UN CAMINO A SEGUIRMéxico como país afiliado a la ONU ratifica acuerdos y convenios de cooperación y apoyo internacional, a...
antisindicales y causar graves perjuicios al empleado público sujeto a esas medidas. En ocasiones, la no renovación delos ...
3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo conlos métodos mencionados en el artículo7 d...
ante las autoridades administrativas y judiciales, garantizar el respeto de la legislación y de los acuerdos colectivos or...
2) El tiempo libre previsto en el subpárrafo 1) anterior debería ser otorgado sinpérdida de salario ni de prestaciones uot...
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Un camino a seguir

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Relatoría de la 102 Conferencia de la OIT con el tema de la Administración Pública y la Negociación Colectiva, perspectivas del sindicalismo en el servicio público.

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Un camino a seguir

  1. 1. UN CAMINO A SEGUIRMéxico como país afiliado a la ONU ratifica acuerdos y convenios de cooperación y apoyo internacional, adquiriendo conello la obligación de observar y cumplir con lo estipulado en cada uno de los organismos que integran a la ONU en temasde alimentación, educación, derechos humanos, etc.De la Oficina Internacional del Trabajo; con sede en Ginebra Suiza; recientemente éste febrero del 2013 se ha celebradola 102ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la cual se informa el Estudio General relativo a lasRelaciones Laborales y la Negociación Colectiva en la administración pública; documento del cual se extraen conceptosrelevantes como los Derechos civiles y políticos de los Empleados Públicos; donde se expone que los derechos sindicalesestán estrechamente vinculados incluso sustentados en los derechos humanos y las libertades civiles, y que el conceptode derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen las libertades civiles (Libre Transito, Asociación,Expresión, Trabajo, Libertad, Seguridad de la persona y de sus bienes, etc.)En el Capítulo II. Derechos civiles y políticos de los empleados públicospágina 23 de dicho informe se lee:-“La interdependencia entre el respeto de los derechos humanos y el respeto de la libertad sindical implica, enparticular, que las autoridades públicas no pueden interferir en las actividades sindicales legítimas de las organizacionesmediante arrestos y detenciones arbitrarios de dirigentes o afiliados sindicales, ni a acusarles de actos delictivos enrazón de su afiliación sindical o de sus actividades sindicales legítimas. Supone asimismo que, en caso de alegatosdeviolaciones de los derechos y principios reconocidos en el convenio, se lleven a cabo sin demora investigacionesjudiciales independientes con el objeto de esclarecer plenamente los hechos, deslindar las responsabilidades, sancionara los autores e instigadores y prevenir la repetición de tales actos. En este sentido, la Comisión observa asimismo que losretrasos excesivos en los procedimientos iniciados en respuesta a este tipo de actos crean una situación de impunidadque refuerza el clima reinante de violencia e inseguridad. También subraya que es necesario impartir una formaciónespecífica sobre libertad sindical a las fuerzas del orden a fin de evitar los actos de violencia y las detencionesarbitrarias”-. Más adelante completa el concepto -“Ésta Comisión estima que las disposiciones que prohíben de manerageneral las actividades políticas o partidistas de las organizaciones de empleados públicos para la promoción de susobjetivos específicos son contrarias a los principios de la libertad sindical, y que no sería realista prohibir en la prácticatoda actividad política de los sindicatos”-De mucha importancia me parece lo expuesto en el Capítulo III. Protección contra los actos de discriminaciónantisindical y de injerencia, que en la página 30 esboza conceptos contra la Discriminación AntiSindical y ahí aborda eltema de Contratación en el Servicio Público. Por lo general, para acceder a la carrera administrativa hay que aprobar unaoposición sujeta a un reglamento estricto que se convoca mediante anuncio público y a la que se pueden presentartodas aquellas personas que reúnan una serie de criterios objetivos prestablecidos. Estas normas garantizan un grado deprotección especial contra los actos de discriminación en la contratación y que, en algunos países, se ve reforzado por lavigencia de diversas formas de control sindical sobre el nombramiento de un empleado público. Dicho control sindicalpuede ejercerse a travésde la participación de delegados sindicales en la oposición convocada para seleccionar a loscandidatos idóneos (como por ejemplo en ciertos Länders de Alemania o en Bélgica), ya sea en calidad de observadoreso con derecho de voto en la selección final.Más delante en la página 31 aborda la discriminación durante el periodo detrabajo y como causal de despido. Durante el empleo. Determinadas medidas, como la suspensión en el cargo, eltraslado geográfico, el traslado de puesto, el descenso de grado y las privaciones o restricciones de diversa índole (porejemplo, en materia de remuneración, ventajas sociales, formación profesional, etc.) pueden obedecer a motivos
  2. 2. antisindicales y causar graves perjuicios al empleado público sujeto a esas medidas. En ocasiones, la no renovación delos contratos está vinculada a la actividad sindical del empleado público. La Comisión considera necesario que seadopten disposiciones contra todos los actos dediscriminación antisindical y se prevean medidas de protección. Abunda al tratar el Despido/destitución. Entre todas las expresiones de discriminación antisindical,es probable que ladestitución y el despido sean las medidas con mayores consecuencias. Una vez más, cabe destacar a este respecto quelos procedimientos que se prevén paraponer término al contrato de un empleado público tienden a salvaguardar losderechos de este último. Además de la protección derivada de la seguridad en el empleo, los procedimientosdisciplinarios que pueden entablarse contra los empleados públicos suelen ofrecer garantías, como la graduación de laspenas o el control sindical de los procedimientos de sanción de los empleados públicos. En algunos casos, los acuerdoscolectivos pactados en el sector público añaden garantías de objetividad e imparcialidad a los procedimientos legales,mediante el fortalecimiento de los derechos de la defensa en beneficio del empleado público. No obstante lo anterior,en diversos países se sigue planteando dificultades de compatibilidad con el Convenio a este respecto. Así ocurreconcretamente cuando la legislación permite al Estado poner unilateralmente término a la relación de empleo con unempleado público — en particular, los trabajadores contractuales o con un estatuto de libre nombramiento y remoción— sin causa justificada mediante el pago de una indemnización prevista por la ley, incluso si el motivo real de ladestitución o despido es su afiliación o sus actividades sindicales. Esto suele ser frecuente en los casos en que segeneraliza la contratación de empleados públicos de libre designación y destitución, antes reservada al personal deconfianza y a los directivos. En particular, la Comisiónhace hincapié en la necesidad de ofrecer a los empleados públicosuna protecciónadecuada frente a los despidos antisindicales (por causa de su afiliación o militancia), tanto en el marcode la negociación colectiva como en el de acciones de reivindicación de los sindicatos de empleados públicos. En lapágina 36 advierte sobre Protección contra los actos de injerencia y se sustenta para ello en el artículo 5 del Conveniosobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, signado en 19781. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas.2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unaautoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración.3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo principalmentelos destinados a fomentar laconstitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública, o a sostenereconómicamente, o en otra forma, organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizacionesbajo el control de la autoridad pública. La Comisión destaca la necesidad de que la legislación en cada país preveaexpresamente procedimientos de recurso rápidos, acompañados de sanciones eficaces y disuasivas contra los actos deinjerencia, las disposiciones expresas en este ámbito son menos frecuentes que las destinadas a proteger a losempleados públicos contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión constata que la protección contra losactos de injerencia sigue siendo inexistente o inadecuada en algunos países. Muy relevante en éste momento para la situación que priva en México es lo expuesto en el Capitulo IV Facilidades quedeberán concederse a los representantes de las organizacionesreconocidas de empleados públicos. Extensamente secitan lo determinado en el artículo 6 del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública:1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidadesapropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o serviciointeresado.
  3. 3. 3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo conlos métodos mencionados en el artículo7 del presente Convenio o por cualquier otro medio apropiado.Lo anterior se explica detalladamente al plantear que se adoptaron disposiciones complementarias y precisas acerca delos representantes de los trabajadores. Se trata del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971,aplicable a los representantes de lostrabajadores en la empresa, y la Recomendación sobre los representantes de lostrabajadores, 1971, que se refieren en particular a la protección y lasfacilidades que se han de otorgar a losrepresentantes de los trabajadores. En 1974, mediante el Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 se agregóuna disposición en el sentido de que «cada Miembro deberá formular y llevar a cabo una política para fomentar, segúnmétodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, y de ser necesario por etapas, la concesión de licenciapagada de estudios con fines: a) de formación profesional a todos los niveles; b) de educación general, social o cívica; c)de educación sindical» (artículo 2) y «el período de la licencia pagada de estudios deberá asimilarse a un período detrabajo efectivo a efectos de determinar los derechos a prestaciones sociales y otros derechos que se deriven de larelación de empleocon arreglo a lo previsto por la legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales ocualquier otro método compatible con la práctica nacional» (artículo 11).De forma gradual, se fue haciendo evidente que los principios establecidos en virtud de los instrumentos mencionadostambién resultaban válidos en el ámbito de la administración pública. Así, en 1978, mediante el Convenio núm. 151 y laRecomendación núm. 159 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, se hicieron extensivas a losrepresentantes de los trabajadores del sector público ciertas facilidades y protecciones que hasta entonces sólo sereconocían en el marco de las empresas.Abunda un poco más en el concepto de representante de organizaciones de empleados públicos. El artículo 6 delConvenio núm. 151 dispone que deberán concederse facilidades a los«representantes de las organizaciones reconocidasde empleados públicos». Elartículo 3, párrafo 1, del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981, prevé que cuando laley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de los trabajadores que respondan a la definicióndel artículo 3, b) del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales podrándeterminar hasta qué punto la expresión «negociación colectiva» se extiende igualmente, a los fines del presenteConvenio, a las negociacionescon dichos representantes. No obstante, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidasapropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice enmenoscabo de la posición de lasorganizaciones de trabajadores interesadas. El artículo 3del convenio núm. 135 establece que la expresión«representantes de los trabajadores»comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o lapráctica nacionales, ya se trate: a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por lossindicatos o por los afiliados a ellos; o b) de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por lostrabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos,y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de lossindicatos.A este respecto, habida cuenta de que el Convenio núm. 154 permite que la ley o la práctica nacionalesconfieran funciones de negociación a los representantes elegidos por los trabajadores (conforme al artículo 3, párrafo 2,del Convenio núm. 154), la Comisión estima que la expresión «representantesde las organizaciones reconocidas deempleados públicos» recogida en el artículo 6 del Convenio núm. 151 comprende tanto a los representantes sindicales(designados o elegidos) como a los representantes electos por el conjunto de los trabajadores concernidos, si lalegislación o la práctica nacionales lo autorizan. También se reconoce las funciones de las organizaciones detrabajadores, indicando a ese respecto que El objetivo de las organizaciones de trabajadores es promover los intereseseconómicos y sociales de sus miembros. Para ello, estas organizaciones deben ocuparse en particular de negociarcolectivamente las condiciones de empleo, participar en órganos paritarios en materia económica y social, tomar parteen consultas bipartitas o tripartitas, vigilar la aplicación de la legislación laboral mediante quejas y acciones interpuestas
  4. 4. ante las autoridades administrativas y judiciales, garantizar el respeto de la legislación y de los acuerdos colectivos orepresentar los intereses individuales de sus miembros ante las autoridades administrativas o judiciales (conciliación,mediación,arbitraje, inspección del trabajo, comisiones, tribunales). En algunos países, también se requiere que losrepresentantes de los trabajadores se integren a los consejos de administración de empresas públicas o de grandesempresas. A estos fines, se suelen otorgar facilidades a estas organizaciones, ya sea por vía legislativa o medianteacuerdo colectivo. Las facilidades concedidas directamente a los representantes de los trabajadores y de los empleadospúblicos a menudo se complementan con otras medidasy facilidades ofrecidas a las organizaciones sindicales en generalpor vía legislativa; se trata, por ejemplo, de subvenciones, que pueden destinarse, entre otras cosas, a las actividadesque realicen los representantes sindicales (viajes, dietas, estudios, etc.), o de exenciones de impuestos. Estasorganizaciones también pueden adoptar medidas sociales en apoyo de sus miembros, como subsidios para la vivienda,fondo de ahorro, seguros, mecanismos de préstamos, asistencia jurídica, etc. Para facilitar la implementación de loexpuesto hasta aquí, El artículo 6 del Convenio núm. 151 dispone que «deberán concederse a los representantes de lasorganizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficazde sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas». En el párrafo 2 del mismo artículo se especifica que «laconcesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de laadministración o servicio interesado».Por último, en el párrafo 3 se indica que, a fin de que las normas tengan la flexibilidad necesaria, «la naturaleza y elalcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presenteConvenio o por cualquier otro medio apropiado». El artículo 7 del Convenio núm. 151 establece lo siguiente: «Deberánadoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el plenodesarrollo y utilización de procedimientos de negociación de buena fe entre las autoridades públicas competentesy lasorganizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos quepermitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones». Loanterior se desprende de la Recomendación sobre los Representantes de los Trabajadores, 1971IV. Facilidades que habrán de otorgarse a los representantes de los trabajadores9. 1) Deberían otorgarse en la empresa a los representantes de los trabajadores las facilidades apropiadas parapermitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.2) A este respecto deberían tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país ylas necesidades, importancia y posibilidades de la empresa interesada.3) La concesión de dichas facilidades no debería perjudicar el funcionamientoeficaz de la empresa interesada.10. 1) Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar,sin pérdida de salario ni de prestacionesu otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa.2) En ausencia de disposiciones adecuadas, podría exigirse al representante delos trabajadores la obtención de unpermiso de su supervisor inmediato o de otro representante apropiado de la dirección nombrado a estos efectos antesde tomar tiempo libre durante las horas de trabajo, no debiendo ser negado dicho permiso sino por motivo justo.3) Podrían fijarse límites razonables al tiempo libre que se conceda a losrepresentantes de los trabajadores en virtud delo dispuesto en el subpárrafo 1) anterior.11. 1) A fin de que los representantes de los trabajadores puedan desempeñareficazmente sus funciones, deberíandisfrutar del tiempo libre necesario para asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferenciassindicales.
  5. 5. 2) El tiempo libre previsto en el subpárrafo 1) anterior debería ser otorgado sinpérdida de salario ni de prestaciones uotras ventajas sociales, quedando entendido que la cuestión de determinar a quién corresponderían las cargasresultantes debería determinarse por los métodos de aplicación a que se refiere el párrafo 1 de la presenteRecomendación.Una facilidad ineludible es la de disfrutar de su salario sin descuentos a pesar y con su condición de representantesindical; Cuando en la legislación nacional no esté previsto el pago de salario a los representantes, sean o no dirigentessindicales a tiempo completo, la cuestión dedeterminar a quién corresponde asumir la carga financiera deberá serobjeto de negociaciones libres y voluntarias entre las partes 72.Además, es indispensable que los representantes de los trabajadores dispongan deacceso al lugar de trabajo, de accesosin dilación injustificada al empleador, así como a la información y la consulta con la suficiente antelación 73. Estopermite prevenir los conflictos y promover relaciones de trabajo eficaces y dinámicas.Por último, en un número importante de países, la legislación prevé la posibilidad de retener las cotizaciones sindicalesen la nómina, lo que permite una gestión adecuada de las finanzas de las organizaciones. El procedimiento que se debeseguir y las cuotas mínimas de los afiliados suelen ser objeto de negociación entre las partes. La exigencia de que lostrabajadores hagan constar por escrito su afiliación sindical como condición previa para el descuento de las cuotassindicales en nómina no vulnera la libertad sindical 74. En ciertos países (por ejemplo, Francia), las cotizacionessindicales pueden ser deducidas de los impuestos.Para determinar las condiciones de trabajo se reconocen los métodos de la consulta entre las partes, laudos arbitrales yla negociación colectiva, siempre de buena fe y con la vocación de coincidir en puntos de vista o formularrecomendaciones, es conveniente subrayar que la zona de demarcación entre la consulta y la negociación no siempre esclara y que una consulta de buena fe puede producir resultados más satisfactorios que una negociación colectivapuramente formal en que estéausente una verdadera voluntad de alcanzar resultados. En este sentido, el factormásdeterminante es el espíritu que anima a las partes interesadas.En éste aspecto resalta la complejidad de las estructurasde administración por su carácter de dependencia del presupuesto público y por su obligación de velar por el interésgeneral y responder a las necesidades ciudadanas; por lo cual requiere de aprobación previa del correspondientepresupuesto de egreso…Así enuncia más y más interesantísimos temas acerca del camino a seguir en la negociación colectiva en laadministración pública que se pueden consultar en la liga http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205520.pdf

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