ESTERILIZACIONES FORZADAS EN EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

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  • 1. DERECHOS HUMANOSTEMA: ESTERILIZACIONES FORZADAS EN EL GOBIERNO DEALBERTO FUJIMORI FUJIMORI COMO POLITICA DE ESTADO WILLIAMS TORRES REYES
  • 2. ESTERILIZACION FORZADA EN EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI COMO POLITICA DE ESTADO 2
  • 3. INDICEINDICE..…………………………………………………………………………………3INTRODUCCION……………………………………………………………………... 4ESTERILIZACION FORZADA EN EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI………..5 I. ANTECEDENTES EN EL PERU……………………………………………...5 II. ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES…......6 III. MARCO CONCEPTUAL….……………………………………………….9 IV. MARCO JURIDICO………………………………………………..........15 4.1. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos…………...16 4.2. Derecho Internacional y Constitución Política del Perú………..17 V. ANALISIS JURIDICO..……………………………………………………19 5.1. La cuestión de la calificación de las “esterilizaciones forzadas” en el caso peruano como delito de genocidio o lesa humanidad………….…………………………………………………..19 5.1.1. GENOCIDIO………….…………………………………………………..19 a. Conducta prohibida…….…………………………………………………20 b. La identificación y comisión de la conducta prohibida contra un grupo determinado……….……………………………………………….20 c. La intención de destruir, total o parcialmente a este grupo……...21 5.1.2. Análisis de los elementos de lesa humanidad en la modalidad de otros actos inhumanos (esterilización forzada)……………..22 a. Conducta prohibida………………………………………………………24 b. Actos dirigidos contra una población civil de conformidad con la política de un Estado…………………………………………………….. 25 c. Actos cometidos de forma generalizada o sistemática…………..25 d. Elemento subjetivo…………………………………………………………26 VI. CASUISTICA……………….……………………………………….........27 VII. La prescripción………………………………………………………….30 VIII. CONCLUSIONES…………………………………………………………32 ADJUNTOS DOCUMENTARIOS……………………………………………….. 34 3
  • 4. INTRODUCCIONDurante la presidencia de Alberto Fujimori entre 1995 al 2000, se ejecutóun presunto plan de control de la natalidad entre los sectores máspobres de la población peruana, esencialmente indígenas, que con laexcusa de mejorar las condiciones de vida de la población devino unplan de esterilización forzada.En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995. Enesa ocasión, Hilaria Supa Huamán conversó con el entonces presidenteperuano, Alberto Fujimori. "Empezó a hablarme de un programasanitario de planificación familiar que quería aplicar. Le dije que estabade acuerdo, a condición de que los maridos y sus mujeres decidieranjuntos. A lo que respondió: ‗Sí, por supuesto."Unos meses más tarde, urgida por la enfermera del pueblo y sin recibirdemasiadas explicaciones, Hilaria aceptó someterse a una operación,de la que le costó reponerse: "Te insultan. Te dicen: ‗Tú quieres tener hijoscomo los cuyes. Después te aseguran que te vas a curar rapidito, peroes mentira. La cicatriz sana rápido por afuera, pero adentro no, porquenosotras hacemos trabajo muy duro, con mucha fuerza". Y no es laúnica que sufre las secuelas. Una amiga suya, madre de familia deMollepata, le dijo que luego de haber sufrido una ligadura de trompasempezó a sentirse "muy débil".Frente a la política criminal del nefasto y dictador Fujimori, mujeresvalientes hasta el día de hoy buscan, luchan por hacer respetar elDerecho a la vida, los Derechos Humanos de cada Peruana, y humanoen el mundo. 4
  • 5. ESTERILIZACION FORZADA EN EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI COMO POLITICA DE ESTADO I. ANTECEDENTES EN EL PERU En agosto de 1995, mediante la Ley 26530 se incluye la anticoncepción quirúrgica voluntaria como un método más de planificación familiar. Hasta entonces, la anticoncepción quirúrgica solo estaba disponible en clínicas privadas. En 1996 se creó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (Resolución Ministerial Nº071-96-SA/DM), cuyas metas cuantitativas aseguraban que el 100% de sus pacientes por parto o aborto egresarían usando un método de planificación familiar seguro. Una meta cuantitativa sobre la totalidad de la población usuaria solo es posible de realizar, coaccionando la voluntad de las mujeres. Las normas y manuales de procedimientos del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Ministerio de Salud no aseguraban el derecho de las mujeres a la información y la toma de decisión libre, lo que fue observado por la Defensoría del Pueblo (ver informes: Nº7, Nº27 y Nº 69), que ya por aquel entonces recibió más de 900 denuncias: falta de información, ausencia de plazo de reflexión, falta de autorización de la usuaria, inexistencia de consentimiento informado, esterilizaciones forzadas, promoción compulsiva en desmedro de otros métodos o como única posibilidad de oferta real, complicaciones no atendidas, muerte durante la práctica. En 1998, ante las denuncias y los Informes Defensoriales, el Ministerio de Salud dicta una serie de resoluciones para mejorar su política (Resolución Ministerial 076-98-SA/DM y Resolución Ministerial Nº 089-98-SA/DM), modificando sus metas cuantitativas y estableciendo una serie de procedimientos que garantizaban la calidad del servicio en el punto de entrega. A partir de esta fecha se prohíben las esterilizaciones durante las ferias de salud reproductiva, es decir, en carpas, sin anestesia y sin plazo de reflexión del consentimiento informado. Todo esto ocurre en un contexto de flexibilización laboral, donde gran parte de los trabajadores de salud no estaban en la planilla 5
  • 6. del sector. Es decir, no formaban parte de la carrera pública, lo que limitaba su capacidad de resistencia frente a órdenes arbitrarias.  El 15 de junio de 1999, CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer) , DEMUS (Estudio para la Defensa de la Mujer) y APRODEH(la Asociación Pro Derechos Humanos) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera demanda contra el Estado peruano a por el caso de Mamérita Mestanza, mujer que murió luego de haber sido sometida a una esterilización forzada.  Entre 1994 y el 2000, fueron ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Entonces, no se trato de casos aislados, sino de una política pública del Estado peruano que tenía un Programa con metas y presupuesto, mecanismos de difusión y unos operadores encargados dela ejecución. II. ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES1996: Organizaciones locales de mujeres y derechos humanoscomenzaron a informar sobre abusos.1996: CLADEM, realiza la investigación Silencio y complicidad: Violenciacontra las mujeres en los servicios públicos de salud en el Perú, dondeencuentran los primeros indicios y evidencias sobre los abusos respectoa la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva yPlanificación Familiar 1996–2000 (PNSRPF).1997: Organizaciones feministas empiezan a hacer llegar a la Defensoríadel Pueblo información obre las primeras denuncias de casos de EF.1997: CLADEM presenta queja contra el Hospital Rural de Tocache, puesla señora M.M.C. había fallecido, presumiblemente, a consecuencia dela ligadura de trompas. Por otro lado, la señora B.A.S., quien tambiénhabía sido esterilizada en el Hospital Rural de Tocache, sostenía nohaber recibido la consejería previa a esta clase de intervencionesquirúrgicas, y haber tenido complicaciones después de la intervención,sin que fueran debidamente atendidas. 6
  • 7. 1997: CLADEM remitió a la Defensoría del Pueblo un video con lostestimonios del viudo de M.M.C., de la señora B.A.S., así como de otrasvecinas.1997: La República y El Comercio sacan a la luz una serie de hechos querevelaban abusos y condiciones preocupantes en provisión de AQV.1998: DEMUS informa a Defensoría del Pueblo sobre caso de la señoraM.G.E.O. –mujer esterilizada el 14 de octubre de 1995 en el HospitalBelén de Trujillo, intervención que le ocasionó una serie decomplicaciones que motivaron su fallecimiento una semana después- lacual, además, fue publicada el 07 de junio de 1997 por el diario "LaIndustria" de Trujillo.06-03-1998: MINSA introduce el plazo de 72 horas para reflexionar sobrela intervención quirúrgica.1998: Informe Defensorial Nº 7 se establece un sistema de vigilancia yseguimiento especial de las quejas y denuncias y se emiterecomendaciones al Estado.1999: Informe Defensorial Nº 27 se emite por los nuevos casos deviolaciones.1999: Investigación de CLADEM ―Nada Personal‖ - Reporte de DerechosHumanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en elPerú 1996-1998, señala las severas violaciones a los derechos humanosde las mujeres afectadas por la EF.1999: Organizaciones feministas y de derechos humanos: DEMUS,APRODEH, CEJIL, CRR y CLADEM denunciaron estos hechos ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el casoMaría Mamérita Mestanza25-10-2001: Se apertura la Subcomisión encargada de investigar EF 1990-2000, presidida por el Congresista Héctor Chávez Chuchón.09-09-2002: Congresista Héctor Chávez Chuchón presenta DenunciaConstitucional Nº 151 contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud:Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, por eldelito de genocidio y otros. A la par lo presentó también ante la Fiscalíade la Nación. 7
  • 8. 27-01-2003: Fiscalía especializada en DDHH inicia investigación preliminarpor genocidio y otros.17-03-2003: En sesión plena se decidió archivar la DenunciaConstitucional Nº 151.13-08-2003: Congresista Dora Núñez Dávila presenta DenunciaConstitucional Nº 269, contra el ex presidente Fujimori y sus Ministros deSalud, por delito de lesa humanidad en la modalidad de tortura,lesiones graves seguidas de muerte, secuestro y asociación ilícita paradelinquir.26-08-2003: Estado peruano firmó Acuerdo de Solución Amistosa delcaso de María Mamérita Mestanza, donde se comprometió a investigary sancionar los hechos para brindar justicia y reparación a los/lasfamiliares de Mamérita, reconociendo su responsabilidad de lasesterilizaciones ante la CIDH.09-03-2004: Fiscalía de la Nación remite el acuerdo de solución amistosaa la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos que dispuso la apertura deinvestigación en la misma fecha.23-07-2004: Fiscal de la Nación, Dra. Adelaida Bolívar, en la investigaciónpreliminar N° 203-2001, resolvió No Ha Lugar Formular la DenunciaConstitucional contra ex presidente Alberto Fujimori por delito degenocidio y otros.14-12-2005: Congreso remite la denuncia a la Dra. Adelaida Bolívar,Fiscal de la Nación, para que se abra investigación ya que habíacaducado el beneficio del antejuicio político.29-05-2007: Primera Fiscalía Superior Especializada en CriminalidadOrganizada acumula la investigación al Caso Nº 18-2002, donde yaexistían alrededor de 2000 agraviadas.26-05-2009: Fue archivado por el Ministerio Público el Caso Nº 18-2002que contiene a las 2074 mujeres agraviadas incluyendo a las 18fallecidas. En el archivo se señala que los hechos denunciados noconfiguran delito de genocidio ni de tortura y que los delitosenmarcados en el Código Penal no se habrían configurado o estánprescritos. En este caso estuvieron denunciados como responsables tresministros de Salud del régimen fujimorista: Alejandro Aguinaga, Eduardo 8
  • 9. Yong y Marino Costa Bauer –dos de ellos actuales miembros del equipode Fuerza 2011.29-05-2009: DEMUS presentó su recurso de queja contra dicharesolución.11-12-2009: Primera Fiscalía Superior Anticorrupción declaró infundadolos recursos de quejas, tanto el de DEMUS, como el de la Procuraduríadel MINJUS y del IDL.11-06-2010: DEMUS presenta nueva petición ante la CIDH por los casosde CERD y LVCH, para aquellas víctimas de esterilizaciones forzadastengan acceso a justicia y reparación. III. MARCO CONCEPTUALLa esterilización forzosa o esterilización forzada es aquella que seproduce en una o más personas sin su consentimiento ni justificaciónmédica o clínica, con intención eugenésica, punitiva o anticonceptivaforzosa.A los largo del siglo XX y XXI numerosos países han desarrolladoprogramas de esterilización forzada, normalmente en mujeres, comoparte de sus políticas gubernamentales, en el propio país o en otros.Según el Estatuto de Roma, esterilización forzosa constituir el crimencontra la humanidad.La esterilización forzosa es considerada como un crimen de lesahumanidad y/o un crimen de guerra y un delito grave de violenciasexual. fue reconocido como crimen de guerra en el proceso deNúremberg desarrollados entre 1945 y 1946 por iniciativa de las nacionesaliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que sedeterminaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes,funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de AdolfHitler. Los elementos que caracterizan la esterilización forzosa son:1.- Que el autor o autores hayan privado a una o más personas de lacapacidad biológica de reproducción de manera irreversible.2.- Que dicha esterilización no haya tenido justificación en untratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevadoa cabo con su libre consentimiento o se haya conseguido elconsentimiento mediante engaño 9
  • 10. La esterilización permanente e irreversible forzada se realiza con fineseugenésicos y de castigo con el objeto impedir la reproducción de unsegmento de la población que se considera portador derasgos defectuosos -retrasos mentales, delincuentes, o de un gruposocial definido por su raza, etnia, religión u otra característica que sedesea limitar o eliminar. También se considera esterilización forzada losprogramas de anticoncepción no voluntaria o forzosa para el control dela natalidad.Estados UnidosEl primer estado en promulgar legislación sobre las esterilizacionesforzosas fue Míchigan, en 1897, pero esta no consiguió suficientes votospor parte de los legisladores para ser adoptada. Ocho años después, loslegisladores del estado de Pensilvania aprobaron una ley deesterilización que fue vetada por el gobernador. Indiana se convirtió enel primer estado en promulgar legislación sobre esterilización en1907, seguida de cerca por Washington y California en 1909.Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública hacia laeugenesia y los programas de esterilización se volvió más negativa a laluz de la conexión con las políticas genocidas de la Alemania Nazi,aunque un número significativo de esterilizaciones continuó en unospocos estados hasta principios de la década de 1960. La junta deEugenesia de Oregón, más tarde renombrada la Junta de ProtecciónSocial, existió hasta 1983, con la última esterilización forzosa ocurrida en1981.La mayoría de las leyes sobre esterilización podía ser dividida en trescategorías principales de motivaciones: eugenésica (referida a laherencia), terapéutica (parte de una teoría médica aún en eseentonces oscura por la cual la esterilización llevaría a la vitalidad) opunitiva (como un castigo a los criminales), aunque por supuesto estasmotivaciones podían combinarse en la práctica y en la teoría (laesterilización de criminales podía ser tanto punitiva como eugenésica,por ejemplo). El juicio de Buck v. Bell supuso que solo la esterilizacióneugenésica sería constitucional, mientras que el juicio Skinner v.Oklahoma legisló específicamente contra la esterilización punitiva. Lamayoría de las operaciones solo sirvieron para impedir la reproducción 10
  • 11. (como es el caso de la ruptura del conducto deferente en los varones),aunque algunos estados (en particular, Oregón y Dakota del Norte)tenían leyes que incitaban el uso de la castración. En general, lamayoría de las esterilizaciones fueron realizadas bajoestatutos eugenésicos, en hospitales psiquiátricos y hospicios paradiscapacitados mentales. Nunca existió un estatuto federal sobre laesterilización, aunque el eugenista Harry H. Laughlin, cuya "Ley Modelopara la Esterilización Eugenésica" fue la base de un estatuto ventiladoen Buck v. Bell que propuso la estructura de uno en 1922.Alemania Eugenesia naziEl programa de esterilización más amplio del siglo XX tuvo lugar bajo elrégimen del Tercer Reich. Uno de los primeros actos de Adolf Hitler,luego de conseguir el control total sobre el estado alemán, fue aprobarla Ley para la prevención de descendencia con enfermedadeshereditarias (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses) en julio de1933.Para el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 400.000 individuosfueron esterilizados bajo el auspicio de la ley alemana, la mayoría deellos durante los primeros cuatro años después de haber sidopromulgada. Cuando se trajo a colación el tema de las esterilizacionesforzosas en los Juicios de Núremberg después de la guerra, muchos nazisdefendieron sus acciones indicando que había sido del mismo EstadosUnidos el que les sirvió de inspiración. Los nazis tuvieron muchas otraspolíticas raciales inspiradas en la eugenesia, incluyendo su programa de"eutanasia" por el cual alrededor de 70.000 personas internadas en unainstitución o que padecían de defectos de nacimiento fueronasesinados.JapónEn la primera parte de la era Shōwa, los gobiernos japonesespromovieron el incremento del número de japoneses sanos, al mismotiempo que la disminución del número de personas que padecíanretardo mental, discapacidad, enfermedades genéticas y otrascondiciones que los llevaba a ser vistos como contribuciones "inferiores"al conjunto genético japonés1.1 "La Ley Eugenésica Nacional" La 107a. ley que el gobierno japonés promulgó en 1940 11
  • 12. Las Leyes de Prevención de la Lepra" de 1907, 1931 y 1953 (la última solorevocada en 1996) permitieron la segregación de pacientes ensanatorios donde los abortos y esterilizaciones forzosas eran comunes,así como el castigo autorizado de pacientes que "alteraran lapaz".2 Bajo el Amparo de la "ordenanza de prevención de la lepra" en laCorea colonizada, los pacientes coreanos fueron también sujetos aarduas labores.La "Ley de Protección de la Raza Eugenésica" fue discutida desde 1934hasta 1938 por la Dieta. Después de cuatro enmiendas, fue promulgadacomo la "Ley Eugenésica Nacional" en 1940 por el gobiernode Fumimaro Konoe. Según Matsubara Yoko, de 1940 a 1945, se esterilizóa 454 japoneses bajo el Amparo de esta ley.Según la Ley de Protección Eugenésica (1948), la esterilización podía serforzosa en criminales "con predisposición genética a cometercrímenes", pacientes con enfermedades genéticas, talescomo hemofilia, albinismo e ictiosis, y afecciones mentales talescomo esquizofrenia, trastorno bipolar y epilepsia. Las enfermedadesmentales fueron añadidas en 1952.India y ChinaNi India ni China han tenido programas eugenésicos de esterilización; sinembargo, han tenido lugar esterilizaciones coercitivas sin la autorizacióndel gobierno en China y bajo el mandato del gobierno indio.El estado de emergencia declarado en India entre 1975 y 1977 incluyóuna iniciativa infausta de planificación familiar que empezó en abril de1976, la cual incluía la vasectomía de miles de hombres y ligadura detrompas de las mujeres, sea por pago o bajo condiciones coercitivas. Elhijo de la entonces primer ministra Indira Gandhi, Sanjay Gandhi, fuelargamente culpado por lo que resultó ser un programa fallido. Unafuerte reacción en contra de cualquier iniciativa asociada con laplanificación familiar siguió a este programa altamente controvertido,reacción que continuó hasta el siglo XXI.2 Hansens sanitarium were houses of horrors,http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20050128a1.html,Abolition of leprosy isolation policy in. 12
  • 13. En cambio, en China, se tomaron medidas enérgicas contra los oficialesque incentivaron la esterilización forzosa, los cuales fueron encarceladospor sus acciones.UzbekistánEn 2012 se hacen públicas las políticas secretas de esterilización forzosa -con el fin de controlar la natalidad- llevadas a cabo porIslam Karimov,dictador de Uzbekistán. El programa obliga a los médicos a extirpar elútero a las mujeres, sin su conocimiento ni su aprobación, cuando sehacen una revisión o después de un parto. Se estima entre 10.000 y100.000 las esterilizaciones forzosas practicadas.Diversas organizaciones han denunciado la tolerancia de EstadosUnidos hacia esas prácticas a cambio de permitir el transito de militares;así a pesar de conocerse estos abusos, gracias a los informesde Amnistía Internacional29 (entre otras fuentes), el gobierno de EE.UUsigue apoyando militar y económicamente al régimen de gobiernoliderado por Islom Karimov.Otros paísesEntre los otros países que instauraron tales prácticas, seencuentran Australia, Noruega, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Suiza,Islandia y algunos países de Latinoamérica (como Panamá y Puerto Rico -Operación manos a la obra-). En el Reino Unido, el secretario deEstado Winston Churchill aprobó una cláusula que instauraba laesterilización forzosa en el Mental Deficiency Act de 1913. Pero el escritorG.K. Chesterton organizó una campaña exitosa en favor de suabolición.La Unión Soviética impuso la esterilización forzosa a los obrerosdeportados de Rumania a los campos de trabajo, poco después de laSegunda Guerra Mundial (entonces Rumania debía proveer a Rusia demano de obra, por una cláusula incluida en el armisticio).Checoslovaquia llevó a cabo una política de esterilización demujeres gitanas entre 1973 y 1990. Los disidentes de la Carta 77 ladenunciaron en 1977-78 como un "genocidio", pero la práctica continuóhasta la Revolución de terciopelo de 1989. Aunque la política haya sidooficialmente abolida después de 1990, ciertos médicos continuaron este 13
  • 14. programa (la última víctima censada fue esterilizada en el 2003). Uninforme de 2005 elaborado por el defensor del pueblo, independientedel gobierno checo, Otakar Motejl, identificó docenas de casos deesterilización forzosa entre 1979 y 2001 e hizo un llamado para realizarinvestigaciones penales y una posible acusación contra variostrabajadores y administradores de los servicios de salud.PerúEn Perú, el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido acusadode genocidio y de crímenes contra la humanidad a causa delprograma de esterilización que tuvo lugar durante su gobierno. En eseperíodo se puso en funcionamiento en el Perú un programa deesterilizaciones forzadas contra las mujeresindígenas (esencialmente quechuas), con el nombre de "Plan de saludpública" y que fue presentado el 28 de julio de 1995. El plan fuefinanciado principalmente por la Agencia de CooperaciónInternacional Estadounidense con 36 millones de dólares y, con unacantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las NacionesUnidas(UNFPA).El 9 de setiembre de 1995, Fujimori presenta un proyecto de ley quemodificaba la "ley general de población", con el fin de autorizar laesterilización. También se legalizan otros métodos de contracepción,toda clase de medidas a las cuales se opone fuertemente la IglesiaCatólica. En febrero de 1996, la propia OMS felicita a Fujimori por su plande control demográfico.El ministro de salud de ese entonces, Luis Solari, instituye en setiembre de2001 una comisión especial sobre las actividades de anticoncepciónvoluntaria quirúrgica (AVQ), mientras que una comisión parlamentariase encarga de inquirir sobre las "irregularidades" del programa. En juliode 2002, el informe final solicitado por el Ministro de Salud muestra que,entre 1995 y el 2000, 331.600 mujeres fueron esterilizadas, mientras que25.590 hombres sufrieron una vasectomía. El plan, que tenía comoobjetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de lasociedad peruana, apuntaba esencialmente a los indígenas de laszonas más abandonadas. Según la acusación de una congresista en 14
  • 15. setiembre de 2003, 300 mil indígenas habrían sido esterilizados de estamanera en los años 90.La documentación prueba que el presidente Fujimori estaba informado,mes a mes, del número de intervenciones realizadas por los servicios desus ex-ministros de salud: Eduardo Yong Motta (1994-96), Marino CostaBauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000). Una investigaciónde derechos humanos de la abogada Giulia Tamayo, Nada Personal,muestra que habían sido fijadas cuotas a los médicos. Según Le Mondediplomati que, se habían organizado "festivales de ligaduras de trompas"en las zonas rurales y los pueblos jóvenes. En 1996, hubo 81.762 ligadurasde trompas, según las cifras oficiales, habiendo tenido su punto más altoel año siguiente, con 109.689 ligaduras, en comparación a las"únicamente" 25.995 reportadas en 1998. IV. MARCO JURIDICOPerú tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho de lasmujeres a la vida, la salud y la no discriminación de acuerdo con variosinstrumentos internacionales ratificados por el Estado3, Respecto delderecho a la vida el Estado tiene la obligación positiva de adoptar lasmedidas que sean necesarias para prevenir su pérdida4, lo cual en elcaso de las mujeres se traduce muy concretamente, entre otros, en elacceso oportuno a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.En cuanto al derecho a la salud, Perú tiene la obligación de garantizarel derecho ―al disfrute del más alto nivel posible de salud física ymental5‖, sin discriminación6. El derecho a la salud incluye la obligaciónde los Estados de ofrecer una amplia gama de servicios de salud de3 Ver: Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, art.3, A.G Res.217A (III); Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 6, A.G Res. 2200A XXI),N.U. GAOR, 21 Ses, Sup. No. 16. Doc. de la ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 [en lo sucesivo PIDESC];Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre 1969, art. 4, OEA Serie deltratado No. 36, OEA/ser.LV/II.23.doc.21. (en vigor para Perú el 12 de julio de 1978).4 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6: Derecho a la vida (artículo 6), párr. 5, enDoc. de la ONU HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) (2008)5 PIDESC, supra nota 3, art. 12.1; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [CDESC],Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 delPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párr. 1, Doc. de la ONUE/C.12/2000/4 (2000) [en lo sucesivo CDESC Observación General No. 14].6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada Dic.18, 1979, art. 12, Doc. de la ONU A/34/46 (en vigor Sept. 3, 1981) 15
  • 16. calidad y económicos que incluya servicios de salud sexual yreproductiva7. Finalmente, el Estado peruano tiene la obligación degarantizar el derecho a la autonomía reproductiva. Este derecho surgede las garantías internacionales a los derechos a la integridad física y ala intimidad y se refiere al derecho de tomar decisiones en relación conel cuerpo, particularmente aquellas que afecten su salud reproductiva 8. 4.1. El Derecho Internacional de los Derechos HumanosEl Estado ha ratificado los más importantes tratados universales yregionales que conforman hoy en día el Derecho Internacional de losDerechos Humanos a nivel mundial9 e interamericano10.La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) fue aprobadapor el Perú mediante resolución Legislativa N° 13282 de fecha 15 dediciembre de 1959. La comunidad internacional reconocecontemporáneamente que esta Declaración enuncia derechos de laspersonas de cuyo efectivo reconocimiento ningún Estado está exento.Así es como se ha instituido en base a ella un Sistema universal deprotección de los Derechos Humanos para supervigilar su cumplimientoy promover su respeto por todos los Estados. Algo semejante puedeafirmarse respecto de la Declaración Americana de los Derechos yDeberes del Hombre (1948).El cuerpo jurídico existente en materia de derechos humanos tieneimplicancias precisas para el Perú. En primer lugar, en virtud deprincipios de derecho internacional, ningún Estado podrá invocar lasdisposiciones de su derecho interno como justificación delincumplimiento de un tratado o de normas imperativas de derechointernacional general (jus cogens)11, En segundo lugar, que los tratadosde derechos humanos difieren de los otros tratados en un punto central:su objeto es la «protección de los derechos fundamentales de los seres7 CDESC Observación General No. 14, supra nota 5, párr. 218 CEDAW, supra nota 6, arts. 10 (h), 16 (1) (e); Programa de Acción de la Conferencia Internacional dePoblación y Desarrollo del Cairo, párr. 7.3, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.19 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (ONU,1965), aprobada por Decreto Ley 18 969 del 21 de septiembre de 197110 Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid (ONU, 1973),aprobado mediante Decreto Ley 22 280 del 5 de septiembre de 1978. Instrumento del 11 de octubre de1978. Depositado el 1 de noviembre de 1978.11 ONU: Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 1969, artículos 27 y 53. Ratificadopor el Estado mediante Decreto Supremo 029-2000-RE de fecha 14 de setiembre de 2000 y publicado enel Diario Oficial El Peruano el 21 de setiembre de 2000. Véase también la jurisprudencia de la CortePermanente de Justicia Internacional (en adelante, C.P.J.I.) y de la Corte Internacional de Justicia (enadelante C.I.J.): C.P.J.I., Series A (N° 9) y B (N° 17) ; C.I.J.. Barcelona Traction (1970), Nicaragua v. EE.UU.(1986). 16
  • 17. humanos» (Corte I.D.H., OC—2/82, N° 29)12. En tercer lugar, lasviolaciones a los derechos humanos perpetrados por un Estado dejande ser materia interna y competencia exclusiva de dicho Estado,estando la comunidad internacional siempre autorizada a emitir críticasy recomendaciones, disponer investigaciones y adoptar otras medidaspertinentes, como lo atestigua el funcionamiento de los Sistemasuniversal y regionales —interamericano, europeo y africano— deprotección de los derechos humanos.A las implicancias de alcance general antes señaladas debemos añadirotras de carácter específico que recaen sobre todo Estado en virtuddel Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas son lasobligaciones de respetar y de garantizar —hacer respetar— losderechos y libertades reconocidos por los tratados de derechoshumanos y humanitarios en general13. De tal modo que todomenoscabo a estos derechos atribuible «a la acción u omisión decualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estadoque compromete su responsabilidad»14, según los términos fijados por eltratado infringido. Ello por cuanto «es un principio del Derechointernacional que el Estado responde por los actos de sus agentesrealizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de losmismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o enviolación del derecho interno15».Como consecuencia de la obligación de garantizar los derechosestablecidos en los tratados precitados, el Estado debe «prevenir,investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos yprocurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derechoconculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por laviolación de los derechos humanos16» 4.2. Derecho Internacional y Constitución Política del PerúConforme a la Cuarta Disposición Final y al artículo 3º de la ConstituciónPolítica del Estado vigente desde 1993 este núcleo de derechosinderogables determina el sentido en que debe ser interpretado elcontenido y alcance de todos los derechos reconocidos por laConstitución e integran además la relación de derechos fundamentales12 En el mismo sentido, C.I.J. Reservas a la Convención sobre genocidio, Opinión consultiva, Recueil1951, p. 23.13 ONU: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, articulo 2. OEA. Convención Americana sobreDerechos Humanos, artículos 1 y 214 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, par.15 Idem, par. 170.16 Idem, par. 166. 17
  • 18. específicos a los que cabe reconocer rango constitucional, como partede nuestro ordenamiento jurídico.Conforme lo declaró la Corte Internacional de Justicia —caso BarcelonaTraction, 1970—, estos derechos expresan «obligaciones de los Estadoshacia la comunidad internacional en su conjunto», por lo que:33. (…) Vista la importancia de los derechos en cuestión, todos losEstados lo reconocen como un asunto de interés jurídico para que talesderechos sean protegidos, estableciendo que las obligacionesasumidas por ellos son obligaciones erga omnes.34. Estas obligaciones provienen por ejemplo, en el derechointernacional contemporáneo, de la misma fuente que las leyes sobreactos de agresión y de genocidio pero también de los principios y lasreglas sobre los derechos fundamentales de la persona humana ycomprenden la protección contra la práctica de la esclavitud y ladiscriminación racial. Las garantías de protección correspondientesestán integradas al derecho internacional general17.Es de notar que la noción de derechos humanos apareceexpresamente en nuestras constituciones de 1979 y 1993, las mismasque la comprenden dentro de la expresión «derechos fundamentales»de la persona humana. Ambas Constituciones contienen extensoslistados de derechos organizados a partir del reconocimiento de ladignidad de la persona humana que contemplan las reglas básicassobre respeto a la vida, a la libertad y a la integridad física y mental dela persona humana, entre otras.Además, ambas Constituciones han reconocido que la enumeraciónde los derechos fundamentales que contienen debe completarse entodo momento con «los demás que la Constitución garantiza» y con«otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre»(artículos 4º de la Constitución de 1979 y 3º de la Constitución de 1993).Entre ellos debe destacarse, dado el estado actual del derechointernacional, los derechos derivados de normas imperativas dederecho internacional general que obligan a todos los Estados, y laspropias disposiciones de los instrumentos internacionales de proteccióna los derechos humanos, que entonces adquieren, combinando laCuarta Disposición Final con el artículo 3º de la Constitución de 1993,una doble fuerza vinculante, ya como pauta hermenéutica para la17 Corte Permanente de Justicia Internacional (C.I.J.), Barcelona Traction (1970), pág. 33 y 34. Traducciónno oficial de José Burneo (CVR). Original: «33. *...+ Vu l’importance des droits en cause, tous les Étatspeuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés, lesobligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes.» 18
  • 19. interpretación de los derechos fundamentales, ya como derechosfundamentales por sí mismos incorporados a través del artículo 3º.La Décimo Sexta Disposición Final de la Constitución de 1979 concedióa los principales instrumentos de protección a los Derechos Humanos elrango explícito de normas constitucionales. Si bien la Constitución de1993 no mantuvo esta disposición, respetó sin embargo, en su CuartaDisposición Final, el valor hermenéutico que les corresponde almomento de determinar el contenido y alcance de las normasvinculadas a los derechos de la persona humana, y amplió esta funcióna todos los instrumentos que sean ratificados sobre estos temas. V. ANALISIS JURIDICO 5.1. La cuestión de la calificación de las “esterilizaciones forzadas” en el caso peruano como delito de genocidio o lesa humanidad. 5.1.1. GENOCIDIOEl genocidio es un delito internacional dirigido a lograr el exterminio oeliminación de un grupo determinado. De acuerdo con la Convenciónpara la prevención y la sanción del delito de genocidio, el Estatuto de laCorte Penal Internacional y el Código Penal peruano, para lacalificación de un determinado crimen como genocidio es necesario laconcurrencia de tres elementos fundamentales:(i) la conducta prohibida (ii) la identificación y comisión de la conductaprohibida contra un grupo determinado y (iii) la intención de destruir,total o parcialmente, a este grupo.Mientras que los dos primeros elementos podrían considerarse loselementos objetivos, el tercero de ellos, constituye el requisitodiferenciador respecto del resto de delitos internacionales. El elementosubjetivo especial de ―destruir en todo o en parte al grupo protegido‖,hace del genocidio una forma de persecución extrema e inhumanaque lo diferencia del crimen contra la humanidad.De esta manera, determinar la responsabilidad de una persona porgenocidio requiere, previamente, demostrar que tuvo esta intenciónespecial. Esta tarea resulta bastante compleja pues incluso los tribunales 19
  • 20. internacionales han tenido muchas dificultades para probar esteelemento subjetivo especial18 a. Conducta prohibidaLa Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio,el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Código penal peruanoestablecen como conductas prohibidas la realización de: asesinatos,lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, causardeliberadamente condiciones de vida a un grupo que lo lleven a sudestrucción física, imponer ―medidas destinadas a impedir losnacimientos en el seno del grupo‖19, transferencia forzosa de los niñosde ese grupo a otro grupo. Si en base a los informes e investigacionesque forman parte de los antecedentes de este informe, se asumieracomo hipótesis que existirían los elementos suficientes que permitiríanafirmar que se ha llevado a cabo un considerable número deesterilizaciones (ligadura de trompas), sin el consentimiento dedeterminado grupo de mujeres, cabe formularse la cuestión de si se haperpetrado el delito de genocidio. Ello por cuanto nos encontramosobjetivamente frente a medidas destinadas a impedir nacimientos en elseno de un grupo, configurándose, de esta manera, una conductasubsumible en el listado de los crímenes que configuran la conductaprohibida. b. La identificación y comisión de la conducta prohibida contra un grupo determinado.Un segundo elemento que es necesario evaluar es que las víctimaspertenezcan a un grupo determinado. La finalidad del crimen degenocidio es proteger a un grupo de personas que resulte claramentedistinguible por las características inmutables y estables que lo definen.La vulnerabilidad de estos grupos es potencialmente mayor porque lasposibles víctimas pueden ser identificadas del resto de la población conparticular facilidad20. De acuerdo con la Convención para la18 PERAZA PARGA, Luis y KERBER PALMA, Alicia. “Genocidio listo para sentencia”. Anuario Mexicano deDerecho Internacional, Vol VIII, 2008, p. 925. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derint/cont/8/ain/ain38.pdf, (visitada el 27 de febrero del 2008).19 Ver artículo II, d, de la Convención para la prevención y la sanción del delito de Genocidio (ONU,1948).20 SUNGA, Lyal. “La jurisdicción ratione materiae de la Corte Penal Internacional (arts. 5 a 10 del Estatutode Roma)”. En: AMBOS, Kai y GUERRERO, Oscar (compiladores). El Estatuto de Roma de la Corte PenalInternacional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 245 20
  • 21. prevención y la sanción del delito de genocidio y el Estatuto de la CortePenal Internacional, las víctimas deben pertenecer a un grupo nacional,étnico, racial o religioso. En el ámbito interno, el Código penal peruanoha reemplazado el grupo ―racial‖ por el de ―social‖. En virtud de ello, esnecesario demostrar la pertenencia de las víctimas que fueronesterilizadas sin su consentimiento a un grupo nacional, étnico, racial,religioso o social. Sobre el particular, es importante mencionar que lasesterilizaciones, en su mayoría, de acuerdo con los antecedentes, sehabrían llevado al cabo contra un grupo social específico: personasque realizaban trabajo en el campo, andinas, indígenas, rurales, conpoca instrucción formal y en situación de pobreza. c. La intención de destruir, total o parcialmente a este grupoComo se ha señalado para que una persona sea acusada de habercometido un crimen de genocidio debe demostrarse que realizóacciones con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo.Para el cumplimiento de esta intencionalidad especial, dolus specialis,se requiere que el perpetrador pretendiera claramente el resultado deque se le acusa, es decir, que los actos hayan tenido lugar en elcontexto de una pauta manifiesta de conducta dirigida contra esegrupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción21En tal sentido, es necesario analizar si las esterilizaciones sinconsentimiento se llevaron al cabo con la intención específica dedestruir o aniquilar en todo o en parte al grupo social determinado. Lasevidencias, hasta el momento, no han demostrado que los terriblesactos inhumanos cometidos fueran acompañados de la necesaria yespecífica intención de aniquilar al grupo social específico: personasque realizaban trabajo en el campo, andinas, indígenas, rurales, conpoca instrucción formal y en situación de pobreza.Por el contrario, de acuerdo con los antecedentes, el PNSRPF se diseñóexplícitamente a fin aplicarse la anticoncepción quirúrgica, en lamayoría de los casos, solamente a mujeres que ya tenían un/a hijo/a.21 “El acusado sabía o debería haber sabido que la conducta destruiría, total o parcialmente, ese grupo oque esa conducta formaba parte de un conjunto de conductas similares dirigido contra ese grupo”. ICCPreparatory Commission “Elements of Crimes”, en su quinta sesión en Nueva York 12-30 junio del 2000.Véase también Amicus Curiae ante el Tribunal Supremo español, Allard K. Lowenstein InternationalHuman Rights Clinic, Facultad de Derecho de Yale, 13 de diciembre del 2006. Disponible en:http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/yaleamicus2.html, (visitada el 27 de febrero del2008). 21
  • 22. Por tanto, es posible sostener que la intención principal del Programa,más allá de cualquier otra consideración ética, política o jurídica, era elcontrol de natalidad en determinados grupos de personas. La ausenciade información suficiente que permita afirmar que había una intenciónde aniquilar en todo o en parte a ciertos grupos humanos protegidospor la normas sobre delito de genocidio, determina que no se puedacalificar, tales actos como un crimen de genocidio. 5.1.2. Análisis de los elementos de lesa humanidad en la modalidad de otros actos inhumanos (esterilización forzada)El Derecho Internacional ha instituido claramente los crímenes contra lahumanidad como cualquiera de una serie de actos inhumanos que alser cometidos de manera sistemática o a gran escala, dejan de sercrímenes comunes para pasar a subsumirse en la categoría más gravede crímenes contra la humanidad22.La definición del crimen contra la humanidad en el artículo 7° delEstatuto de la Corte Penal Internacional, supone un hito al tratarse de laprimera definición de crimen contra la humanidad recogida en untratado internacional de carácter multilateral. Las definicionesaportadas por el Estatuto son muy importantes debido a que codificaen gran parte normas internacionales consuetudinarias o imperativas dederecho internacional general (ius cogens), contribuyendo así a unamayor precisión jurídica al respecto. Un aspecto novedoso es laconsolidación del tipo penal ―crímenes contra la humanidad‖ o de―lesa humanidad‖, incluyendo en él una serie de actos, como la ―lasesterilizaciones forzadas‖ (art.7-1, g) y ―otros actos inhumanos‖ (art. 7-1,k). Es importante tener en cuenta que el Estatuto de Roma entró envigor el 1 de julio de 2002, lo que determina la competencia temporalde la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI). De modo tal, que noes posible sostener que la CPI sea competente respecto de hechos queocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de su Estatuto. Loanterior no impide, sin embargo, la calificación de hechos ocurridosantes o después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en base anormas consuetudinarias o de ius cogens. Es el caso de los Estatutos de22 EQUIPO NIZKOR. “Crímenes contra la humanidad: configuración del tipo penal en DerechoInternacional y sus diferencias respecto del tipo de genocidio”. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/memo1.html#Definición, (visitada el 27 de febrero del 2008). 22
  • 23. los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia de 1993(artículo 5, i) y Ruanda de 1994 (artículo 3, i), los cuales incluyen comouna conducta pasible de la calificación como crimen contra lahumanidad: ―otros actos inhumanos‖, siguiendo en esto lo establecidoen el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg (art. 6, c)23.En consecuencia, los Tribunales Penales Internacionales para la exYugoslavia y para Ruanda, respectivamente, aplican este tipo penalrelativo a ―otros actos inhumanos‖, esto es, que hayan causado a lavíctima ―grandes sufrimientos o atentado gravemente contra laintegridad física o la salud mental‖ según se precisó luego en losElementos de los crímenes adoptado para la aplicación del Estatuto deRoma.Un ejemplo claro de la aplicación del tipo penal de lesa humanidad enbase a una norma consuetudinaria o de ius cogens nos la proporcionala jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enefecto, en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26de septiembre de 2006, la Corte calificó el homicidio de esta personaocurrida el año 1973 como un crimen de lesa humanidad toda vez queera parte de un ataque dirigido por el Estado contra la población civil.En el ámbito del derecho material, el Estatuto de Roma no ha creadonuevos ilícitos, por el contrario, una de sus mayores contribuciones hasido codificar el derecho preexistente y ha hecho explícitas conductascuya prohibición se encontraban proscritas con anterioridad pero demanera dispersa en otros instrumentos internacionales24.Ahora bien, la calificación de determinado acto como crimen de lesahumanidad requiere del cumplimiento de una serie de elementos, asaber, una conducta prohibida, que sean actos dirigidos contra lapoblación civil, que tales actos constituyan un ataque de conformidadcon la política en este caso de un Estado, cometidos de forma23 Véase al respecto el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas S/25704 de fecha 3 demayo 1993 fundamentando el Estatuto y la creación del TPI para la ex Yugoslavia, en especial párrafos27 a 34.24 Véase al respecto la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violenciacontrala mujer (Convención de Belém Do Pará) de 1994, Recomendación General Nº 19 del Comité de laConvención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación de la Mujer de 1992, Declaracióny Programa de Acción de Viena, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de1993, Programa de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de 1994, la Plataforma de Acciónde Beijing de 1995, entre otros. 23
  • 24. generalizada o sistemática y que formen parte de un ataque del cual elautor del ilícito tenga conocimiento25. a. Conducta prohibidaComo se ha señalado, durante el tiempo de realización de los hechos,la noción de crimen contra la humanidad prohibía ―otros actosinhumanos‖. Esto significaba que aquellas conductas de gravedadcomparables con el asesinato, exterminación, reducción a laservidumbre, encarcelamiento, tortura, violaciones, entre otras, tambiénpodían ser perseguidas aun cuando no estaban explícitamentecontempladas como tales en los estatutos de los tribunales penalesinternacionales. Desde el ámbito jurídico, no cabe ninguna duda queprivar a una o más personas de la capacidad de reproducciónbiológica, sin su libre consentimiento ni justificación en un tratamientomédico, es una conducta inhumana que atenta gravemente contra laintegridad física de las mujeres y su salud mental y que de ningún modopodía ser una práctica lícita de control de la natalidad. Por ello, noresulta gratuito que años después el Estatuto de la Corte PenalInternacional haya:-de una parte, mantenido el tipo penal de ―otros actos inhumanos‖ (art.7-1, k),-de otra parte, hecho explícito como una modalidad específica delcrimen de lesa humanidad la ―esterilización forzada‖ (art. 7-1, g). En esteúltimo caso, los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Romaprecisan que entre los elementos materiales de la ―esterilizaciónforzada‖ deben comprenderse:―1. Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidadde reproducción biológica‖;―2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamientomédico o clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo consu libre consentimiento‖;25 RUEDA FERNÁNDEZ, Casilda. “Los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de la Corte PenalInternacional: ¿Por fin la esperada definición?” En: CARRILLO SALCEDO,Juan Antonio (Ed.). LaCriminalización de la Barbarie: La Corte Penal Internacional. Madrid, Consejo General del Poder Judicial,2000, p. 315. Véase también Prosecutor v. Momcilo Krajišnik, Trial Chamber I, Case: IT-00-39-T, 27 deseptiembre del 2006. Disponible en: http:// www.un.org/icty/krajisnik/trialc/ judgement/kra-jud060927e.pdf, (visitada el 27 de febrero del 2008). 24
  • 25. ―3. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataquegeneralizado o sistemático dirigido contra una población civil‖;―4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta eraparte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra unapoblación civil o haya tenido la intención de que la conducta fueraparte de un ataque de ese tipo‖.En el plano fáctico, asumiendo como hipótesis la existencia deelementos que configuran la conducta prohibida descrita en el párrafoprecedente, podría sostenerse en consecuencia que se habríaperpetrado el crimen de lesa humanidad en la modalidad de―esterilización forzada‖ (art.7-1,g) y concurrentemente en la modalidadde ―otros tratos inhumanos‖ (art.7-1,k). En efecto, de acuerdo con lasdiversas investigaciones e informes, se ha privado a un númeroconsiderable de mujeres de su capacidad de reproducción biológicasin su consentimiento y se les ha inflingido sufrimientos graves afectandoseriamente su integridad física o la salud mental o física. b. Actos dirigidos contra una población civil de conformidad con la política de un EstadoUn segundo elemento que es importante analizar es si los actosestuvieron dirigidos contra una población civil de conformidad con lapolítica de un Estado. En el caso peruano, este elemento resultaríasusceptible de demostración conforme a la hipótesis esbozada, esto es:a) que quienes sufrieron las esterilizaciones forzadas y otros tratosinhumanos fueron principalmente mujeres campesinas, andinas,indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación depobreza, y b) que los actos fueron practicados de conformidad con lapolítica de un Estado. c. Actos cometidos de forma generalizada o sistemáticaLa comisión de la conducta prohibida dirigida a una población civil, noes por sí misma una acción calificable como un crimen contra lahumanidad. Por el contrario, es necesaria la existencia de circunstanciasque agraven dicha comisión y permitan su consideración como tal.Para ello, se requiere que la conducta sea cometida como ―parte de 25
  • 26. un ataque generalizado o sistemático‖26. El elemento generalizadoalude a la escala masiva de la conducta, es decir, a que los actos secometan contra una multiplicidad de víctimas. Sin embargo, en el casode ausencia del elemento masivo, también constituirá un crimen de lesahumanidad, si el acto individual constituye el eslabón de una cadenaque pueda vincularse a un sistema o plan. Este último hace referencia alcarácter organizado del ataque27.El núcleo polémico entre ambos requisitos ha estado en el carácteralternativo o acumulativo de los mismos. Sin embargo, el análisisrealizado por los tribunales penales internacionales y el Estatuto deRoma, señala que no es necesaria la concurrencia de ambos requisitos,basta la presencia de uno de ellos para calificar al ilícito como crimende lesa humanidad.Las investigaciones e informes que forman parte de los antecedentesdel presente informe permiten sustentar la hipótesis de que lasesterilizaciones no son hechos aislados sino que existió un plan por partedel Estado que al ejecutarse llevó a cabo un número considerable deesterilizaciones (ligaduras de trompas) sin consentimiento de laspersonas afectadas. En tal sentido, se habría realizado el elementocorrespondiente a que la conducta se cometió como parte de unataque generalizado o sistemático. d. Elemento subjetivoActos cometidos en el marco de un ataque con conocimiento del autorUn cuarto elemento que es importante analizar, es el elementosubjetivo. De acuerdo con el Estatuto de Roma es necesario que elautor conozca que la conducta que realiza se hace como parte de unataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o26 Véase también: Sentencia del Caso Akayesu, Nº TPIR-96-4-T (septiembre de 1998), párrafo 580, “Elconcepto de generalizado puede ser definido como masivo, frecuente, una acción a gran escala,realizado colectivamente con una considerable gravedad y dirigido contra una multiplicidad de víctimas.El concepto de sistemático puede ser definido como un acto concientemente organizado y que sigue unpatrón determinado, basándose en una política común que utiliza recursos públicos o privados. No esun requisito que esta política se deba adoptar formalmente como una política de Estado. Sin embargo,debe haber una cierta clase de plan o política preconcebida”.27 De acuerdo con Doudou Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU(1983 - 1995), “Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contrala Humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácterrepetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...)”. Seventh report on the draftCode of Crimes against the Peace and Security of Mankind, by Mr. Doudou Thiam, Special Rapporteur(41st session of the ILC (1989)), A/CN.4/419 & Corr.1 and Add.1, p. 88, párr. 60 y 62. 26
  • 27. haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataquede ese tipo.Este requisito tiene como finalidad excluir de la definición de crimencontra la humanidad, aquel acto inhumano perpetrado por unapersona de manera aislada. No se trata de que el autor tengaconocimiento de todas las características del ataque ni precisiones delplan o la política del Estado, sino más bien es una orientación paraevaluar si el supuesto autor ―sabía o debía haber sabido‖, conforme alestándar de una persona razonable y de un conocimiento general, sihabía un ataque y su actuación se enmarcaba dentro de él 28. De estemodo, como lo han determinado los Tribunales Penales Internacionalespara la ex Yugoslavia y Ruanda lo decisivo es que el autor sepa que noactuaba aisladamente, sino en el marco de un ataque generalizado osistemático, sin que deba tener, sin embargo, un conocimientodetallado de ese ataque. En tal sentido, este elemento ha deentenderse en oposición a una comisión espontánea o aislada29.En el caso peruano, de acuerdo con las investigaciones e informes quesustento, existieron directivas y órdenes para privar a mujerescampesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal yen situación de pobreza, de su capacidad de reproducción biológica.Los autores mediatos e inmediatos realizaron en el marco de dichapolítica esterilizaciones sin consentimiento contra un númeroconsiderable de mujeres. VI. CASUISTICA  Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español de fecha 1 de octubre de 2007, que resuelve el recurso de Casación interpuesto por Adolfo Scilingo. Esta sentencia reforma lo señalado por la Audiencia Nacional antes citada en relación a la aplicación del tipo ―delitos de lesa humanidad‖ (artículo 607 bis) como norma penal sustantiva interna, por ser posterior a los hechos y no más favorable. En relación a la aplicación del principio de legalidad señala:28 SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. La Corte Penal Internacional y sus medidas para su implementación en elPerú. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2001, p. 9429 Véase al respecto el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Lima, 2003,Tomo I, “Capítulo 4 La dimensión jurídica de los hechos, en particular el numeral 4.2.7”, pág. 211 y ss. 27
  • 28. ―la vigencia del principio de legalidad (…) impide, pues, la aplicación directa del derecho Internacional Penal consuetudinario como única norma aplicable al caso. También impide la aplicación del artículo 607 bis como norma penal sustantiva interna por ser posterior a los hechos y no más favorable30‖. No obstante, el Tribunal Supremo indicó seguidamente que ―De lo expuesto no puede deducirse, sin embargo, que las normas de Derecho Internacional Penal consuetudinario, en cuanto se refieren a los delitos contra el núcleo duro de los Derechos Humanos esenciales, puedan ser ignoradas en la interpretación y aplicación de las leyes internas. El artículo 10.2 de la Constitución impone la interpretación de las normas que se refieren a los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España, entre los que se encuentra el CEDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). De esta forma, los principios contenidos en el Derecho internacional, deben ser tenidos en cuenta al proceder a la interpretación y aplicación del Derecho nacional, con mayor motivo cuando aquellos revisten naturaleza de ius cogens. Consiguientemente, tanto las normas de derecho Penal sustantivo como las de orden orgánico o procesal, deben ser interpretadas teleológicamente en coherencia con la necesidad de protección eficaz y con la efectividad de la prohibición de lesión de los Derechos Humanos31‖. En este sentido, el Tribunal Supremo planteó la posibilidad de establecer una condena por los delitos de asesinatos y detención legal (tipos penales vigentes en el momento de la comisión de los hechos) pero considerando las circunstancias relevantes concurrentes de los crímenes de lesa humanidad, aun cuando no sean típicas, para efectos del enjuiciamiento y con todas las características que ello implique; entre ellas la posibilidad de poder invocar la jurisdicción universal aun cuando en la legislación española la jurisdicción universal no es reconocida para los crímenes de lesa humanidad (artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Al respecto, señala que: ―…el elemento que justifica la extensión extraterritorial de la30 Sentencia disponible en la página web del Equipo Nizkor: http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/#sent [revisada con fecha 20 de noviembre de 2007], considerando sexto31 Ibíd. considerando sexto, punto 5. 28
  • 29. jurisdicción de los Tribunales españoles es precisamente la concurrencia en los hechos perseguidos de una serie de circunstancias ajenas al tipo, pero claramente relevantes a estos efectos en cuanto que son las propias de los crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal consuetudinario…‖32. En conclusión, el Tribunal resuelve el caso condenando al acusado ―…como autor de (…) delitos de asesinato previstos y penados en el artículo 139.1º; como autor de un delito de detención ilegal previsto y penado en el artículo 163, y como cómplice (…) de delitos de detención ilegal previstos y penados en el artículo 163, todos ellos del Código Penal vigente, los cuales constituyen crímenes contra la Humanidad según el derecho internacional…33  Sentencia de fecha 10 de enero de 2008, expedida por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. En esta sentencia se califican los hechos (ocurridos en el año 1973) con los tipos penales del Código Penal chileno y, a la vez, se indica que tales conductas constituyeron crímenes de guerra, rechazando por tal motivo la excepción de prescripción alegada. En este sentido, la Corte de Apelaciones señala: ―…respecto de la prescripción alegada en el proceso, es preciso tener presente (…) que tanto el delito de secuestro como el de homicidio calificado materia de la acusación, perpetrados contra de personas que tenían en común la calidad de ser opositores al régimen militar de facto instalado en Chile en 1973, a la luz de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, (…) constituyen ejecuciones llevadas a cabo en forma extrajudicial, al margen de la juricidad, y por ende, se trata de crímenes internacionales inamnistiables e imprescriptibles34‖. Además, esta Corte de Apelaciones establece como parte del derecho aplicable la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, pese a que dicho tratado no ha sido ratificado por Chile, y los Convenios de Ginebra de 194932 Ibíd. considerando séptimo33 bíd. SEGUNDA SENTENCIA Nº:798/2007.34 Sentencia de fecha 10 de enero de 2008, expedida por la Cuarta Sala de la Ilma. de la Corte deApelaciones de Santiago de Chile, punto 5 29
  • 30. Aplicación al caso concretoConsiderando que el tipo penal de crímenes de lesa humanidad, segúnlos términos del Estatuto de Roma de 1998, no ha sido recogido en elCódigo Penal peruano, es posible impulsar en el caso particular. Ello,supone calificar los hechos como violaciones graves de los derechoshumanos y constitutivos del delito de lesa humanidad. En consecuencia,los hechos se subsumirán en las figuras del Código Penal peruano paraefectos de la pena, pero ello no será un impedimento para que estoshechos también sean calificados con el tipo penal internacionalrespectivo, con todas las características que ello implique para efectosdel enjuiciamiento (imprescriptibilidad, jurisdicción universal. VII. La prescripciónLa prescripción, según la concepción moderna y propia en general delderecho penal interno de los Estados, es el instituto jurídico por el cual eltranscurso del tiempo produce el efecto de la extinción de ciertosderechos; en el derecho penal ésta puede extinguir la acción penal y lapena. En ambos casos se imponen límites de carácter temporal alejercicio del Poder punitivo del Estado.Delitos sobre los que no procede la excepción de la prescripción35Tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional sereconoce que la excepción de la prescripción no es procedentecuando las conductas delictivas constituyen graves violaciones a losderechos humanos y/o determinados crímenes internacionales Según elDerecho Internacional son imprescriptibles los crímenes de guerra, loscrímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio. El sustento jurídicode la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales antes indicadosse encuentra en el derecho internacional consuetudinario36 y en el35 Véase al respecto el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Lima, 2003,Tomo I, “Capítulo 4 La dimensión jurídica de los hechos, en particular el numeral 4.2.7”, pág. 211 y ss.36 Entre los documentos que prueban la existencia del derecho consuetudinario, se mencionan: Lasresoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y Nº 170(II) de 31 de octubre de 1947, sobre la extradición y el castigo de los criminales de guerra; la resoluciónNº 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de derecho internacional reconocidospor el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y por el fallo de este Tribunal, y lasresoluciones Nº 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966 y Nº 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, quehan condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la violación de los derechoseconómicos y políticos de la población autóctona, por una parte, y la política de apartheid, por otra.Resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas Nº 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de1965 y Nº 1158 (XLI) de 5 de agosto de 1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y de las 30
  • 31. derecho convencional37; en particular, la Convención sobre laimprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesahumanidad, Convención que ha sido ratificada por el Estado peruanomediante la Resolución Legislativa Nº 27998, publicada en el DiarioOficial ―El Peruano‖ con fecha 12 de junio de 200338.Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH) haindicado además que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesahumanidad resulta ser una norma imperativa de Derecho Internacional,ius cogens, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados, a pesarde que éstos no hayan ratificado Por su parte, la Corte Interamericanade Derechos Humanos (CDH) ha indicado además que laimprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad resulta ser unanorma imperativa de Derecho Internacional, ius cogens, de obligatoriocumplimiento para todos los Estados, a pesar de que éstos no hayanratificado la citada Convención sobre la imprescriptibilidad de loscrímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad39personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad; los Principios de Cooperación Internacionalen la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los culpables de Crímenes de Guerra o deCrímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la Resolución Nº 3074 (XXVII) de la Asamblea General de laONU del 3 de diciembre de 1973; El Proyecto de Código de Delitos contra la Paz, la Seguridad de laHumanidad de 1996.37 Entre los instrumentos internacionales que reconocen la imprescriptibilidad de ciertos crímenesinternacionales se mencionan: i) La Convención de Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesahumanidad; ii) la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad yCrímenes de guerra, firmada el 25 de enero de 1974 en el Consejo de Europa, iii) el Estatuto de Roma dela Corte Penal Internacional, artículo 29.38 Cabe mencionar que el Estado peruano aprobó la adhesión a la Convención indicando que seríaaplicable para los crímenes cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para el Perú. Sobre ello,cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 19º inciso c) del Convenio de Viena sobre el Derecho de losTratados (1969), estalimitación o reserva planteada por el Estado peruano sería inválida en la medida que la misma puederesultar incompatible con la finalidad y objeto de la referida Convención, cual es, evitar la impunidad delas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en un Estado.39 En la Sentencia del Caso Almonacid Arellano y otros, la Corte Interamericana indicó que: “*…+ Auncuando [el Estado] no ha[ya] ratificado dicha Convención, esta Corte considera que laimprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma DerechoInternacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella.Consecuentemente, [el Estado] no puede dejar de cumplir esta norma imperativa”. Corte IDH. CasoAlmonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 26 de septiembre de 2006, parr. 153. 31
  • 32. VIII. CONCLUSIONES  Las esterilizaciones sin consentimiento ni justificaciones médicas y perpetradas contra mujeres campesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación de pobreza serían susceptibles de subsumirse dentro de los elementos del tipo objetivo del crimen de genocidio (―impedir los nacimientos en el seno del grupo‖). Sin embargo, no hay indicios suficientes para demostrar el elemento subjetivo especial. La política de esterilizaciones forzadas no demuestra un intento específico de aniquilar total o parcialmente al grupo, toda vez que la intención principal habría sido el control de la natalidad.  La falta de elementos para demostrar la intencionalidad especial del delito de genocidio no significa que los actos perpetrados no sean punibles. Por el Contrario, tales actos son susceptibles de ser calificados, como crimen de lesa humanidad.  En tal sentido la Hipotesis de los actos cometidos en el caso peruano realizan el elemento objetivo y subjetivo del delito de lesa humanidad en las modalidades concurrentes de ―esterilización forzada‖ y ―actos inhumanos‖, de acuerdo con normas consuetudinarias o de ius cogens, normas que han sido recientemente codificadas por el Estatuto de Roma. La privación a un número considerable de mujeres de la capacidad de reproducción biológica, sin su libre consentimiento, y otros actos inhumanos que afectaron gravemente la integridad física, salud mental o física, habría sido realizado de manera sistemática y generalizada. En consecuencia, los autores mediatos e inmediatos tenían conocimiento de que su acción se realizaba dentro de un ataque de tales características.  Los crímenes de lesa humanidad que se hace referencia son actos contra la vida y la integridad personal, de tortura, contra la libertad individual, perpetrados contra la población civil 40 y haberse practicado de una manera sistemática o reiterada, asi sea en tiempo de paz o en el curso de un conflicto armado de cualquier índole. Así es como la jurisprudencia internacional ha declarado que «El deseo de excluir actos aislados o aleatorios de40 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Prosecutor v. Tadic, No IT—94, sentencia de 7 demayo de 1997, párr. 648. En cuanto instrumentos internacionales que sancionan el carácter sistemáticoo reiterado de los crímenes de lesa humanidad, además del Estatuto del Tribunal Penal Internacionalpara Ruanda debe mencionarse vista su importancia mundial, el Estatuto de la Corte Penal Internacional 32
  • 33. la noción de los crímenes de lesa humanidad, condujo a la inclusión de la exigencia de que los actos deben estar dirigidos en contra de ‗una población civil‘, asimismo que estos actos sean de manera reiterada refiriéndose al número de víctimas, lo sistemático indicando un patrón o un plan metódico». Según el Derecho Internacional son imprescriptibles los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio. El sustento jurídico de la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales antes indicados se encuentra en el derecho internacional consuetudinario 33
  • 34. ADJUNTOS DOCUMENTARIOS 34
  • 35. 35
  • 36. 36
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