando éste se configure o mantengaestrecho vínculo con el hecho de tránsito de que setrate;II. Cuando el vehículo no porte sus placas decirculación en los términos de esta Ley o elpermisocorrespondiente;III. Cuando las placas del vehículo no correspondancon su engomado, con los datos de la tarjeta decirculación o al vehículo para el que fueronexpedidas;IV. Cuando el conductor realice la ingesta de bebidasalcohólicas en el interior del vehículo en lavíapública;V. Cuando se encuentre estacionado en un lugarprohibido por el reglamento correspondiente, y afectela circulación de peatones y vehículos, o ponga enriesgo la seguridad de terceros;VI. En los casos en que el conductor del vehículoagreda al elemento o agente de tránsito, con motivodel levantamiento de la boleta de infracción ysanción;VII. Cuando se realicen con el vehículo actividadesque se encuentran reguladas por la LeydeTransporte Público de San Luis Potosí;ARTICULO 87. El personal perteneciente a los cuerposde seguridad pública con funciones detránsito, podrá inmovilizar o arrastrar el vehículo a lapensión o lote de vehículos que correspondan, en loscasos siguientes:I. En la probable comisión de algún delito, siempre ycuando éste se configure o mantengaestrecho vínculo con el hecho de tránsito de que setrate;II. Cuando el vehículo no porte sus placas de circulaciónen los términos de esta Ley o el permisocorrespondiente;III. Cuando las placas del vehículo no correspondan consu engomado, con los datos de la tarjeta de circulacióno al vehículo para el que fueron expedidas;IV. Cuando el conductor realice la ingesta de bebidasalcohólicas en el interior del vehículo en la vía pública;V. Cuando se encuentre estacionado en un lugarprohibido por el reglamento correspondiente, y afecte lacirculación de peatones y vehículos, o ponga en riesgola seguridad de terceros;VI. En los casos en que el conductor del vehículoagreda al elemento o agente de tránsito, con motivo dellevantamiento de la boleta de infracción y sanción;VII. Cuando se realicen con el vehículo actividadesque se encuentran reguladas por la Ley deTransporte Público de San Luis Potosí, y
  • 74. VIII. En ningún caso los vehículos podrán transitarcon permiso para circular sin placas y tarjetadecirculación, cuando las placas correspondientes alvehículo no hayan sido dadas de baja o, en su caso,entregadas a la Secretaría, yIX. En estos casos el propietario estará obligado acubrir el costo de la maniobra y arrastre realizadoporla grúa, así como el monto de la pensión en donde sedeposite el vehículo, de conformidad alas tarifasautorizadas en las leyes respectivas.VIII. En ningún caso los vehículos podrán transitarcon permiso para circular sin placas y tarjeta decirculación, cuando las placas correspondientes alvehículo no hayan sido dadas de baja o, en su caso,entregadas a la Secretaría.Nota: No existe ARTICULO 87 BIS. En los casos establecidos en lasfracciones II, V, VII y VIII del artículo anterior, elinfractor tiene el derecho de conducir su vehículohasta el depósito más cercano que la autoridad leindique y solo en caso de negativa o de abandonode la unidad, se podrá ordenar el traslado pormedio grúa; el agente seguridad pública confunciones de tránsito deberá levantar razón en laboleta que emita.En los casos en que haya sido necesario el uso degrúa, el propietario estará obligado a cubrir el costode la maniobra y arrastre realizado por la grúa, asícomo el monto de la pensión en donde se depositeel vehículo, mismo que se efectuará en las oficinasrecaudadoras de la autoridad que haya emitido lainfracción de conformidad con la ley de ingresosrespectiva, por lo que queda prohibido que losprestadores de servicio de grúa y pensión realicenel cobro de manera directa al infractor.Por ello es que considero presentar a esta soberanía, el siguientePROYECTO DE DECRETOUNICO.-Se REFORMA el artículo 61 en su segundo párrafo, 87 en sus fracciones VII y VIII, suprimiendo laactual fracción IX, y ADICIONA el artículo 87 BIS de y a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí;para quedar como sigue:ARTICULO 61. …Además de lo anterior, se deberá proporcionar comprobante oficial de haber cubierto ante laautoridad, el pago correspondiente al prestador del servicio; para tales efectos, la tarifa seconsiderará por día completo; si no llegara a completarse el día se cobrará de manera proporcional porfracción de hora.ARTICULO 87. …I. a VII. …VII. Cuando se realicen con el vehículo actividades que se encuentran reguladas por la Ley deTransporte Público de San Luis Potosí, y
  • 75. VIII. En ningún caso los vehículos podrán transitar con permiso para circular sin placas y tarjetade circulación, cuando las placas correspondientes al vehículo no hayan sido dadas de baja o,en su caso, entregadas a la Secretaría.ARTICULO 87 BIS. En los casos establecidos en las fracciones II, V, VII y VIII del artículoanterior, el infractor tiene el derecho de conducir su vehículo hasta el depósito más cercano quela autoridad le indique y solo en caso de negativa o de abandono de la unidad, se podrá ordenarel traslado por medio grúa; el agente seguridad pública con funciones de tránsito deberálevantar razón en la boleta que emita.En los casos en que haya sido necesario el uso de grúa, el propietario estará obligado a cubrir elcosto de la maniobra y arrastre realizado por la grúa, así como el monto de la pensión en dondese deposite el vehículo, mismo que se efectuará en las oficinas recaudadoras de la autoridadque haya emitido la infracción de conformidad con la ley de ingresos respectiva, por lo quequeda prohibido que los prestadores de servicio de grúa y pensión realicen el cobro de maneradirecta al infractor.TRANSITORIOSPRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficialdel Estado.SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.ATENTAMENTEDIP. JOSE FRANCISCO MARTINEZ IBARRA
  • 76. CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVAH. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PRESENTES.DELIA GUERRERO CORONADO, Diputada de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Librey Soberano de San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,en ejercicio de la atribución que me confieren los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado; y 130de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad; someto a la consideración de esta representaciónde la soberanía del pueblo potosino, la presente iniciativa con proyecto de Decreto, que plantea crear laComisión Especial de Turismo del Congreso del Estado de San Luis Potosí; con sustento en lasiguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEs incuestionable la importancia del sector turístico en el Estado Mexicano, el cual es considerado rubroprioritario nacional, debido al carácter que tiene como factor de desarrollo y motor del crecimiento.No es desconocido que los gobiernos, Federal, de los Estados y del Distrito Federal, han venido impulsadoacciones decididas para hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificaciónde sus mercados, productos y destinos.De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, obtenida de lapublicación “Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011”1, las actividades turísticas aportaron en2011 el 8.4% al Producto Interno Bruto nacional, en donde el transporte es la actividad que mayorcontribuye al porcentaje señalado, con el 2%, seguido de los servicios inmobiliarios y de alquiler con el1.4%, alojamiento con el .9%, artesanías y bienes con el .8%, y restaurantes, bares y centros nocturnos conel .7%. De lo anterior se destaca que cinco actividades aportan un poco menos del 80% del total del ValorAgregado Bruto turístico.1 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/satelite/turismo/2007-2011/CSTM_07-11.pdfPor otra parte, según datos de la Organización Mundial del Turismo –OMT-2, “Con 39 millones más deturistas internacionales en comparación con los 996 millones de 2011, las llegadas de turistasinternacionales superaron en 2012 los mil millones (1.035 millones) por primera vez en la historia”.2 http://mkt.unwto.org/es/barometer“Por regiones, Asia y el Pacífico (+7%) fue la mejor situada, mientras que, por subregiones, el SuresteAsiático, el Norte de África (ambas con +9%) y la Europa Central y del Este (+8%) encabezaron el ranking”.“La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crecerán entre un 3% y un 4% en 2013, lo cualencaja bien con su predicción de aquí a 2030: un +3,8% anual de media entre 2010 y 2020. El Índice deConfianza de la OMT confirma estas perspectivas. Compilado a partir de la información suministrada pormás de 300 expertos de todo el mundo, el Índice muestra que las perspectivas para 2013 son similares alas manifestadas en la evaluación del año pasado (124 puntos para 2013, frente a 122 para 2012)”.“Por región, las mejores perspectivas para 2013 son para Asia y el Pacífico (entre +5% y +6%), seguida deÁfrica (+4% y +6%), las Américas (+3% a 4%), Europa (+2% a +3%) y Oriente Medio (0% a +5%)”.“Las Américas (+4%) registraron un incremento de seis millones de llegadas, alcanzando en total los 162millones. A la cabeza se situaron los destinos de América Central (+6%), mientras que América del Sur, conun incremento del 4%, registró cierta ralentización con respecto al crecimiento de dos dígitos que había
  • 77. registrado en 2010 y 2011. El Caribe (+4%), por otra parte, mejoró los resultados de los dos últimos años,mientras que América del Norte (+3%) consolidó su crecimiento de 2011”.Ahora bien, de conformidad con la fracción XXIX-K del artículo 73 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión expedir leyes en materia de turismo,estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación,Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.Al respecto la Ley General de Turismo en su artículo 1 previene que la aplicación de la misma correspondeen forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, así como a losEstados, Municipios y el Distrito Federal. Este importante cuerpo normativo fija como uno de sus objetosprimordiales, entre otros, establecer las bases para la política, planeación y programación en todo elterritorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad ydesarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo.Por otra parte, hoy en día los órganos legislativos estatales se encuentran unidos a través del ConsejoNacional de Legisladores en Materia de Turismo –CONLETUR-, para actuar en forma coordinada, en unode los sectores prioritarios del desarrollo nacional y local como es el turístico, y para cuyo fin se ha divididodicho Consejo en seis regiones que son:1. Mar de Cortés, integrado por las comisiones legislativas de los Congresos de: Baja California, BajaCalifornia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.2. Frontera, integrado por las comisiones legislativas de los Congresos de: Coahuila, Nuevo León,Tamaulipas y Chihuahua.3. Ruta de los Dioses, integrado por las comisiones legislativas de los Congresos de: Oaxaca, Puebla,Veracruz, Jalisco y Colima.4. Tesoros Coloniales, integrado por las comisiones legislativas de los Congresos de: Aguascalientes,Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.5. Mundo Maya, integrado por las comisiones legislativas de los Congresos de: Campeche, Chiapas,Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.6. Corazón de México, integrado por las comisiones legislativas de los Congresos de: Distrito Federal,Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.Al respecto debo decir que en el año 2000, a partir de un encuentro con sede en el Distrito Federal,diputados locales de las comisiones de turismo a nivel nacional, vieron la necesidad de crear un órgano deenlace entre comisiones de esta materia, junto con la correspondiente en la Cámara de Diputados federal yde Senadores. Desde esa fecha se acordó la conformación de una agrupación sólida representativa delturismo en los Estados, cuyos objetivos principales fueran impulsar el federalismo hacia las entidades delpaís y crear estrategias legislativas para lograr que las necesidades de los Estados en materia turísticasean escuchadas por las instancias federales y por el Congreso de la Unión. De esta forma, el 16 de abrildel 2004, en el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes nació el Consejo Nacional de ComisionesLegislativas en materia de turismo (CONLETUR).Dentro de los objetivos del CONLETUR, podemos citar los siguientes:
  • 78. 1. Legislar para el desarrollo turístico de las entidades federativas del país;2. Contribuir para que el turismo sea política de Estado y no de gobierno;3. Establecer un enlace directo de comunicación de Congresos Locales con Instituciones Federales a finde plantear propuestas de solución a la problemática de otros sectores que inciden con el turismo;4. Proponer esquemas de administración pública que permitan el desarrollo de destinos turísticospotenciales, y5. Analizar y actualizar el marco jurídico en materia turística para homogenizar criterios que permitan eldesarrollo turístico de las entidades federativas y municipios.Es así, que al existir una agenda de trabajo permanente e importante para el Estado de San Luis Potosí,que involucra y exige acciones tanto del Ejecutivo Estatal como de este Poder Legislativo en loconcerniente a la actividad turística del Estado; se hace necesario a través de este instrumento proponer lacreación de la Comisión Especial de Turismo.No pasa desapercibido que de conformidad con la fracción V del artículo 104 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo de la Entidad, corresponde a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, la atención de losasuntos relacionados al fomento, promoción y apoyo de las actividades turísticas del Estado; sin embargo,debe considerarse que existen necesidades actuales, reales y apremiantes que requieren y justifican laconstitución de la Comisión Especial de Turismo que atienda, exprofeso, los requerimientos legislativos delramo, a efecto de que la misma, en unión con las comisiones que resulten competentes en cada casoconcreto, se aboquen al desarrollo e implementación de las acciones legislativas, a partir del plan detrabajo que al efecto se realice.Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente iniciativa conproyecto de:DECRETOQUE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE TURISMO DE LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESODEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 fracción III inciso a); 83 fracción I; 84fracción IV, y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, se crea la Comisión Especial deTurismo en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.SEGUNDO. La Comisión Especial de Turismo se integrará en términos de lo establecido por los artículos82 fracción III inciso a); 87 y 88 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, e iniciará sus funciones apartir de la designación de sus integrantes.TERCERO. La Comisión Especial de Turismo tendrá por objeto:a) Identificar las necesidades legislativas en materia de turismo, y en aquellas materias que incidendirectamente con ésta.b) La atención, resolución y dictamen, de las iniciativas y asuntos que tiendan al desarrollo integral,equilibrado y sustentable del turismo en el Estado;
  • 79. c) Constituirse como instancia legislativa de enlace entre el Congreso del Estado, los prestadores deservicios turísticos en la Entidad y sociedad organizada, para lo cual deberá celebrar mesas de trabajocon el propósito de conocer las inquietudes, necesidades y propuestas del sector, a efecto de proponerlas reformas, adiciones y derogaciones al marco jurídico vigente;d) Establecer mecanismos permanentes de comunicación que le permitan coordinarse con lasinstituciones, dependencias, entidades, órganos y organismos de los tres órdenes y niveles degobierno, que de cualquier forma se relacionen con la materia turística, que puedan coadyuvar alcumplimiento de su objeto;e) Representar al Congreso del Estado ante el Consejo Nacional de Legisladores en Materia de Turismo–CONLETUR-;f) En el ámbito internacional, establecer mecanismos de comunicación con parlamentarios, yg) Los análogos a los anteriores que, a juicio del Presidente de la Directiva, sean materia del análisis deesta Comisión.TRANSITORIOSPRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial delEstado.SEGUNDO. Notifíquese el contenido de este instrumento, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, y alPresidente del Consejo Nacional de Legisladores en Materia de Turismo –CONLETUR-.Proyectada en la sede del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes deabril del año dos mil trece.ATENTAMENTEDIP. DELIA GUERRERO CORONADO
  • 80. Dictamen con MinutaProyecto de DecretoDIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXLEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO,PRESENTES.A las comisiones de, Puntos Constitucionales; y Desarrollo Económico y Social, les fue turnada para su estudioy resolución en la Sesión de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado celebrada el diez deenero de dos mil trece, bajo número 697, la Minuta con proyecto de decreto que reforma los párrafos,primero y último del artículo 25; primero y tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.ANTECEDENTESPRIMERO. Que el 22 de febrero de 2011, el entonces Senador Eloy Cantú Segovia, a nombre de los senadoresdel Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con Proyecto de Decretopara adicionar y reformar los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enmateria de competitividad económica. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores,turnó la Iniciativa a las comisiones unidas de, Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, para análisisy elaboración del dictamen correspondiente.SEGUNDO. Que el 13 de diciembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen conProyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25; así como los párrafosprimero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, en materia de competitividad económica, enviándolo a la Cámara de Diputados para los efectosconstitucionales.TERCERO. Que el 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, elexpediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo25; así como los párrafos primero y tercero del Apartado A del artículo 26, ambos, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos.CUARTO. Que el 19 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión dePuntos Constitucionales, la Minuta antes citada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.
  • 81. QUINTO. Que una vez discutido el dictamen por la comisión antes enunciada, fue puesto a consideración delPleno de la Cámara de Diputados del Congreso la Unión, siendo aprobada por mayoría de votos, en el PalacioLegislativo de San Lázaro el día 13 de diciembre de 2012, motivo por el cual ha sido enviada a esta Soberaníapara que se manifieste sobre su aprobación o no, en términos del artículo 135 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.En tal virtud, al entrar en el estudio y análisis del asunto planteado, los diputados integrantes de estascomisiones llegamos a los siguientesCONSIDERANDOSPRIMERO. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, para reformar y adicionar la Constitución Federal, entre otros requisitos, se requiere que dichasmodificaciones sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados; en ese sentido, y para losefectos aludidos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envió a esta Legislatura la Minuta conproyecto de decreto que reforma los párrafos, primero y último del artículo 25, primero y tercero del apartadoA del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.SEGUNDO. Que con fundamento en lo que establecen los artículos, 98 fracciones VI y XV, 104, y 113, de la LeyOrgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones a quienes se turnó este asunto son competentes paraconocer y proponer lo conducente.TERCERO. Que el artículo 135 de la Carta Magna Federal establece como requisito indispensable para laimplementación de modificaciones constitucionales, que éstas sean aprobadas por la mayoría de laslegislaturas estatales; lo que implica que el marco jurídico que regula al Congreso del Estado, tengaestablecido los requisitos que deben contener las minutas y el procedimiento correspondiente; sin embargo, lalegislación que norma la actividad legislativa en la Entidad no prevé en lo específico estos aspectos.No obstante, es pertinente señalar que el expediente enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión, contiene las iniciativas, los turnos, los dictámenes de las cámaras de Diputados y de Senadores, lasminutas y demás información que permite que las comisiones dictaminadoras estén en condiciones de emitirel resolutivo respectivo.CUARTO. Que con el fin de conocer la Minuta en estudio se determina transcribir su contenido:“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25, ASÍ COMO LOSPÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS.ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero delapartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, quefortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimientoeconómico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y ladignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá
  • 82. como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y lageneración de empleo...................La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que eldesenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad eimplementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en lostérminos que establece esta Constitución.Artículo 26.A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,social y cultural de la nación....La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacionalde planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programasde desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivofederal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulareslas acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad yadaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales....B...TRANSITORIOSArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 16 meses para iniciar las leyes reglamentarias pertinentes a lapresente reforma.”QUINTO. Que la minuta enviada en lo fundamental reforma los párrafos, primero y último del artículo 25,primero y tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Para efecto de emitir el dictamen, estas Comisiones consideran dada la relevancia del tema, tambiénreproducir las consideraciones del dictamen del Senado de la República, mismo que fue aprobado sinmodificaciones por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al tenor siguiente:
  • 83. “El iniciante destaca que uno de los más grandes desafíos que enfrenta nuestro país es recuperar un crecimiento económicosuficiente para generar los empleos en la cantidad y calidad necesarios para incrementar el bienestar de los mexicanos y abatiren el menor tiempo y en el mayor grado posible la pobreza.Considera que entre los requisitos indispensables para generar crecimiento económico está el conjunto de condiciones queconocemos actualmente como “competitividad” y que son todas aquellas que permiten a un país generar, atraer y conservarlas inversiones necesarias para generar empleos e incrementar su productividad.Por lo anterior, el Senador Eloy Cantú Segovia propone incluir la competitividad entre los principios constitucionales que rigenla rectoría del Estado del desarrollo económico de la Nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 de la CartaMagna, definiéndola precisamente como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico,promoviendo la inversión y la generación de empleo.Refiere datos de los diferentes índices de medición internacional de los grados de competitividad que existen en cada País enlos años recientes, destacando una creciente pérdida de condiciones de competitividad que se ha observado para México enlos reportes anuales del World Economic Forum; el World Competitiveness Center del International Institute for ManagmentDevelopment de Lausanne (IMD) y, del Banco Mundial, el Doing Business Index.Considera que la pérdida de la competitividad del País en estas evaluaciones, hacen necesario establecer una política públicageneral con acciones que permitan frenar este deterioro y generar de nueva cuenta condiciones para mejorar la posición deMéxico dentro de la competitividad de la economía global.Refiere los esfuerzos que se han realizado los últimos años por mejorar la competitividad del País así como la inclusión deltema en el PND 2007-2012 pero estima que las acciones realizadas no han sido suficientes para mejorar las condiciones deMéxico en el contexto de la economía mundial.Refiere también la existencia de comités para fomentar la competitividad en ambas cámaras del Congreso de la Unión que, sibien han logrado impulsar cambios legislativos sustanciales, no han sido todavía suficientes para revertir la tendencia negativade la competitividad nacional.Destaca entre las diversas acciones realizadas, los programas anticíclicos que el gobierno federal puso en marcha en 2008 y2009; las reformas a las leyes de adquisiciones y de obras públicas; a la ley de competencia económica así como las distintasacciones de mejora regulatoria en materia fiscal y de comercio exterior que ha decretado el Poder Ejecutivo.Considera, sin embargo, que la estrategia para mejorar la competitividad debe ser ejecutada bajo un enfoque integral coninstrumentos sólidos y efectivos de tal manera que resulte atinada, oportuna y eficaz.Describe que con la inclusión de esta reforma en la Constitución, el gobierno federal estaría obligado a conformar una políticapública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad, a saber: sistema tributario, sistemaeducativo, sistema de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, costo de la energía, regulación de lacompetencia económica, condiciones del mercado laboral, fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria yconsolidación del Estado de Derecho, entre otros.Al insertarse en el artículo 25 la iniciativa propone que la competitividad se considere desde un punto de vista jurídico,globalizador, relevante y general como lo es los objetivos e instrumentos que señala para la rectoría del Estado del desarrollonacional este artículo.Adicionalmente, si bien esta inclusión constituiría por sí misma un importante avance, considera que resulta indispensableacompañarlo de otras previsiones en la Carta Magna que impliquen acciones para promover y materializar esta importantedeclaración. Por ello, propone también la adición de un último párrafo al mencionado artículo 25 para establecer la obligaciónde determinar una política nacional industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.
  • 84. Señala que hace tiempo que México no tiene una política industrial nacional y que se ha mencionado con algún grado de ironíaque “la política industrial mexicana es que no exista política industrial”.En este entendido, los mercados nacionales e internacionales generan por sí mismos las variables y las vocaciones de losdiferentes sectores y regiones productivos, que por sí solos encontrarían la mejor forma de generar su desarrollo industrial, locual repercute naturalmente en mayores costos de instrumentación y en fracasos de proyectos diversos afectando con ello lageneración de empleo y crecimiento.Estima que esta visión es insuficiente, corta y simplista. Los países que se han encargado de definir políticas de impulso yfomento industrial por sectores y regiones, aprovechando de la mejor forma las ventajas y oportunidades, han logradoimpulsar de manera destacada la competitividad de todos sus sectores y hoy son líderes en el crecimiento económico.De esta manera, considera que vincular competitividad y política industrial en el orden constitucional, permitiría efectivamentecontar con instrumentos de política pública que hoy en día son insuficientes en el País, como son un programa decompetitividad y una política industrial que otorguen certidumbre a los actores del crecimiento económico y que garanticen laatención prioritaria de impulso y fomento que el Estado debe darles.Con el propósito de hacer efectivas estas medidas, propone incluirlas también en el esquema de planeación del desarrolloprevisto en el artículo 26 de la Constitución Política, con la finalidad de asegurar que en el Plan Nacional de Desarrollo, entrelos programas, las estrategias y las tareas que se deben realizar, se incluyan las necesarias para garantizar la vigencia,continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo industrial.Considera que estos cambios facultarían a los Poderes Ejecutivo y Legislativo con una base constitucional sólida para diseñar eimplementar las políticas correspondientes y realizar las acciones encaminadas a cumplir sus objetivos y también para generarel marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería una ley reglamentaria para el desarrollo competitivonacional en la que se definirían el conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la política de fomento a lacompetitividad.Las comisiones dictaminadoras desean destacar que coinciden en lo general con las motivaciones que expresa el proponenteen su iniciativa. Al respecto, estiman que hay que considerar que los resultados más recientes de los distintos índices decompetitividad México ha logrado recuperar algunas posiciones respecto a los años anteriores en los que, efectivamente, latendencia general fue de deterioro.De esta manera, en la medición del Foro Económico Mundial (WEF) México pasó de una posición previa ubicada en el lugar 66al lugar 58 en el actual 2011. Por lo que hace el índice Doing Business del Banco Mundial se recuperó una posición respecto delaño 2010 (de 54 a 53) y en la medición el IMD se logró trasladar del lugar 47 al lugar 38 de la competitividad del País.Estos avances se han relacionado con recientes las reformas a la Ley de Competencia Económica así como a diversas accioneslegislativas y administrativas que impulsan la mejora regulatoria en la apertura de negocios; también se destaca la importanteparticipación del ambiente macroeconómico en México y el tamaño de su mercado.En lo que hace al índice del WEF, se destaca que el País tiene algunos retos y oportunidades significativos, específicamente: losrelacionados con la eficiencia en el mercado laboral en donde es deseable una mayor flexibilidad del mismo; una mayoreficiencia y simplicidad del sistema tributario; y, una mejora en el aspecto institucional de atención a la seguridad pública y alcombate a la corrupción, entre otros.Por otro lado, existen diversos ejemplos que hacen conveniente la posibilidad de contar con un instrumento que otorguefacultades al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para crear y mantener una política pública general en materia decompetitividad. Tal es el caso de la situación en el País referente a la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigacióncientífica.
  • 85. En este sentido, el Índice Global de Innovación que se realiza desde 2007 toma en cuenta los elementos de la economía quepermiten la actividad innovadora y la estructura en pilares que son: 1) Instituciones, 2) Investigación y capital humano, 3)Infraestructura, 4) Sofisticación de mercado 5) Sofisticación de negocios, 6) Producción científica y 7) Producción creativa.De acuerdo al índice, México se ubicó en 2011 en el lugar número 81 por debajo de países como Estonia, Argentina, España ySudáfrica, entre muchos otros, perdiendo 12 posiciones respecto al reporte anterior presentado en 2009.Por su parte, los países de alto potencial que han sido denominados como “BRIC’s” por su siglas: Brasil, Rusia, India y Chinamostraron niveles crecientes de innovación que fueron superiores a los de México.Brasil se ubicó en el sitio 47, lo que implica una fuerte mejora en comparación con la posición 68 en la que se ubicó en elreporte anterior.Rusia se posicionó en el lugar 56, registrando una mejora de 8 lugares en comparación con el mismo periodo del año pasado.El último de los países BRIC’S es China que desde el año pasado se convirtió en la segunda mayor economía del planeta y queen el Índice ocupó el lugar 29 teniendo un salto de 14 lugares desde el reporte anterior.Los analistas consideran que uno de los aciertos de China es el enfoque en la educación especializada y la prioridad que le hadado al gasto en investigación y desarrollo que ha convertido a esa nación en uno de los países que más invierte en eserenglón.De acuerdo al análisis particular para México los rubros peor clasificados son: producción científica, que le ubica en la posición102 de 125 países, con una baja relación de patentes, así como poca creación de conocimiento. Otro de los aspectosclasificados es la sofisticación de los negocios, que lo ubica en el lugar 89 debido a una baja colaboración entre universidades eindustria, así como una baja absorción de conocimiento.Esto nos demuestra que es imperativo crear un rubro de la política sectorial destinado a fomentar la innovación e investigacióntecnológica y científica pues, de otra manera, el resto de las economías que están haciendo esfuerzos destacados en esteámbito seguirán siendo un polo de atracción económico más fuerte que nuestro País.Por otro lado, estas comisiones unidas consideran que establecer las condiciones jurídicas para contar con una políticaindustrial nacional es un instrumento indispensable para fomentar la determinación e implementación de la misma por lo queconsideran adecuada su inclusión en el artículo 25 y su vinculación con la promoción de la competitividad que se propone en lainiciativa.Por último, estiman adecuado que este sistema de fomento a la competitividad y a la creación y funcionamiento de una políticaindustrial nacional se incluya dentro del sistema nacional de planeación democrática del desarrollo, instrumento constitucionalidóneo para determinar, actualizar y dar seguimiento a las políticas públicas más importantes para el desarrollo nacional.Las comisiones consideran que estas inclusiones permitirán al Poder Legislativo Federal realizar la reglamentación jurídica enleyes secundarias que permita una fácil y expedita implementación de estas reformas, en coordinación con las propuestas querealice en su oportunidad el Poder Ejecutivo Federal...”SEXTO. Que las comisiones dictaminadoras determinan proponer una resolución favorable sobre esta Minuta,por las siguientes argumentaciones:a) La mayoría de las publicaciones sobre competitividad de finales de los años ochenta y principios de losnoventa, se enfocaron en el análisis del débil desempeño (reflejado en participaciones de mercadodecrecientes) de las empresas estadounidenses en relación con las de otros países, en sectorestradicionalmente dominados por las primeras. Este problema era crítico con respecto de las empresas
  • 86. japonesas. No obstante, como lo señaló Nelson1, las publicaciones se dividían en escuelas o gruposintelectuales que tendían a estar más o menos aislados unos de otros. En la literatura sobre competitividadese autor identificó tres grupos de estudios: los dedicados a empresas individuales; los enfocados aldesempeño macroeconómico de las economías nacionales; y los orientados a la formulación de políticasindustriales.21 R. Nelson, “Recent Writings on Competitiveness: Boxing the Compass”, California Management Review, vol. 34, núm. 2, 1992, pp. 127-137.2 Véase S. Lall, “The Creation of Comparative Advantage: The Role of Industrial Policy” en I. Haque (ed.), Trade, Technology, and International Competitiveness, Economic Development Institute,Banco Mundial, Washington, 1995. El autor define a las políticas industriales como “todas las formas de intervenciones gubernamentales conscientes y coordinadas para promover el desarrolloindustrial” (p. 103).b) Con respecto al último grupo de publicaciones enfocadas en el uso de políticas industriales, cabe señalarque a pesar de la reciente ola de liberalización de las economías nacionales y del decreciente papel del Estado(con el consecuente abandono de las políticas industriales vigentes), la intervención del gobierno en laseconomías nacionales es necesaria para corregir las fallas de mercado3(particularmente frecuentes en lospaíses en desarrollo). El Banco Mundial reconoce que el Estado puede reducir los problemas de coordinación,y las deficiencias en la información con el fin de alentar el desarrollo del mercado. Al contrastar los pobresresultados de la aplicación de políticas industriales en los países en desarrollo, con ejemplos exitosos deeconomías hoy industrializadas y del este de Asia, los estudiosos del tema han concluido que un elementofundamental de una política industrial exitosa es, una capacidad institucional fuerte, ausente en la mayoría delos países en desarrollo.3 Banco Mundial, World Development Report 1997: The State in a Changing World, Oxford University Press, Nueva York, 1997.Son ilustrativas dos áreas en las que la intervención gubernamental tiene efectos de particular importancia enla competitividad: la tecnología y el medio ambiente. El mercado de tecnología e innovaciones es muypropenso a fallas de mercado, debido a la naturaleza misma del conocimiento: éste último es difícil decontener, las utilidades por inversión en tecnología son inciertas, la coordinación de los agentes que participanen proyectos importantes es costosa, y es difícil apropiarse de los beneficios de la difusión de lasinnovaciones.4Dada esa problemática se reconoce que en ciertas condiciones de mercado la inversión entecnología e innovación tiende a ubicarse por debajo de su nivel óptimo. La rentabilidad social de la tecnologíasuele ser más elevada que los rendimientos privados, lo que provoca que las empresas sub-inviertan enactividades de innovación tecnológica. Por estas razones, actualmente hay consenso en el sentido de que elgobierno debe tener un papel activo en el apoyo de las actividades de innovación.4 Banco Mundial, Closing the Gap in Education and Technology, World Bank Latin American and Caribbean Studies, Banco Mundial, Washington, 2003.c) La reforma aprobada por las cámaras de, Senadores, y Diputados, del Congreso de la Unión, y enviada atodos los estados, considera los principios que rigen el desarrollo económico de la Nación, entendida como elconjunto de condiciones necesarias para lograr un mayor crecimiento promoviendo la inversión y lageneración de empleo. De la lectura a las modificaciones constitucionales aprobadas, se precisa un PlanNacional de Desarrollo que dará continuidad a la política nacional de desarrollo industrial.d) Por último, el mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una economíacada vez más liberal, marco que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestión de las
  • 87. organizaciones. Por consiguiente, la estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, unatransnacional, etcétera, sea más competitivo, son resultado de una política fomentada por el Estado queproduzcan las condiciones para proveer la estabilidad necesaria para crecer, y se requiere de la construcciónde un Estado civil fuerte, capaz de generar, comunidad, cooperación y responsabilidad.En razón de lo anterior, estas comisiones de dictamen permanente resuelven tomar el siguienteA C U E R D OPRIMERO. La Sexagésima Legislatura de Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,aprueba la Minuta con proyecto de decreto que reforma los párrafos, primero y último del artículo 25;primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.SEGUNDO. Notifíquese al Honorable Congreso de la Unión, para los efectos previstos por el párrafo segundodel artículo 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.DADO EN LA SALA “LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA” DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SANLUIS POTOSÍ, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL TRECE.POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALESNombre FirmaDip. Jorge Alejandro Vera NoyolaPresidenteDip. Marianela Villanueva PonceVicepresidentaDip. Ma. del Socorro Herrera OrtaSecretariaDip. Fernando Pérez EspinosaVocalDip. Rosa Ma. Huerta ValdezVocal
  • 88. Dip. José Francisco Martínez IbarraVocalDip. Miguel de Jesús Maza HernándezVocalFIRMAS DEL DICTAMEN QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS, PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25, PRIMERO Y TERCERODEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENVIADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LAUNIÓN.POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALESNombre FirmaDip. Alejandro Lozano GonzálezPresidenteDip. Fernando Pérez EspinosaVicepresidenteDip. Alfonso Díaz de León GuillénSecretario
  • 89. Dip. Juan Pablo escobar MartínezVocalFIRMAS DEL DICTAMEN QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS, PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25, PRIMERO Y TERCERODEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENVIADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LAUNIÓN.
  • 90. Dictámenes conProyecto de DecretoCC. DIPUTADOS SECRETARIOSDE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,P R E S E N T E S.A las comisiones de, Justicia; Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; yTransparencia y Acceso a la Información Pública, en Sesión Ordinaria del once de noviembre del dos mildiez, nos fue turnada la iniciativa presentada por el entonces Dip. Felipe Abel Rodríguez Leal, a través de laque plantea se expida la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí.Asimismo, en Sesión Ordinaria del seis de diciembre de dos mil doce, se turno a las comisiones de, PuntosConstitucionales; Justicia; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Transparencia y Acceso a laInformación Pública, iniciativa promovida por el Dip. Filemón Hilario Flores, por medio de la que propone seemita la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí.Por lo que al guardar estrecho vínculo los documentos citados en los párrafos precedentes al plantearexpedir Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, los integrantes de lascomisiones que suscriben estiman procedente dictaminar conjuntamente ambas propuestas.En tal virtud y al entrar al análisis de las iniciativas en comento, las dictaminadoras atienden a las siguientesC O N S I D E R A C I O N E SPRIMERA. Que acorde a lo dispuesto con el artículo 57 fracción I de la Constitución Política del Estado, esatribución de esta Soberanía dictar, derogar y abrogar leyes. Y en atención a lo que establecen losdispositivos, 98 fracciones V, XIII, XV, y XX, 103, 111, 113, y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativodel Estado, las comisiones de, Justicia; Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; yTransparencia y Acceso a la Información Pública, son competentes para dictaminar las iniciativas enunciadasen el preámbulo.SEGUNDA. Que con fundamento en el artículo 61 del Código Político del Estado, concomitante del numeral130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, las iniciativas que se dictaminanfueron presentadas por quienes tienen atribución para ello.TERCERA. Que en atención a lo que señala el artículo 62 de la Carta Magna del Estado, las iniciativas encita colman los requisitos a que aluden los numerales, 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del Estado de San Luis Potosí.
  • 91. CUARTA. Que las iniciativas son coincidentes en plantear se expida la Ley de Protección al Ejercicio delPeriodismo del Estado del San Luis Potosí,QUINTA. Que al análisis de las iniciativas que nos ocupan, los integrantes de las comisiones que suscribenponderan que éstas son coincidentes, pues ambas impulsan se expida la Ley de Protección al Ejercicio delPeriodismo para el Estado; además de que los temas en lo general son similares, pues en las dos secontienen temas denominados: “Disposiciones Generales” “Protección al Ejercicio del Periodismo”. “Comité de Protección al Periodismo”. “Acceso a la Información”. “Sanciones”. “Transitorios”.Materias con las que los integrantes de las dictaminadoras comulgan, por lo que las valoran procedentes.Asimismo, en la iniciativa que presenta el Legislador Filemón Hilario Flores, propone la creación de un fondode apoyo a los periodistas, el que se integraría con aportaciones de los periodistas que manifiestenexpresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que en su favor puedanentregar las empresas de los medios de comunicación, las organizaciones sociales e instituciones privadas,así como las aportaciones voluntarias que con tal propósito efectúen el Gobierno del Estado o los gobiernosMunicipales, y operará sujeto a las reglas que determine su Comité Técnico, así como por los lineamientosque rigen la operación y manejo de recursos presupuestales. Planteamiento con el que no son coincidenteslos que suscriben, ya que no es desconocido que los ingresos que perciben quienes se dedican al ejerciciodel periodismo son muy bajos, por lo que serían pocos los que aportarían al fondo, además de que si bien escierto la aportación es voluntaria, también lo es que no se establece una cuota mínima, ni como se manejaríael mismo; además, se propone que contribuyan las empresas en las que los periodistas trabajan, lo queviene a ser una carga económica, y este Poder no es el competente para obligar a las empresas privadas arealizar tal erogación, pues los recursos que se obtengan serían destinados al pago de seguro de vida paralos periodistas que formen parte del mismo; préstamos para adquisición de elementos personales quepermitan desarrollar mejor la actividad periodística; financiamiento de cursos escolares, de capacitación oadiestramiento; préstamos personales para adquisición de vehículos nuevos o usados; créditos para lacompra de materiales de construcción; préstamos quirografarios para la atención de necesidades urgentesde la vida diaria; créditos para servicios turísticos y de recreación familiar; apoyo para gastos funerarios delperiodista, su cónyuge, hijos o ascendientes; apoyo económico por enfermedad común o en caso deaccidente; apoyo económico por maternidad para las mujeres periodistas que aporten al fondo; rubros quede alguna forma se consideran como seguridad social, y que en su caso son materia de las garantías a lasque tiene acceso cualquier trabajador, de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo.Destaca en la iniciativa del Legislador Hilario Flores, la propuesta de que la Secretaría de Educación deGobierno del Estado celebre convenios con instituciones de educación pública y privada en los niveles,básico; medio superior; y superior, con el fin de lograr alternativas de profesionalización para los periodistasdel Estado. Y que esta Secretaría vigile que en los programas de becas a estudiantes que administra o enlos que participe, se beneficie a los hijos de periodistas, cuando reúnan los requisitos académicos ysocioeconómicos correspondientes. Y que provea lo necesario a fin de otorgar facilidades a los hijos de losperiodistas para que puedan ingresar a los centros educativos para el desarrollo infantil que operan en laEntidad. Propósito al que se adhieren los legisladores que dictaminan, por lo que lo valoran procedente.Al ser conscientes del peligro al que se enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión, se integraun artículo en el que se hace remisión al Título Cuarto de la Ley de Atención a la Víctima del Delito del
  • 92. Estado, denominado “Del Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito”, en éste se define cómo se integra y eldestino del mismo. Así, y en atención al principio de que la ley debe ser general y abstracta, se habrá de darapoyo a todas aquellas personas que hayan sido o sean víctimas de un ilícito, incluyendo por supuesto, a losperiodistas.Por lo expuesto, los integrantes de las comisiones que suscriben, con fundamento en los artículos, 85 y 86del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos elevar a la ponderaciónde esta Asamblea Legislativa, el siguienteD I C T A M E NÚNICO. Son de aprobarse y se aprueban con modificaciones, las iniciativas citadas en el proemio.EXPOSICIÓN DE MOTIVOSLas denominadas libertades de, expresión, e información, que consagra la Carta Fundamental, son base ysustento de todo sistema democrático, pues salvaguardan los derechos fundamentales de los gobernados,de los posibles excesos y abusos de la autoridad.Los derechos públicos subjetivos a que alude el párrafo anterior, tienen un límite, y en este caso, reside en elrespeto a los derechos de los demás, y se establece dentro de la misma disposición jurídica; ello implica labilateralidad de la norma, es decir, establecer derechos, e imponer obligaciones; lo que significa que nadieposee libertades sin límites, ya que esto implicaría vulnerar, restringir o suprimir los derechos o las libertadesde los demás.La Convención Americana de los Derechos Humanos mandata en su artículo 13 que:“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende lalibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, yasea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino aresponsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias paraasegurar:a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, ob) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso decontroles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres yaparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir lacomunicación y la circulación de ideas y opiniones.4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto deregular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de loestablecido en el inciso 2.5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racialo religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
  • 93. persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origennacional”.Lo anterior se concatena con el punto 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles yPolíticos, que advierte: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende lalibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, yasea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.Los fundamentos transcritos en los párrafos que anteceden si dejan de aplicarse, condenan a que cualquiersociedad en esto incurra, a no tener cultura a no estar informada, a no expresarse, y la convierte en unasociedad enferma, es decir, sin cultura no hay democracia, y sin democracia no hay derechos, y sin derechosno hay libertad.México en los últimos años ha enfrentado grandes retos que involucran la vida de cientos de personas quecon el compromiso de informar, tienen que negociar entre su integridad o la información; entre su familia y suética profesional; y en muchas otras ocasiones, entre la nota y su vida.Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), nuestro país es el más peligroso de Américapara ejercer el periodismo, con al menos 66 periodistas asesinados en los últimos diez años; cifra a la quehay que sumar los profesionales amenazados, atacados, heridos o que han debido exiliarse. En el informede 2012 sobre la seguridad de los periodistas y el riesgo a la impunidad publicado por la UNESCO, seregistra un alarmante crecimiento en el número de periodistas asesinados en México, estos datos recabadosdurante 2011, no toman en cuenta el crecimiento de la violencia durante el último año en distintas entidades,entre ellas San Luis Potosí.La labor periodística al verse amenazada por las circunstancias que vive nuestro país, no sólo afecta aquienes se dedican a informar y buscar la noticia, sino que perjudica también a sus familias que puedenllegar a sentirse inseguras, atacadas y sobre todo sin sustento económico en un caso que puede parecercruel y frío es una de nuestras realidades a la que no podemos cerrar los ojos.Velar por la integridad de los periodistas es labor obligatoria que como representantes y gestores de la leynos corresponde. No valen omisiones, ni el silencio, cuando la información por ley es un derecho para losciudadanos; sin embargo, quienes son el vínculo entre información y sociedad se encuentran en un momentode inseguridad, incertidumbre y amenaza.El ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de imprenta y el acceso libre a la información pública, no sepueden garantizar mientras estén amenazados. Y es que el periodista y los medios de comunicación sonquienes cumplen las labores sociales de información, análisis de situaciones, denuncia ciudadana, evidencia,proyección y reflejo a los principales problemas sociales. En los tres casos se trata de prerrogativasgenerales, es decir, son de toda la ciudadanía y están estrechamente vinculadas con el ejercicio delperiodismo. Los medios de comunicación y los periodistas han de ser canal indispensable de cohesióncolectiva, que cumplen funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denunciar, evidenciar,proyectar, y reflejar los problemas sociales.Las afectaciones cometidas en contra de los periodistas son, en realidad, agravios contra la sociedad entera.En el momento actual, el clima de inseguridad ha generado que México se haya convertido en un país dondeel periodismo es una actividad profesional riesgosa.
  • 94. San Luis Potosí no tiene todavía un índice tan alto en la comisión de delitos contra periodistas. Pero loscasos presentados en meses recientes, son motivo suficiente para que el Poder Legislativo actúe enconsecuencia, al proveer escenarios que acontecen en otras regiones del país.Por tanto, con este Ordenamiento se configuran mecanismos legales para poner a salvo el ejercicio de laslibertades básicas, de expresión, imprenta e información. No se trata de generar un régimen de excepciónpara personas que se dedican a informar o comunicar, sino de tutelar un bien social; en todo caso, comosostuvo Benedetto Croce, “la libertad es singular, siempre que exista la libertad plural”.PROYECTODEDECRETOLEY DE PROTECCIÓN AL EJERCICIO DEL PERIODISMODEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍCAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 1º. Esta Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del Estadode San Luis Potosí; y tiene por objeto garantizar que el ejercicio del periodismo se desarrolle en condicionesde respeto, seguridad y libertad para las personas que lo ejercen.ARTÍCULO 2º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:I.Ley Federal. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, yII. Periodistas. Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios,privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste enrecabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través decualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.CAPÍTULO IIDE LA PROTECCIÓN AL EJERCICIO DEL PERIODISMOARTÍCULO 3º. Las autoridades de Estado, así como cualquier persona, deberán abstenerse de obstruir elejercicio del periodismo en cualquiera de sus modalidades.ARTÍCULO 4º. Para la protección del ejercicio del periodismo, el Poder Ejecutivo del Estado deberáimplementar medidas de prevención, entendiéndose por éstas, el conjunto de acciones y mediosencaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgoque favorecen las agresiones contra periodistas, así como para combatir las causas que las producen ygenerar garantías de no repetición.ARTÍCULO 5°. El titular del Ejecutivo Local implementará medidas tendientes a difundir los derechos de losperiodistas, mediante programas permanentes o eventuales de información. La Comisión Estatal deDerechos Humanos coadyuvará con el Gobierno del Estado en las campañas y programas que implementepara tal efecto.
  • 95. ARTÍCULO 6°. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo de la Entidad, recopilar y analizar toda la informaciónque sirva para evitar agresiones potenciales a periodistas.ARTÍCULO 7°. El Poder Ejecutivo celebrará con la Federación, los convenios de cooperación que resultennecesarios para hacer efectivas las medidas de prevención, y las previstas en el mecanismo para garantizarla vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas.ARTÍCULO 8°. Los convenios de cooperación contemplarán:I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar su cumplimiento;II. El intercambio de información de manera oportuna y de experiencias técnicas de las medidas deprevención y del mecanismo, así como para proporcionar capacitación;III. El seguimiento puntual en el Estado, a las medidas previstas en la Ley Federal;IV.La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas ymetodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección;V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación estatal para mejorar la situación delos periodistas, yVI.Las demás que las partes convengan.CAPÍTULO IIIDEL ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN PARA EL PERIODISTA Y SU FAMILIAARTÍCULO 9°. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, impulsará la celebración de conveniosde colaboración entre instituciones de educación pública y privada en los niveles, básico, medio superior, ysuperior, con el fin de lograr alternativas de profesionalización para los periodistas del Estado de San LuisPotosí.ARTÍCULO 10. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, procurará que en los programas debecas a estudiantes que administra, o en los que participe, se beneficie a los hijos de periodistas, cuandoreúnan los requisitos académicos y socioeconómicos correspondientes.ARTÍCULO 11. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado proveerá lo necesario a fin de otorgarfacilidades para que los hijos de los periodistas, puedan ingresar a los centros educativos para el desarrolloinfantil que operan en la Entidad.CAPÍTULO IVDEL SECRETO PROFESIONALARTÍCULO 12. El periodista tiene derecho de mantener en secreto la identidad de las fuentes que lehubieren facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva, y en conciencia hayancontrastado y/o documentado la información dirigida al público.ARTÍCULO 13. Las medidas de protección al secreto profesional comprenden:I. Que el periodista al ser citado a comparecer como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal,administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, pueda reservarse la revelación de sus fuentes
  • 96. de información; y a petición de la autoridad ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica oreportaje periodístico;II. Que el periodista no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre losdatos, detalles y hechos relativos al contexto que, por cualquier razón, no hayan sido publicados odifundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación, cómputo o cualquiera otra forma de registro de datos, asícomo los directorios, números telefónicos y los archivos personales o profesionales que pudieran llevar a laidentificación de la o las fuentes de información del periodista, no sean objeto de inspección, niaseguramiento, por autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, yIV. Que el periodista no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacerperiodístico, por autoridades administrativas o jurisdiccionales, con el propósito de obtener la identificaciónde la o las fuentes de información.ARTÍCULO 14. Las personas que por razones de relación profesional con el periodista tengan acceso alconocimiento de la fuente de información, serán protegidas en igualdad de circunstancias por esteOrdenamiento, como si se tratara de éstos.ARTÍCULO 15. El periodista citado a declarar en un procedimiento judicial, penal o de cualquier otra índole,podrá invocar su derecho al secreto profesional y, negarse, en consecuencia, a identificar sus fuentes, asícomo excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas.ARTÍCULO 16. Los periodistas, sus cónyuges, concubinas, concubinos y sus hijos, podrán acceder al Fondode Apoyo a las Víctimas del Delito, en los términos del Título Cuarto de la Ley de Atención a la Víctima delDelito; y el Código Penal, ambos ordenamientos, del Estado de San Luis Potosí.CAPÍTULO VDEL COMITÉ ESTATAL DE PROTECCIÓN AL PERIODISMOARTÍCULO 17. El Poder Ejecutivo creará un Comité Estatal de Protección al Periodismo, el cual se integraráde la forma siguiente:I. El titular o un representante de la Secretaría General de Gobierno;II. El titular o un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;III. El titular o un representante de la Procuraduría General de Justicia;IV.El titular o un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;V. Por dos representantes de los periodistas, yVI.Por dos representantes de la sociedad civil.El Reglamento Interior del Comité determinará la forma en que se integrarán al mismo los representantes aque se refieren las fracciones V y VI de este artículo.
  • 97. ARTÍCULO 18. El Comité tendrá carácter honorífico; sesionará por lo menos una vez al mes, y tendrá lassiguientes funciones:I. Analizar y diagnosticar las situaciones de riesgo de los periodistas;II. Recabar los datos y elaborar estadísticas que impliquen violaciones a la libertad de expresión;III. Documentar los casos de agresiones a periodistas, y demás actividades relativas que sean del interés deesta Ley;IV.Capacitar a los agentes del Ministerio Público, policías de las distintas corporaciones y demásfuncionarios involucrados con la procuración de justicia y seguridad pública, sobre protocolos deinvestigación y atención a periodistas víctimas de agresiones o violaciones a la libertad de expresión, yV. Proponer al Ejecutivo del Estado, las adecuaciones legales tendientes a la protección del ejercicio delperiodismo.CAPÍTULO VIDEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACTOS PÚBLICOSARTÍCULO 19. El periodista tendrá libre acceso a los registros, expedientes administrativos y, en general, acualquier información en posesión de las autoridades públicas del Estado, que pueda contener datos derelevancia pública, con las restricciones previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado.Las autoridades administrativas facilitarán el acceso a la información, tomando las precauciones necesariaspara garantizar el derecho a la protección de datos personales en términos de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado, y demás normativa vigente en la materia.ARTÍCULO 20. El periodista tendrá acceso a todos los actos de interés público que se lleven a cabo en elseno de organismos públicos, o a los de carácter público que se desarrollen por personas físicas o moralesprivadas. No se podrá prohibir la presencia de un periodista en estos actos, incluidos espectáculos yacontecimientos deportivos. En todo caso se podrá exigir el pago previamente establecido de entrada parael público en general.CAPÍTULO VIIDE LAS SANCIONESARTÍCULO 21. Se aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipiosde San Luis Potosí; y, en lo que sea procedente, el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, al servidorpúblico que contravenga las disposiciones del presente Ordenamiento.TRANSITORIOSPRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo Local, constituirá e instalará el Comité Estatal de Protección alPeriodismo, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.
  • 98. CUARTO. El titular del Ejecutivo Local, expedirá los reglamentos de, la Ley de Protección al Ejercicio delPeriodismo del Estado de San Luis Potosí; y del Comité Estatal de Protección al Periodismo, dentro de losnoventa días siguientes a la publicación del presente Decreto.D A D O EN LA SALA “LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”, DEL EDIFICIO “PRESIDENTEJUÁREZ” DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TRECE DÍASDEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.POR LA COMISIÓN DE JUSTICIADIP. JUAN MANUEL SEGOVIA HERNÁNDEZPRESIDENTE_________________DIP. JUAN PABLO ESCOBAR MARTÍNEZVICEPRESIDENTE_________________DIP. JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLASECRETARIO_________________DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCEVOCAL_________________DIP. FERNANDO PÉREZ ESPINOSAVOCAL_________________DIP. J. RAMÓN GUARDIOLA MARTÍNEZVOCAL _________________DIP. MIGUEL DE JESÚS MAZA HERNÁNDEZVOCAL _________________
  • 99. POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALESDIP. JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLAPRESIDENTE_________________DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCEVICEPRESIDENTA_________________DIP. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTASECRETARIA_________________DIP. FERNANDO PÉREZ ESPINOSAVOCAL_________________DIP. ROSA MA. HUERTA VALDEZVOCAL_________________DIP. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ IBARRAVOCAL_______________DIP. MIGUEL DE JESÚS MAZA HERNÁNDEZVOCAL_______________
  • 100. POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERODIP. MIGUEL DE JESÚS MAZA HERNÁNDEZPRESIDENTE_________________DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCEVICEPRESIDENTA_________________DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIASECRETARIA_________________DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERAVOCAL_________________
  • 101. POR LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICADIP. JUAN PABLO ESCOBAR MARTÍNEZPRESIDENTE_________________DIP. LUIS ENRIQUE ACOSTA PÁRAMOVICEPRESIDENTE_________________DIP. ALFONSO DÍAZ DE LEÓN GUILLÉNSECRETARIO_________________
  • 102. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,PRESENTES.A la comisiones de, Puntos Constitucionales; y Gobernación, les fue turnada en sesión ordinaria de fecha 8 de noviembre de2012, bajo el número 403, iniciativa que propone crear la Comisión Especial para la Reforma Política del Estado de San LuisPotosí; presentada por el diputado Miguel de Jesús Maza Hernández.ANTECEDENTESÚNICO. Que el legislador Miguel de Jesús Maza Hernández expuso de manera fundamental, los motivos siguientes:“PRIMERO. Nuestra entidad vivió en la segunda mitad del siglo XX un proceso complejo e interesante de resistencia cívica quepor su condición, plataforma programática y base social, fue verdaderamente vanguardista en el impulso, junto a otrasfuerzas democráticas en otros lugares del país, de la lucha para terminar con el régimen político de partido hegemónico nocompetitivo e instaurar un proceso de transición a la democracia con elecciones competitivas, equitativas y justas. Losconvulsos tiempos políticos que vivimos en los años ochentas bien sirvieron para ilustrar las anomalías de la disfuncionalidadpolítica de un régimen autoritario centralizado que enfrentaba valerosas resistencias locales y como consecuencia,polarización e inestabilidad política en los espacios locales, situación que demoró la entrada de nuestra entidad a ésa etapaque algunos llamaron de normalidad democrática y que a San Luis Potosí llegó hasta mediados de la década de los noventas.SEGUNDO. A partir de entonces, históricamente en San Luis Potosí, el proceso de reforma electoral ha sido producto de unproceso amplio de consulta ciudadana y de diálogo abierto entre todos los actores que de una u otra manera convergen en elproceso electoral. Nuestra legislación electoral, ha venido transformándose de forma incesante y profunda, desde la apariciónde figuras jurídicas adelantadas de su tiempo como la segunda vuelta electoral, la iniciativa ciudadana, el referéndum o elplebiscito que irrumpieron en la reforma política de principios de los noventas, hasta las nuevas leyes, la Electoral del Estado yla del Sistema de Medios de Impugnación aprobadas en la pasada Legislatura y que entre otras disposiciones regulan lasprecampañas, modificaron el proceso de elección de consejeros electorales, prohibieron la colocación de propaganda electoralen la infraestructura urbana y definieron todo un procedimiento litigioso en materia electoral para los procesos locales. Esinnegable que muchas de ésas reformas han aparejado aportes importantes y valiosos, y ello ocurre, en buena medida, porquelos legisladores se han preocupado por acercar a los ciudadanos la posibilidad de opinar libremente sobre la forma en que sedesarrollan los comicios, así como la reflexión compartida de los actores e instituciones que han acumulado experiencias yaprendizajes sobre los mismos. Cabe destacar que en al menos las dos últimas Legislaturas se ha constituido una comisiónespecial que se encarga de la conducción de éstos trabajos de auscultación y deliberación política y social con los resultadosque hasta ahora hemos apreciado.TERCERO. Dice el politólogo César Cansino que “la toma de decisiones políticas se encuentra íntimamente vinculada a laconsideración del factor temporal. Las decisiones deben tomarse en el momento oportuno para alcanzar el efecto deseado. Eltiempo se convierte, así, en el elemento determinante del éxito o del fracaso de las decisiones, más allá del contenido objetivoque éstas externan… La acumulación de experiencias y la política comparada intentan -hasta ahora con relativo éxito- limitarel impacto de la incertidumbre y aconsejar sobre la mejor elección posible, dadas unas constantes generales. Aun así, quizánada pueda ayudar a predecir con absoluta certeza el comportamiento de los actores bajo el calor de la acción políticainmediata y la indudable presión del factor temporal coyuntural”. Considero que en la medida que constituyamos estacomisión con una perspectiva de planeación estratégica y en un momento distante al proceso electoral que viviremos dentrode aproximadamente dos años y medio, esta Comisión podrá disponer de mayor tranquilidad para llevar a cabo sus trabajos ylos ánimos de los actores estarán más serenos y por ende con mayor proclividad para impulsar reformas políticas de mayorcalado y con un espíritu constructivo y visionario.CUARTO. Por otra parte, la recientemente aprobada reforma política en el orden federal que modifica 12 artículos de laConstitución y hace adiciones a siete más, y que establece entre otras cosas las candidaturas ciudadanas, hará necesariorealizar las adecuaciones que permitan materializar y reglamentar ésa propuesta, sobre todo si recordamos que esa figura depostulación de candidatos ya fue aprobada por el Congreso del Estado, y que en virtud de su complejidad no es un asuntomenor. Y finalmente, no debemos omitir que la fracción I del artículo 89 de la Ley Electoral vigente dispone que para larenovación de consejeros electorales habrá de constituirse una Comisión Especial que se encargue de solventar este procesoen conformidad con la ley, por lo que si es voluntad de esta Soberanía, en el decreto que avalara su creación, podríadisponerse que esta instancia parlamentaria que se plantea, también sea encomendada para sustanciar el proceso de elecciónde los nuevos consejeros electorales.”
  • 103. Al efectuar el estudio y análisis de la iniciativa, las comisiones dictaminadoras han llegado a los siguientesCONSIDERANDOSPRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos, 98 fracciones XI y XV, 109 y 113, de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado, las precitadas comisiones son de dictamen legislativo permanente, por lo que resultan competentes paraemitir el presente.SEGUNDO. Que la iniciativa que propone crear la Comisión Especial para la Reforma Política del Estado de San Luis Potosí;presentada por el diputado Miguel de Jesús Maza Hernández, es tramitada en términos de los artículos, 131 y 133, de la LeyOrgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 65 y 66, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresodel Estado de San Luis Potosí.TERCERO. Que acorde a lo que dispone el artículo 131 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, correlativo de losnumerales 68 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, la propuesta que se dictamina cumplecabalmente con los requisitos de una iniciativa de Acuerdo Administrativo, por lo que procede analizarla y emitir el presente.CUARTO. Que la iniciativa propone la creación de una comisión especial para llevar a cabo la Reforma del Estado, a la que deberáencomendarse la conducción de la consulta pública para la realización de dicha reforma, aprovechando la ecuanimidad quederiva del proceso electoral que deberá iniciar a mediados del mes de agosto de 2014.La comisión especial que se propone crear, tendría como objeto, entre otras, tareas, contar con un espacio parlamentario quepermita construir acuerdos, unificar criterios, y eficientizar los procesos que tiendan a la modernización y fortalecimiento delEstado en materia electoral; así como coadyuvar a una visión puntual y comprometida con las diferentes iniciativas en torno a lostemas que se generen, estudien y dictaminen en esta Legislatura, respecto a la materia señalada.Es de vital importancia reconocer que la participación de la comunidad es imprescindible para llevar a cabo una eficiente y eficazpráctica gubernamental. El hecho de que todos los grupos formen parte de la tarea de coadyuvar en la consolidación de unainstitución de gobierno cada vez más fuerte, garantiza la estabilidad y el desarrollo de la sociedad en que se vive.En el quehacer parlamentario es fundamental responder a las inquietudes de los miembros de la colectividad y, la mejor formade hacerlo es dar lugar a la apertura de espacios de expresión, ya que resulta necesario contar con foros integrados por latotalidad de los representantes de las fuerzas políticas del Estado.QUINTO. Que los integrantes de las comisiones que dictaminan son coincidentes con la iniciativa, es decir resulta pertinente,necesaria y procedente la creación de una comisión especial; empero, respecto a la denominación que habría de dársele, y todavez que en esencia el motivo toral es llevar a cabo un análisis y estudio de las iniciativas y puntos de acuerdo que en materiaelectoral se presenten ante la LX Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se advierte que la comisión no debenombrarse como de Reforma del Estado.Esto es porque tal concepto es muy extenso, ya que incluye gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de, políticaeconómica, política social, administración pública, política electoral, es decir, a la naturaleza misma de dicho ente. Siendo puesun concepto tan vasto, termina por perder su significado. Las reformas al Estado son procesos inducidos cuyos objetivosesenciales buscan que este asegure su supervivencia y funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, políticos y socialesde cada país. La referencia a reformas estatales en otros países permite identificar logros, fracasos y deficiencias.En ese orden de ideas, si el objetivo esencial de la creación de la comisión especial que se propone es la intención de revisar elmarco normativo en materia electoral; así como la selección e integración de los miembros del Consejo Estatal Electoral y deParticipación Ciudadana, luego entonces, se propone la denominación ad hoc sea la de Comisión Especial para la ReformaElectoral del Estado.Por lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben con fundamento en lo establecido por los artículos 93 de la LeyOrgánica del Poder Legislativo del Estado; 85y86 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, elevamos a la consideración de esta Soberaníael siguiente
  • 104. DICTAMENÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba con modificaciones, iniciativa citada en el proemio.PROYECTO DE DECRETOARTÍCULO 1°. Con fundamento en los artículos, 84 fracción IV, 93 y 131 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo delEstado de San Luis Potosí; y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San LuisPotosí, se crea la Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado.ARTÍCULO 2°. La Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado, se integrará conforme a las disposiciones aplicables de laLey Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y por acuerdo de los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias dela LX Legislatura; inicia sus funciones a partir de la aprobación del presente; y debe presentar ante el Pleno del Congreso delEstado, informe de sus actividades, una vez que éstas concluyan.ARTÍCULO 3°. La Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado tendrá por objeto:I. Establecer y ejecutar programa de trabajo para revisar, analizar y recabar las propuestas que le permitan cumplir con losobjetivos que impulsan su creación;II. Identificar y establecer temas prioritarios respecto de los cuales deberá versar el análisis y actualizaciones del marco jurídicoen materia electoral, desde la Constitución Local así como de las leyes que de ella emanen que, permita, en su caso, adecuar elsistema democrático en cuanto al tópico electoral y de participación ciudadana.III. Llevar a cabo reuniones de trabajo, foros, talleres, etcétera que estime necesarios para la consecución de sus fines; para locual bastará la presencia de quien la presida y uno más de los diputados que la integren, yIV. Realizar, con base en los resultados del programa de trabajo, anteproyecto de iniciativa de modificación electoral del Estado.ARTICULO 4°. La Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado deberá celebrar, cuando menos, dos reunionesmensuales durante todo su periodo de existencia.A las reuniones a que refiere el párrafo anterior, podrán ser invitados de forma permanente los representantes de los poderes,Ejecutivo; y Judicial; el Presidente del Tribunal Electoral del Estado; los miembros del Consejo Estatal Electoral y de ParticipaciónCiudadana; el Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; y los representantes de los partidos políticos y de las agrupacionespolíticas estatales. Adicionalmente, se podrán invitar a otras personas o agrupaciones que se estime pertinente para los trabajosde la Comisión.TRANSITORIOSPRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.SEGUNDO. Una vez constituida la Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado, deberá notificarsea los poderes del Estado; al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como a los partidospolíticos de la Entidad.DADO EN LA SALA “LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADODE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALESNombre FirmaDip. Jorge Alejandro Vera NoyolaPresidente
  • 105. Dip. Marianela Villanueva PonceVicepresidentaDip. Ma. del Socorro Herrera OrtaSecretariaDip. Fernando Pérez EspinosaVocalDip. Rosa Ma. Huerta ValdezVocalDip. José Francisco Martínez IbarraVocalDip. Miguel de Jesús Maza HernándezVocalFirmas del dictamen en donde resultó procedente crear la Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado; presentada por el diputadoMiguel de Jesús Maza Hernández.POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓNNombre FirmaDip. Fernando Pérez EspinosaPresidente.Dip. Crisógono Sánchez LaraVicepresidente.Dip. Ma. del Socorro Herrera OrtaSecretaria.Dip. Marianela Villanueva PonceVocal.Dip. Jorge Aurelio Álvarez CruzVocal.Dip. Eugenio Guadalupe Govea ArcosVocal.
  • 106. Dip. Jorge Alejandro Vera NoyolaVocal.Firmas del dictamen en donde resultó procedente crear la Comisión Especial para la Reforma Electoral del Estado; presentada por el diputadoMiguel de Jesús Maza Hernández.
  • 107. CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADODE SAN LUIS POTOSÍ,P R E S E N T E S.A las comisiones de, Derechos Humanos, Equidad y Género; y Puntos Constitucionales, en Sesión dela Diputación Permanente del 26 de enero del año dos mil doce, les fue turnada iniciativapresentada por las ex diputadas, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Raquel Hurtado Barrera, yGriselda Álvarez Oliveros, así como la Profra. Teresa de Jesús Mendoza Rivera, directora del Institutode las Mujeres del Estado, que insta modificar diversos artículos de la Ley Sobre los Derechos deNiñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.En tal virtud, al entrar al análisis de la citada iniciativa las dictaminadoras atienden a las siguientesC O N S I D E R A C I O N E SPRIMERA. Que conforme a lo dispuesto por los numerales, 103 fracción I, y 113 de la Ley Orgánicadel Poder Legislativo del Estado, las comisiones de, Derechos Humanos, Equidad y Género; y PuntosConstitucionales, son competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el preámbulo.SEGUNDA. Que la iniciativa cumple con los requisitos estipulados en los artículos, 61 de laConstitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica delPoder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por lo que es procedente su análisis ycorrespondiente dictamen.TERCERA. Que la iniciativa propuesta atiende a lo señalado en la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, que en su artículo 4° prevé como garantía para todas y todos los ciudadanos, laigualdad entre hombres y mujeres; lo que se fortalece con la promulgación de la Ley General parala Igualdad entre Mujeres y Hombres, que requiere para su efectivo cumplimiento la armonizaciónde las legislaciones locales, por ello es de capital importancia llevar a cabo esta, con el fin delograr la igualdad entre hombre y mujeres; finalidad adicional es también, lograr que la actualproducción legislativa este acorde con los tratados internacionales suscritos por México, en eltratamiento de los derechos humanos.Por lo expuesto, las comisiones que suscriben, con fundamento en los artículos 85 y 86 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos elevar a estaAsamblea Legislativa, el siguienteD I C T A M E NÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba con modificaciones, la iniciativa que modifica diversosnumerales de la Ley Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San LuisPotosí.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
  • 108. “La igualdad entre las personas es uno de los pilares en la construcción de las sociedadesmodernas. Pese a estar plenamente reconocida en una gran cantidad de instrumentos jurídicosinternacionales y nacionales, dista mucho de ser una realidad.Las diferencias persisten, siendo aquéllas entre mujeres y hombres las más evidentes y graves, entanto que violan los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana,dificultando la participación de la mujer en la vida política, social, económica y cultural de su país.En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4°, laigualdad entre mujeres y hombres como una garantía para todas y todos los ciudadanos. Ademásde que contamos con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del 2 de agosto de2007 y que requiere para su efectivo cumplimento, de la armonización de las legislacioneslocales.1”1 Armonización Legislativa de le Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; "Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y laEquidad de Género"; H. Cámara de Diputados LX Legislatura: 2009El objetivo de armonizar nuestro marco legal y adecuarlo a un lenguaje que disponga la igualdad yla equidad de género, así como establecer normas generales para regular la equidad de género,como una condición indispensable y necesaria para lograr la igualdad de género; destaca elderecho de que las mujeres, al igual que los hombres, puedan acceder a las oportunidades que lespermitan en forma individual y colectiva alcanzar una mayor igualdad y mejorar su calidad de viday desarrollo humano de los potosinos, así como detectar, atender, prevenir y erradicar la violenciade género o cualquier forma de discriminación que se cometa contra de las niñas, niños yadolescentes.Por lo anterior, es de capital importancia continuar con un proceso de armonización legislativa quepermita asegurar que la vida de las siguientes generaciones este caracterizada por un entorno másequitativo e igualitario, donde tanto las mujeres como los hombres ejerzan los mismos derechos y lasmismas obligaciones, sin distinción de género.PROYECTO DE DECRETOÚNICO. Se REFORMA los artículos 1º en su párrafo primero, 4º en su párrafo primero y fracción V, 8º,10 en su párrafo primero, 12, 13, 14, 16 en sus fracciones I al IV, 18, 26 en su párrafo segundo, 27, ensu fracción I, 28, 31 en su fracciones III, IV y VI, 45 en su fracciones II y III, 46, 50 en su fracciones I, VIIIy IX, 61 en su fracción I, 62 en sus fracciones III y IV, 64, 65 en su párrafo primero y fracciones I y II, y66 en su párrafo primero y fracción III; y se ADICIONA a los artículos, 27 la fracción XVII por lo queactual XVII pasa a ser XVIII, 45 la fracción IV, de y a la LEY SOBRE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, para quedar como sigue:ARTÍCULO 1°. La presente Ley es reglamentaria del artículo 12 de la Constitución Política del Estado;sus disposiciones son de orden público, interés social, de observancia general para todo el Estadode San Luis Potosí; tiene por objeto proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.……
  • 109. ARTÍCULO 4°. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivoasegurarles un desarrollo pleno con perspectiva de género, lo que implica que tengan laoportunidad de formarse, física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones deigualdad. Para ello, son principios rectores de la observancia, interpretación y aplicación de estaLey, los siguientes:I a IV. …V. El de la igualdad y equidad de género que implica la no discriminación, por alguna razón ocircunstancia como raza, sexo, religión, lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origenétnico, posición económica, discapacidad o cualquier otra condición de desigualdad, yVI. ...ARTÍCULO 8°. La madre y el padre son responsables del desarrollo integral de sus hijos; para talefecto deberán proporcionar lo necesario para su subsistencia, salud, educación, y los elementosque favorezcan el acceso a una vida libre de violencia y su incorporación al medio social; tambiénasegurarán el respeto y la aplicación eficaz de los derechos establecidos en esta Ley, y lesprotegerán contra toda forma de maltrato y violencia de género.Las otras personas integrantes de la familia tendrán las mismas obligaciones, en los términos de lasdemás disposiciones legales aplicables.ARTÍCULO 10. Las obligaciones de las personas tutoras, cuidadoras, y docentes que tengan a sucargo el cuidado de una niña, niño o adolescente, serán las de protegerlo contra toda forma deabuso o violencia de género.…………ARTÍCULO 12. El Gobierno del Estado velará por el derecho fundamental de las niñas, niños yadolescentes a la vida, especialmente en circunstancias que impliquen riesgo a su integridad físicay mental; los padres, la familia, tutores, cuidadores y, la sociedad en general, garantizarán susobrevivencia y desarrollo.ARTÍCULO 13. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de discriminación, por lo que laobservancia de sus derechos se hará en equidad y perspectiva de género, sin distinción alguna,independientemente de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, capacidad, origen, posicióneconómica, discapacidad o cualquier otra condición de ellos o de sus familiares.ARTÍCULO 14. El Gobierno del Estado de manera conjunta con ascendientes, personas tutoras y, lasociedad en general, promoverá en niñas, niños y adolescentes una cultura de equidad de géneroy libre de violencia; erradicando costumbres y prejuicios alentadores de la discriminación y laviolencia de género.ARTÍCULO 16. …
  • 110. I. El acceso a una vida libre de violencia;II. El respeto en su persona, y en sus opciones culturales, libertad de pensamiento, integridad física,psicoemocional y sexual;III. La protección contra toda forma de explotación laboral o sexual; prostitución, abuso y maltrato,violencia de género o cualquier situación que ocasione daño físico o psicológico;IV. La orientación contra el consumo de drogas y estupefacientes, o cualquier otro que genereestado de dependencia o adicción.ARTÍCULO 18. Es obligación de todas las personas denunciar o hacer del conocimiento de laautoridad competente, de manera inmediata, cualquier acto, hecho u omisión que atente contra,la dignidad, libertad, integridad física o emocional, de niñas, niños y adolescentes.ARTÍCULO 26. …Es obligación también de esas personas la prevención al consumo, así como evitar la exposición delas personas protegidas por esta Ley a sustancias tóxicas o nocivas; incluyendo el humo del tabaco,tanto en el hogar como en lugares públicos.ARTÍCULO 27. Los servicios de salud que prestarán los tres órdenes de gobierno, a favor de laspersonas protegidas por esta Ley, se enfocan primordialmente a:I. Difundir los servicios que otorgan las instituciones de salud pública con perspectiva y equidad degénero;II a XVI. …XVII. Prevenir, atender y erradicar la violencia de género y la discriminación, yXVIII. Proporcionar cualquier otro contenido en las disposiciones legales en materia de salud yasistencia social.ARTÍCULO 28. Las instituciones educativas, públicas, y privadas, apoyarán a los padres en ladetección de problemas visuales, auditivos, posturales, nutricionales, respiratorios, y los que seoriginen como producto de la violencia de género.ARTÍCULO 31. …I. y II. …III. Promover acciones interdisciplinarias, a través de los servicios de salud, para el estudio,diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las niñas, niños y adolescentes, conperspectiva de género, que en cada caso se necesiten, siendo éstos accesibles a las posibilidadeseconómicas de su familia o familiares;
  • 111. IV. Crear casas hogar para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en, estado deabandono, o violencia de género;V. …VI. Fortalecer, a través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, los centroseducativos especiales, dotándolos de la infraestructura y el equipamiento necesarios para sudesarrollo, promoviendo la creación de nuevos centros que difundan los derechos de las niñas,niños y adolescentes, así como el acceso a una vida libre de violencia, y la igualdad entre hombresy mujeres;VII a X. …ARTÍCULO 45. …I. …II. Se promueva la difusión de sus derechos, deberes y garantías;III. Se oriente el ejercicio de sus derechos para su sano desarrollo, y puedan protegerse a sí mismosde peligros que puedan afectar su vida y su salud, yIV. Se difunda la equidad de género, la no discriminación y violencia en contra de las personas.ARTÍCULO 46. Las autoridades estatales y municipales procurarán que los espectáculos a queasistan las niñas, niños y adolescentes, promuevan, el espíritu cívico, la equidad e igualdad degénero, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a la dignidad entre las mujeres y los hombres, enconsideración a su edad, y que no participen en juegos u otras actividades que puedan causarlesdaño psicológico.ARTÍCULO 50. …I. Ser órgano de consulta respecto a la defensa y protección de los derechos humanos de la niñez yadolescencia, así como velar por la equidad e igualdad de género en el cumplimiento de esta Ley;II. a VII. …VIII. Realizar campañas de difusión de los derechos contenidos en esta Ley, la equidad, la igualdadde género y su acceso a una vida libre de violencia y de discriminación, estableciendo conveniosde coordinación con los medios de comunicación;IX. Constituir comisiones especiales para determinadas tareas, participando los integrantes delComité, así como otros organismos públicos y no gubernamentales;X. a XII…ARTÍCULO 61. …
  • 112. I.Falta, omisión, abuso, discriminación, violencia de género por parte de quienes ejerzan la patriapotestad o su guarda;II y III. …ARTÍCULO 62….I. y II….III. La suspensión provisional de la administración de bienes de las personas menores de edad, yIV. Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en la presente Ley, o el CódigoCivil vigente en el Estado.ARTÍCULO 64. El Gobierno del Estado, y el de los municipios, a través de sus dependencias yentidades, establecerán acciones para prevenir el trabajo de las personas menores de edad en lacalle, o cualquier otro sitio en que se ponga en peligro su integridad, seguridad, dignidad ymoralidad.Las acciones que se implementen tendrán por objeto la protección de las niñas, niños yadolescentes contra las peores formas de trabajo o liberarlos de ellas, garantizándoles surehabilitación e inserción social con medidas que permitan atender sus necesidades educativas,físicas y psicológicas.ARTÍCULO 65. Las autoridades laborales de Gobierno del Estado, en coordinación con lasdependencias o entidades federales en la materia, garantizarán a las y los adolescentes mayoresde catorce años, sujetos de una relación laboral, el respeto y aplicación de las normas del trabajo;al efecto, implementarán programas de acción y consulta en las que se procurará intervengan lasorganizaciones de empleadores y trabajadores para:I. Prestar asistencia directa e inmediata a las y los adolescentes trabajadores, para el conocimientode sus derechos y obligaciones laborales;II. Identificar a las y los adolescentes que estén laborando en condiciones insalubres, peligrosas, ofuera del horario permitido por la ley de la materia;III. y IV….ARTÍCULO 66. A los padres, tutores, docentes, o cualquier otra persona que infrinja de modo algunolas disposiciones de esta Ley, y que conlleve a menoscabar la dignidad, integridad y moralidad delas personas menores de edad que estén bajo su cuidado, con independencia de las sancionesque prevé la ley aplicable a la conducta asumida, se harán acreedoras a:I. y II. …III. Si la falta es considerada grave se aplicará a la persona física, multa de quinientos uno a mil díasde salario mínimo vigente en la zona; además, en el caso de que la infracción la cometa personalde la institución educativa o asistencial que alberga a la niña, niño o adolescente, ésta separará
  • 113. inmediatamente a la persona infractora para garantizar la integridad de las personas menores deedad.TRANSITORIOSPRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial delEstado.SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que se oponga al presente DecretoDADO EN LA SALA “LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA” DEL EDIFICIO “PRESIDENTE JUÁREZ” DELHONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GENERODIP. MIGUEL DE JESÚS MAZA HERNÁNDEZPRESIDENTEDIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCEVICEPRESIDENTADIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIASECRETARIADIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERAVOCALFIRMAS DEL DICTAMEN QUE APRUEBA DIVERSAS MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESDEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. (TURNO 4987)
  • 114. POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALESDIP. JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLAPRESIDENTEDIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCEVICEPRESIDENTADIP. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTASECRETARIADIP. FERNANDO PÉREZ ESPINOSAVOCALDIP. ROSA MA. HUERTA VALDEZVOCALDIP. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ IBARRAVOCALDIP. MIGUEL DE JESÚS MAZA HERNÁNDEZVOCALFIRMAS DEL DICTAMEN QUE APRUEBA DIVERSAS MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESDEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. (TURNO 4987)
  • 115. CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESODEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,PRESENTES.A la Comisión del Agua, le fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2012, la Iniciativa,que promueve reformar el artículo 14 en su párrafo primero; y adicionar al mismo artículo 14 párrafo último,de y al Decreto Legislativo No. 594 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de septiembre de 2006,que establece la Metodología para el Cálculo de Cuotas y Tarifas para los servicios públicos de aguapotable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en el Estado de San LuisPotosí; presentada por el Diputado José Francisco Martínez Ibarra.Asimismo, le fue turnada en Sesión Ordinaria de fecha 01 de marzo de 2013, la iniciativa que insta reformarel artículo 175 y adicionar un párrafo al mismo de y a la ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí,presentada por el Diputado José Francisco Martínez Ibarra.En tal virtud, al entrar al estudio y análisis de las referidas iniciativas, los integrantes de la Comisión quesuscribe el presente Dictamen, presentamos los siguientesCONSIDERANDOSPRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 fracción I, de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado de San Luis Potosí, esta comisión es competente para dictaminar la iniciativa descritaen el preámbulo.SEGUNDO. Que las iniciativas cumplen con los requisitos estipulados en los artículos, 61 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativodel Estado de San Luís Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso delEstado de San Luis Potosí, por lo que es procedente su análisis y correspondiente dictamen.TERCERO. Que con el objeto de simplificar el procedimiento legislativo, se determina resolverlasconjuntamente, lo anterior en virtud de ser materia y fondo, de la Metodología para el Cálculo de Cuotas yTarifas para los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de susaguas residuales en el Estado de San Luis Potosí.CUARTO. Que en los términos de la Ley de Aguas vigente en el Estado, los organismos operadores tienencomo obligación someter a la consideración del Congreso del Estado, para su resolución final, las cuotas otarifas que se aplicarán para los cobros de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en elárea de su jurisdicción; lo que significa que para el cobro de dichas cuotas y tarifas es requisito sine qua non,que la representación popular haga un análisis de los aumentos, permanencia o disminuciones que losorganismos operadores propongan y así, sean vinculatorias a los ciudadanos, ello en virtud de lasatribuciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que en forma literal establece:“ARTICULO 15. Las atribuciones legislativas del Congreso del Estado en general, son: … V. Fijar lascontribuciones que deban recibir los municipios; establecer anualmente las bases, montos y plazos para laentrega de las participaciones federales que les correspondan; aprobar sus leyes de ingresos, cuotas ytarifas de los servicios que determine la ley”.Así mismo, el artículo 99 mandata: “Es competencia de la Comisión del Agua:I al VI…
  • 116. VII. Recibir los informes que presente la Auditoría Superior del Estado, respecto a la viabilidad o no, delincremento o actualización de las cuotas y tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, quepresenten los organismos operadores y prestadores de servicios, con la finalidad de dictaminarlas ysometerlas a la consideración del Pleno…”;Sin embargo, la obligatoriedad no termina con la autorización de la Legislatura, sino que, a efecto de que elgobernado tenga pleno conocimiento de sus obligaciones respecto al pago del servicio público de agua,deben ser publicadas las tarifas en el Periódico Oficial del Estado, que como órgano informativo permanentey de interés público, su función consiste en difundir los documentos emanados de los poderes, Legislativo;Ejecutivo; y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos estatales; los ayuntamientos, de laFederación, así como aquéllos que por disposición de la ley deban serlo para su efecto obligatorio, con loque se garantiza el derecho de la ciudadanía al conocimiento oportuno de los mismos.Ahora bien, el Decreto Legislativo 594 publicado el 14 de septiembre del 2006, que establece la Metodologíapara el Cálculo de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado,Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales en el Estado de San Luis Potosí, específicamente en suartículo 14 estipula que las cuotas y tarifas se actualizarán automáticamente cada que el Índice Nacional dePrecios al Productor crezca en, al menos, cinco por ciento anual; lo que conlleva a una interpretación quepuede resultar perjudicial e incierta para el usuario del servicio de agua, toda vez que al estar usándose lapalabra “automática” puede considerarse que la actualización escapa de la facultad revisora del Congresodel Estado, lo que resultaría en contradicción a la Ley de Aguas vigente; y tampoco se encuentra claramenteestablecido a quién le corresponde la obligación de publicar en el Periódico Oficial del Estado, lo quecontravendría la disposición constitucional local de que las leyes, reglamentos, circulares, convenios ycualquier otra disposición de observancia o interés general, deben insertarse en ese órgano informativo.El siguiente comparativo se detalla la forma en la que se vería modificado el Decreto Legislativo 594.TEXTO VIGENTE PROPUESTAARTICULO 14. …………………ARTICULO 14. ….……………La actualización deberá enviarse al Congresodel Estado para que la autorice y una vezautorizada se publicará en el Periódico Oficialdel Estado para su obligatoriedad.El siguiente comparativo se detalla forma en la que se vería modificado el artículo 175 de la Ley de Aguaspara el Estado de San Luis Potosí
  • 117. TEXTO VIGENTE PROPUESTAARTICULO 175. Las cuotas y tarifas seactualizarán automáticamente cada vez que seincremente, por lo menos, en un cinco porciento, el índice nacional de precios alproductor, correspondiendo al prestador deservicios hacer el ajuste correspondiente.ARTICULO 175. Las cuotas y tarifas seactualizarán cada vez que se incremente, porlo menos, en un cinco por ciento, el índicenacional de precios al productor,correspondiendo al prestador de serviciosproponer el ajuste correspondiente.La actualización deberá ser enviada para suautorización al Congreso del Estado, y unavez autorizada se publicará en el PeriódicoOficial del Estado para su obligatoriedad.QUINTO. Esta comisión considera realizar un cambio para una mayor comprensión del texto propuesto, y seagrega la palabra “propuesta de” en el segundo párrafo del artículo 175 de la Ley de Aguas para el Estadode San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera:ARTICULO 175. Las cuotas y tarifas se actualizarán cada vez que se incremente, por lo menos, en un cincopor ciento, el índice nacional de precios al productor, correspondiendo al prestador de servicios proponer elajuste correspondiente.La propuesta de actualización deberá ser enviada para su autorización al Congreso del Estado, y unavez autorizada se publicará en el Periódico Oficial del Estado para su obligatoriedad.SEXTO. Que coincidimos con el argumento del Diputado José Francisco Martínez Ibarra, en el sentido deque con la omisión que existe de que las actualizaciones tarifarias sean publicadas en el Periódico Oficial, segenera vacío legal que vulnera el principio de seguridad jurídica; entendiéndose por éste:“GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, laque debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme altexto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica deseguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesariospara que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través delos recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan;así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, defundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.”CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez.“SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE.La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridadjurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el
  • 118. sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentreen una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, elcontenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulaciónnormativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debedestacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general,como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos antela ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un puntode vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto devista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades delos órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica enmateria tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad oprohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, su suficientedesarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de nocumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través delos principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamientotributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación delfenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá unsistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho".Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Álamos, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cincovotos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez JiménezEn razón de lo anterior, con el interés de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, y establecer congruenciaentre lo que preceptúan la Constitución Local, las leyes locales, y el aludido Decreto 594 y la modificación del artículo175 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y, con ello, evitar la posible antinomia jurídica.Por lo expuesto, la Comisión del Agua eleva a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguienteD I C T A M E NUNICO. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa citada en el preámbulo.EXPOSICION DE MOTIVOSCon sustento en la Ley de Aguas vigente en el Estado, los organismos operadores de agua tienen laobligación de someter a la aprobación del Congreso del Estado, el proyecto de cuotas o tarifas, que seaplicarán para cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; lo que significa que esrequisito indispensable que el Poder Legislativo Local, analice y determine análisis conforme alprocedimiento aumentos, permanencia, o disminuciones, que aprobadas sean vinculatorias para laciudadanía.Sin embargo, la obligatoriedad no termina con la autorización de la Legislatura, sino que, a efecto de que elgobernado tenga pleno conocimiento de sus obligaciones respecto al pago del servicio público de agua,deben ser publicadas las tarifas en el Periódico Oficial del Estado, que como órgano informativo permanentey de interés público, su función consiste en difundir todos los documentos emanados de los poderes,Legislativo; Ejecutivo; y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos estatales; los ayuntamientos,de la Federación, así como aquéllos que por disposición de la ley deban serlo para su efecto obligatorio, conlo que se garantiza el derecho de la ciudadanía al conocimiento oportuno de las mismas.En este sentido, el Decreto Legislativo 594 publicado el 14 de septiembre del 2006, que establece laMetodología para el Cálculo de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua potable, Drenaje,
  • 119. Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales en el Estado de San Luis Potosí,específicamente en su artículo 14, estipula que las cuotas y tarifas se actualizarán automáticamente cadaque el Índice Nacional de Precios al Productor, crezca en al menos, cinco por ciento anual; lo que conlleva aun interpretación que puede resultar perjudicial e incierta para el usuario del servicio de agua, toda vez que alestar usándose la palabra “automática” puede considerarse que la actualización escapa de la facultadrevisora del Congreso del Estado, lo que resulta contradictorio con la Ley de Aguas vigente; y tampoco seencuentra claramente establecido a quién le corresponde la obligación de publicar en el Periódico Oficial delEstado, lo que contravendría la disposición constitucional local de que las leyes, reglamentos, circulares,convenios y cualquier otra disposición de observancia o interés general, deben insertarse en ese órganoinformativo.Este ajuste al texto normativo actualiza a los términos del artículo 175 de la Ley de Aguas para el Estado deSan Luis Potosí, y evita la posible antinomia.Por tanto, la presente adecuación subsana la omisión que existe entre cuerpos normativos en la materia, ysalvaguarda el principio de seguridad jurídica del gobernado.PROYECTODEDECRETOPRIMERO.-Se REFORMA el artículo 14 en su párrafo primero; y ADICIONA al mismo artículo 14 últimopárrafo, del Decreto Legislativo 594 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de septiembre de2006, que establece la Metodología para el Cálculo de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Aguapotable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales en el Estado de SanLuis Potosí, para quedar como sigueARTICULO 14. Las cuotas y tarifas se actualizarán cada que el Indice Nacional de Precios alProductor crezca en, al menos, cinco por ciento anual.……………………La propuesta de actualización deberá enviarse al Congreso del Estado, para que la autorice, y unavez autorizada se publicará en el Periódico Oficial del Estado para su obligatoriedad.SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 175 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí; paraquedar como sigue:ARTICULO 175. Las cuotas y tarifas se actualizarán cada vez que se incremente, por lo menos, en un cincopor ciento anual, el índice nacional de precios al productor, correspondiendo al prestador de serviciosproponer el ajuste correspondiente.
  • 120. La propuesta de actualización deberá ser enviada para su autorización al Congreso del Estado, y unavez autorizada se publicará en el Periódico Oficial del Estado para su obligatoriedad.TRANSITORIOSPRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.DADO EN LA SALA DE JUNTAS “ING. HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ” DE ESTE HONORABLECONGRESO DEL ESTADO, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.FIRMAS INTEGRANTES DE LA COMISION DEL AGUA*Firmas de la REFORMA al artículo 175 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y al artículo 14 en su primer párrafo y se ADICIONA último párrafodel precitado numeral, del y al Decreto Legislativo 594 publicado el día 14 de septiembre del 2006 que establece la metodología para el cálculo de cuotas y tarifaspara los servicios públicos de Agua potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales en el Estado de San Luis Potosí.DIP. JOSE FRANCISCO MARTINEZ IBARRAPRESIDENTE_________________DIP. RUBEN GUAJARDO BARRERAVICEPRESIDENTE_________________DIP. JUAN JOSE JOVER NAVARROSECRETARIO_________________DIP. MARTIN ALVAREZ MARTINEZVOCAL_________________DIP. J. RAMON GUARDIOLA MARTINEZVOCAL __________________DIP. FEDERICO ANGEL BADILLO ANGUIANOVOCAL __________________DIP. MIGUEL DE JESUS MAZA HERNANDEZVOCAL __________________
  • 121. Dictamen con Proyectode ResoluciónCC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURADEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,P R E S E N T E S.A las comisiones de, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; Puntos Constitucionales;Derechos Humanos, Equidad y Género; y Trabajo y Previsión Social, les fue turnada para su estudioy dictamen el 19 de abril de 2012, la Iniciativa que propone adicionar párrafo tercero al artículo51, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, presentada por laentonces Diputada Bernardina Lara Arguelles.Recibida la iniciativa por las comisiones mencionadas, sus integrantes hemos entrado al estudio dela misma, atendiendo al mandato legal para realizar su análisis con base en lo dispuesto losartículos, 98 fracciones V, XV, XVIII, y XIX, 103, 113, 115 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativodel Estado de San Luis Potosí.La Iniciativa en estudio tiene como base la siguiente:“EXPOSICIÓN DE MOTIVOSPor Decreto Legislativo 953, publicado en el Periódico Oficial del Estado el miércoles 28 demarzo de 2012, fue expedida la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San LuisPotosí.Este nuevo cuerpo normativo estableció en su Título Séptimo las disposiciones relativas alos miembros de los cuerpos de seguridad pública, previniéndose en el Capítulo I loreferente a la naturaleza jurídica de las relaciones entre los citados miembros de seguridadcon la administración pública.Sobre el particular el numeral 51 de la ley invocada señala, que la relación de losintegrantes de las instituciones de seguridad pública en el Estado y los ayuntamientos conla administración pública, por la naturaleza de su función, y atendiendo a loestablecido en lo conducente por los artículos, 123 apartado B fracción XIII de laConstitución de la República, y 89 de la Constitución local, será de carácteradministrativo.Para mejor conocimiento del dispositivo invocado, éste a la letra previene:ARTICULO 51. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Estado y losayuntamientos, por la naturaleza de su función, y atendiendo a lo establecido en lo
  • 122. conducente por los artículos, 123 Apartado B fracción XIII de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; y 89 de la Constitución Política del Estado Librey Soberano de San Luis Potosí, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoridad. Portanto, su relación con la administración pública será de carácter administrativo, y se regirápor lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar para su personal, al menos lasprestaciones previstas para los trabajadores al servicio del Estado y municipios; generarán,de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimencomplementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo123 apartado B fracción XIII párrafo segundo, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.Al respecto es preciso mencionar que tras la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18de junio de 2008, el primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 del Pacto Federal,estableció que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público,peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, sujetándoloscon ello a un régimen especial y de excepción al laboral, ubicándolos en el ámbito administrativo.Sin embargo, debemos ser cautelosos en cuanto a la posible interpretación de dicho preceptoconstitucional, pues de hacerlo de forma incorrecta algunos podrían concluir erróneamente que todo elpersonal adscrito a las instituciones de seguridad pública guarda una relación administrativa y no laboral conla administración pública, hecho que no es así; de ahí la necesidad de dejar claro en las disposiciones dela Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, quiénes deben considerarseintegrantes de las instituciones de seguridad pública, y quienes no.Para poder determinar lo planteado en el párrafo que antecede, debemos referirnos a las fracciones, Vy IX del artículo 5° de la Ley antes invocada, en donde la primera de las mencionadas define porcuerpo de seguridad, la estructura del personal con funciones operativas o sustantivas dentro las tareasde seguridad pública. En cuanto a la fracción IX se define como instituciones de seguridad pública,las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, y dependenciasencargadas de la seguridad pública a nivel local y municipal.De los preceptos antes aludidos con evidencia se desprende, que se entienden miembros de los cuerpos de seguridadpertenecientes a las instituciones de seguridad pública, todos aquellos que realizan funciones operativaso sustantivas a los fines de la seguridad pública, siendo éstas de conformidad con lo establecido por los artículos, 2de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 2° de la Ley del Sistema de SeguridadPública del Est ado, las relativas a la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, asícomo las de preservar las libertades, el orden y la paz pública.De las consideraciones anteriormente vertidas y de una interpretación armónica y sistemática realizada a lasdisposiciones de los artículos, 123 apartado B fracción XIII de la Constitución de la República; 2 de la LeyGeneral del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 2°, 5° fracciones V y IX, y 51 de la Ley delSistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, es de concluirse que el régimen especial quese prevé lo es para el personal que realiza funciones y actividades inherentes a la seguridadpública, esto es, que tengan que ver con la salv aguar d a d e l a i nt e gri d ad y d er e c h o s d e l asp er so n as, l a preservación de las libertades, el orden público y la paz social; por lo tantoqueda claro que no deben considerarse integrantes de las instituciones de seguridad pública enel Estado y en los municipios, los trabajadores de base, así como el personal administrativo que realiceactividades distintas a las sustantivas de la seguridad pública, sin importar el nombramiento que ostenten,pues aún y cuando se les haya extendido nombramiento de policía si dicha actividad nunca la han desempeñado nopuede considerárseles como tales, pues lo que define la calidad del servicio o trabajo prestado es laactividad que la persona ha venido desempeñando.Para fortalecer lo ya apuntado, resultan aplicables por analogía las tesis de la Segunda Salade la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados deCircuito, siguientes:Tesis 2a. XLIX/2010, de rubro: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL PROCESO DEEVALUACIÓN PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,NO ES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE BASE.", visible con el número de registro 164263 y
  • 123. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de2010, página 323.Tesis XIII.T.A.8L, de rubro: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIASENCARGADAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. ALNO REALIZAR FUNCIONES DE POLICÍA, SU RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA ES DECARÁCTER LABORAL, POR TANTO, CORRESPONDE A LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOSEMPLEADOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CITADO MUNICIPIO, CONOCER DE LASCONTROVERSIAS QUE PLANTEAN CONTERA LOS TITULARES DE AQUÉLLAS.", visible con el número deregistro 161730 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1603.Tesis XXI.1°.P.A.130A, de rubro: "CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO DE GUERRERO. EL HECHODE QUE SUS MIEMBROS HAYAN ADQUIRIDO ESA CALIDAD PORQUE LE FUE EXPEDIDO UNNOMBRAMIENTO DE POLICÍA Y OSTENTARON ESE CARGO DURANTE TODO EL TIEMPO QUEDURÓ LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, NO SIGNIFICA QUE POR ESA SOLA CIRCUNSTANCIAHAYAN REALIZADO LAS FUNCIONES INHERENTES A ÉL, PUES DEBE DEMOSTRARSE QUEREALMENTE SE DESEMPEÑARON CON ESE CARÁCTER.", visible con el número de registro 163184y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enerode 2011, página 3172.En razón de los motivos y argumentos esgrimidos, se propone adicionar un párrafo al artículo 51 dela Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; propuesta que para unamejor comprensión se plasma en el cuadro siguiente:Ley del Sistema de Seguridad Públicadel Estado de San Luis PotosíARTICULO 51. Los integrantes de lasinstituciones de seguridad pública en elEstado y los ayuntamientos, por lanaturaleza de su función, y atendiendo alo establecido en lo conducente por losartículos, 123 Apartado B fracción XIII dela Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; y 89 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano deSan Luis Potosí, tendrán el carácter deagentes depositarios de autoridad. Portanto, su relación con la administraciónpública será de carácter administrativo, yse regirá por lo establecido en esta Ley ydemás ordenamientos aplicables.(Se adiciona el párrafo tercero)ARTICULO 51…No se consideran integrantes de lasinstituciones de seguridad pública en elEstado y en los municipios, los trabajadoresde base, así como el personal administrativoque realice actividades distintas a lassustantivas de la seguridad pública sinimportar el nombramiento que ostenten.En análisis de los citados argumentos, y atendiendo a sus competencias, formulamos dictamenconsiderando los siguientes:ANTECEDENTES
  • 124. 1. Con fecha diecinueve de abril del año dos mil doce, en Sesión Ordinaria de la LIX Legislatura, laDiputada Bernardina Lara Arguelles, con fundamento a las disposiciones que le confieren losartículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 130 de la LeyOrgánica del Poder Legislativo, presentó la iniciativa referida líneas supra.2. Recibida la iniciativa en comento, el Presidente de la Directiva, de acuerdo a su atribuciónconferida por el artículo 11 fracción VIII, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso delEstado de San Luis Potosí, la turnó en la misma fecha a las comisiones de, Seguridad Pública,Prevención y Reinserción Social; Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; yTrabajo y Previsión Social.3. La proponente cita el nuevo marco normativo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública delEstado de San Luis Potosí, y, en lo particular, se refiere al Titulo Séptimo relativo a la relación jurídicade los miembros de los cuerpos de seguridad pública, que establece que los integrantes de lasinstituciones de seguridad pública en el Estado y los ayuntamientos, por la naturaleza de su función,y atendiendo a lo establecido en lo conducente por los artículos, 123 Apartado B fracción XIII de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 89 de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de San Luis Potosí, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoridad. Portanto, su relación con la administración pública será de carácter administrativo, y se regirá por loestablecido por esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.Así mismo el citado cuerpo normativo determina que las instituciones de seguridad públicadeberán garantizar para su personal al menos, las prestaciones previstas para los trabajadores alservicio del Estado y municipios; generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a suspresupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social yreconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundopárrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Con el objetivo de proteger a los trabajadores de seguridad que se encuentran con derechos debase en sus respectivas funciones, la proponente considera que se están violentando los derechoslaborales adquiridos antes de la reforma o de la emisión del nuevo ordenamiento, con la finalidadde que no se vean vulnerados sus derechos.CONSTITUCIONALIDAD DE LA INICIATIVAY MARCO NORMATIVO RELACIONADOEl artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicables al caso es el 21párrafos noveno y décimo incisos a) y e).Los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, aplicables alcaso son, 57 fracción I, y, 89.La Ley General del Sistema de Seguridad Pública.JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA
  • 125. Sin dejar de reconocer la dificultad que en la práctica representa solucionar el problema, de queen los cuerpos de seguridad pública estatales exista personal sindicalizado que realiza funcionesadministrativas, siendo que su nombramiento corresponde a elementos de seguridad pública, elloen contravención a las disposiciones constitucionales y legales, consideramos que ninguna personao autoridad pueden estar por encima del orden jurídico, y que no se puede seguir transigiendo conla aplicación del derecho cuando corresponde actuar como lo determina la ley. Es por ello que lasolución a la referida problemática debe obtenerse del propio orden administrativo, y no de lareforma legal que se propone, toda vez que contravendría el orden constitucional federal y localque rige esa materia, y que establece con meridiana claridad que la relación de los cuerpos deseguridad pública, por la naturaleza de su función, y atendiendo a lo establecido en lo conducentepor el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoridad, y su relación con laadministración pública será de carácter administrativo y se regirá por sus propias leyes.Con base en lo anterior, las Comisiones tienen interés en que las leyes relacionadas con la materiasobre las que tienen que dictaminar, no sólo cumplan funciones remediadoras o sancionadoras,sino que, además, sean aplicativas y preventivas, es decir, que prevean en la medida de loposible, las consecuencias de los actos, tanto de la ciudadanía como de la autoridad,relacionados con la seguridad pública, a fin de evitar consecuencias negativas de gran impacto anuestra sociedad.C O N S I D E R A N D O SPRIMERO. Que la iniciativa presentada por la entonces Diputada Bernardina Lara Arguelles, relativaal proyecto de Decreto que propone adicionar un párrafo al artículo 51 de la Ley del Sistema deSeguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, que originalmente determina que los integrantesde las instituciones de seguridad pública en el Estado y los ayuntamientos, por la naturaleza de sufunción, y atendiendo a lo establecido en lo conducente por los artículos, 123 Apartado B fracciónXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 89 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de San Luis Potosí, tendrán el carácter de agentes depositarios deautoridad. Por tanto, su relación con la administración pública será de carácter administrativo, y seregirá por lo establecido en esa Ley y demás ordenamientos aplicables; adición que conforme loseñala la proponente tiene como propósito generar que las instituciones de seguridad públicagaranticen a su personal al menos, las prestaciones previstas para los trabajadores al servicio delEstado y municipios; y que para ello dispondrán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a suspresupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social yreconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123 Apartado B fracción XIII párrafosegundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Que asimismo, pretende la proponente se determine con claridad que no se consideraránintegrantes de las instituciones de seguridad pública en el Estado y en los municipios, lostrabajadores de base, así como el personal administrativo que realice actividades distintas a lassustantivas de la seguridad pública, sin importar el nombramiento que ostenten.SEGUNDO. La modificación propuesta, al señalar que no se consideran integrantes de lasinstituciones de seguridad pública a los trabajadores que realicen labores distintas a las sustantivascomo personal administrativo, independientemente de su nombramiento, contravienedirectamente lo estipulado por el artículo 89 de la Carta Magna Estatal, que no hace diferencias
  • 126. entre las clases de personal consideradas como cuerpos de seguridad pública; concepto que porotra parte está claramente determinado en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado; portanto, no busca satisfacer las expectativas de viabilidad de los preceptos torales, si bien se adviertela intención de favorecer y garantizar los derechos de los que la proponente considera comotrabajadores, que en este caso, al formar parte de los cuerpos de seguridad, lo que se determinapor su nombramiento y no por la función que desempeñen en la práctica, no tienen, ni puedentener dicho carácter de trabajadores, sino como bien lo señala el texto constitucional,exclusivamente el de agentes depositarios de autoridad; de ahí que la relación que se prevé con elEstado es de orden administrativo y no laboral.TERCERO. En virtud de lo anterior, las comisiones que dictaminan consideran que la iniciativa escontraria a lo estipulado en los preceptos 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; y del 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deSan Luis Potosí, al proponer un tratamiento especial a los cargos de policía en las instituciones deseguridad pública, a saberConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“ARTICULO 123.APARTADO BXIII.Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, perito y losmiembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del MinisterioPúblico, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal,los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos quelas leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, oremovidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridadjurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra formadeterminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnizacióny demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación alservicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar elfortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de lascorporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentaránsistemas complementarios de seguridad social.El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, lasprestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y através del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichasinstituciones.”CUARTO. En esa tesitura, las relaciones de trabajo de los empleados de confianza de lasinstituciones que formen parte de las instituciones de seguridad pública, se rigen por la Ley delSistema de Seguridad Pública del Estado, que establece:“ARTICULO 5°. Para los efectos de esta Ley se entiende por:V. Cuerpos de seguridad: estructura del personal con funciones operativas o sustantivas dentro delas tareas de seguridad pública, que se encuentra bajo subordinación del mando dentro de laescala jerárquica;
  • 127. ARTÍCULO 51. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Estado y losayuntamientos, por la naturaleza de su función, y atendiendo a lo establecido en lo conducente porlos artículos, 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, tendrán el carácter deagentes depositarios de autoridad. Por tanto, su relación con la administración pública será decarácter administrativo, y se regirá por lo establecido en esta Ley y demás ordenamientosaplicables.Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar para su personal, al menos lasprestaciones previstas para los trabajadores al servicio del Estado y municipios; generarán, deacuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimencomplementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123apartado B fracción XIII párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.ARTÍCULO 52. El personal de confianza de las unidades administrativas, incluso sus titulares, y de lasdependencias que presten asesoría o servicios en materia operativa, técnica y jurídica, seconsiderará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a lasevaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto se emitirá el Acuerdorespectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.ARTICULO 53. Todos los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se considerarántrabajadores de confianza, los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados encualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que noacrediten las evaluaciones de control de confianza.ARTÍCULO 54. Los integrantes de las instituciones de seguridad podrán ser separados de su cargo sino cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalenpara permanecer en éstas, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea eljuicio o medio de defensa para combatir la separación y, en su caso, sólo procederá laindemnización.Las instituciones de seguridad pública sólo estarán obligadas a una indemnización equivalente atres meses del último salario percibido, y al otorgamiento de las partes proporcionales de lasprestaciones a que tenga derecho la persona separada o removida; tal circunstancia será inscritaen el Registro Nacional correspondiente.ARTÍCULO 55. Las autoridades y los elementos de seguridad pública, estatales y municipales, por sí ode manera coordinada podrán establecer fondos de apoyo para en casos emergentes auxiliareconómicamente a los propios elementos o a sus familias, cuyos porcentajes de aportación y suadministración serán establecidos en el Reglamento correspondiente.ARTÍCULO 69. Los niveles previstos en el artículo anterior considerarán las siguientes escalas jerárquicas:I. Comisarios:a) Comisario;II. Inspectores:a) Inspector general.b) Inspector jefe.c) Inspector;III. Oficiales:a) Subinspector.b) Oficial.c) Suboficial, y
  • 128. IV. Escala básica:a) Policía primero.b) Policía segundo.c) Policía tercero,d) Policía.”Por ello, para determinar el carácter de los agentes de las instituciones que conforman el sistemade seguridad pública, se debe partir del hecho que de dichos agentes no tienen, bajo ningunacircunstancia el carácter de trabajadores de base; sino que conforme los niveles de la escalajerárquica los integrantes de los cuerpos de seguridad pública estatal realizan las funciones que lescorresponden como agentes depositarios de autoridad, de acuerdo a su nombramiento, ya queno debe perderse de vista que las instituciones y sus integrantes del sistema de seguridad pública,tienen fundamentalmente el carácter de autoridad; consecuentemente, es innecesario acreditar lanaturaleza de las actividades del puesto o cargo para poder considerar a dichos agentes no comotrabajadores de base, sino en una relación de carácter administrativo con el Estado, lo cual es unacuestión de orden público al estar prevista en el marco constitucional.Por otra parte, la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública en cita, señala que Las instituciones deseguridad pública deberán garantizar para su personal, al menos las prestaciones previstas para los trabajadores alservicio del Estado y municipios; generarán, de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, unanormatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos,Con base en lo señalado los agentes que integran los cuerpos de seguridad pública, cuentanactualmente con las prestaciones equivalentes a las de los trabajadores del estado, y son laspropias instituciones de seguridad pública las que deben generar los regímenes complementariosde seguridad social, con cargo a sus presupuestos; pero bajo ninguna circunstancia dichosagentes basan su relación con la entidad por la función que desempeñan, sino por elnombramiento que les fue asignado y que les da el carácter de depositarios de autoridad, lo queimpide que puedan ser considerados trabajadores de confianza, aún cuando no se encuentrenoperando en la práctica como tales, razón por la que resulta improcedente la iniciativaplanteada.En tal virtud, con fundamento en los artículos, 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo delEstado; 85 y 86 fracciones I y II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado,ponemos a consideración de este Cuerpo Colegiado Legislativo, el siguienteD I C T A M E NÚNICO. Es de desecharse y se DESECHA la adición de un último párrafo al artículo 51, de la Ley delSistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis PotosíNotifiquese.Dado en la sala “ING. HEBERTO CASTÍLLO MARTÍNEZ del Honorable Congreso del Estado de San LuisPotosí, a los trece días del mes de noviembre del dos mil doce.
  • 129. Por la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción SocialDiputado Eugenio Govea ArcosPresidenteDiputado J. Ramón Guardiola Martínez.VicepresidenteDiputado Jaén Castilla JonguitudSecretarioPor la Comisión de Puntos ConstitucionalesDIPUTADO JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLAPRESIDENTEDIPUTADA MARIANELA VILLANUEVA PONCEVICEPRESIDENTADIPUTADA MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTASECRETARIADIPUTADO FERNANDO PEREZ ESPINOZAVOCALDIPUTADA ROSA MA. HUERTA VALDEZVOCALDIPUTADO JOSE FRANCISCO MARTINEZ IBARRAVOCALDIPUTADO MIGUEL DE JESUS MAZA HERNANDEZVOCALPor la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y GéneroDiputado Miguel de Jesús Maza HernándezPresidente ______________________Diputada Marianela Villanueva PonceVicepresidenta ______________________Diputada Ruth Noemí Tiscareño AgoitiaSecretaria ______________________
  • 130. Diputado Rubén Guajardo BarreraVocal ______________________Por la Comisión de Trabajo y Previsión SocialDiputado Juan José Jover NavarroPresidente ______________________Diputado Crisógono Sánchez LaraVicepresidente ______________________Diputado Alejandro Lozano GonzálezSecretario ______________________
  • 131. Puntos de AcuerdoSan Luis Potosí, S.L.P. A 11 de abril de 2013CC. DIPUTADOS SECRETARIOSDE LA LX LEGISLATURADEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.P r e s e n t e s.Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Librey Soberano de San Luís potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 72, 73 y74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, Manuel Aguilar Acuña,diputado local en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciónNacional me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente Puntode Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de DesarrolloAgropecuario y Recursos Hidráulicos, con la finalidad de que se realicen las gestionespertinentes ante la CONAGUA para, en los casos que las condiciones técnicas lo permitan,llevar a cabo la exploración, explotación y aprovechamiento de las zonas de los municipiosen donde no exista veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo, en base en lossiguientes:ANTECEDENTESEn la actualidad, a consecuencia del crecimiento poblacional de nuestro país, la demanda deconsumo de agua que ha venido aumentando considerablemente, mientras que las reservas deeste líquido vital, han ido disminuyendo. Las inclementes condiciones de estiaje y sequíacontribuyen en mucho en el agravamiento de estas problemáticas. Desde nuestro punto de vista esmuy importante discriminar que la problemática de escasez de agua es muy distinta en la ciudadque en el campo. Pues en los centros urbanos puede haber desabasto por razones de diversaíndole atribuibles no solamente a la naturaleza, mientras que en espacios rurales se dependedemasiado de las condiciones ambientales, y se disponen de menos estrategias alternativas parapaliar la dramática situación.Este es un problema muy marcado en nuestro Estado, sobretodo, en sus regiones del interior.Aunado a lo anterior, como todos sabemos, se presentaron incendios forestales que incidenen generar temperaturas más altas y estragar miles de hectáreas, y muchas de ellas cultivables, loque merma las de por sí ya estrechas condiciones de explotación agrícola sustentable.A principios del mes de marzo del presente año, el director de Protección Civil de Gobiernodel Estado, Gerardo Cabrera Olivo, declaró a los medios de comunicación de la entidad, que elproblema de sequía del Estado era considerado grave, e incluso, planteó la posibilidad de
  • 132. emprender las gestiones para solicitar a la Secretaría de Gobernación la Declaratoria de Zona deDesastre Natural, para los municipios mayormente afectados en caso de que en los próximosmeses no llueva. Escenario complejo que además debe considerar que en los primeros meses deeste año se han venido presentando las temperaturas más altas de la historia en algunasmunicipalidades. Al punto en que el Director de Protección Civil, mencionó que una de lasmedidas que implementadas sería dotar a cada uno de los 58 municipios con una pipa, con lacondición de que los alcaldes mantuviesen las mismas en óptimas condiciones.JUSTIFICACIÓNDesde nuestro punto de vista, utilizar pipas para hacer llegar agua a las comunidades más alejadases una buena medida porque permite reaccionar de forma inmediata y resolver las necesidadesbiológicas básicas de las personas, sin embargo, a esta medida de corto plazo para enfrentar lacontingencia, también se le debe acompañar de estrategias para encontrar nuevas fuentes paraabastecer el agua con perspectiva de mediano y largo plazo.En la huasteca potosina, la zona media y el altiplano, a diferencia de la capital y su zonaconurbada, la economía de las regiones se sostiene en buena medida de las actividadesdesplegadas en el sector económico primario, y muchas de las mismas son de autosubsistenciapara las familias potosinas. Ante esta situación uno de los mayores problemas que se presentan esla suficiencia del vital líquido, desde la que se destina para consumo humano, pasando por la quese emplea en labores de riego, y hasta la que se suministra a los animales.La Ley de Aguas Nacionales define las zonas de veda como aquellas áreas específicas de las regioneshidrológicas, cuencas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de aguaadicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, envirtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidadhidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Asimismo, busca establecerun equilibrio del agua en estas regiones a fin de establecer un uso sustentable que permita realizarlas diversas actividades del ser humano sin el detrimento del medio ambiente.En nuestra entidad, existen municipios que no resultan afectados por la consideración deser decretados como zona de veda para la explotación acuífera, mientras que algunos otroscuentan con pozos ,en tanto que otros más poseen mantos freáticos que no han sidosuficientemente examinados y eventualmente explotados. De manera que consideroabsolutamente pertinente que las instancias estatales competentes, soliciten mayor apoyo técnicode la Federación para buscar que se exploren alternativas de mayor calado y sustentabilidad, parallevar a cabo los trabajos de alumbramiento de las aguas del subsuelo, y así, lograr mitigar laescasez de agua superficial.CONCLUSIÓNAlicia Mayer en su libro “México en tres momentos, 1810-1910-2010”, menciona que en diversosestudios se decretaron zonas de veda para el alumbramiento de las aguas subterráneas de algunoslugares de la República, y que se ha vuelto necesario explotar aquellos lugares que no lo fueron. Elagua subterránea ha sido considerada propiedad de la Nación, y por ende es de utilidad pública. De
  • 133. igual manera menciona que la escasez del agua superficial, debe ser sustituida por elalumbramiento de las aguas del subsuelo, para llegar así a un “equilibrio hídrico”, perspectiva de lacual se logrará obtener mayor desarrollo sustentable del medio ambiente.Señoras y señores legisladores, la época de estiaje apenas comienza y de lo que se trata esde tomar medidas preventivas, porque como todos sabemos, se anticipa que en los próximosmeses nos enfrentaremos a una canícula sin precedentes en los últimos tiempos. Es fundamentaltomar medidas que alivien la necesidad de agua de nuestras comunidades campesinas, porqueeste es un elemento crucial para el sector agrario, su desarrollo y la calidad de vida de nuestrospaisanos.Por lo antes expuesto, a esta Soberanía, me permito proponer el presente:PUNTO DE ACUERDOÚNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de DesarrolloAgropecuario y Recursos Hidráulicos, con la finalidad de que se realicen las gestiones pertinentesante la CONAGUA para, en los casos que las condiciones técnicas lo permitan, llevar a cabo laexploración, explotación y aprovechamiento de las zonas de los municipios en donde no existaveda para el alumbramiento de aguas del subsuelo.A T E N T A M E N T EDIP. MANUEL AGUILAR ACUÑA
  • 134. San Luis Potosí, S.L.P. A 19 de abril de 2013CC. DIPUTADOS SECRETARIOSDE LA LX LEGISLATURADEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.P r e s e n t e s.Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Librey Soberano de San Luís potosí; 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 72, 73 y74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, Manuel Aguilar Acuña,diputado local en esta LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciónNacional me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente Puntode Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Dirección Estatal deProtección Civil, a impulsar, ampliar y capacitar con ciudadanos potosinos del interior delestado brigadas rurales de protección civil, así como capacitar a los productores cañeros dela región, en las zonas catalogadas como de alto riesgo de irrupción de incendios forestales,con la finalidad de prevenir la ocurrencia de estos siniestros y difundir las medidas quedeben tomarse en caso de emergencia, con base en los siguientes:ANTECEDENTESEn días pasados, en diversas zonas del estado potosino, se han suscitado una serie de incendiosforestales de la mayor gravedad. Tan inclemente se vivió esta tragedia que somos el segundoestado a nivel nacional con mayores afectaciones, sólo después de Baja California Sur, pues seestima que sólo en San Luis Potosí, 11 mil 674 hectáreas fueron afectadas. Según la Agenda deGestión de Riesgos del Comité para la Atención de los Incendios Forestales del 2011, los meses demarzo a mayo, son considerados de alta tendencia al índice de propagación de los incendiosforestales. Por otra parte, el Sistema Meteorológico Nacional ha previsto este 2013 como uno delos años más calientes de los últimos tiempos.Los programas de contingencia de Protección Civil están concentrados en dar prioridad deatención y protección a las personas y su patrimonio, así como el control y extinción del fuego,además de la prevención entre los ciudadanos. Es a través de Comunicación Social de gobierno delestado, que se difunden las medidas preventivas, y en los distintos portales institucionales deProtección Civil los diferentes documentos que contienen las reglas generales de prevención, asícomo las recomendaciones para realizar actividades agrícolas con medidas de seguridad y control.Sin embargo mucha de esta información tiene un espectro de influencia limitado pues muchosproductores agrícolas y cañeros no disponen de la tecnología para enterarse de estas medidas,además de que nada es mejor que recibir de forma directa la capacitación que les oriente sobre lasmejores técnicas, condiciones, y medidas para llevar a cabo la quema de la caña de azúcar ocualesquiera otros que los campesinos dan al fuego en sus parcelas, sembradíos o cañaverales. Poreso es importante implementar un programa permanente de capacitación en materia deprotección civil e incendios forestales, sobre todo si consideramos que el estado cuenta con laprevia existencia de un grupo de brigadistas comunitarios, en diversas secciones de losmunicipios que son afectados por los incendios, a los cuales, se les debe brindar de forma
  • 135. permanente la capacitación necesaria por parte de Protección Civil, pero con mucho mayor énfasisen los periodos que se prevén como de mayor probabilidad de incendios forestales, seanoriginados de forma antropogénica o natural.JUSTIFICACIÓNExiste una imperante necesidad de capacitar a los pobladores de estas regiones, y la creación demás brigadas rurales y cada vez mejor capacitadas, con personas pertenecientes a lascomunidades en donde ocurren los incendios por la importancia de evitarlos y por la rapidez conque pueden reaccionar para auto protegerse , para lograrlo es imprescindible comprometer a losmismos a velar por el bienestar de los demás, crear consciencia de la responsabilidad social queimplica el manejo de incendios controlados. Desde nuestro punto de vista, Protección Civil,mediante la impartición de cursos de prevención, sobre qué hacer y cómo controlar el fuego quesuele utilizarse de forma habitual en el campo y la zafra potosina, facilitará a que los pobladorescorran menores riesgos para su vida y sus familias en caso de emergencia.De igual manera, tomando en cuenta que los meses en que se presenta más riesgo, son en los quelos cañeros hacen la quema, es de vital importancia que se les capacite a ellos también, para quetengan la pericia necesaria.Cabe hacer mención que en diversos estados de la república, se está recurriendo aesquemas de protección civil cada vez más amplios e incluyentes de la participación ciudadana.Incluso, en algunos municipios que se han visto damnificados por los incendios, se ha comenzadoa tomar medidas al respecto.Ampliar la convocatoria para formar un ejército de ciudadanos capacitados en la atenciónde incendios forestales en todas las zonas señaladas como de riesgo inminente, será la mejorherramienta para prevenir los desastres y los costosos daños que provocan.CONCLUSIÓNSegún la Organización Internacional de Protección Civil “la protección civil es el sistema por el quecada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre oaccidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y delmedio ambiente”. Hoy más que nunca, ante las actuales condiciones de calor y necesidadeconómica de todas las regiones del estado dedicadas a actividades económicas primarias, esnecesario aplicar todas las medidas necesarias para la protección de las poblaciones rurales, ypromover la cultura de la prevención, que tanto hace falta hoy en día.Crear consciencia de que los incendios se pueden evitar y se pueden controlar es crucialpara las evitar riesgos innecesarios y así preservar la integridad física y patrimonial de losproductores del campo.Por lo antes expuesto, a esta Soberanía, me permito proponer el presente:PUNTO DE ACUERDOÚNICO. La LX Legislatura exhorta al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Dirección Estatal deProtección Civil, a impulsar, ampliar y capacitar con ciudadanos potosinos del interior del estado
  • 136. brigadas rurales de protección civil, así como capacitar a los productores cañeros de la región, en laszonas catalogadas como de alto riesgo de irrupción de incendios forestales, con la finalidad deprevenir la ocurrencia de estos siniestros y difundir las medidas que deben tomarse en caso deemergencia.A T E N T A M E N T EDIP. MANUEL AGUILAR ACUÑA
  • 137. Acuerdo con proyecto deresoluciónLA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO No. 122PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 6 DE ABRIL DE 2013C O N V O C AAl pueblo potosino y a toda institución pública y privada, para que propongan a lapersona que estimen merecer la Presea al Mérito “PLAN DE SAN LUIS”, AÑO 2013;galardón que se confiere en reconocimiento a potosinos que, a través de su obraintelectual, política y social; o por sus actos cívicos y ejemplar servicio contribuyen alas mejores causas del pueblo mexicano.Esta llamada se rige por las siguientesB A S E SPRIMERA. Las propuestas deben remitirse a la Comisión de Educación, Cultura,Ciencia y Tecnología; y su recepción es en la oficialía de partes del Congreso delEstado, ubicada en calle Pedro Vallejo No. 200, centro histórico, en la ciudad capitalde San Luis Potosí, de lunes a viernes en horario de nueve a quince horas.Las propuestas que provengan del interior de la Entidad también se recepcionan enla oficialía de partes precitada o, en su caso, en las presidencias municipales de los58 ayuntamientos, en horario de oficina, dirigidas al Regidor de la Comisión deEducación de cada cabildo, o la persona designada para ello; quienes seránresponsables de su oportuno envío al Poder Legislativo Local.SEGUNDA. Las candidaturas que deben entregarse en sobre cerrado incluirán, delpropuesto, nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, ycurrículum vitae; así como documentos del candidato que, a juicio del promovente o
  • 138. impulsantes, justifiquen los méritos para obtener el galardón. Si se trata decandidatura post mortem, en lugar de entregar historial profesional debe adjuntarsereseña biográfica del candidato.Adicionalmente, el o los proponentes deben anexar los siguientes datos personales,nombre completo, domicilio oficial, y teléfono.TERCERA. La recepción de candidaturas inicia el uno de mayo de 2013, y concluye alas quince horas del último día hábil del mes de junio del año en curso.CUARTA. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la SexagésimaLegislatura analizará la documentación que se haya recibido dentro del periodoenunciado y, presentará al Pleno del Congreso del Estado, el dictamen respectivopara discusión y aprobación, en su caso.QUINTA. El Honorable Congreso del Estado entrega la Presea al Mérito “PLAN DE SANLUIS”, AÑO 2013, a la persona que se haga merecedora de tan honrosa distinción, enSesión Solemne, ante la presencia de los titulares de los poderes, Ejecutivo; y Judicialdel Estado, en la primera quincena del mes de septiembre de 2013.SEXTA. Todo lo no previsto será resuelto por la comisión legislativa a que se refiere laBase Primera de esta convocatoria.Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y TecnologíaDip. CrisógonoSánchez LaraDip. Ma. del SocorroHerrera OrtaDip. Alfonso Díazde León GuillénPresidente Vicepresidenta SecretarioDip. Ruth NoemíTiscareño AgoitiaVocalDip. JaénCastilla JonguitudVocalDip. AlejandroLozano GonzálezVocalSan Luis Potosí, S.L.P. 22 de abril 2013