1. En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno del
Presidente Santos adelanta una Revolución Agraria Integral, que
necesita liberar tierras baldías para ser adjudicadas a los pobres
“No es solamente repartir las tierras. Es darles a los campesinos todos los
elementos para realizar ese sueño de volver a ser ciudadanos dignos de
Colombia, con ingresos dignos, con acceso a servicios públicos dignos, con
nivel de vida digna”.

2. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA DE REVISIÓN DE LAS ZRF
Conpes 2834 de 1996 sobre Política de Bosques y Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que
contemplan estrategias conducentes a delimitar y planificar el uso de las áreas forestales del país.
Las sentencias de la Corte Constitucional que declararon inexequibles el Estatuto de Desarrollo
Rural, la Ley Forestal y la ley de Reforestación Comercial expedidas en el anterior periodo de
gobierno, por falta de consultas previas a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
La propuesta de la Corte Constitucional contenida en el Auto 008 de 2009 de reformular la
política de tierras, que dio origen a la Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas y de Restitución de
Tierras), y al proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural que cursa en el Congreso de la
República.
La crisis alimentaria que afecta al mundo, que en el plano internacional plantea la necesidad de
reformular los principales lineamientos políticos para el agro y sobre el acceso a la tierra.
La necesidad de armonizar la LOCOMOTORA MINERA con la AGRÍCOLA sin destruir la
riqueza ambiental, amenazada por éstas, en el entendido que a minería es una actividad
importante y necesaria del país con una regulación que impida la destrucción del medio ambiente.

3. En desarrollo de esa política el Gobierno Nacional a través del Ministro de
Agricultura anunció la creación de dos (2) nuevas Zonas de Reserva
Campesina en Bolívar (Montes de María) que se suman a las ZRC de
Cimitarra y Morales-Arenal.
Para el Presidente Santos la política de devolución de tierras a sus legítimos
dueños y su inclusión en el aparato productivo del país, es compatible con la
entrega de títulos nuevos a comunidades campesinas, negras e indígenas. Se
aspira entregar en el cuatrienio 3,2 millones de hectáreas, de las cuales ya
han sido entregadas o restituidas un total de 800.000 hectáreas.

4. -Gran parte de esas 3,2 millones
de nuevas hectáreas de tierras
baldías a ser adjudicadas se
encuentran doblemente
congeladas y por fuera del
comercio jurídico (tierras
inadjudicables):
i) por cuenta de la Ley 2ª de 1959
que las tiene incorporadas a las
Zonas de Reserva Forestal y
ii) por las concesiones mineras,
que cubren casi todo el país (El
artículo 67 de la Ley 160 de 1994
establece que “no serán
adjudicables terrenos baldíos
situados dentro de un radio de 5
kilómetros alrededor de zonas
donde se adelanten explotaciones
de recursos naturales no
renovables”.

5. Por lo tanto, un componente clave de la Política de Tierras y Desarrollo Rural
así como de la Política Ambiental del país, en el marco del proyecto de
priorización de proyectos regionales susceptibles de financiar con SGR, es el
relacionado con la nueva zonificación y realinderamiento de la
particularmente de la Serranía de San Lucas y sus valles aluviales
adyacentes del Bajo Magdalena y Cauca, cuya población está aislada y en
pobreza y los recursos naturales amenazados por el incontrolado avance de
la frontera agrícola, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la confrontación
armada de grupos al margen de la ley.
Por eso insistimos en nuestra propuesta de que sea Bolívar el departamento
piloto del proyecto de zonificación, realinderamiento y titulación de las tierras
baldías