Carta a Francisco

1. Mendoza, 30 de diciembre de 2019
Su Santidad
Compañero Francisco:
Debo comenzar estas palabras efectuando dos necesarias aclaraciones.
La primera de ellas, respecto a la utilización del término “compañero” en varios pasajes
de la misiva. Contrario a lo que mal se podría pensar, me dirijo a Ud. como “compañero”
por entender que estoy ante una persona que comparte y acompaña la militancia por las
luchas que buscan la reivindicación de todos aquellos que la sociedad vulnerabiliza y
excluye.
La segunda de las salvedades esta vinculada a las razones por las cuales
el contenido de esta comunicación lamentablemente será publicado. Muchas veces es
necesario exponer ciertas conductas para visibilizar y avergonzar a los responsables en
pos de generar los cambios pertinentes para acabar con las miserias que provocan.
Espero que sepa entender que esta carta es una denuncia pública, que busca poner en
su conocimiento y en el de la sociedad, el actuar de quienes tienen sobre sí la obligación
de no seguir deshonrando los valores que la Iglesia Católica profesa y, especialmente, no
continuar agravando el daño que algunos de sus miembros han provocado.
Dicho esto, debo continuar señalando que hace más de un año y medio
tengo la gran responsabilidad de representar en los reclamos civiles a las víctimas de las
graves atrocidades ocurridas en el Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza
que la Asociación Xumek representa. Junto con Juan Manuel Lavado hemos asumido con
la mayor dignidad que nos ha sido posible esta tarea, con la convicción de que el
resarcimiento para los damnificados representa una forma de aminorar los padecimientos
sufridos por éstos, ya que borrarlos sería una gestión de imposible cumplimiento.
Varios intentos existieron de nuestra parte para no obligar a atravesar un
nuevo proceso judicial a las víctimas. Uno de ellos contó con la colaboración de dos
compañeros que se comprometieron en forma genuina y silenciosa con la causa, Juan
Grabois y Roberto Carlés. Todos ellos fracasaron y nuestras propuestas fueron

2. desechadas por el padre Alberto Bochatey sin explicación alguna.
En sede judicial obtener tan loable objetivo no está resultando para nada
sencillo. Ello como consecuencia de que, tanto el Arzobispado de Mendoza como la
Asociación Obra San José, han tomado una conducta procesal agresiva y dilatoria,
cuestionando la veracidad de las declaraciones de las víctimas y oponiendo, entre otras
defensas, la prescripción de las acciones, como si el tiempo borrara el daño o las
vergüenzas. Defraudando, una vez más, la parte demandada a quiénes tanto daño le han
provocado, ratificando su compromiso con agravar la situación de nuestros mandantes y
continuando con una actitud procesalmente viable pero éticamente cuestionable para una
institución religiosa que resalta la importancia de los valores morales.
En la causa, el Arzobispado de Mendoza ha tenido una tímida
intervención, limitando la misma a unos fríos y distantes comunicados, que no hacen más
que exponer contradicciones entre lo que se dice y lo que finalmente se hace. Más
lamentable aún ha sido la participación del padre Alberto Bochatey quien, con su actitud
negacionista, ha demostrado mayor preocupación por resguardar patrimonialmente a la
orden que en asumir la responsabilidad institucional que indiscutiblemente tiene.
Hace solo unos poco días y luego de que el Tribunal penal condenadara a
los acusados por los hechos ocurridos, en una ejemplar demostración de activismo
judicial, una Cámara Civil convocó a las partes para intentar llegar a un acuerdo para que
las víctimas obtuvieran una reparación. Todos los intentos fueron infructuosos, ya que
dialogar con la contraparte era como negociar con una compañía de seguros. La prioridad
de la contraria fue todo el tiempo indemnizar al menor costo posible. Cabe aclarar que
con menos de la mitad del dinero que recibió la Asociación por la venta del inmueble
donde funcionaba es suficiente para resarcir a las víctimas. Pero Bochatey hipócritamente
realiza declaraciónes públicas de solidaridad con los afectados pero, en privado, protege
mezquinamente el bolsillo de una orden cuyos integrantes abusaron sexualmente de
personas sordomudas en Verona, en La Plata y en Mendoza.
Lo expuesto no hace mas que demostrar que las autoridades que han
sido designadas para representar a la Iglesia en este conflicto no han estado a la altura
de las circunstancias y tampoco tuvieron la actitud que la Iglesia necesita que posean
frente a estos casos, por su bien y por el de los afectados. Aquí, claramente, las buenas

3. intenciones, las frases de solidarización con los perjuidicados y la condena pública a los
autores de los abusos son insuficientes para reparar el perjuicio y para demostrar genuino
arrepentimiento. En ese sentido, no podemos dejar de aplaudir su decisión de abolir el
secreto pontificio que, además de darle mas transparencia a los procesos internos de la
Iglesia, permitirá darle mayor celeridad a las investigaciones de estas clases de hechos al
quitar dicha traba institucional.
Finalmente, tengo que manifestar que, si bien puedo definirme como una
persona atea, en mi estudios primarios y secundarios en el colegio jesuita San Luis
Gonzaga de la provincia de Mendoza, me enseñaron que no es suficiente con pedir
perdón, ya que para que dicho acto se perfeccione es necesario, además,
arrepentimiento y reparación. Eso es lo que lo que estamos pidiendo compañero.
Le pido que no se olvide de rezar por las víctimas y por todos los que, aún
sin gozar de convicciones religiosas, tenemos fé en Usted.
Con mucho respeto, Leandro Rodriguez Pon