9 desafíos en la lucha contra la corrupción en colombia

Los 9 desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia1 En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional del 20082, Colombia presentó una calificación de 3,8 (en una escala de 1 a 10, donde Página | 1 10 es ausencia de corrupción y 0 mucha corrupción) muy por debajo de países de la región como Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba y El Salvador. Esta calificación se ha mantenido en niveles similares durante los últimos cinco años, reflejando un claro estancamiento. Consecuente con el anterior, en el estudio de opinión realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) a las élites estratégicas del país sobre los temas de agenda pública en el segundo semestre del 2009, la corrupción se ubicó en primer lugar entre nueve temas propuestos, con el 25%3. Se entiende por corrupción la actuación de personas naturales o jurídicas, tanto del sector público como privado, que en busca de beneficios personales o de terceros realizan u omiten acciones que van en contravía o afectan el patrimonio y bienestar público. Lo anterior puede darse mediante promesas, tráfico de influencias, ofrecimientos, concesiones, solicitudes y aceptaciones ilícitas por parte de funcionarios públicos para el beneficio propio o de terceros. Los efectos que la corrupción produce sobre la sociedad y la institucionalidad son nefastos para la efectividad y legitimidad de las instituciones. Las prácticas corruptas impiden lograr los objetivos deseados por el Estado y la sociedad; reducen y ponen en manos de unos pocos los recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de intereses particulares; contaminan el ambiente en el cual opera el sector privado; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad y deterioran la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos. Si bien se ha avanzado en la visibilización del fenómeno de la corrupción, especialmente por las denuncias realizadas por los medios de comunicación y el apoyo 1 Documento de Transparencia por Colombia y enriquecido con los aportes de la Misión de Observación Electoral y Foro Nacional por Colombia. 2 Ver Índice de Trasparencia del 2008 en www.transparenciacolombia.org.co. 3 Ver Estudio de Opinión completo en www.moe.org.co.

que brindan las nuevas tecnologías, este fenómeno se ha complejizado, dinamizado y extendido. Todo ello plantea DESAFIOS importantes, algunos recurrentes, otros sobrevinientes de acuerdo con las características que ha adquirido recientemente el problema. Para las entidades convocantes a este Foro, éstos son los desafíos en Página | 2 materia de corrupción a los que se enfrenta el país: 1. Vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y delincuencia organizada como escenarios para corrupción. La relación entre el narcotráfico, los grupos armados ilegales y funcionarios públicos han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, donde estas mismas relaciones son el obstáculo principal para combatirla desde las instituciones públicas. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, con la intensidad que los vive Colombia, han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. 2. Comprender y actuar con decisión y audacia para cerrar las puertas a la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. Estudios recientes de diversas organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de que la corrupción en el país ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas, con actores más diversos, organizados, y con frecuencia vinculados a redes delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos neurálgicos del Estado en sus distintos niveles y poderes. El marco teórico elaborado por Transparencia por Colombia y un grupo de investigadores sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado evidencia que los objetivos de los actores ilegales son estructurales y ambiciosos, ya que van más allá de lo económico para buscar la consolidación de poder político y territorial, así como la legitimación social4. Los hallazgos de una investigación reciente de Foro Nacional por Colombia sobre la forma como los actores armados ilegales han afectado la gestión municipal, que cubrió 18 municipios de diversas zonas del país, corroboran lo anterior5. Según esta investigación: i) Además de las guerrillas y los paramilitares, actores tradicionales, deben sumarse los narcotraficantes, las bandas criminales, grupos desmovilizados rearmados y personas o clanes familiares. Aunque su capacidad de incidencia y las estrategias varían, muchos cuentan con una estructura de poder, capacidad 4 Ver: La Captura y la Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Fundación Avina, Fundación Método y Transparencia por Colombia, 2008. 5 Velasquez Fabio (Coordinador), Las otras Caras del Poder: Territorio, Conflicto y Gestión Pública en Municipios Colombianos. Bogotá: GTZ. Foro Nacional por Colombia, 2009.

económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social, que les otorga poder en el territorio y un alto nivel de incidencia en las decisiones locales. ii) Los actores ilegales tienen presencia en zonas estratégicas, con predominio de explotaciones mineras y agropecuarias, megaproyectos y obras Página | 3 de infraestructura, las cuales por su atractivo para los actores ilegales pueden convertirse en focos de corrupción. iii) Se observa en los municipios y en las regiones de las cuales hacen parte un nuevo proceso de acumulación originaria de capital que implica no solo la captura de rentas públicas, sino la concentración de la propiedad de la tierra, en muchos casos producto de la expulsión violenta de pequeños propietarios, y la inserción en proyectos productivos de gran envergadura (algunos de ellos patrocinados por el Estado). iv) Hay un evidente interés en cooptar la institucionalidad política municipal e incidir en las elecciones, como puerta de ingreso para acceder a la gestión local. v) Se detectaron dos modalidades de incidencia en la gestión municipal, una externa, a través del amedrentamiento y la presión armada y otra interna consistente en “insertarse” en el aparato municipal para obtener beneficios económicos o políticos derivados de la gestión local. Combatir este fenómeno creciente de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en todos sus niveles (nacional, regional y local), que produce efectos corrosivos sobre la sociedad colombiana en sus distintos ámbitos, requiere comprender cómo y dónde se manifiesta para diseñar reformas y medidas más complejas, más profundas y más integrales que aquellas convencionalmente aplicadas a la lucha contra la corrupción. 3. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Algunos avances a favor de la transparencia y en contra de la corrupción conviven con una cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la corrupción. Con frecuencia, los comportamientos no éticos (legales o ilegales) siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegales o antiéticos sin considerar sus consecuencias, tiende a prevalecer en distintos escenarios de la vida pública y privada de los colombianos. Se han movido las fronteras éticas de los colombianos. Una proporción importante de nacionales justifica la corrupción en función de los fines perseguidos; desconfían de las actuaciones de sus conciudadanos y justifican sus comportamientos no éticos (legales o ilegales) en el inadecuado comportamiento de la mayoría.

4. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente. Colombia ha ratificado convenciones internacionales anti-corrupción y cuenta con un conjunto amplio de lineamientos constitucionales, leyes y normas para avanzar en la lucha contra la corrupción. Si bien es necesario afinar la legislación existente en algunos aspectos, la tarea Página | 4 inaplazable consiste en ser más estrictos en su cumplimiento, y cerrar la brecha que tradicionalmente caracteriza al país entre la existencia de normas y leyes y su poca aplicación en la práctica. Justicia pronta, oportuna y efectiva. La celeridad y certeza en la aplicación de justicia por parte de los entes judiciales y organismos de control son los mecanismos indicados para la reducción de los delitos y conductas generadoras de corrupción. La falta de aplicación de estos principios tiene como consecuencia la impunidad y la incredulidad ciudadana hacia los organismos responsables de brindar justicia. 5. Estimular una sociedad civil vibrante y motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la corrupción. Esto genera un cierto desaliento por parte de los colombianos a exigir mayores compromisos y resultados de los gobernantes y empresarios frente al combate a la corrupción. Por otro lado, si bien la ciudadanía tiene una alta percepción de que la corrupción es extensa, no la consideran como uno de los problemas prioritarios que afecta sus vidas de manera directa y contundente, probablemente debido a que no establecen vínculos causales entre la gran corrupción e incluso la amenaza de captura del Estado, y los daños causados a sus vidas en particular o a los bienes y servicios a los cuales tienen derecho al acceder. Asimismo, es necesario hacer esfuerzos orientados a crear conciencia colectiva sobre el impacto adverso de la corrupción y rechazo social a este fenómeno. Es esencial no ahorrar esfuerzos para incentivar la actuación de la sociedad civil organizada en torno al cuidado de lo público, en especial mediante ejercicios de control social y político. Para que esta actuación sea realmente efectiva se requiere una mayor transparencia, publicidad y claridad en la información sobre las acciones del estado en todos sus ámbitos. 6. Los empresarios deben asumir un fuerte y claro liderazgo en la lucha contra la corrupción. El sector privado tiene el reto de asumir un papel protagónico en la búsqueda e implementación de soluciones individuales y colectivas. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Una forma concreta para que los empresarios asuman su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción es la puesta en marcha de programas de ética organizacional y la implementación de esquemas de autorregulación para

prevenir el soborno en la gestión empresarial y en las relaciones con funcionarios públicos. El Estado, a su vez, debe impulsar medidas para incentivar a las empresas a adoptar y cumplir estándares y prácticas de transparencia e integridad y de prevención del soborno, especialmente entre aquellas empresas que contratan Página | 5 con él, así como limitar o evitar que estas últimas hagan contribuciones a las campañas electorales. Por su parte, los consumidores deben asumir una actitud responsable en sus prácticas de consumo, así como premiar las actuaciones éticas y responsables del empresariado6, y castigar las contrarias. Estas condiciones, impulsadas desde el entorno, pueden afectar de fondo la manera en que se relacionan y hacen negocios las empresas con el estado. El empresariado debe asumir también su corresponsabilidad en la corrupción en la política. De acuerdo con una encuesta diseñada por Transparencia por Colombia y la Universidad de Estocolmo, y aplicada a más de 300 directivos de empresas de todo el país en agosto de 2009, los intereses particulares de los empresarios son la razón principal para adjudicar donaciones a campañas electorales (un 38.4% mencionó que prevalecen los vínculos familiares o de amistad para favorecer a cierto candidato). De igual forma, el 77,1% de las compañías sondeadas aseguraron no tener políticas institucionales sobre la financiación electoral, tan solo el 56% de las empresas registran las contribuciones efectuadas, y sólo un 51.4% se cerciora de que el beneficiario registre debidamente la donación. Resultó altamente preocupante que un 15,8% de los empresarios encuestados afirmaron que con las donaciones buscan recibir apoyo o una compensación expresada en contratos, puestos, regulaciones favorables, entre otros. 7. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario revertir en el país la tendencia de concentración de poder en el ejecutivo y alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los poderes, como condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un sistema de integridad basado en pesos y contrapesos, en el que cada actor vigila y es vigilado. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que estos controles operen de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas democráticas y transparentes. La concentración del poder y la existencia de modelos autoritarios de relación entre gobierno y ciudadanía favorecen la corrupción 8. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal, que expresan los escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Lo anterior se refleja en las 6 De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el 59% de los consumidores colombianos encuestados estarían dispuestos a pagar más por un producto de una compañía libre de corrupción.

mediciones del Índice de Transparencia Nacional7 de Transparencia por Colombia, que para el periodo 2007-2008 midió 138 entidades públicas y cuyo promedio general fue de 69.5/100, señalando un deficiente nivel en la implementación de medidas que sirvan de barreras de contención a la corrupción administrativa. El 41% de las entidades evaluadas se ubicó en riesgo medio y 17% en riesgo alto y muy alto de corrupción. Sólo cuatro (4) de las Página | 6 138 entidades públicas evaluadas se ubican en bajo riesgo de corrupción. Esto indica que las condiciones institucionales del 56% de las entidades públicas nacionales no brindan garantías para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vale la pena señalar que los dos riesgos de corrupción administrativa que presentan mayores alertas están relacionados con la selección meritocrática de servidores públicos y la contratación pública. Sobre éste último aspecto, El Índice de Transparencia Nacional hace especial énfasis en el reto que enfrenta la contratación pública: modalidades de excepción, mecanismos que no requieren publicidad ni pluralidad de oferentes, así como el hecho de que sólo el 62% de las entidades evaluadas publican en el Portal Único de Contratación, son algunas de las más frecuentes. Estas fisuras institucionales, si bien están presentes en todos los niveles del Estado, tienen sus expresiones más agudas en el nivel territorial. Los resultados de la medición correspondiente a la vigencia 2005 y 2006 del Índice de Transparencia Municipal de Transparencia por Colombia, señala que los municipios colombianos son las entidades estatales en mayor riesgo de corrupción8. A todas luces, las administraciones municipales evidencian un rezago en su desarrollo institucional que ha dado como resultado un desequilibrio en el proceso de la modernización del Estado, el cual explica en gran medida la incapacidad de la Nación para afrontar los retos del desarrollo, y que pone a los gobiernos locales en franca desventaja frente al accionar de los corruptos. Es urgente entonces equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la descentralización tanto administrativa como política y posicionar en ella la lucha contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la autonomía local. 7 El Índice es una herramienta diseñada por Transparencia por Colombia para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus procesos de gestión. Busca ser un instrumento que le permita a las entidades públicas evaluar sus características institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y autorregulación de dichas entidades, esto con el fin de contribuir con la prevención de la ocurrencia de hechos de corrupción. 8 En el 2005 las entidades nacionales obtienen un promedio de 75.77, en el mismo año los departamentos obtienen un promedio de 57.78/100 puntos y los municipios de 55.26/100 puntos. En el 2006 los gobiernos departamentales obtienen 59.64/100 y los municipios 57.98/100 puntos en promedio.

9. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de cuentas de los sistemas políticos en Colombia ha llevado a que el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales y los partidos políticos no gocen de la confianza ciudadana y sean Página | 7 percibidos como los más proclives a la corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el 41% de los ciudadanos colombianos considera que los partidos políticos son el primer sector en corrupción, seguido por el poder legislativo con el 26%. Así, Colombia reporta la segunda cifra más alta de percepción de corrupción en los partidos políticos entre ocho países de Latinoamérica, antecedida solo por El Salvador con un 53%. En las últimas cuatro mediciones, la opinión sobre los políticos y el congreso se mantiene como negativa. Estos órganos son escenarios institucionales por excelencia de la democracia, y en esta medida su falta de legitimidad deslegitima la democracia misma. Es necesario impulsar en estos cuerpos mayor transparencia y rendición de cuentas, regulación del lobby y manejo adecuado del conflicto de intereses, implantación del voto nominal sin excepciones, cierre de las posibilidades a la filtración de intereses indebidos de grupos legales e ilegales en la formación de las leyes. Y por otro lado, hacer más transparente los ingresos y gastos de campañas electorales y partidos, y reformar el sistema electoral colombiano. Los partidos y movimientos políticos deben ser fortalecidos institucionalmente y deben abrirse a la inspección pública y asumir responsabilidad por las actuaciones de sus candidatos y representantes en cargos de elección popular, de manera que se restablezca la confianza ciudadana en el ejercicio ético de la política. BOGOTÁ, OCTUBRE DE 2009

Página | 8 * Transparencia por Colombia: es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “liderar”, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción, centrados en la transformación de las instituciones públicas y privadas para que en Colombia se pueda contar con organizaciones efectivas y confiables; con ciudadanos y empresas íntegros y con servidores públicos probos, que antepongan siempre el interés colectivo y rindan cuentas de sus actos. * Misión de Observación Electoral – MOE: es una organización de la sociedad civil, independiente del Gobierno y de los partidos políticos, que promueve el reconocimiento y respeto del derecho ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Tiene como objetivo efectuar una observación de calidad, rigurosa, objetiva y autónoma de las elecciones de Colombia. * Corporación Viva la Ciudadanía: es una organización de la sociedad civil, no gubernamental, que impulsa la celebración de pactos democráticos, de negociación de intereses y de resolución pacífica de los conflictos. Trabaja en el terreno de la cultura política, con el propósito de contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas autónomos (as), responsables social y políticamente, con base en una ética civil. * Foro Nacional por Colombia: es une entidad civil no gubernamental, sin ánimo de lucro, creada en 1982 con el propósito de contribuir a la democratización de la sociedad y el Estado colombianos, buscando profundizar la descentralización, la paz y la convivencia ciudadana. Para ello ha propiciado la formación de un pensamiento crítico y una opinión pública democrática, crítica de su entorno y propositiva en diversos ámbitos de la vida local y nacional. * Cumbre Social y Política Proceso político que invitó a pensar, construir y movilizar una agenda política, económica y social para el país en el marco de una gran discusión nacional, amplia, democrática, propositiva y concertada, que se llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de agosto en la Universidad de La Salle, sede Chapinero. Allí participaron 1.100 representantes de más de 150 organizaciones sociales, sindicales, académicas, comunales y campesinas, las cuales generaron un documento conjunto: Agenda País, donde se consigna la visión amplia, incluyente y real de la verdadera problemática nacional, así como las posibles propuestas para enfrentar la crisis.

9 desafíos en la lucha contra la corrupción en colombia

by Transparencia por Colombia on Jun 24, 2010

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