Consideraciones de universidades privadas para el Proyecto de Ley de Universidades

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Ante la posible discusión del proyecto de Ley de Universidades por parte de la Asamblea Nacional, un grupo de rectores de distintas instituciones privadas del país presentaron sus propuestas para la …

Ante la posible discusión del proyecto de Ley de Universidades por parte de la Asamblea Nacional, un grupo de rectores de distintas instituciones privadas del país presentaron sus propuestas para la formulación de esta normativa jurídica, con base a los principios constitucionales y las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia educativa. La representación universitaria consignó el documento, la mañana de este miércoles 15 de diciembre, el cual fue recibido por Iván Zerpa, secretario de la AN.

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  • 1. CONSIDERACIONES PARA UNA NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIORPor iniciativa del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, lasuniversidades privadas del país se reunieron en 7 mesas de trabajo los días 20 y 21de octubre, con la participación de los viceministros y otros funcionarios de eseDespacho, con el objetivo -entre otros- de analizar consideraciones para unproyecto de reforma de la Ley de Universidades. Posteriormente en el ConsejoNacional de Universidades del pasado jueves 25 de noviembre, el ciudadanoMinistro del Despacho anunció la inminente reforma de la referida ley y sugirió quelos rectores de las universidades interesadas hicieran las propuestas que creyeranoportunas al respecto ante la Sub-Comisión Permanente de Educación Universitaria.En respuesta a esta invitación, los rectores: José Ignacio Moreno León (UniversidadMetropolitana), José Virtuoso (Universidad Católica Andrés Bello), Arturo Sosa(Universidad Católica del Táchira), Gerardo Aponte Carmona (Universidad deMargarita), Oscar Belloso Medina (Universidad Belloso Chacín), FranciscoGonzález Cruz (Universidad Valle del Momboy), Jesús Esparza Bracho(Universidad Rafael Urdaneta), Joaquín Rodríguez Alonso (Universidad MonteAvila), Angel Lombardi (Universidad Católica Cecilio Acosta); proponemos ante laAsamblea Nacional las siguientes consideraciones para una nueva Ley deEducación Superior.La necesidad de la reformaEl acelerado proceso de cambios que se viene desarrollando en las últimasdécadas, está impactando a los sistemas educativos en todos sus niveles. Como essabido, en el ámbito especifico de la educación superior, la UNESCO, -en atención aesas cambiantes realidades- realizó en su sede de París, en octubre de 1998 unaPrimera Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Las conclusiones de esareunión fueron recogidas en la “Declaración Mundial Sobre la Educación Superior enel Siglo XXI: Visión y Acción”, en la que se proponen importantes orientaciones ylineamientos a nivel global, producto de diversas reuniones regionales que sobre eltema se habían realizado desde comienzos de los años 90, reafirmando losprincipios de la educación como uno de los pilares fundamentales de los derechoshumanos, de la democracia y del desarrollo sostenible y la paz.
  • 2. 2En la “Declaración de la Conferencia Regional Sobre Educación Superior enAmérica Latina y el Caribe” celebrada en Cartagena en junio de 2008, se reafirma lacondición de la educación superior como un bien público social, un derecho humanoy universal y un deber de Estado. Asimismo, frente a la necesidad de expandir lacobertura en la región de este nivel educativo, se ratifica la obligación que tanto elsector público, como el privado, tienen de otorgar una educación superior de calidady pertinencia, advirtiendo sobre la obligación de los gobiernos de fortalecer losmecanismos de acreditación para garantizar la transparencia y la condición deservicio público. Se hace énfasis igualmente en el principio de la autonomía, perovinculada a la transparencia y al compromiso social, a la pertinencia y a la eficienciacon rendición social de cuentas; y se advierte sobre los peligros de lamercantilización y la expansión de la privatización como gestión educativa orientadapor la lógica del mercado.La dinámica de cambios de la globalización ha conformado la cibereconomía conacelerados movimientos de capital, tecnología y demandas cada vez masnovedosas de trabajos calificados y ajustados a los nuevos conocimientos que segeneran a velocidades exponenciales. Esto último ha impactado sensiblemente a lasociedad en su conjunto y a la educación en todos sus niveles. Por ello, hoy en día,se hace más necesario que nunca fomentar el aprendizaje continuo para toda lavida, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO para la educación superior delSiglo XXI.Por todas estas razones, es obvio que en el caso venezolano se hace necesariauna reforma de la legislación de la educación superior, a los fines de adaptarla a lademanda de los nuevos tiempos y de la Sociedad de la Información y delConocimiento y para contribuir a impulsar en el país el desarrollo humanosustentable.La reforma debe estar concebida bajo los principios constitucionalesLa reforma legal que se está considerando debe fundamentarse en los preceptosconstitucionales (artículos 102, 103, 104, 106 y 109), que reconocen la educacióncomo un derecho humano y un deber social fundamental y además la establecen
  • 3. 3como democrática, gratuita y obligatoria, respetando a todas las corrientes delpensamiento. Esos mismos principios constitucionales garantizan y estimulan lainversión y participación de la iniciativa privada en la gestión educativa y reconocencomo principio y jerarquía, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.Igualmente, se debe lograr un sistema de educación superior que inculque en eleducando la idea de que, como individuo, forma parte de una sociedad y de unaespecie. Por lo tanto, en su formación profesional debe desarrollar su autonomíaindividual, simultáneamente con su vocación comunitaria y comprensión de supertenencia a la especie humana, ya que como lo afirma Edgar Morín, sin lacomprensión humana no hay civilización posible.La nueva legislación del sistema de educación superior debe, además, promover losfundamentos del binomio libertad y democracia, como condición básica para facilitar,a través del proceso educativo, el desarrollo de la ciudadanía, la sobrevivencia de laactividad política y el fortalecimiento de las instituciones, a fin de asegurar unasociedad moderna y realmente democrática, y garantizar que el país esté encapacidad de insertarse, con éxito en una globalización centrada en el interés del serhumano.La nueva Ley debe también auspiciar un modelo educativo fundamentado en laformación por competencias y en la pedagogía de educación en valores, que permitaque el egresado universitario esté capacitado para mantenerse en un procesopermanente de actualización de conocimientos, y desarrollar habilidades y destrezaspara el emprendimiento. De igual forma, debe promover que el universitarioadquiera una cultura de compromiso cívico y responsabilidad social, y elevadosprincipios éticos en su gestión profesional.La reforma legal, como soporte del nuevo paradigma educativo para la Sociedad delConocimiento, debe además sentar las bases para impulsar la educación superiorcomo un proceso continuo y permanente, asegurando la movilidad interna y externade estudiantes y docentes, y facilitando la producción de nuevos conocimientos -yno sólo su transmisión- como base para fortalecer los estudios de postgrado y lainvestigación. Debe, también, facilitar la generación de nuevos conocimientos conimpacto económico y social, que generen efectos positivos en el desarrollo nacional,
  • 4. 4regional y local. Se hace igualmente necesario facilitar la integración del subsistemade educación superior entre las diversas instituciones universitarias, con los TSU ycon el subsistema de educación media, contribuyendo a la socialización delconocimiento para impulsar el cambio social.Los principios fundamentales que valoran a la educación superior como un bienpúblico y definen, la autonomía y la libertad de cátedra, como razón vital de launiversidad, deben conjugarse con el esfuerzo necesario para asegurar, tanto en lasinstituciones públicas, como en las privadas, niveles de excelencia en la gestión y enla oferta académica y transparencia en la administración de los recursos, conrendición social de cuentas, para combatir la mercantilización de la educaciónsuperior bajo gestión privada y la ineficiencia en la gestión de los recursos públicosque se aplican a las instituciones estatales de educación superior.Nadie sensatamente puede negar la naturaleza regresiva, implícita en la política,aun vigente en algunos países de América Latina, de asegurar por el Estado lagratuidad indiscriminada de la educación superior, ya que en muchos casos y, dadoel deterioro del subsistema de educación secundaria pública, los mayoresbeneficiarios de esta política son egresados de prestigiosos y costosos colegiosprivados, cuyos padres bien podrían contribuir con el financiamiento de la educaciónsuperior de sus hijos. Adicionalmente, con una visión realista y sin complejosideológicos, no debe descartarse cambios fundamentales que, entre otras opcionesse incorpore el sistema de financiamiento a la demanda, mediante becas, créditoseducativos y ayudas a estudiantes meritorios de escasos recursos, con coberturasadicionales para gastos de vivienda y manutención, dejándolos en libertad deseleccionar la institución educativa de su preferencia, pública o de gestión privada;pero manteniendo apropiados mecanismos de evaluación y acreditación paraasegurar la calidad y pertinencia de la oferta académica y la eficiencia ytransparencia administrativa de las universidades que puedan participar en estapolítica de financiamiento.Las universidades de gestión privada deben tener un rol primordialLa armonización de lo público y privado en la gestión de la educación superior debeser un criterio fundamental a considerar en la reforma legal del subsistema
  • 5. 5universitario, especialmente tomando en cuenta la importancia que en la oferta de laeducación superior han venido ganando las universidades de gestión privada, lo queen cierta forma refleja la tendencia latinoamericana, tal y como lo señalan cifras de2006 que indican que en la región el 44,2% del total de la matrícula de educaciónsuperior corresponde a universidades privadas, con un notorio crecimiento de éstasen los últimos años (de las 2.940 universidades activas, 1.917 son de gestiónprivada, ubicándose 5 de ellas entre las mas prestigiosas de la región). Obviamentelas actividades de investigación se han concentrado mayoritariamente en lasuniversidades públicas que disponen de fondos del Estado para estos fines.Este esquema equilibrado de la oferta de educación superior debe fortalecerse,como lo han venido promoviendo la gran mayoría de los países, incluyendo losregidos por gobiernos socialistas pero que sabiamente reconocen que, frente a lascomplejidades y dinámicas de cambios de la sociedad del conocimiento, se requiereimpulsar, en un esfuerzo de Estado y la iniciativa particular, una mayor y novedosaoferta universitaria, sin sesgos ideológicos ni complejos populistas, tal y como lo hanvenido haciendo Polonia con más del 50% de casas de estudio superior privadas,muchas bajo la modalidad de “universidades emprendedoras”; Rumania conuniversidades privadas con una amplia oferta de carreras, algunas subsidiadas porel Estado; Rusia en donde operan 655 universidades públicas y 450 privadas, con el17% de la matrícula de educación superior. Siendo el caso mas relevante el deChina, país con un notable crecimiento económico, bajo un modelo francamenteabierto a inversiones privadas y en el que a partir de 1990 se le ha dado un granimpulso a la educación superior, con la expansión igualmente de las universidadesprivadas que actualmente son 1.270 con 1,5 millones de estudiantes querepresentan el 7,9% del total de la matrícula universitaria. Conviene resaltar que,desde 1996 las universidades públicas chinas cobran matrícula, según la capacidadeconómica de los estudiantes y tienen un exigente sistema de acceso meritocrático.Un proceso sin exclusiónFrente a las realidades descritas y en línea con el mandato constitucional y loresuelto sobre educación en la Declaración Final de la reciente XX CumbreIberoamericana, la nueva legislación para la educación superior debe promoversecomo un esfuerzo compartido entre el Estado y los factores sociales especialmente
  • 6. 6las universidades, que son las instituciones mas calificadas para opinar sobre esavital materia y por tanto no deben ser marginadas de la discusión.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 102establece que (…) El Estado, con la participación de las familias y la sociedad,promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principioscontenidos de esta Constitución y en la Ley…” Por ello reiteramos que lalegislación de la educación superior debe ser producto de un amplio debatenacional, con la activa participación de todos los actores interesados y en especialde las universidades que son las instituciones mas calificadas para opinar sobre estavital materia y por tanto no pueden ser marginados de la discusión. Lo que implica,adicionalmente, que la nueva Ley de educación superior no debe ser promulgada enforma apresurada e inconsulta, ya que los cambios a proponer deben contar con elconvencimiento y el apoyo entusiasta y sin exclusiones de toda la comunidad einstituciones de la educación superior del país, entendiendo que en estastransformaciones está en juego el destino del país y las posibilidades de queVenezuela se incorpore, sin complejos, ni exclusiones, en la marcha hacia elprogreso compartido, fortaleciendo y profundizando su democracia, la libertad y lapaz social. Caracas, 15 de diciembre de 2010