Contralínea 496

Año 15 • Número 496 • $30
Del 11 al 17 de julio de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 29 de febrero de 2016
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Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
A 2 años de la masacre de
Tlatlaya, Estado de México,
las organizaciones firmantes
denunciamos que la falta de
efectividad de la Procuradu-
ría General de la República
(PGR) y del Poder Judicial
de la Federación frente a
un Ejército renuente a la
rendición de cuentas, llevó
a la consolidación de la im-
punidad, como lo habíamos
advertido anteriormente. Al
día de hoy, ningún respon-
sable de esta grave violación
de derechos humanos se
encuentra procesado y no
se están realizando todas las
diligencias necesarias para
fincar responsabilidades a
todos los niveles.
A pesar de que la PGR
ha anunciado que no ha-
brá impunidad y que la
propia Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH) determinó en su
Recomendación 51/2014 la
ejecución arbitraria de por
lo menos 12 a 15 personas
en los hechos, el pasado mes
de mayo el magistrado del
Sexto Tribunal Unitario en
el Estado de México, Adalid
Ambriz Landa, decretó la
libertad de los tres elementos
del Ejército que enfrentaban
un proceso penal en el fuero
civil por homicidio calificado
y encubrimiento, alegando
insuficiencia de elementos
para probar los hechos o las
responsabilidad de los solda-
dos. Esto es producto de una
acusación deficiente y falta
de investigación por parte de
la Procuraduría federal. Una
prueba de ello es que a 1 año
de haberse revelado la exis-
tencia de la orden general de
operaciones que instruyó a
la unidad castrense involu-
crada en los hechos “abatir
delincuentes en horas de
oscuridad”, ésta sigue sin ser
investigada.
Ahora que el Sexto
Tribunal Unitario devolvió
la investigación a la PGR,
exigimos que esta vez las
averiguaciones se conduzcan
con eficiencia y de acuerdo
con los más altos estándares
en la materia, de manera
que los responsables de esta
grave violación a los dere-
chos humanos respondan
ante la justicia.
Ante este panorama,
recordamos que la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU) ha externado su
profunda preocupación por
el hecho de que a casi 2 años
de la comisión de graves vio-
laciones de derechos huma-
nos en Tlatlaya, el caso sigue
sumido en la impunidad y a
las víctimas se les sigue ne-
gando su derecho a la justicia
y la verdad. En su informe
de seguimiento al Consejo
de Derechos humanos de
la ONU sobre las medidas
adoptadas por el gobierno de
México para instrumentar
las recomendaciones para
proteger el derecho a la
vida, el relator Especial de la
ONU sobre las Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias, Christof Heyns,
indicó que “las ejecuciones
extrajudiciales y el uso excesi-
vo de la fuerza por los agen-
tes de seguridad persisten”, y
que “la impunidad y la falta
de rendición de cuentas en
relación a violaciones al dere-
cho a la vida se mantienen
como serios desafíos, al igual
que la ausencia de repara-
ción para las víctimas”.
Finalmente, denuncia-
mos los intentos de revictimi-
zación contra Clara Gómez
González, sobreviviente de
los hechos y madre de la
también víctima menor de
edad Érika Gómez. Sin la
valentía de Clara, quien rin-
dió testimonio de los hechos,
la verdad no habría salido a
la luz. El caso Tlatlaya con-
tinúa abierto, hasta en tanto
no se esclarezcan los hechos
y no sean sancionados los
responsables.
Información adicional
Al cumplirse 1 año de la
masacre de Tlatlaya, el Cen-
tro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) presentó el
informe Tlatlaya a un año: la
orden fue abatir, en el que se
da cuenta de la existencia de
una orden escrita de ope-
ración en la que se instruye
a los militares “abatir de-
lincuentes en horas de os-
curidad”; por dicha orden,
instancias internacionales
como el relator Especial de
la ONU sobre Ejecuciones
y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos
instaron al Estado mexicano
investigar exhaustivamente
dicho documento.
Centro Prodh,Artículo
19,Tlachinollan,Freedom
House,Fundar,CMDPDH,
IMDHD,Serapaz,CEDEHM,
Cencos,Insyde,30 Años,-
CADHAC,Fundación para
la Justicia,I(dh)eas,RedTDT
La CNTE no está sola
Nosotros y nosotras, or-
ganizaciones populares,
indígenas, estudiantiles, de
mujeres, sindicales, de dere-
chos humanos, y miembros
de la sociedad civil, deman-
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
SUMIDO EN LA IMPUNIDAD
TLATLAYA
4 11 de julio de 2016

www.contralinea.com.mx 5
damos que cese la violencia y se
abra paso a una solución de las
justas demandas del magisterio,
ante la represión y acoso al mo-
vimiento magisterial y social que
recorre todo el país.
La brutalidad del Estado
mexicano ha cobrado muchas
vidas, y una vez más en No-
chixtlán, Oaxaca, el manto de
represión y muerte nos impulsa
a salir a las calles para gritar ¡ya
basta! Ni una persona muerta, ni
una lesionada, ni una detenida
arbitrariamente más en nuestra
dolida patria.
La indignación de la so-
ciedad crece de la mano del
movimiento magisterial. La
resistencia de las maestras y
maestros, ante la imposición de
la llamada reforma educativa,
convoca a la sociedad a defender
la educación pública, gratuita
y soberana de nuestro pueblo,
acorde con nuestras realidades
y genuinas necesidades, y a
demandar la derogación de la
reforma punitiva que pretende
acabar con los derechos de las y
los trabajadores de la educación.
Nochixtlán y la resistencia
magisterial, a pesar de la muerte,
a pesar de las balas, a pesar del
sufrimiento, se han convertido
en el emblema de la lucha con-
tra un régimen que a tumbos ha
tenido que empezar a dar mar-
cha atrás. El gobierno ha debido
reconocer a la CNTE como un
interlocutor válido. Ha tenido
que sentarse a dialogar, cuando
apenas hace unos días hablaba
a través de helicópteros, gases
lacrimógenos y proyectiles. No-
chixtlán, Oaxaca y la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores
de la Educación, sus resistencias,
son las resistencias y las luchas
pacíficas de todas y todos aque-
llos y aquellas que legítimamente
decimos ¡ya basta! en el país.
El apoyo solidario al mo-
vimiento magisterial crece y
avanza en muchas partes del
territorio nacional; se organiza y
expande por todo el país, se hace
escuchar en muchos lugares del
mundo. Ante las reticencias del
gobierno al diálogo, alzamos la
voz con el propósito de:
1) Demandarle sostener un
diálogo verdadero con los repre-
sentantes de la CNTE, para que
éste sea siempre la vía para la so-
lución de las demandas del mo-
vimiento magisterial, respetando
su derecho a la participación en
todo proceso concerniente al
derecho a la educación.
2) Frenar la represión po-
licial y parapolicial contra el
movimiento social. Poner fin a la
estrategia de amenazas, hostiga-
mientos, detenciones arbitrarias
y agresiones criminales contra
las maestras y maestros.
3) Reinstalar a las y los maes-
tros que han sido despedidos
injustamente como parte de la
política de represión académica,
y poner fin a las amenazas de
nuevos despidos.
4) Promover una política de
justicia y castigo a los responsa-
bles de los crímenes que ha su-
frido el movimiento magisterial,
para que no queden impunes
los recientes sucesos de Oaxaca
ni las anteriores vejaciones que
han sufrido las y los profesores
de la CNTE. Además de liberar
de forma inmediata a todos los
presos políticos.
5) Construir una plataforma
democrática y profesional para
elaborar una verdadera reforma
educativa y soberana que for-
talezca la educación pública y
gratuita, y respete los derechos
laborales del magisterio, y en la
que participen los maestros y
maestras de todo el país.
6) Detener la criminalización
que inhibe y castiga la protesta
social, y mediática y judicial-
mente condena las manifestacio-
nes de protesta, violentando las
libertades democráticas y otros
derechos humanos, y privatizan-
do las calles y las plazas públicas.
El apoyo al movimiento
magisterial es urgente, porque
la CNTE representa, en estos
momentos de crisis nacional, un
referente moral que no se ven-
de ni claudica. La CNTE nos
enseña que la lucha no es sólo
para detener las reformas, sino
también para impedir el avance
de un proyecto nacional que
excluye, desmantela y privatiza
las conquistas de las luchas de las
comunidades y los pueblos. No
es sólo una movilización contra
la llamada reforma educativa.
Es una querella contra un pro-
yecto que está diseñado para
beneficiar a una minoría, dueña
del poder político y económico,
de la que todos y cada uno en el
país somos corresponsables.
No podemos callar ante la
mentira burda convertida en
discurso oficial.
No podemos callar frente a
la mano autoritaria de un Secre-
tario de Educación responsable
de haber hecho arder Nochixt-
lán con su cerrazón, con su
dogmatismo, y con su virulencia
frente a quienes discrepan.
Es hora de la solidaridad y la
participación. Es hora de la con-
ciencia, la crítica y la creatividad.
Es hora de dignificar la vida para
hacer frente a la sordera, la vio-
lencia y los crímenes de Estado.
La coordinadora no está
sola. Somos miles junto a ella
exigiendo justicia para los asesi-
nados, alto a la represión, y un
diálogo real y resolutivo.
Acción Urgente para Defen-
sores de los Derechos Humanos,
AC;Aluna,Acompañamiento
Psicosocial;Asociación de Familia-
res de Detenidos,Desaparecidos
yVíctimas deViolación a los
Derechos Humanos en México;
Asociación Nacional deAbo-
gados Democráticos;Balance,
AC;Campaña Nacional Sin Maíz
No Hay País;Casa del Migrante
de Saltillo [Frontera con Justicia,
AC];Católicas por el Derecho
a Decidir,AC;Centro de Dere-
chos Humanos Fray Francisco
deVitoria,OP,AC;Centro de
Estudios Sociales y Culturales
Antonio de Montesinos;Ciencia
Forense Ciudadana;Colectiva de
Mujeres CDMX;Colectivo Nos
Hacen Falta;Colectivo UAMeros
en Resistencia de la UAMAz-
capotzalco;Comité deAmérica
Latina y el Caribe a la Defensa
de los Derechos Humanos de
las Mujeres (CLADEM- México);
Comité Estudiantil Metropolitano
(CEM);Comité Promotor de la
Constituyente Ciudadana-Po-
pular-DF;Comunidad Indígena
de San Francisco Xochicuautla;
Comunidades Campesinas y Ur-
banas Solidarias conAlternativas
AC (COMCAUSA);Consorcio
para el Diálogo Parlamentario
y la Equidad;Convergencia de
Organizaciones Sociales y Ciuda-
danos“México Mejor SinTPP”;
Corriente En Lucha;Desencanto
y Revuelta D&R;Efecto Útil.Mo-
nitoreo de Organismos Públicos
de Derechos Humanos;El Clóset
de Sor Juana,AC;Elige Red de
Jóvenes por los Derechos Sexua-
les y Reproductivos;Espacio Libre
Independiente Marabunta,AC;
Estudiantes en Busca de la Justicia;
FuerzaAlternativa;Fundación
Arcoiris,AC;Grupo deAcción
por los Derechos Humanos y la
Justicia Social;Inclusión y Equidad,
Consultora Latinoamericana;
Izquierda Democrática Popular;
JóvenesAnte la Emergencia Na-
cional (JEN);Jóvenes en Resisten-
ciaAlternativa-COMUNAL;Las
Reinas Chulas Cabaret y Dere-
chos Humanos,AC;Movimiento
deAspirantes Excluídos de la
Educación Superior (MAES);Mo-
vimiento deTrabajadores Socia-
listas (MTS);Mujeres enAlianza
“Jaajtakp”,AC;Nueva Central de
Trabajadores,NCT;Otros Mun-
dos Chiapas,AC;Perspectivas
Críticas;Programa Interdiscipli-
nario de InvestigaciónAcción
Feminista,AC;Red Mexicana de
Acción Frente al Libre Comercio
(RMALC);Red Nacional de
Abogados y Promotores del
ConsultorioVirtual“Arturo Díaz
Betancourt”de Letra S;Resonar;
ReverdeSer Colectivo;Revista
MEMORIA;Salud Integral para
la Mujer,AC;Sindicato Mexicano
de Electricistas;Telar de Raíces;
Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos paraTodas
yTodos”(conformada por 80
organizaciones en 21 estados de
la República mexicana)
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
30
PORTADA
Desaparición de recursos millonarios,
falsificación de firmas y sabotaje de un
proyecto científico de alcances internacionales;
además de represalias contra los denunciantes,
son algunas de las irregularidades ocurridas en
el Instituto de Investigaciones en Materiales
de la UNAM, al amparo de los rectorados de
José Narro y Enrique Graue
CORRUPCIÓN
ESTRUCTURAL EN LA
UNAM: CASO INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES EN
MATERIALES
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL JUAN DÍAZ DE LA TORRE, TÍTERE DE NUÑO Miguel
Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA TSUNAMI CONTRA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN AGRO NITROGENADOS, ENTRE
LOS PEORES NEGOCIOS DE PEMEX Nancy Flores
ZONA CERO HACIA DÓNDE VA AMNISTÍA INTERNACIONAL
MÉXICO Zósimo Camacho
IQ FINANCIERO VIVIENDA EN RENTA, LA OPCIÓN CONTRACÍCLICA
Claudia Villegas
ARTÍCULOS
REPRESIÓN Y MUERTE: ERRORES DE CÁLCULO EN EL CONFLICTO
MAGISTERIAL Roberto E Galindo
EL DERECHO A LA ELECTRICIDAD: LA INICIATIVA DE LA ANUEE Y EL
SME Martín Esparza
DE TLATELOLCO A NOCHIXTLÁN: ECOS DEL TERRORISMO DE ESTADO
Andrés Mora Ramírez/PL
LAS PATRONAS Clara Presman/CCS
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24
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
496, del 11 al 17 de julio de 2016– es una publicación semanal edita-
da por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Chu-
rubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100,
México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Mi-
guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de lici-
tud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este
número se terminó de imprimir el 8 de julio de 2016. Distribuida
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CONTENIDO
ANÁLISIS
ECONÓMICO La economía mexicana, en franca recesión Marcos Chávez M
INTERNACIONAL La nueva política exterior británica Thierry Meyssan/Red Voltaire
50
56
INVESTIGACIÓN
PORTADA Corrupción estructural en la UNAM: caso Instituto de Investigaciones en
Materiales Mauricio Romero
RENDICIÓN DE CUENTAS El outsourcing, “sucio negocio” del gobierno Érika Ramírez
LÍNEA GLOBAL Chile-Bolivia, conflicto en el escenario latinoamericano Luis Brizuela
Brínguez/Prensa Latina
30
40
46
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Carlos Moncada Ochoa, periodista y escritor: Asalto a Sonora Álvaro
Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA Facebook, el nuevo policía Gonzalo Monterrosa
PASO A DESNIVEL Fuercitas Miguel Galindo
62
64
66
Ilustración de portada: Cecilia Martínez
50 56
40 46
OEA: EL RETORNO DEL “AMERICANISMO” Juan J Paz y Miño-Cepeda/PL26

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
E
n las protestas magisteriales por la instru-
mentación de la reforma educativa y su
sistema de evaluación fallido –el cual se
sostiene con un carácter punitivo que sanciona
a maestros disidentes, hasta la expulsión y el en-
carcelamiento de los dirigentes–, el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha preferido priorizar las
voces de medios de comunicación afines al go-
bierno, empresarios y burócratas que exigen re-
primir a los manifestantes en lugar de escuchar
a los que proponen privilegiar el diálogo y la ra-
zón en bien de la educación nacional (escritores,
académicos, intelectuales, grupos de la sociedad
civil y periodistas).
En esa disputa por
la reforma educativa
basada en la imposi-
ción y el autoritaris-
mo gubernamental,
que ha polarizado a
la población y que ya
costó la vida de nueve
personas, se ha instalado una mesa de diálo-
go en la Secretaría de Gobernación entre el
gobierno y la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), en donde
las partes siguen muy enfrentadas, en un ab-
surdo del gobierno que se resiste a entender
los argumentos del magisterio y en donde las
autoridades deberían estar abiertas a escuchar
las demandas de un importante sector de la
población, y no ver a los maestros como “ri-
vales” sólo por no estar de acuerdo con una
evaluación universal que pretende aplicar sin
antes convocarlos a cursos y talleres que los
preparen para dicho examen.
En esta crisis que mantiene en alerta a todo
el país –y de manera principal a los órganos de
inteligencia y seguridad pública, que esperan la
orden de volver a reprimir a maestros y a la so-
ciedad civil que los apoya– ha vuelto a la escena
un pésimo actor, como ha sido desde el principio
del conﬂicto: el secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, quien de manera bipolar se opuso
primero a cualquier diálogo y negociación con
el magisterio y ahora aplaude que el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
haya sentado a la mesa a los maestros para nego-
ciar y tratar de resolver el conﬂicto que él creó.
Pero aún más, con el propósito de entorpe-
cer las negociacio-
nes, como ha sido su
intención desde que
tomó posesión de la
Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP),
Nuño ha enviado a su
“empleado” Juan Díaz
de la Torre –presidente charro oficialista del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), que sirvió por más de 20 años a la
exlideresa Elba Esther Gordillo, hasta que fue
detenida y encarcelada por corrupción– para
involucrarse en las negociaciones bajo el falso
argumento de exigir también un nuevo sistema
de evaluación educativo, cuando anteriormente
había aplaudido y aceptado todas las medidas
y condiciones impuestas por los burócratas de
la SEP.
El propósito de Nuño y de este líder magis-
terial corrupto –baste recordar que fue él quien
firmaba los cheques millonarios que Gordillo sa-
JUAN DÍAZ DE LA TORRE
TÍTERE DE NUÑO
MIGUEL BADILLO
Con el propósito de entorpecer las ne-
gociaciones, Nuño ha involucrado al SNTE
bajo el falso argumento de exigir un nue-
vo sistema de evaluación educativo
Con el propósito de entorpecer las ne-
vo sistema de evaluación educativo

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
caba de las arcas del sindicato oficial– de sentar
en la mesa de diálogo al SNTE es involucrarse
en las negociaciones y romper los acuerdos para
que aumenten las protestas sociales y se dé la
represión con la fuerza pública.
Este líder sumiso y corrupto, que pretende
sentarse a la mesa de diálogo con el gobierno y
los líderes de la CNTE, fue cómplice de Gordillo
en el manejo financiero de los miles de millones
de pesos, que durante más de 20 años le expri-
mieron al gobierno federal a través de partidas
presupuestales especiales que le entregaba la SEP,
por instrucción del presidente en turno (Carlos
Sainas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y
Felipe Calderón), así como de las cuo-
tas sindicales que les pertenecían a los
maestros y que ella se apropiaba de
manera ilícita mediante cheques que
firmaba el ahora dirigente del SNTE.
Lo encontrado hasta ahora por las
autoridades en cuentas bancarias del
saqueo al sindicato magisterial son
2.6 mil millones de pesos, lo cual es
apenas una pequeña parte del dinero
robado a los trabajadores. Tan visible
era el despojo que esos recursos ser-
vían como caja chica para las necesida-
des inmediatas de la maestra: compra
de residencias; adquisición de joyas,
arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías
plásticas, y diversión. Toda la opulen-
cia en la que vivía Gordillo y su fami-
lia y de la que Juan Díaz de la Torre
era cómplice.
Años después, cuando la exlidere-
sa magisterial fue detenida, Díaz de la Torre la
traicionó y en reuniones privadas con el secreta-
rio de Educación Pública entregó información
sobre las operaciones financieras que él mismo
realizaba y cuyo dinero tenía como beneficiaria
final a Elba Esther Gordillo.
Por esa “colaboración” con las autoridades,
Díaz de la Torre fue excluido en la denuncia
penal por los delitos de fraude, uso de recursos
de procedencia ilícita y delincuencia organizada
con los cuales acusaron a la exlideresa, a pesar
de que Díaz de la Torre junto con el tesorero
eran quienes autorizaban y firmaban todos los
cheques, así como ordenaban todas las transfe-
rencias bancarias de las cuotas sindicales a las
cuentas que la maestra decía, para de ahí usar
los recursos en lo que ella dispusiera.
Es este líder del SNTE el que ha sido enviado
por Nuño para sumarse a la queja de la Coordi-
nadora en contra de la evaluación educativa, que
insistentemente el presidente Enrique Peña Nieto
ya dijo que por ningún motivo se va a modificar.
Ante los funcionarios de la SEP, Díaz de la
Torre “exigió” la “instalación inmediata de un
mecanismo de revisión y análisis riguroso de las
primeras etapas de evaluación”, a efecto de re-
plantear y redefinir todo el proceso, consideran-
do las observaciones, reclamos justos de los sus-
tentantes y reclamos de la organización sindical,
de acuerdo con lo publicado el jueves pasado por
el diario Reforma, en una nota de Sonia del Valle.
Entonces mientras Nuño se reúne en lo oscu-
rito con el líder del SNTE, los representantes de
la CNTE discuten con el secretario de Gober-
nación sus demandas de reestructurar el modelo
educativo con la inclusión de los maestros y no
como se pretende imponerles una evaluación
general para todos, que sólo ha conseguido in-
cendiar al país.
MIGUELGALINDO

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
E
n el seno de las revueltas contra los depre-
dadores capitalismos están las crisis que han
suspendido el crecimiento global y particular
en cada uno de ellos, partiendo del estancamiento
estadunidense y el apaciguamiento de China; mien-
traslasmasivasmigracionesafricanasatoraneldesa-
rrollo europeo con su ancla griega, generando toda
esa marea un tsunami contra los derechos humanos
en el contexto de las dos caras de la democracia: la
indirecta o representativa y la directa, la del pueblo
organizando protestas, incluso a través de las redes
del internet. Para más información se debe consul-
tar el ensayo Cómo internet está cambiando nuestras vidas,
editorial Turnes). Es, pues, ya un tsunami el que se
vislumbra contra las conquistas del liberalismo polí-
tico, como la libertad de expresión.
Éste es el tema que con atinadas reflexiones
aborda Timothy Garton Ash, autor de ese fabuloso
libro: Los hechos son subversivos (en la colección Tiem-
po de Memoria, de la editorial Tusquets). Es un es-
pléndido trabajo donde el catedrático de Estudios
Europeos en la Universidad de Oxford e historia-
dor afirma que: “La primera tarea del historiador
y del periodista consiste en encontrar hechos... y
éstos deben ser contrastados con todas las pruebas
disponibles”. A lo que agrega que en gran medida,
buena parte del tiempo trabajado como reportero
debe ser: “observando y conversando con todo tipo
de personas desde temprano hasta bien entrada la
noche. El reportero, considerado a veces como la
forma más baja de la vida periodística, me parece
en realidad la más elevada. Es una insignia que luci-
ría con orgullo”.
Recientemente, este autor ha escrito el ensayo
periodístico: Marea contra la libertad de expresión (El País,
19 de mayo de 2016), donde hace una revisión ex-
haustiva de los hechos y amenazas –la mayor parte
cumplidas– en contra de los periodistas en varias
partes del mundo, con la finalidad de reprimir su
trabajo y acallar la información que a los perpetra-
dores de tan viles ataques, no conviene que se sepa.
Así pues, es un verdadero tsunami el que se avecina
tras esa marea contra las libertades de prensa; y por
ende contra todos los medios de comunicación. Y
esto incluye también al periodismo por internet.
“Un indicador pequeño, pero significativo, es cómo
ha aumentado el número de colaboradores de la
web que prefieren escribir con seudónimo”.
Y en México se practica la autocensura, para no
informar sobre lo que prohíben, con amenazas de
muerte o secuestros, sobre todo los narcotraficantes.
Y algunos políticos que, incluso envían a sus sica-
rios y golpeadores a cometer homicidios y agresio-
nes contra los reporteros. Se trata de una “marea
antiliberal”. Porque ante la crisis, mejor dicho: las
crisis, del capitalismo, hasta los regímenes democrá-
ticos usan medidas autoritarias contra la libertad de
expresión, para acallar la información sobre los he-
chos. “Los políticos han desarrollado recursos cada
vez más complejos para imponer un relato domi-
nante a través de los medios (de comunicación)…
ante el periodismo de investigación”.
Así pues, el ensayo el de Timothy Garton Ash:
Marea contra la libertad de expresión es de gran impor-
tancia para su lectura y discusión, para compartir
“los principales principios liberales (del liberalismo
político,republicanoydemocrático,claroestá,meto
mi cuchara al texto de Garton), que todos podemos
y debemos defender, al margen (y en contra) que la
amenaza proceda de un gobierno autoritario, una
superpotencia privada como Facebook”. O que
también proceda de la delincuencia, los sectores
empresariales o los malos gobernantes que a toda
costa quieren cancelar las manifestaciones públicas
de petición y crítica, así como acotar la libertad de
expresión duramente ganada por los pueblos.
TSUNAMI CONTRA LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
AGRO NITROGENADOS
ENTRE LOS PEORES
NEGOCIOS DE PEMEX
NANCY FLORES
E
n Petróleos Mexicanos (Pemex) sus subsi-
diarias y filiales hace falta una limpieza de
raíz para desterrar la corrupción. Pero lejos
de ello, en la empresa del Estado mexicano se si-
guen permitiendo los negocios sucios, al amparo de
la opacidad que le ha proporcionado la reforma
energética.
Entre los peores negocios que ha hecho la ex-
paraestatal está la compra de Agro Nitrogenados,
SA de CV. Ello, porque desde 2014 sólo ha repre-
sentado sangrías económicas para la petrolera, en
vez de reportarle dividendos.
Información de Pemex revela que para esta
operación se triangularon fondos públicos a
través de una de sus empresas offshore: a pe-
sar de que PMI Comercio Internacional se
adjudicó la compra, en realidad la que realizó
la adquisición fue la filial no paraestatal PMI
Norteamérica.
Fue el 16 de enero de 2014, cuando PMI Nor-
teamérica –empresa unimembre, que carece de
personal y oficinas propias– firmó un acuerdo
para comprar los activos existentes de Agro Ni-
trogenados, una subsidiaria de Minera del Norte,
SA de CV.
El costo de la operación ascendió oficialmen-
te a 275 millones de dólares, e incluyó la planta
productora de fertilizantes localizada en Pajaritos,
Veracruz. No obstante, para este proyecto Pemex
consideró que la inversión inicial podría alcanzar
los 475 millones de dólares, pues además de ad-
quirir los activos existentes, era necesario rehabili-
tar y renovar la planta de urea.
La triangulación no acabó ahí: el 30 de mayo
de 2014, la empresa Pro-Agroindustria, filial de
PMI Comercio Internacional, adquirió de mane-
ra definitiva los activos de Agro Nitrogenados.
Aunque una de las justificaciones para esta
compra fue que la producción de urea de esa
planta representa cerca del 75 por ciento de la de-
manda nacional, fuentes de la paraestatal cuentan
a Agenda de la Corrupción que en realidad se dio por
la insistencia de Arturo Henríquez Autrey, exdi-
rector de Procura y Abastecimiento en Petróleos
Mexicanos.
Cabe recordar que a mediados de septiembre
de 2015, este exfuncionario de Pemex renunció
a su cargo por tener vínculos con el empresario
Amado Yáñez, dueño de Oceanografía.
Pero ése no fue el único escándalo que prota-
gonizó Henríquez Autrey: en su calidad de repre-
sentante legal de la petrolera mexicana, el 29 de
abril de 2014 fue acusado de faltar a una reunión
del consejo de administración de Repsol en Espa-
ña, pues prefirió asistir a la semifinal de la Liga de
Campeones, en Múnich, Alemania (La Jornada, 16
de septiembre de 2015).
Las fuentes consultadas observan que esta com-
pra sólo benefició a los vendedores: Agro Nitroge-
nados era una empresa quebrada, su planta era
chatarra al momento de la transacción y había en-
frentado una huelga laboral por más de 2 décadas.
Detrás de esta empresa estaba Altos Hornos de
México, es decir el empresario Alonso Ancira y la
familia Autrey. Para Pemex, la desgracia –apuntan
las fuentes– es que pagó de entrada 275 millones
de dólares por la planta, “cuando en realidad no
valía ni 80 millones”.
Así es que PMI Norteamérica y luego
Pro-Agroindustria gastaron los escasos recursos

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
públicos con los que cuenta Pemex en una empre-
sa chatarra. Y aunque es claro que esta compra
contraviene los intereses de la nación, los mexica-
nos no podemos esperar que la petrolera, y me-
nos sus filiales, rindan cuentas ni que se castigue
a los responsables, pues como se ha informado en
Contralínea, sus acciones son inescrutables porque
ahora se rigen por el derecho privado.
Esta opacidad ya quedó demostrada en las res-
puestas de Pemex y PMI a las 10 solicitudes de
información que, entre 2014 y 2015, exigieron
–bajo el amparo de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental– que se revelara el contrato, los oficios
y las comunicaciones relativas a esta compra. En
el primer caso, el corporativo afirmó tener cero
documentos; y en el segundo, PMI recordó que
ya no es sujeto obligado, además de que su carác-
ter de empresa privada le impedía revelar secretos
industriales.
Pero el problema
con esta adquisición no
se reduce a la falta de
transparencia ni al gas-
to que ya se hizo. De
acuerdo con las fuentes
internas, PMI y Pemex
se encuentran “atora-
dos” en la reparación de la planta. Los costos, in-
dican, podrían elevarse a más de 700 millones de
dólares (incluyendo la compra).
Al respecto, el español Grupo Cobra fue fa-
vorecido con el contrato de reparación de Agro
Nitrogenados, otro punto débil que apuntan las
fuentes, pues esta contratación no sería del todo
limpia.
El contrato de ingeniería, procura y construc-
ción, bajo la modalidad de libro abierto, con la
empresa Cobra Instalaciones México se formalizó
el 29 de agosto de 2014, por parte de Pro-Agroin-
dustria. El objetivo, según Pemex, es la rehabilita-
ción y puesta en marcha de los activos adquiridos.
Petróleos Mexicanos afirma que en la fase I,
que duraría aproximadamente 15 meses –es decir,
acabaría en noviembre de 2015–, se pondría en
operación el primer tren de urea, y permitiría pro-
ducir alrededor de 1.4 toneladas diarias. En la fase
II, que duraría aproximadamente 5 meses una vez
terminada la fase I –abril de 2016–, se pondría en
operación el segundo tren de urea.
Actualmente, ambos trenes deberían produ-
cir más de 990 mil toneladas anuales de urea,
según lo planeado por Pemex. Pero esto fracasó.
Las fuentes consultadas denuncian que no hay
gas suficiente para que las plantas de amoniaco
de Cosoleacaque (Veracruz) puedan producir la
carga de amoniaco necesaria para que opere la
nueva empresa Pro-Agroindustria, que impulsó
José Manuel Carrera Panizzo, titular de la Direc-
ción Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios
de Pemex.
Aunado a ello, Pemex reconoce en su informe
ante la Securities and Exchange Commission que
fue hasta el 31 de marzo de 2016 cuando finalizó
la evaluación mecánica, las órdenes de compra
del equipo necesario, e inició la celebración de
contratos de renovación.
Esta renovación, aunque Pemex no lo admita
públicamente, implica
suplir toda la chatarra.
Además de construir
una estación de com-
presión de dióxido de
carbono, así como otros
proyectos complemen-
tarios.
En su informe ante las autoridades estadu-
nidenses, Pemex acepta que espera comenzar
la producción hasta el primer trimestre de 2017
y tener una capacidad de producción anual de
hasta 990 mil toneladas de urea.
La compra que habría favorecido a la familia
de Henríquez Autrey no es el único negocio sucio de
Pemex. De acuerdo con las fuentes, la creación
de Pemex Fertilizantes es otro ejemplo de la co-
rrupción que imperaría en la petrolera.
Y es que ésta basa su “negocio” en la importa-
ción de urea sólo para justificar su existencia. En
este rubro, al interior de Pemex se habla de que
los beneficiarios serán priístas: ni más ni menos
que los del grupo Atlacomulco, sobre todo la fa-
milia Del Mazo, a través de Pronamex. También
se menciona al exdirector de Pemex, Juan José
Suárez Coppel, pues ahora es directivo de Jacobs
Engineering Group, empresa encargada de la par-
te tecnológica. Así, los negocios de Pemex.
La desgracia para el erario es que Pe-
mex pagó de entrada 275 millones de
dólares por la planta de Agro Nitroge-
nados, cuando no valía ni 80 millones
La desgracia para el erario es que Pe-
nados, cuando no valía ni 80 millones

ZONA CEROOPINIÓN
A
mnistía Internacional es una prestigiada
organización global con presencia en más
de 150 países. Defiende derechos humanos
generalmente en contextos adversos y ante regíme-
nes autoritarios y situaciones de violencia extrema.
Su trabajo ha servido para promover el respeto a
los derechos humanos de millones de personas y
documentar la violación de los mismos por parte de
quienes abusan del poder (legítimo o de facto) y de
quienes buscan despojar o imponerse por medio de
la brutalidad. Su trabajo le ha ganado el respeto y el
reconocimiento prácticamente en todo el mundo.
La Sección México de este organismo no gu-
bernamental ha acompañado innumerables casos
de presos políticos, víc-
timas de desaparición
forzada, ejecuciones
extrajudiciales y vícti-
mas de uso despropor-
cionado de la fuerza.
También ha preparado
informes en los que se
señala puntualmente
cuál es la situación real de los derechos humanos
en este país. Su informe más reciente, Sobrevivir a la
muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas
en México, es un ejemplo de los serios documentos
que elabora.
Por ello, preocupa lo que desde hace meses
ha venido ocurriendo en esa oficina y que podría
derivar en que finalmente sea domesticada por el
gobierno mexicano.
Su actual director, Perseo Quiroz Rendón, se
apresta a dejar el cargo en medio de cuestiona-
mientos internos –tanto del personal a su cargo
como de la membresía– por lo que integrantes de
la sección mexicana consideran un desempeño
contradictorio y, peor, por querer conducir a la or-
ganización no gubernamental como si fuera una
empresa privada.
Quiroz Rendón se va (en diciembre, según lo
anunció en la Asamblea celebrada el pasado 2 de
julio), pero deja un nuevo organigrama (una nue-
va estructura) de la oficina en México de Amnistía
Internacional y también nuevos reglamento y esta-
tuto que regirán de ahora en adelante la vida de la
organización en este país.
De entrada, los cambios en la normativa tienen
como fin adquirir ante el gobierno mexicano el es-
tatus de “donataria”. Lo anterior, aunque la orga-
nización no desempeñe actualmente las funciones
de las instituciones con
dicho estatus: tutelar
derechos de menores,
la readaptación social
de personas que han
llevado conductas ilíci-
tas y, entre otras, capa-
citación para el trabajo.
Las repercusiones
de estos cambios también son del orden de la
transparencia y la rendición de cuentas: no obliga
a la presentación de informes anuales por parte del
Comité Directivo ni de la Dirección Ejecutiva ante
la Asamblea General y abre la puerta para que
ahora reciba financiamiento de oficinas de gobier-
no. Hasta ahora, Amnistía Internacional sólo reci-
bía dinero de instituciones oficiales para educación
en derechos humanos y siempre y cuando dichos
recursos no excedieran del 20 por ciento de su pre-
supuesto. En la redacción del nuevo estatuto no se
impone un fin ni un límite para la “cooperación
técnica y económica” de instituciones “oficiales”.
También es clara la discrecionalidad que se
ZÓSIMO CAMACHO
HACIA DÓNDE VA
AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO
Cambios en Amnistía Internacional: se
va el actual director pero deja nueva es-
tructura, estatutos y reglamento. Incier-
to, el rumbo de la oﬁcina en México
Cambios en Amnistía Internacional: se
to, el rumbo de la oﬁcina en México

ZONA CERO OPINIÓN
otorga a la Dirección Ejecutiva y al Comité Direc-
tivo para modificar el patrimonio y las maneras
de obtenerlo. Toda la membresía queda fuera de
esta decisión, pues ya no será necesario para ello
convocar a una asamblea extraordinaria. Incluso
tampoco será obligatorio para estos organismos
directivos presentar en asamblea el presupuesto
anual de la institución.
Además, la política de cuotas se sustituye con
una “política de donaciones”. Así, quienes antes
aportaban su cuota y con ello adquirían dere-
chos, ahora aportarán donaciones, las cuales son
voluntarias y no generarán para quienes aporten
la capacidad de incidir en el rumbo que tome la
organización. Las donaciones también existían,
pero se trataba de recursos extra y había una clara
diferencia entre cuotas y donaciones.
Todo parece indicar que los cambios en Am-
nistía Internacional tienen dos objetivos: 1) pro-
porcionar al gobierno mexicano mecanismos de
presión y herramientas para exigir “rendición de
cuentas” a una organización que le ha sido incó-
moda; y 2) enfocar los esfuerzos de la oficina en
la captación de dinero, mediante asesorías, capa-
citaciones y cooperaciones técnicas y económicas
con empresas privadas e instituciones públicas.
En este último punto, la actual dirección ya había
intentado celebrar convenios con algunos gobier-
nos, como el de Morelos. Alguna vez ya le tuvie-
ron que decir a un entusiasta Perseo Quiroz que
la normativa entonces vigente no le permitía cele-
brar acuerdos como el que ya había pactado con
Graco Ramírez… Y hasta las fotos del director
de Amnistía Internacional México con el gober-
nador de Morelos tuvieron que bajar de las redes
sociales.
Como corolario, los cambios
aprobados en la sección mexi-
cana de Amnistía Internacio-
nal se aprobaron con alrededor
del 2 por ciento del total de la
membresía. Desde hace años,
la participación no pasa del 3
por ciento. Los mismos toman
las decisiones siempre, lo que ha
derivado en que la organización
pierda la identidad que, supues-
tamente, se marca desde el nivel
internacional.
Esperemos que la oficina
mexicana de Amnistía Interna-
cional supere las crisis internas
y siga siendo un referente de la
promoción y defensa de los de-
rechos humanos en este país.
Organizaciones fuertes e inde-
pendientes vaya que hacen fal-
ta en una nación tan desigual y
con tales niveles de impunidad
como México.
Fragmentos
Todo parece indicar que la activación del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) como contrapeso a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no
sólo será a través de las “mesas de diálogo”. Busca-
rán movilizar y enfrentar a maestros con maestros.
Eso es jugar con fuego; pero así están de desespera-
dos en el gobierno federal ante el apoyo social que
han generado los profesores movilizados.
DAVIDMANRIQUE

IQ FINANCIEROOPINIÓN
E
n medio de los recortes al presupuesto y la
caída en el gasto público asociado a obras
de infraestructura, la vivienda (otra vez la
de interés social) se presenta como una alternativa
contra cíclica que puede dejar grandes beneficios
para la economía. En la Ciudad de México, por
ejemplo, se estima que la demanda promedio de
vivienda superará las 20 mil unidades en renta
cada año. Esa demanda se presentará al menos
durante las siguientes dos décadas, tan sólo para
satisfacer el crecimiento poblacional y los cambios
demográficos. De acuerdo con la firma Alignmex
Real Estate Capital, la renta de vivienda será una
opción real para muchas familias dado el incre-
mento en el valor de las propiedades. Serán pocas
familias las que logren adquirir un bien inmueble.
En los últimos tres años la única inversión refugio
–en medio de la intensa volatilidad de los merca-
dos– han sido los bienes raíces, muchos de ellos
dedicados precisamente al arrendamiento. No es
casualidad el boom que vemos ahora de centros
comerciales, de nuevos desarrollos de vivienda.
Gracias al dinero de las Afores y a instrumentos
como los certificados de capital para el desarrollo
y los fideicomisos de inversiones en bienes raíces,
hoy vemos por todos lados edificios y casas nuevas
por todas partes.
Se calcula que la inversión en bienes raíces
otorgó rendimientos anuales superiores al 10% y
eso fue mucho tomando en cuenta que hasta hace
poco vivíamos en la era de tasas cero inaugura-
da por Alan Greenspan. Sin embargo, antes de
que proliferen los esquemas de renta de vivienda,
sobre todo aquellos que ofrecen opción a com-
pra, será necesario analizar experiencias como las
que se presentaron en el pasado en proyectos de
constructoras como Urbi que, en asociación con
Hipotecaria Su Casita, inauguraron una época
de incertidumbre en viviendas arrendadas con la
posibilidad de adquirirse. Urbi perdió cientos de
casas; Su Casita no pudo recuperar los créditos
otorgados y Deutsche Bank –como responsable
del fideicomiso que detonaba el modelo– aún lu-
cha por recuperar activos y garantías. Todo un
riesgo.
Las nuevas apuestas de
Pemex
La asociación de Pemex para la exploración y
explotación del campo Trión en aguas profundas
es relevante no sólo por ser la primera que tendrá
la empresa productiva del Estado con petrole-
ras extranjeras, sino porque pone de manifiesto
las capacidades reales que tiene y los retos que
puede asumir en escenarios de bajos precios in-
ternacionales del crudo, caída de la producción
de hidrocarburos y de reducida capacidad de in-
versión, a los que se debe añadir que el proyec-
to es en aguas profundas del Golfo de México.
Es cierto que a raíz de la crisis del Brexit en Gran
Bretaña los precios del petróleo presentan una re-
cuperación que ahora pone en riesgo las metas de
inflación, pero Pemex tendrá que estar listo para
nuevas caídas en el precio del hidrocarburo.
La propia empresa ha anunciado que en 2017
se podrá esperar un volumen de producción de
2.1 millones de barriles de petróleo diarios; eso
significa una baja de 16 por ciento sobre la extrac-
ción de los primeros cuatro meses de 2016 y de
19 por ciento sobre la de 2015. De acuerdo a un
CLAUDIA VILLEGAS
VIVIENDA EN RENTA
LAOPCIÓNCONTRACÍCLICA

IQ FINANCIERO OPINIÓN
análisis de Gustavo Silva, de Mapa Energético, la
petrolera que conserva 80 por ciento de las reser-
vas probadas del país para su explotación requiere
incorporar proyectos que en el tiempo le permitan
revertir la caída en dos vías; una, mediante la cual
logre extraer mayor volumen de hidrocarburos de
los campos en producción y de incorporar en el
tiempo volúmenes adicionales. En este rubro se
coloca el proyecto Trión.
Desde su hallazgo, este campo se convirtió en
uno de los más grandes descubiertos en el Golfo
de México, que es la zona marina con más activi-
dad petrolera del mundo, sin embargo debido a
los altos volúmenes de inversión requeridos y con
la maduración de los proyectos podría parecer
poco rentable la continuación del proyecto, sobre
todo si los precios se en-
cuentran aún deprimidos.
La política
tributaria
que
necesitamos
La concentración de
la riqueza en nuestro país
es un tema que incomoda
a muchos en el gobierno
federal y en las esferas
empresariales. La distribución de la riqueza, sin
embargo, ahora forma parte del discurso del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo
de Aristóteles Núñez. Una buena señal. Durante
varios sexenios, estudios del ITAM, del CIDE y
de otros respetados centros de estudios se concen-
traron en encontrar, a partir de datos duros, los
argumentos más convincentes para incrementar
los incentivos para que la población pague im-
puestos. No fue, sin embargo, hasta que el actual
titular del SAT, Aristóteles Núñez, decidió cerrar
filas y exhibir a los deudores del sistema tributa-
rio mexicano que comenzaron a cambiar las re-
glas del juego. Núñez tenía un reto que no podía
eludir, ante la caída en los precios del petróleo:
aumentar la recaudación y la aportación de los
impuestos en los ingresos del gobierno federal. La
lista de los incumplidos en el portal de Internet
del SAT se transformó en la punta del iceberg de
la política tributaria del gobierno federal. Es un
hecho que el SAT ha puesto en énfasis en cobrar
impuestos a quien gana más y a quien incumple;
paralelamente, el gobierno federal elevó los in-
centivos para que los empresarios eleven la crea-
ción de empleos. Es cierto, el acento del SAT se
encuentra en los contribuyentes cautivos. La in-
formalidad, por ahora, no es una prioridad para
el SAT. El ambiente social no es el propicio y el
jefe del SAT acepta que prefiere concentrarse en
los grandes evasores.
Así, el IVA –el impuesto al consumo por exce-
lencia– comienza a compensar la caída en otros
ingresos tributarios ante
los recortes presupuesta-
les. Resulta que a partir
de la nueva volatilidad
generada por la salida del
Gran Bretaña de la Unión
Europea (Brexit), el go-
bierno federal –a través de
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público– de-
cidió aplicar un nuevo
recorte por poco más de
30 mil millones de pesos,
unos 1 mil 630 millones de
dólares.
El SAT, además, no
sólo utiliza todos los medios electrónicos y mediá-
ticos para incentivar el pago de impuestos, sino
que se ha apoyado de denuncias como la reali-
zada por la investigación Panama Papers para
indagar sobre el pago de impuestos de los gran-
des inversionistas de la economía mexicana. La
gran sorpresa que encontró el jefe del SAT es
que algunos de esos empresarios sí pagaron sus
impuestos. Muy bien por ellos. La mala es que
se confirmó que los paraísos fiscales sí se utilizan
para evadir al fisco y agudizar el gran problema
que enfrenta la economía mexicana: la desigual-
dad y la concentración de la riqueza. Aristóteles
Núñez también vigila a los políticos que no repor-
tan adecuadamente su situación patrimonial. Esa
es la política tributaria que necesitamos.
CECILIAMARTÍNEZ

ARTÍCULOOPINIÓN
A
nte la protesta y desobediencia civil de
maestros y ciudadanos en varios estados
del país, principalmente en el sureste,
personas que han sido reprimidas violentamente,
en algunos casos hasta la muerte, por el gobierno
federal en coordinación con autoridades estatales
–como en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de
junio de este año–, cabe preguntarse si el gobierno
nacional encabezado por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) calculó (antes de dar la or-
den de desalojar y disparar sobre los inconformes)
que hay maestros en todas las ciudades, pueblos
y en muchas rancherías y otras comunidades del
país. ¿Calcularía que,
independientemente
de que pertenecieran
a la Coordinadora
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación
(CNTE) o directamen-
te al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE) se
afectarían a todos los docentes, incluidos aquellos
no partidarios de algún grupo magisterial y que
antes de la masacre de Nochixtlán no les intere-
saba la Reforma Educativa? ¿Calcularían además
Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Ma-
yer que en lugares alejados de las grandes urbes la
relación de miles de maestros –sobre todo los rura-
les– es más cohesionada con sus comunidades, lo
que les permite mas participación como pilares de
la colectividad y les confiere mayor respeto?
Las preguntas anteriores son importantes para
el gobierno y para los grupos inconformes, pues
ya no es sólo la CNTE: diversos sectores de base
del SNTE, así como otros ciudadanos se han dado
cuenta de lo lesiva que es la reforma educativa. Las
respuestas a tales interrogantes son vitales, pues de
ellas depende el desarrollo de este gran conflicto
social. Si el gobierno no entiende que el “diálo-
go” al que accedió tras el fatídico 19 de junio debe
implicar la revisión y negociación-modificación de
la reforma educativa, incluso su abrogación y re-
formulación, se estaría ante un estancamiento del
conflicto. Incluso, la no negociación abonaría a la
expansión geográfica del mismo, pues la violenta
represión que ha privilegiado el régimen puede
escalar en intensidad y
extenderse a lugares en
que la protesta social
del magisterio era hasta
hace poco impensable,
como en Monterrey,
Nuevo León.
El gobierno federal
sabía antes de instigar los violentos desbloqueos
en Nochixtlán que hay maestros en todo el país.
Lo que no calcularon en las altas esferas políticas
fue que su fallido operativo, disfrazado de defensa
del estado de derecho en los medios de comunica-
ción alineados, sería expuesto a través de las redes
sociales: el uso de gases lacrimógenos y armas,
incluidas de alto poder por parte de uniformados
contra los manifestantes, así como el asesinato de
varias personas. En suma, la acción represora y
asesina sobre una población desarmada. Acciones
brutales ejercidas por un gobierno sin populari-
dad y, por el contrario, con una sociedad que se
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
Si el gobierno no entiende que el diálo-
go debe implicar la revisión de la reforma
educativa, incluso su abrogación, se estaría
ante un estancamiento del conflicto
Si el gobierno no entiende que el diálo-
ante un estancamiento del conflicto
REPRESIÓN Y MUERTE
ERRORES DE CÁLCULO EN EL
CONFLICTO MAGISTERIAL

ARTÍCULO OPINIÓN
niega a aceptar sus políticas –privatizadoras– pú-
blicas. Tampoco calculó el gobierno que, tras el
desproporcionado ataque contra maestros y ciu-
dadanos, las imágenes de lo que parece ser un país
en guerra civil se difundirían a través del internet
a la par de análisis de académicos e intelectuales
sobre la reforma educativa. Imágenes y análisis,
que además han sido presentados en muchas pla-
zas públicas del país, alcanzando así a sectores que
no tienen acceso al internet.
El ataque del gobierno popularizó el conflic-
to magisterial, lo que permitió a otros sectores
docentes y civiles menos politizados o ajenos al
conflicto averiguar sobre la reforma educativa y,
una vez entendida su gravedad laboral y adminis-
trativa, así como su nula conveniencia pedagógi-
ca, sumarse a la protesta social
iniciada por la CNTE. Otro
cálculo fallido del gobierno fue
la decidida defensa que diversos
grupos sociales en el sureste han
hecho de sus maestros. Y duran-
te las dos últimas semanas, los
cierres en escuelas en la Ciudad
de México y otras urbes por par-
te de padres de familia además
de docentes. El gobierno no cal-
culó el gran apoyo social que sus
actos represores y asesinos des-
encadenarían entre la población
para con los maestros.
La reforma “educativa”, no
es tal, ya se ha dicho y, también
que es laboral y administrativa;
perniciosa laboralmente para
el maestro y económicamente
para la población. Pero también
tiene como uno de sus objetivos
controlar políticamente al sindi-
cato de trabajadores más grande
y organizado –SNTE y su disi-
dencia, la CNTE–, mismo que
ya ha favorecido a otros partidos
políticos además del PRI. Ahí
estuvo el apoyo de Elba Esther
Gordillo al Partido Acción Na-
cional (PAN) y sus ofrecimientos
a Andrés Manuel López Obra-
dor –quien los declinó– y de la CNTE a Gabi-
no Cué como candidato de una absurda alianza
partidista antes de ser gobernador, por mencionar
algunas de las desafortunadas intervenciones del
sindicato de maestros en la política nacional. La
reforma educativa busca sujetar con presiones la-
borales y económicas al magisterio, para restarle
fuerza política en escenarios electorales adversos
al PRI, como los que lo han llevado a compartir la
hegemonía con el PAN. Y que, como todo parece
indicar, lo pondrán en riesgo ante el blanquiazul o
el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
en 2018. Pero desde ahora el PRI puede asegurar
su suicidio político presidencial, si reprime más al
movimiento magisterial y social que ellos mismos
han originado y agudizado.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
D
esde que el represivo Decreto de Extin-
ción de Luz y Fuerza, del 11 de octubre
de 2009, puso en manos de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) la prestación
del servicio de energía eléctrica en el centro del
país, se generó un conflicto social agudizado al
paso de los años como resultado del cobro exor-
bitante que apareció de la noche a la mañana
en los recibos de millones de usuarios, sobre
todo los de bajos consumos domésticos y meno-
res ingresos, que prácticamente desde entonces
han tenido que enfrentar la disyuntiva de pagar
la luz o atender necesidades apremiantes de su
núcleo familiar como la alimentación, contravi-
niendo con ello lo estipulado por nuestra Carta
Magna en la defensa y respeto a los derechos
humanos, así como en los tratados internacio-
nales en la materia que garantizan el acceso de
las personas al servicio eléctrico a un precio ac-
cesible y a un decoroso nivel de vida.
El encubrimiento que el gobierno del espu-
rio Felipe Calderón hizo a las razones de fon-
do de la desaparición del organismo público, y
el despido injustificado de 44 mil trabajadores
electricistas, buscó escudarse en retóricas me-
diáticas como la baja en las tarifas eléctricas,
mejoramiento en el servicio y fortalecimiento
de las finanzas públicas. Al paso del tiempo nin-
guno de estos tres postulados se cumplió y, por
el contrario, los incrementos a las tarifas indus-
triales y comerciales fueron de la mano con los
recibos locos aplicados a los consumidores domés-
ticos.
El remedio, como lo constataron millones
de mexicanos, salió 100 veces peor que la ima-
ginaria enfermedad, sobre todo porque con
la anuencia para aplicar cuanto cambio le
viniera el gana, la CFE inició además de sus
atropellados cobros, el desmantelamiento de
la red de líneas de cobre para sustituirlas por
aluminio, así como la instalación de los me-
didores de prepago sin el consentimiento de
los usuarios. Calderón y su runfla de secuaces
se cuidaron de hablar y menos de polemizar
sobre la descarada violación a los derechos
humanos de los mexicanos, particularmente a
los de escasos recursos, que representó su au-
toritaria medida, pese a estar salvaguardados,
por añadidura, en los acuerdos internacionales
firmados por nuestro país.
Hasta la fecha subsiste una notoria ilegali-
dad pues los usuarios del centro del país siguen
sin tener un contrato legal con una empresa
que les fue impuesta y que no se ha tomado la
molestia de regularizar su situación jurídica, y
menos resolver un generalizado problema so-
cial que en todo el país se ha multiplicado por
sus ilegales cobros y arbitraria aplicación de
tarifas a más de 32 millones de usuarios.
Desde que en 1933, siendo presidente Abe-
lardo L Rodríguez, los usuarios se unieron
en todo el país para demandar a su gobierno
meter en cintura a las empresas extranjeras
Mexican Light and Power y American and Fo-
reign Power, que por la falta de inversión en
el sector –sacaban sus cuantiosas ganancias al
EL DERECHO A LA ELECTRICIDAD
LA INICIATIVA DE LA
ANUEE Y EL SME
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
extranjero–, prestaban un deficiente servicio
y elevaban constantemente sus tarifas, impi-
diendo el despegue de la industria nacional y
provocando un serio quebranto a la economía
familiar de los mexicanos, no se había visto
un movimiento de tales proporciones como el
que tomó forma a través del surgimiento de
la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía
Eléctrica (ANUEE), a consecuencia de los sis-
temáticos abusos de la CFE.
Esta organización, nacida de la sociedad ci-
vil, ha ido creciendo en su fuerza y presencia
por todo el territorio nacional, librando al lado
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
una lucha histórica por la defensa y renaciona-
lización de la industria eléctrica, ponderando
como uno de sus principales objetivos la apro-
bación en el Congreso de una iniciativa pre-
sentada en San Lázaro, de manera conjunta,
en abril pasado, y donde busca plasmar en el
artículo cuarto cons-
titucional el reconoci-
miento del acceso a la
electricidad como un
derecho humano de
todo mexicano.
La propuesta con-
lleva además que las
autoridades federales asuman la responsabili-
dad de fijar una tarifa social que ayude a resar-
cir el poder adquisitivo de los que menos tie-
nen; avale el borrón y cuenta nueva, que ponga fin
a los miles de problemas ocasionados por sus
recibos locos y “cobros estimados” de la CFE, así
como la criminalización de la protesta social
de aquellos ciudadanos que han sido privados
de su libertad por el hecho de manifestarse en
contra de los abusos de la Comisión Federal.
Y contra lo que algunos errados legisladores
insisten en pensar, la iniciativa radicada en el
seno de la Cámara de Diputados no es pro-
ducto de una generación espontánea sino de
un hartazgo social expresado en todas y cada
una de las 427 mil firmas que acompañaron la
presentación del documento.
Además, el planteamiento surgido de la
voz de la ciudadanía no se contrapone con los
fundamentos de la propia reforma energética,
pues si se considera que en la actualidad el
acceso a la energía eléctrica es parte esencial
para el desarrollo económico, social, cultural
y político de toda persona y de su suministro
dependen toda una serie de actividades como
el abastecimiento de servicios, transportes, las
comunicaciones así como el funcionamien-
to de los comercios, escuelas, fábricas y hasta
los propios hogares, la electricidad no puede
ser vista meramente con un perfil empresarial
que la ubique como una mercancía más en el
mercado de consumo sujeta a la oferta y la de-
manda.
El Programa Nacional para el Aprovecha-
miento Sustentable de la Energía, busca alcan-
zar el uso “óptimo” de la electricidad, esta-
bleciendo las estrategias, objetivos, acciones y
metas que además de incrementar las empre-
sas del sector público y privado, contribuyan
a mejorar las condiciones de vida de los mexi-
canos.
Desde esta pers-
pectiva, la iniciativa
presentada señala
en sus fundamentos
que dentro del marco
constitucional y en el
ámbito de los trata-
dos internacionales, la prestación del servicio
eléctrico no puede considerarse sólo como una
mercancía, sino como un derecho humano y
social que debe ser garantizado por el Estado
y al cual deben tener acceso todas las perso-
nas. Esto es, que desde la esfera de los derechos
humanos, los gastos personales o familiares no
deben impedir ni comprometer la satisfacción
de otras necesidades básicas. En pocas pala-
bras, que las personas, sobre todo las de meno-
res ingresos o que se ubiquen en los rangos de
la supervivencia a través de la informalidad no
deben sacrificar su derecho a la alimentación,
a la salud, a la educación y a otros satisfactores
sociales por la obligación de cubrir el gasto por
energía eléctrica, que como ahora ocurre, es
impuesto de manera unilateral, y elevado dis-
crecionalmente sin tomar en cuenta las condi-
ciones de pobreza y marginación que enfren-
tan 55.3 millones de mexicanos.
En el servicio de la luz eléctrica en
el centro del país subsiste una notoria
ilegalidad: los usuarios siguen sin tener
un contrato con la Comisión Federal
En el servicio de la luz eléctrica en
un contrato con la Comisión Federal

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os trágicos incidentes ocurridos en No-
chixtlán, en el estado de Oaxaca, con saldo
de ocho muertos y 22 desaparecidos, pro-
ducto de la represión de la Policía Federal y la es-
tatal contra los maestros que protestaban contra la
reforma educativa del gobierno de Enrique Peña
Nieto, no deben tomar por sorpresa a nadie.
Por desgracia, este desenlace venía siendo ad-
vertido como una posibilidad cada vez más real
por intelectuales y voces críticas de la opinión pú-
blica, como el rector de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México, Hugo Aboites, quien
en enero de este año
apuntaba: “La señal
más tangible del fraca-
so de una iniciativa en
la educación es que re-
quiera de la fuerza mi-
litarizada para ponerse
en marcha” (La Jornada,
23 de enero de 2016).
Las muertes y desapariciones tampoco son
hechos aislados, forman parte, junto con la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, de prácticas sistemáticas de terroris-
mo de Estado, apoyadas por los grupos de poder
–económico, político, e incluso del crimen organi-
zado y el narcotráfico– para mantener un statu quo
favorable al saqueo, la expoliación de las riquezas
tangibles e intangibles del pueblo mexicano y la
impunidad para los responsables de las matanzas.
La máquina del terrorismo de Estado es ino-
cultable. Los registros estadísticos y las investiga-
ciones periodísticas serias revelan las dimensio-
nes del horror que impone y el miedo del que se
alimenta, su desprecio por la vida humana; y, al
mismo tiempo, desnuda el modus operandi de la cla-
se política dominante y sus aliados fácticos para
imponer a sangre y fuego el modelo de sociedad
neoliberal en México.
La Fundación Mexicana de Periodismo de In-
vestigación (Mepi), por ejemplo, publicó a finales
de 2014 un listado de las masacres ocurridas du-
rante los últimos 20 años en México –hasta antes
de Ayotzinapa–, que ponen de manifiesto la recu-
rrencia de las víctimas
del terrorismo de Esta-
do y de sus victimarios.
En 1995, 17 cam-
pesinos murieron ase-
sinados en Aguas Blan-
cas, Guerrero, a manos
de oficiales de la policía
municipal; en 1997, en
Acteal, Chiapas, fuerzas paramilitares cubiertas
por policías perpetraron la brutal ejecución de 45
indígenas (incluidos niños, adolescentes y mujeres
embarazadas); en 2008, 24 albañiles del Distrito
Federal fueron asesinados por el cartel de los Bel-
trán Leyva.
En 2009, un comando armado acabó con la
vida de 18 jóvenes en Ciudad Juárez, y en 2015,
en esa misma ciudad, 15 adolescentes corrieron
idéntica suerte; en 2010, fueron asesinados por
sicarios, vinculados con el narcotráfico, 19 pacien-
tes de un centro de rehabilitación en Chihuahua,
ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR, ANALISTAY DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA/PRENSA LATINA
DETLATELOLCOA NOCHIXTLÁN
ECOS DEL TERRORISMO
DE ESTADO
Las muertes y desapariciones no son
hechos aislados: junto con la desapari-
ción de los 43 normalistas, son prácticas
sistemáticas de terrorismo de Estado
Las muertes y desapariciones no son
sistemáticas de terrorismo de Estado

ARTÍCULO OPINIÓN
18 turistas en Acapulco, 17 asis-
tentes a una fiesta en Torreón y
otros 14 en Ciudad Juárez, 72
migrantes suramericanos y cen-
troamericanos en Tamaulipas y
8 policías en Sinaloa.
En 2011, fueron localizados
los cadáveres de 11 personas
decapitadas en Acapulco, 193
cuerpos en fosas clandestinas en
Tamaulipas, 8 en la Sierra Tara-
humara, otros 67 en Veracruz,
17 en Culiacán, y 23 en Jalisco;
además, 52 personas perdieron
la vida en un incendio de un
casino en Monterrey, provoca-
do por sicarios del narcotráfico.
En 2012, se hallaron 49 torsos
humanos en Nuevo León; en
2013, un comando armado ata-
có mortalmente a ocho miem-
bros de una familia en Ciudad
Juárez; y en 2014, en Tlataya,
22 personas fueron abatidas (11 de ellas fusiladas)
por efectivos del Ejército Mexicano.
Todo un inventario del terror, al que segura-
mente tendríamos que sumar decenas de inci-
dentes que no atrajeron la atención de los medios
o que permanecen ocultos –por distintos moti-
vos– del conocimiento de la ciudadanía.
En un marco más amplio, se sabe que hasta
octubre de 2015 permanecían en condición de
desaparecidas un total de 27 mil 586 personas
(Contralínea, 13 de diciembre de 2015); la mayor
parte de ellas sometidas a averiguaciones previas
por parte de las autoridades federales y locales,
aunque sin resolverse aún su paradero definitivo
y las causas de su desaparición.
“Es terror mantener por decenios a madres
y padres, a hermanos y hermanas buscando a
quien desapareció sin rastro de proceso ni de
aplicación de las leyes. Es terror para que, quie-
nes sientan la tentación [de protestar, de recla-
mar derechos, de cuestionar el sistema], se lo
piensen dos veces. Y es terror de Estado”, escri-
bía Luis González de Alba, hace algunos años, al
analizar la masacre de Tlatelolco de 1968, una
sombra terrible que proyectada sobre la historia
de México, resistiéndose a la verdad y la justi-
cia ya casi por seis décadas y que, por desgracia,
ha asomado de nuevo en Ayotzinapa y ahora en
Nochixtlán.
Se trata de un panorama francamente desola-
dor, pero que, al mismo tiempo, define el rumbo
del cambio verdadero al que debe apostar la socie-
dad mexicana en las elecciones del 2018, aunque
no puede limitarse a ese acontecimiento coyun-
tural: la paz, la esperanza y el desarrollo humano
integral en México no radican en las soluciones
del mercado o de las armas, sino en la subversión
radical de un orden expoliador, destructivo, neo-
liberal, antinacional y culturalmente enajenador.
Y eso solo se puede lograr desde abajo.
¿Sobrevivirá la nación mexicana a su actual
crisis? Así debe ser: México es un baluarte de
nuestra América. El legado de lo mejor de su
cultura, del pensamiento social, político y econó-
mico, del latinoamericanismo y del humanismo
de sus hombres y mujeres está presente en la his-
toria de las luchas revolucionarias y de liberación
de muchos países de la región. Necesario es que
ese México diverso y profundo se levante y venza
una vez más.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
U
na imagen de la virgencita de Guadalupe
adorna la pared de la cocina donde hier-
ve el arroz. Julia lo revuelve y mira el re-
loj, una, dos, tres cuenta en voz alta: “Faltan 3 horas
para que pase el tren”. Julia forma parte del grupo
de mujeres mexicanas campesinas que todos los días
preparan,consuspropiasmanos,comidaparaluego
ponerla en bolsas y arrojarlas a los Guatemaltecos,
hondureños, cubanos y salvadoreños que conviven
en uno de los corredores migratorios más concu-
rridos del mundo. Sin posibilidad de sombra, con
mala alimentación y mal dormidos, muchas veces,
los migrantes caen en las vías y son devorados o ampu-
tados por las ruedas del tren. Éste es sólo uno de los
riesgos de viajar en La Bestia. A lo largo de la ruta,
sonmuchoslospeligrosconlosqueseencuentran.El
crimen organizado, su mayor enemigo, cuyos nego-
cios son el tráfico de drogas y armas, la extorsión, los
secuestros y la trata de personas.
Familias enteras emprenden esta travesía de pun-
ta a punta por México, hacia Estados Unidos. Sin
papeles y en tránsito ilegal buscan un futuro mejor, o
al menos un presente más digno. Y allí están Las Pa-
tronas, reflejo de una absoluta solidaridad desintere-
sada, que alimentan a desconocidos desde hace más
de 20 años. Comenzaron con 15 raciones de comida
en 1995, proporcionadas de su propio bolsillo y hoy,
por medio de donaciones internacionales y el apoyo
de organizaciones no gubernamentales, logran ali-
mentar a cientos de personas y ser reconocidas en
todoelmundocomolasguardianasdelosmigrantes.
LacrisismigratoriagolpeatambiénaAméricaLa-
tina.Eltrenpasa.Lamercancíahumanaviajaymue-
ve los engranajes de un continente injusto y corrupto.
Centroamérica se desangra. Las Patronas no son in-
diferentes a ese dolor. Como tampoco lo son miles de
mujeres en el mundo que ante diferentes conflictos y
situaciones acogen a otras mujeres, hombres y niños.
Convencidas de que el amor siempre vence.
En Cruz del Eje, un pueblito al Sur de la provincia
de Córdoba, en Argentina, vive Claudia que sabe que
con la panza llena el frío se siente menos. El invierno
cordobés llegó antes de tiempo y en los barrios de vi-
viendas precarias los niños padecen las bajas tempera-
turas.Aligualqueenotrospaísesdelaregión,elavance
de gobiernos de derecha vino de la mano de políticas
neoliberalesconrecortesyajustesenmateria social.
La inflación, la quita a los subsidios en los servi-
cios básicos, el aumento de precios a los alimentos de
la canasta básica, la disminución de programas de
contención y la creciente falta de presencia del Es-
tado son las consecuencias que afectan a los sectores
másvulnerables. Enestecontexto,yahaaumentado
elíndicedepobrezaentiemporécord.ElObservato-
rio de la Deuda Social Argentina, que depende de la
UCA (Universidad Católica Argentina) estimó que
la pobreza en 2015 alcanzó el 29 por ciento y saltó
en el primer trimestre de este año a 34.5 por ciento.
Pero Claudia y un grupo de mujeres se organizan
para hacerle frente a los embates de los tiempos que
corren.Conloquepuedeaportarcadauna,compran
comidaparaabasteceruncomedorpopularenelcen-
tro vecinal del barrio humilde en el que viven, donde
alimentan a más de 30 niños en situación de calle. A
veces reciben donaciones y la porción es más abun-
dante, pero la premisa es que siempre va a haber algo
para los niños y niñas. Víctimas inocentes si las hay.
Son patronas de otra bestia, la desigualdad. Muje-
res valientes que, con voluntad y sobre todo un gran
sentido de la solidaridad, resisten y protegen a los
que menos tienen. Aún menos que ellas. Gestos de
humanidad entre tanta tragedia. La solidaridad que
aflora en los momentos más difíciles alivia tanto do-
lor en un mundo cada vez más convulsionado. Las
formas de resiliencia humana son un bálsamo a los
conflictos sociales actuales, como estas y tantas otras
patronas, mujeres fuertes que le hacen frente a dife-
rentes bestias.
CLARA PRESMAN, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
LAS PATRONAS

ARTÍCULOOPINIÓN
A
inicios del siglo XIX, en diversas regiones
de lo que hoy se llama América Latina, se
iniciaron las luchas por la independencia,
a fin de romper con el colonialismo ibérico. El
proceso culminó con las batallas de Junín y Aya-
cucho en 1824. Al mismo tiempo, en las diversas
regiones emancipadas, se establecieron una vein-
tena de países, aunque el coloniaje siguió en Cuba
y Puerto Rico, que sólo se independizaron de Es-
paña en 1898.
Pero la construcción de los diversos Estados
nacionales latinoamericanos se convirtió en una
tarea titánica porque,
a raíz del proceso in-
dependentista, se con-
solidaron los regímenes
oligárquicos, que frus-
traron los ideales re-
publicanos de libertad,
democracia, soberanía
e igualdad, forjados du-
rante la época de las revoluciones anticoloniales.
A la par, como países “libres”, los latinoame-
ricanos debieron confrontar un mundo absolu-
tamente distinto al de la época colonial, pues en
Europa y Estados Unidos habían nacido poten-
cias capitalistas y expansionistas, que no dudaron
en competir por incorporar los nacientes países a
su órbita económica y de influencia geopolítica.
Para asegurar su presencia en todo el conti-
nente, en el siglo XIX surgieron en Estados Uni-
dos dos políticas diplomáticas: el monroísmo y el
destino manifiesto (Manifest Destiny). El presiden-
te James Monroe (1817-1825) fue quien proclamó
“América para los americanos”, una consigna
que, si bien intentaba frenar cualquier intento de
reconquista colonial europea, se convirtió en nor-
ma de comportamiento de Estados Unidos en el
continente.
A ella se unió la idea, propuesta por John L
O’Sullivan (julio de 1845) y escrita por primera
vez en la US Magazine and Democratic Review 5), se-
gún la cual “nuestro destino manifiesto es abarcar
el Continente”, que de inmediato se transformó
en otra norma de conducta para justificar las inter-
venciones estaduniden-
ses en Latinoamérica
en pleno siglo XIX,
como la ocurrida en
México (1846-1848),
que cercenó al país
medio territorio, o la
“guerra cubano-hispa-
no-americana” (1898)
a través de la cual Estados Unidos intervino en
Cuba.
El americanismo contenido en las “doctrinas”
señaladas tuvo su punto culminante con Theo-
dore Roosevelt (1901-1909), quien sin empacho
alguno proclamó no sólo el dominio estaduni-
dense en todo el continente, sino el “derecho” a
la intervención directa para defender los intereses
económicos de ese país. El “corolario Roosevelt”,
como ha sido denominada esta comprensión del
monroísmo, inauguró la era del imperialismo es-
tadunidense.
JUAN J PAZ Y MIÑO-CEPEDA, HISTORIADOR,INVESTIGADORYARTICULISTA ECUATORIANO/
PRENSA LATINA
OEA
EL RETORNO DEL
“AMERICANISMO”
La construcción de los Estados latinoa-
mericanosseconvirtióenunatareatitáni-
ca porque, a la par de las independencias,
se consolidaron regímenes oligárquicos
La construcción de los Estados latinoa-
se consolidaron regímenes oligárquicos

ARTÍCULO OPINIÓN
Desde luego, el expansionismo de estados
Unidos sobre América Latina despertó fuerzas
patriotas dispuestas a enfrentar esa diplomacia
“americanista”, que arrasaba con cualquier prin-
cipio de soberanía nacional en la región. En Ecua-
dor, el liberal radical Eloy Alfaro (1842-1912), si
bien admiraba a ese país norteño, también com-
prendió el manejo interesado del monroísmo; y,
con el propósito de examinar la manipulación de
esa doctrina, convocó a un congreso internacional
de las naciones del continente que debía realizar-
se en México, a partir del 10 de agosto de 1896.
Alfaro aspiraba, igualmente, a tratar el tema de la
independencia de Cuba, a la que siempre apoyó,
y la reivindicación de Venezuela sobre la Guayana
Esequiva.
Ese congreso fue abier-
tamente boicoteado por
míster Olney, secretario
de Estado de Estados Uni-
dos, quien incluso llegó a
argumentar que Ecuador
carecía del “prestigio”
suficiente para acometer
semejante reunión. En
consecuencia, a la cita
en México sólo acudie-
ron los representantes de
ocho Estados: Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua y Re-
pública Dominicana. Pero allí se aprobó un docu-
mento de enorme trascendencia antiimperialista,
pues sostuvo que la Doctrina Monroe había sido
utilizada, desde sus inicios, a voluntad de Estados
Unidos, y era necesario someterla a un análisis ju-
rídico a fin de que se sujetara a un derecho público
internacional consensuado por toda América.
La experiencia de las reacciones latinoameri-
canas indujo a que Estados Unidos cambiara de
estrategia sobre la región, de manera, que al calor
de la expansión imperialista, se articuló un cami-
no basado en el “consenso” de todos los países.
Por esa vía, en la IV Conferencia Interamericana
de 1910 celebrada en Buenos Aires, se aprobó la
creación de la Unión Panamericana, que fue el
antecedente histórico para el nacimiento, décadas
más tarde, de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) en abril de 1948.
El “panamericanismo” dio continuidad al
monroísmo en el siglo XX y lucía como el gran
paraguas de convergencia continental. Pero el
mundo cambió con el avance del nuevo siglo: es-
talló la Primera Guerra Mundial (1914-1918); se
produjo la Revolución Rusa (1917), de la cual na-
ció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
el primer país socialista en el mundo; sobrevino
la crisis de los años 30; luego la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945); la expansión de los países
socialistas en Europa del Este; y en 1959 el gran
terremoto continental: la Revolución Cubana.
El panamericanismo quedó agotado. En su
reemplazo llegó la OEA y, además, en plena Gue-
rra Fría, de modo que la
flamante institución tuvo
como base ideológica la
defensa del mundo occi-
dental, de su democracia
y sus valores, y, en última
instancia, por tanto, la
preservación del continen-
te americano como espa-
cio propio del capitalismo
bajo hegemonía estaduni-
dense.
Nunca se imaginó en
la OEA que, a 90 millas
de Estados Unidos, en la
isla de Cuba, se implanta-
ra el primer país socialista del continente. Así es
que la defensa y preservación de la “democracia”
en América y contra el “comunismo” internacio-
nal, transformaron a la OEA en un instrumento
renovado de la política exterior estadunidense. El
lavado de cerebro que significó la implantación de la
Guerra Fría en América Latina, a raíz de la Revo-
lución Cubana, fue de tal magnitud que el bloqueo
a la isla, implantado primero por Estados Unidos,
derivó (por presión de ese país) en la expulsión de
Cuba de la OEA el 31 de enero de 1962, con una
resolución que contó con 14 votos a favor, el de
Cuba en contra, y seis abstenciones: Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y México.
El bloqueo se impuso contra viento y marea. En
el resto del continente despegaron las acciones
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
injerencistas para terminar con gobiernos “iz-
quierdistas”, implantar dictaduras anticomunistas
y garantizar un principio de la diplomacia con-
tinental subyacente en todo momento con apa-
riencia de consenso por el mundo “libre” y por la
“democracia”: “América es para los americanos”.
La OEA se estabilizó como institución de ese
mundo, aunque nada hizo frente a las dictaduras
terroristas del Cono Sur, implantadas, paradójica-
mente, para dizque garantizar una América Lati-
na “libre”, “democrática”, pero sin “comunismo”.
Los tiempos han cambiado desde aquellas épo-
cas. El derrumbe del socialismo alteró la historia
mundial, no sólo por haber provocado el fin de la
Guerra Fría, sino, sobre todo, porque se entronizó
la globalización transnacional, la hegemonía uni-
polar de Estados Unidos y
el neoliberalismo como la
moderna ideología econó-
mica.
Las décadas de 1980
y 1990 en América Lati-
na fueron las de la consa-
gración de los principios
neoliberales, impuestos a
consecuencia de la crisis
de la deuda externa y las
acciones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI)
en la región.
Por primera vez, sin
el “peligro” de sistemas
alternativos, parecía cumplirse el sueño de una
América para los americanos, unificada por la
misma misión económica: hacer del continente
el espacio ejemplar para el mercado libre, la em-
presa privada y los capitales transnacionales. No
hubo gobiernos que escaparan a esas orientacio-
nes e, incluso, algunos gobernantes latinoameri-
canos procuraron convertirse en un ejemplo de
subordinación al ideal neoliberal.
Las consecuencias de semejante “modelo” han
sido ampliamente estudiadas en América Latina
y particularmente resaltadas en lo económico y
social por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal). Ha quedado en claro
que las desregulaciones, aunque beneficiosas al
consumismo generalizado y el auge empresarial,
concentraron la riqueza como nunca antes, agra-
varon las condiciones de vida y de trabajo de los
sectores medios y populares y afectaron a las fun-
ciones e instituciones del Estado. En Argentina, la
crisis de diciembre de 2001, a raíz del “corralito”,
condujo a que se sucedieran cinco presidentes en
pocos días; y en Ecuador, entre 1996 y 2006 los
únicos tres presidentes electos fueron derrocados.
En ambos países, las revueltas ciudadanas corea-
ban: “¡Qué se vayan todos!”.
A partir de 1999, con el triunfo presidencial de
Hugo Chávez en Venezuela y la sucesión desde el
inicio del nuevo milenio de una serie de gobiernos
identificados como progresistas, democráticos y
de nueva izquierda, América Latina sufrió otro re-
mezón, comparable al que décadas antes ocasio-
nó la Revolución Cubana.
Los gobernantes pro-
gresistas pusieron en ries-
go el “modelo” neoliberal
continental y también la
hegemonía de Estados
Unidos. Y para garantizar
una política de auténtica
coordinación latinoameri-
canista, encararon la crea-
ción de otras entidades,
distintas a la OEA, para
que se constituyeran en
el foro de las discusiones
y orientaciones para una
nueva integración.
En ese marco nacieron la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur, 2008 y constitución de-
finitiva en 2011) y, sobre todo, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac,
2010). Durante la IV Cumbre realizada en Qui-
to, en enero de 2016, el presidente ecuatoriano,
Rafael Correa, fue muy claro en plantear la ne-
cesidad de un nuevo sistema interamericano y
expresó:
“Necesitamos un organismo latinoamericano
y caribeño capaz de defender los intereses sobe-
ranos de sus miembros; la OEA nos alejó de ese
propósito reiteradamente”. Añadió que ese orga-
nismo debía ser la CELAC, que incluso tendría
que reemplazar a la OEA “que jamás funcionó
adecuadamente, pero que es más anacrónico que
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULO OPINIÓN
nunca”; por lo cual la OEA debería convertirse
en el ente de los problemas del norte, pues “las
Américas al Norte y al Sur del Río Bravo son dife-
rentes” (http://goo.gl/G1cVTS).
Puede entenderse que los gobiernos progresis-
tas y de nueva izquierda en América Latina des-
taparon las reacciones de varios sectores afectados
por la alteración de la economía tradicional, del
régimen político que otrora controlaban y por la
promoción de las clases medias, trabajadores y
sectores populares como ejes de los nuevos pode-
res en el Estado. Partidos tradicionales, elites em-
presariales aferradas al neoliberalismo, medios de
comunicación vinculados con estos intereses y, sin
duda, el imperialismo, no han escatimado ningu-
na estrategia para detener a los gobiernos de nue-
va izquierda e incluso para derrocarlos.
En ese marco, la crisis económica desatada a
partir de 2015, una serie de debilidades y errores
de los propios gobiernos de nueva izquierda, así
como la sucesión del
triunfo presidencial
de Mauricio Macri en
Argentina, el golpe de
Estado institucional
contra Dilma Rousseﬀ,
en Brasil, y la pérdida
del referendo en Boli-
via sobre la reelección del presidente Evo Morales,
han creado el marco nacional para que las dere-
chas políticas y económicas refuercen el camino
para su restauración en el poder, ante lo que se ha
dado en calificar como “fin de ciclo” de los gobier-
nos progresistas.
Aprovechando la misma coyuntura, también
ha renacido el interés “americanista” por inten-
tar recobrar para la OEA el papel protagónico en
defensa de la “democracia” y con el fin de acabar
con el impulso que en otro momento alcanzaron
Unasur y Celac.
El relativo debilitamiento de Unasur y la Celac
ha creado el espacio para que el Secretario Gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, se lance por la recu-
peración de la entidad en el accionar continental.
Pero lo ha hecho precisamente en el viejo espíritu
con el que nació esa misma institución, porque le
interesa, de repente, aplicar la Carta Democrática
a Venezuela.
En efecto, en la reunión del pasado 23 de ju-
nio, Almagro sostuvo: “El Consejo Permanente
debe mantenerse del lado correcto de la historia
y defender a un pueblo que necesita voz”; aña-
dió: “Estimo que existe una grave alteración del
orden constitucional y democrático en Venezue-
la”; y concluyó:
“El que debería ser uno de los países más ri-
cos de la región se encuentra más bien enfren-
tando niveles de pobreza sin precedentes, una
severa crisis humanitaria y uno de los más altos
índices de delincuencia en el mundo”, por todo
lo cual, “El Consejo Permanente debería tomar
las medidas necesarias para atender a la crisis
humanitaria sin precedentes e innecesaria que
sufre Venezuela (...), expresarse claramente so-
bre los prisioneros políticos (...) y apoyar la vo-
luntad del pueblo venezolano en su llamado a
un referendo revocatorio” (http://goo.gl/KPur6F).
Tras 4 horas de discusiones la OEA no llegó a
ninguna posición con-
tra Venezuela. Pero la
derrota de Almagro y
de la OEA no puede
tomarse como defini-
tiva. Si tendría éxito la
gestión para que efec-
tivamente se considere
que en Venezuela existe una “crisis humanitaria”
y que se aplique la Carta Democrática, entonces
queda abierto el camino para la injerencia y la
intervención e, incluso, la posibilidad de apartar
de la OEA a Venezuela. El viejo camino de lo
que ya vivió Cuba.
En la geopolítica continental por el “ame-
ricanismo”, América Latina tiene que volver
sobre el fortalecimiento de sus propias institu-
ciones, de manera que la coyuntura debe ser-
vir para retomar el camino de consolidación de
entidades como la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (Alba), Unasur y
Celac, que expresan los intereses específicos de
la región, y que son distintos a los de Estados
Unidos, país con el cual las mejores relaciones
sólo pueden basarse en el respeto mutuo a las
soberanías nacionales latinoamericanas y a sus
propios “modelos” de economía, sociedad y po-
lítica.
América Latina tiene que fortalecer sus
instituciones: la coyuntura debe servir para
consolidar la Alba, Unasur y Celac, que
promueven intereses de la región
América Latina tiene que fortalecer sus
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INVESTIGACIÓN PORTADA
CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL
EN LA UNAM
CASO INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
EN MATERIALES

INVESTIGACIÓNPORTADA
Desaparición de recursos
millonarios, falsificación
de firmas y sabotaje de
un proyecto científico de
alcances internacionales,
irregularidades ocurridas
en el Instituto de
Investigaciones en
Materiales de la UNAM, al
amparo de dos rectorados
E
l proyecto Sener-Conacyt 160015 que du-
rante 4 años desarrollaron la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
por medio de un equipo instalado en el Instituto
de Investigaciones en Materiales (IIM), y la em-
presa Dowell Schulumberger, se convirtió en un
compendio de irregularidades, en algunos casos
con posibles consecuencias penales, provocadas y
solapadas por las altas autoridades de la Universi-
dad:desde la dirección del IIM hasta los rectorados
de José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers,
pasando por los abogados generales y la Contralo-
ría de la Universidad.
La investigación científica, enfocada en el aná-
lisis y predicción de las propiedades y calidades de
mezclas de crudos mexicanos,y en el desarrollo de
la tecnología para lograrlo, desembocó en una his-
toria de falsificación de firmas; de desaparición y
desvío de recursos millonarios; de represalias con-
tra académicos e investigadores que denunciaron la
corrupción; de sabotaje del estudio y acoso contra
los alumnos adscritos a él; de destrucción y aban-
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra
CECILIAMARTÍNEZ

Tras desatarse el escándalo de corrupción, el laboratorio fue clausurado por las autoridades
MAURICIOROMERO
dono de equipos y laboratorio… todo por parte de
funcionarios administrativos encabezados presun-
tamente por la directora del Instituto, Ana María
Martínez Vázquez.
“La Universidad debería ser un ejemplo de
transparencia en manejo de recursos públicos. Y si
hay regularidades, éstas deben ser investigadas; no
hay justificaciones para no hacerlo”,señala el doctor
Alfonso Bouzas, investigador el Instituto de Inves-
tigaciones Económicas y exconsejero universitario.
Proyecto petrolero, sin
precedentes
El 26 de marzo de 2012, el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras) firmó con
la UNAM un convenio de asignación de recursos
por 86 millones 54 mil 963 pesos para llevar a cabo
un “estudio reológico y caracterización fisicoquí-
mica para el desarrollo de correlaciones aplicables
a crudos pesados”.
El proyecto consistía en recoger 22 muestras
de crudo de diversos yacimientos nacionales, cu-
yas características van desde muy ligeros hasta ex-
trapesados, y elaborar 50 mezclas con el objeto de
desarrollar un software capaz de predecir la calidad
de las combinaciones de los distintos tipos de pe-
tróleo.
Con base en los análisis hechos y la “fluidoteca”
construida, el programa –cuyo usuario final sería
Pemex Exploración y Producción (PEP)– per-
mitiría predecir las reacciones de los crudos ante
cambios de temperatura y presión, así como las
propiedades y la calidad de las mezclas producidas
en el país.
“En 2014, Petróleos Mexicanos comerció cua-
tro tipos de petróleo por debajo de los estándares
de calidad, revela la auditoría de desempeño 14-6-
47T4L-07-0287”, informó Contralínea en su edi-
ción 476. “Por esta irregularidad, la petrolera pagó
compensaciones por 1 mil 104 millones 796 mil
800 pesos a sus clientes tanto en el mercado nacio-
nal como en el internacional”.

INVESTIGACIÓNPORTADA
La base de datos, el software y la tecnología
resultado del proyecto 16005 aumentaría la pre-
cisión en la producción de mezclas de Pemex, lo
cual evitaría las pérdidas provocadas por las va-
riaciones incontroladas. Los beneficios para Pe-
mex se contabilizarían en decenas de millones de
dólares.
Tal sistema de medición no existe en el mun-
do. Ni las petroleras que
dominan el mercado lo
tienen. Por su trascen-
dencia, el proyecto sería
uno de los más impor-
tantes que se hayan rea-
lizado en la UNAM y el
de mayor impacto salido
del Instituto de Investi-
gaciones de Materiales.
A su cargo estaría
Sergio Quiñones Cis-
neros, maestro y doctor
por la Universidad de
Minnesota,experto en mecánica de fluidos,expro-
fesor en Dinamarca y Alemania,investigador de la
UNAM y miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores, en cuya propiedad intelectual se sus-
tentaría la investigación.
Corrupción en la UNAM
Aún corría el rectorado de José Narro, y el 4
de julio de 2014 una carta llegó a los escritorios
de Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de
Investigación Científica y representante legal de la
UNAM ante el Fondo Sener-Conacyt Hidrocar-
buros; Luis Raúl González Pérez, abogado Gene-
ral de la Universidad (actual ombudsman nacional);
Guillermo Brizio Rodríguez,contralor,y de Aurea
del Carmen Navarrete Arjona,auditora interna.El
asunto era conciso: “desvío de recursos”.
“He encontrado documentación que muestra
un retiro irregular por medio millón de pesos […]
con un destino final que desconozco”, denunció
por escrito Sergio Quiñones ante las autoridades
universitarias.
Y explicó que el 26 de septiembre de 2013, 1
día antes de hacer un viaje al extranjero, había fir-
mado una solicitud de transferencia por 500 mil
pesos para que fuesen cubiertos los gastos de ope-
ración del laboratorio.
Tras pasar la solicitud por las manos de Rocío
de la Torre Sánchez, encargada de la contabilidad
del proyecto,y de Efraín Díaz Martínez,secretario
Administrativo del Instituto, se emitió un cheque
por dicha cantidad para que fuera signado por el
mismo Quiñones Cisneros.
El trámite interno para la
liberación de recursos se es-
taba dando como uno más.
Pero “unos minutos después
de lo descrito,la doctora De
la Torre regresó y me indi-
có que Toñita (la secretaria
del licenciado Díaz) había
cometido un error y el che-
que que acababa de firmar
se había cancelado […] no
cuestioné y firmé de nuevo”.
Quiñones realizó el viaje
programado habiendo deja-
do firmada una sola solicitud de transferencia de
recursos.Pero a pesar de haber salido del país el 27
de septiembre de 2013, otro oficio, el correspon-
diente al segundo cheque,apareció fechado el 3 de
octubre.
“Yo me encontraba en Alemania,por lo que era
imposible que hubiese podido firmar dicho oficio”,
aseveró el investigador ante las autoridades univer-
sitarias, y remató: “ambos cheques, el 237 (supues-
tamente cancelado) y el 238, fueron depositados
el 2 de octubre de 2013 prácticamente a la misma
hora.
“[…] En resumen, medio millón de pesos fue-
ron transferidos de la cuenta Sener-Conacyt, […]
la dirección ha tomado posesión del recurso sin mi
consentimiento”.Eso sólo era el principio.
Los montos para la investigación provinieron
del Fondo Sectorial Sener-Conacyt Hidrocarbu-
ros,“que se alimenta de un impuesto que es del or-
den del 0.65 por ciento de la facturación de Pemex,
y está destinado a la investigación en el sector de
energía”,explica Quiñones.
“Pemex hace la propuesta de un proyecto sec-
torial.Se abre licitación.Competimos.Todo fue un
proceso de años: llevó 5 años conseguir el recurso”.
En 2012 iniciaron los trabajos.
El sistema de medición
que se desarrollaba en el
Instituto de Investigaciones
en Materiales no existe
en el mundo. Ni las
petroleras que dominan el
mercado lo tienenmercado lo tienen

Pero no son los científicos quienes controlan los
dineros de sus propios estudios,pues en estos casos
la parte burocrática de los institutos funge como
“sujeto de apoyo”.
“Yo soy responsable técnico y financiero, no
contable –dice Quiñones–.Mi problema es que yo
no financié diezmos.Y eso es un problema grave.”
—Diezmos…
—Diezmos.Tal cual.
Y es que en el proceso, continúa, de la “canasta
principal”, alimentada por el Fondo Sener-Cona-
cyt, se transfiere dinero al Instituto para el desa-
rrollo de tareas específicas relacionadas con la
investigación. “Lo que yo no sabía es que estos
proyectos los maneja en exclusividad la directora
del Instituto,Martínez Vázquez”.
Lo anterior, la doctora lo dejó claro en el oficio
IIMT/DIR./347/2014 en respuesta a la solicitud
que hizo Quiñones para saber el destino de los re-
cursos:
“Me permito informarle que la cuenta de in-
gresos extraordinarios […] es una cuenta de ingre-
sos del Instituto de Investigaciones en Materiales,
por lo que los gastos realizados en dichos ingresos
es facultad exclusiva del titular.”
Para el doctor Bouzas, “el principal problema
son los virreinatos, pues los titulares son reyes (o
reinas) en sus espacios. Y estos pequeños reinos se
ven, por ejemplo, en el tipo de contratación de la
mayor parte del personal académico, que está en la
Universidad por horas, de manera inestable, y que
puede ser echado, desechado, movido, cuando no
se alinea a lo que el director plantea”.
Impunidad
institucionalizada
Tanto las entonces autoridades universitarias
como las actuales se enteraron plenamente de
los señalamientos. José Narro, primero, Enrique
Graue,después;sus abogados generales Raúl Gon-
zález Pérez,hoy presidente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, y Mónica González
Contró; así como Carlos Arámburo de la Hoz y
William Lee Alardín, coordinadores de Investiga-
ción Científica.
Transcurrieron los meses, los años, y nada ha
ocurrido con los señalados. Sólo Efraín Díaz dejó
su puesto temporalmente.
La denuncia,en vez de provocar una limpieza in-
terna –e iniciar sendas pesquisas a los responsables–,
desembocó en un sabotaje de la investigación y per-
secución contra los académicos relacionados a ella.
Después de recibir el portazo de Ana María
Martínez, Quiñones emitió su queja por escrito
ante Carlos Arámburo de la Hoz, “con copia a la
auditora interna,al contralor y al abogado General,
que en su momento era Luis Raúl González Pérez,
actual ombudsman de México”.
Nadie respondió. “Ninguna de estas autorida-
des. Absolutamente ninguna hace seguimiento
alguno. Encubren de forma dolosa a la doctora
Martínez Vázquez, a la doctora Rocío de la Torre,
al licenciado Antonio Efraín Díaz Martínez, en lo
que es claramente un delito.Estamos hablando del
desvío de recursos federales mediante la falsifica-
ción de documentos utilizando una firma apócrifa.
Ellos debieron haber hecho un peritaje de la firma.
Ni eso se ha hecho”.
En febrero de 2016, ya con Enrique Graue al
frente, el mismo Quiñones Cisneros informó al
nuevo coordinador de Investigación,William Lee,
sobre un nuevo desfalco:
“Mediante el cheque número 708 de la che-
quera SCH 160015, el 26 de noviembre de 2015
se transfirieron 700 mil pesos para solventar un
serie de gastos importantes”. El dinero se movió
a la cuenta manejada por la directora. Pero no se
empleó en la investigación.
“La pregunta es: ¿dónde está el dinero?”,apun-
ta Quiñones.Insistió formalmente saber;preguntó,
envió oficios. Argumentaba su derecho de conocer
los registros contables.Machacó.Pero fue en vano:
las puertas de las oficinas administrativas del Insti-
tuto ya estaban cerradas para él.
Por esos días,la propia Ana María Martínez in-
formó a los investigadores del IIM lo que para ella
era una buena noticia:“Hemos recibido indicaciones
de las autoridades competentes para reinstalar al li-
cenciado Efraín Díaz como secretario Administra-
tivo de este Instituto,lo que hago con mucho gusto”.
“Para estas alturas el desfalco es muy superior.
Yo puedo probar 1.2 millones,pero asciende a mu-
cho más que eso”,asegura Quiñones Cisneros.
Enrique Geffroy Aguilar,físico investigador del

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